Rusia

Desde 2014, la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia, su apoyo a los rebeldes al este de Ucrania, sus políticas en relación con sus países vecinos y diversos acontecimientos internos han tensado las relaciones entre Rusia y la Unión. En 2016, Rusia adoptó unas posiciones internacionales más firmes y las tensiones se agudizaron con los bombardeos de Rusia en Siria. La Unión ha ido renovando periódicamente las medidas restrictivas con respecto a Rusia desde 2014. La Unión y Rusia siguen manteniendo una fuerte interdependencia y la Unión aplica un planteamiento de «compromisos selectivos».

Base jurídica

  • Título V del Tratado de la Unión Europea (TUE): acción exterior;
  • Artículos 206 y 207 (comercio) y 216 a 219 (acuerdos internacionales) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE);
  • Acuerdos de colaboración y cooperación (relaciones bilaterales).

Situación del país

Hasta que estalló la crisis en Ucrania, Rusia estaba considerada como un «socio estratégico» de la Unión y el carácter polifacético de la relación se reflejaba en los múltiples ámbitos de cooperación existentes, que incluían el comercio, la energía y los asuntos internacionales (por ejemplo, la lucha contra el terrorismo, la no proliferación y el proceso de paz en Oriente Próximo). En los últimos años, la cuestión de la vecindad compartida se ha convertido en un punto de fricción importante entre la Unión y Rusia. La anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en marzo de 2014 y las pruebas de que Rusia apoyaba a los separatistas que combaten en el este de Ucrania provocaron una crisis internacional. La Unión revisó su relación bilateral, canceló las cumbres UE-Rusia y suspendió el proceso de liberalización de visados y las conversaciones sobre un acuerdo marco actualizado entre ambas partes. En la actualidad la Unión aplica un doble enfoque, que combina una política de sanciones graduales con intentos por encontrar una solución diplomática al conflicto en el este de Ucrania.

Las elecciones presidenciales de 2012, que el Parlamento no consideró «libres y justas», renovaron los mandatos del presidente ruso Vladimir Putin y de su partido, Rusia Unida. Las protestas en el país a raíz de las elecciones pusieron de relieve el descontento generalizado, así como la pérdida de legitimidad por parte del régimen entre sectores políticamente activos de la sociedad rusa. Como respuesta a estas protestas, la legislación rusa aprobada desde 2012 ha puesto en el punto de mira a la oposición y la sociedad civil con nuevas normas sobre el registro de organizaciones no gubernamentales, las manifestaciones, el uso de internet, la difamación y la calumnia, y los actos de alta traición. Esta legislación cuestiona aún más el compromiso de Rusia con los valores democráticos. Además, la Unión está preocupada por el Estado de Derecho, también por la corrupción, así como por el respeto, cada vez más escaso, de los derechos humanos en el país. Las elecciones parlamentarias de septiembre de 2016 no alteraron esa línea: una campaña anodina, una escasa participación (47,88 %) y una victoria aún mayor del partido del presidente Putin, Rusia Unida.

Rusia pasó a formar parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en agosto de 2012 tras dieciocho años de negociaciones de adhesión. Pese a ello, el clima de inversión en el país es incierto y los resultados económicos siguen dependiendo del precio del petróleo. Si bien la Unión es el primer socio comercial de Rusia y esta, el tercero de la Unión, las relaciones comerciales y económicas se ven empañadas por numerosos factores. La Unión consideraba que la adhesión de Rusia a la OMC resultaba positiva, puesto que ofrecía un marco multilateral basado en normas para las relaciones comerciales y para la resolución de litigios.

