Procedimiento : 2015/2154(DEC)
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Ciclo relativo al documento : A8-0140/2016

Textos presentados :

A8-0140/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Votaciones :

PV 28/04/2016 - 4.11
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Textos aprobados :

P8_TA(2016)0147

INFORME     
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13.4.2016
PE 569.795v02-00 A8-0140/2016

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas

(2015/2154(DEC))

Comisión de Control Presupuestario

Ponente: Martina Dlabajová

1.  PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

1.  PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión

(2015/2154(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(2),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013 (COM(2015)0505) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  Vistos la Comunicación de la Comisión, de 3 de junio de 2015, titulada «Resumen de los logros de la Comisión en materia de gestión en 2014» (COM(2015)0279) y sus anexos,

–  Vistos el Informe anual de la Comisión sobre la evaluación de las finanzas de la Unión basado en los resultados obtenidos (COM(2015)0313) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho Informe (SWD(2015)0124, SWD(2015)0125),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2014 (COM(2015)0441) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho Informe (SWD(2015)0170),

–  Vistos el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de las instituciones(3), y los informes especiales del Tribunal de Cuentas,

–  Vista la declaración(4) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05583/2016 – C8-0042/2016),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de octubre de 2015, al Parlamento Europeo, el Consejo y el Tribunal de Cuentas, titulada «Protección del presupuesto de la UE hasta el final de 2014» (COM(2015) 503 final),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(5) y, en particular, sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Vistos el artículo 93 y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0140/2016),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de ..., sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2014(6);

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas y al Banco Europeo de Inversiones, así como a los Parlamentos nacionales y a las entidades fiscalizadoras nacionales y regionales de los Estados miembros, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2.  PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2014

(2015/2154(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(7),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(8),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural relativas al ejercicio 2014(9),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013 (COM(2015)0505) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2014 (COM(2015)0441) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho Informe (SWD(2015)0170),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural relativas al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de la Agencia(10),

–  Vista la declaración(11) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(12) y, en particular, sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(13) y, en particular, su artículo 14, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(14) y, en particular, su artículo 66, párrafos primero y segundo,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2013/776/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural y se deroga la Decisión 2009/336/CE(15),

–  Vistos el artículo 93 y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0140/2016),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de ..., sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2014(16);

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

3.  PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (anteriormente la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación) para el ejercicio 2014

(2015/2154(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(17),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(18),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (anteriormente la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación) relativas al ejercicio 2014(19),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013 (COM(2015)0505) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2014 (COM(2015)0441) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho Informe (SWD(2015)0170),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (anteriormente la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación) relativas al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de la Agencia(20),

–  Vista la declaración(21) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2015, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(22) y, en particular, sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(23) y, en particular, su artículo 14, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(24) y, en particular, su artículo 66, párrafos primero y segundo,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2013/771/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, por la que se establece la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas y se derogan las Decisiones 2004/20/CE y 2007/372/CE(25),

–  Vistos el artículo 93 y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0140/2016),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (anteriormente la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación) en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de ..., sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2014(26);

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (anteriormente la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación), al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

4.  PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (anteriormente la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación) para el ejercicio 2014

(2015/2154(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(27),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(28),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (anteriormente la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación) relativas al ejercicio 2014(29),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013 (COM(2015)0505) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2014 (COM(2015)0441) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho Informe (SWD(2015)0170),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (anteriormente la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación) relativas al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de la Agencia(30),

–  Vista la declaración(31) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(32) y, en particular, sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(33) y, en particular, su artículo 14, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(34) y, en particular, su artículo 66, párrafos primero y segundo,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2013/770/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación y se deroga la Decisión 2004/858/CE(35),

–  Vista la Decisión de Ejecución 2014/927/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2013/770/UE con objeto de transformar la «Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación» en la «Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación»(36),

–  Vistos el artículo 93 y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0140/2016),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión del director de Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (anteriormente la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación) en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de ..., sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2014(37);

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión, y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (anteriormente la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación), al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

5.  PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2014

(2015/2154(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(38),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(39),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación relativas al ejercicio 2014(40),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013 (COM(2015)0505) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2014 (COM(2015)0441) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho Informe (SWD(2015)0170),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación relativas al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de la Agencia(41),

–  Vista la declaración(42) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(43) y, en particular, sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(44) y, en particular, su artículo 14, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(45) y, en particular, su artículo 66, párrafos primero y segundo,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2013/779/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación y se deroga la Decisión 2008/37/CE(46),

–  Vistos el artículo 93 y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0140/2016),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de ..., sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2014(47);

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión, y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

6.  PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2014

(2015/2154(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(48),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(49),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva de Investigación relativas al ejercicio 2014(50),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013 (COM(2015)0505) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2014 (COM(2015)0441) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho Informe (SWD(2015)0170),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Investigación relativas al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de la Agencia(51),

–  Vista la declaración(52) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(53) y, en particular, sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(54) y, en particular, su artículo 14, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(55) y, en particular, su artículo 66, párrafos primero y segundo,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2013/778/UE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva de Investigación y se deroga la Decisión 2008/46/CE(56),

–  Vistos el artículo 93 y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0140/2016),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva de Investigación en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de ..., sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2014(57);

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión, y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva de Investigación, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

7.  PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (anteriormente la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte) para el ejercicio 2014

(2015/2154(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(58),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(59),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes relativas al ejercicio 2014(60),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013 (COM(2015)0505) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2014 (COM(2015)0441) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho Informe (SWD(2015)0170),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (anteriormente la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte) relativas al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de la Agencia(61),

–  Vista la declaración(62) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(63) y, en particular, sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(64) y, en particular, su artículo 14, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(65) y, en particular, su artículo 66, párrafos primero y segundo,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2013/801/UE de la Comisión, de 23 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes y se deroga la Decisión 2007/60/CE, modificada por la Decisión 2008/593/CE(66),

–  Vistos el artículo 93 y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0140/2016),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (anteriormente la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte) en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de ..., sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2014(67);

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión, y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (anteriormente la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte), al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

8.  PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el cierre de las cuentas del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión

(2015/2154(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(68),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(69),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013 (COM(2015)0505) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  Vistos la Comunicación de la Comisión, de 3 de junio de 2015, titulada «Resumen de los logros de la Comisión en materia de gestión en 2014» (COM(2015)0279) y sus anexos,

–  Vistos el Informe anual de la Comisión sobre la evaluación de las finanzas de la Unión basado en los resultados obtenidos (COM(2015)0313) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho Informe (SWD(2015)0124, SWD(2015)0125),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2014 (COM(2015)0441) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho Informe (SWD(2015)0170),

–  Vistos el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de las instituciones(70), y los informes especiales del Tribunal de Cuentas,

–  Vista la declaración(71) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05583/2016 – C8-0042/2016),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(72),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(73) y, en particular, sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(74) y, en particular, su artículo 14, apartados 2 y 3,

–  Vistos el artículo 93 y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0140/2016),

1.  Aprueba el cierre de las cuentas del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de ..., sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2014(75);

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, así como a los Parlamentos nacionales y a las entidades fiscalizadoras nacionales y regionales de los Estados miembros, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

9.  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

que contiene las observaciones que forman parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas

(2015/2154(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión,

–  Vistas sus Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución de los presupuestos de las agencias ejecutivas para el ejercicio 2014,

–  Vistos el artículo 93 y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0140/2016),

A.  Considerando que el gasto de la Unión contribuye significativamente a la consecución de los objetivos de las políticas y representa por término medio el 1,9 % del gasto público de los Estados miembros de la Unión pero, en algunos casos particulares, más del 10 %;

B.  Considerando que cuando el Parlamento concede la aprobación de la gestión a la Comisión verifica, por una parte, si los fondos se han empleado de forma legal y regular, y, por otra parte, si se han alcanzado los objetivos políticos, se han logrado los resultados adecuados y se han respetado los principios de buena gestión financiera y una «cultura del rendimiento»;

C.  Considerando que el procedimiento de aprobación de la gestión 2014 abarca un año en el que coinciden dos periodos de programación, y que en muchos casos los gastos registrados se refieren al periodo de programación 2007-2013;

D.  Considerando que las principales prioridades de la aprobación de la gestión de la Comisión para 2014 son las siguientes:

a)  adoptar un enfoque reforzado basado en el rendimiento y orientado hacia los resultados a fin de contribuir a un equilibrio entre su forma tradicional y la aplicación de nuevos elementos que reflejen las necesidades actuales y futuras de financiación de la Unión;

b)  centrarse en 2014 como primer año de un nuevo periodo de programación en el que se introducen importantes elementos orientados a los resultados;

c)  definir algunas mejoras en la disponibilidad de los datos y la disposición para evaluar los beneficios reales;

d)  incluir en el proceso de aprobación de la gestión un cierto grado de evaluación de la calidad del marco reglamentario para la asignación de los gastos del presupuesto de la Unión;

e)  enfocar el proceso de aprobación de la gestión no exclusivamente con respecto al ejercicio en cuestión, sino como un proceso continuo, del cual el seguimiento constituye una parte sustancial;

f)  enfocar el proceso de aprobación de la gestión desde la perspectiva de la estrecha relación entre el presupuesto de la Unión y el nuevo paradigma de la política macroeconómica de la Unión(76), teniendo en cuenta el auténtico propósito del presupuesto de la Unión de contribuir a la consecución de los objetivos de las políticas sectoriales de la Unión;

g)   concebir el proceso de aprobación de la gestión como una importante plataforma de recomendaciones políticas que deben aplicarse y ejecutarse en la financiación de la Unión;

E.  Considerando que los nuevos aspectos del nuevo marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020 pertinentes para la aprobación de la gestión de la Comisión para 2014 son:

a)  la concentración temática: la financiación de la Unión debería apoyar únicamente los ámbitos prioritarios, no todo; las prioridades deberían definirse con precisión y estar respaldadas por análisis cuantitativos y planes viables para lograrlas, cuando proceda; el conjunto de prioridades debería ser rigurosamente limitado; las prioridades deberían quedar cubiertas por recursos sustanciales para lograr resultados y beneficios reales;

b)  un enfoque integrado y de base local y sinergias: programas y proyectos deberían aportar no solo sus propios resultados y beneficios, sino que estos resultados y beneficios deberían completar los de otros programas y proyectos a través de sinergias, respetando al mismo tiempo los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad; deberían alcanzarse sinergias dentro de un determinado ámbito territorial; para que este sistema funcione, es importante crear una matriz de gestión que establezca las condiciones adecuadas para proyectos integrados;

c)  condicionalidad y reserva de eficacia: los principios de buena gestión financiera se basan en el hecho de que la financiación de la Unión se asigna en circunstancias nacionales presupuestarias, macroeconómicas e institucionales adecuadas que constituyen una condición previa para la propia financiación; por otra parte, como premio para los buenos cumplidores, se ha introducido una reserva de eficacia;

d)  simplificación: el sistema de financiación de la Unión es extremadamente complicado en varios sentidos, lo que supone un obstáculo para la gestión eficaz y para medir los resultados y beneficios reales;

e)  resultados mejor cuantificados: resulta importante evaluar eficazmente los resultados conseguidos y extraer lecciones políticas de dichas observaciones; es, por lo tanto, fundamental para mejorar la evaluación comparativa y los sistemas de análisis de datos y para que la gestión se centre en estos datos y otros indicadores de mejora;

F.   Considerando que la Comisión tiene la responsabilidad última en la ejecución del presupuesto de la Unión, mientras que los Estados miembros tienen la obligación de cooperar de modo sincero con la Comisión para velar por que los créditos se utilicen de conformidad con el principio de buena gestión financiera; que los Estados miembros, en particular en el contexto de la gestión compartida de los fondos, tienen una responsabilidad particular en la ejecución del presupuesto de la Unión;

G.   Considerando que resulta esencial que, en lo que a la gestión compartida de los fondos se refiere, los datos comunicados por los Estados miembros sean veraces y precisos; y que es fundamental que los Estados miembros comprendan la responsabilidad que tienen en la gestión de los fondos de la Unión en el marco de la gestión compartida;

A.  Capítulos generales

Compromisos de la Comisión en relación con las prioridades para la aprobación de la gestión

1.  Recuerda que, de conformidad con el artículo 319, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: «la Comisión hará todo lo necesario para dar efecto a las observaciones que acompañen a las decisiones de aprobación de la gestión y las demás observaciones del Parlamento Europeo relativas a la ejecución de los gastos, así como a los comentarios que acompañen a las recomendaciones de aprobación adoptadas por el Consejo».

2.  Lamenta que las respuestas de la Comisión sigan siendo ambiguas en lo que a una serie de aspectos se refiere;

3.  Toma nota de la propuesta de la Comisión por la que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013, en relación con la secretaría de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF);

4.  Pide una vez más a la Comisión que presente una comunicación al Parlamento Europeo con tiempo suficiente de cara a la revisión intermedia del marco financiero plurianal que incluya propuestas sobre el modo en el que puede hacerse frente a los retos nuevos y potenciales que requieren apoyo presupuestario por parte de la Unión y explicar como podrá reconciliar en el futuro los objetivos políticos a largo plazo (como la Estrategia Europa 2020) con el futuro marco financiero plurianual posterior a 2020;

5.  Recuerda a la Comisión que el Tribunal de Cuentas Europeo ha venido solicitando desde hace años el establecimiento de un plan a largo plazo sobre el flujo de efectivos; pide a la Comisión que presente dicho plan antes de que finalice 2016;

6.  Pide a la Comisión que revise el Código de Conducta de los Comisarios teniendo en cuenta las solicitudes presentadas en la Resolución de 2014 relativa a la aprobación de la gestión con antelación suficiente de cara al procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión de 2015;

7.  Insta a la Comisión a que no adopte el nuevo marco relativo a los grupos de expertos de la Comisión hasta que se celebre una reunión entre el vicepresidente Timmermans, la defensora del pueblo europeo, diputados al Parlamento Europeo que desempeñan funciones clave y representantes de la sociedad civil para debatir las cuestiones finales relativas a los contenidos de las nuevas normativas horizontales y su puesta en práctica;

8.  Pide a la Comisión que encargue a sus direcciones generales que publiquen todas las recomendaciones específicas por país que han elaborado en el marco del Semestre Europeo en sus respectivos informes anuales de actividad;

Estrategia y misión: continuidad e innovación

9.  Toma nota de la necesidad de respetar los principios de aprobación de la gestión en vigor y los nuevos elementos y principios en el último MFP; observa, por ello, la necesidad de un enfoque innovador para evaluar el primer año del MFP y adaptar mejor el procedimiento de aprobación de la gestión a las nuevas necesidades y los nuevos requisitos del presupuesto de la Unión;

10.  Considera que la principal innovación en el contenido de la aprobación de la gestión debería ser lograr un mejor equilibrio entre, por un lado, los aspectos formales y procedimentales de la utilización del presupuesto de la Unión y, por otro, los enfoques orientados a los resultados y basados en el rendimiento, teniendo en cuenta la utilización de la capacidad de absorción;

11.   Subraya que, en el pasado, el procedimiento de aprobación de la gestión verificaba, en primer lugar, la legalidad y la regularidad de las transacciones financieras; considera asimismo que, en el contexto de la iniciativa de la Comisión denominada «Un presupuesto de la UE centrado en los resultados» y más allá de las verificaciones mencionadas, en el futuro debería hacerse mayor hincapié en la tarea de comprobar si los resultados alcanzados por los proyectos y los programas coinciden con los objetivos que se pretendían;

12.   Observa que la aprobación de la gestión aspira a crear un enfoque común respecto a los elementos particulares de la política presupuestaria de la UE, en especial aquellos que se han introducido por primera vez, a saber, los aspectos de rendimiento y los relacionados con la prevención y la capacidad correctora de los sistemas de supervisión y control;

13.   Considera que un presupuesto orientado a los resultados requiere unos indicadores sólidos y comúnmente acordados; observa, no obstante, que dichos indicadores todavía han de ser acordados con los colegisladores, la Comisión y, a través de amplias consultas, con las autoridades de los Estados miembros y otras partes interesadas; celebra, en este sentido, el establecimiento de un grupo de trabajo interinstitucional sobre la planificación presupuestaria basada en los resultados, que inició su labor recientemente; anima a todas las partes implicadas a acelerar su trabajo garantizando a la vez la alta calidad del conjunto de indicadores acordado;

14.   Subraya que el principal objetivo del presupuesto de la Unión es beneficiar a sus ciudadanos y, al mismo tiempo, proteger los intereses financieros de la UE y cumplir con las obligaciones y objetivos de los Tratados; recuerda que los beneficios consisten en un apoyo destinado al desarrollo y las prioridades actuales compatibles con el actual contexto de la política económica y el rendimiento económico, teniendo en cuenta además la necesaria flexibilidad para nuevas situaciones sobrevenidas y emergencias; estima que la protección de los intereses financieros de la Unión requiere la correcta utilización de los gastos acorde con normas y sin errores ni fraudes; recuerda que el enfoque de la aprobación de la gestión debe contribuir a alcanzar un equilibrio entre estos elementos;

15.   Hace hincapié, además, en la obligación de la Comisión de velar por la correcta aplicación del Derecho de la Unión, con arreglo al artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE), y pide al Tribunal de Cuentas que elabore un informe especial para evaluar si la Comisión ha utilizado correctamente sus competencias para apoyar y controlar a los Estados miembros en el contexto de la ejecución del Derecho de la Unión;

Obtener resultados con el presupuesto de la UE

16.  Señala que el principio clave para la aprobación de la gestión de la Comisión para 2014 es la solidez de los flujos financieros y de los programas y proyectos concretos subyacentes, desde la perspectiva de una evaluación de la utilización óptima de los fondos de la Unión en todos los sentidos;

17.  Acoge con satisfacción el hecho de que la estructura y el contenido del Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2014 («el Tribunal») siga las rúbricas del MFP y haga mayor hincapié en el rendimiento y en los resultados; aprecia que los capítulos del informe sobre gestión compartida incluyan, como ejercicio piloto, los resultados preliminares de la evaluación del rendimiento de los programas;

18.  Es consciente de que el aumento de las auditorías de resultados no puede lograrse en una sola fase, puesto que estas solo pueden llevarse a cabo una vez que los actos jurídicos de base y el presupuesto se elaboran con la intención de adaptar los objetivos políticos a los indicadores cualitativos o de producir resultados mensurables;

19.  Considera, en este contexto, que el MFP representa un importante paso adelante al introducir condiciones ex ante, reservas de eficacia y más posibilidades de simplificación y sinergias entre fondos;

20.  Señala que, puesto que los periodos cubiertos por la estrategia de la Unión para diez años y su periodo presupuestario de siete años no se corresponden, la capacidad de la Comisión para supervisar la contribución del presupuesto de la UE a la Estrategia Europa 2020 se limita a la primera mitad del periodo de la estrategia, aunque estén disponibles todos los datos necesarios para efectuar controles anuales;

21.   Recuerda, no obstante, que los objetivos y el presupuesto de resultados deben ajustarse a los objetivos de los Tratados, a la Estrategia Europa 2020 y a las políticas sectoriales y de cohesión y contar con la suficiente flexibilidad para poder adaptarse a las situaciones de emergencia sobrevenidas como la crisis económica y/o la crisis de los refugiados;

22.   Toma nota de que, en 2014, el índice de absorción de algunos programas, fondos e instrumentos del MFP 2014-2020 fue nulo debido a la adopción tardía de la reglamentación pertinente y la consiguiente aprobación tardía del Derecho derivado y los documentos de programación;

23.   Recuerda que el marco financiero plurianual 2014-2020 es el primero en poner a disposición menos recursos presupuestarios que los marcos anteriores y que la presión sobre los límites máximos de pago es mucho mayor que en los marcos financieros plurianuales anteriores;

24.  Recuerda que en sus resoluciones(77) que acompañan a la decisión de aprobación de la gestión, el Parlamento Europeo, desde 2013, pide a la Comisión que centre su aplicación del artículo 318 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en cuanto a su informe de evaluación, en la aplicación de la estrategia decenal de la Unión en materia de crecimiento y empleo y su rendimiento y resultados reales; acoge con satisfacción que el Tribunal haya optado por concentrarse, en el capítulo 3 de su Informe Anual relativo al ejercicio 2014, en la Estrategia Europa 2020, y solicita al Tribunal que mantenga y desarrolle este enfoque orientado al rendimiento y los resultados;

25.   Destaca que la arquitectura de la Estrategia Europa 2020 es extremadamente compleja (comprende cinco objetivos principales, siete iniciativas emblemáticas y once objetivos temáticos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos —«Fondos EIE»—); observa que estos distintos instrumentos no estén diseñados para trasladar los objetivos políticos de la estrategia en objetivos operativos prácticos mediante sinergías;

26.  Lamenta que, a pesar de algunos progresos mencionados por el Tribunal en su Informe Anual relativo al ejercicio 2014(78), hasta la fecha la Comisión ha informado solo acerca de la contribución del presupuesto de la Unión a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 (con arreglo al artículo 318 del TFUE) en un informe de evaluación de manera limitada; señala que el MFP 2007-2013 no exige una información completa sobre la contribución del presupuesto de la Unión a los objetivos de la Estrategia Europa 2020, tal como se preveía antes de su adopción;

27.  Acoge con satisfacción que existan algunos elementos de un sistema eficaz de seguimiento y presentación de informes, en particular en lo que se refiere a los instrumentos estadísticos creados por Eurostat, pero lamenta que la Comisión retrase la revisión de la Estrategia Europa 2020 hasta principios de 2016 y que los resultados de la consulta pública sobre esta estrategia no proporcionen ninguna información sustancial acerca del papel de la financiación de la Unión;

28.   Lamenta que los objetivos de alto nivel de la Estrategia Europa 2020 no se traduzcan sistemáticamente en objetivos operativos en los acuerdos de asociación y los programas; observa que la legislación actual no exige que el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) se estructuren en torno a objetivos temáticos;

29.   Recuerda, tal y como reconoce la Comisión en sus respuestas a las observaciones del Tribunal(79), que los objetivos de la Unión se definen asimismo en los Tratados, objetivos que deben perseguirse y respetarse (por ejemplo, la política agrícola común) y que en este contexto, el presupuesto de la Unión se asigna a las diversas actividades y se adapta, en la medida de lo posible, al cambio de prioridades principales de la Unión (a saber la Estrategia de Lisboa, la Estrategia Europa 2020);

30.  Lamenta que no se hayan explotado todavía los posibles beneficios derivados de la consecución de sinergias entre los cinco Fondos EIE situándolos en una misma estructura marco normativa y de gestión y un acuerdo de asociación por Estado miembro, y que sigan aplicándose normas distintas en el ámbito de los fondos y, por tanto, de los programas; hace hincapié en que solo deben adoptarse los acuerdos de asociación y los programas que se hayan examinado detenidamente, con el fin de garantizar una aplicación eficaz de los Fondos EIE;

31.   Espera que la Comisión informe sobre la contribución del presupuesto de la Unión a la consecución de los objetivos dela Estrategia Europa 2020; reconoce que no es tarea fácil informar sistemáticamente sobre los objetivos temáticos para los cinco Fondos EIE y, por lo tanto, sobre la contribución de estos fondos a la Estrategia Europa 2020; observa que la Comisión debe presentar en 2017 el primer informe estratégico sobre la contribución a la Estrategia Europa 2020;

32.   Subraya, no obstante, que tres cuartos de los proyectos en el marco de los Fondos Estructurales alcanzaron sus objetivos políticos total o parcialmente y que solo en el 2 % de los casos no se alcanzó ninguno de los objetivos fijados en el programa operativo o en el acuerdo de subvención;

33.   Toma nota de que el Tribunal se ha centrado principalmente en analizar la coherencia de los acuerdos de asociación de los Estados miembros respecto a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 como requisito previo para obtener mejores resultados; pide al Tribunal que, en su próximo informe anual, informe acerca de la traducción de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en los resultados esperados en el marco de otros programas y fondos administrados directamente por la Comisión;

34.  Señala que la introducción de indicadores comunes de rendimiento para cada fondo sería un paso importante, si bien lamenta que:

a)   los Estados miembros no estarán obligados a incluir indicadores comunes en sus programas, con excepción de la Iniciativa de Empleo Juvenil y del Feader, y las evaluaciones basadas en resultados no forman parte de la fase de control inicial en los Estados miembros;

b)   salvo en el caso de dos fondos (el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, y el Fondo de Cohesión), los indicadores comunes no son compartidos entre distintos fondos;

c)  solo existen hitos para el marco de rendimiento, mientras que los objetivos carecen de ambición;

d)   la Comisión sigue teniendo una capacidad de control y evaluación de los rendimientos limitada;

35.   Toma nota de que, según el Tribunal, existen deficiencias inherentes en el marco de rendimiento del Reglamento sobre disposiciones comunes relativas a los Fondos(80) , pues la falta de resultados no conduce a la pérdida de la reserva de eficacia para los Estados miembros y las sanciones financieras de que dispone la Comisión son limitadas; considera, sin embargo, que, antes de pedir sanciones, es necesario establecer un sistema mejor de medición del rendimiento y que las posibles sanciones han de ir precedidas de un proceso para ayudar a los Estados miembros a aumentar el rendimiento;

36.   Pide a la Comisión que utilice en mayor medida las posibilidades que ofrece la legislación vigente en lo relativo a la reserva de eficacia, de manera que se cree realmente un incentivo financiero para mejorar la gestión financiera en la práctica; pide además que se refuerce la reserva de eficacia como instrumento incrementando el componente vinculado a la eficacia en la próxima revisión de la legislación(81);

37.  Toma nota de que las orientaciones elaboradas por los servicios centrales de la Comisión han mejorado en la presentación anual de informes sobre el rendimiento de las direcciones generales, pero reitera que los objetivos de estas no son adecuados a efectos de gestión, y que sigue habiendo problemas con los indicadores de seguimiento del rendimiento; señala también que todos los indicadores establecidos en los años precedentes para medir los avances de las reformas de la Estrategia Europa 2020, tanto a escala nacional como de la Unión, se han eliminado del Informe anual de actividades de la Secretaría General de la Comisión en 2014 y se han incluido, en cambio, en los planes de gestión y en los informes anuales de actividades de las direcciones generales operativas;

38.  Pide a la Comisión que considere presentar propuestas con vistas a:

a)   adecuar mejor el MFP a la Estrategia Europa 2020 y proponer una revisión del mismo, si es necesaria, para que se ajuste más a la Estrategia Europa 2020;

b)  reflejar los objetivos políticos de alto nivel de la Estrategia Europa 2020 en los objetivos de la Unión;

c)  garantizar que los acuerdos de asociación y los programas plasman los objetivos de la Unión en objetivos temáticos que pueden vincularse a objetivos operativos a escala de los Estados miembros o en programas gestionados directamente por la Comisión;

39.  Pide a la Comisión que proponga al legislador que:

a)  los Estados miembros incluyan en sus programas y acuerdos de asociación una declaración de los resultados cuantificables que se pretende lograr con la financiación, si procede;

b)  todos los programas y acuerdos de asociación incluyan indicadores comunes de resultados, posiblemente compartidos por diferentes fondos, que hayan sido concebidos para controlar los avances registrados a escala local, nacional y de la Unión;

c)  el marco de rendimiento se base, en la medida de lo posible, en estos indicadores de resultados comunes;

40.  Pide a la Comisión que incluya en los próximos informes de evaluación previstos en el artículo 318 del TFUE un análisis de la eficiencia, la eficacia y los resultados logrados en términos de crecimiento y creación de empleo con el plan de inversiones de 315 000 millones EUR anunciado por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, el 26 de noviembre de 2014 en la sesión plenaria del Parlamento;

Seguimiento de la aprobación de la gestión de la Comisión 2013

41.  Lamenta que el porcentaje de error global se mantenga prácticamente en el mismo nivel y que los pagos sigan conteniendo errores materiales;

Capítulo

2013

2014

Operaciones

Porcentaje de error(82)

Operaciones

/ EUR

Porcentaje de error

Ingresos

55

0,0%

55

0,0%

Competitividad, investigación, educación, transporte y otros programas

160

4,0%

166 / 57 500 millones

5,6 %

Cohesión

343

5,3 %

331 / 55 700 millones

5,7 %

Política regional y urbana

168

6,4 %

161

6,1 %

Política de empleo y asuntos sociales

175

3,1 %

170

3,7 %

Recursos naturales

360

4,4 %

359 / 57 500 millones

3,6 %

FEAGA: medidas de mercado y ayudas directas

180

3,6 %

183

2,9 %

Desarrollo rural, medio ambiente, acción por el clima y pesca

180

7,0 %

176

6,2 %

Europa global

182

2,1 %

172 / 7 400 millones

2,7 %

Administración

135

1,1 %

129 / 8 800 millones

0,5 %

Total

1.180

4,5 %

1 157 / 142 400 millones

4,4 %

42.   Lamenta que persistan la falta de fiabilidad de los controles de primer nivel ejecutados por los Estados miembros en la gestión compartida y las deficiencias en la exclusión de las tierras no subvencionables del sistema de identificación de parcelas (SIP); señala que, según el Informe anual del Tribunal relativo al ejercicio 2014, los niveles de error estimados tanto en los gastos de gestión compartida como en las restantes formas de gastos operativo (que en su mayoría son gestionados directamente por la Comisión) ascienden al 4,6 %; señala, no obstante, que se había llevado a cabo una labor considerable de corrección;

43.  Observa con preocupación que la aplicación de las recomendaciones y los requisitos siguientes de la aprobación de la gestión de la Comisión para 2013 sigue pendiente:

a)  un sistema de sanciones si los Estados miembros transmiten información y declaraciones incorrectas sobre los programas, así como la notificación falsa o incorrecta por parte de organismos pagadores, en particular en los tres vectores de estadísticas de inspección, declaraciones de los organismos pagadores y trabajo realizado por los órganos de certificación;

b)   publicación, en caso de haber decidido presentarlas voluntariamente, no solo de las declaraciones nacionales, sino también de los resúmenes anuales y las declaraciones de gestión, como «documentos confidenciales» cuando proceda, con el fin de dar una visión más precisa y lograr una mejora real en la gestión financiera; a pesar de que, habida cuenta de las diferencias existentes entre los distintos Estados miembros en lo que respecta tanto a las estructuras estatales como a la responsabilidad política de las diferentes autoridades nacionales, todavía no está clara la eficacia de estas medidas;

c)  análisis e información sobre los resultados preliminares logrados por el plan de inversiones para Europa anunciado por el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker en noviembre de 2014 ante el Parlamento Europeo;

