Las organizaciones de productores y la organización común de mercados de los productos de la pesca

La organización común de mercados (OCM) de los productos de la pesca y la acuicultura fue el primer componente de la política pesquera común (PPC). Su ámbito de actuación ante la crisis que afecta actualmente al sector de la pesca se ha considerado limitado, dada la naturaleza de sus mecanismos de intervención y la escasa financiación que se les asigna, lo que ha dado lugar a una reforma integral que ha sentado unas nuevas bases para la OCM y para toda la PPC de 2014 en adelante.

Fundamentos jurídicos

Artículos 38 a 43 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Reglamento (UE) nº 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) nº 1184/2006 y (CE) nº 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo.

Objetivos

La OCM de los productos de la pesca y la acuicultura prevé un régimen de precios e intervenciones con el objetivo de regular el mercado de la Unión para los productos de la pesca. Sus objetivos han consistido en:

  • corregir los efectos más negativos del desequilibro entre la oferta y la demanda;
  • estabilizar los precios para garantizar que los pescadores tengan unos ingresos mínimos;
  • promover la competitividad general de la flota pesquera de la Unión en los mercados mundiales.

Los instrumentos de la OCM han sido los siguientes:

  • retiradas de la Unión;
  • operaciones de aplazamiento;
  • retiradas y aplazamientos independientes por parte de las organizaciones de productores, incluidas compensaciones y primas a tanto alzado;
  • almacenamiento privado;
  • modalidades particulares para el atún.

Todos estos mecanismos se centran en las organizaciones de productores. La mayoría de ellas pertenece a siete Estados miembros: España, Italia, Francia, el Reino Unido, Alemania, Portugal y los Países Bajos. Estas organizaciones se encuentran principalmente a nivel local y, en menor medida, en los sectores de la pesca costera y la acuicultura, y su objetivo es mejorar la comercialización de sus productos. Para ello toman medidas como:

  • planificar la producción y adecuarla a la demanda, en concreto mediante la aplicación de planes de capturas;
  • fomentar la concentración de la oferta;
  • estabilizar los precios;
  • promover métodos que favorezcan una pesca sostenible.

Los gastos relativos a las intervenciones están disminuyendo de forma constante, en gran parte debido a la disminución del gasto de la compensación de programas operativos y de las retiradas de la Unión, que es uno de los mecanismos de intervención más utilizados. Las operaciones de aplazamiento han desbancado, en términos de gasto, a las retiradas de la Unión, que ocupaban el primer puesto.

El estado de los recursos y el aumento del precio del combustible pueden limitar a corto plazo el uso de las intervenciones de la OCM. Los cuatro Estados miembros que más utilizan los instrumentos de la OCM han sido Francia, España, Portugal e Irlanda. La utilización de los instrumentos de la OCM ha ido en aumento en los tres primeros, pero ha disminuido en Irlanda. Otros Estados miembros (como el Reino Unido, Dinamarca, Alemania, Suecia, Italia y Bélgica) también recurren a las intervenciones de la OCM, pero su gasto ha sido notablemente inferior al de los cuatro países anteriores.

Con el fin de promover el desarrollo del sector de la pesca, algunos grupos, como los representantes de los sectores de la producción, la comercialización y el procesamiento, pueden pedir a los Estados miembros el reconocimiento como organizaciones interprofesionales. Los Estados miembros pueden otorgar este reconocimiento bajo el control de la Comisión. Solo hay cuatro organizaciones interprofesionales reconocidas y operan a nivel estatal: Comité Interprofessionnel des Produits de l'Aquaculture, CIPA (Francia), Interatún (España), Aquapiscis (España) y O.I. Filiera Ittica (Italia).

En el marco de la reforma de la PPC de 2014 se consideró necesario proceder a una reforma en profundidad de la OCM, en la que los instrumentos orientados al mercado contribuyeran, directa o indirectamente, a alcanzar los principales objetivos de la PPC. A fin de abordar la cuestión de la sobrepesca y de las prácticas no sostenibles y de abandonar estrategias de producción basadas exclusivamente en el volumen, se definió una nueva OCM en la propuesta de Reglamento por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura (COM(2011)0416), que tiene por objeto apoyar:

  • la atribución de competencias a las organizaciones de productores y la gestión conjunta por parte de las mismas de los derechos de acceso y de las actividades de producción y comercialización;
  • unas medidas de mercado que incrementen la capacidad de negociación de los productores (del sector de la pesca y la acuicultura), mejoren la predicción, prevención y gestión de las crisis de mercado y promuevan la transparencia y la eficiencia del mismo;
  • los incentivos y las primas de mercado para las prácticas sostenibles; el establecimiento de asociaciones en favor de la producción, el abastecimiento y el consumo sostenibles; la certificación (etiquetado ecológico), la promoción y la información a los consumidores;
  • otras medidas de mercado para los descartes.

