El Derecho de sociedades

Dado que no existe un Derecho de sociedades europeo codificado como tal, los Estados miembros siguen rigiéndose por leyes propias sobre sociedades, que de vez en cuando se modifican para cumplir las directivas y reglamentos de la Unión. Los esfuerzos actualmente realizados para establecer un Derecho de sociedades moderno y eficiente, así como un marco de gobierno corporativo para las empresas, los inversores y los empleados europeos, tienen como finalidad mejorar el entorno empresarial de la Unión.

Bases jurídicas

Artículo 49 y artículo 50, apartados 1 y 2, letra g), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); artículo 54, párrafo segundo, del TFUE; artículos 114, 115 y 352 del TFUE.

Objetivos

Un marco de gobierno corporativo eficaz contribuye a crear un entorno empresarial positivo a escala de la Unión en el mercado interior. El objetivo de la armonización del Derecho de sociedades es promover que se alcance la libertad de establecimiento (título IV, capítulo 2, del TFUE) y aplicar el derecho fundamental que se recoge en el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es decir, la libertad de empresa dentro de los límites del artículo 17 de la Carta (derecho a la propiedad) (1.1.6).

En el artículo 49, segundo párrafo, del TFUE se garantiza el derecho a emprender y ejercer actividades en calidad de trabajador por cuenta propia y a establecer y administrar empresas, especialmente sociedades.

La finalidad de las normas de la Unión en este ámbito es permitir que las empresas se constituyan en cualquier lugar de la Unión, aprovechando la libre circulación de personas, servicios y capitales, ofrecer protección a los accionistas y otras partes interesadas en las sociedades, hacer que las empresas sean más competitivas y fomentar entre las empresas la cooperación transfronteriza.

Dado que el mercado interior conlleva la formación de sociedades de dimensión europea, estas deben poder actuar en toda la Unión conforme a un marco jurídico uniforme.

Resultados

a.Obligaciones mínimas comunes

Aunque no existe un Derecho de sociedades europeo codificado como tal, la armonización de las normas nacionales en materia de Derecho de sociedades ha introducido algunas normas mínimas y abarca ámbitos como la protección de los intereses y los derechos de los accionistas, las normas sobre ofertas públicas de adquisición para las sociedades anónimas, la comunicación de información sobre las sucursales, las fusiones y escisiones, las normas mínimas relativas a las sociedades unipersonales privadas de responsabilidad limitada, la información financiera y la contabilidad, el acceso más rápido y sencillo a la información sobre las sociedades y algunos requisitos de divulgación impuestas a las sociedades.

1.Constitución de las sociedades, capital y requisitos de divulgación

La Primera Directiva del Consejo (Directiva 68/151/CEE) se remonta a 1968 y ha sido modificada en numerosas ocasiones (en último lugar por la Directiva 2009/101/CE, en su forma modificada por la Directiva 2012/17/UE). Su objetivo es facilitar y acelerar el acceso del público a la información sobre las sociedades y aborda, entre otras cosas, la validez de las obligaciones contraídas por una sociedad y la nulidad de la sociedad. Se aplica a todas las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. La Segunda Directiva del Consejo (Directiva 77/91/CEE), de 1976, sustituida por la Directiva 2012/30/UE, se refería únicamente a las sociedades anónimas. De acuerdo con sus disposiciones, la constitución de dichas sociedades exige un capital social mínimo (actualmente de 25 000 EUR), concebido como garantía de los acreedores y contrapartida de la responsabilidad limitada de los socios. En ella se establecen, asimismo, normas sobre el mantenimiento y la modificación del capital, así como un contenido mínimo para los documentos constitutivos de una sociedad anónima. La Duodécima Directiva sobre el Derecho de sociedades (Directiva 2009/102/CE, de 16 de septiembre de 2009) establece un marco para sociedades unipersonales privadas de responsabilidad limitada, cuyas acciones pertenecen en su totalidad a un único accionista.

2.Funcionamiento de las sociedades que realizan actividades en varios países

La Undécima Directiva sobre el Derecho de sociedades (Directiva 89/666/CEE, en su forma modificada) introduce requisitos de divulgación para las sucursales en el extranjero de las sociedades. Incluye a sociedades de la Unión que tienen sucursales en otro país de la Unión o a sociedades de terceros países que tienen sucursales en la Unión. La Directiva 2014/86/UE del Consejo, de 8 de julio de 2014, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, introduce normas fiscales neutras desde el punto de vista de la competencia para los grupos de sociedades de diferentes Estados miembros. No contempla la doble tributación de los beneficios distribuidos en forma de dividendos por una filial situada en un Estado miembro a su sociedad matriz establecida en otro (véase también la Directiva 2008/7/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales).

