La libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios

La libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, recogidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y reforzadas a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, garantizan la movilidad de empresas y profesionales en la Unión. Para una mejor ejecución de estas dos libertades, las expectativas en relación con la Directiva de servicios, adoptada en 2006, son elevadas, puesto que reviste una importancia fundamental para la plena realización del mercado interior.

Base jurídica

Artículos 26 (mercado interior), 49 a 55 (establecimiento) y 56 a 62 (servicios) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Objetivos

Los trabajadores por cuenta propia y los profesionales o personas jurídicas a efectos del artículo 54 del TFUE que operan en un Estado miembro podrán: i) llevar a cabo una actividad económica de manera estable y continuada en otro Estado miembro (libertad de establecimiento: artículo 49 del TFUE); o ii) ofrecer y prestar sus servicios en otros Estados miembros de manera temporal sin abandonar su país de origen (libertad de prestar servicios: artículo 56 del TFUE). Ello supone no solo eliminar cualquier discriminación por razón de nacionalidad sino también, a fin de que estas libertades se ejerzan efectivamente, adoptar medidas oportunas para facilitar el ejercicio de las mismas, ante todo, la armonización de las normativas nacionales de acceso o su reconocimiento mutuo (2.1.6).

Resultados

a.Régimen de liberalización en el Tratado

1.«Libertades fundamentales»

El derecho de establecimiento incluye el derecho a emprender y ejercer actividades como trabajadores por cuenta propia y a establecer y administrar empresas, para ejercer actividades permanentes y de carácter estable y continuado, en las mismas condiciones previstas por la legislación del Estado miembro en cuestión para el establecimiento de sus propios ciudadanos.

La libre prestación de servicios es aplicable a todos aquellos servicios que se prestan habitualmente a cambio de remuneración, siempre que no estén regulados por las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías, capitales y personas. Para realizar la prestación de un «servicio», el proveedor podrá ejercer su actividad de forma temporal en el Estado miembro en que se presta el servicio y quedará sujeto a las mismas condiciones que tal Estado impone a sus propios ciudadanos.

2.Excepciones

Con arreglo al TFUE, se excluyen de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios aquellas actividades que estén relacionadas con el ejercicio del poder público (artículo 51 del TFUE), si bien esta exclusión queda limitada por una interpretación restrictiva: las exclusiones recogen únicamente aquellas actividades y funciones específicas relacionadas con el ejercicio del poder público; y para que la exclusión abarque toda una profesión, es necesario que toda su actividad esté consagrada al ejercicio del poder público o que la parte que a él se consagra no sea separable de las otras. Las excepciones permiten a los Estados miembros excluir la producción o el comercio de material de guerra (artículo 346, apartado 1, letra b), del TFUE) y mantener un régimen especial para los extranjeros por razones de orden público, seguridad y salud públicas (artículo 52, apartado 1).

b.Directiva de servicios: hacia la realización del mercado interior

La Directiva de servicios (Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior), que refuerza la libertad de prestar servicios dentro de la Unión, se adoptó en 2006 y se estableció como fecha límite para su aplicación el 28 de diciembre de 2009. Esta directiva es fundamental para la realización del mercado interior, ya que posee un enorme potencial en cuanto a la generación de beneficios para consumidores y pymes. Tiene como objetivo la creación en la Unión de un mercado de servicios único y abierto, al tiempo que se garantiza la calidad de los servicios prestados a los consumidores en la Unión. La plena aplicación de dicha directiva podría incrementar el comercio de servicios en un 45 % y las inversiones extranjeras directas en un 25 %, lo que equivaldría a un incremento de entre el 0,5 % y el 1,5 % del PIB (Comunicación de la Comisión «Europa 2020»). Esta directiva contribuye a la simplificación y la modernización del marco administrativo y reglamentario. Este fin se consigue no solo mediante el análisis de la legislación vigente, así como con la adopción y la modificación de la legislación pertinente, sino también a través de proyectos a largo plazo (el establecimiento de ventanillas únicas y la garantía de la cooperación administrativa). En numerosos Estados miembros se ha producido un retraso importante en la aplicación de la directiva, en comparación con la fecha límite original. El éxito de su aplicación requiere un compromiso político sostenido y un apoyo generalizado en los ámbitos europeo, nacional, regional y local.

