El Parlamento Europeo: competencias

El Parlamento reafirma su papel institucional en la elaboración de las políticas europeas a través del ejercicio de sus diferentes funciones. Su participación en el proceso legislativo, sus atribuciones presupuestarias y de control, su implicación en la revisión de los Tratados y su derecho de recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le permiten garantizar el respeto de los principios democráticos a escala europea.

Fundamentos jurídicos

Artículos 223 a 234 y artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Objetivos

El Parlamento Europeo, como institución representativa de los ciudadanos de Europa, constituye el fundamento democrático de la Unión Europea. Con miras a asegurar la plena legitimidad democrática de la Unión, el Parlamento debe estar totalmente asociado al proceso legislativo europeo y ejercer, en nombre de los ciudadanos, un control político sobre las otras instituciones de la UE.

Competencias de carácter constitucional y de ratificación (1.4.2)

Desde el Acta Única Europea (AUE), la celebración de todo tratado de adhesión de nuevos Estados miembros, así como de todo acuerdo de asociación, requiere el dictamen conforme del Parlamento. Este procedimiento también se aplica, desde el AUE, a los acuerdos internacionales con repercusiones presupuestarias importantes para la Unión (en sustitución del procedimiento de concertación instituido en 1975) y, desde el Tratado de Maastricht, a los acuerdos que crean un marco institucional específico o que implican la modificación de un acto adoptado de conformidad con el procedimiento de codecisión. Asimismo, desde el Tratado de Maastricht, se someten al dictamen conforme del Parlamento los actos relativos al procedimiento electoral. Desde el Tratado de Ámsterdam, también es necesario el dictamen conforme del Parlamento para que el Consejo declare que existe un riesgo real de que un Estado miembro cometa una violación grave de los principios fundamentales de la Unión Europea, antes de formular recomendaciones o imponer sanciones a dicho Estado miembro. A la inversa, la revisión del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo debe someterse a la aprobación del Consejo.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento puede tomar la iniciativa de revisar los Tratados y tiene la última palabra sobre si debe o no convocarse una convención para preparar una futura modificación de los Tratados (artículo 48, apartados 2 y 3, del Tratado de la Unión Europea, TUE).

Participación en el proceso legislativo (1.4.1)

El Parlamento Europeo participa en la adopción de los actos legislativos de la Unión en diversa medida, según el fundamento jurídico de cada acto. Su papel ha ido evolucionando progresivamente desde una función meramente consultiva hasta la codecisión, que lo sitúa en pie de igualdad con el Consejo.

a.Procedimiento legislativo ordinario

Con la entrada en vigor del Tratado de Niza, el procedimiento de codecisión pasó a aplicarse a 46 fundamentos jurídicos del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE). En principio, este procedimiento situó al Parlamento y al Consejo en igualdad de condiciones: en caso de acuerdo entre ambas instituciones, el acto se adoptaba en primera o segunda lectura; en caso de desacuerdo, el acto solo podía adoptarse tras un proceso de conciliación satisfactorio.

Con el Tratado de Lisboa, el procedimiento de codecisión se denomina ahora procedimiento legislativo ordinario (artículo 294 del TFUE). En virtud del Tratado, más de 40 nuevas políticas han pasado a regirse por este procedimiento, en ámbitos como la libertad, seguridad y justicia, el comercio exterior, la política de medio ambiente y la PAC.

b.Consulta

El procedimiento de consulta sigue aplicándose a la fiscalidad, la competencia, la armonización de las legislaciones no vinculadas al mercado interior y algunos aspectos de la política social.