La Directiva 2004/25/CE relativa a las ofertas públicas de adquisición tiene como objetivo establecer unas directrices mínimas en materia de adquisición de sociedades sujetas al Derecho de un Estado miembro. Establece normas mínimas para las ofertas públicas de adquisición o los cambios de control y su objetivo es proteger a los accionistas minoritarios, los empleados y otras partes interesadas. La Directiva 2012/17/UE aborda la interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades (registros empresariales). Modifica tres directivas sobre el Derecho de sociedades: la Directiva 89/666/CEE, la Directiva 2005/56/CE y la Directiva 2009/101/CE. Por otro lado, el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/884 de la Comisión establece especificaciones y procedimientos técnicos necesarios para el sistema de interconexión de los registros empresariales.

3.Reestructuración de las sociedades (fusiones y escisiones en el ámbito nacional, traslado de sedes)

Los socios y los terceros disponen de las mismas garantías en caso de reestructuración de la sociedad (fusiones y escisiones). La Directiva 2011/35/UE (por la que se deroga la Tercera Directiva del Consejo 78/855/CEE) relativa a las fusiones de las sociedades anónimas, prevé la protección de los accionistas, los acreedores y los empleados. La Sexta Directiva del Consejo (82/891/CEE) relativa a la escisión de sociedades anónimas fue modificada por la Directiva 2007/63/CE por lo que respecta al requisito de presentación de un informe de un perito independiente en caso de fusión o escisión de sociedades anónimas, y por la Directiva 2009/109/CE, con el fin de simplificar las obligaciones en materia de información y documentación. También prevé la protección de los accionistas, los acreedores y los empleados. La Décima Directiva sobre el Derecho de sociedades (Directiva 2005/56/CE) relativa a las fusiones transfronterizas tiene por objeto facilitar las fusiones transfronterizas entre sociedades de capitales. Con ella se establece un marco simple que permite evitar la liquidación de la sociedad absorbida y se aplica a las fusiones de sociedades de capitales constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuyo domicilio social, administración central o establecimiento principal se halle dentro de la Unión, siempre y cuando dos de ellas como mínimo estén sometidas a la legislación de Estados miembros diferentes. Se aplica a todas las sociedades de capitales, con excepción de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM). El traslado del domicilio social de una sociedad de responsabilidad limitada de un Estado miembro a otro, así como su fusión o escisión, son aspectos inherentes a la libertad de establecimiento garantizada por los artículos 49 y 54 del TFUE (sentencia Cartesio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea[1]). No obstante, el principio de libertad de establecimiento no permite a una empresa trasladarse de su Estado miembro de origen a otro Estado miembro y conservar al mismo tiempo su capacidad jurídica. Por ello, el Parlamento ha solicitado en numerosas ocasiones una propuesta sobre el traslado transfronterizo de las sedes sociales (Decimocuarta Directiva sobre el Derecho de sociedades). La cuestión relativa al traslado transfronterizo del domicilio social sigue sin resolverse.

