El Defensor del Pueblo Europeo

El Defensor del Pueblo Europeo trata los casos de mala administración en la acción de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea; interviene tanto por iniciativa propia como sobre la base de las reclamaciones presentadas por los ciudadanos de la Unión. Es nombrado por el Parlamento Europeo para toda una legislatura.

Fundamentos jurídicos

Artículos 20, 24 y 228 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y artículo 43 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Objetivos

El Defensor del Pueblo Europeo, figura creada por el Tratado de Maastricht (1992) como elemento de la ciudadanía europea, tiene por misión:

  • mejorar la protección de los ciudadanos en caso de mala administración en la acción de las instituciones y órganos de la Unión;
  • y, en consecuencia, reforzar la transparencia y el control democrático en la toma de decisiones y la administración de las instituciones de la Unión.

Resultados

Con arreglo a lo dispuesto en el Tratado, el estatuto y las funciones del Defensor del Pueblo se fijaron mediante una Decisión del Parlamento Europeo de 9 de marzo de 1994 (DO L 113 de 4.5.1994, p. 15), modificada por las Decisiones del Parlamento de 14 de marzo de 2002 (DO L 92 de 9.4.2002, p. 13) y de 18 de junio de 2008 (DO L 189 de 17.7.2008, p. 25) y adoptada previo dictamen de la Comisión y con la aprobación del Consejo. Esta Decisión fue objeto de disposiciones de aplicación adoptadas por el propio Defensor del Pueblo Europeo. Las modalidades de su elección y destitución se establecen, por su parte, en los artículos 219 a 221 del Reglamento del Parlamento Europeo.

a.Estatuto

1.Designación
a.El Defensor del Pueblo debe:
  • reunir las condiciones requeridas en su país para ejercer las más altas funciones jurisdiccionales o poseer competencia y experiencia notorias para realizar sus funciones;
  • ofrecer plenas garantías de independencia.
b.Procedimiento

Las candidaturas se transmiten a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que examina su admisibilidad. Posteriormente, la lista de las candidaturas admitidas a trámite se somete a votación en el Parlamento. La votación se realiza mediante voto secreto por mayoría de los votos emitidos.

2.Mandato
a.Duración

El Defensor del Pueblo es nombrado por el Parlamento Europeo después de cada elección de este para toda la legislatura. Su mandato es renovable.

b.Obligaciones

El Defensor del Pueblo:

  • ejerce sus funciones con total independencia, en interés de la Unión y de sus ciudadanos;
  • no solicita ni admite instrucciones de ningún organismo en el ejercicio de sus funciones;
  • se abstiene de todo acto incompatible con el carácter de sus funciones;
  • no ejerce ninguna otra función política o administrativa, o actividad profesional, remunerada o no.
3.Destitución

A petición del Parlamento, el Defensor del Pueblo Europeo puede ser destituido por el Tribunal de Justicia si deja de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o si ha cometido una falta grave.

b.Funciones

1.Ámbito de competencias

El Defensor del Pueblo trata los casos de mala administración en la acción de las instituciones y órganos de la Unión. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se ha ampliado su mandato a la política exterior y de seguridad común, así como a las actividades del Consejo Europeo.

a.La mala administración puede adoptar la forma de irregularidades administrativas, discriminación, abuso de poder, denegación de información, retrasos indebidos, etc.
b.Excepciones

No entran dentro de sus competencias:

  • las actividades jurisdiccionales del Tribunal de Justicia, el Tribunal General y el Tribunal de la Función Pública;
  • las reclamaciones presentadas contra autoridades locales, regionales o nacionales, aun cuando dichas reclamaciones versen sobre cuestiones relacionadas con la Unión Europea;
  • las actividades de tribunales o defensores del pueblo nacionales: el Defensor del Pueblo Europeo no es un órgano de apelación contra las decisiones adoptadas por estos organismos;
  • los hechos que no hayan sido objeto previamente de gestiones administrativas apropiadas ante los órganos correspondientes;
  • los hechos relativos a las relaciones laborales entre las instituciones y órganos de la Unión y sus funcionarios u otros agentes, excepto en el caso de que se hayan agotado las posibilidades de solicitud o reclamación internas;
  • las reclamaciones relativas a empresas o particulares.
2.Intervención

El Defensor del Pueblo, en el desempeño de su misión, llevará a cabo las investigaciones que considere justificadas, bien por iniciativa propia, bien sobre la base de las reclamaciones presentadas ante él por los ciudadanos de la Unión o por cualquier persona física o jurídica que resida o que tenga su domicilio social en un Estado miembro, directamente o a través de un diputado al Parlamento Europeo, salvo cuando los hechos denunciados sean o hayan sido objeto de un procedimiento jurisdiccional.

3.Competencias de investigación

El Defensor del Pueblo puede dirigirse a:

  • las instituciones y órganos, que deben proporcionarle la información que les solicite y darle acceso a los expedientes de que se trate, a no ser que exista una obligación de secreto debidamente justificada;
  • los funcionarios y agentes de estas mismas instituciones y órganos, que están obligados a prestar declaración a petición del Defensor del Pueblo, aunque permanecen vinculados por el secreto profesional;
  • las autoridades de los Estados miembros, que están obligadas a facilitarle toda la información necesaria, salvo si su transmisión está prohibida por disposiciones legislativas o reglamentarias, aunque en este caso el Defensor del Pueblo puede tener acceso a dicha información siempre y cuando se comprometa a no divulgar el contenido de la misma.