44.  Observa con preocupación que, de las 65 recomendaciones del Tribunal formuladas en los años 2011-2012, solo se ejecutaron plenamente 20 recomendaciones, 26 recomendaciones se aplican en la mayoría de los aspectos y 19 se están aplicando en ciertos aspectos; pide a la Comisión que apruebe las recomendaciones y los requisitos del Parlamento y siga aplicando las recomendaciones del Tribunal;

45.   Hace hincapié en la insatisfacción que provoca en el Parlamento que el desenlace de un procedimiento contradictorio sea que la Comisión y el Tribunal saquen conclusiones diferentes; pide, por lo tanto, a ambas instituciones que eviten este tipo de resultados;

46.   Pide a la Comisión un plan de acción con plazos y objetivos para reforzar la prevención de esos errores recurrentes;

Posición del Tribunal: declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal

47.  Celebra que el Tribunal haya emitido una opinión sin reservas sobre la fiabilidad de las cuentas de 2014, tal como ha venido haciendo desde 2007, y que el Tribunal haya concluido que los ingresos estaban exentos de errores materiales en 2014; observa con satisfacción que los compromisos subyacentes a las cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2014 son legales y regulares en todos los aspectos significativos;

48.  Toma nota de que los resultados globales se corresponden, en general, con las observaciones anteriores del Tribunal;

49.  Lamenta que durante 21 años consecutivos, los pagos han sido objeto de errores significativos debidos a la eficacia parcial de los sistemas de supervisión y control;

50.  Lamenta que los pagos adolezcan de un porcentaje de error más probable del 4,4 %; recuerda que el porcentaje de error más probable para los pagos se estimó en un 4,7 % en el ejercicio financiero 2013, en un 4,8 % en el ejercicio 2012 y enun 3,9 % en el ejercicio 2011(83); señala que, entre otros, los niveles de error más elevados se detectaron en el gasto en favor de la cohesión económica, social y territorial (5,7 %) y competitividad para el crecimiento y el empleo (5,6 %); indica, por otra parte, que los gastos administrativos están relacionados con las estimaciones más bajas de errores detectados (0,5 %);

51.  Se pregunta si el porcentaje de error para transacciones concretas dispone de una base comparable y, por lo tanto, debe servir de referencia comparable; observa que el porcentaje de error para los sistemas de reembolso de costes (5,5 %) se basa en la subvencionabilidad de los costes en comparación con los programas basados en derechos (2,7 %), en los que se fundamenta únicamente en la necesidad de cumplir una serie de condiciones;

52.   Toma nota de que, si las medidas correctoras adoptadas por los Estados miembros y la Comisión no se hubieran aplicado a los pagos auditados por el Tribunal, el nivel de error estimado global habría sido del 5,5 % en vez del 4,4 %; insta, por tanto, a la Comisión, a las autoridades de los Estados miembros o a los auditores independientes a que hagan uso de toda la información que tengan a su disposición al objeto de prevenir, detectar y corregir errores;

53.   Destaca que, para los gastos operativos, el nivel de error estimado para los gastos en gestión compartida con los Estados miembros asciende a 4,6 % (4,9 % en 2013), que sigue siendo excesivamente elevado; expresa su preocupación por que para las demás formas de gastos operativos en los que la Comisión desempeña un papel destacado este nivel de error estimado se haya disparado hasta el 4,6 % (3,7 % en 2013);

54.  Toma nota de que la Comisión reconoce que el gasto está afectado por un nivel material de error, pues presenta en su informe de síntesis para 2014 que el importe en situación de riesgo va de 3 700 a 5 000 millones EUR, lo que representa entre el 2,6 % y el 3,5 % de los pagos; señala que la Comisión calcula que, en años venideros, detectará y corregirá los errores por un total de aproximadamente 2 700 millones EUR;

55.  Comparte la opinión del Tribunal de que, a pesar de las mejoras introducidas en el análisis de los efectos de las medidas correctoras, la Comisión no ha eliminado el riesgo de que estos efectos estén sobreestimados o presenten una relevancia limitada(84);

56.  Considera que, en más de tres cuartas partes de los gastos de 2014, las direcciones generales de la Comisión basan sus estimaciones del importe en situación de riesgo en los datos proporcionados por las autoridades nacionales; observa que la Comisión señala en su informe de síntesis que la fiabilidad de los informes de control de los Estados miembros sigue siendo un reto;

57.  Toma nota de que, para 12 direcciones generales de la Comisión, la capacidad correctora estimada es superior al importe estimado en situación de riesgo, lo que refleja el carácter plurianual de los sistemas de corrección;

58.   Pide a la Comisión que revise el método de cálculo de la capacidad correctora a tiempo para el procedimiento de aprobación de la gestión del ejercicio 2015;

59.   Señala que cada vez que la Comisión tenga pruebas de una capacidad de absorción reducida por parte de los Estados miembros, deberá evaluar todas las disposiciones de flexibilidad del Reglamento del MFP y, en primer lugar, proponer medidas para superar las insuficiencias relativas a dicha capacidad antes de adoptar otras decisiones;

60.  Recuerda que más de dos tercios de las correcciones financieras registradas para la cohesión en 2014 son casos en los que las autoridades de los Estados miembros retiraron los gastos declarados y los sustituyeron por nuevos gastos; celebra que este procedimiento sea limitado en el periodo de programación 2014-2020;

61.  Pide a la Comisión que, en cooperación con los Estados miembros, determine, para cada ámbito político y en el presupuesto de la Unión en su conjunto, el nivel de error que subsiste después de aplicar todas las medidas correctoras, teniendo en cuenta el carácter plurianual de los programas;

62.   Solicita a la Comisión que aplique estrictamente el artículo 32, apartado 5, del nuevo Reglamento Financiero en caso de que el nivel de error sea persistentemente elevado, y que, en este contexto, determine las carencias en los sistemas de control, analice los costes y los beneficios de las posibles medidas correctoras, y adopte o proponga medidas necesarias en términos de simplificación, mejora de los sistemas de control y nueva configuración del programa o de los sistemas de entrega antes de la revisión intermedia del período de programación 2014-2020;

63.   Destaca la observación del Tribunal en el sentido de que, si la Comisión, las autoridades de los Estados miembros o las auditorías independientes hubieran utilizado toda la información de que disponían, deberían haber estado en condiciones de evitar, detectar o corregir una proporción significativa de los errores antes de que se cometieran; manifiesta su preocupación por el hecho de que la Comisión haya admitido que se tarda al menos diez años en corregir errores; señala que, si se hubiera utilizado toda la información de la que se disponía, se podría haber disminuido el nivel de error en un 3,3 % tanto en la política regional y urbana (6,1 %) como en «Desarrollo rural, medio ambiente, acción por el clima y pesca» (6,2 %); subraya que, si se hubiera utilizado toda la información de la que se disponía, se podría haber disminuido el nivel de error en un 2,8 % en «Competitividad para el crecimiento y el empleo», gestionada directamente por la Comisión;

64.   Observa que en 2014 se hizo más hincapié en la planificación presupuestaria basada en los resultados y en el análisis, lo que vino acompañado de un cambio en los planteamientos metodológicos; destaca, en este sentido, la necesidad de un estudio claro y transparente de la contribución del presupuesto de la Unión para 2014 a los resultados logrados en relación con la Estrategia Europa 2020 y los objetivos de las políticas sectoriales;

65.  Señala también que la práctica de los informes anuales de actividad tienen como objetivo detectar los resultados derivados de las intervenciones, pero que parece seguir atendiendo a la producción y no a los resultados;

66.   Respalda las reservas emitidas en su Informe anual de actividades por el director general de Política Regional y Urbana en cuanto a los sistemas de gestión y control del FEDER/Fondo de Cohesión para el periodo de programación 2007-2013 en doce Estados miembros (setenta y siete programas) y programas de cooperación territorial europea; considera que dichas reservas son la prueba de que los procedimientos de control establecidos en la Comisión y los Estados miembros no pueden ofrecer las garantías necesarias en lo que se refiere a la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes en los ámbitos políticos correspondientes;

67.   Respalda las reservas emitidas en su Informe anual de actividades por el director general de Agricultura y Desarrollo Rural;

–  ABB02 – Gasto correspondiente a medidas de mercado: 77,7 millones EUR en situación de riesgo; cuatro regímenes de ayuda en siete Estados miembros (con ocho reservas): España, Francia (por dos medidas de ayuda), los Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía y el Reino Unido;

–  ABB03 – Pagos directos: 831,6 millones EUR en situación de riesgo; quince organismos pagadores en seis Estados miembros: Grecia, España (diez organismos pagadores), Francia, Hungría, Portugal y el Reino Unido (RPA, en Inglaterra);

–   ABB04 – Gasto en desarrollo rural: 532,5 millones EUR en situación de riesgo; veintiocho organismos pagadores en dieciséis Estados miembros: Bulgaria, Dinamarca, Alemania (tres organismos pagadores), Grecia, España (seis organismos pagadores), Francia (dos organismos pagadores), Italia (cuatro organismos pagadores), Letonia, Lituania, Hungría, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia y el Reino Unido (dos organismos pagadores);

–  ABB05 – Ayuda de IPARD para Turquía: 5,07 millones EUR en situación de riesgo;

considera que dichas reservas son la prueba de que los procedimientos de control establecidos en la Comisión y los Estados miembros no pueden ofrecer las garantías necesarias en lo que se refiere a la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes en los ámbitos políticos correspondientes;

68.   Respalda las reservas emitidas en su Informe anual de actividades por el director general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión; observa que su Informe anual de actividades contiene una reserva en lo que se refiere a los pagos realizados para el periodo de programación 2007-2013 con un importe de 169,4 millones EUR en situación de riesgo en 2014 en lo que se refiere a sistemas de gestión y control en treinta y seis programas operativos del Fondo Social Europeo (FSE) en Bélgica, la República Checa, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Rumanía, Eslovaquia, España y el Reino Unido para el periodo de programación 2007-2013; considera que dichas reservas son la prueba de que los procedimientos de control establecidos en la Comisión y los Estados miembros no pueden ofrecer las garantías necesarias en lo que se refiere a la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes en los ámbitos políticos correspondientes;

69.   Pide al director general de Cooperación Internacional y Desarrollo que ofrezca en su Informe anual de actividades una garantía más diferenciada en función del riesgo y, posteriormente, dirija una mayor parte de sus recursos de control a ámbitos en los que haya reservas específicas;

70.  Pide al Consejo que adopte una posición más vigilante en cuanto a la aprobación de la gestión y acoge con satisfacción la actitud crítica que han adoptado Suecia y el Reino Unido al pedir a la Comisión y al Tribunal que:

–   presten especial atención a los ámbitos y los beneficiarios con un alto riesgo de errores en vez de aumentar el número de controles para todos;

–   se centren en los controles ex ante en vez de en en los ex post;

–   mantengan los límites máximos de pago acordados por unanimidad, en particular manteniendo la disciplina fiscal con respecto a los compromisos, liberando efectivamente los créditos no utilizados para permitir el acceso a nuevas prioridades y programas, aumentando la transparencia con la presentación de previsiones a largo plazo, garantizando el equilibrio entre los compromisos y los pagos y reduciendo los saldos de caja excesivos en los instrumentos financieros, dado que más de 14 000 millones EUR de fondos no utilizados siguen bloqueados en estos instrumentos, cantidad que podría utilizarse para necesidades y prioridades más urgentes;

acoge con satisfacción, asimismo, que Suecia y el Reino Unido hayan instado a las autoridades de los Estados miembros a que utilicen mejor la información disponible para prevenir, detectar y corregir los errores antes de declarar el gasto a la Comisión;

Resumen

71.  Llega a la conclusión de que la aprobación de la gestión:

a)   da prioridad a un enfoque equilibrado entre los métodos tradicionales y un mayor énfasis en el rendimiento y en los resultados, teniendo en cualquier caso presentes las obligaciones derivadas de los Tratados, de las políticas sectoriales y de la flexibilidad necesaria para hacer frente a imprevistos;

b)  requiere mejoras con respecto a la disponibilidad y la gestión de datos para determinar el rendimiento y los resultados;

c)   reconoce un vínculo reforzado del presupuesto de la Unión con las estrategias y los conceptos políticos más importantes de la Unión (como la Estrategia Europa 2020), así como con la correlación entre estos y políticas sectoriales fundamentales;

d)  respeta la mejora de los métodos de gestión y control de acuerdo con los principios de la buena gestión financiera;

e)  facilita margen para desarrollar las observaciones de las anteriores aprobaciones de la gestión en forma de un seguimiento periódico;

f)   lamenta el incremento significativo del error en los gastos operativos que gestiona directamente la Comisión que han llevado a igualar por primera vez el nivel de error del gasto en gestión compartida con los Estados miembros;

B.  Capítulos específicos

Gestión presupuestaria y financiera general

72.  Señala que la buena gestión financiera tiene que ver con los resultados reales de las intervenciones presupuestarias de la Unión, siempre y cuando, naturalmente, respeten las normas de legalidad y regularidad y aporten valor añadido al presupuesto de la Unión desde la perspectiva de la Unión; destaca que es necesario reducir al máximo el porcentaje de error y los casos de fraude como condición previa para seguir los principios de la buena gestión financiera;

73.   Subraya que el porcentaje de error no es necesariamente un indicador de fraude, de ineficacia, o de despilfarro, sino una estimación de los flujos financieros que no deberían haberse pagado al no haber sido utilizados de acuerdo con las normas y las reglamentaciones; hace hincapié, no obstante, en que el gran aumento en errores graves en el marco de los procedimientos de contratación pública es motivo de gran preocupación, puesto que los Estados miembros llevan años trabajando con la normativa vigente al respecto y, si ya tienen problemas con esta, no resulta halagüeña la perspectiva de cuando tengan que adaptar la legislación y procedimientos nacionales a las nuevas directivas en materia de contratación pública y concesiones; es consciente de que la comprensión del porcentaje de error por parte de la ciudadanía europea dista de ser perfecta y pide al Tribuna que, ante esta situación, abra un debate con la Comisión al objeto de detectar posibles deficiencias metodológicas y acordar normas comunes para la comunicación de este porcentaje;

74.  Recomienda que las normas y reglamentaciones se verifiquen a través de un proceso de evaluación de las repercusiones de la legislación(85) para examinar su compatibilidad y capacidad de responder a las necesidades y los objetivos de la Unión, como en el caso del sistema de reembolso de costes, mientras que el ejemplo más típico de errores incluye pagos por costes no subvencionables (41 %) y errores en las contrataciones públicas (27 %); observa que estos errores pueden ser diferentes a un fraude o a un acto de engaño deliberado para obtener beneficios;

75.   Llama la atención a este respecto sobre el hecho de que la ejecución del presupuesto de la Unión para el ejercicio 2014 tuvo lugar en un marco normativo heterogéneo, dado que ese año fueron dos los marcos vigentes los correspondientes a los períodos 2007-2013 y a 2014-2020;

76.   Señala, por tanto, que es correcto y conveniente distinguir entre diferentes tipos de porcentajes de error relacionados con los diferentes tipos de gasto presupuestario de la Unión, dado que estos se asignan en virtud de diferentes criterios, lo que dificulta su comparación;

77.   Toma nota de que, en sus esfuerzos por apoyar una cultura reforzada de rendimiento, el Tribunal, en su Informe Anual relativo al ejercicio 2014, presta una gran atención a las cuestiones relativas al rendimiento del presupuesto de la Unión, habiendo examinado en el marco de un proyecto piloto la complementariedad real entre los fondos de la Unión y la Estrategia Europa 2020; toma nota de que el Tribunal ha subrayado e identificado una interconexión escasa y débil entre los acuerdos de asociación / programas operativos y la Estrategia Europa 2020; llama la atención, no obstante, sobre el hecho de que esta complementariedad debe plantearse dentro del contexto general de las misiones específicas de cada Fondo de acuerdo con sus objetivos basados en el Tratado, incluida la cohesión económica, social y territorial;

78.   Manifiesta su preocupación por el porcentaje de absorción de fondos en los Estados miembros, que varía entre el 50 y el 92 %; pide a la Comisión que presente un análisis pormenorizado de las razones por las que algunas regiones siguen mostrando bajos porcentajes de absorción y que evalúe las vías específicas para solucionar los problemas estructurales que subyacen bajo estos desequilibrios;

79.   Celebra el carácter innovador del Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2014 que incluye un enfoque basado en resultados y rendimiento, evaluando la aplicación y la orientación de las intervenciones presupuestarias de la Unión teniendo en cuenta las prioridades de la Estrategia Europa 2020; considera que este concepto del enfoque basado en los resultados y el rendimiento debería aplicarse en los próximos años, cuando se elaboren las recomendaciones específicas por países en el contexto del Semestre Europeo;

80.  Subraya que las observaciones y conclusiones del Tribunal destacan la necesidad de aplicar medidas para mejorar el rendimiento presupuestario y las normas de gestión compartida;

Rendimiento presupuestario

81.  Observa que por rendimiento presupuestario se entiende la necesidad de prestar la debida atención a los gastos presupuestarios de la Unión destinados a las prioridades reales de la Unión para el periodo en cuestión;

82.  Destaca que la cultura de rendimiento se basa en tres pilares clave: la estrategia, la simplificación, y el procedimiento presupuestario;

83.   Recomienda una continuación del proceso de simplificación tanto de los procedimientos como del contenido presupuestario que conduzcan a una reducción de las cargas administrativas excesivas y a limitar la sobrerregulación en determinados Estados miembros; subraya que el proceso de simplificación no debería suponer ni una desregulación ni el abandono de los mecanismos y procedimientos de control, es decir, las auditorías ex ante; subraya que la simplificación no debería entrañar cambios excesivamente frecuentes en el marco normativo, lo que acarrearía cargas añadidas para la administración y los beneficiarios y, por ende, obstaculizaría los avances positivos que se buscan con esta simplificación; celebra la existencia del grupo de alto nivel creado por la Comisión y espera con interés los resultados;

84.  Recomienda una mejora en el procedimiento presupuestario en términos de información y gestión del rendimiento, incluida la rentabilidad de los controles, la declaración de fiabilidad y la aprobación de la gestión, las bases de datos de proyectos y la comunicación;

85.   Pide a la Comisión que refuerce la comunicación y la colaboración entre los distintos agentes que intervienen en la planificación presupuestaria, la ejecución y la aprobación de la gestión, y con el público en general, mediante la armonización de las expectativas, la puesta en común de experiencias sobre la aplicación y la elaboración de informes sobre la consecución de resultados;

86.   Invita a la Comisión a que se plantee utilizar herramientas como los medios sociales de comunicación, las encuestas y los grupos temáticos para medir el grado de información del gran público y evaluar maneras de mejorar sus estrategias de comunicación en el futuro en lo que respecta a las consecuencias de los proyectos para la ciudadanía;

87.   Acoge con satisfacción el nuevo Grupo de trabajo interinstitucional sobre una presupuestación basada en los resultados con vistas a llegar a un consenso en cuanto a los principios de la presupuestación basada en el rendimiento y orientada a los resultados;

88.  Recomienda la introducción de mejoras correspondientes en ámbitos como la adecuación de la intensidad de los controles al riesgo, la cartografía de las comunicaciones sobre el rendimiento o la fiabilidad de los resultados de los controles comunicados por los Estados miembros;

89.  Toma nota de que la Comisión ha creado una enorme capacidad analítica, centrada principalmente en sectores de relevancia para las distintas DG, sin analizar cuestiones horizontales, multidisciplinarias y los resultados reales de sus políticas (co)financiadas por el presupuesto de la Unión;

90.  Recomienda centrar la atención en el enfoque basado en el rendimiento y en la cuestión de las imperfecciones/fallos del mercado, ya que este enfoque ayuda a centrar las intervenciones de financiación de la Unión en ámbitos en los que mejor se cumplen los criterios de economía, rentabilidad y eficacia; señala que el diseño debería adaptarse a un conjunto de tipos diferentes de imperfecciones/fallos del mercado, uno relacionado con la asimetría de la información y el otro relacionado con las evaluaciones de rendimiento comercial que, en general, no incluyen todas las externalidades positivas y beneficios sociales más amplios, mientras que ambos están justificadamente apoyados por fondos de la Unión;

91.  Propone que la Comisión adopte un criterio basado en lo que podría haber ocurrido si el proyecto o la actividad en cuestión se hubiera llevado a cabo o no se hubiera beneficiado de la financiación de la Unión, a la hora de evaluar el valor añadido de la Unión;

92.   Pide que se aclare con urgencia la cantidad de dinero abonada a partir de los fondos de la Unión a las empresas de medios de comunicación en cada uno de los Estados miembros y qué empresas concretas han recibido pagos, así como si la razón fue dar a conocer estos fondos u otra;

Gestión compartida

93.   Recuerda que una gran responsabilidad para la correcta asignación del presupuesto de la Unión recae en los Estados miembros, ya que el 76 % de los gastos se gasta en régimen de gestión compartida; hace por tanto hincapié en la importante responsabilidad que recae en los Estados miembros a la hora de ejecutar correcta y legalmente el presupuesto de la Unión cuando son responsables de la gestión de fondos de la Unión;

94.  Destaca que un elemento clave para la correcta asignación es una definición correcta de las necesidades de la Unión en combinación con las prioridades de desarrollo de los Estados miembros;

95.   Subraya que cuanto más se esfuercen los Estados miembros en cumplir los objetivos nacionales y cuantificados de la Estrategia Europa 2020, mejor se podrán orientar los gastos presupuestarios de la Unión a objetivos concretos y mejor reflejarán esos objetivos las verdaderas necesidades económicas, sociales, territoriales y medioambientales, y mejor podrá garantizar la Unión un entorno para una buena gestión financiera; en este contexto, recomienda la creación de una plataforma permanente formada por la Comisión, representantes de los Gobiernos nacionales, incluidas las representaciones permanentes ante la Unión, y los gobiernos y autoridades regionales;

96.   Comparte la conclusión del Tribunal de que la Comisión, las autoridades nacionales y los auditores independientes deben utilizar todos los datos pertinentes disponibles para prevenir o detectar y corregir los errores antes del reembolso; está firmemente convencido de que, si se dispone de la información, no debe haber motivo alguno por el que la Comisión, las autoridades nacionales y los auditores independientes no tengan que adoptar las medidas pertinentes al objeto de prevenir, detectar y corregir los errores;

97   Pide al Tribunal que, junto con las autoridades nacionales de auditoría, desarrolle un sistema que permita al Tribunal evaluar el seguimiento de sus recomendaciones por parte de los Estados miembros;

98.  Pide a la Comisión que facilite orientaciones a los Estados miembros para que los acuerdos de asociación y los programas operativos incorporen plenamente la Estrategia Europa 2020 y apliquen también el concepto de indicadores comunes de resultados, tal como propone el Tribunal en su Informe Anual relativo al ejercicio 2014;

99.   Considera útil que el Parlamento y el Consejo hallen juntos la manera de abordar la cuestión de los gastos en gestión compartida de los Estados miembros;

100.   Apoya que los acuerdos de asociación contengan recomendaciones específicas por país;

101.   Solicita a la Comisión que dé un nuevo impulso a las negociaciones con los Estados miembros en cuanto a la necesidad de publicar las declaraciones nacionales y los resúmenes anuales;

Correcciones y recuperaciones financieras

102.  Manifiesta su preocupación por que, para las correcciones financieras ejecutadas en 2014 (en comparación con los pagos de la Unión recibidos), los porcentajes de algunos Estados miembros se encuentren hasta tres veces por encima del porcentaje medio del 2,3 % (Eslovaquia, 8,7 %; República Checa, 8,1 %; Grecia, 4,7 %);

103.  observa que para el periodo de programación 2007-2013 se confirmaron, en el marco del FSE, 209 millones EUR de correcciones financieras y se ejecutaron 156 millones EUR, de los cuales 95 millones fueron confirmados en 2014; observa que los Estados miembros con mayor nivel de correcciones son España (56 millones EUR), Rumanía (43), Polonia (32) y Francia (20);

104.  Señala que los importes acumulados corregidos para la política de cohesión en el periodo 2007-2013 representan el 0,9 % de las dotaciones presupuestarias; comparte la opinión de la Comisión de que se espera que las correcciones financieras para el periodo 2007-2013 sigan aumentando en los próximos años conforme empiecen a cerrarse sus programas;

105.  Observa que, para los programas FEDER/FC, la Comisión ha impuesto unos 2 000 millones EUR de correcciones financieras de forma acumulada desde el comienzo del periodo de programación 2007-2013 (que incluye 782 millones EUR de correcciones financieras aplicadas por los Estados miembros, antes o en el mismo momento de declarar los gastos a la Comisión; observa con preocupación que los principales Estados miembros beneficiarios son la República Checa (719 millones EUR), Hungría (298 millones EUR), Grecia (257 millones EUR), España (237 millones EUR), Eslovaquia (152 millones EUR), Rumanía (146 millones EUR) e Italia (105 millones EUR);

106.  observa que, en el caso del FSE, los Estados miembros con mayor nivel de correcciones financieras acumuladas son Rumanía (355 millones EUR), España (213 millones EUR) y Polonia (152 millones EUR);

107.   Considera que las correcciones y recuperaciones financieras son medios eficaces para proteger el presupuesto de la Unión; Reconoce que, debido al marco jurídico que rige la protección de los intereses financieros de la Unión, a la complejidad de los procedimientos correspondientes y al número de niveles de control en numerosos ámbitos, los errores solo se corrigen varios años después de que se hayan producido;

Protección de los intereses financieros

108.  Subraya que la corrupción y el fraude socavan la confianza en las instituciones públicas y la democracia, y entorpecen el funcionamiento del mercado interior de la Unión; señala que es necesario un enfoque integrado, en el que colaboren las instituciones de la Unión y sus Estados miembros; lamenta que las diversas instituciones de la Unión (la Comisión y las agencias, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, el Tribunal de Cuentas Europeo) utilicen vías diferentes para notificar casos de fraude;

109.  Recomienda a la Comisión que integre todas las modalidades de notificación en un único sistema coherente para proteger los intereses financieros de la Unión, mejorando de este modo la eficacia de la lucha contra el fraude y la corrupción; recuerda la importancia de una legislación coherente dentro de la Unión para luchar de forma eficaz contra la delincuencia organizada que actúa a escala transnacional;

110.   Señala que la transparencia es el instrumento más eficaz para luchar contra los abusos y contra el fraude; pide a la Comisión que mejore la legislación al respecto, haciendo obligatoria la publicación de datos relativos a todos los beneficiarios de fondos de la Unión, incluidos los datos relativos a las subcontrataciones;

111.   Insta a la Comisión a que se adhiera al Convenio Penal sobre la Corrupción (ETS n.º 173) del Consejo de Europa y a que agilice las negociaciones relativas a la participación de la Unión en el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), a fin de contribuir a una mayor coordinación de las políticas de lucha contra la corrupción en Europa;

112.   Pide a la Comisión que asuma la total responsabilidad por la recuperación de los fondos pagados indebidamente con cargo al presupuesto de la Unión y que establezca principios uniformes de notificación en todos los Estados miembros con el fin de garantizar una recopilación de datos comparables, fiables y adecuados;

113.  Celebra la declaración de la Comisión en su Informe Anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros (PIF) de la Unión, que recuerda que tanto la Directiva PIF como el Reglamento sobre la Fiscalía Europea «complementarán y reforzarán el marco jurídico impulsando decididamente la lucha contra el fraude»; reitera su opinión en cuanto a la urgente necesidad de adoptar lo antes posible la Directiva PIF, incluyendo el IVA en su ámbito de aplicación y con una definición clara de los delitos que cubre, las normas mínimas en relación con las penas de reclusión máximas aplicables y normas mínimas sobre el régimen de prescripción: recuerda el asunto Taricco, en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea indicó que el fraude en materia de IVA se incluye, de hecho, en la definición de fraude que afecta a la protección de los intereses financieros de la Unión del Convenio PIF de 1995; pide a la Comisión que aclare las relaciones entre Eurojust, la Fiscalía Europea y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y que examine la posibilidad de un enfoque integrado más sólido de estas agencias, en aras de una mayor eficacia de las investigaciones(86);

114.   Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de aumentar la transparencia mediante la mejora de su sistema de grupos de expertos, especialmente por lo que se refiere al procedimiento de selección de expertos, a través del desarrollo de una nueva política de conflictos de intereses para los expertos designados a título personal, lo que conlleva la posibilidad de que el Parlamento ejerza un control directo sobre dichos nombramientos; toma nota de la obligación de que, cuando proceda, los expertos se inscriban en el registro de transparencia; insta, no obstante, a la Comisión a que, al elaborar enmiendas a las actuales normativas horizontales, tenga en cuenta las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo respecto a la composición de los grupos de expertos, así como las del estudio «Composición de los grupos de expertos de la Comisión y estatus del registro de grupos de expertos», a fin de esbozar un planteamiento más sistemático y transparente; pide que la Comisión entable un diálogo con el Parlamento antes de la aprobación formal de las normas, en especial por lo que respecta al próximo informe de las Comisiones de Control Presupuestario y Asuntos Jurídicos sobre esta cuestión; alienta a las agencias europeas a que consideren reformas similares;

115.  Subraya que los Estados miembros no están realizando un seguimiento de los presuntos casos de fraude que afectan a los intereses financieros de la Unión que le han sido presentados por la OLAF; pide a la Comisión que tome las medidas adecuadas, y a la OLAF, que siga apoyando a los Estados miembros en la mejora de sus resultados en la prevención y detección del fraude contra los fondos europeos;

116.   Pide a la Comisión que desarrolle un sistema de indicadores rigurosos y criterios uniformes; le preocupa la fiabilidad y la calidad de los datos procedentes de los Estados miembros; pide, por lo tanto, a la Comisión que trabaje en estrecha colaboración con los Estados miembros para garantizar unos datos completos, exactos y fiables, teniendo en cuenta el objetivo de plena realización del sistema de auditoría única;

117.   Reitera su petición de que, dos veces al año, la Comisión informe al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación por parte de las instituciones de la UE de sus políticas internas en materia de lucha contra la corrupción, y aguarda con interés la publicación del próximo informe a principios de 2016; pide a la Comisión que añada un capítulo sobre los resultados obtenidos por las instituciones de la UE en la lucha contra la corrupción, y considera que los futuros informes sobre la lucha contra la corrupción deben abarcar también todos los órganos e instituciones de la UE;

118.   Manifiesta su preocupación por los datos facilitados por Eurodad sobre el blanqueo de capitales, en los que Luxemburgo y Alemania figuran en los primeros puestos en cuanto a riesgo de blanqueo de capitales; considera esencial que los Estados miembros transpongan en su totalidad la Directiva de la UE relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales y creen un registro público de la propiedad de empresas, incluidos los fondos fiduciarios;

119.  Pide que se pase de un registro voluntario a un registro obligatorio de la Unión para todos los representantes de grupos de presión que ejercen sus actividades frente a la Comisión;

120.   Considera que el primer informe bienal de la Comisión sobre lucha contra la corrupción constituye un prometedor intento de comprender mejor la corrupción en todas sus dimensiones, ofrecer respuestas efectivas con miras a combatirla y preparar el camino para mejorar la responsabilidad de la esfera pública para con los ciudadanos de la Unión; reitera, en este contexto, la importancia de la política de tolerancia cero de la Unión en materia de fraude, corrupción y colusión; deplora, sin embargo, que en este informe no se incluyeran las políticas de lucha contra la corrupción de las propias instituciones de la Unión;

121.   Pide que, a más tardar en su segundo informe sobre lucha contra la corrupción, la Comisión lleve a cabo nuevos análisis tanto a nivel de las instituciones de la Unión como de los Estados miembros sobre el entorno en que se aplican las políticas, con el fin de detectar factores críticos inherentes, ámbitos vulnerables y factores de riesgo conducentes a la corrupción;

122.   Pide a la Comisión que cumpla sin demora sus obligaciones de información derivadas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción;

Porcentaje de error en general

123.  Observa con preocupación que los tipos de error más comunes detectados son costes no subvencionables incluidos en declaraciones de gastos (41 %), errores graves de contratación pública (27 %) y errores en las declaraciones de superficie por parte de los agricultores (20 %);

124.   Observa, no obstante, que el porcentaje de errores graves de los Estados miembros en la contratación pública se redujo notablemente, del 45 % en 2013 en el ámbito de la política regional al 25 % de todos los errores cuantificados en 2014 en el ámbito político combinado de la cohesión económica, social y territorial.