Papel del Parlamento Europeo

El Parlamento ha desempeñado un papel impulsor en cuanto a la liberalización de las actividades no asalariadas. En particular, ha velado por la estricta delimitación de aquellas actividades que pueden seguir reservándose a los nacionales (por ejemplo, las que están relacionadas con el ejercicio del poder público). Cabe señalar, asimismo, su recurso por omisión ante el Tribunal de Justicia contra el Consejo en materia de política de transportes. Este recurso, presentado en enero de 1983, desembocó en una sentencia del Tribunal (asunto n.º 13/83 de 22 de mayo de 1985) por la que se condenó al Consejo por no haber garantizado la libre prestación de servicios en materia de transportes internacionales y no haber fijado las condiciones de acceso de los transportistas no residentes a los servicios de transporte nacionales en un Estado miembro. Se consideró un incumplimiento del Tratado. De esta manera, se obligó al Consejo a adoptar la legislación pertinente. El papel del Parlamento se ha ampliado con la aplicación del procedimiento de codecisión, previsto en el Tratado de Maastricht, y de su sucesor hoy en día, el procedimiento legislativo ordinario, a la mayoría de los aspectos de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios.

Además, el Parlamento Europeo ha desempeñado un papel fundamental en la adopción de la Directiva de servicios y vigila de cerca su aplicación. También presiona a los Estados miembros para que cumplan sus obligaciones en el marco de dicha directiva y garanticen su correcta aplicación. El 15 de febrero de 2011, el Parlamento adoptó una resolución sobre la aplicación de la Directiva 2006/123/CE[1] relativa a los servicios y el 25 de octubre de 2011, una resolución sobre el proceso de evaluación recíproca de la Directiva de servicios[2]. Siguiendo la Comunicación de la Comisión, de 8 de junio de 2012, sobre la aplicación de la Directiva de servicios, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) del Parlamento elaboró un informe sobre el mercado interior de servicios, su situación actual y las próximas etapas, que se adoptó en el Pleno el 11 de septiembre de 2013[3].

El 7 de febrero de 2013, el Parlamento adoptó además una resolución que contenía recomendaciones a la Comisión en relación con la gobernanza del mercado único[4], y en la que hacía hincapié en la importancia del sector de los servicios en cuanto ámbito clave para el crecimiento, en el carácter fundamental de la libertad de prestar servicios y los beneficios de una aplicación completa de la Directiva de servicios.

El Parlamento, de manera prioritaria, ha trabajado en propuestas legislativas relativas a los servicios de telecomunicaciones, tales como un Reglamento relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior [Reglamento (UE) n.º 910/2014] y un Reglamento por el que se establecen medidas en relación con el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas y para crear un continente conectado [COM(2013) 627, que condujeron a la adopción del Reglamento (UE) 2015/2120, de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y el Reglamento (UE) n.º 531/2012 relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión]. El Parlamento se preocupa por los servicios financieros en el ámbito del acceso a los servicios básicos de pago[5], los créditos al consumo y los créditos hipotecarios (Directiva 2014/17/UE), y también por los viajes combinados y los servicios asistidos de viaje [COM(2013) 512]. La Directiva sobre créditos hipotecarios (2014/17/UE) aumentará la protección de los consumidores al aplicar requisitos reglamentarios mínimos que los Estados miembros deben respetar con el fin de proteger a las personas con contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial. Los Estados miembros debían aplicar dicha directiva a más tardar en marzo de 2016 y contribuirán a garantizar que los consumidores estén informados y dispongan de la capacidad financiera para pagar su crédito hipotecario. Por otra parte, la Directiva relativa a unos mercados financieros más transparentes y mejor regulados (2014/65/UE) busca garantizar la regulación y la transparencia de los mercados financieros en toda la Unión. El Parlamento también participa en la legislación relativa a servicios innovadores tales como el sistema de emergencia eCall, con el que se busca salvar vidas, integrado en los vehículos [COM(2013) 316], y en la supervisión de la aplicación de la Directiva de servicio universal y el número de emergencia 112[6]. El 28 de abril de 2015, el Parlamento votó para que la tecnología eCall sea obligatoria en todos los vehículos nuevos a partir de abril de 2018.

Para obtener información más detallada, consúltese el estudio elaborado para la comisión IMCO titulado «EU Mapping: Overview of IMCO-related legislation» (Inventario de la Unión: visión general de la legislación sobre los ámbitos de IMCO)[7].

[1]DO C 188E de 28.6.2012, p. 1.

[2]DO C 131E de 8.5.2013, p. 46.

[3]Textos Aprobados, P7_TA(2013)0366.

[4]Textos Aprobados, P7_TA(2013)0054.

[5]Textos Aprobados, P7_TA(2012)0293.

[6]DO C 33E de 5.2.2013, p. 1.

[7] http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf

Mariusz Maciejewski / Kendra Pengelly

11/2017