El Tratado de Lisboa, que entró en vigor a finales de 2009, confirió nuevas competencias legislativas al Parlamento Europeo y lo puso en pie de igualdad con el Consejo de Ministros para decidir qué hace la UE y cómo se gasta el dinero. También cambió la forma en que el Parlamento trabaja con las otras instituciones y otorgó a los diputados más influencia sobre los que dirigen la UE. Todas estas reformas garantizan que, a través de su voto en las elecciones europeas, el ciudadano tiene más peso en las decisiones sobre el rumbo que Europa ha de tomar.

 

El Tratado de Lisboa aumentó la capacidad de la UE y de su Parlamento para actuar y pronunciarse. Amplió las plenas competencias legislativas del Parlamento a más de 40 nuevos ámbitos, como la agricultura, la seguridad energética, la inmigración, la justicia y los fondos de la UE, y lo puso en pie de igualdad con el Consejo, que representa a los Gobiernos de los Estados miembros. El Parlamento también obtuvo competencias para aprobar la totalidad del presupuesto de la UE junto con el Consejo.

Los diputados al PE, a los que se les otorgó el poder de anular los acuerdos internacionales, no dudaron en utilizarlo para suspender el controvertido Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) que muchos temían que restringiría las libertades fundamentales. Este episodio demostró que, como resultado del aumento de sus competencias, las decisiones tomadas por los diputados tienen un impacto aún mayor en la vida cotidiana de los europeos.

El Tratado de Lisboa no sólo concedió al Parlamento las mismas competencias legislativas que al Consejo, sino que también le otorgó poder para establecer el rumbo político de Europa. En virtud de las modificaciones del Tratado, el Parlamento elige al Presidente de la Comisión, el órgano ejecutivo de la UE, y esta decisión debe reflejar los resultados de las elecciones europeas y, por lo tanto, de la elección de los votantes.

Por ser la única institución de la UE elegida directamente por los ciudadanos, el Parlamento tiene las competencias y la responsabilidad de exigir que las instituciones de la UE rindan cuentas. El Parlamento es el guardián de la Carta de los Derechos Fundamentales, integrada en el Tratado de Lisboa, así como del derecho de iniciativa ciudadana de reciente creación, que permite que los ciudadanos soliciten nuevas propuestas políticas si un millón de personas han firmado una petición en tal sentido.