125.  Considera alarmante comprobar que, en muchos casos de errores cuantificables, la Comisión, las autoridades nacionales o los auditores independientes disponían de suficiente información como para evitar o detectar y subsanar los errores antes de aceptar los gastos; si se hubiese utilizado toda esta información para corregir errores, el nivel estimado de error podría haber sido considerablemente inferior;

126.  Observa que, para los programas basados en derechos, el nivel estimado de error es del 2,7 % (3 % en 2013), es decir, significativamente inferior al de los gastos de reembolso en los que el nivel de error estimado es del 5,5 % (5,6 % en 2013); pide a la Comisión que evalúe el paso de un régimen de reembolso a un régimen de derecho cuando proceda, como un medio de simplificación;

Mejores prácticas

127.  Insta a los Estados miembros a asumir seriamente sus obligaciones para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de la Unión tal como hacen en los casos de las recomendaciones específicas por país y del Semestre Europeo; esto reflejaría un cambio visible en el entendimiento del rendimiento, que debería ir acompañado de la aplicación de procesos de evaluación con impacto, como la reserva de rendimiento para beneficiarios responsables, las sanciones y las limitaciones de los demás;

Evaluación y análisis de los principales resultados del presupuesto de la Unión 2014

128.  Toma nota de que un total de unos 142 500 millones EUR en 2014, representa casi el 2 % del total del gasto público en los Estados miembros de la Unión, es decir, el 1 % del PIB de la Unión;

129.  Solicita que la identificación de los efectos reales de la utilización del presupuesto de la Unión en los indicadores macroeconómicos de la Unión pase a ser objeto de los procedimientos de aprobación de la gestión;

130.  Lamenta que, en el marco de la gestión compartida, hasta finales de 2013, solo se pagara el 47 % de las contribuciones a los instrumentos de ingeniería financiera (IIF) a los beneficiarios finales (un 37 % a finales de 2012) y que el efectivo mantenido en IIF en régimen de gestión indirecta siga siendo elevado (1 300 millones EUR en 2014; 1 400 millones EUR en 2013);

131.   Toma nota de la recomendación del Tribunal a la Comisión de que presente una propuesta legislativa para modificar la normativa aplicable con respecto a la ampliación del período de subvencionabilidad para IIF en el marco del Reglamento (CE) n.º 1083/2006, así como de la respuesta de la Comisión al respecto;

132.   Pide a la Comisión que, tras la recomendación del Tribunal, en su gestión presupuestaria y financiera considere las limitaciones de capacidad en algunos Estados miembros con el fin de evitar la infrautilización de los fondos y de aumentar las tasas de absorción, especialmente en el ámbito de los FEIE, reconociendo al mismo tiempo las medidas tomadas hasta ahora, como la creación del grupo de trabajo para la mejora de la aplicación, que ya ha dado lugar a mejoras;

133.  Pide a la Comisión que tome medidas para reducir los compromisos pendientes, incluido el cierre en el plazo previsto de los programas del período 2007-2013, y una reducción del efectivo en cuentas fiduciarias;

134.  Reitera que la Comisión debe fijar anualmente una previsión de tesorería a largo plazo que abarque los límites máximos presupuestarios, las necesidades de pago, las restricciones de la capacidad y la eventual retirada de compromisos con el fin de ajustar mejor los fondos disponibles con las necesidades de pago(87);

135.   Considera que la revisión intermedia del MFP que la Comisión presentará antes de finales de 2016 es la primera oportunidad, y la mejor, para abordar de manera estructural el elevado nivel de RAL; insta a la Comisión a que formule una propuesta para revisar el Reglamento sobre el MFP a fin de solucionar, entre otras cuestiones, el problema del RAL;

Pagos pendientes

136.  Destaca que los compromisos contraídos ascendieron en 2014 a 109 300 millones EUR, es decir, el 76,6 % de los créditos de compromiso disponibles, y que, como resultado, está disponible un nivel muy elevado de créditos para compromisos en 2015 (con la transferencia de 12 100 millones EUR, el límite máximo se aumentó en 16 500 millones EUR);

137.   Lamenta que, a pesar de que el nivel de pagos sigue siendo superior al límite máximo estipulado en el MFP, el recurso al margen para imprevistos por el pago de reclamaciones pendientes haya aumentado de 1 400 millones a 25 800 millones EUR; subraya la importancia de respetar plenamente la declaración conjunta sobre un plan de pagos para 2015-2016 acordada entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión a raíz del compromiso compartido de reducir la acumulación de solicitudes de pago pendientes correspondientes a los programas de cohesión de 2007-2013 en unos 2 000 millones EUR a finales de 2016; considera que esta situación constituye de facto una infracción del artículo 310 del TFUE, que establece que el presupuesto deberá estar equilibrado en cuanto a ingresos y gastos;

138.  Subraya que la reducción del nivel de los compromisos pendientes se prevé que sea temporal debido al aumento solicitado del límite máximo del marco financiero plurianual para 2015 y años posteriores;

139.   Señala, en particular, que a finales de 2014, los pagos a los Estados miembros por los FEIE plurianuales para el período 2007-2013(88) ascendían a 309 500 millones EUR, es decir, el 77 % de los 403 000 millones EUR para todos los programas operativos, donde cinco Estados miembros, concretamente la República Checa, España, Italia, Polonia y Rumanía, representan más de la mitad de los compromisos sin utilizar de los FEIE plurianuales;

140.   Lamenta que los retrasos en la absorción de fondos plurianuales sean considerables y puedan suponer un verdadero problema para algunos Estados miembros(89); apoya y reconoce, a este respecto, el sentido de aplicar fórmulas de flexibilidad dados los retrasos con los que se pusieron en marcha todos los programas;

Ingresos

141.  Observa que los flujos de ingresos se basan en un principio multicanal:

a)  los Estados miembros siguen aportando el mayor porcentaje en función de su renta nacional bruta (RNB); en 2014 esta contribución ascendió a 94 900 millones EUR;

b)  otras fuentes incluyen los pagos basados en el IVA recaudado en cada uno de los Estados miembros, que ascienden en total a 17 700 millones EUR;

c)  los derechos de aduana y agrícolas representan la tercera fuente importante, con unos 16 400 millones EUR;

142.  Acoge con satisfacción el hecho de que, de las tres recomendaciones formuladas por el Tribunal en 2011-2012, dos se estén aplicando en la mayoría de sus aspectos, y una se esté aplicando en ciertos aspectos;

RNB

143.   Subraya que, mientras no se modifique el sistema de recursos propios de la Unión, un parámetro RNB es un factor esencial subyacente a la cuestión de los ingresos del presupuesto de la Unión, y destaca que una medida correcta y objetiva de ello constituye por lo tanto una cuestión clave, la única verdaderamente importante por lo que se refiere a los ingresos en el marco de la actual arquitectura del presupuesto de la Unión, y que es muy importante contar con una base de datos fiable y flexible para calcular las contribuciones de los Estados miembros;

144.  Pide, por consiguiente, a la Comisión que declare que los datos sobre la RNB presentados por los Estados miembros son fiables y que sus contribuciones son, por tanto, correctas;

145.  Recuerda que, en 2014, las actualizaciones de los datos RNB dieron lugar a adaptaciones de las contribuciones de los Estados miembros de una magnitud sin precedentes que asciende a 9 813 000 EUR;

146.  Subraya que el impacto de esas importantes revisiones en los saldos RNB podría haber sido menor si hubiera existido una política de revisión común en la Unión que armonizase el calendario de las revisiones más importantes;

147.   Lamenta que el fraude en el IVA, en particular el denominado fraude en cascada o del operador ficticio, distorsione la competencia, prive a los presupuestos nacionales de recursos significativos y sea perjudicial para el presupuesto de la Unión; recuerda que la brecha del IVA y las pérdidas estimadas en la recaudación del IVA ascendieron a 168 000 millones EUR en 2013; le preocupa que la Comisión no disponga de datos fiables sobre el fraude en el IVA ni sobre el fraude en cascada; toma nota de que el sistema de IVA vigente sigue estando fragmentado y supone una carga administrativa considerable, sobre todo para las pymes y las empresas en línea; expresa su preocupación por el hecho de que el nuevo sistema de rendición de cuentas del IVA como recurso propio no haya podido lograr totalmente su objetivo de simplificación y hace hincapié en que los Estados miembros son los responsables de abordar las deficiencias de Eurofisc y de coordinar mejor sus políticas sobre la inversión de sujeto pasivo para facilitar el intercambio de información y ayudar a combatir las irregularidades y los fraudes; pide a la Comisión que proponga enmiendas legislativas que permitan cruzar de manera eficaz los datos aduaneros y los fiscales y que centre su labor de supervisión de los Estados miembros en mejorar los plazos de respuesta de estos a las solicitudes de información y la fiabilidad del sistema de intercambio de información sobre el IVA;

Medidas que deben adoptarse

148.   Pide a la Comisión que presente un análisis sobre el futuro de la financiación de la UE evaluando la adecuación de la base de recursos propios;

149.  Lamenta que las propuestas presentadas por la Comisión en 2013 de introducir una política de revisión común de la Unión sigan aún pendientes, y que la Comisión no haya adoptado ninguna otra medida, pese al hecho de que 19 Estados miembros indicaran que procederían, al menos en parte, a su adaptación a la política de revisión de la Unión para septiembre de 2014;

150.   Se congratula de la creación del Grupo de Alto Nivel sobre los recursos propios; acoge favorablemente el primer informe de evaluación que presentó dicho grupo a finales de 2014 y comparte el análisis de que el sistema se ha convertido gradualmente en un sistema mayoritario de contribuciones nacionales con una parte residual genuinamente europea y autónoma de recursos propios; considera que el sistema actual de recursos propios debe evolucionar del actual debate nacional sobre contribuidores netos y receptores, algo que les resulta lejano a los ciudadanos de la Unión, hacia un sistema reconocible claramente en interés general de la Unión y de sus políticas;

151.  Señala que los cambios resultantes de los trabajos en las reservas se habrían mitigado si el ciclo de verificación de la Comisión hubiese sido más corto, y recuerda que el año pasado el Parlamento instó a la Comisión a(90):

a)  abreviar su ciclo de verificación de la RNB;

b)  limitar el uso de las reservas generales a casos excepcionales;

152.  Observa con gran preocupación que la Comisión ha anunciado que el próximo ciclo de verificación no se completará hasta 2019 y que las reservas abarcarán al menos nueve años, al igual que el anterior ciclo;

153.  Señala que, según el Tribunal, la calidad de los controles efectuados por los Estados miembros no ha mejorado; lamenta que la versión actualizada de la Guía de la auditoría aduanera publicada por la Comisión en 2014 no cubra algunas de las deficiencias observadas por el Tribunal, en particular en las cuestiones relativas a cómo hacer frente a las importaciones despachadas en otros Estados miembros;

154.  Pide a la Comisión que:

a)  adopte medidas para reducir el número de años cubiertos por las reservas a finales del próximo ciclo de verificación de las contribuciones basadas en la RNB;

b)  cree los mecanismos necesarios para reducir el impacto de las revisiones de los métodos y de las fuentes presentados por los Estados miembros para la elaboración de su RNB;

c)  mejore las directrices existentes dadas a las autoridades aduaneras de los Estados miembros con respecto a los controles que efectúan (en particular las auditorías posteriores al despacho aduanero); y que

d)  garantice que los Estados miembros dispongan de los sistemas adecuados para preparar y gestionar sus declaraciones de derechos aduaneros y cotizaciones sobre el azúcar;

e)   amplíe la capacidad de evaluación de riesgos de Eurofisc para cubrir el sistema VIES (sistema de intercambio de información sobre el IVA transnacional);

Mejores prácticas

155.  Considera que la parte de los ingresos no se ve afectada por errores importantes, lo que constituye en sí mismo una especie de buena práctica, al igual que la práctica actual de las contribuciones de los Estados miembros basadas en el principio de la RNB, que hasta la fecha ha tenido sentido; opina, no obstante, que para mantener en funcionamiento este modelo se requiere una evaluación permanente del rendimiento económico de los Estados miembros; una alternativa al aumento de la base de los recursos propios sigue siendo un tema central para el futuro;

Competitividad para el crecimiento y el empleo

Cuestiones generales

156.   Celebra el hecho de que, por vez primera, la estructura del informe anual del Tribunal siga las rúbricas del marco financiero plurianual (MFP) que entró en vigor el 1 de enero de 2014; en 2013, el capítulo se titulaba «Investigación y otras políticas internas»; observa, no obstante, que este cambio estructural limita la comparabilidad de los resultados del Tribunal con los de los ejercicios anteriores;

157.  Señala igualmente que la investigación y la innovación representan el 61 % (8 100 millones EUR) del gasto, a través del Séptimo Programa Marco para Investigación y Desarrollo Tecnológico 2007-2013 (7PM) y Horizonte 2020 —el Programa Marco para Investigación e Innovación 2014-2020 en educación, formación, juventud y programas deportivos (1 500 millones EUR), programas espaciales (1 400 millones EUR), transporte (800 millones EUR) y otras acciones y programas (1 500 millones EUR) representan el 39 % restante,

158.   Recuerda que la rúbrica 1a del MFP se redujo drásticamente durante la negociación del MFP (- 24 % en comparación con la propuesta inicial de la Comisión); es consciente de que la rúbrica 1a incluye gastos en favor de la mejora de la investigación y la innovación, la mejora de los sistemas educativos y la promoción del empleo, la garantía de un mercado digital único, la promoción de la energía renovable y de la eficiencia energética, la modernización del sector del transporte y la mejora del entorno empresarial, en particular para las pymes;

159.  Subraya que el 90 % de los gastos en este ámbito representa subvenciones a beneficiarios privados y públicos;

160.  celebra que, de las nueve recomendaciones formuladas por el Tribunal en 2011 y 2012, tres se hayan aplicado en su totalidad y otras seis se estén aplicando en la mayoría de sus aspectos;

Europa 2020

161.  Es consciente de que el total acumulado de acuerdos de subvención para la totalidad del 7PM asciende a 26 078 (de los cuales se han cerrado 9 627); al mismo tiempo, la Comisión lanzó el programa de trabajo de Horizonte 2020 para 2014-2015, que fue un gran éxito con 46 097 propuestas recibidas a 25 de febrero de 2015: para los 79 concursos finalizados, se admitieron 25 903 propuestas, 3 765 fueron seleccionadas para financiación y se firmaron 1 410 acuerdos de subvención;

162.   Se complace de que la Comisión fuera capaz de cumplir la mayoría de los objetivos de los indicadores clave de rendimiento; duda, no obstante, que pueda alcanzarse el objetivo de invertir, para 2020, el 3 % del PIB de la Unión en investigación y desarrollo; pide a todos los Estados miembros que hagan frente a este desafío; observa que la situación parece ser especialmente complicada en Croacia, Finlandia, Luxemburgo, Portugal, Rumanía, España y Suecia; pide a la Comisión que adopte las conclusiones que se imponen de cara a la próxima revisión intermedia del marco financiero plurianual que deberá presentarse a finales de 2016;

163.  Celebra el impacto de la investigación europea (redes) en la lucha contra el ébola, la mejora de los tratamientos de cáncer, la creación de un espacio único europeo para la investigación clínica, la lucha contra las inundaciones, el aumento de la seguridad alimentaria y la mejora de la seguridad en los buques de cruceros, por citar apenas unos pocos;

164.  Celebra el hecho de que la evaluación ex post del 7PM estuviera disponible en noviembre de 2015; espera que sus conclusiones y recomendaciones puedan seguir considerándose en los programas de trabajo de Horizonte 2020;

165.  Toma nota con interés de la primera información disponible sobre el informe «State of the Innovative Union 2015»(91) que ofrece una actualización del estado de aplicación de los 34 compromisos contraídos en el marco de la iniciativa emblemática Unión por la innovación de la Estrategia Europa 2020;

166.   Recuerda que el Reto Social 6, y en particular las ciencias sociales y las humanidades, era una prioridad del Parlamento introducida por él durante la elaboración de Horizonte 2020; recuerda la importancia de este componente en los ámbitos en los que la Unión se enfrenta a retos particulares, como la lucha contra el desempleo, la radicalización, el terrorismo, el apoyo a los migrantes, la gobernanza económica y monetaria, o la lucha contra la desigualdad; manifiesta su preocupación, en consecuencia, por que en la fase de aplicación del programa se haya rebajado la prioridad de las ciencias humanas y sociales con la pérdida de su orientación específica y una reducción de sus créditos de compromiso del 40 %, cuando la dotación global para Horizonte 2020 en el MFP 2014-2020 ha aumentado;

Cuestiones relacionadas con la gestión

167.  Destaca que:

a)  las conclusiones y las observaciones generales relativas a la gestión compartida se aplican también a la competitividad;

b)  existen sinergias y un enfoque integrado entre los diferentes tipos de instrumentos en favor de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), si bien conviene reforzarlos;

c)  el programa Horizonte 2020 aplica normas más sencillas que las del 7PM; por otra parte, algunos ámbitos que reciben apoyo en el marco de Horizonte 2020 presentan potencialmente riesgos más importantes, por ejemplo los proyectos orientados a las empresas en los que participan pymes y utilizan nuevos instrumentos innovadores, especialmente financieros;

168.   Pide a los beneficiarios que hagan el máximo uso posible de los certificados de auditoría, que permiten reducir los porcentajes de error en un 50 % con respecto a las declaraciones de gastos no certificadas; considera, sin embargo, que el nivel de error que detectan las auditorías externas debiera mejorarse sustancialmente teniendo en cuenta el apoyo que reciben de la Comisión y su especialización; acoge con satisfacción, en este mismo contexto, todos los seminarios, orientaciones y modelos, así como la lista de errores más frecuentes que la Comisión pone a disposición de los beneficiarios y de los organismos de auditoría, pero pide a la Comisión medidas más incisivas para que los certificados de auditoría externa garanticen con mayor fidelidad el nivel de error;

169.  Apoya los esfuerzos desplegados por la Comisión para desarrollar nuevos instrumentos de gestión de riesgos en el ámbito de la investigación; acoge con satisfacción, en este mismo contexto, que la selección de los participantes en las auditorías en los controles ex post reposa ya en gran medida en la evaluación de los riesgos; señala que la Comisión espera que el 83 % de las auditorías realizadas durante el período 2012-2016 se seleccionen sobre la base de criterios de riesgo;

170.  Se felicita por la creación de un centro común de apoyo para prestar asistencia a todos los servicios de investigación en el ámbito del asesoramiento jurídico, la auditoría, los procesos empresariales, la tecnología informática, la información y la gestión de datos;

171.  Reconoce que los acuerdos de asociación vinculados a los Fondos EIE y a los programas operativos de los Estados miembros y las regiones brindan un apoyo importante a la investigación y la innovación, lo cual refuerza las sinergias; señala que la ayuda asciende a más de 42 000 millones EUR para la investigación fundamental y la innovación y a 118 000 millones EUR para la investigación y la innovación en sentido amplio;

Legalidad y regularidad: errores

172.   Expresa su profunda preocupación por el hecho de que, de las 166 operaciones analizadas por el Tribunal, 79 estén afectadas por errores; señala que, basándose en los 53 errores cuantificados, el nivel estimado de error es del 5,6%;

173.  Considera alarmante comprobar que, en 27 casos de errores cuantificables, la Comisión, las autoridades nacionales o los auditores independientes disponían de suficiente información como para evitar o detectar y subsanar los errores antes de aceptar los gastos; señala que, si se hubiera utilizado toda esta información para corregir los errores, el nivel estimado de error para este capítulo habría sido inferior en 2,8 puntos porcentuales; estima que esta situación, que se ha mantenido sin cambios durante varios años, demuestra una falta de diligencia;

174.   Considera inaceptable que el nivel de error en el 7PM no haya mejorado en comparación con el del 6PM y que, según las declaraciones del propio director general de la DG RTD, vaya a estar incluso en un nivel de error aún mayor; considera que el nivel de error para los programas del 7PM debiera de haberse mejorado después del aprendizaje adquirido en la gestión del programa;   lamenta que el drástico incremento del nivel de error en 2014 en el área «Competitividad para el crecimiento y el empleo» solo sirva para poner en evidencia la buena gestión del programa en los últimos años;

175.   Lamenta que el área de gasto «Competitividad para el crecimiento y el empleo» haya sido el ámbito con el nivel de error que más ha crecido entre 2013 y 2014 en la Unión;

176.  Lamenta que las fuentes de error hayan permanecido invariables:

a)  en el ámbito de la investigación (Investigación): gastos de personal incorrectamente calculados, otros gastos directos no subvencionables, como gastos de viaje o de equipamiento no justificados; gastos indirectos no subvencionables basados en tipos erróneos de gastos generales o que incluyen categorías de gastos no subvencionables que no guardan relación con el proyecto;

b)  para otros instrumentos de financiación (Otros): gastos no justificados y no subvencionables, así como casos de incumplimiento de las normas de contratación pública;

Contribución por tipo de error

Investigación

Otros

Gastos de personal calculados incorrectamente

30,5 %

2,5 %

Otros gastos directos no subvencionables

17,5 %

13,5 %

Gastos indirectos no subvencionables

20 %

 

Incumplimiento de las normas de contratación pública

 

14 %

Gastos de subcontratación no subvencionables

2 %

 

Total

70 %

30 %

177.  Sigue convencido de que la Comisión debe continuar esforzándose por alcanzar un equilibrio aceptable entre el atractivo de los programas para los participantes y la necesidad legítima de someterse a un control contable y financiero; recuerda, en este mismo contexto, la declaración efectuada por el Director General en 2012 en el sentido de que un procedimiento destinado a alcanzar un porcentaje de error residual del 2 % en todas las circunstancias no constituye una opción viable(92);

178.   Toma nota de que el director general de la Dirección General de Investigación e Innovación, como en años anteriores, ha emitido una reserva general respecto de la tasa de errores residuales en las declaraciones de costes para el 7PM, ejecutado directamente por la DG RTD, así como en relación con los pagos a la Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores, donde el riesgo residual estimado es del 3 % y el impacto estimado de 111,39 millones;

179.   Reconoce que ciertas partes del gasto efectuado en el marco del 7PM no estaban cubiertas por una reserva si se consideraba probado que los riesgos (y por tanto las tasas de errores residuales) eran significativamente más bajos que para el conjunto de los gastos; en la DG RTD este es el caso del gasto afectado a la Empresa Común para el Desarrollo de la Energía de Fusión, a Clean Sky y a la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno; fuera de la DG RTD, esto se aplica asimismo al gasto de la Agencia Ejecutiva de Investigación en el marco del programa Marie Curie y al conjunto del gasto de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación;

180.   Concluye que, aunque la reserva general puede ser necesaria desde el punto de vista legal, dicha reserva arroja una sombra negativa sobre la gestión financiera de la Comisión, en particular cuando la Dirección General de Investigación e Innovación puede garantizar plenamente el 97 % de este gasto;

181.  Toma nota de que, en el ámbito de la investigación, la Comisión ha emitido órdenes de cobro, en 2014 y 2015, por valor de 42 millones EUR; señala que 31 millones EUR ya han sido recuperados, mientras que el importe restante todavía no ha podido recuperarse, ya sea por causa de quiebra o en espera de un procedimiento de recuperación forzosa;

182.   Deplora las recientes informaciones aparecidas en la prensa que ponen en cuestión la capacidad de la DG RTD para proteger eficazmente los intereses financieros de la Unión; insta a la Comisión a que clarifique las circunstancias que aparecen profusamente documentadas en los medios y que permiten ver un caso claro de mala administración y perjuicios claros a los intereses financieros y la reputación de la Unión; invita a la Defensora del Pueblo a que abra una investigación al respecto;

183.   Lamenta que la simplificación que se ha llevado a cabo con la eliminación de las auditorias ex-ante (por ejemplo, no hay certificación ex-ante de gastos que excedan 375 000 EUR) esté produciendo errores acumulativos que dan una tasa de error rampante que crece cada año, y que en el caso del programa Horizonte 2020 no parece previsible que se pueda reducir dada la multiplicación de organismos encargados de gestionar los gastos que han aumentado con respecto al 7PM;

Cuestiones relacionadas con la fiabilidad de los datos

184.  Lamenta que exista un problema en relación con el análisis de los datos secundarios, que resulta necesario para llevar a cabo las evaluaciones basadas en el rendimiento; considera que se trata de un problema que debería solucionarse a corto plazo; recuerda la necesidad de mejorar la gestión de la información;

Enfoque basado en el rendimiento y los resultados

185.  Constata que los efectos y los resultados tangibles de la I+D+i desde el punto de vista de comercialización y de la contribución al valor añadido son absolutamente sustanciales;

186.   Celebra el resultado positivo previsto por el grupo de expertos de alto nivel que está llevando a cabo la evaluación ex post del 7PM, en concreto: celebra que el programa haya creado directamente más de 1,3 millones de años de trabajo (a través de proyectos financiados a lo largo de un periodo de 10 años) e indirectamente más de 4 millones de años de trabajo a lo largo de un periodo de 25 años; celebra asimismo que cada euro gastado en el marco del 7PM haya generado, mediante innovaciones, 11 EUR aproximadamente en efectos económicos directos e indirectos, y que su contribución financiera a las pymes haya superado el objetivo del 15 % y alcanzado el 17 % (5 000 millones EUR);

187.  Recuerda que, con miras a reforzar el enfoque basado en el rendimiento, el Tribunal ha elaborado una prueba innovadora sobre los indicadores de la Estrategia Europa 2020 en la que los gastos de I+D desempeñan un papel importante;

Instrumentos financieros

188.   Señala que, especialmente en el contexto del programa Horizonte 2020, una serie de instrumentos financieros muy innovadores constituyen uno de los ámbitos principales abiertos a la aplicación práctica; celebra, a este respecto, el lanzamiento en 2014 de una nueva serie de productos bajo el título «InnovFin - Financiación de la UE para innovadores», una iniciativa conjunta lanzada por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI y FEI) en cooperación con la Comisión;

189.   Pide a la Comisión que, en los futuros procedimientos de aprobación de la gestión, presente información sobre la ejecución de la iniciativa InnovFin en lo que respecta a los recursos del presupuesto de la Unión que forman parte de este instrumento financiero;

190.   Recuerda que determinados sectores y políticas son menos propensos a la financiación a través de instrumentos financieros, por ejemplo las infraestructuras ferroviarias, la investigación teórica o básica, por lo que corren el riesgo de ser excluidos de parte de la acción de la Unión;

Mejores prácticas

191.  Constata una intensificación de las actividades de auditoría en este ámbito, así como una mejora de la coordinación por parte del servicio común de auditoría, que se ha concebido como un servicio de gestión compartida por todas las direcciones generales, agencias ejecutivas y empresas comunes que participan en la financiación de la investigación y la innovación;

192.  Considera que la subcontratación a agencias especializadas de acuerdo con modalidades específicas podría constituir un ejemplo de buenas prácticas en la gestión de programas de gran envergadura en este ámbito; señala que esta práctica se viene aplicando desde hace poco tiempo, por lo que no es todavía posible extraer conclusiones concretas, si bien constata que parece tratarse de un método y un modelo particularmente innovadores;

Medidas que deben adoptarse

193.  Concluye que la Comisión debería:

a)  adoptar una serie de medidas dirigidas a reducir la tasa de errores relativamente elevada en este ámbito, mejorar la gestión de los datos y la información con el fin de analizar los proyectos de I+D+i, incluidos los más avanzados, y determinar su incidencia real con respecto al potencial de Horizonte 2020;

b)  presentar un informe en el que se evalúe desde un punto de vista presupuestario la experiencia adquirida en la nueva práctica de recurrir a agencias especializadas en este ámbito(93) e informar periódicamente sobre el cumplimiento de los indicadores de la Estrategia Europa 2020;

194.  Pide a la DG RTD que mejore la gestión de la información en consonancia con una cultura del rendimiento que incluya a todas las partes interesadas —en particular, las menos experimentadas— y con respecto a los beneficiarios en los Estados miembros; recomienda una mayor participación de los auditores independientes, cuya atención no debería centrarse únicamente en los errores, sino también en el ciclo del rendimiento, y en particular en una evaluación apropiada de los riesgos; recomienda, asimismo, que se lleve a cabo un análisis del impacto de las disposiciones reguladoras;

195.  Pide a la DG RTD que publique, en sus respectivos informes anuales de actividad, su contribución a las recomendaciones específicas por países de forma exhaustiva y detallada, dado que dichas recomendaciones deberían demostrar de qué forma la dirección general facilita el progreso de los Estados miembros hacia los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

196.  Toma nota de que la Comisión ha iniciado una consulta de las partes interesadas sobre las simplificaciones adicionales que deberían introducirse en el programa Horizonte 2020; solicita información sobre la forma en que se aplicarán las nuevas simplificaciones;

