Las competencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

En esta ficha se describen las competencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está integrado por tres órganos jurisdiccionales —a saber, el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y el Tribunal de la Función Pública— y ofrece distintas vías de recurso, tal y como se establece en el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea (TUE), los artículos 251 a 281 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el artículo 136 del Tratado Euratom, y el Protocolo nº 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea anejo a los Tratados y modificado por el Reglamento (UE, Euratom) nº 741/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de agosto de 2012.

El Tribunal de Justicia

a.Recursos directos contra Estados miembros o contra una institución, órgano u organismo de la Unión Europea

El Tribunal dicta sentencia sobre los recursos interpuestos contra los Estados o instituciones que hayan incumplido las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión.

1.Recursos contra los Estados miembros por incumplimiento de una obligación

Estos recursos son interpuestos:

  • bien por la Comisión, tras un procedimiento previo (artículo 258 del TFUE): oportunidad de que el Estado presente sus observaciones y dictamen motivado (1.3.8);
  • bien por un Estado miembro contra otro, después de haber sometido el asunto a la Comisión (artículo 259 del TFUE).

Función del Tribunal:

  • confirmar que el Estado ha incumplido sus obligaciones, en cuyo caso se le exige que ponga fin de inmediato a la infracción;
  • si la Comisión recurre al Tribunal y este declara que el Estado miembro afectado ha incumplido su sentencia, podrá imponerle el pago de una sanción pecuniaria (suma a tanto alzado o multa coercitiva), cuyo importe será determinado por el Tribunal sobre la base de una propuesta de la Comisión (artículo 260 del TFUE).
2.Recursos de anulación y por omisión interpuestos contra las instituciones de la UE

Ámbito de aplicación: cuando el demandante solicita la anulación de una medida presuntamente contraria al Derecho de la Unión (anulación: artículo 263 del TFUE) o cuando, en violación de dicho Derecho, una institución, órgano u organismo de la UE se haya abstenido de pronunciarse (artículo 265 del TFUE)

Interposición de recursos: pueden interponer recursos los Estados miembros, las propias instituciones o cualquier persona física o jurídica si el recurso se refiere a una medida (en particular, un Reglamento, una Directiva o una Decisión) aprobada por una institución, órgano u organismo de la UE y de la que dicha persona sea destinataria.

Función del Tribunal: el Tribunal declara la nulidad del acto o constata que ha habido una omisión, en cuyo caso la institución imputada estará obligada a adoptar las medidas necesarias para acatar la sentencia del Tribunal (artículo 266 del TFUE).

3.Otros recursos directos

Dado que el Tribunal General es competente para conocer en primera instancia de todos los recursos a que se refieren los artículos 263, 265, 268, 270 y 272 del TFUE, únicamente deben interponerse ante el Tribunal de Justicia los recursos contra las decisiones de la Comisión que impongan sanciones a las empresas (artículo 261), así como los recursos que el Estatuto del Tribunal de Justicia reserva a este (Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su versión modificada por el Reglamento (UE, Euratom) nº 741/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de agosto de 2012).

b.Recursos indirectos: cuestiones relativas a la validez planteadas ante un órgano jurisdiccional nacional (artículo 267 del TFUE - cuestiones prejudiciales)

Por lo general, los tribunales nacionales aplican ellos mismos el Derecho de la Unión cuando un asunto así lo exige. Sin embargo, cuando se plantee una cuestión relativa a la interpretación de dicho Derecho ante un órgano jurisdiccional nacional, dicho órgano podrá pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la misma (cuestión prejudicial). Si se trata de un órgano jurisdiccional de última instancia, este está obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia. El órgano jurisdiccional nacional plantea la cuestión acerca de la interpretación o validez de una disposición del Derecho de la Unión, generalmente en forma de decisión judicial, de conformidad con las normas procesales nacionales. El Secretario notifica el planteamiento de esta cuestión a las partes en el procedimiento nacional, así como a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión Europea. Todos ellos disponen de dos meses para presentar sus observaciones escritas al Tribunal de Justicia.

c.Competencia en segunda instancia

El Tribunal de Justicia es competente para conocer de los recursos de casación que se limiten a cuestiones de Derecho y vayan dirigidos contra las sentencias y los autos del Tribunal General. Los recursos de casación no tienen efecto suspensivo.

El Tribunal de Justicia es competente, asimismo, para reexaminar las resoluciones dictadas por el Tribunal de la Función Pública.

Cuando se admita y estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General y resolverá él mismo el litigio, o devolverá el asunto al Tribunal General, que estará vinculado por la resolución del Tribunal de Justicia.

Resultados

El Tribunal de Justicia ha demostrado ser un importantísimo factor —algunos incluso dirían que una fuerza impulsora— de la integración europea.

a.En general

La sentencia de 5 de febrero de 1963 en el asunto Van Gend & Loos estableció el principio de que la legislación comunitaria era directamente aplicable en los tribunales de los Estados miembros. De forma similar, la sentencia de 15 de julio de 1964 en el asunto Costa/ENEL fue fundamental para definir el Derecho comunitario como un ordenamiento jurídico independiente con primacía sobre las disposiciones jurídicas nacionales. Entre las principales sentencias en materia de protección de los derechos humanos se halla la sentencia de 14 de mayo de 1974 en el asunto Nold, en la que el Tribunal afirmó, entre otras cosas, que los derechos fundamentales forman parte integrante de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza (2.1.2).