4.Garantías sobre la situación financiera de las sociedades

Para garantizar que la información proporcionada por los documentos contables sea equivalente en todos los Estados miembros, las Directivas cuarta, séptima y octava (78/660/CEE, 83/349/CEE y 84/253/CEE) fueron sustituidas por las Directivas 2013/34/UE y 2006/43/CE, que establecen que los documentos relativos a las cuentas sociales (cuentas anuales, cuentas consolidadas y autorización de las personas encargadas del control legal de los documentos contables) deben dar a sus lectores la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las sociedades. Por otra parte, el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad, armoniza la información financiera que deben presentar las sociedades con cotización oficial para garantizar la protección de los inversores. La Directiva 2013/34/UE también introdujo la obligación, para las empresas cotizadas en la Unión, de proporcionar una declaración sobre gobernanza empresarial en su informe anual. El objetivo de la Directiva 2006/43/CE es reforzar la fiabilidad de los estados financieros de las sociedades estableciendo unas exigencias mínimas aplicables al control legal de las cuentas anuales y las cuentas consolidadas. La Directiva 2009/49/CE simplifica las obligaciones de información financiera de las microentidades para mejorar su competitividad y liberar su potencial de crecimiento. El Reglamento de 2015 sobre procedimientos de insolvencia (basado en el artículo 81 del TFUE para la cooperación judicial en asuntos civiles) contribuye a resolver los conflictos de competencia y legislativos en el marco de procedimientos de insolvencia transfronterizos, y garantiza el reconocimiento de sentencias relacionadas con la insolvencia en toda la Unión. No armoniza las normas sustantivas en materia de insolvencia de los Estados miembros; más bien, se limita a establecer normas comunes sobre el órgano jurisdiccional competente para abrir procedimientos de insolvencia, la legislación aplicable y el reconocimiento de las decisiones del tribunal en caso de insolvencia de un deudor. El objetivo principal es evitar que las empresas o los particulares transfieran bienes o litigios de un Estado miembro a otro, en busca de una posición jurídica más favorable. La actual propuesta, de diciembre de 2016, de una Directiva sobre marcos de reestructuración preventiva (o «segunda oportunidad») contribuiría a aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración.

5.Ejercicio transfronterizo de los derechos de los accionistas

La Directiva 2007/36/CE (modificada por las Directivas 2014/59/UE y (UE) 2017/828) sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas suprime los principales obstáculos para el voto transfronterizo en aquellas sociedades cotizadas que tengan su domicilio social en un Estado miembro, al introducir unos requisitos específicos para determinados derechos de los accionistas en el marco de la asamblea general. Esta Directiva también establece determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, entre ellos, el acceso puntual a la información pertinente sobre las juntas generales y la simplificación del voto mediante representación. En la Directiva (UE) 2017/828 se fomenta la participación de los accionistas, y se introducen requisitos en relación con la identificación de los accionistas, la transmisión de información, la facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas, la transparencia de los inversores institucionales, los gestores de activos y los asesores de voto, la remuneración de los administradores y las operaciones con partes vinculadas.

b.Entidades jurídicas de la Unión

Las entidades jurídicas europeas son aplicables en toda la Unión y coexisten con las nacionales.

1.La sociedad europea (SE)

Tras un largo periodo de estancamiento del expediente (treinta años de negociaciones), el Consejo adoptó los dos instrumentos legislativos necesarios para la creación de la sociedad europea, a saber, el Reglamento (CE) n.º 2157/2001 por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea y la Directiva 2001/86/CE por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores. Permite que una sociedad se constituya en el territorio de la Unión en forma de sociedad anónima, utilizándose la denominación en latín, Societas Europaea (SE). Se ofrecen diversas opciones a las empresas de al menos dos Estados miembros que deseen constituirse en una SE: la fusión, la creación de una sociedad holding, la formación de una filial o la conversión en una SE. El régimen de la SE será el de una sociedad de capital por acciones. Para garantizar que tales sociedades sean de dimensiones razonables se establece un capital suscrito mínimo, es decir, no inferior a 120 000 EUR.

La Directiva 2001/86/CE persigue el objetivo de garantizar que la creación de una SE no suponga la desaparición ni la reducción de las prácticas existentes de implicación de los trabajadores en las empresas que participen en la creación de esa SE. Cuando en una o más de las sociedades participantes en una SE existan derechos de participación, dichos derechos se preservan mediante su transferencia a la SE, una vez creada esta, salvo que las partes decidan lo contrario en la «comisión negociadora especial» que reúne a los representantes de los trabajadores de todas las sociedades afectadas.

2.La Sociedad Cooperativa Europea (SCE)

El Reglamento (CE) n.º 1435/2003 relativo al Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE) establece un auténtico estatuto jurídico propio para las SCE. Permite asimismo la creación de una cooperativa por particulares residentes en distintos Estados miembros o por entidades jurídicas sujetas a las legislaciones de Estados miembros distintos. Con un capital mínimo de 30 000 EUR, estas nuevas SCE pueden operar en todo el mercado interior con una personalidad jurídica, normas y estructura únicas. Además, las cooperativas de varios Estados miembros pueden ahora fusionarse para formar una SCE. Por último, una cooperativa nacional con actividades en un Estado miembro distinto de aquel donde tiene su domicilio social puede convertirse en una cooperativa europea sin necesidad de disolverse previamente.