197.   Hace hincapié en que la simplificación y la participación en Horizonte 2020 también deben ser el principio de base del Acuerdo de Subvención Anotado; subraya que, a diferencia del 7º Programa Marco para Investigación e Innovación, los gastos facturados a nivel interno no deben dividirse y contabilizarse de acuerdo con categorías de costes diferentes, incluidos los costes de personal, en el marco de Horizonte 2020; pide, por consiguiente, a la Comisión que revise las anotaciones y permita que los gastos facturados a nivel interno sean admisibles como otros costes directos sin hacer una división entre categorías de costes ni registros temporales en materia de servicios;

Cohesión económica, social y territorial

Cuestiones generales

198.   Acoge con satisfacción que, por vez primera, la estructura del Informe anual del Tribunal sigue las rúbricas del MFP que entró en vigor el 1 de enero de 2014; recuerda que en 2013 el Informe anual del Tribunal contenía dos capítulos distintos: uno sobre «Política regional, transportes y energía» y otro sobre «Empleo y asuntos sociales»; considera, no obstante, que este cambio de política limita la comparabilidad de los resultados del Tribunal con los de los ejercicios anteriores;

199.  Señala que la cohesión económica, social y territorial supone la redistribución de una parte sustancial del presupuesto de la Unión, que ascendió a 54 400 millones EUR en 2014; observa que el 80 % de esta cantidad se destinó a la política regional y urbana, principalmente a través del FEDER y del Fondo de Cohesión, y que el 20 % restante se asignó principalmente al FSE para fines relativos al empleo y los asuntos sociales;

200.  Destaca que, en el período de referencia, el FEDER y el Fondo de Cohesión han apoyado principalmente una serie de ámbitos como los proyectos de infraestructuras, la creación o el mantenimiento de puestos de trabajo, las iniciativas regionales de desarrollo económico y las actividades de las pymes (FEDER), así como las inversiones en infraestructuras en los ámbitos del medio ambiente y el transporte (Fondo de Cohesión);

201.   Señala que el FSE financia inversiones en capital humano y acciones dirigidas a reforzar la capacidad de adaptación de los trabajadores y las empresas a los cambios en los patrones de trabajo, a mejorar el acceso al empleo, a promover la inclusión social de las personas desfavorecidas y a aumentar la capacidad y la eficiencia de las administraciones y los servicios públicos; considera que, pese a la existencia de indicadores de rendimiento, los resultados de las inversiones del FSE son, sin embargo, más difíciles de cuantificar;

202.  Acoge con satisfacción que, de las 16 recomendaciones formuladas por el Tribunal en 2011 y 2012, ocho se hayan aplicado en su totalidad, otras siete se estén aplicado en la mayoría de sus aspectos y una se esté aplicando en algunos de sus aspectos;

Europa 2020

203.   Señala que, en el ámbito de la política regional y urbana, los cuatro indicadores clave de resultados (ICR) más importantes incluyen: el número de puestos de trabajo creados, el número de empresas que cooperan con las organizaciones de investigación subvencionadas, el número de empresas subvencionadas y la capacidad suplementaria de producción de energías renovables; observa que los logros generales de los que se hace balance en los informes de ejecución de los Estados miembros han progresado, por término medio, un 29 % con respecto al año anterior, al tiempo que constata que, de acuerdo con la Comisión, no se cumplirán todos los objetivos debido a la crisis económica; pide a la Comisión que adopte las conclusiones que se imponen de cara a la próxima revisión intermedia del marco financiero plurianual que deberá presentarse a finales de 2016;

204.   Acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados por la Comisión para reforzar la contribución de la política de cohesión a la gobernanza económica de la Unión, que implican el examen detallado de todos los acuerdos de asociación y programas operativos para el período 2014-2020 a fin de garantizar que, en las estrategias de desarrollo y competitividad de los Estados miembros, se han tenido debidamente en cuenta las recomendaciones específicas por países pertinentes adoptadas a finales de junio de 2014;

205.   Señala que, a finales de 2015, se había utilizado por término medio el 89 % de los fondos correspondientes al período de programación 2007-2013 (teniendo en cuenta el porcentaje de absorción), si bien Italia (79%), Rumanía (70%) y Croacia (59%) iban a la zaga;

206.  Señala que dos de los principales indicadores del rendimiento en el ámbito del empleo y los asuntos sociales son la tasa de desempleo y el número de puestos de trabajo creados o mantenidos; acoge con satisfacción que los resultados preliminares de la evaluación ex post para el período de programación 2007-2013 muestran que, a finales de 2013, 8,8 millones de participantes en el FSE habían obtenido (o habían podido mantener) un empleo gracias a las intervenciones del FSE durante el período de referencia; acoge, asimismo, con satisfacción que más de 300 000 personas apoyadas por el FSE se convirtieran en trabajadores autónomos, y que más de 50 000 empresas incipientes obtuvieran ayuda;

207.   Concede especial importancia a la Garantía Juvenil, por lo que constata con satisfacción que 110 300 jóvenes desempleados participaron en 2014 en las acciones financiadas por la Iniciativa sobre Empleo Juvenil; señala que 1 300 millones EUR se han asignado ya a proyectos sobre el terreno; agradece, en este mismo contexto, las orientaciones facilitadas en el Informe Especial del Tribunal nº 3/2015, así como la reacción constructiva de la Comisión ante sus conclusiones; destaca, no obstante, que en algunos Estados miembros subsisten algunas dificultades a la hora de aplicar la Garantía Juvenil y de garantizar una reserva de proyectos suficiente en relación con la Iniciativa de Empleo Juvenil;

208.  Toma nota de las conclusiones del Informe de la Comisión sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), en las que se indica que, en el período de referencia de dos años (2014-2015), 7 636 trabajadores (esto es, el 44,9 % de los beneficiarios) habían encontrado un nuevo empleo al final del período de aplicación del FEAG;

209.   Comparte la opinión de la Comisión de que las tasas de desempleo (especialmente el de larga duración) y el porcentaje de jóvenes sin estudios, trabajo ni formación son indicios de que existe un desequilibrio en el mercado laboral; señala que los cinco Estados miembros de la Unión en los que se registra la tasa de desempleo de larga duración más elevada (en proporción con la población activa) son Grecia (19,5%), España (12,9%), Croacia (10,1%), Eslovaquia (9,3%) y Portugal (8,4%), frente a una media en la Unión del 5,1 %, y que los Estados en los que se registra el porcentaje más elevado de jóvenes sin estudios, trabajo ni formación son Chipre (33,7 %), Bulgaria (30,9 %), Hungría (30,3 %), Grecia (30,0 %) y Rumanía (26,9 %), frente a una media en la Unión del 16,37 %;

210.   Valora positivamente los resultados de la aplicación de los programas FEDER/Fondo de Cohesión 2007-2013, ilustrados por algunos indicadores básicos comunicados anualmente por los Estados miembros y por los resultados de la evaluación preliminar de los datos más recientes, que demuestra que se crearon aproximadamente 950 000 puestos de trabajo, que 36 000 empresas cooperaron con los organismos de investigación, que más de 270 000 empresas recibieron apoyo y que la capacidad adicional de producción de energía renovable fue superior a los 4 000 megavatios;

211.  Acoge con satisfacción que, por vez primera, el Tribunal intentara evaluar también el rendimiento de los programas en un ejercicio de proyectos piloto, y que la auditoría llegara a la conclusión de que 89 de los 186 proyectos (48 %) habían alcanzado (o superado) todos los objetivos especificados para medir el rendimiento de los proyectos; observa que, en 56 proyectos (30 %), el Tribunal constató que uno o varios indicadores especificados para el proyecto no habían alcanzado el objetivo previsto, y que, en 17 casos (9 %), se habían alcanzado algunos objetivos, pero no todos, en el plazo establecido; alienta al Tribunal a seguir perfeccionando este ejercicio, en particular para los programas del nuevo período financiero 2014-2020;

Cuestiones relacionadas con la gestión

212.  Destaca que los gastos correspondientes a la rúbrica 1b del MFP inciden en el ámbito de la gestión compartida; en este ámbito, los Estados miembros son los principales responsables de la aplicación de los PO y de prevenir, detectar y corregir los gastos irregulares;

213.  Destaca sin ambages que, especialmente por lo que se refiere a la cohesión, la importancia de la gestión compartida es considerable y específica por dos motivos: ante todo, porque los programas se ejecutan en los Estados miembros y sus regiones de conformidad con las normas comunes de la Unión, si bien respetando sus necesidades específicas, y, en segundo lugar, porque en numerosos casos existe también una financiación compartida cuando los proyectos están cofinanciados por los Estados miembros y los beneficiarios;

214.   Considera inaceptable que en 21 de los casos de errores cuantificables cometidos por los beneficiarios, las autoridades nacionales dispusieran de información suficiente para evitar o detectar y corregir los errores antes de declarar los gastos a la Comisión; considera que, de haberse utilizado toda esta información para corregir los errores, el porcentaje de error estimado para este capítulo habría podido reducirse en 1,6 puntos porcentuales; señala, asimismo, que el Tribunal constató que, en 13 de los casos, los errores detectados eran atribuibles a las autoridades nacionales; y que estos errores contribuyeron con 1,7 puntos porcentuales al nivel de error estimado; estima que esta situación, que se ha mantenido sin cambios durante varios años, demuestra una falta de diligencia;

215.   Hace hincapié en que los problemas más recurrentes de elegibilidad en el marco del FSE son los siguientes: gastos declarados fuera del periodo de subvencionabilidad (República Checa, Alemania), salarios excesivos (Alemania, Finlandia, Polonia y Portugal), costes no relacionados con el proyecto (Países Bajos, Polonia y Portugal), incumplimiento de las normas nacionales sobre subvencionabilidad (Polonia) e ingresos no deducidos (Austria); los ejemplos más comunes de incumplimiento de las normas sobre contratación pública son los siguientes: adjudicación directa injustificada (Alemania e Italia), adjudicación directa injustificada de obras/servicios adicionales, exclusión ilegal de licitadores, conflicto de intereses y criterios de selección discriminatorios (Finlandia);

216.   Observa que el Tribunal analizó 161 operaciones en el área urbana y regional (101 se referían al FEDER; 55 al Fondo de Cohesión; y 5 a instrumentos financieros interesados) y 170 operaciones del FSE, y señala que 135 de 331 operaciones estaban afectadas por errores; observa que el Tribunal considera que el porcentaje de error es del 5,7 % (porcentaje de error estimado en relación con el FEDER y el Fondo de Cohesión, 6,1%; porcentaje de error estimado en relación con el FSE, 3,7 %);

217.   Pide a la Comisión que cree un instrumento eficaz para contribuir a la mejora de la fiabilidad de las actividades de control y auditoría realizadas por las autoridades nacionales; recuerda la importancia de ampliar la transparencia de los datos relativos a la contratación pública, con el fin de mejorar la accesibilidad y los controles, publicando datos de los contratistas y de sus subcontratistas;

218.   Toma nota de que, de conformidad con todos los resultados de las auditorías disponibles a finales de noviembre de 2015, el 90 % de las verificaciones de la gestión de los programas del FEDER y del Fondo de Cohesión funcionan correctamente o deben ser objeto de pequeñas mejoras; recuerda que la causa última de los errores cometidos por los Estados miembros radica, en particular, en unas estructuras de gestión complejas y en la pérdida de conocimientos como consecuencia de una rotación importante del personal o de una asignación insuficiente de personal debido a limitaciones presupuestarias;

219.   Pide a la Comisión que ofrezca a los Estados miembros mayores incentivos que estimulen el uso de instrumentos financieros innovadores en su política regional, teniendo al mismo tiempo en cuenta las lecciones aprendidas del período 2007-2013 para evitar el bloqueo de fondos en los instrumentos financieros;

220.  Llama la atención sobre las recomendaciones formuladas en el Informe Especial n.° 10/2015 titulado «Necesidad de intensificar los esfuerzos para abordar los problemas en la contratación pública que afectan al gasto de la UE en el ámbito de cohesión», y se congratula de la reacción positiva de la Comisión ante las conclusiones del Tribunal;

221.   Se congratula de la publicación por la Comisión, en octubre de 2015, de una guía sobre la contratación pública dirigida a los expertos para prevenir los errores más comunes en los proyectos financiados por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Public Procurement - Guidance for practitioners on the avoidance of the most common errors in projects funded by the European Structural and Investment Funds»); critica, no obstante, el hecho de que la principal fuente de errores relacionados con los gastos bajo la rúbrica «Cohesión económica, social y territorial» la constituyen las infracciones de las normas sobre contratación pública, que representan casi la mitad del porcentaje de error estimado; señala que entre las graves infracciones de las normas sobre contratación pública figuran la adjudicación directa injustificada de contratos, o de trabajos o servicios adicionales, la exclusión ilegal de licitadores, los casos de conflictos de intereses y los criterios de selección discriminatorios; considera fundamental una política de absoluta transparencia en cuanto a la información relativa a los contratistas y subcontratistas con vistas a abordar errores y abusos de las normas;

222.   Se congratula de que, en noviembre de 2014, la Comisión creara un grupo de trabajo para mejorar los procedimientos de ejecución en relación con Bulgaria, Croacia, la República Checa, Hungría, Italia (sur), Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, con el fin de evitar la anulación de autorizaciones;

223.   Recuerda que el marco jurídico de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) para el período 2014-2020 también ha introducido condiciones ex ante para la utilización eficaz y eficiente de los fondos de la Unión que incluyen, entre otros aspectos, los sistemas de contratación pública de los Estados miembros, y que se han adoptado, en este mismo contexto, doce planes de acción nacionales (Bulgaria, República Checa, Grecia, Hungría, Croacia, Italia, Letonia, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia) cuya evaluación está prevista para 2016; recuerda que el cumplimiento de las condiciones ex ante es una condición previa para recibir financiación; reclama la necesaria total transparencia en los procedimientos de financiación de los proyectos de infraestructuras, incluida la publicación de las evaluaciones ex ante y ex post de la sostenibilidad económica, medioambiental y social de los proyectos;

224.   Pide a la Comisión que publique todos los documentos relativos al proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad Lyon-Turín y a los acuerdos de financiación del mismo;

225.  Celebra que la DG REGIO haya efectuado 265 misiones de auditoría desde 2009; señala que la DG REGIO ha llegado a la conclusión de que las actividades de 42 autoridades de auditoría encargadas de controlar aproximadamente el 91 % de las dotaciones del FEDER/Fondo de Cohesión para el período 2007-2013 pueden considerarse globalmente fiables; constata, por lo que se refiere a la DG EMPL a finales de 2014, que han sido objeto de una evaluación 87 autoridades de auditoría de un total de 92 (94,6 %) que cubren 113 de 118 PO, lo cual representa el 99,1 % de la programación financiera para el período de programación 2007-2013;

226.  Señala que las interrupciones y los procedimientos de suspensión provisional afectaron a 121 programas FEDER/Fondo de Cohesión y a casi 7 900 millones EUR de solicitudes de pago presentadas por los Estados miembros; señala asimismo que, en el caso del FSE, la Comisión remitió 11 cartas de apercibimiento y 18 cartas de suspensión provisional; que promovió 31 interrupciones de pago y suspendió 11 programas operativos, y que procedió a la interrupción de solicitudes de pago por un importe total de 1 300 millones EUR;

227.   Toma nota de que en 2014, como resultado de la estricta política de supervisión e interrupción de la Dirección General de Política Regional y Urbana y de la Dirección Regional de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, así como del creciente número de planes de acción, se confirmaron 840 millones EUR en concepto de correcciones financieras y se ejecutaron 854 millones de euros en relación con el FEDER/Fondo de Cohesión para todos los períodos de programación (decisión de 2014 y de ejercicios anteriores), y que, en el caso del FSE, para el periodo de programación 2007-2013 se aceptaron/decidieron 209 millones EUR en concepto de correcciones financieras y se aplicaron 155,9 millones EUR (decididas en 2014 y en ejercicios anteriores);

228.   Observa con satisfacción que en 2014, gracias a la función de supervisión de la Comisión, las autoridades de certificación aplicaron correcciones financieras por valor de 782 millones EUR antes de declarar a la Comisión los gastos en relación con el FEDER/Fondo de Cohesión, lo que ha ahorrado al presupuesto de la Unión una serie de pagos por gastos incorrectos;

229.   Expresa su preocupación por el hecho de que, según el Tribunal, la Estrategia Europa 2020 no se haya traducido de forma sistemática, a nivel de los acuerdos de asociación y los programas, en objetivos operativos por medio de los objetivos temáticos; observa, sin embargo, que se transpone en objetivos operativos en el marco de los programas de los Fondos EIE gracias a objetivos específicos basados en once objetivos temáticos; considera que solo es posible evaluar correctamente los resultados si los objetivos temáticos y los programas operativos son conformes entre sí y los indicadores de rendimiento y los criterios de referencia permiten medir los progresos realizados;

230.  Observa, por una parte, que los acuerdos de asociación y la reglamentación general establecen una normativa común que debería promover un enfoque integrado, cuando, por otra parte, cada fondo individual se rige por un reglamento y procedimientos específicos;

231.  Constata con interés que el Tribunal presentará en un futuro próximo una auditoría especial de los acuerdos de asociación y del marco centrado en el rendimiento en la política de cohesión;

232.  Lamenta que, en 2014, el número de programas operativos objeto de reservas aumentara de 73 a 77 en el caso del FEDER/Fondo de Cohesión y se mantuviera estable en 36 por lo que se refiere al FSE; constata que el impacto financiero estimado de estas reservas disminuyó de 423 millones EUR en 2013 a 224 millones EUR en 2014 en el caso del FEDER/Fondo de Cohesión y aumentó de 123,2 millones EUR en 2013 a 169,4 millones EUR en 2014 por lo que se refiere al FSE;

233.  Expresa su acuerdo con las líneas generales de la estrategia de auditoría conjunta para el período 2014-2020, que en las auditorías temáticas concederá prioridad a dos ámbitos concretos: la fiabilidad de los sistemas de comunicación de los datos relativos al rendimiento (una novedad vinculada a la orientación de la política hacia los resultados) y los instrumentos financieros;

234.   Lamenta que los Estados miembros todavía no hayan adoptado plenamente las opciones de gastos simplificados en el marco del FSE; se felicita de la publicación del informe «Simplified Cost Options in the European Social Fund» (Opciones de gastos simplificados en el Fondo Social Europeo), en el que la DG EMPL espera que, en el período de programación 2014-2020, por término medio, el 35 % de los gastos se reclame por medio de la opción de gastos simplificados y constata que, en el caso de algunos Estados miembros (Italia, los Países Bajos, España y Suecia), el porcentaje será significativamente superior, y, en el de otros (Bulgaria, Hungría, Letonia y Eslovaquia), será significativamente menor; expresa su apoyo a los esfuerzos de la Dirección Regional de Empleo para fomentar el uso de las opciones de gastos simplificados por parte de los Estados miembros e insta a los Estados miembros que exploten plenamente el potencial de dichas opciones;

235.  Acoge favorablemente, en este mismo contexto, que la Comisión haya creado un grupo de alto nivel sobre la simplificación para los beneficiarios de los Fondos EIE; desea recibir copias de los informes que publique este grupo a partir de febrero de 2016;

236.  Celebra los esfuerzos de la Comisión para alentar a los Estados miembros a utilizar la herramienta informática para la extracción de datos ARACHNE, con el fin de impedir las actividades fraudulentas; recuerda a los Estados miembros que esta herramienta informática se ofrece de forma gratuita;

237.  Celebra que en 2014 la Comisión emprendiera una primera serie de cuatro estudios para evaluar la integración de elementos de la política de cohesión reformada en el ejercicio de programación para el período 2014-2020; recuerda que los temas de estos cuatro estudios son los siguientes: las condiciones ex ante, el principio de asociación, el marco de rendimiento y las «nuevas disposiciones» (que abarcan una serie de nuevos elementos de programación, como la evaluación de la carga administrativa para los beneficiarios y las acciones previstas para reducirla, los principios transversales, los enfoques territoriales, etc.); desea recibir copias de los estudios una vez se hayan completado;

Legalidad y regularidad: errores

238.   Expresa su preocupación por el hecho de que el Tribunal analizara 161 operaciones en el ámbito de la política regional y urbana y 170 operaciones en el ámbito de la política de empleo y asuntos sociales, 135 de las cuales contenían errores (75 en el ámbito de la política regional y urbana y 60 en el ámbito de la política de empleo y asuntos sociales); señala que, basándose en los 25 errores cuantificados, el nivel estimado de error es del 6,1 % en el ámbito de la política regional y urbana, y que, basándose en los 28 errores cuantificados, el nivel estimado de error es del 3,7 % en el ámbito de la política de empleo y asuntos sociales, por lo que el porcentaje de error más probable para la política de cohesión en su conjunto podría situarse en el 5,7 %;

239.  Considera frustrante que en 21 de los casos de errores cuantificables cometidos por los beneficiarios, las autoridades nacionales dispusieran de información suficiente para evitar o detectar y corregir los errores antes de declarar los gastos a la Comisión; considera que, de haberse utilizado toda esta información para corregir los errores, el porcentaje de error estimado para este capítulo habría podido reducirse en 1,6 puntos porcentuales; señala asimismo que el Tribunal constató que, en trece casos, los errores detectados eran atribuibles a las autoridades nacionales, y que estos errores contribuyeron con 1,7 puntos porcentuales al nivel de error estimado; considera que esta situación, que se ha mantenido sin cambios durante varios años, demuestra una falta de diligencia;

240.   Critica el hecho de que, al igual que en anteriores ejercicios, el porcentaje de error, incluidas algunas solicitudes de pagos finales que han sido objeto de auditorías y controles externos, pone de manifiesto el carácter inadecuado de los controles ex ante relativos al FSE; destaca que los errores relacionados con el incumplimiento de las normas sobre contratación pública y la falta de justificantes de los gastos representan casi un tercio del porcentaje de error estimado;

241.  Destaca que, si los controles en los Estados miembros hubieran sido plenamente fiables en estos dos ámbitos políticos, el nivel estimado de error podría haberse reducido en 3,3 puntos porcentuales en el caso de la política regional y urbana y en 3,2 puntos porcentuales en el caso de la política de empleo y asuntos sociales;

242.   Insta a la Comisión a que indique antes del 1 de julio qué medidas se propone adoptar para remediar esta situación con el fin de mejorar significativamente la gestión financiera al nivel de los Estados miembros; está firmemente convencido de que la aprobación de la gestión debe supeditarse a la realización de los progresos necesarios en este ámbito;

243.  Lamenta que las fuentes de error hayan permanecido invariables:

a)  en la política regional y urbana (Regional): incumplimiento de las normas sobre contratación pública, reclamación de gastos no subvencionables e incumplimiento de las normas que regulan las ayudas públicas;

b)   en la política de empleo y asuntos sociales (Empleo): reclamación de gastos no subvencionables, proyectos o beneficiarios no subvencionables, así como casos de incumplimiento de las normas de contratación pública; los tipos más comunes de problemas relacionados con la subvencionabilidad que se han detectado son los siguientes: gastos declarados fuera del periodo de subvencionabilidad (República Checa, Alemania), salarios excesivos (Alemania, Finlandia, Polonia y Portugal), costes no relacionados con el proyecto (Países Bajos, Polonia y Portugal), incumplimiento de las normas nacionales sobre subvencionabilidad (Polonia) e ingresos no deducidos (Austria); los ejemplos más comunes de incumplimiento de las normas sobre contratación pública son los siguientes: adjudicación directa injustificada (Alemania e Italia), adjudicación directa injustificada de obras/servicios adicionales, exclusión ilegal de licitadores, conflicto de intereses y criterios de selección discriminatorios (Finlandia);

Contribución por tipo de error

Regional

Empleo

Incumplimiento de las normas de contratación pública

44,9 %

2,9 %

Gastos no subvencionables

21,5 %

5,6 %

Ayudas públicas

21,2 %

 

Proyecto o beneficiario no subvencionable

 

3,9 %

Total

87,6 %

12,4 %

244.   Lamenta que se lleve años detectando errores del mismo tipo con frecuencia en los mismos Estados miembros; reconoce que la suspensión e interrupción de pagos por parte de la Comisión son una garantía de que se aplican medidas correctoras en los casos en los que se detectan deficiencias; pide a la Comisión que, teniendo en cuenta esta constatación, intensifique la supervisión de los sistemas de gestión y control nacionales y regionales, y la aligere en aquellos países cuyos sistemas de gestión y control han resultado ser fiables;

245.   Expresa su preocupación a la vista de las vulneraciones de las normas sobre contratación pública en el procedimiento de licitación relativo a sistemas de seguimiento informático durante los periodos de financiación 2007-2013 y 2014-2020, que también generaron sospechas de fraude; toma nota de que esos errores fueron descubiertos por las autoridades de auditoría de la República Checa; respalda plenamente la posición de la Comisión de que no debe efectuarse pago alguno hasta que no se hayan adoptado las correspondientes medidas correctoras y no haya finalizado la investigación policial;

246.   Observa con preocupación los problemas relacionados con la contratación pública de sistemas de control del gasto de los Fondos Estructurales para los períodos 2007-2013 y 2014-2020, y pide que se aclare por qué surgen esos problemas en cada período de financiación, cuál es el estado actual de las investigaciones del fraude y en qué situación se encuentra la recuperación de los fondos obtenidos irregularmente;

247.   Señala que, según las cifras que figuran en el informe anual de actividad 2014 de la DG de Política Regional y Urbana, el riesgo de error como media ponderada de la estimación para cada uno de los programas operativos que reciben ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión se sitúa por debajo del 1 % en nueve Estados miembros (en 2013 eran seis Estados miembros), y este porcentaje es igual o superior al 4 % solo en dos Estados miembros (en 2013 eran cinco Estados miembros);

248.   Señala que, según las cifras que figuran en el informe anual de actividad 2014 de la DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, el riesgo de error como media ponderada de la estimación para cada uno de los programas operativos que reciben ayudas del FSE se sitúa por debajo del 1 % en nueve Estados miembros, como en 2013, y este porcentaje es igual o superior al 4 % en seis Estados miembros (siendo de un máximo de 7,9 %), mientras que en 2013 se situó por encima del 4 % en cinco Estados miembros (alcanzando el 8,8 % y el 9,3 % como máximo);

249.  Destaca que el Tribunal no ha detectado ningún error cuantificable relacionado con la opción de gastos simplificados en los últimos tres años, lo cual demuestra que los proyectos que utilizan esta opción son menos vulnerables a los errores que los que se basan en los gastos reales;

250.   Considera que sería útil que la Comisión llevase a cabo un análisis específico de las normas nacionales de subvencionabilidad (para los períodos 2007-2013 y 2014-2020) y que sobre esta base formulara orientaciones dirigidas a los Estados miembros sobre la simplificación y la supresión de las normas innecesariamente complejas (sobrerregulación);

251.  Destaca la importancia del cumplimiento de las normas que regulan las ayudas públicas para minimizar los errores en el ámbito de la cohesión;

252.  señala que es importante centrarse en el problema de la notificación insuficiente de errores y la notificación excesiva de correcciones financieras por parte de las autoridades nacionales de los Estados miembros;

253.   Expresa su preocupación por los controles efectuados sobre fondos de ayuda a los refugiados, que se asignan con frecuencia a los Estados miembros en situación de emergencia y de forma que no se ajusta a las normas en vigor; considera fundamental que la Comisión introduzca controles más rigurosos, entre otras cosas con vistas a garantizar que se respeten los derechos humanos de los refugiados y de los solicitantes de asilo de la UE;

Cuestiones relacionadas con la fiabilidad de los datos

254.  Constata con satisfacción que ha mejorado la exactitud de los datos comunicados en los informes de control anuales de los Estados miembros para el FEDER/Fondo de Cohesión y el FSE; lamenta, no obstante, que en determinados casos la corrección de la Comisión superara el 1,5 % y que los datos no pudieran considerarse fiables;

Enfoque basado en el rendimiento y los resultados

255.   Celebra que, por lo que se refiere a la demostración de los resultados concretos de las políticas y los rendimientos obtenidos, el Tribunal utilizara por primera vez un planteamiento basado en el rendimiento con miras a garantizar la complementariedad del presupuesto de la Unión con la Estrategia Europa 2020; considera que los resultados de la aplicación de esta estrategia por los fondos estructurales son muy importantes para el indicador económico principal del «PIB per cápita» a escala de la Unión y también para otros indicadores;

256.  Considera importante evaluar si se han completado (a finales de 2014), y en qué medida, los proyectos del FEDER, el Fondo de Cohesión y el FSE, y si se han alcanzado sus objetivos;

257.  Lamenta que las disposiciones que prevén una financiación basada en el rendimiento siguen siendo una excepción más bien que una norma; constata que, en la mayoría de los casos, el incumplimiento de los objetivos de los proyectos acordados en los convenios de subvención no tuvo incidencia alguna en el nivel de la financiación procedente de la UE;

258.   Recuerda que es necesario acelerar la ejecución de 51 proyectos prioritarios en Grecia, y que, además, catorce proyectos, entre ellos los relativos al catastro y al registro nacional, están considerados como «cuellos de botella» y corren el riesgo de ser anulados; confía en que la Comisión facilite al Parlamento información actualizada sobre la situación en el informe de seguimiento de la aprobación de la gestión del ejercicio 2014;

259.   Recuerda que el informe de la Oficina de Auditoría checa (OPTP/2014/SM/01) sobre el procedimiento de contratación pública para el sistema de seguimiento para el periodo 2014-2020, remitido a la Comisión en abril de 2015, se refiere a un gasto no justificado de más de 9 millones EUR; celebra que la Comisión haya dirigido un escrito de apercibimiento respecto de una posible interrupción de pago y haya pedido a las autoridades checas que apliquen las correcciones financieras que corresponda; desea saber cómo valora la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) esta situación;

Instrumentos de ingeniería financiera

260.  Toma nota de que las autoridades de gestión de los Estados miembros notificaron un total de 1 025 instrumentos de ingeniería financiera (73 fondos de cartera y 952 fondos específicos) operativos a finales de 2014: un 90 % correspondiente a instrumentos de ingeniería financiera para empresas, un 6 % para proyectos de desarrollo urbano y un 4 % para fondos destinados a la eficiencia energética y fuentes de energías renovables, de que dichos instrumentos se establecieron en 25 Estados miembros y se beneficiaron de apoyo financiero procedente de 183 programas operativos, de que el valor total de las contribuciones de los programas operativos pagadas a dichos instrumentos ascendió a 16 000 millones EUR, incluidos 10 900 millones EUR del FEDER y el FSE, y de que el desembolso a los beneficiarios finales había ascendido a 9 190 millones EUR a finales de 2014, 5 800 millones de los cuales eran Fondos Estructurales, con lo que la tasa de absorción de los importes de los programas operativos casi llega a ser del 57 %;