En caso de no recibir la asistencia que desea, el Defensor del Pueblo informa de ello al Parlamento Europeo, que emprende las gestiones oportunas. El Defensor del Pueblo también puede cooperar con sus homólogos de los Estados miembros, con arreglo a las legislaciones nacionales. Si se trata, no obstante, de hechos que considera materia de Derecho penal, el Defensor del Pueblo informa inmediatamente a las autoridades nacionales competentes, así como a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Si lo considera apropiado, el Defensor del Pueblo también puede informar a la institución de la Unión de la que dependa el funcionario o agente en cuestión.

4.Resultados de las investigaciones

En la medida de lo posible, el Defensor del Pueblo se pone de acuerdo con la institución o el órgano correspondiente para encontrar una solución que satisfaga al demandante. Cuando el Defensor del Pueblo constate un caso de mala administración, lo pondrá en conocimiento de la institución u órgano interesado, que dispondrá de un plazo de tres meses para exponerle su posición. El Defensor del Pueblo remitirá a continuación un informe al Parlamento Europeo y a la institución u órgano interesado sobre el resultado de sus investigaciones. Por último, informa al demandante del resultado de la investigación, del dictamen emitido por la institución o el órgano en cuestión y de sus propias recomendaciones.

c.Funcionamiento administrativo

El Defensor del Pueblo dispone de una secretaría, cuyo personal está sujeto a las normas de la función pública europea. El propio Defensor del Pueblo nombra al responsable de la secretaría.

d.Actividades

El primer Defensor del Pueblo, Jacob Söderman, ejerció dos mandatos, de julio de 1995 al 31 de marzo de 2003. Durante ese tiempo, el Parlamento aprobó en 2001 el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa. Se trata de un código procesal que tiene en cuenta los principios del Derecho administrativo europeo contenidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, inspirándose también de las legislaciones nacionales. Ayuda al Defensor del Pueblo a la hora de determinar si se ha incurrido en mala administración, ya que este puede apoyarse en las disposiciones del Código durante sus investigaciones. Además, el Código también sirve de guía y orientación para los funcionarios de la Unión, fomentado las normas más estrictas en materia de administración.

Nikiforos Diamandouros ocupó el cargo de Defensor del Pueblo Europeo de abril de 2003 al 14 de marzo de 2013, fecha en la que presentó su dimisión con efecto a partir del 1 de octubre de 2013. El 11 de julio de 2006, el Defensor del Pueblo presentó una propuesta para adaptar su Estatuto, que contó con el apoyo de la Comisión de Peticiones, el Parlamento y el Consejo. El Estatuto se modificó para reforzar y clarificar las funciones del Defensor del Pueblo Europeo, por ejemplo por lo que respecta al acceso a los documentos y a la notificación de información a la OLAF cuando entre en el ámbito de sus competencias.

Tras su elección por el Parlamento Europeo durante el periodo parcial de sesiones de julio de 2013, la antigua Defensora del Pueblo en Irlanda, Emily O’Reilly, asumió sus funciones como Defensora del Pueblo Europeo el 1 de octubre de 2013. Emily O’Reilly ha aumentado la visibilidad del cargo de Defensor del Pueblo Europeo al concentrarse en temas que resultan claves para los ciudadanos, como el logro de una mayor transparencia en torno a los grupos de presión, grupos de expertos, agencias de la UE (Frontex) y negociaciones internacionales (ATCI), así como la mejora de las normas relativas a la denuncia de irregularidades y a la Iniciativa Ciudadana Europea. Tras las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, fue confirmada en su cargo por un nuevo mandato de cinco años, y se comprometió a proseguir la aplicación de su estrategia «Hacia 2019», centrada en los pilares «Impacto, Relevancia y Visibilidad».

Papel del Parlamento Europeo

Aunque completamente independiente en el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo Europeo ejerce de mediador parlamentario, por lo que el artículo 228 del TFUE se encuentra dentro de la sección del capítulo 1 que trata del Parlamento Europeo. Mantiene un estrecho vínculo con el Parlamento, que tiene la exclusividad de su nombramiento y puede solicitar al Tribunal de Justicia su destitución, fija su Estatuto, lo asiste en sus investigaciones y recibe sus informes. La Comisión de Peticiones, sobre la base del Reglamento del Parlamento (artículo 220 y anexos VI, X y XVII), elabora cada año un informe sobre el informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo. En estos informes ha subrayado en repetidas ocasiones que las instituciones de la UE deben cooperar plenamente con el Defensor del Pueblo Europeo para reforzar la transparencia y responsabilidad de la Unión, en concreto a través de la aplicación de sus recomendaciones. En su Resolución más reciente sobre esta materia, aprobada el 15 de enero de 2015, sobre el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2013, el Parlamento señala que los asuntos relacionados con la transparencia siguen siendo el tema más recurrente en las reclamaciones, que, además, va en aumento; los demás temas clave son las cuestiones éticas, la participación de los ciudadanos en el proceso decisorio de la UE, los proyectos financiados con fondos de la UE, los derechos fundamentales y la cultura de servicio. El Parlamento considera que es necesario que el concepto de «mala administración» siga interpretándose de manera amplia, de modo que no solo incluya la infracción de las normas jurídicas o de los principios generales del Derecho administrativo europeo sino también los casos en los que una institución, órgano u organismo de la Unión no garantiza una buena administración (tal como prevé el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales: «Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable»), no actúa con voluntad de servicio o no vela por que los ciudadanos reciban un trato correcto y puedan ejercer plenamente sus derechos.

Ottavio Marzocchi

06/2016