La Directiva 2003/72/CE completa este estatuto en lo que respecta a la participación de los trabajadores con el fin de garantizar que la creación de una SCE no suponga la desaparición ni la reducción de las prácticas existentes de implicación de los trabajadores en las empresas que participen en la creación de esa SCE.

3.Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE)

El Reglamento (CEE) n.º 2137/85 del Consejo establece un estatuto para las Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE). La AEIE, que está dotada de capacidad jurídica, ofrece a cada sociedad de un Estado miembro la posibilidad de cooperar en aras de un objetivo común (por ejemplo, facilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros, pero sin obtener beneficios por sí misma) con sociedades o personas físicas de otros Estados miembros y compartir los beneficios obtenidos entre sus miembros. Su actividad solo puede tener un carácter auxiliar con respecto a la actividad económica de sus miembros. Una AEIE no puede ofrecer sus títulos al público.

4.Sociedades unipersonales privadas de responsabilidad limitada (SUP)

El 10 de abril de 2014, la Comisión presentó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2014)0212) relativa a las sociedades unipersonales privadas de responsabilidad limitada (Societas Unius Personae). El objetivo de dicha propuesta sería facilitar la creación de estas sociedades con un único accionista en la Unión independientemente de las fronteras entre Estados miembros.

Papel del Parlamento Europeo

El Parlamento siempre ha encontrado la forma de realizar modificaciones en la legislación, ya sea para defender la participación de los trabajadores en las sociedades o para avanzar en la creación de distintas formas de sociedades europeas a fin de facilitar las actividades transfronterizas de las empresas. En este sentido, solicitó a la Comisión en febrero de 2007 que presentara una propuesta sobre la sociedad privada europea para responder a las necesidades de las pymes y que preparara una revisión del estatuto de la sociedad europea, con objeto de simplificar las disposiciones sobre la constitución de dichas empresas. A raíz de la retirada de sendas propuestas de reglamento sobre la asociación y la mutualidad europeas, el Parlamento pidió a la Comisión que retomara estos proyectos. Defendió asimismo la creación de un marco jurídico adecuado para las fundaciones y las asociaciones. El 8 de febrero de 2012, la Comisión propuso un Reglamento del Consejo relativo al Estatuto de la Fundación Europea, «Fundatio Europaea» (FE), con el fin de permitir a estas organizaciones operar más fácilmente para el beneficio público en cualquier lugar de la Unión.

En su Resolución, de 14 de junio de 2012, sobre el futuro del Derecho europeo de sociedades, el Parlamento manifestó que las formas de empresa de la Unión, que completan las formas existentes disponibles en el Derecho nacional, representan un gran potencial y deberían desarrollarse en mayor medida. Asimismo, instó a la Comisión, con el fin de atender a las necesidades específicas de las pymes, a intensificar sus esfuerzos con miras a la adopción del Estatuto de la Sociedad Privada Europea (SPE). A raíz de la Comunicación de la Comisión, en febrero de 2013, el Parlamento adoptó una resolución sobre una nueva estrategia de la Unión para el periodo 2011-2014 relativa a la responsabilidad social de las empresas. La Resolución del Parlamento, de 14 de marzo de 2013, sobre el Estatuto de la mutualidad europea incluía recomendaciones a la Comisión relativas a tal estatuto. Finalmente, en numerosas ocasiones el Parlamento ha abogado por una Decimocuarta Directiva sobre el Derecho de sociedades relativa al traslado transfronterizo del domicilio social de las empresas, a través de varias resoluciones y preguntas orales en las que lamenta la actual falta de normas comunes que debilita la movilidad de las sociedades y, con ello, la libertad de establecimiento[2].

En abril de 2014, la Comisión presentó una Propuesta de Directiva relativa a las sociedades unipersonales privadas de responsabilidad limitada con vistas a facilitar la creación de sociedades con un único accionista en toda la Unión (el 7 de marzo de 2015 la Comisión retiró esta propuesta).

[1]Sentencia Cartesio (C-210/06, EU:C:2008:723) de 16.12.2008, párrafos 111-113 (TJUE).

[2]Por ejemplo: Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2007, sobre la Sociedad Privada Europea y la Decimocuarta Directiva sobre el Derecho de sociedades sobre la transferencia de la sede social de una sociedad (DO C 263 E de 16.10.2008, p. 671); Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2017, sobre fusiones y escisiones transfronterizas (Textos Aprobados P8_TA(2017)0248).

Udo Bux

06/2017