261.   Observa que en el reciente estudio, que evalúa con gran exhaustividad y destreza el empleo de los instrumentos de ingeniería financiera en la política de cohesión durante el período 2007-2013, se afirma que dichos instrumentos tienen muchas ventajas aunque persisten algunos inconvenientes que habría que solventar; señala que en este análisis, no obstante, se indica que su utilización varía enormemente entre los distintos Estados miembros; pide a la Comisión que estudie cuáles son los principales motivos que provocan unas diferencias tan extremas entre los Estados miembros y que halle una manera efectiva de incentivar a estos para que se muestren más activos en la utilización de los instrumentos de ingeniería financiera en los ámbitos en los que su eficacia ha quedado demostrada;

262.   Observa que existe una clara diferencia entre el volumen de los recursos financieros que se destinan a instrumentos de ingeniería financiera y el importe que se redistribuye entre los beneficiarios finales; opina que ello podría indicar que determinados importes de gran cuantía simplemente se habían dejado «aparcados» en dichos instrumentos para escapar de una posible liberación de créditos; pide a la Comisión que ayude a acabar con este aspecto negativo del uso de los instrumentos de ingeniería financiera, y considera que el hecho de haberse previsto para el periodo 2014-2020 el pago por tramos para dichos instrumentos en un paso positivo en esa dirección;

263.  Señala que esta destacada eclosión en el uso de los instrumentos de ingeniería financiera provocará inevitablemente un enfoque absolutamente nuevo del gasto de fondos públicos por parte de las autoridades de las administraciones públicas y las entidades de auditoría y control, lo que hará hasta cierto punto necesaria la existencia de una «nueva cultura» en el ámbito de los instrumentos financieros innovadores; pide a la Comisión que compruebe que dicho ámbito se halla debidamente preparado;

264.   Observa que, al tener básicamente por objeto lograr un resultado o mejorar el rendimiento, los instrumentos de ingeniería financiera podrían, si se utilizan con acierto, ayudar considerablemente al uso eficiente, efectivo y poco costoso de los Fondos EIE; pide a la Comisión que este tipo de beneficio se vea asimismo reflejado en la política de gasto presupuestario de la Unión;

265.  Toma nota de que en 2014 se han implementado en total, en 7 Estados miembros, 53 instrumentos financieros, principalmente solo de apoyo a pymes, con financiación del FSE, que ha ayudado con 472 millones EUR de su presupuesto a un total de 16 716 pymes (11 286 de las cuales son microempresas);

266.  Recuerda que la aplicación de los instrumentos de ingeniería financiera fue lenta durante el período de programación 2007-2013 debido a:

a)  la complejidad de las normas;

b)  en ocasiones, la sobreasignación de recursos respecto a las necesidades reales;

c)  su aplicación durante una época de crisis financiera;

267.  Acoge con satisfacción que, durante el período de programación 2014-2020, se prevea en el marco reglamentario que el uso de los instrumentos de ingeniería financiera tenga como base una evaluación ex ante obligatoria, a fin de detectar las necesidades de inversión y evitar que se comprometan en exceso los fondos de la UE;

268.  Se felicita asimismo de la creación, en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones, de una plataforma común de asesoramiento técnico sobre instrumentos financieros (fi-compass) como apoyo a la aplicación de los instrumentos de ingeniería financiera durante el período 2014-2020;

Mejores prácticas

269.   Acoge con satisfacción la tendencia a simplificar, reducir la sobrerregulación y mejorar la gestión compartida, tendencia que llega acompañada de los nuevos aspectos de la política de cohesión para el período de programación 2014-2020, parece ser parte de las mejores prácticas metodológicas y se halla reflejada en multitud de medidas concretas, como puede ser buscar la complementariedad del Plan de Inversiones para Europa mediante la coexistencia práctica de los Fondos EIE y del FEIE (Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas), duplicar el ámbito de aplicación de los instrumentos de ingeniería financiera, lanzar iniciativas específicas, por ejemplo para pymes, crear grupos de trabajo para una mejor aplicación, y adoptar un enfoque temático en cuestiones como el crecimiento inteligente, la aplicación de la investigación y las estrategias innovadoras sin perjuicio de las estrategias de especialización inteligente, o el aporte de la política de cohesión a las correspondientes políticas de la UE en materia de economía digital, energía, asuntos sociales, etc.;

270.   Celebra que la Comisión haya creado un grupo de alto nivel sobre la simplificación para los beneficiarios a fin de ayudar a detectar los obstáculos y barreras a la simplificación y a encontrar la manera de abordarlos; pide a la Comisión que estudie los procedimientos de simplificación satisfactorios que haya reconocido el Tribunal, como por ejemplo Horizonte 2020 y la simplificación de los costes indirectos con reembolsos a tanto alzado, a fin de generalizar este enfoque y aplicarlo a otras políticas;

271.  Pide a la Comisión que analice o revise la posibilidad de extender a otros programas el sistema por pago por derechos, que genera muchos menos errores que el sistema de reembolso de costes que es fuente de la mayoría de los errores en relación con otros programas;

272.  Pide a la Comisión que supervise la manera en que los Estados miembros mejoran las normas sobre auditoría y controles, a fin de establecer una base común para el intercambio de mejores prácticas, en particular en lo que respecta a la contratación pública y la lucha contra el fraude y la corrupción;

Medidas que deben adoptarse

273.  Concluye que la Comisión debería:

a)   haber aportado pruebas del efecto de las intervenciones del FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión durante el período 2007-2013 en lo que respecta al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

b)  velar por que las nuevas prioridades de la UE guarden una relación mucho más estrecha con la política de cohesión;

c)   avanzar en el proceso de simplificación que ya ha puesto en marcha, incluido el fomento de la opción de gastos simplificados;

d)  seguir apoyando las sinergias tanto en el seno de la propia política de cohesión como entre dicha política y otras intervenciones presupuestarias de la UE;

274.  Comparte las reservas de la Comisión en materia de cohesión económica, social y territorial, y pide que se le mantenga informado del despliegue de los programas correspondientes a través del informe de la Comisión tras la decisión del Parlamento sobre la aprobación de la gestión presupuestaria;

275.   Insta a la Comisión a que siga haciendo frente con rigor a las insuficiencias de los controles de primer nivel en los Estados miembros, dado que algunos de los principales errores se producen en ese nivel;

276.  Pide a la Comisión que informe de la adopción por parte de los Estados miembros de las opciones de coste simplificadas en el informe posterior a la decisión del Parlamento sobre la aprobación de la gestión de la Comisión para 2014;

277.  Se muestra de acuerdo con el Tribunal en que la Comisión haga extensiva a todos los Estados miembros su evaluación de la fiabilidad de las correcciones financieras notificadas por las autoridades de certificación y su incidencia en el cálculo del «porcentaje de error residual» efectuado por la Comisión; pide a la Comisión que informe de estos resultados tras la decisión del Parlamento sobre la aprobación de la gestión;

278.  Conviene con el Tribunal en que la Comisión debería reforzar el sistema de control de las autoridades de auditoría e informar de estos resultados tras la decisión del Parlamento sobre la aprobación de la gestión;

279.   Pide a la DG Política Regional y Urbana y a la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión que hagan en sus respectivos informes anuales de actividades una descripción de su aportación a la preparación de las recomendaciones específicas por país de la Comisión y de la manera en que ayudan a los Estados miembros a ponerlas en práctica, puesto que estas recomendaciones deberían demostrar la manera en que las direcciones generales ayudan a los Estados miembros a avanzar en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

Recursos naturales

Cuestiones generales

280.  Señala que en el ámbito de gasto relativo a los recursos naturales se incluyen tipos de actividades fundamentalmente distintas en la política agrícola común (PAC), que pretende aumentar la productividad del sector agrícola, contribuir al nivel de vida de la comunidad agrícola, estabilizar mercados y velar por la disponibilidad de suministros a precios razonables; es consciente de que este papel lo desempeñan dos fondos: el FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía), que redistribuye las ayudas directas y pagos de la UE y ofrece medidas de mercado, y el Feader (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), que cofinancia programas de desarrollo rural en base a los proyectos;

281.  Señala que los otros ámbitos incluyen actividades en el marco de la política pesquera común (FEP o Fondo Europeo de Pesca) y actividades de apoyo medioambiental (protección y mejora, utilización racional de los recursos naturales, etc.), principalmente en el marco del instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE);

282.  Lamenta que, de las veintiún recomendaciones hechas por el Tribunal en 2011 y 2012, cinco se haya aplicado en su totalidad, cuatro se hayan aplicado en la mayoría de sus aspectos, y las doce restantes solo lo hayan sido en algunos;

Cuestiones relacionadas con la gestión

283.  Señala que el gasto de la PAC tiene lugar en régimen de gestión compartida (cofinanciado con los Estados miembros, además de que los pagos directos se distribuyen a través de organismos pagadores y existe responsabilidad en cuanto a la subvencionabilidad y la entrega de pagos a los beneficiarios), que el FEP se gestiona asimismo de manera compartida, y que la gestión de LIFE está centralizada en la Comisión;

284.  Hace hincapié en que el problema de la asignación eficiente radica asimismo en la modesta fiabilidad y en la base de datos del SIP, que no siempre se halla actualizada; observa con satisfacción que se habían abordado las insuficiencias del SIP en todos los Estados miembros fiscalizados, pero lamenta que persistan insuficiencias significativas en algunos de ellos; pide a la Comisión que utilice los instrumentos reforzados de los que dispone en virtud de la nueva legislación de la PAC(94) cuando existan deficiencias significativas y persistentes en los sistemas nacionales;

285.  Señala que otro de los fallos detectados son los defectos en los planes de acción para el desarrollo rural de los Estados miembros;

286.   Recomienda que la Comisión asesore a los Estados miembros al objeto de abordar estos problemas y ayudar a que adopten decisiones satisfactorias;

287.  Celebra que el Tribunal llevara a cabo una auditoría de seguimiento para evaluar si se habían remediado las deficiencias relativas al SIP observadas en los Estados miembros entre 2007 y 2013;

288.  observa con satisfacción que se habían abordado las insuficiencias del SIP en todos los Estados miembros fiscalizados; lamenta, no obstante, que persistan deficiencias significativas en Grecia, España e Italia; pide a la Comisión que utilice los instrumentos reforzados de los que dispone en virtud de la nueva legislación de la PAC cuando existan deficiencias significativas y persistentes en los sistemas nacionales;

289.   Observa con preocupación que pueda producirse una infravaloración del nivel de error comunicado por un organismo de certificación para un ejercicio en el contexto de un «procedimiento de refuerzo de garantía»(95); hace hincapié en que, en general, en los seis Estados miembros que han optado por aplicar voluntariamente dicho procedimiento, el Tribunal ha constatado que las insuficiencias de aplicación restan en gran parte fiabilidad a los niveles de error comunicados, y que la Comisión ha de afinar las tasas de error comunicadas;

290.   Lamenta profundamente que el organismo de certificación griego infravalorara claramente el nivel de error comunicado para el ejercicio 2014 en el contexto del «procedimiento de refuerzo de garantía», y hace hincapié en que, en general, en los seis Estados miembros que optaron por aplicar voluntariamente dicho procedimiento (Grecia, Bulgaria, Rumanía, Italia, Luxemburgo y el Reino Unido), el Tribunal ha constatado que, con excepción de Luxemburgo, las insuficiencias de aplicación en los Estados miembros restan fiabilidad a los niveles de error comunicados;

291.   Lamenta que el Tribunal detectara insuficiencias en los sistemas de control relativos a las operaciones de desarrollo rural de los cinco organismos pagadores que controló en 2014 (Irlanda, Italia —Campania—, Portugal, Rumanía y Suecia), especialmente en lo que respecta a los controles de los requisitos de acceso a las ayudas en relación con las condiciones medioambientales, el tamaño máximo de las empresas y los procedimientos de contratación pública;

292.   Lamenta que, por lo que respecta al desarrollo rural, la mayoría de los tipos de error y de insuficiencias de los sistemas no fueran abordados en los planes de acción revisados por el Tribunal;

293.  Celebra que, de acuerdo con las conclusiones del Tribunal, la Comisión haya gestionado satisfactoriamente el procedimiento de liquidación financiera de 2014;

294.   Observa con preocupación que los procedimientos de conformidad seguían siendo de una duración excesiva en 2014; señala que la reducción del 15 % de la acumulación de expedientes pendientes respecto de finales de 2013 no ha sido suficiente y se ha traducido en una importante acumulación con ciento ochenta expedientes pendientes a finales de 2014;

295.  Hace hincapié en que la auditoría del Tribunal en relación con la gestión de las medidas de transferencia de conocimientos y asesoramiento ha puesto de manifiesto que un número considerable de servicios similares reciben financiación de diferentes fondos de la UE (por ejemplo, del FSE y del Feader), lo que conlleva el riesgo de doble financiación y exige la duplicación de costosas estructuras de gestión;

296.   Lamenta que el Tribunal haya llegado a la conclusión de que el apoyo de la Unión para las infraestructuras rurales solo haya obtenido unos rendimientos limitados; lamenta asimismo que no siempre se haya justificado con claridad la necesidad de financiación de la Unión para el desarrollo rural, que la coordinación con otros fondos haya sido escasa y que los procedimientos de selección no hayan orientado sistemáticamente la financiación hacia los proyectos más rentables; pide a la Comisión y a los Estados miembros que recopilen datos relevantes y fiables sobre la efectividad y la eficiencia de las medidas financiadas, a fin de gestionar el gasto en función de los resultados;

Legalidad y regularidad: errores

297.   Expresa su profunda preocupación a la vista de que el Tribunal analizó 183 operaciones del FEAGA relacionadas con las medidas de mercado y las ayudas directas y 176 operaciones de desarrollo rural, medio ambiente, acción por el clima y pesca, de las cuales en conjunto 177 contenían errores (93 relacionadas con las medidas de mercado y las ayudas directas en el caso de la agricultura y 84 de desarrollo rural, medio ambiente, acción por el clima y pesca); señala que, basándose en los 88 errores cuantificados, el nivel estimado de error es del 2,9 % en las operaciones del FEAGA relacionadas con las medidas de mercado y las ayudas directas y, basándose en los 41 errores cuantificados, del 6,2 % en las operaciones de desarrollo rural, medio ambiente, acción por el clima y pesca, por lo que el porcentaje de error más probable para la totalidad del capítulo «Recursos naturales» es del 3,6 %; observa con satisfacción que la situación ha mejorado, dado que, de excluir la condicionalidad, este último porcentaje sería del 3 %;

298.   Considera inaceptable que en veintiséis de los casos de errores cuantificables cometidos por los beneficiarios en las operaciones del FEAGA relacionadas con las medidas de mercado y las ayudas directas, las autoridades nacionales disponían de suficiente información para haber evitado, detectado y corregido los errores antes de declarar los gastos a la Comisión; observa que, de haberse utilizado toda esta información para corregir los errores, el porcentaje de error estimado para este subcapítulo se habría podido reducir en 0,6 puntos porcentuales; señala asimismo que el Tribunal constató que, en treinta y cuatro de los casos, los errores detectados eran atribuibles a las autoridades nacionales, que estos errores contribuyeron con 0,7 puntos porcentuales al nivel de error estimado, que en quince casos de errores cuantificables cometidos por los beneficiarios en las operaciones de desarrollo rural, medio ambiente, acción por el clima y pesca, las autoridades nacionales disponían de suficiente información para haber evitado, detectado y corregido los errores antes de declarar los gastos a la Comisión, y que, de haberse utilizado toda esta información para corregir los errores, el porcentaje de error estimado para este subcapítulo se habría podido reducir en 3,3 puntos porcentuales; señala asimismo que el Tribunal constató que, en tres de los casos, los errores detectados eran atribuibles a las autoridades nacionales, y que estos errores contribuyeron con 0,6 puntos porcentuales al nivel de error estimado; estima que esta situación, que se ha mantenido sin cambios durante varios años, demuestra una falta de diligencia;

299.  Lamenta que las fuentes de error hayan permanecido invariables:

a)  en las operaciones del FEAGA relacionadas con las medidas de mercado y las ayudas directas (agricultura): declaraciones imprecisas o no subvencionables de los beneficiarios (como declaraciones excesivas de superficie agrícola o parcelas de terreno no subvencionables); beneficiarios, actividades, gastos o proyectos no subvencionables; incumplimientos de la condicionalidad, y errores administrativos;

b)  en las operaciones de desarrollo rural, medio ambiente, acción por el clima y pesca (gasto rural): declaraciones imprecisas o no subvencionables de los beneficiarios (declaraciones excesivas de superficie agrícola o parcelas de terreno no subvencionables); beneficiarios, actividades, gastos o proyectos no subvencionables; incumplimientos de la condicionalidad; incumplimiento de los compromisos agroambientales, e incumplimiento de las normas de contratación pública;

Contribución por tipo de error

Agricultura

Desarrollo rural

Número excesivo de hectáreas admisibles

28 %

6 %

Beneficiario, actividad, gasto o proyecto no subvencionable

6 %

16 %

Incumplimientos de la condicionalidad

15 %

1 %

Errores administrativos

15 %

 

Incumplimiento de los compromisos agroambientales

 

10 %

Incumplimiento de las normas de contratación pública

 

3 %

Total

63 %

37 %

300.  Expresa su particular preocupación por los casos de supuesta elusión intencionada de los criterios de subvencionabilidad; observa que estos casos han sido transmitidos a la OLAF, y pide a esta que informe del resultado de sus investigaciones en el informe de seguimiento de la Comisión;

Cuestiones relacionadas con la fiabilidad de los datos

301.   Subraya que reviste una importancia fundamental disponer de un SIP fiable y actualizado, lo que debería hacer que se produjeran menos errores;

302.  Señala que, puesto que los porcentajes de error comunicados por los Estados miembros para cada organismo pagador no siempre son fiables, la DG Agricultura y Desarrollo Rural ajusta los niveles de error basándose principalmente en las auditorías de la propia Comisión y en las realizadas por el Tribunal en los últimos tres años;

303.   Subraya que, si bien en 2014 los organismos de certificación valoraron positivamente el conjunto de estadísticas de control del FEAGA-SIGC comunicadas por los Estados miembros, la Comisión tuvo que corregir los porcentajes de error comunicados por 17 de 69 organismos pagadores con un porcentaje de error residual superior al 2 %, cinco de ellos por encima del 5 %(96), en particular en España (Andalucía, Cantabria, Extremadura y la Rioja) y en Hungría; señala que, en general, los porcentajes de error comunicados en los pagos directos de la PAC aumentaron del 0,55 % al 2,54 % como consecuencia de los ajustes de la DG Agricultura y Desarrollo Rural;

304.   Subraya que, si bien en 2014 los organismos de certificación valoraron positivamente el 88 % de las estadísticas de control del Feader notificadas por los Estados miembros, la Comisión tuvo que corregir los porcentajes de error comunicados por 43 de 72 organismos pagadores con un porcentaje de error ajustado superior al 2 % (y al 5 % en 14 de ellos) en Bulgaria, Dinamarca, España (Andalucía y Valencia), Francia ((ODARC y ASP), el Reino Unido (Inglaterra), Grecia, Irlanda, Lituania, Letonia, los Países Bajos, Portugal y Rumanía); señala que, en general, los porcentajes de error comunicados en los pagos para el desarrollo rural aumentaron del 1,52 % al 5,09 % como consecuencia de los ajustes de la DG Agricultura y Desarrollo Rural;

305.   Hace hincapié en que, dado que los ajustes solo se realizan cuando existen auditorías de la Comisión o el Tribunal, existe el riesgo de que la Comisión infravalore el porcentaje de error ajustado con respecto a cada organismo pagador;

306.   Señala, no obstante, que el Tribunal considera que la metodología de la Comisión constituye un enfoque válido que puede servir de base suficiente a las reservas emitidas respecto de los distintos organismos pagadores;

307.  Señala la gran fragmentación la estructura de ejecución en el caso del desarrollo rural,(97) lo que limita la cobertura de las auditorías de conformidad de la Comisión respecto del gasto del Feader;

308.   Observa que, puesto que el promedio de correcciones financieras en los tres últimos ejercicios del FEAGA corresponde al 1,2 % de los gastos afectados, y al 1 % en el caso del Feader, la Comisión ha aplicado correcciones financieras por algo menos de la mitad del nivel del porcentaje de error ajustado respecto del FEAGA (2,6 % en 2014), y por una quinta parte en el Feader (5,1 % en 2014); observa asimismo que, en los tres últimos ejercicios, las recuperaciones supusieron el 0,3 % de los gastos en el caso del FEAGA y el 0,9 % en el caso del Feader;

309.  Hace hincapié en que, sobre la base de la información dada por la Comisión en lo concerniente a, por una parte, las recuperaciones y correcciones financieras (1,9 % del gasto) y, por otra, el porcentaje de error agregado y ajustado (5,1 %), los cifras del Feader de 2014 muestran que la capacidad correctora es insuficiente para reducir el gasto sujeto a riesgo que está por debajo del nivel de materialidad al final del período de programación(98);

310.   Señala que la declaración de fiabilidad del director general de Agricultura y Desarrollo Rural incluye tres reservas con respecto a los gastos de 2014en gestión compartida con los Estados miembros y una reserva en cuanto al régimen de gestión indirecta,por un valor total de 1 446,9 millones EUR (1 451,9 millones EUR en 2013); observa que el importe de riesgo más elevado en 2014 corresponde al ámbito de actividad ABB03 (Pagos directos); acoge favorablemente este intenso trabajo por parte de la dirección general para supervisar y corregir los datos de las autoridades de los Estados miembros, tal como exige el artículo 66 del Reglamento Financiero; señala que las debilidades y correcciones en los sistemas nacionales así reveladas representan una parte sustancial de los datos en que se basa la declaración de fiabilidad; pide a la Comisión que siga mejorando los datos que constituyen la base de esta declaración de fiabilidad;

Enfoque basado en el rendimiento y los resultados

311.  Señala que se ha detectado un énfasis bastante importante, pero más bien formal, en los criterios de rendimiento (según el Tribunal, hasta en un 93 % de los proyectos examinados), mientras que, en cambio, no ha habido el mismo rigor a la hora de medir hasta qué punto se han logrado los objetivos;

312.  Señala que, según el informe anual de actividades del director general de Agricultura y Desarrollo Rural, la renta de los factores agrícolas se ha mantenido estable en 2014 (ICR 1); hace hincapié en que, según la Comisión(99), el descenso de la mano de obra agrícola es positivo para la renta agrícola por trabajador; pide a la Comisión que informe de manera sistemática sobre este particular en su informe anual de actividades;

313.  Constata con asombro que, según el informe anual de actividades del director general de Agricultura y Desarrollo Rural, la tasa de empleo en zonas rurales (ICR 4) se ha mantenido estable en 2014, a pesar de que el número de agricultores en la UE está en constante descenso;

314.   Considera insostenible que, según el informe anual de actividades de la DG Agricultura y Desarrollo Rural(100), el 44,7 % de las explotaciones agrícolas de la UE sean de semisubsistencia, es decir, que los ingresos anuales no lleguen a los 4 000 EUR; observa asimismo que, según el informe sobre la distribución de las ayudas directas a los productores agrícolas para el ejercicio 2014 que la Comisión aprobó el 15 de diciembre de 2015:

a)  de media, el 80 % de los beneficiarios de las ayudas directas de la CAP reciben el 20 % de los pagos, y

b)  el 79 % de los beneficiarios de las ayudas directas de la CAP reciben anualmente 5 000 EUR o una cantidad inferior;

315.   Pide a la DG Agricultura y Desarrollo Rural que, en su informe anual de actividades 2015, presente un amplio abanico de indicadores económicos y ambientales que ofrezcan una visión equilibrada de la situación de la agricultura en la Unión en un contexto amplio, para que los colegisladores puedan evaluar mejor los resultados de la PAC y reflexionar con conocimiento de causa sobre su orientación futura;

316.   Pide a la DG AGRI que informe sobre la evolución de la distribución de las ayudas a la renta agrícola en su informe anual y, en particular, que ofrezca detalles sobre los efectos de las nuevas formas de ayuda, como el pago redistributivo introducido por la reforma de la PAC de 2013;

317.  Celebra que el Tribunal, en el marco de un ejercicio piloto relativo al rendimiento, se centrara en setenta y un proyectos de desarrollo rural que incluían inversiones en inmovilizado material;

318.   Se congratula de los resultados logrados en la aplicación de la política de desarrollo rural durante el periodo 2007-2013 de acuerdo con los datos preliminares (finales de 2014) relativos a las microempresas (73 300) y los jóvenes agricultores (164 000) que han recibido ayudas, así como al apoyo a la innovación de cara a la introducción de nuevos productos y tecnologías en 136 000 explotaciones agrícolas;

319.  Lamenta que el Tribunal descubriera deficiencias en la orientación de las medidas y en la selección de proyectos, así como que faltaran pruebas de que los costes fueran moderados;

320.   Lamenta que el Tribunal detectara insuficiencias en los sistemas de control relativos a las operaciones de desarrollo rural de los cinco organismos pagadores que controló en 2014 (Irlanda, Italia —Campania—, Portugal, Rumanía y Suecia), especialmente en lo que respecta a los controles de los requisitos de acceso a las ayudas en relación con las condiciones medioambientales, el tamaño máximo de las empresas y el procedimiento de contratación pública;

Instrumentos de ingeniería financiera

321.  Señala que el uso de los instrumentos de ingeniería financiera es mínimo y casi excepcional en este ámbito;

322.   Lamenta que el Tribunal detectara deficiencias graves en cuanto a los efectos de rotación y palanca de este mecanismo de financiación en el desarrollo rural y considerara que los instrumentos de ingeniería financiera no habían sido eficaces durante el período 2007-2013(101); pide que la Comisión adopte medidas que ofrezcan incentivos suficientes a los beneficiarios de cara al logro de un importante valor añadido;

323.   Constata que la Comisión ha puesto en marcha un procedimiento de liquidación de conformidad para obtener información precisa y detallada sobre el riesgo de que se produzca un conflicto de intereses en relación con el Fondo Estatal de Intervención Agrícola de la República Checa, y destaca que, en caso de que no se tomen las medidas necesarias para prevenir dicho conflicto de intereses, en última instancia la autoridad competente checa podría verse obligada a retirar la acreditación del organismo pagador y/o la Comisión podría llegar a aplicar una corrección financiera; pide a la Comisión que actúe con rapidez y que informe al respecto al Parlamento en junio de 2016 a más tardar; pide a la OLAF que comunique sin demora al Parlamento su decisión de abrir o no un expediente;

324.   Señala que, una vez finalizado el período de subvencionabilidad de los instrumentos de ingeniería financiera, los recursos devueltos a los fondos procedentes de inversiones pueden ser usados por los Estados miembros y convertirse en recursos nacionales en virtud del actual marco jurídico; lamenta que esto signifique que recursos inicialmente vinculados a instrumentos financieros específicos puedan llegar a transferirse a diferentes sectores y empresas individuales; pide a la Comisión que aumente los incentivos para que los Estados miembros distribuyan estos recursos dentro del mismo sector;

Mejores prácticas

325.   Señala que el Tribunal analizó minuciosamente si las ayudas de la UE se centraban en objetivos claramente definidos que reflejaran las necesidades estructurales y territoriales, y las dificultades estructurales detectadas, y que verificó asimismo el criterio de rendimiento en los procesos de orientación y selección; opina que el marco común de seguimiento y evaluación (MCSE) mejorado desarrollado por la DG Agricultura y Desarrollo Rural, en lo que respecta al enfoque basado en el rendimiento, contiene un conjunto de indicadores concretos que permitirán a la Comisión medir los avances e informar al respecto;

Medidas que deben adoptarse

326.  Concluye que la Comisión debería:

a)  adoptar las medidas pertinentes para reforzar los planes de acción en los Estados miembros al objeto de determinar cuáles son las causas de error más frecuentes, y revisar la estrategia de las auditorías de conformidad del desarrollo rural;

b)  analizar las repercusiones de la reforma de la PAC en lo que respecta al rendimiento de la industria y sus prioridades en relación con el apoyo presupuestario de la UE;

c)   promover las sinergias en el ámbito de los recursos naturales para poner fin a la heterogeneidad de acciones de ayuda que existe actualmente;

d)   informar en detalle al Parlamento acerca de la aplicación de los topes en los pagos directos de la PAC por Estado miembro;

327.  Pide que:

a)   la Comisión estudie la posibilidad de informar, en el informe anual de actividades de la DG AGRI, sobre la evolución de la distribución de las ayudas a la renta agrícola;

b)  los Estados miembros intensifiquen sus esfuerzos por incluir datos fiables y actualizados en sus bases de datos del SIP, a fin de evitar pagos por superficies no subvencionables;

c)  la Comisión redacte propuestas con miras a sancionar la notificación falsa o incorrecta por parte de organismos pagadores, en particular en los tres vectores de estadísticas de inspección, declaraciones de los organismos pagadores y trabajo de los organismos de certificación;

d)  la Comisión adopte las medidas pertinentes para exigir que los planes de acción de los Estados miembros en el ámbito del desarrollo rural incluyan medidas correctoras para atajar los errores más frecuentes;

e)  la Comisión revise la estrategia de sus auditorías de conformidad del desarrollo rural para determinar si, en los Estados miembros que tengan programas regionales, las insuficiencias de los sistemas detectadas en una región concreta están presentes también en otras regiones, especialmente en las medidas de inversión;

f)  la Comisión garantice que los órganos de certificación aplican correctamente el nuevo procedimiento de garantía de la legalidad y regularidad de las operaciones, que será obligatorio a partir del ejercicio 2015, y que este ofrece información fiable sobre el nivel de error;

g)  los Estados miembros evalúen la necesidad de financiar actividades de transferencia de conocimientos y asesoramiento que ya se encuentren disponibles en el mercado a un precio razonable y, cuando esta necesidad esté justificada, que los Estados miembros garanticen que los costes de las actividades financiadas no superen los de actividades similares ofertadas en el mercado;

h)  la Comisión garantice la complementariedad entre los fondos de la Unión a fin de mitigar el riesgo de doble financiación y de duplicación de tareas administrativas al aplicar las medidas de transferencia de conocimientos y asesoramiento;

i)  la Comisión anime a los Estados miembros a establecer un único instrumento financiero que sea capaz de proporcionar préstamos y garantías, aumentando así su actividad y masa crítica;

j)  la Comisión fije normas y objetivos apropiados para los efectos de palanca y rotación con el fin de aumentar la eficacia de los instrumentos financieros para el período de programación 2014-2020;

k)  la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación reduzca, en la medida de lo posible, las prórrogas de créditos comprometidos, que ascendían en 2014 a 0,9 millones EUR (50 %); señala que en 2013 el Tribunal hizo comentarios similares y que sigue sin disponerse de información sobre las medidas correctivas adoptadas;