b.En materias específicas

  • Libre circulación de mercancías: sentencia de 20 de febrero de 1979 en el asunto Cassis de Dijon, en la que el Tribunal estableció que todo producto legalmente fabricado y comercializado en un Estado miembro debe ser, en principio, admitido en el mercado de cualquier otro Estado miembro.
  • Libre circulación de personas: sentencia en el asunto Bosman de 1995 en la que se estableció que el deporte profesional es una actividad económica cuyo ejercicio no puede verse limitado por las normas de las federaciones de fútbol que rigen la transferencia de jugadores o que restringen el número de jugadores nacionales de otros Estados miembros.
  • Competencias exteriores de la Comunidad: sentencia AETR de 31 de marzo de 1971 en el asunto Comisión/Consejo, en la que se reconoció a la Comunidad la competencia para concluir acuerdos internacionales en los ámbitos que son objeto de normas comunitarias.
  • En 1991, en la sentencia en el asunto Francovich y otros, el Tribunal desarrolló otro concepto fundamental, a saber, la responsabilidad de un Estado miembro para con los particulares por los daños que les haya ocasionado el hecho de que dicho Estado miembro no haya incorporado una Directiva a su Derecho nacional o no lo haya hecho a su debido tiempo.
  • Diversas sentencias en materia de seguridad social (asunto Defrenne de 1976 sobre la igualdad de remuneración entre trabajadores y trabajadoras) y de salud y seguridad de los trabajadores (asunto BECTU de 2001).

Uno de los principales méritos del Tribunal ha sido enunciar el principio de que los Tratados de la Unión no deben interpretarse de manera rígida, sino que deben considerarse a la luz del estado de integración y de los objetivos establecidos por los propios Tratados. Este principio ha permitido legislar en determinados ámbitos que no son objeto de disposiciones concretas en los Tratados, como, por ejemplo, el de la lucha contra la contaminación; así, en la sentencia de 13 de septiembre de 2005 en el asunto Comisión/Consejo, el Tribunal permitió a la Unión Europea adoptar normas en el ámbito penal cuando las estimara «necesarias» para alcanzar el objetivo perseguido en materia de protección medioambiental.

El Tribunal General

(1.3.9)

a.Competencias del Tribunal General (artículo 256 del TFUE)

Dado que el Tribunal de Justicia tiene competencia exclusiva para conocer de los recursos entre instituciones y de los recursos interpuestos por un Estado miembro contra el Parlamento Europeo y/o el Consejo, el Tribunal General conoce, en primera instancia, de todos los demás recursos de este tipo, en particular de aquellos interpuestos por particulares y de los interpuestos por un Estado miembro contra la Comisión.

El TFUE establece que el Tribunal General es competente para conocer en primera instancia de los recursos contemplados en los artículos 263, 265, 268, 270 y 272 del TFUE, en particular en los ámbitos indicados a continuación, a menos que sean interpuestos por los Estados miembros, las instituciones de la Unión o el Banco Central Europeo, en cuyo caso es el Tribunal de Justicia quien tiene competencia exclusiva (artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la UE):

  • recursos de anulación de actos de las instituciones, órganos u organismos de la UE o recursos por omisión interpuestos contra las instituciones por personas físicas o jurídicas (artículos 263 y 265 del TFUE);
  • recursos interpuestos por los Estados miembros contra la Comisión;
  • recursos que tengan por objeto la indemnización por daños causados por las instituciones, los órganos o los organismos de la Unión o por su personal (artículo 268 del TFUE);
  • litigios relativos a contratos celebrados por la Unión o por cuenta de esta en los que se otorgue competencia expresa al Tribunal General (artículo 272 del TFUE);
  • recursos relacionados con la propiedad intelectual interpuestos contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y contra la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales;
  • recursos de casación contra las resoluciones del Tribunal de la Función Pública;
  • recursos interpuestos contra las decisiones de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas.

El Estatuto puede ampliar la competencia del Tribunal General a otras áreas.

En general, las resoluciones dictadas por el Tribunal General en primera instancia pueden ser objeto de recursos de casación ante el Tribunal de Justicia, que deben sin embargo limitarse a cuestiones de Derecho.

b.Decisiones prejudiciales

El Tribunal General es competente para pronunciarse sobre cuestiones prejudiciales (artículo 267 del TFUE) en las materias determinadas por el Estatuto (artículo 256, apartado 3, del TFUE). No obstante, dado que no se ha dispuesto nada nuevo en el Estatuto a este respecto, el Tribunal de Justicia es quien tiene actualmente competencia exclusiva en las cuestiones prejudiciales.

c.Competencia de casación

Contra las resoluciones dictadas por el Tribunal General se puede interponer recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses.

El Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea

(1.3.9)

Con el fin de aliviar la carga de trabajo del Tribunal General, el artículo 257 del TFUE prevé la posibilidad de crear tribunales especializados para «conocer en primera instancia de determinadas categorías de recursos interpuestos en materias específicas». De conformidad con esta disposición, la Decisión 2004/752/CE, Euratom del Consejo, de 2 de noviembre de 2004, creó el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea, adjunto al Tribunal General. En virtud del artículo 270 del TFUE, este tribunal es competente para conocer de los litigios entre la Unión Europea y sus agentes, es decir, las cerca de 35 000 personas de que se compone el personal de las instituciones de la UE (conoce de aproximadamente 120 asuntos al año). Esos litigios se refieren no solo a cuestiones relativas a las relaciones laborales propiamente dichas (retribuciones, desarrollo de la carrera, contratación, medidas disciplinarias, etc.), sino también a la seguridad social (enfermedad, vejez, invalidez, accidentes laborales, etc.).

El Tribunal de la Función Pública es también competente para conocer de los litigios entre cualquier órgano u organismo y su personal, respecto de los cuales se haya atribuido competencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (por ejemplo, litigios entre Europol, la OAMI o el Banco Europeo de Inversiones y sus agentes).

En cambio, no puede conocer de los litigios entre las administraciones nacionales y sus agentes.

Contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de la Función Pública se puede interponer recurso de casación ante el Tribunal General, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses.

Udo Bux

06/2015