c.Cooperación

El procedimiento de cooperación (antiguo artículo 252 del TCE) fue introducido por el AUE; el Tratado de Maastricht lo amplió a prácticamente todos los ámbitos legislativos en los que el Consejo decidía por mayoría. Este procedimiento obligaba al Consejo a tomar en consideración en la segunda lectura las enmiendas parlamentarias aprobadas por mayoría absoluta, en la medida en que la Comisión las hubiera aceptado, ‎lo que significó el inicio de las verdaderas competencias legislativas del Parlamento.‎ La importancia del procedimiento de cooperación se redujo a raíz de la generalización del procedimiento de codecisión con el Tratado de Ámsterdam. Solo sobrevivió en cuatro disposiciones sobre política económica y monetaria, antes de desaparecer completamente con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (1.1.5).

d.Dictamen conforme

A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, el procedimiento de dictamen conforme se aplicaba a los escasos ámbitos legislativos en los que el Consejo decidía por unanimidad, reducidos desde el Tratado de Ámsterdam a los Fondos Estructurales y de Cohesión.

Con arreglo al Tratado de Lisboa, algunos ámbitos nuevos se someten a este procedimiento, ‎conocido ahora de forma general como «aprobación». Entre dichos ámbitos, se incluyen las ‎medidas que el Consejo debe adoptar cuando se considere necesaria una acción de la Unión ‎sin que se hayan previsto en los Tratados los poderes de actuación necesarios a tal efecto (artículo 352 del TFUE).

e.Derecho de iniciativa

El Tratado de Maastricht también concedió al Parlamento un derecho de iniciativa legislativa, que se limitaba, no obstante, a la facultad de solicitar a la Comisión la presentación de una propuesta. Este derecho se mantiene en el Tratado de Lisboa (artículo 225 del TFUE) y se desarrolla de forma más detallada en el último acuerdo interinstitucional entre la Comisión y el Parlamento.

Competencias presupuestarias (1.4.3)

El Tratado de Lisboa eliminó la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios, con lo que situó al Parlamento en pie de igualdad con el Consejo en lo que respecta al procedimiento presupuestario anual, que ahora se asemeja al procedimiento legislativo ordinario.

El Parlamento sigue siendo una de las dos ramas de la autoridad presupuestaria (artículo 314 del TFUE). Participa en el proceso presupuestario desde la fase de preparación, en particular, en el establecimiento de las orientaciones generales y la naturaleza de los gastos. Aprueba definitivamente el presupuesto y controla su ejecución (artículo 318 del TFUE). Aprueba asimismo la gestión en la ejecución del presupuesto (artículo 319 del TFUE).

Por último, el Parlamento también tiene que dar su aprobación al marco financiero plurianual (artículo 312 del TFUE). El primer marco financiero plurianual adoptado con arreglo a las disposiciones del Tratado de Lisboa se aprobó en diciembre de 2013.

Competencias de control del ejecutivo

El Parlamento dispone de varios instrumentos de control: en especial, examina el informe general anual (artículo 233 del TFUE) y supervisa, junto con el Consejo, los actos delegados y de ejecución de la Comisión (artículos 290 y 291 del TFUE).

a.Investidura de la Comisión

Desde 1981, el Parlamento había adquirido la costumbre de «investir» informalmente a la Comisión al examinar y aprobar su programa. No obstante, fue el Tratado de Maastricht, que entró en vigor en 1992, el que subordinó a la aprobación previa del Parlamento el nombramiento por parte de los Estados miembros del Presidente y los miembros de la Comisión como órgano colegiado. El Tratado de Ámsterdam fue más lejos al someter a la aprobación del Parlamento la designación del Presidente de la Comisión, antes del nombramiento de los demás miembros de la misma. En 1994, el Parlamento inició la organización de audiencias de los comisarios propuestos. En virtud del Tratado de Lisboa, el candidato a la Presidencia de la Comisión debe ser elegido teniendo en cuenta los resultados de las elecciones europeas.

