Las competencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

En esta ficha se describen las competencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está integrado por tres órganos jurisdiccionales, a saber, el propio Tribunal de Justicia, el Tribunal General y el Tribunal de la Función Pública, y ofrece distintas vías de recurso, tal y como se establece en el artículo 19 del TUE, los artículos 251 a 281 del TFUE, el artículo 136 del Tratado Euratom y el Protocolo nº 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea anejo a los Tratados.

El Tribunal de Justicia

a.Recursos directos contra Estados miembros o contra una institución, órgano u organismo de la Unión Europea

El Tribunal dicta sentencia sobre los recursos interpuestos contra los Estados o instituciones que hayan incumplido las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión.

1.Recursos contra los Estados miembros por incumplimiento de una obligación

Estos recursos son interpuestos:

  • por la Comisión, tras un procedimiento previo (artículo 258 del TFUE): oportunidad de que el Estado presente sus observaciones, dictamen motivado (1.3.8);
  • o por un Estado miembro contra otro, después de haber sometido el asunto a la Comisión (artículo 259 del TFUE).

Función del Tribunal:

  • confirmar que el Estado ha incumplido sus obligaciones, en cuyo caso se le exige que adopte las medidas necesarias para acatar la sentencia del Tribunal;
  • si la Comisión estima que el Estado miembro afectado no ha adoptado tales medidas, podrá proponer al Tribunal de Justicia (tras el procedimiento previo antes indicado) la imposición del pago de una suma a tanto alzado o una multa coercitiva al Estado miembro en cuestión, cuyo importe será determinado por el Tribunal sobre la base de una propuesta de la Comisión (artículo 260 del TFUE).
2.Recursos de anulación y por omisión interpuestos contra las instituciones de la UE

Afectan a casos en que las instituciones hayan adoptado actos que sean contrarios al Derecho de la Unión (anulación: artículo 263 del TFUE) o en los que, en violación de dicho Derecho, se hayan abstenido de pronunciarse (omisión: artículo 265 del TFUE).

Pueden interponer recursos los Estados miembros, las propias instituciones y cualquier persona física o jurídica si se trata de una decisión de la que sea destinataria.

Aquí la función del Tribunal consiste en declarar la nulidad del acto o constatar que ha habido una omisión, en cuyo caso la institución imputada estará obligada a adoptar las medidas necesarias para acatar la sentencia del Tribunal (artículo 266 del TFUE).

3.Otros recursos directos

Recursos contra decisiones de la Comisión por las que se impongan sanciones a empresas (artículo 261 del TFUE).

Recursos para la indemnización por daños causados por las instituciones o sus agentes (artículo 268 del TFUE).

Recursos interpuestos por funcionarios y agentes de la Unión Europea contra sus instituciones (artículo 270 del TFUE): competencia transferida actualmente al Tribunal de la Función Pública (véase más adelante).

Recursos relacionados con contratos celebrados por la Unión Europea (artículo 272 del TFUE).

b.Recursos indirectos: cuestiones relativas a la validez planteadas ante un órgano jurisdiccional nacional (artículo 267 del TFUE)

Por lo general, los tribunales nacionales aplican ellos mismos el Derecho de la Unión cuando un asunto así lo exige. Sin embargo, cuando se plantee una cuestión relativa a la interpretación de dicho Derecho ante un órgano jurisdiccional nacional, dicho órgano podrá pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la misma (cuestión prejudicial). Si se trata de un órgano jurisdiccional de última instancia, este está obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia.

c.Competencia en segunda instancia

El Tribunal de Justicia es competente para conocer de los recursos de casación que se limiten a cuestiones de Derecho dirigidos contra las sentencias del Tribunal General. Los recursos de casación no tienen efecto suspensivo.

El Tribunal de Justicia es competente, asimismo, para reexaminar las resoluciones dictadas por las salas jurisdiccionales (véase más adelante, Tribunal de la Función Pública) o por el Tribunal General sobre cuestiones prejudiciales. El procedimiento de reexamen tiene carácter excepcional, limitándose a los asuntos en los que exista un riesgo grave de que se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho de la UE.

No obstante, en la medida en que la sentencia del Tribunal puede influir en la resolución del litigio sobre el que se dictaminó en primera instancia, no se trata de un recurso de casación «en interés de la ley».

Resultados

El Tribunal de Justicia ha demostrado ser un importantísimo factor —algunos incluso dirían que una fuerza impulsora— de la integración europea.

a.En general

La sentencia de 15 de julio de 1964 en el asunto Costa/ENEL fue fundamental para definir la legislación de la UE como un ordenamiento jurídico independiente con prelación sobre las disposiciones jurídicas nacionales. De forma similar, la sentencia de 5 de febrero de 1963, en el asunto Van Gend & Loos, estableció el principio de que la legislación de la UE era directamente aplicable en los tribunales de los Estados miembros. Otras decisiones importantes son las relativas a la protección de los derechos humanos, como la sentencia de 14 de mayo de 1974 en el asunto Nold, en la que el Tribunal afirmó, entre otras cosas, que los derechos fundamentales forman parte integrante de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza (2.1.2).

b.En materias específicas

  • Derecho de establecimiento: sentencia de 8 de abril de 1976 en el asunto Royer, en la que el Tribunal confirmó el derecho de los nacionales de un Estado miembro a residir en el territorio de otro Estado miembro, con independencia del permiso de residencia que pueda concederles el Estado de acogida.
  • Libre circulación de mercancías: sentencia de 20 de febrero de 1979 en el asunto Cassis de Dijon, en la que el Tribunal estableció que todo producto legalmente fabricado y comercializado en un Estado miembro debe ser, en principio, admitido en el mercado de cualquier otro Estado miembro.
  • Competencias exteriores de la Unión: sentencia AETR de 31 de marzo de 1971 en el asunto Comisión/Consejo, en la que reconoció a la Comunidad la competencia para concluir acuerdos internacionales en los ámbitos que son objeto de normas comunitarias.
  • Más recientemente, sentencias en las que se establece la obligación de reparación del perjuicio causado por parte de los Estados miembros que no hayan incorporado una directiva al Derecho nacional o que no lo hayan hecho a tiempo.
  • Diversas sentencias en materia de seguridad social y de competencia.
  • Jurisprudencia en relación con infracciones del Derecho de la UE cometidas por los Estados miembros, que resulta indispensable para el buen funcionamiento del mercado común.