Europa global

Cuestiones generales

328.  Toma nota de que este ámbito abarca los gastos relacionados con las actividades de política exterior, la ayuda de la Unión a los países candidatos y candidatos potenciales, y la ayuda humanitaria y al desarrollo a los países en desarrollo y los países vecinos, que no se enmarcan en las actividades del Fondo Europeo de Desarrollo (FED);

329.  Señala que la rúbrica 4 (Europa global) dispone de un importe total de 7 400 millones EUR, que se emplean recurriendo a diversos instrumentos de cooperación y métodos de ejecución;

330.  Observa que, en la actualidad, existen tres ámbitos indiscutibles relevantes para la agenda de ampliación y política de vecindad, a saber, la asociación, la ampliación y las sinergias con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE);

331.  Acoge con satisfacción que, de las ocho recomendaciones hechas por el Tribunal en 2011 y 2012, cuatro se hayan aplicado en su totalidad, otras dos se hayan aplicado en la mayoría de sus aspectos, y dos más se estén aplicando en ciertos aspectos;

Cuestiones relacionadas con la gestión

332.  Observa que en esta sección se da una gestión directa, cuando son la propia Comisión o sus DG quienes gestionan el gasto; esta gestión se lleva a cabo a través de los servicios centrales de Bruselas o de las delegaciones de la Unión en determinados países, o en cooperación con organizaciones internacionales;

333.   Constata con asombro que las delegaciones con el importe de riesgo más elevado según los indicadores clave de resultados 5 (ejecución puntual) y 6 (objetivo alcanzado) difieren de aquellas que figuran entre las que han obtenido los peores resultados; opina que esto plantea interrogantes sobre la calidad y seriedad de la información comunicada por algunas delegaciones;

334.   Observa con gran preocupación que, según los IGAE relativos a 2 598 proyectos realizados por las delegaciones de la Unión:

–   805 proyectos por valor de 13 700 millones EUR (45,53 % del importe total) han sufrido retrasos;

–   610 proyectos por valor de 9 900 millones EUR (32,96 %) no alcanzarán los objetivos fijados al inicio;

–   500 proyectos por valor de 8 600 millones EUR (29 %) han sufrido retrasos y no alcanzarán los objetivos fijados al inicio;

–   915 proyectos por valor de 15 000 millones EUR (50 %) han sufrido retrasos o no alcanzarán los objetivos fijados al inicio;

–   las acciones de apoyo presupuestario representan prácticamente una quinta parte de los proyectos que registran los problemas más graves;

335.   Lamenta que el personal de las delegaciones visite con menor frecuencia los proyectos que presentan problemas de ejecución que los proyectos carentes de problemas;

336.   Recuerda que el Parlamento solicitó a la Comisión que presentara las medidas adoptadas para mejorar los resultados de las delegaciones de la Unión por lo que respecta a la planificación financiera y la asignación de recursos, la administración financiera y las auditorías y que transmita al Parlamento, junto con los IGAE, las conclusiones que ha extraído de estos;

337.   Insiste en que la Comisión no debe en modo alguno recurrir al procedimiento contradictorio previsto en el artículo 163 del Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de la Unión para retrasar o bloquear la adopción de un informe especial del Tribunal de Cuentas;

338.  Reitera con firmeza que el proceso de desarrollo de garantías exige medidas que refuercen la responsabilidad de las delegaciones de la Unión a través de los IGAE elaborados y firmados por los jefes de las delegaciones de la Unión;

339.   Considera que los IGAE presentados por los jefes de las delegaciones de la Unión son un instrumento útil de gestión interna que permite que la Comisión identifique los problemas relacionados con los proyectos en una fase temprana y los resuelva incluso durante la fase de ejecución; lamenta que dichos informes no se hayan adjuntado a los informes anuales de actividad de la DG DEVCO y la DG NEAR, tal y como prevé el artículo 67, apartado 3, del Reglamento Financiero; lamenta que estos informes se consideren sistemáticamente confidenciales pese a que, de conformidad con el artículo 67, apartado 3, del Reglamento Financiero, «se pondrán a disposición del Parlamento Europeo y del Consejo, teniendo debidamente en cuenta, si procede, su confidencialidad»;

340.   Lamenta que los resultados globales obtenidos por las delegaciones de la Unión en la aplicación de los programas de ayuda exterior hayan empeorado en comparación con 2013, según los indicadores clave de resultados (ICR) utilizados en los IGAE de 2014; señala, no obstante, que estos informes presentan una evaluación de los proyectos en curso y que los resultados se ven influidos por factores que escapan al control de las delegaciones de la Unión, entre los que se hallan la calidad de la gobernanza en los países beneficiarios, la situación en materia de seguridad, las crisis políticas, el compromiso de los socios ejecutivos, etc.;

341.   Reconoce que las evaluaciones basadas en los IGAE solo ofrecen una visión parcial de la situación de cada proyecto al final del ejercicio y que el verdadero impacto de las dificultades detectadas solo puede evaluarse una vez finalizado el proyecto;

342.  Insiste en que la Comisión utilice los IGAE para subsanar las deficiencias detectadas, de modo que los proyectos en curso cumplan los objetivos fijados inicialmente; espera que la Comisión vele por que los proyectos de ayuda exterior se planifiquen conforme a un calendario realista, con el fin de reducir la proporción de proyectos retrasados; espera que la Comisión informe al Parlamento sobre las medidas correctivas adoptadas para remediar la situación existente en las delegaciones con graves problemas de ejecución;

343.   Observa que solo se consideró que una ínfima parte de los proyectos en curso presentaban problemas graves que justificaran una «señal de alarma»; se congratula de las medidas correctoras previstas, que aún podrían conducir a un resultado positivo antes de que finalice el periodo de ejecución;

344.  Considera que a los jefes de las delegaciones de la Unión se les debería recordar claramente, tanto durante el procedimiento de contratación como antes de incorporarse a su destino, cuáles son sus obligaciones en términos de gestión, su responsabilidad en lo que se refiere a la fiabilidad de la gestión de la cartera de operaciones de su delegación (principales procesos de gestión, gestión de los controles, comprensión y evaluación adecuadas de los ICR), así como la obligación de presentar informes cualitativos y cuantitativos en el marco de la elaboración del informe anual de actividades, y se les debería instar a no centrarse únicamente en el componente político de sus obligaciones;

345.   Expresa su preocupación por la gestión de la ayuda externa en terceros países por parte de la Unión; señala que uno de cada dos euros se pagó con retraso (en el momento del último informe, esta situación afectaba a 805 proyectos), que uno de cada tres euros no alcanzó el objetivo previsto (lo cual afectó a 610 proyectos) y que se comprobaron ambas carencias para uno de cada cuatro euros (con 500 proyectos afectados); expresa su preocupación por el hecho de que, por lo que se refiere al apoyo presupuestario, prácticamente una quinta parte (18,5 %) de las medidas se aplica con retraso y no logra alcanzar los objetivos, y casi la mitad de los proyectos del FED presentan los mismos problemas de ejecución; expresa su preocupación por el hecho de que los proyectos que experimentan problemas se supervisan con menor frecuencia que los que están exentos de ellos; pide a la Comisión que presente un informe actualizado sobre la situación de esos proyectos y que incluya en dicho informe los programas de ayuda de la Política de Vecindad;

346.  Opina que los jefes de las delegaciones de la Unión deberían contar con unas orientaciones claras en las directrices generales sobre la definición de las reservas y sus componentes;

347.  Considera importante identificar y consolidar las tendencias por delegación basadas en la información sobre la gestión y los ICR a fin de evaluar el ciclo de programación en beneficio de los resultados globales o sectoriales de la ayuda al desarrollo de la Unión;

348.   Se felicita de que la Comisión haya reforzado la supervisión de los proyectos financiados por la Unión en los campamentos de Tinduf, con un total de 24 misiones de supervisión en 2015 y estancias de hasta dos semanas al mes de personal humanitario de la Comisión en dichos campamentos; acoge con satisfacción todos los esfuerzos desplegados por la Comisión para garantizar que los fondos de la Unión se usan del modo más eficaz posible en los campamentos y observa que no existen derechos de aduana sobre las importaciones de carácter humanitario en el caso de Tinduf;

Legalidad y regularidad: errores

349.  Observa que el Tribunal analizó 172 operaciones, de las cuales 43 estaban afectadas por errores; señala que, basándose en los 28 errores cuantificados, el nivel estimado de error es del 2,7 %;

350.   Acoge con satisfacción el hecho de que el Tribunal estableciera un porcentaje de error específico para los gastos gestionados directamente por la Comisión, del que estaban excluidas las operaciones de apoyo presupuestario y las operaciones con donantes múltiples, y lamenta que el porcentaje de error para estas operaciones específicas se haya estimado en un 3,7 %; considera frustrante comprobar que, en siete casos de errores cuantificables, la Comisión disponía de suficiente información como para evitar o detectar y subsanar los errores antes de aceptar los gastos; considera que, de haberse utilizado toda esta información para corregir los errores, el porcentaje de error estimado para el presente capítulo se habría podido reducir en 0,2 puntos porcentuales;

351.  Toma nota de que entre los principales errores se incluyen los gastos no subvencionables declarados por los beneficiarios financieros (que afectan al período, los impuestos, el incumplimiento de la norma de origen o la falta de documentación), así como una liquidación y aceptación insuficientes de los pagos por parte de la Comisión;

Contribución por tipo de error

Europa global

Gastos no subvencionables

57 %

Servicios/obras/suministros no prestados o realizados

24 %

Ausencia de justificantes de los gastos

8 %

Incumplimiento de las normas de contratación pública

6 %

Cálculo incorrecto de los gastos declarados

4 %

Total

100 %

352.  Acoge con satisfacción el hecho de que el Tribunal estableciera un porcentaje de error específico para los gastos gestionados directamente por la Comisión, del que estaban excluidas las operaciones de apoyo presupuestario y las operaciones con donantes múltiples; lamenta que el porcentaje de error para estas operaciones específicas se haya estimado en un 3,7 %;

353.   Señala que las operaciones de apoyo presupuestario examinadas por el Tribunal estaban exentas de errores de legalidad o regularidad; considera, sin embargo, que la Comisión debe introducir un seguimiento coherente de los fondos concedidos en forma de ayuda presupuestaria, incluidos controles sistemáticos del cumplimiento de las condiciones que regulan el acceso a este tipo de ayudas;

354.  Lamenta que el Tribunal haya constatado una vez más en 2014 el error sistémico ya detectado en 2013, consistente en aprobar los gastos sobre la base de sus propias estimaciones, en vez de sobre la base de los gastos que se hayan efectivamente producido, abonado y aceptado; observa, no obstante, con satisfacción que, en mayo de 2014, la DG ELARG procedió a corregir en sus cuentas relativas a los ejercicios de 2013 y 2014 liquidaciones que se habían efectuado incorrectamente, y que revisó asimismo las instrucciones contempladas en el Manual de Contabilidad de ELARG;

355.  Recuerda que, en su declaración de fiabilidad(102), el director general de Europe Aid afirmó que los procedimientos de control establecidos ofrecían las garantías necesarias sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes, aunque expresó una reserva general por el hecho de que el porcentaje de error superara el 2 %, lo que demuestra que los procedimientos de control no fueron capaces de prevenir, detectar y corregir los errores materiales;

356.   Considera fundamental que exista la posibilidad de suspender los fondos de preadhesión no solo en caso de malversación comprobada de los mismos, sino también en caso de que países en fase de preadhesión infrinjan de alguna manera los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

Cuestiones relacionadas con la fiabilidad de los datos

357.  Señala que, debido a la naturaleza de los gastos y los territorios a los que están asignados, la gestión de datos en este ámbito difiere claramente de la de cualquier otro ámbito del presupuesto de la Unión;

Enfoque basado en el rendimiento y los resultados

358.  Constata que, debido a la naturaleza del apoyo, una mejor gestión de los riesgos y un refuerzo de los sistemas de control contribuyen de forma sustancial a centrarse en el rendimiento;

Instrumentos de ingeniería financiera

359.  Observa que, en este ámbito, los instrumentos de ingeniería financiera no representan una cuestión central; si hay margen para esta clase de apoyo, suele materializarse a través de acciones del FED;

Medidas que deben adoptarse

360.  Concluye que la Comisión debería:

a)  seguir la recomendación del Tribunal de establecer y aplicar procedimientos de control interno para garantizar que los pagos de prefinanciación se basen en los gastos reales, y reforzar los controles ex ante aplicables a los contratos de subvención, en particular el recurso a la planificación en función del riesgo y las misiones de seguimiento sistemáticas;

b)  tener en cuenta el actual conjunto de prioridades, sujetas a cambios radicales, a fin de proporcionar una ayuda financiera de la Unión eficaz, que abarque no solo los aspectos territoriales (Ucrania, Turquía, los Balcanes Occidentales, los países de la Asociación Oriental, entre otros), sino también y simultáneamente los aspectos de carácter temático;

361.  Insta a la Comisión a establecer y aplicar procedimientos de control interno para garantizar que la prefinanciación se liquide sobre la base de los gastos en que se haya incurrido efectivamente, sin incluir los compromisos jurídicos;

362.  Respalda plenamente la instrucción dada por la Comisión a la DG DEVCO en su informe de síntesis(103), conforme a la cual le insta a que «busque medios con el fin de incrementar la medida en que tiene en cuenta el resultado de sus controles para ofrecer una garantía más diferenciada en función del riesgo y, posteriormente, dirigir una mayor parte de sus recursos de control a ámbitos cubiertos por reservas específicas, teniendo en cuenta la relación coste/eficacia de los diversos controles»;

363.  Pide a la Comisión que:

a)  facilite anualmente al Parlamento una evaluación global de los IGAE; y que

b)  indique en los informes anuales de actividad de la DG DEVCO y la DG NEAR las medidas tomadas para remediar la situación existente en las delegaciones con problemas de ejecución, acortar los tiempos de demora en marco del apoyo presupuestario y simplificar los programas;

Administración

364.  Toma nota de que este ámbito muy específico se refiere a los gastos de las instituciones de la Unión y otros organismos, y que la Comisión desempeña aquí en muchos casos un papel de prestador de servicios a terceros;

365.  Señala que alrededor del 60 % del importe total corresponde a gastos de personal; las demás partidas se refieren a edificios, equipos, energía, comunicaciones y tecnologías de la información, entre otros;

366.   Pide que todas las instituciones y agencias de la Unión apliquen el artículo 16 del Estatuto de los funcionarios publicando anualmente información sobre los altos funcionarios que han abandonado la administración de la Unión, así como una lista de conflictos de intereses; pide que la estructura independiente ya mencionada evalúe la compatibilidad de los cargos ocupados tras el paso por la Unión o la situación que se produce cuando funcionarios y antiguos diputados al Parlamento Europeo pasan del sector público al sector privado (situación conocida como «puertas giratorias»), así como la posibilidad de que existan conflictos de intereses, y que defina periodos de incompatibilidad claros que cubran al menos el periodo durante el cual se conceden indemnizaciones transitorias;

367.   Señala que cinco antiguos funcionarios fueron empleados como asesores especiales en 2014 y recibieron una remuneración en un caso, durante 43 semanas y, en otros dos casos, durante 30 semanas; pide a la Comisión que aporte más información que explique por qué, en vez de pagar a dichos antiguos funcionarios por día, no se prolongaron los contratos originales, si se tuvieron en cuenta esos contratos originales y si, de ser así, si se abonaron pensiones al mismo tiempo y de qué manera;

368.   Señala que, mediante el aumento de la jornada laboral de 37,5 a 40 horas a la semana como consecuencia de la revisión del Estatuto, se ha ganado el equivalente de aproximadamente 2 900 empleos, y que esta ganancia compensa prácticamente los recortes de personal del 5 % a lo largo de varios años acordados en la reforma de Estatuto; pide a la Comisión que presente un informe transparente con indicaciones anuales sobre la reducción prevista de puestos de trabajo, y que en los cálculos relativos a dicho informe tenga en cuenta el aumento del tiempo de trabajo;

369.  Hace hincapié en que, para cada uno de los miembros de la Comisión, el procedimiento de aprobación de la gestión tiene prioridad sobre las demás reuniones, puesto que la comisión competente del Parlamento considera que cada comisario es responsable ante el Parlamento;

370.  Destaca la importancia del papel de los denunciantes de irregularidades; pide a la Comisión que vele por que cada institución de la Unión aplique las normas relativas a la protección de los denunciantes; pide a la Comisión que promueva una legislación sobre la protección de los denunciantes de irregularidades en la Unión;

371.   Pide a todas las instituciones y agencias de la Unión que aún no lo han hecho que adopten urgentemente normas internas relativas a las denuncias de irregularidades y que adopten un enfoque común respecto de las obligaciones que les incumben, centrado en la protección de los denunciantes; pide que se preste especial atención a la protección de los denunciantes en el contexto de la Directiva relativa a la protección de los secretos comerciales; pide a la Comisión que promueva medidas legislativas sobre el nivel mínimo de protección de los denunciantes de irregularidades en la Unión; insta a las instituciones y agencias a que modifiquen el Estatuto de los funcionarios con objeto de garantizar que no solo obligue formalmente a los funcionarios a notificar irregularidades de todo tipo sino que establezca también una protección adecuada para los denunciantes de irregularidades; pide a las instituciones y a las agencias que apliquen sin demora el artículo 22, letra c), del Estatuto de los funcionarios;

372.   Manifiesta su preocupación por el número de suicidios entre el personal; considera que la Comisión debe llevar a cabo una evaluación exhaustiva del bienestar del personal en un esfuerzo por poner fin a los suicidios;

373.  Lamenta que, de las ocho recomendaciones formuladas por el Tribunal en 2011 y 2012, ninguna se haya aplicado en su totalidad, cinco se hayan aplicado en la mayoría de sus aspectos, y las tres restantes solo lo hayan sido en algunos;

374.   Toma nota de que el nivel de las bajas por enfermedad en la Comisión se mantiene estable; celebra la creación de un grupo de ayuda psicosocial que ha supuesto la reducción de los días de ausencia desde 2 200 días en 2010 a 772 en 2014; muestra, aun así, su preocupación por la necesidad de intervenir en 868 casos, si bien con un grado de satisfacción del 95 %;

375.   Toma nota de que más de 250 miembros del personal, que no fueron asumidos por los nuevos gabinetes, fueron reintegrados o acogidos en las direcciones generales, y que unos 550 miembros del personal de los nuevos gabinetes pasaron a formar parte de la nueva Comisión Juncker;

376.   Considera que el antiguo privilegio, que data de hace 64 años, por el que el personal de la Unión goza de inmunidad en los Estados miembros, hace tiempo que ha quedado obsoleto; pide que este privilegio, establecido en el Protocolo del Tratado, se limite al personal de la Unión en terceros países;

Legalidad y regularidad: errores

377.  Observa que el Tribunal analizó 129 operaciones, de las cuales 20 estaban afectadas por errores; señala que, basándose en los 12 errores cuantificados, el nivel estimado de error es del 0,5 %;

378.  Toma nota de que los principales errores consisten en indemnizaciones del personal y otras prestaciones asociadas no subvencionables o calculadas de forma incorrecta, pagos efectuados por servicios no incluidos en el contrato vigente y otros gastos indebidamente justificados;

Contribución por tipo de error

Administración

Gastos de personal calculados incorrectamente o no subvencionables y prestaciones asociadas

70 %

Pagos realizados por servicios no incluidos en el contrato vigente

22 %

Otros gastos indebidamente justificados

8 %

Total

100 %

Código de conducta y conflictos de intereses

379.  Toma nota de la gran atención que la opinión pública y los medios de comunicación prestan a las cuestiones relacionadas con la integridad, razón por la cual es preciso velar constantemente por el buen funcionamiento de los códigos de conducta; hace hincapié en que un código de conducta solo puede constituir una medida preventiva eficaz si se aplica correctamente y si su cumplimiento es objeto de un control sistemático, y no solo cuando se produzcan incidentes; señala que es necesario proceder a una revisión del código de conducta antes de finales de 2017;

380.   Alienta a las instituciones y las agencias de la Unión a que conciencien en mayor medida a sus funcionarios respecto de la política en materia de conflictos de intereses, paralelamente a las actividades de sensibilización en curso y a la inclusión de la integridad y la transparencia como aspectos que han de tratarse obligatoriamente durante los procedimientos de contratación y las evaluaciones de los resultados; considera que, en la legislación sobre conflictos de intereses, debe diferenciarse entre representantes electos y titulares de cargos públicos; opina que en los Estados miembros también son necesarias normativas de este tipo en relación con los titulares de cargos públicos y los funcionarios que participan en la gestión y el control de las subvenciones de la Unión; pide a la Comisión que presente un proyecto de fundamento jurídico sobre esta cuestión;

381.   Considera que la Comisión, de manera proactiva, debe divulgar los documentos sobre las recomendaciones del Comité de Ética ad hoc relativos a los puestos de trabajo de los antiguos comisarios tras finalizar su mandato, editando la información comercial o personal de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1049/2001;

382.   Pide a la Comisión que revise el Código de Conducta de los Comisarios antes de finales de 2017, en particular definiendo lo que constituye un «conflicto de intereses» así como introduciendo criterios para evaluar la compatibilidad de un puesto de trabajo después del fin del mandato y ampliando el periodo de incompatibilidad a tres años para los comisarios; solicita a la Comisión que pida a los Estados miembros que indiquen claramente todo posible conflicto de intereses de sus candidatos a miembro de la Comisión y que expliquen de qué manera se definen los conflictos de intereses en sus legislaciones nacionales; considera que, en caso de interpretaciones divergentes de los conflictos de intereses entre la legislación nacional y las normas que la propia Comisión aplica a este respecto, los Estados miembros deben seguir la interpretación de esta última;

383.  Pide a la Comisión, a este respecto, que preste especial atención a la prevención de los conflictos de intereses, así como a los casos de corrupción en las agencias descentralizadas, que resultan particularmente vulnerables habida cuenta de que son relativamente desconocidas para el público y de que están repartidas por la Unión;

384.   Señala que un paso importante en lo que respecta a los conflictos de intereses consiste en aumentar la transparencia del presidente de la Comisión, del Comité de Ética ad hoc de la Comisión y de la Secretaría General cuando examinan los posibles conflictos; pide a la Comisión que publique de forma proactiva los dictámenes del Comité de Ética de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 a fin de que el público pueda pedir cuentas a la Comisión por la decisión adoptada; reitera la recomendación del Parlamento de que se reforme el Comité de Ética ad hoc para ampliar sus competencias e incluir a expertos independientes;

385.   Considera que el Código de Conducta de los Comisarios debe incluir una descripción más clara de las tareas del Comité de Ética ad hoc e incluir el requisito de que los miembros del comité sean expertos independientes;

386.   Pide a la Comisión que publique las declaraciones de intereses en un formato abierto y que pueda leerse por medios electrónicos;

387. Considera que un antiguo empleado del Ministerio checo de Desarrollo Regional y miembro actual del gabinete de la comisaria Crețu no debe llevar un seguimiento de los asuntos regionales checos, dado que esa labor podría generar un conflicto de intereses;

Conflictos de intereses en la gestión compartida y en terceros países en relación con la gestión de los fondos de la Unión

388.   Señala que algunos Estados miembros no cuentan con disposiciones legislativas que excluyan la posibilidad de que los titulares de cargos ministeriales sean propietarios únicos o copropietarios de empresas;

389.   Considera que existe un grave conflicto de intereses en la posibilidad de que empresas en propiedad de titulares de cargos de la Unión puedan solicitar financiación de la Unión o beneficiarse de dicha financiación en calidad de subcontratistas, cuando los mismos propietarios de las empresas y titulares de los cargos son responsables tanto del uso adecuado de los fondos como del control de su uso;

390.   Pide a la Comisión que en el futuro incorpore en toda la legislación de la Unión relativa a los pagos una cláusula que prohíba que las empresas en propiedad de titulares de cargos en los Estados miembros de la Unión y en terceros países puedan solicitar o beneficiarse de financiación de la Unión;

Transparencia

391.  Considera que todos los datos sobre la ejecución del presupuesto en la Unión deben ser transparentes y estar sujetos a rendición de cuentas mediante publicación, e incluir el gasto de los Estados miembros relacionados con la gestión compartida;

392.   Subraya el principio de que la Comisión, a todos los niveles, debe poner fin a los contactos con grupos de interés no registrados;

393.   Pide a la Comisión que amplíe el registro de los datos de las reuniones con representantes de los grupos de interés para incluir a todo el que haya participado en el proceso de elaboración de políticas de la Unión, y para ello, solicitará a sus direcciones generales informes periódicos sobre las reuniones que tengan lugar en sus respectivos servicios y publicará esta información de una manera fácilmente accesible en el sitio web de la Comisión;

394.   Considera que la Comisión debe estar obligada a registrar y divulgar todas las contribuciones recibidas de representantes de los grupos de interés sobre los proyectos de políticas y leyes como una «huella legislativa»; propone que esta huella legislativa contenga información detallada sobre los representantes de los grupos de interés que hayan tenido una influencia sustancial en las propuestas de la Comisión;

395.   Acoge con satisfacción la publicación de una lista de los funcionarios de alto nivel que abandonan la Comisión y pide a la Comisión que incluya a todos los miembros del Gabinete en la definición de funcionarios de alto nivel;

Grupos de expertos

396.  Insta a la Comisión a que siga las recomendaciones del Defensor del Pueblo contra los conflictos de intereses en los grupos de expertos y que aplace la adopción de nuevas normas horizontales hasta que el Parlamento haya podido expresar su opinión sobre la base del trabajo en curso en un informe de propia iniciativa conjunto de la Comisión CONT y la Comisión JURI;

Otros

Migración y refugiados

397.  Acoge con satisfacción la información sobre los fondos, que podrían utilizarse para mitigar las situaciones de crisis causadas por un gran flujo de refugiados(104);

398.  Opina que los fondos de la Unión relacionados con la política de migración deben ser objeto de control y auditoría sobre la base de indicadores de resultados;

399.   Se muestra preocupado por la actual crisis migratoria y subraya la necesidad de mejorar la coordinación entre los Estados miembros; toma nota de los fondos asignados a la migración y la gestión de las fronteras exteriores en 2014 y pide al Tribunal que examine la posibilidad de elaborar un informe especial centrado en la eficacia de dichos fondos;

400.   Se remite a los apartados 234 y 235 del informe sobre la aprobación de la gestión 2013 (P8_TA(2015)0118)); pide información actualizada sobre la cooperación en curso con el Grupo Internacional de Gestión (GIG), así como información de la Comisión, en particular acerca de los nuevos contratos y pagos en marcha;

401. Pide que se aclare qué proyectos griegos no terminados de la Unión no pueden ya financiarse desde el 31 de diciembre de 2015; pide que se aclare qué ocurrirá ahora con cada uno de esos proyectos;

La OLAF

402.   Considera que la OLAF es un actor fundamental en la lucha contra la corrupción, por lo que considera sumamente importante que la institución funcione de manera efectiva e independiente; recomienda que, de conformidad con el Reglamento de la OLAF, se conceda al Comité de Vigilancia de la OLAF acceso a toda la información necesaria para el desempeño efectivo de su mandato en relación con la supervisión de las actividades de la OLAF y que se le conceda independencia presupuestaria;

403.   Subraya que los Estados miembros no están realizando un seguimiento de los presuntos casos de fraude que afectan a los intereses financieros de la Unión que ha presentado la OLAF; pide a la Comisión que tome las medidas adecuadas, y a la OLAF, que prosiga y agilice su análisis de los motivos por los que los Estados miembros no realizan un seguimiento de dichos casos, que informe al Parlamento de sus conclusiones en relación con este asunto y que siga apoyando a los Estados miembros en la mejora de sus resultados en la prevención y detección del fraude contra los fondos europeos;

404.   Toma nota de los esfuerzos desplegados por la OLAF para poner en práctica la mayoría de las recomendaciones formuladas por su Comité de Vigilancia(105); expresa su deseo de ser informado, no obstante, acerca de las diferencias fundamentales y de si las recomendaciones correspondientes se han puesto en práctica o no; espera que, en el futuro, la OLAF informe claramente acerca de dónde y en qué medida se desvía de las recomendaciones originales emitidas por el Comité de Vigilancia; señala que 2014 fue el primer año en que el Comité de Vigilancia decidió hacer un seguimiento de las recomendaciones que había formulado con anterioridad; pide a la OLAF y a su Comité de Vigilancia que lleven a cabo este ejercicio cada año;

405.   Insta a la OLAF a que aplique las recomendaciones sobre la participación directa del director general en las investigaciones, ya que el artículo 7, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) n.º 883/2013 establece claramente que las investigaciones serán realizadas por el personal designado por el director general y no por el director general mismo, ya que ello podría dar pie a investigaciones con objetivos en conflicto;

406.   Espera que la OLAF aplique la recomendación del Comité de Vigilancia de incluir la verificación de todo conflicto de intereses potencial entre las funciones de un experto nacional y su participación en actividades de investigación en el expediente correspondiente;

407.   Está firmemente convencido de que el Comité de Vigilancia debe ser informado de todos los casos desestimados en los que se haya transmitido información a las autoridades judiciales nacionales, de conformidad con el artículo 17, apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013, a fin de proteger las garantías procesales de las personas a que se refieran las acusaciones; pide a la OLAF que aplique las recomendaciones del Comité de Vigilancia lo antes posible;

408.   Observa que la OLAF concluyó en 2014 un total de 307 investigaciones y actividades coordinadas, y en 147 de estas investigaciones emitió una recomendación, lo que da un índice de seguimiento del 47 %; observa que en los años anteriores a 2011 el índice estaba generalmente por encima del 50 %; espera que la OLAF adopte medidas para recuperar su eficacia de forma permanente mejorando su procedimiento de selección; opina que la OLAF debe reconsiderar la recomendación n.º 31 del Comité de Vigilancia para aumentar su eficacia;

409.  Toma nota de los esfuerzos conjuntos de la OLAF y el Comité de Vigilancia para alcanzar un acuerdo sobre nuevas modalidades de trabajo; reitera el llamamiento que hizo en relación con el presupuesto de 2013 para que se resuelvan rápidamente las cuestiones pendientes entre la OLAF y su Comité de Vigilancia, de modo que ambos puedan desempeñar sus obligaciones jurídicas de manera eficaz con arreglo a las condiciones de su actual cooperación limitada; pide a la Comisión que desempeñe plenamente su papel y que trabaje de manera activa por alcanzar una solución a largo plazo que se aplique sin demora;