b.Moción de censura

La moción de censura contra la Comisión (actualmente, artículo 234 del TFUE) existe desde el Tratado de Roma. Requiere ser aprobada por una mayoría de dos tercios de los votos emitidos, que representen, a su vez, la mayoría de los miembros que componen el Parlamento, en cuyo caso la Comisión debe dimitir en bloque. Solo se han sometido a votación ocho mociones de censura y ninguna ha sido aprobada, pero el número de votos a favor de la censura se ha ido incrementando en cada ocasión. Sin embargo, la última moción de censura (votación del 8 de junio de 2005) consiguió únicamente 35 votos a favor, frente a 589 en contra y 35 abstenciones.

c.Preguntas parlamentarias

Incluyen las preguntas escritas y orales, con o sin debate (artículo 230 del TFUE), así como las formuladas en el turno de preguntas. La Comisión y el Consejo están obligados a responderlas.

d.Comisiones de investigación

El Parlamento tiene la facultad de constituir comisiones temporales de investigación para que examinen las alegaciones de infracción o de mala aplicación del Derecho de la Unión (artículo 226 del TFUE).

e.Control sobre la política exterior y de seguridad común

En este ámbito, el Parlamento tiene derecho a ser informado regularmente y puede formular preguntas o recomendaciones al Consejo. Ha de ser consultado acerca de los aspectos principales y las opciones fundamentales de la política exterior y de seguridad común (PESC) (artículo 36 del TUE). La aplicación del Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (2006/C 139/01) también ha contribuido a la mejora de los procedimientos de consulta en el marco de la PESC, al menos en lo que respecta a los aspectos financieros. La creación del cargo de Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad aumenta la influencia del Parlamento, ya que el Alto Representante ocupa al mismo tiempo la Vicepresidencia de la Comisión.

Recursos ante el Tribunal de Justicia

El Parlamento puede interponer recursos ante el Tribunal de Justicia en caso de violación del Tratado por parte de otra institución.

Dispone de un derecho de intervención, es decir, puede apoyar a una de las partes en un asunto determinado ante el Tribunal. Haciendo historia, el Parlamento ejerció este derecho en el caso «Isoglucosa» (asuntos 138 y 139/79, de 29 de octubre de 1980), en el que el Tribunal anuló un reglamento del Consejo por infracción de su obligación de consultar al Parlamento. En el marco del recurso por omisión (artículo 265 del TFUE), el Parlamento puede interponer un recurso contra una institución ante el Tribunal de Justicia por violación del Tratado, como ocurrió, por ejemplo, en el asunto 13/83, en el que el Tribunal condenó al Consejo por no haber adoptado medidas en relación con la política común de transportes.

El Tratado de Ámsterdam facultó al Parlamento para interponer un recurso de anulación de un acto de otra institución, pero solo cuando se trataba de proteger sus propias prerrogativas. Desde el Tratado de Niza, el Parlamento ya no tiene que demostrar un interés particular y, por ende, está ahora facultado para incoar procedimientos del mismo modo que el Consejo, la Comisión y los Estados miembros. Puede ser parte demandada en caso de recurso contra un acto adoptado según el procedimiento de codecisión o cuando uno de sus actos esté destinado a producir efectos jurídicos frente a terceros. El artículo 263 del TFUE confirma así las sentencias del Tribunal en los asuntos 320/81, 294/83 y 70/88.

Por último, el Parlamento puede solicitar un dictamen previo del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad de un acuerdo internacional con el Tratado (artículo 218 del TFUE).

Peticiones (2.1.4)

Cuando los ciudadanos de la Unión Europea ejercen su derecho de petición, dirigen sus peticiones al Presidente del Parlamento Europeo (artículo 227 del TFUE).

Iniciativa ciudadana europea (2.1.5)

El Parlamento organiza una audiencia con los precursores de una iniciativa ciudadana europea registrada con éxito, bajo los auspicios de la Comisión de Peticiones.

Nombramiento del Defensor del Pueblo Europeo

En virtud del Tratado de Lisboa, el Parlamento es el encargado de elegir al Defensor del Pueblo Europeo (artículo 228 del TFUE) (1.3.16).

Petr Novak

06/2016