Uno de los principales méritos del Tribunal ha sido enunciar el principio de que los Tratados de la Unión no deben interpretarse de manera rígida, sino que deben considerarse a la luz del estado de integración y de los objetivos establecidos por los propios Tratados. Este principio ha permitido legislar en determinados ámbitos que no son objeto de disposiciones concretas en los Tratados, por ejemplo, el de la lucha contra la contaminación (sentencia de 13 de septiembre de 2005, Comisión/Consejo, C-176/03: el Tribunal permitió a la Unión Europea adoptar normas en el ámbito penal cuando las estimara «necesarias» para alcanzar el objetivo perseguido en materia de protección medioambiental).

El Tribunal General

(1.3.9.)

a.Competencias del Tribunal General (artículo 256 del TFUE)

El Tribunal General es competente para conocer en primera instancia de los recursos relativos a los siguientes aspectos, a menos que sean interpuestos por los Estados miembros, por las instituciones de la Unión o por el Banco Central Europeo, en cuyo caso es el Tribunal de Justicia el que tiene competencia exclusiva (artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el «Estatuto»)):

  • recursos de anulación o por omisión interpuestos contra las instituciones (artículos 263 y 265 del TFUE);
  • recursos para la indemnización por daños causados por las instituciones (artículo 268 del TFUE); litigios relativos a contratos de Derecho público o de Derecho privado celebrados por la Unión o por cuenta de esta (artículo 272 del TFUE).

El Estatuto puede ampliar la competencia del Tribunal General a otras áreas.

Contra las resoluciones dictadas por el Tribunal General en primera instancia pueden interponerse recursos de casación ante el Tribunal de Justicia, pero limitados a cuestiones de Derecho.

b.Competencia en primera y en última instancia

El Tribunal General es competente para pronunciarse sobre cuestiones prejudiciales (artículo 267 del TFUE) en las materias establecidas por el Estatuto. No obstante, las correspondientes resoluciones pueden ser reexaminadas con carácter excepcional por el Tribunal de Justicia «en caso de riesgo grave de que se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho de la Unión». El reexamen no tiene efecto suspensivo.

No se trata, sin embargo, de un recurso de casación en interés de la ley, ya que la sentencia del Tribunal de Justicia probablemente influya en la resolución del litigio sobre el que dictaminó el Tribunal General:

  • en los casos de reexamen de resoluciones del Tribunal General pronunciadas sobre resoluciones dictadas por tribunales especializados (véase más adelante), el Tribunal de Justicia remite el asunto al Tribunal General, que está sujeto a las cuestiones de Derecho establecidas por aquel. Sin embargo, el propio Tribunal de Justicia decide sobre el asunto si la resolución se basa en las mismas pruebas que se presentaron ante el Tribunal General, teniendo en cuenta el reexamen del Tribunal de Justicia; en los casos de reexamen de las resoluciones del Tribunal General relativas a cuestiones prejudiciales, la respuesta dada por el Tribunal de Justicia a la cuestión de que se trate sustituirá a la del Tribunal General si aquel considera que existe un riesgo grave de que se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho de la Unión (artículo 256 del TFUE; artículo 62 del Estatuto).

c.Competencia de casación

Contra las sentencias dictadas por el Tribunal General se puede interponer recurso ante el Tribunal de Justicia limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses.

El Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea

(1.3.9.)

Con el fin de aliviar la carga de trabajo del Tribunal General, el artículo 257 del TFUE prevé la posibilidad de crear tribunales especializados para «conocer en primera instancia de determinadas categorías de recursos interpuestos en materias específicas». De conformidad con esta disposición, la Decisión 2004/752/CE, Euratom del Consejo, de 2 de noviembre de 2004, creó el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea, adjunto al Tribunal General. En virtud del artículo 270 del TFUE, este tribunal es competente para conocer de los litigios entre la Unión Europea y sus agentes, es decir, las cerca de 35 000 personas de que se compone el personal de las instituciones de la Unión (conoce de aproximadamente 120 asuntos al año). Esos litigios se refieren no solo a cuestiones relativas a las relaciones laborales propiamente dichas (retribuciones, desarrollo de la carrera, contratación, medidas disciplinarias, etc.), sino también al régimen de seguridad social (enfermedad, vejez, invalidez, accidentes laborales, etc.).

El Tribunal de la Función Pública es también competente para conocer de los litigios entre cualquier órgano u organismo y su personal, respecto de los cuales se haya atribuido competencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (por ejemplo, litigios entre Europol, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) o el Banco Europeo de Inversiones y sus agentes).

En cambio, no puede conocer de los litigios entre las administraciones nacionales y sus agentes.

Las resoluciones dictadas por el Tribunal de la Función Pública pueden ser objeto, en un plazo de dos meses, de un recurso ante el Tribunal General limitado a las cuestiones de Derecho.

Udo Bux

04/2014