Las medidas restrictivas de la Unión contra Rusia en relación con las acciones que socavan la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania consisten en el bloqueo de activos y la prohibición de desplazamientos, y se aplican actualmente a un total de 149 individuos y 38 entidades. Se adoptaron inicialmente en marzo de 2014, y se prorrogaron por última vez el 14 de septiembre de 2017, hasta el 15 de marzo de 2018. El 9 de noviembre de 2016, la Unión añadió a seis diputados de Crimea en la Duma rusa (elegidos ese año) a la lista de sancionados. Además, a finales de julio de 2017, el Consejo prorrogó las sanciones económicas contra Rusia hasta el 31 de enero de 2018, dirigidas a los sectores financiero, energético y de defensa, y a los bienes de doble uso. En marzo de 2015 el Consejo Europeo acordó vincular la duración de esas sanciones a la plena aplicación de los acuerdos de Minsk, prevista entonces para el 31 de diciembre de 2015. Finalmente, el 19 de junio de 2017 se prorrogaron las medidas restrictivas en respuesta a la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol hasta el 23 de junio de 2018.

Asimismo, Rusia ha sido excluida del G8 y se ha paralizado su adhesión a la OCDE y a la Agencia Internacional de la Energía. Se han suspendido las cumbres periódicas UE-Rusia y otras reuniones de alto nivel. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa suspendió los derechos de voto de la delegación de Rusia en abril de 2014, como respuesta a la anexión ilegal de Crimea por parte de dicho país.

Desde agosto de 2014, Rusia ha adoptado represalias contra las sanciones impuestas por la Unión y por países occidentales, entre los que se encuentran los EE. UU., Canadá y Australia, e impuesto contrasanciones a productos agrícolas, materias primas y alimentos, alegando incumplimientos de las normas de seguridad alimentaria. Rusia ha utilizado el embargo de alimentos como una oportunidad para reforzar su política de sustitución de las importaciones en el sector agrícola. Rusia ha incluido en una lista negra a ciudadanos de la Unión y de los EE. UU. que han criticado sus acciones. No existe ninguna vía de recurso legal si una persona está incluida, al contrario que con la prohibición de desplazamientos decidida por la Unión.

La Unión y Rusia siguen manteniendo una fuerte interdependencia en asuntos energéticos, comerciales, de inversión, etc. El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión de 14 de marzo de 2016 definió cinco principios rectores sobre los que se sustentan las relaciones entre la Unión y Rusia, como señaló Federica Mogherini, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad: 1) aplicación del acuerdo de Minsk, como condición básica de cara a cualquier cambio sustancial de la posición de la Unión frente a Rusia; 2) consolidación de las relaciones de la Unión con los socios orientales y otros vecinos, incluidos los de Asia Central; 3) fortalecimiento de la resiliencia de la Unión (por ejemplo, la seguridad energética, las amenazas híbridas o la comunicación estratégica); 4) posibilidad de llegar a compromisos selectivos con Rusia en cuestiones de interés para la Unión; 5) necesidad de establecer contactos persona a persona y respaldar a la sociedad civil rusa.

La cooperación rusa en la labor del grupo de países del E3+3 (también denominado P5+1) para alcanzar un acuerdo nuclear con Irán en julio de 2015 permitió albergar esperanzas respecto a una mayor cooperación a escala internacional. No obstante, la repentina e incisiva intervención directa de Rusia, desde septiembre de 2015, en el conflicto sirio en apoyo del presidente Bashar al-Asad ha sido motivo de más desacuerdos con Occidente.

Acuerdos en vigor y en fase de negociación

La base jurídica de las relaciones actuales entre la Unión y Rusia es el Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC) de 1997. El ACC, que tenía una validez inicial de diez años, se ha ido renovando automáticamente cada año. En él se fijan los principales objetivos comunes, se establece el marco institucional para los contactos bilaterales (incluidas las consultas periódicas en materia de derechos humanos y las cumbres presidenciales semestrales, que actualmente se encuentran paralizadas) y se propugnan la colaboración y el diálogo en varios ámbitos.

En la cumbre de San Petersburgo de mayo de 2003, la Unión y Rusia acordaron reforzar su cooperación con la creación de cuatro «espacios comunes» basados en valores e intereses compartidos: un espacio económico; un espacio de libertad, seguridad y justicia; un espacio de seguridad exterior; y un espacio de investigación, educación y cultura. En 2010 se presentó la «Asociación para la Modernización». En julio de 2008 se iniciaron negociaciones con vistas a un nuevo acuerdo que debía incluir compromisos de fondo, jurídicamente vinculantes, en ámbitos como el diálogo político, la justicia, la libertad, la seguridad, la cooperación económica, la investigación, la educación, la cultura, el comercio, la inversión y la energía.