410.   Celebra la decisión del Colegio de Comisarios de suspender la inmunidad del director general de la OLAF a fin de que las autoridades judiciales belgas puedan investigar la posible grabación ilegal de conversaciones telefónicas (preparadas de antemano por la OLAF) entre un testigo (instigado por la OLAF a hacer la llamada) y una persona interesada en los locales de la OLAF y con la asistencia de investigadores de la OLAF;

411.   Hace hincapié en que, para ser coherente con su mandato, el Comité de Vigilancia debe contar con personal autónomo, independiente de la administración de la OLAF y con autonomía financiera; acoge con satisfacción los esfuerzos que está haciendo la Comisión a tal fin;

412.   Insta a la OLAF a que permita el acceso del Comité de Vigilancia a los documentos que este considere necesarios para desempeñar sus funciones de acuerdo con las competencias que le otorga el mandato legislativo;

413.  Observa que, en 2014, la OLAF tomó medidas de gran calado para mejorar la protección de los intereses financieros de la Unión por parte de la Comisión y los Estados miembros, mediante la realización de acciones prioritarias de la estrategia plurianual de lucha contra el fraude, centradas tanto en el desarrollo de estrategias de lucha contra el fraude en el ámbito de los servicios de la Comisión y las agencias, como en el apoyo a los Estados miembros para que estos elaboren sus propias estrategias de lucha contra el fraude;

414.  Señala que, en 2014, la OLAF recomendó una cantidad récord de recuperaciones financieras en el presupuesto de la Unión, por un importe total de 901 millones EUR, más del doble del importe correspondiente a 2013; señala que, en 2014, también aumentó la cantidad total recaudada por las autoridades pertinentes, tras la recomendación de la OLAF de recuperar 206,5 millones EUR (frente a los 117 millones EUR de 2013);

415.  Insta a la OLAF a que elabore normas internas sobre denuncia de irregularidades de conformidad con el nuevo Estatuto de los funcionarios de 2014;

416.   Recuerda que la Comisión ha recibido de los tribunales belgas una solicitud de suspensión de la inmunidad de su personal; insiste en que la Comisión debe cooperar plenamente con las autoridades judiciales belgas;

417.   Señala que, en el informe anual 2014 de la OLAF, se especifican las actividades de investigación y los resultados por sector; pide a la OLAF que, en el próximo informe anual, incluya información detallada sobre el tipo de investigación y los resultados en todos los sectores;

Acuerdos sobre el tabaco

418.  Recuerda que, en mayo de 2015, la Comisión prometió presentar su evaluación sobre el acuerdo con Philip Morris International (PMI) lo antes posible; destaca que la Comisión aplazó varias veces la publicación de la evaluación y que esta se publicó finalmente el 24 de febrero de 2016, un día antes de un debate sobre la cuestión en el Pleno del Parlamento; cree firmemente que este retraso en la publicación constituye un grave incumplimiento por parte de la Comisión de sus obligaciones de transparencia, tanto ante el Parlamento como ante los ciudadanos de la Unión, que debilita la capacidad del Parlamento de expresar oportunamente su opinión sobre este complejo y delicado asunto;

419.  Hace hincapié en que, cuando se concluyó por primera vez en 2004, el acuerdo PMI fue un instrumento innovador en la lucha contra el comercio ilícito de tabaco, pero subraya que desde entonces el mercado y el marco regulador han experimentado cambios sustanciales; destaca que los acuerdos celebrados con las «cuatro grandes» empresas tabaqueras(106) no aborda características importantes del actual comercio ilícito de tabaco, en particular el elevado porcentaje de este comercio constituido hoy en día por cigarrillos baratos y sin marca; insta a la Comisión a que presente un plan de acción en el que establezca nuevas medidas para solucionar urgentemente este problema;

420.  Opina, por tanto, que todos los elementos que abarcan los acuerdos sobre el tabaco quedarán cubiertos por el nuevo marco jurídico que constituyen la Directiva sobre productos del tabaco(107) y el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT);

421.  Recuerda que el Parlamento expresó su posición el 9 de marzo de 2016(108) en el sentido de que no conviene renovar, prorrogar ni renegociar el acuerdo PMI;

422.  Insta a la Comisión a que ponga en marcha, a escala de la Unión y antes de que venza el acuerdo PMI, todas las medidas necesarias para el seguimiento y la localización de los productos del tabaco PMI, y a que emprenda acciones jurídicas ante las incautaciones ilegales de productos de este fabricante hasta que sean plenamente aplicables todas las disposiciones de la Directiva sobre productos del tabaco, con el fin de evitar cualquier vacío normativo entre el momento en que expire el acuerdo PMI y la entrada en vigor de la Directiva sobre productos del tabaco y el CMCT;

423.  Pide a PMI que siga aplicando las disposiciones sobre diligencia debida y sobre seguimiento y localización («conozca a su cliente») contenidas en el actual acuerdo, independientemente de si se renueva o no;

424.  Pide a la Comisión que presente un nuevo reglamento adicional por el que se cree un sistema independiente de seguimiento y localización y se apliquen disposiciones en materia de diligencia debida («conozca a su cliente») al tabaco de liar, a los filtros y a los papeles utilizados por la industria del tabaco, como instrumento adicional para luchar contra el contrabando y las falsificaciones;

425.  Lamenta el retraso de la Comisión en la evaluación de los acuerdos sobre el tabaco; pide a la Comisión que presente dicha evaluación lo antes posible, y que exponga en ella los resultados de las inversiones realizadas con el dinero pagado por las empresas tabacaleras en virtud de dichos acuerdos;

426.  Manifiesta su preocupación por las constataciones de la Defensora del Pueblo Europeo(109), según las cuales, a excepción de la DG de Sanidad, la Comisión no aplicó en su totalidad las normas y orientaciones de la OMS en materia de transparencia y actividades de los grupos de presión en el sector del tabaco; opina, por lo tanto, que se ha puesto en peligro la credibilidad e integridad de la Comisión;

427.  Insta a todas las instituciones pertinentes de la Unión a que apliquen el artículo 5, apartado 3, del Convenio marco de la OMS para el control del tabaco, de conformidad con las recomendaciones incluidas en las directrices al respecto; insta a la Comisión a que publique inmediatamente los acuerdos de evaluación con las empresas tabacaleras y una evaluación de impacto sobre la aplicación del Convenio marco de la OMS para el control del tabaco;

Escuelas Europeas

428.  Señala que las Escuelas Europeas han recibido 164,2 millones EUR del presupuesto de la Unión, lo que representa el 59 % del presupuesto operativo de las escuelas;

429.  Manifiesta su profunda preocupación por las conclusiones del informe del Tribunal sobre las cuentas anuales de las Escuelas Europeas para el ejercicio 2014, según las cuales, debido a las deficiencias permanentes en materia de contabilidad y control, el Tribunal no está en medida de confirmar que las cuentas consolidadas de 2014 no contengan inexactitudes materiales;

430.   Observa que el director general de Recursos Humanos y Seguridad (DG HR) mantuvo su «reserva por motivos de reputación» en el informe de síntesis de 2014 de la Comisión sobre las Escuelas Europeas y que el representante de la Comisión Europea votó en contra de la aprobación de la gestión en las cuentas de las Escuelas Europeas de 2012 y 2013; lamenta que los representantes de los Estados miembros no se tomen los problemas con la misma seriedad;

431. Recuerda que el Parlamento, en su procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión de 2010, ya había cuestionado «las estructuras decisorias y de financiación del Convenio sobre las Escuelas Europeas», y había pedido a la Comisión que explorase «con los Estados miembros una revisión de este Convenio» e informase «antes del 31 de diciembre de 2012 sobre los progresos realizados»; señala que el Parlamento no recibió nunca informe alguno sobre los progresos realizados;

432.  Apoya plenamente las once recomendaciones formuladas por el Tribunal en su informe de 11 de noviembre de 2015 sobre las cuentas anuales de las Escuelas Europeas para 2014, relativas en particular a la contabilidad, el personal, los procedimientos de contratación, las normas de control y los pagos;

433.  Pide a la Comisión que, antes del 1 de julio de 2016, informe sobre los progresos realizados por las Escuelas Europeas en la aplicación de las recomendaciones hechas por el Tribunal y del plan de acción de la Comisión;

434.  Pide a la Autoridad Presupuestaria que, durante el procedimiento presupuestario de 2017, consigne en la reserva parte de la contribución del presupuesto de la Unión a las Escuelas Europeas, destinada principalmente a la Oficina del Secretario General, a menos que se registren suficientes avances en la aplicación de las recomendaciones del Tribunal;

435.   Pide a la Autoridad Presupuestaria que, durante el procedimiento presupuestario de 2017, consigne en la reserva parte de la contribución del presupuesto de la Unión a las Escuelas Europeas, destinada principalmente a la Oficina del Secretario General, a menos que se registren suficientes avances en la aplicación de las recomendaciones del Tribunal;

Euronews

436. Toma nota de que Euronews recibió 18 millones EUR con cargo al presupuesto de la Unión en 2014, a pesar de que la Comisión no es accionista de Euronews; está preocupado por el hecho de que la estructura de gobernanza actual de Euronews no permita una independencia y autonomía totales con respecto a sus accionistas internacionales; pide a la Comisión que, en su calidad de principal contribuyente financiero, vele por que Euronews respete los principios de buena gestión financiera y todos los acuerdos jurídicos con la Comisión, incluida la carta vinculante sobre independencia editorial;

Resumen

437.  Concluye, en resumidas cuentas, que:

a)  unos principios de buena gestión financiera constituyen el requisito clave para la gestión del presupuesto de la Unión;

b)   las evaluaciones de impacto y de riesgo deben entenderse como parte integrante de dicha gestión;

c)  la actual estrategia de simplificación es importante para la buena gestión y su eficiencia; esta debe ir acompañada de normas estrictas de disciplina presupuestaria;

d)  sigue habiendo margen de mejora en lo que se refiere a las prácticas de gestión compartida, en términos de una mayor compatibilidad entre las políticas de los Estados miembros y las de la Unión;

e)   es crucial un mayor empeño por respaldar la protección de los intereses financieros;

f)  el porcentaje de error global se mantiene prácticamente estable en un 4,4 %, aunque la tipología de errores es muy heterogénea;

g)  no se han detectado problemas graves en lo relativo a los ingresos; el principio de la RNB sigue siendo un factor fundamental de este buen resultado; no obstante, la suficiencia de los ingresos representa un problema;

h)  se ha detectado un porcentaje de error superior a la media en el gasto destinado a la competitividad en materia de crecimiento y empleo, aunque, en paralelo, un control temporal en este ámbito ha puesto claramente de manifiesto la adopción de un enfoque basado en el rendimiento;

i)  la ayuda de cohesión ha revelado un porcentaje de error claramente más elevado en el ámbito de la política regional y urbana que en el de los asuntos sociales; el enfoque basado en el rendimiento se ve además favorecido por los instrumentos de ingeniería financiera, en particular en algunos Estados miembros;

j)  una mejor gestión y un mejor tratamiento de los datos contribuirían indudablemente a un enfoque basado en el rendimiento más avanzado;

k)  el sector de los recursos naturales cuenta con potencial para desarrollar una ayuda basada en los proyectos a fin de mejorar la eficiencia de las fuentes de la Unión; además, existe un amplio margen de mejora de la gestión y el apoyo institucional, especialmente en el ámbito de los Estados miembros;

Resultados generales y recomendaciones políticas

438.  Considera que la aprobación de la gestión de 2014:

a)  crea un nuevo paradigma para comprender los efectos y beneficios del presupuesto de la Unión de una manera más amplia, a fin de considerar todos los elementos —incluidos los errores, la legalidad, la absorción, el rendimiento y los resultados— como un sistema; y pide a la Comisión y a los demás agentes pertinentes que continúen desarrollando una metodología y un marco adecuados para seguir explotando en mayor medida y con mayor rigor la vía del enfoque basado en el rendimiento;

b)   pone de manifiesto que la auditoría de rendimiento utilizada con la Estrategia Europa 2020 representa un paso en la dirección correcta, aunque su compatibilidad con el marco de la política económica de la Unión exija un mayor desarrollo, en particular a través de recomendaciones específicas por países que incluyan indicadores macroeconómicos pertinentes y de prioridades en materia de política económica y social de la Unión periódicamente actualizadas;

c)  pone de manifiesto un margen de mejora en el ámbito de la gestión presupuestaria, y celebra los esfuerzos realizados para simplificarla, en particular su evaluación de impacto; muestra que un proceso de seguimiento periódico resulta muy beneficioso;

d)  pide a las instituciones competentes de la Unión que adapten sus sistemas de gestión y procedimiento para aplicar con éxito los nuevos elementos derivados de las necesidades presupuestarias actuales y futuras de la Unión, a fin de que el presupuesto de la Unión pueda desplegar su potencial de la manera más provechosa posible.

C.  Opinión de las comisiones parlamentarias

Asuntos Exteriores

439.  Manifiesta su preocupación por el aumento del índice de errores importantes en la rúbrica 4 para el ejercicio 2014; respalda las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) en su informe anual e insta a la Comisión a seguir con diligencia las recomendaciones de los ejercicios anteriores que no se hayan aplicado todavía;

440.  Se felicita por que la DG NEAR haya solucionado el error sistémico que afectaba a sus gastos en el ejercicio 2013 y realizado los cambios sustanciales en sus sistemas requeridos por el Tribunal; expresa asimismo su satisfacción por que se constatase que el informe anual de actividades de la DG ECHO era correcto según la labor de auditoría del Tribunal;

441.  Observa con preocupación los errores detectados en el contexto de la verificación de los gastos en los convenios de subvención, que suponen más del 50 % de los errores detectados por el Tribunal en la rúbrica 4; toma nota de que el principal tipo de error se refiere a los gastos no admisibles; destaca la importancia de evitar o detectar y corregir los errores antes de aceptar los gastos, mediante una aplicación mejor de los controles ex ante; toma nota con especial preocupación de la incapacidad de EuropeAid para detectar errores; insta a la Comisión a velar por que se intensifiquen los esfuerzos realizados hasta ahora para solventar esos problemas con la verificación de los gastos, y a realizar un seguimiento exhaustivo de la recomendación acerca de la supervisión de las subvenciones formulada por el Tribunal en su informe anual de 2011;

442.  Destaca la necesidad de efectuar una evaluación ex ante seria en los casos en que la Comisión decide financiar, en particular a través del Banco Europeo de Inversiones, grandes proyectos de infraestructuras con alto impacto medioambiental, con el fin de comprobar la sostenibilidad financiera, medioambiental y social, y pide que la financiación de la Unión en terceros países se concentre en proyectos que garanticen la sostenibilidad financiera y ambiental, así como la utilidad económica y social;

443.  Reconoce los avances continuos de la Comisión en lo que se refiere a la acreditación de todas las misiones de la política exterior y de seguridad común, de conformidad con la «evaluación en seis pilares», y se felicita, en particular, por que las tres misiones más grandes sean ahora conformes; subraya la necesidad de que la Comisión acredite todas las misiones con arreglo a la recomendación del Tribunal;

444.  Acoge con satisfacción la creación de la plataforma de apoyo a las misiones y reitera su llamamiento a la Comisión para que adopte medidas con el fin de establecer un auténtico Centro de Servicios Compartidos (SSC), junto con un Sistema Integrado de Gestión de Recursos (IRMS), como forma para mejorar la velocidad de despliegue y rentabilidad de las misiones; propone que se actualice el almacén de la política común de seguridad y defensa (PCSD) y que sirva asimismo a las misiones de la PCSD en curso, y sea gestionado por el futuro SSC;

445.  Lamenta los retrasos significativos en la adquisición de equipos y servicios esenciales para las misiones de la PCSD y el efecto negativo resultante sobre el funcionamiento de dichas misiones; recuerda que el Tribunal, en su Informe Especial de 2012 sobre la asistencia de la Unión a Kosovo relacionada con el Estado de Derecho, denunció la falta de eficacia y concluyó que los procedimientos sobre adjudicación de contratos establecidos en el Reglamento Financiero «no están concebidos para misiones de la PCSD [...] que a veces requiere respuestas rápidas y flexibles»; lamenta que la reciente revisión del Reglamento Financiero no haya introducido los cambios necesarios de las normas financieras; reitera su opinión de que la gestión de las líneas presupuestarias pertinentes debe delegarse al comandante de la operación civil, de la misma forma que se ha hecho con los directores de las delegaciones de la Unión;

446.  Recuerda que la eficacia de las misiones de formación y asesoramiento de la PCSD se ve enormemente obstaculizada por las dificultades institucionales de la Unión para acompañar estas acciones con equipo de apoyo básico; se congratula, en este contexto, por los esfuerzos realizados por la Comisión en la aplicación de la Comunicación conjunta relativa al desarrollo de capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo; pide a la Comisión que presente las propuestas legislativas necesarias para la creación de un fondo específico lo más rápidamente posible, con el fin de que pueda incluirse en el presupuesto de la Unión en el curso de la revisión a medio plazo del MFP;

447.  Acoge con satisfacción los Informes Especiales de 2015 del Tribunal sobre EUPOL Afganistán y sobre el apoyo de la Unión a la lucha contra la tortura y a la abolición de la pena de muerte; insta a la Comisión a que aplique todas las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en el marco de dichos informes;

448.  Subraya la importancia de tener en cuenta criterios relacionados con el contexto a la hora de evaluar la eficacia de los proyectos de la Unión en terceros países, en la medida en que las actividades de ayuda exterior de la Unión suelen llevarse a cabo en regiones en crisis y en contextos políticamente difíciles;

Desarrollo y Cooperación

449.  Recuerda que el gasto en ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo de la Unión suele producirse en entornos muy problemáticos lo que aumenta la dificultad en relación con la ejecución del proyecto, las evaluaciones y los controles de gasto; considera, por consiguiente, que la ayuda al desarrollo y la ayuda humanitaria tienen una probabilidad de error mayor que otros ámbitos de actuación política de la Unión;

450.  Observa que, de acuerdo con el Tribunal, el 57 % de los errores están relacionados con gastos no admisibles; apoya la recomendación del Tribunal con respecto a EuropeAid de mejorar los controles ex ante y hacer un mejor uso de las visitas sobre el terreno para detectar errores;

451.  Celebra que, según el Tribunal, los procedimientos de control puestos en marcha por la DG ECHO en lo relativo a las transacciones financieras funcionen correctamente y que su sistema de informes sea fiable; felicita por ello a dicha DG;

452.  Reconoce que los gastos relacionados con la seguridad son importantes para el desarrollo y especialmente relevantes en el marco de los esfuerzos que se están desplegando en la actualidad por abordar de manera integral el nexo entre la seguridad y el desarrollo y cumplir el objetivo número 16 de la agenda de desarrollo, pero hace hincapié en que este tipo de financiación no constituye ayuda internacional al desarrollo y que en la actualidad no puede proceder del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) creado por el Reglamento (UE) n.º 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo ni del Fondo Europeo de Desarrollo (FED);

453.  Observa que, en 2014, dos proyectos ligados a la gestión de fronteras en Libia por un valor de 12,9 millones EUR fueron financiados a través de instrumentos de cooperación al desarrollo; recuerda que el principal objetivo del ICD es reducir la pobreza; reitera su profunda preocupación por que los programas de desarrollo puedan emplearse para fines que no estén directamente relacionados con el desarrollo; recuerda que tal enfoque no ayudará a la Unión a cumplir su objetivo de emplear el 0,7 % de su RNB para la ayuda oficial al desarrollo;

454.  Toma nota del valor potencial del marco de resultados de la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo iniciado en 2015 así como de los riesgos que conlleva, señalados por el Tribunal en su Informe especial n.º 21/2015; considera necesario evitar, asimismo, el riesgo, de mayor carácter político, de que se sobrevalore la consecución del número limitado de resultados cuantificables incluidos por la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo en el marco de resultados en detrimento de la consecución de otros resultados relacionados con los objetivos de la política en materia de cooperación al desarrollo de la Unión y de resultados cualitativos; hace hincapié en la importancia de tratar este marco como un complemento de otros mecanismos de seguimiento e información;

455.  Celebra el Informe Especial del Tribunal de Cuentas n.º 18/2014 titulado «Sistemas de evaluación y de seguimiento orientado a los resultados de EuropeAid»; pide a la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo que aborde urgentemente las diversas lagunas señaladas en relación con sus sistemas de evaluación y seguimiento en el Informe Especial del Tribunal de Cuentas n.º 18/2014, en particular las referidas a deficiencias serias en el sistema de evaluación de dicha DG; pone de relieve que un sistema de evaluación que no funcione correctamente aumenta el riesgo de seleccionar proyectos que carezcan de calidad o que no cumplan sus objetivos; señala y muestra su preocupación por la divergencia de opiniones entre la Comisión y el Tribunal en lo que respecta a información fiable sobre la eficacia de las operaciones de apoyo presupuestario; cree que existe una relación entre la falta de personal en las delegaciones de la Unión y en la Unidad de Evaluación de la DG DEVCO y los problemas resaltados por el Tribunal; considera que esto ilustra consecuencias perjudiciales que pueden tener los recortes de personal para el funcionamiento eficaz de los programas de la Unión;

456.  Confía en que la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo abordará las diversas lagunas señaladas en relación con sus sistemas de evaluación y seguimiento en el Informe Especial del Tribunal n.º 18/2014;

457.  Pide la puesta en marcha de una capacidad de escrutinio formal en relación con el FED, posiblemente a través de un acuerdo interinstitucional de carácter vinculante en virtud del artículo 295 del TFUE;

458.  Expresa su profunda preocupación por las conclusiones del Informe Especial del Tribunal n.º 11/2015 sobre la gestión por parte de la Comisión de los acuerdos de colaboración en el sector pesquero (ACP); observa que el Tribunal expresa dudas sobre la sostenibilidad de los ACP debido a la difícil aplicación del concepto de excedentes pesqueros; asimismo, toma nota de que el Tribunal cuestiona seriamente la calidad del control por parte de la Comisión de la aplicación de los ACP; lamenta también que, según el Tribunal, las evaluaciones ex post de los ACP no se utilicen lo suficiente en la elaboración de acuerdos de seguimiento; insta a la Comisión a que aplique lo antes posible las numerosas recomendaciones del Tribunal;

459.  Recuerda que una escasez importante prácticamente constante de fondos para pagos en 2014 agravó las dificultades de la DG de Ayuda Humanitaria y Protección Civil para responder adecuadamente a las crisis humanitarias cada vez más graves registradas en los países vecinos de la Unión y en otras regiones; acoge con satisfacción el hecho de que la mejor adaptación de los créditos en los presupuestos de 2015 y 2016 de la Unión haya resuelto en gran medida el problema de los pagos de la DG de Ayuda Humanitaria y Protección Civil;

460.  Lamenta que, debido a la escasez de créditos de pago en 2014, no pudiesen efectuarse los pagos de apoyo presupuestario a Marruecos y Jordania por un valor total de 43 millones EUR en 2014, como se había previsto contractualmente; considera que es gravemente perjudicial para la credibilidad de la Unión;

Empleo y Asuntos Sociales

461.  Observa con preocupación que el nivel de error estimado en el ámbito político del empleo y los asuntos sociales fue en 2014 del 3,7 %, es decir levemente superior al del ejercicio anterior (3,1 %); destaca que esto representa un paso atrás en el objetivo de alcanzar un índice de error inferior al 2 %;

462.  Acoge con satisfacción el hecho de que el informe del Tribunal de Cuentas analice la ejecución del presupuesto de la Unión a la luz de la Estrategia Europa 2020; toma nota de la observación de que la contribución presupuestaria de la Unión no se determina por separado en el contexto del logro de los objetivos principales, como los relativos al empleo y a la lucha contra la pobreza y la exclusión social;

463.  Acoge además con satisfacción las recomendaciones del Tribunal de que se armonicen mejor la Estrategia Europa 2020 y el marco financiero plurianual y de que los objetivos políticos de alto nivel se traduzcan en objetivos operativos útiles, y pone de relieve la importancia de centrarse en el rendimiento y en los resultados, así como en el valor añadido, en particular en el caso de los principales objetivos sociales y en materia de empleo, ámbito en que la Comisión no tiene competencias para crear un marco jurídicamente vinculante; insta a la Comisión a que siga elaborando indicadores de resultados y sistemas de supervisión con objeto de comparar los resultados con los objetivos acordados, disponer de mejor información al establecer futuros objetivos e incrementar la eficiencia del gasto de la Unión;

464.  Toma nota de las observaciones del Tribunal sobre el aumento del riesgo de irregularidades en el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) que participan en Horizonte 2020; apoya la respuesta de la Comisión en el sentido de que la participación de las pymes en el programa es fundamental para la creación de crecimiento y de empleo, toma nota de que se han simplificado las normas administrativas de las pymes y hace hincapié en que una ulterior simplificación comportaría una mayor participación de estas empresas; destaca la importancia de la creación de empleos sostenibles mediante las pymes;

465.  Observa que las pymes son las principales creadoras de empleo de Europa y considera que puede hacerse más para incrementar su participación en los programas de financiación de la Unión; pide a la Comisión que introduzca nuevas medidas para fomentar la participación activa de las pymes, incluida la aplicación del principio «pensar primero a pequeña escala»;

466.  Señala que el carácter intangible de las inversiones en capital humano, la diversidad de las actividades y la participación de múltiples socios, a menudo a pequeña escala, en la ejecución de los proyectos siguen siendo los principales riesgos para la regularidad de los gastos del FSE; pide a la Comisión que siga adelante con medidas de mitigación específicas, tanto de tipo preventivo como correctivo;

467.  Toma nota de los resultados del Informe Especial del Tribunal n.º 17/2015 relativo a la reorientación de la financiación del FSE en el periodo 2012-2014; toma nota con preocupación de las carencias en los informes de la Comisión relativos al impacto de estos fondos y considera que un mayor movimiento hacia una política basada en los resultados es fundamental para garantizar una responsabilidad financiera sólida y un uso eficiente de los fondos de la Unión;

468.  Manifiesta su preocupación por que los elevados índices de error seguidos por suspensiones e interrupciones puedan afectar al cierre satisfactorio de los programas 2007-2013;

469.  Considera que la promoción de un mayor uso de las opciones de coste simplificadas puede desembocar en la reducción de la carga administrativa, la disminución de los errores y una orientación más centrada en el rendimiento y los resultados; señala, sin embargo, que las opciones de coste simplificadas deben aplicarse en un entorno de seguridad jurídica y confianza, junto a una evaluación de los beneficios, y con la plena implicación de las partes interesadas en todos los niveles; destaca que las opciones de coste simplificadas deben seguir siendo una opción disponible para los Estados miembros;

470.  Insiste en que los Estados miembros deben evitar complicar ulteriormente las normas y los requisitos relativos a la aplicación del FSE que imponen cargas adicionales para los beneficiarios y aumentan el riesgo de error;

471.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que, de las 178 operaciones examinadas por el Tribunal en el ámbito de la política de empleo y asuntos sociales, 62 (34,8 %) se vieron afectadas por errores, de los cuales 12 fueron errores cuantificables que superan el 20 % (6,7 %); pide a la Comisión que aplique medidas correctivas y procedimientos estrictos para reducir el riesgo de irregularidades en este ámbito político y que lleve a cabo un seguimiento de los casos de gastos no admisibles señalados por el Tribunal;

472.  Lamenta que el número de programas del FSE con un índice de error superior al 5 % se haya elevado del 18,8 % en 2013 al 22,9 % en 2014, y que el volumen de pagos afectados por estos índices presente un incremento espectacular del 11,2 % al 25,2 %;

473.  Llama la atención sobre la reiterada observación del Tribunal de que el porcentaje de error sería menor si las autoridades nacionales hubieran hecho un mejor uso de la información disponible antes de remitir solicitudes de pago a la Comisión; insiste, en este sentido, en que los Estados miembros y las autoridades nacionales deben efectuar controles más concienzudos y abstenerse de solicitar el reembolso de gastos incorrectos;

474.  Anima a los Estados miembros a recurrir al instrumento Arachne para la evaluación de riesgos, y alienta a la Comisión a seguir facilitando a los Estados miembros orientaciones pertinentes y asistencia técnica para la correcta aplicación de los requisitos de gestión y control en el periodo 2014-2020; insiste en que la Comisión debe mejorar el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros;

475.  Pide a la Comisión que siga las recomendaciones del Tribunal a fin de garantizar que la ejecución del presupuesto de la Unión contribuya más eficazmente a la consecución de los principales objetivos sociales y en materia de empleo de la Estrategia Europa 2020; espera, en este sentido, que la Comisión y los Estados miembros utilicen mejores indicadores de rendimiento y mejoren sus informes acerca de los resultados conseguidos en el periodo 2014-2020;

Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

476.  Considera oportuno recordar que, de conformidad con el TFUE, el Parlamento Europeo aprueba la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general después de examinar las cuentas, la ficha de financiación, el informe de evaluación a que se refiere el artículo 318 del TFUE, el informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo acompañado de las respuestas de las instituciones sometidas a auditoría, la declaración de fiabilidad y los informes especiales del Tribunal;

477.  Recuerda que estaba previsto que 2014 fuera el primer año de aplicación del nuevo MFP, destinado a determinar el tamaño y la distribución del gasto de la Unión para el periodo 2014-2020, y que, como consecuencia de ello, el nivel de aplicación es más bajo que en ejercicios anteriores;

478.  Toma nota de la forma en que se presentan los ámbitos políticos de medio ambiente y salud en el informe anual del Tribunal relativo al ejercicio 2014; expresa su preocupación por el hecho de que los ámbitos políticos correspondientes al medio ambiente y al clima figuren de nuevo en el capítulo dedicado al desarrollo rural y la pesca; reitera su crítica al orden ilógico de los diferentes ámbitos políticos en este capítulo concreto; considera que no corresponde al Tribunal de Cuentas la decisión política de agrupar las diferentes áreas; insta al Tribunal a que revise este planteamiento en su próximo informe anual;

479.  Considera oportuno destacar, en este mismo contexto, que el capítulo que incluye el desarrollo rural, el medio ambiente, la pesca y la salud en el informe del TCE correspondiente al ejercicio de 2014 presenta el mayor porcentaje de errores, con un 6,2 % frente a la media general del 4,4 %; observa, por otra parte, que muchas de las principales deficiencias constatadas por el TCE son muy similares a las ya notificadas en los tres últimos ejercicios;

480.  Observa que los puntos de vista del Tribunal y de la Comisión difieren en cuanto a la metodología de cálculo de los errores; señala que la Comisión considera que el porcentaje de error representativo anual del Tribunal debe considerarse en el contexto del carácter plurianual de las correcciones y recuperaciones financieras netas;

481.  Toma nota de que el Tribunal no ha formulado ninguna observación con respecto a la gestión de las políticas «Salud pública», «Seguridad alimentaria» y «Medio ambiente y acción por el clima»;