Papel del Parlamento Europeo

En respuesta a la propuesta arriba mencionada, el Parlamento hizo hincapié en su posición de 2012 en los elementos que se detallan a continuación.

Hay que reforzar las organizaciones de productores para que puedan desempeñar un cometido más importante en la gestión cotidiana de la pesca mediante su actuación en un marco definido por los objetivos de la PPC. Las organizaciones transnacionales de productores o las asociaciones a escala transregional de estas organizaciones deben fomentarse y basarse, cuando proceda, en las regiones biogeográficas, así como perseguir la creación de asociaciones destinadas a elaborar normas comunes y vinculantes, que proporcionen una igualdad de condiciones para todas las partes interesadas. Estas deben seguir estando sujetas a las normas de competencia y mantener el vínculo de las distintas comunidades costeras (incluida la representación de la pesca artesanal) con las pesquerías y aguas que han explotado tradicionalmente.

El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) tiene que contribuir financieramente a la constitución y/o al desarrollo de asociaciones de productores, prestando asimismo apoyo a la creación de bases de datos/mercados electrónicos a nivel nacional para coordinar mejor la información entre los operadores y los procesadores de mercado. Las organizaciones de productores deben fomentar medidas que contribuyan al abastecimiento de alimentos y a preservar y crear empleo en las zonas costeras y rurales, incluyendo actividades de formación profesional y programas de cooperación para animar a los jóvenes a ingresar en el sector y asegurar un nivel de vida digno a los pescadores.

En cuanto a la lucha contra los descartes y la pesca ilegal, las organizaciones de productores deben contribuir a la eliminación de la práctica de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada mediante la realización de tantos controles internos a sus miembros como sea necesario. Las organizaciones de productores deben evitar, minimizar y aprovechar de la mejor manera posible las capturas no deseadas de poblaciones comerciales.

En el etiquetado de los productos previamente congelados que se vendan como productos frescos se indicará la mención «productos descongelados». Para los productos frescos, la fecha que se ha de indicar en el etiquetado es la de desembarque (y no la de captura). En la información relativa a la comercialización y el etiquetado debe figurar asimismo la población de pez específica, la zona en que se crió o pescó (incluido el Estado de pabellón del buque) y el método de producción, junto con el tipo de arte empleado.

La tecnología debe servir para proteger a los consumidores europeos. Las autoridades de los Estados miembros deben sacar el máximo partido de la tecnología disponible, incluidas las pruebas de ADN, a fin de impedir un etiquetado falso de las capturas. Las organizaciones de productores del sector de la acuicultura deberían emplear las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para garantizar el establecimiento del mejor precio posible para sus productos.

Respecto de la información de mercados, el Parlamento ha insistido en que la Comisión diseñe una campaña a escala de la Unión para concienciar a los consumidores de la gran variedad de especies de pescado desembarcado en los puertos europeos y para informarles sobre los diferentes períodos en que ciertas especies están de temporada, realizando asimismo campañas de promoción sobre las nuevas normas de etiquetado previstas. Las campañas informativas también deben llevarse a cabo en centros de enseñanza primaria y secundaria de toda la Unión, para que la gente joven y el profesorado conozcan los beneficios del consumo de pescado y la variedad de especies disponible.

Los productos importados deben someterse a las mismas normas de sanidad e higiene y a los mismos controles rigurosos, incluida la trazabilidad integral, que los aplicados a los productos de la Unión, a fin de evitar la competencia desleal con estos últimos.

Gracias a las negociaciones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión en el primer semestre de 2013 se logró superar un último obstáculo relativo a la comercialización del producto y el etiquetado obligatorio dirigido a los consumidores (en concreto, la ampliación del ámbito de aplicación del etiquetado para incluir en él los tipos de arte empleados y una designación pormenorizada de las zonas de captura). En general, el papel de las organizaciones de productores se ha revisado con objeto de centrarse en sus propias estrategias de comercialización (tal y como se detalla en los planes de producción y comercialización) y de hacer que participen de manera más estrecha en el desarrollo de esta política.

En este sentido, se alcanzó un primer acuerdo en mayo de 2013 y el Parlamento aprobó el texto definitivo del Reglamento el 11 de diciembre de 2013.

Junto con la posterior adopción del Reglamento de base modificado sobre la política pesquera común y el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, esto representa una de las piedras angulares de la reforma del sector pesquero europeo de 2014.

Priit Ojamaa

06/2016