Sin embargo, la intervención de Rusia en Crimea llevó a la suspensión de todas estas conversaciones. La intervención de Rusia en el este de Ucrania echó asimismo por tierra la labor en pos de la firma de un acuerdo actualizado para la facilitación de visados, cuyas negociaciones concluyeron en 2011. La liberalización de los visados requiere mejoras en la seguridad de los documentos y la gestión de las fronteras, la aplicación efectiva del acuerdo de readmisión y reformas por parte de Rusia en los ámbitos de los derechos humanos y el Estado de Derecho. En 2014, el Consejo Europeo decidió suspender la cooperación con Rusia (exceptuando la cooperación transfronteriza), así como la financiación de la Unión en beneficio del país a través de instituciones financieras internacionales.

Papel del Parlamento Europeo

En virtud del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo debe dar su aprobación a todo nuevo acuerdo, como en el caso del ACC anterior. Acuerdos más específicos (por ejemplo, el relativo a la facilitación de visados) también requieren la aprobación del Parlamento. Aunque el Parlamento no define directamente las necesidades estratégicas ni los programas de acción, sí legisla, junto con el Consejo, en cuanto a los objetivos y las prioridades de la asistencia financiera de la Unión, incluido el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), a través del cual se financia la cooperación regional de la Unión con Rusia. Además, el Parlamento tiene derecho a examinar los documentos que guían la aplicación del IEV antes de que se aprueben (procedimiento conocido como «control democrático»).

a.Posiciones adoptadas (resoluciones)

El Parlamento ha aprobado una serie de resoluciones sobre Ucrania en las que condena claramente la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia y el papel de dicho país en la desestabilización del este de Ucrania. El Parlamento aprobó un informe sobre el estado de las relaciones entre la Unión y Rusia en junio de 2015.

Antes de la presente crisis, el Parlamento era favorable a un nuevo acuerdo global con Rusia basado en valores e intereses comunes. Sin embargo, en varios informes de propia iniciativa, también expresó su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia en Rusia. El mejor ejemplo de ello lo constituyen las leyes contra la propaganda LGBT y contra la recepción por parte de las ONG de financiación extranjera. Por otro lado, aumenta la represión ejercida contra las figuras de la oposición, con amenazas públicas y asesinatos no resueltos de los dirigentes. En abril de 2017, el Parlamento adoptó una Resolución en la que condenaba la detención del líder de la oposición Alexei Navalny. Tanto dentro como fuera de Rusia se está llevando a cabo una potente campaña de desinformación. En febrero y mayo de 2016, el Parlamento condenó taxativamente el nivel sin precedentes de las violaciones de derechos humanos perpetradas contra los habitantes de Crimea, en particular los tártaros. En marzo de 2017, el Parlamento pidió a Rusia que pusiese en libertad a más de treinta ciudadanos ucranianos que estaban encarcelados o en condiciones de libertad restringida.

b.Cooperación con el Parlamento ruso

Los diputados al Parlamento Europeo y al Parlamento de Rusia solían reunirse cada año en el marco de la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Rusia, también en grupos de trabajo, para intercambiar puntos de vista sobre temas de actualidad. La última reunión de la Comisión Parlamentaria de Cooperación se celebró en enero de 2014. Desde entonces, las actividades en las que participaba el Parlamento ruso han quedado paralizadas.

La Delegación en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Rusia del Parlamento Europeo sigue reuniéndose periódicamente para debatir cuestiones de actualidad con representantes de otras instituciones (por ejemplo, la Comisión y el SEAE) y con la sociedad civil.

c.Observación electoral y promoción de la democracia

El Parlamento, que desde 1999 no ha recibido la invitación de Rusia para actuar como observador electoral, no desempeña otras actividades de este tipo en el país.

Fernando Garcés de los Fayos

09/2017