482.  Expresa su satisfacción por lo que se refiere a la aplicación general en el ejercicio de 2014 de las líneas presupuestarias correspondientes a los ámbitos de medio ambiente, acción por el clima, salud pública y seguridad alimentaria; recuerda una vez más que la Unión tan solo asigna a esos instrumentos políticos menos del 0,5 % de su presupuesto, y que debe tenerse presente el claro valor añadido de la Unión en esos ámbitos y el apoyo que los ciudadanos europeos prestan a las políticas ambientales y climáticas de la Unión, así como a la salud pública y a la seguridad alimentaria;

483.  Manifiesta su satisfacción por el trabajo realizado por las cinco agencias descentralizadas que son de la competencia de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y que llevan a cabo tareas técnicas, científicas y de gestión que contribuyen a que las instituciones de la Unión elaboren y apliquen políticas en el ámbito del medio ambiente, el clima, la salud pública y la seguridad alimentaria, así como por la forma en que ejecutan sus presupuestos;

Acción por el medio ambiente y el clima

484.  Destaca que la DG ENV dispuso de 352 041 708 EUR en créditos de compromiso y que ejecutó el 99,7 % de este importe; considera satisfactorio, por lo que respecta a los créditos de pago, que se haya utilizado el 95,03 % de los 290 769 321 EUR disponibles; observa, por otra parte, que los gastos administrativos de LIFE+ se ejecutaron a lo largo de dos ejercicios presupuestarios (mediante prórrogas automáticas) y que, si no se tiene en cuenta este gasto administrativo, el índice de ejecución de los pagos es del 99,89 %;

485.  Toma nota de que la DG CLIMA ha aumentado su ejecución al 99,7 % de 102 694 032 EUR en créditos de compromiso y al 93,1 % de 32 837 296 EUR en créditos de pago y que, sin tener en cuenta el gasto administrativo, el porcentaje de ejecución de los pagos representa un 98,5 %;

486.  Considera satisfactorio el nivel general de ejecución del presupuesto operativo de LIFE+, que en 2014 ascendió al 99,9 % en créditos de compromiso y al 97,4 % en créditos de pago; observa que en 2014 se destinaron 283 121 194 EUR a convocatorias de propuestas para proyectos en los Estados miembros, que 40 000 000 EUR se utilizaron para financiar operaciones en el marco de los instrumentos financieros «Mecanismo de Financiación del Capital Natural» (NCFF) e «Instrumentos de financiación privada para la eficiencia energética» (PF4EE), que 8 952 827 EUR se destinaron a apoyar actividades operativas de organizaciones no gubernamentales activas en la protección y el fortalecimiento del medio ambiente en el ámbito de la Unión y que participan en el desarrollo y la aplicación de la política y legislación de la Unión, y que 49 502 621 EUR se utilizaron para apoyar a la Comisión en su misión de iniciativa y seguimiento de la evolución de las políticas y la legislación; observa que se utilizaron 20 914 622 EUR para prestar apoyo administrativo a LIFE y apoyo operativo a la Agencia EASME;

487.  Es consciente de que el porcentaje de utilización correspondiente a acciones en el marco de LIFE+ sigue siendo ligeramente inferior en comparación con los créditos de compromiso, si bien con un elevado porcentaje de ejecución;

488.  Toma nota de que se ha asignado un importe de 4 350 000 EUR en concepto de contribuciones a convenios, protocolos y acuerdos internacionales de los que la Unión es parte o en relación con los cuales participa en los trabajos preparatorios;

489.  Considera satisfactorios los progresos alcanzados en la ejecución de doce proyectos piloto y seis acciones preparatorias, por importes que ascienden en total a 2 950 000 EUR; es consciente de que la ejecución de esas medidas puede ser onerosa para la Comisión, dados los pequeños importes disponibles en relación con los procedimientos de ejecución necesarios (por ejemplo, plan de acción, convocatoria de propuestas, etc.); insta a la Autoridad Presupuestaria a que se centre en los proyectos piloto y las acciones preparatorias que aporten un auténtico valor añadido para la Unión en el futuro;

Salud Pública

490.  Recuerda que 2014 ha sido el primer año de aplicación de los nuevos programas: el Programa de Salud Pública se adoptó el 11 de marzo de 2014 (Reglamento (UE) n.º 282/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(110)), mientras que el marco financiero común para piensos y alimentos se adoptó el 27 de junio de 2014 (Reglamento (UE) n.º 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(111));

491.  Toma nota de que, en el ejercicio 2014, la DG SANTE fue responsable de la ejecución de 244 221 762 EUR correspondientes a las líneas presupuestarias de salud pública y que el 96,6 % de dicho importe se ejecutó satisfactoriamente; es consciente de que aproximadamente el 75 % de ese presupuesto se transfiere directamente a tres agencias descentralizadas (el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Agencia Europea de Medicamentos); toma nota, asimismo, de que el nivel de ejecución de los créditos de compromiso es superior al 98,9 % en el caso de todas las líneas excepto en el caso de la Agencia Europea de Medicamentos, cuyo déficit en la ejecución de los créditos de compromiso corresponde a la ejecución de 2013 que se ha utilizado en el ejercicio 2015;

492.   Toma nota de que el nivel de ejecución de los créditos de pago es del 98,8 %, lo que refleja un muy buen porcentaje de ejecución;

493.  Toma nota de que el nivel de ejecución del programa sobre salud pública 2008-2014 también es muy satisfactorio (el 99,7 % en créditos tanto de compromiso como de pago) y de que los créditos no utilizados restantes corresponden sobre todo a ingresos afectados que aún se pueden utilizar en 2015;

494.  Expresa su satisfacción por el hecho de que la ejecución de los diez proyectos piloto y las cinco acciones preparatorias que incidían en la responsabilidad de la DG SANTE en el ámbito de la salud pública se encuentre en una fase bastante avanzada, y de que se hayan utilizado todos los créditos de compromiso correspondientes (6 780 000 EUR);

Seguridad alimentaria, salud y bienestar de los animales y fitosanidad

495.  Observa que el porcentaje de ejecución para la seguridad de los alimentos y los piensos, la salud y el bienestar de los animales y las cuestiones fitosanitarias es del 96,8 %; señala no obstante que, sin tomar en consideración la prórroga automática de 6 800 000 EUR, el porcentaje de ejecución alcanza el 100 % de los créditos disponibles;

496.  Observa que, al igual que en el ejercicio precedente, la contribución de la Unión a los programas de lucha contra la tuberculosis fue la más elevada, si bien señala que la contribución de la Unión a los programas de lucha contra la fiebre catarral ovina siguió siendo baja;

497.  Observa que los principales factores a los que se debe la infrautilización de 8 100 000 EUR en el capítulo sobre seguridad de los alimentos y los piensos, salud y bienestar de los animales y cuestiones fitosanitarias se pueden explicar como sigue: 500 000 EUR relacionados con ingresos afectados a diferentes programas que pueden utilizarse en 2015 (esto es, sin infrautilización); 800 000 EUR en ingresos afectados que técnicamente no se pueden volver a utilizar en 2015 (relacionados con créditos C5 de antiguos programas), y 6 800 000 EUR relacionados con el Fondo de Emergencia; toma nota de que este último importe se ha transferido a 2015 (para medidas destinadas a combatir la peste porcina africana en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia en 2014);

498.  Reconoce, por lo que respecta a los créditos de pago para 2014, que el porcentaje de ejecución para el capítulo presupuestario relativo a seguridad de los alimentos y los piensos, salud y bienestar de los animales y cuestiones fitosanitarias es del 99,0 %, lo que representa un ligero descenso en comparación con 2013 (99,9 %); observa que durante el ejercicio de transferencias globales se solicitaron créditos adicionales que no se recibieron y que, al final del ejercicio, solo hubo un pago que no pudo realizarse en su totalidad, si bien el saldo de los importes adeudados se abonó a principios de enero de 2015 con el acuerdo de los Estados miembros;

499.  Expresa su satisfacción por el hecho de que la ejecución de los tres proyectos piloto y las cinco acciones preparatorias que incidían en la responsabilidad de la DG SANTE en el ámbito de la seguridad alimentaria se encuentre en una fase bastante avanzada, y de que se hayan utilizado todos los créditos de compromiso correspondientes (1 250 000 EUR);

500.  Considera que, sobre la base de los datos disponibles y del informe de ejecución, procede aprobar la gestión de la Comisión por lo que se refiere a los gastos en los ámbitos de la política de medio ambiente y protección del clima, salud pública y seguridad alimentaria para el ejercicio 2014;

Transportes y Turismo

501.  Señala que en el presupuesto de 2014, en su versión definitiva aprobada y posteriormente modificada durante el ejercicio, se consignaron, en particular para las políticas de transporte, un total de 2 931 147 377 EUR en créditos de compromiso y un total de 1 089 127 380 EUR en créditos de pago; constata además que de estos importes se destinaron:

–   2 616 755 356 EUR en créditos de compromiso y 937 182 847 EUR en créditos de pago a las políticas de transporte, incluido el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), la seguridad en el transporte y los derechos de los pasajeros, así como las agencias de transporte;

–   239 313 549 EUR en créditos de compromiso y 71 213 206 EUR en créditos de pago a la investigación y la innovación relacionadas con el transporte, incluidas las Empresas Comunes SESAR y Shift2Rail,

–   75 078 470 EUR en créditos de compromiso y 80 731 327 EUR en créditos de pago a gastos administrativos;

502.  Celebra el elevado porcentaje de ejecución, del 98,2 %, en 2014, en el caso de los créditos de compromiso para las políticas de movilidad y transporte y el porcentaje considerablemente elevado de ejecución, del 95,2 %, en el caso de los créditos de pago; observa que, en 2014, el importe de los compromisos pendientes de liquidación aumentó en 1 653 372 424 EUR con respecto al importe global de 5 647 143 046 EUR, y que el aumento de compromisos pendientes de liquidación es habitualmente más elevado al inicio del nuevo MFP, dado que los pagos para los proyectos nuevos se efectúan más tarde; pide, no obstante, a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la correcta ejecución de los proyectos de transporte;

503.   Lamenta que en el ámbito de la competitividad para el crecimiento y el empleo, al que pertenece el transporte y en el que el transporte representa el importe más bajo (800 millones EUR) auditado por el Tribunal con relación al total auditado (13 000 millones EUR), el nivel estimado de error alcanzase el 5,6 % en 2014 (porcentaje superior a los resultados equivalentes de 2013 (4,0 %)), debido principalmente al reembolso de costes no subvencionables en proyectos de investigación, pero también al incumplimiento de la normativa sobre contratación pública; pide a la Comisión que adopte todas las medidas adecuadas para corregir esta situación (también mediante la realización de controles ex ante más exhaustivos con el fin de detectar y corregir errores antes del reembolso);

504.   Atrae la atención sobre el hecho de que en 2014 no se financió ningún proyecto con cargo al MCE, dado que la primera convocatoria de propuestas de proyectos se clausuró en marzo de 2015 y que el instrumento de deuda del MCE que ha de gestionar el Banco Europeo de Inversiones (BEI) no se aprobó hasta finales de 2014; toma nota de que en 2014 el Tribunal de Cuentas Europeo examinó seis operaciones en el sector de los transportes (DG Movilidad y Transportes) y constató que dos de ellas presentaban errores cuantificables; expresa su consiguiente satisfacción a la vista de la disminución del porcentaje de operaciones afectadas en 2014 (33 %) en comparación con 2013 (62 %) y 2012 (49 %); pide a la Comisión y a los demás agentes pertinentes que garanticen el respeto de la normativa sobre contratación pública y los criterios de subvención de los costes de los futuros proyectos sobre transportes;

505.   Toma nota de que, según la estrategia de control plurianual aplicada por la Comisión, que tiene en cuenta las recuperaciones, las correcciones y los efectos de los controles y las auditorías a lo largo del periodo de ejecución del programa, la tasa de error residual para la RTE-T asciende al 0,84 %;

506.  Atrae la atención sobre el gran número de proyectos de alta calidad que no pudieron adoptarse en el MCE-Transporte de 2014 debido a la escasez de fondos disponibles; opina que es necesario garantizar una financiación suficiente para los proyectos MCE-T; lamenta que el presupuesto para el MCE se haya reducido por la financiación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE); recuerda, no obstante, que el punto 17 del Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria(112) prevé un 10 % de flexibilidad para el aumento del presupuesto del MCE en el marco del procedimiento presupuestario anual y que esta flexibilidad existe independientemente de la financiación del FEIE; insiste en que la aplicación de proyectos acordados entre el Parlamento Europeo y el Consejo en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(113) justificaría este aumento en el presupuesto del MCE;

507.   Anima a la Comisión a seguir supervisando estrechamente la ejecución de los instrumentos financieros innovadores para explotar las inversiones de la Unión y atraer nuevas fuentes de financiación para los proyectos de infraestructura de la RTE-T, como el Fondo Marguerite, el Instrumento de Garantía de Préstamos y la Iniciativa de Obligaciones para la Financiación de Proyectos (IOP), y a garantizar que la contribución del presupuesto de la Unión a dichos instrumentos se gestiona y utiliza adecuadamente;

508.   Observa que en diversas bases de datos, como el Sistema de Transparencia Financiera, la base de datos de INEA para proyectos de RTE-T, los proyectos de transporte y turismo cofinanciados a través de los fondos de cohesión y regional y CORDIS para proyectos del programa Horizonte 2020, existe información sobre proyectos en el ámbito de los transportes y el turismo; pide que se integre la información sobre proyectos de esas herramientas a fin de tener una mejor visión global, de la fase inicial y final, del proceso de asignación de fondos de la Unión; reitera la importancia de publicar una lista anual de fácil acceso de los proyectos de transporte y turismo así como de disponer de una base de datos que pueda consultarse en línea de los proyectos cofinanciados por la Unión, en la que figure el importe exacto de la financiación con objeto de aumentar la transparencia;

509.   Señala que los proyectos de transporte para el periodo 2014-2020 recibirán financiación de varias fuentes, entre otras, del MCE, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el FEIE; pide por tanto a la Comisión que desarrolle sinergias que permitan a estas distintas fuentes de financiación asignar con mayor eficiencia los fondos disponibles;

510.   Reconoce que, por lo que respecta a los fondos de la Unión, el principio de «se usan o se pierden» puede inducir a los Estados miembros a proponer para la selección proyectos de escaso impacto; expresa su preocupación a la vista de que, en el pasado, una selección deficiente de proyectos ha llevado a invertir en el sector del transporte fondos de la Unión con un bajo aprovechamiento; acoge favorablemente el nuevo marco jurídico para el periodo 2014-2020, que refuerza la evaluación coste-beneficio y el proceso de revisión de los proyectos;

511.   Celebra el hecho de que la Empresa Común Shift2Rail fue establecida en junio de 2014 con vistas a incrementar la competitividad de la industria ferroviaria europea; señala que se llevarán a cabo procedimientos de aprobación de la gestión separados para la Empresa Común Shift2Rail, en cuanto esta adquiera autonomía financiera en los próximos años; lamenta, no obstante, el retraso en la ejecución de esa empresa común y el hecho de que las pymes están teniendo muchas dificultades para acceder a ella;

512.   Considera que la Comisión debe garantizar una total transparencia en la gestión de los fondos, velando por que se proteja el interés público y por que siempre, en toda circunstancia, el interés público prevalezca frente a los intereses privados;

513.  Señala que en el presupuesto de 2014, en su versión definitiva aprobada y posteriormente modificada durante el ejercicio, se consignaron, específicamente para el turismo, un total de 11 226 160 EUR en créditos de compromiso y un total de 6 827 266 EUR en créditos de pago; pide a la Comisión que realice una evaluación de impacto de los proyectos financiados con el fin de definir mejor las futuras prioridades de gasto que estén en consonancia con la Unión como primer destino turístico mundial, convirtiendo el sector turístico en un ámbito de crecimiento potencial clave para la economía de la Unión; pide a la Comisión que incluya en la planificación presupuestaria del próximo ejercicio los resultados de los proyectos piloto y las acciones preparatorias y que proporcione una lista anual de los proyectos en este ámbito que sea fácilmente accesible;

514.  Propone que, en relación con los sectores para los que es responsable la Comisión de Transportes y Turismo, el Parlamento apruebe la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión para el ejercicio 2014;

Desarrollo Regional

515.  Observa que en el informe anual del Tribunal, de 10 de noviembre de 2015, sobre la ejecución del presupuesto de la Unión para el ejercicio 2014 el porcentaje de error más probable en la política de cohesión se estima en el 5,7 %, lo que representa un incremento con respecto al porcentaje de 2013, que fue del 5,3 %; expresa su preocupación por este incremento, que es especialmente importante por lo que respecta a los errores que tienen consecuencias financieras y efectos negativos graves en el presupuesto; destaca que la mitad del porcentaje de error estimado en la política de cohesión se debe a la complejidad de las normas sobre contratación pública y ayudas de Estado, así como a infracciones en los procedimientos correspondientes, como la adjudicación directa de contratos de modo injustificado, los conflictos de intereses y los criterios de selección discriminatorios;

516.  Toma nota de las respuestas de la Comisión al informe del Tribunal en las que se indica que la disminución media del porcentaje de error en comparación con el periodo de programación 2000-2006 refleja una mejora de los sistemas de gestión y control; pide a la Comisión que, con antelación suficiente, ofrezca a las autoridades información y formación en materia de contratación pública y ayudas de Estado; saluda, en este contexto, la creación del plan de acción sobre contratación pública; toma nota de la aplicación de la iniciativa «pactos de integridad» e insta a la Comisión a que lleve a cabo una evaluación ex ante adecuada del potencial de dichos pactos para mejorar realmente la transparencia y la eficiencia de la contratación pública por lo que respecta a los Fondos EIE; pide a los Estados miembros que cumplan la condicionalidad ex ante en materia de contratación pública antes de acabar 2016 y que transpongan las Directivas de contratación pública de 2014 a su Derecho interno antes de acabar abril de 2016, de modo que se eviten irregularidades y se garantice la ejecución efectiva y eficiente de los proyectos y la consecución de los resultados previstos y, por ende, de los objetivos de la política de cohesión; pide a la Comisión que supervise con rigor este proceso, ofreciendo a los Estados miembros la orientación y la asistencia técnica pertinentes para la correcta transposición de dichas Directivas al Derecho nacional;

517.  Recuerda que no todas las irregularidades constituyen fraude y que deben diferenciarse las irregularidades fraudulentas de las no fraudulentas; considera que las irregularidades no fraudulentas suelen deberse a carencias de los sistemas de gestión y control financieros y a la falta de capacidad administrativa, que está relacionada con el desconocimiento de las normas y de las competencias técnicas relativas a determinadas obras o servicios; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen el establecimiento de sistemas de gestión y control financieros adecuados, eficaces y eficientes de conformidad con las normas pertinentes del marco regulador, pero adaptados a la realidad normativa nacional;

518.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales que velen por que los beneficiarios obtengan información coherente sobre las condiciones de financiación, en particular en lo que respecta a la subvencionabilidad de los gastos y los límites máximos de reembolso pertinentes;

519.  Señala que la aplicación de la política de cohesión en los Estados miembros implica, en función de su sistema institucional, la aplicación de procedimientos y normas nacionales y regionales de gran calado, añadiendo un nuevo nivel, lo que puede abocar a irregularidades y, por ende, a pérdidas de Fondos EIE y a un aumento de las disparidades entre los Estados miembros; pide a la Comisión que contribuya a simplificar la aplicación en los niveles nacional y regional, respetando al mismo tiempo las características institucionales de los Estados miembros y ofreciéndoles las precisiones necesarias para aplicar la normativa; recuerda a la Comisión y a los Estados miembros la Resolución del Parlamento Europeo sobre la simplificación y la orientación a los resultados de la política de cohesión para el periodo 2014-2020, y la necesidad de tomar las medidas precisas para minimizar el exceso de cargas normativas y administrativas, permitiendo de este modo una mejor absorción de los Fondos EIE y evitando errores de los beneficiarios finales, especialmente las pymes; lamenta que la Comisión excluya a los representantes de los Estados miembros del Grupo de alto nivel sobre el seguimiento de la simplificación para los beneficiarios de los Fondos EIE, por lo que su opinión no se tendrá en cuenta para mejorar el sistema;

520.  Considera que la capacidad administrativa es esencial para un uso regular y eficaz de los Fondos EIE y pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en cuestiones específicas de la aplicación (por ejemplo, la contratación pública, las ayudas de Estado, los criterios de subvencionabilidad o la pista de auditoría), en particular respecto de los beneficiarios potenciales que disponen de una capacidad administrativa y económica más limitada; propone, en este contexto, la organización de actividades específicas y exhaustivas para formar a los funcionarios y a las autoridades que trabajan en proyectos subvencionados con Fondos EIE y a los beneficiarios (por ejemplo, cursos de formación y de actualización, seminarios o apoyo técnico y administrativo);

521.  Acoge con satisfacción la creación de la herramienta «Taiex Regio Peer 2 Peer» para facilitar el intercambio entre las autoridades de gestión, certificación y auditoría de los Estados miembros con el fin de mejorar su capacidad administrativa; destaca la importancia de intensificar los esfuerzos en la designación de autoridades, que es un requisito previo a la presentación de solicitudes de pago, de modo que no se obstaculicen la ejecución de los programas y el flujo de recursos; considera asimismo que la Comisión debe aplicar de forma eficiente y eficaz todas las herramientas disponibles para la detección temprana y la prevención de los riesgos en la política de cohesión y, más concretamente, las herramientas de extracción de datos, como Arachne, para la detección temprana y la prevención de los riesgos en los procedimientos de contratación pública; pide a la Comisión que, dado que el contexto del Grupo de trabajo sobre la mejora de la aplicación también abarca actividades que pueden mejorar la eficiencia, la eficacia y el valor añadido de los proyectos de la política de cohesión que ya se han aplicado, evalúe estas características mediante indicadores cualitativos;

Agricultura y Desarrollo Rural

522.  Opina que la PAC, como una de las primeras políticas europeas, es un instrumento importante de la Unión con amplias repercusiones, no solo en términos de producción de alimentos y de servicios ecosistémicos, sino también en términos de mejoras medioambientales, socioeconómicas y de la dimensión de género, concretas y potenciales, así como de esfuerzos por combatir la despoblación de las zonas rurales, tomando en consideración la necesidad de desarrollar el concepto de economía circular; considera que la PAC contribuye de este modo al equilibrio entre las regiones de la Unión, prestando apoyo financiero y facilitando instrumentos importantes que ayudan a los jóvenes agricultores a iniciar la actividad agrícola y asegurar la continuidad generacional;

523.  Señala que la DG AGRI realizó un trabajo considerable en 2014 con las autoridades de los Estados miembros de modo que cada vez están mejor capacitadas para prevenir errores en los gastos agrícolas y ejecutar sus programas de desarrollo rural; reconoce el impacto positivo de la DG AGRI, patente en el informe anual 2014 del Tribunal, y considera que sus acciones, junto con las de los Estados miembros, deben proporcionar una buena base para lograr mejoras adicionales durante los años clave del periodo de gastos 2014-2020;

524.   Pide que, en casos extremos, se retire la acreditación a los organismos pagadores con un rendimiento constantemente inferior a lo esperado;

525.  Considera que una ejecución y unos resultados coherentes son fundamentales en el ámbito de la PAC, que garantiza una producción segura y coherente de nuestros alimentos, opera en toda la Unión, con un efecto positivo a escala social, medioambiental y económica, y cubre la producción de cultivos y productos alimenticios de todo tipo;

526.  Observa que la renta de los factores agrícolas por trabajador en los Estados miembros que se adhirieron a la Unión en 2004 o posteriormente (UE-N13) equivale a apenas un 25 % de la renta de los factores agrícolas generada en la UE-15(114);

527.  Celebra las mejoras en los valores del informe anual 2013 y observa que el Tribunal ha concluido que, por lo que respecta a la política agrícola, la proporción de transacciones examinadas arrojó un porcentaje de error inferior al de 2013, señala que el porcentaje de error en 2014 es del 2,9 % (comparado con el 3,6 % en 2013) para el FEAGA auditado en 17 Estados miembros, y del 6,2 % (en comparación con el 7 % en 2013) para el desarrollo rural, el medio ambiente y la pesca auditados en 18 Estados miembros y un porcentaje medio del 3,6 % para la totalidad del capítulo «Recursos naturales»;

528.  Subraya la necesidad de elaborar una metodología común para el cálculo del porcentaje de error con el fin de garantizar su validez y evitar diferencias significativas entre el porcentaje de error indicado por la Comisión y el establecido por el Tribunal de Cuentas;

529.  Atrae la atención sobre la declaración de la Comisión(115) de que los errores en materia de condicionalidad (por ejemplo las declaraciones oportunas de movimientos de animales, fechas de reunión o plazos) no afectan a la subvencionabilidad (ya confirmada por el Tribunal) y, que el porcentaje de error de la condicionalidad debe deducirse del porcentaje de error global en aras de una mayor claridad;

530.  Señala que las diferencias en la aplicación de los pagos no disociados en los Estados miembros producen distorsiones de la competencia, por ejemplo en el sector lechero;

531.  Celebra el hecho de que la Comisión haya adoptado nuevas orientaciones sobre el cálculo de las correcciones financieras aplicables en el ámbito de la gestión compartida en caso de incumplimiento de las normas en materia de contratación pública(116);

532.  Señala que 2014 fue un año de transición, que implicó pagos considerables en la última parte del periodo de financiación 2017-2013 y, durante el cual, los elementos finales (actos de ejecución y actos delegados) entraron en vigor a mediados de año para el periodo de financiación 2014-2020 de la PAC; señala asimismo que los años 2015 y 2016 deberían considerarse igualmente años de transición, en los que los agricultores y las autoridades de los Estados miembros han de aplicar plenamente por vez primera las medidas de ecologización y otros cambios políticos importantes que implican normas nuevas y complejas y numerosas nuevas solicitudes de pagos directos, dado que muchas de la medidas plurianuales de los planes de desarrollo rural de los Estados miembros no empezarán a aplicarse hasta 2016, y es necesario que se preste una atención especial a los instrumentos introducidos durante la reforma;

533.  Celebra la reducción de los porcentajes de error en comparación con 2013 y reconoce los enormes esfuerzos y recursos destinados a alcanzar esta reducción, en particular a través de la información y de la asistencia técnica de la Comisión a las autoridades de los Estados miembros en materia de ejecución, y opina, no obstante, que un simple cálculo de error por sí mismo no sirve para calcular la ejecución o los resultados;

534.  Recuerda a la Comisión que, en última instancia, son los beneficiarios quienes soportan las consecuencias del riesgo de errores involuntarios debidos a la complejidad de la reglamentación; pide que para apoyar este enfoque se adopte una política de sanciones razonable, proporcional y efectiva, que evite, por ejemplo, la doble penalización por un mismo error tanto en el ámbito del sistema de pagos como en el de la condicionalidad; insta a la Comisión a que garantice en mayor medida la proporcionalidad de las multas en relación con el tipo de errores; pide instrumentos para un enfoque más incentivado y centrado en resultados que puedan ofrecer porcentajes de error e inspección reducidos, y permitir distinguir entre error y fraude, asegurando al mismo tiempo que los agricultores siguen estando en condiciones de suministrar la producción de alimentos vital que constituye el núcleo de la política; considera que seguir abordando la complejidad y la racionalización de la PAC son elementos clave para atraer a nuevos operadores a la agricultura y retenerlos y retener sus cualificaciones con vistas a asegurar un próspero sector agrícola de la Unión en el futuro;

535.  Celebra que el Tribunal esté estudiando la manera de medir el rendimiento en su informe anual, en particular teniendo en cuenta que la Comisión pretende centrar su gasto en los resultados; señala, no obstante, la dificultad de evaluar los resultados de programas de financiación plurianual —que ahora es el método preferido para aplicar las medidas medioambientales en el pilar II— a través de un instrumento que examina un único año y pide al Tribunal que explique su orientación a los resultados específicamente en relación con el gasto agrícola; insta, no obstante, al Tribunal a que tenga en cuenta los múltiples objetivos de la política de desarrollo rural cuando evalúe el rendimiento, a fin de evitar la utilización de indicadores simplistas que den pie a interpretaciones erróneas;

536.  Toma nota de la opinión del Tribunal, resultante de sus propias auditorías, de que el SIGC contribuye considerablemente a evitar y reducir los niveles de error en los regímenes de ayudas a los que se aplica(117) y toma nota de la observación de que las deficiencias registradas en el sistema de identificación de parcelas se han remediado en todos los Estados miembros auditados a través de medidas correctivas(118);

537.  Acoge con satisfacción la simplificación propuesta por la Comisión del SIGC mediante controles preventivos previos que permitirán a las administraciones nacionales detectar problemas en relación con las solicitudes de los agricultores y aplicar correcciones, lo que deberá conducir a un porcentaje de multas más reducido;

538.  Se hace eco de las principales recomendaciones del Tribunal: los Estados miembros deben garantizar información e imágenes fiables y actualizadas en el SIGC para reducir el riesgo de errores relacionados con tierras subvencionables sobrevaloradas; la Comisión debe exigir que los planes de acción de los Estados miembros incluyan medidas correctivas que den respuesta a las causas más frecuentes de errores, revisar su propia estrategia para las auditorías de conformidad relativas al desarrollo rural, y velar por la correcta aplicación del procedimiento de garantía de la legalidad y la regularidad de las operaciones que será obligatorio a partir de 2015;

539.  Toma nota de que la Comisión y el Tribunal están de acuerdo en que los gastos de desarrollo rural se rigen por normas y condiciones de subvencionabilidad complejas, en parte debido a la naturaleza de la política y a la heterogeneidad de las regiones europeas; pide un incremento de las medidas de simplificación y de prevención incluidas en las normas para 2014-2020 y pide además que se proceda a esa simplificación a escala de los Estados miembros en los nuevos programas de desarrollo rural con carácter prioritario como un medio importante para reducir los porcentajes de error y mejorar la eficiencia y la flexibilidad, aumentando de ese modo la capacidad de absorción, en particular cuando los programas de pequeña escala hayan podido suscitar menor interés y/o mostrar constantemente elevados porcentajes de error como resultado de su falta de flexibilidad en el pasado;

540.  Pide a la Comisión que presente a su debido tiempo un plan detallado para reducir la burocracia en la PAC;

541.  Insta a la Comisión y a las autoridades de los Estados miembros a que, en la medida de lo posible, continúen abordando y reduciendo las complejidades en relación con los pagos directos y que concedan un grado de prioridad elevado a la simplificación de las medidas de ecologización, en particular en el caso de que existan varios niveles implicados en la administración de los fondos FEAGA y de desarrollo rural en los Estados miembros, con enfoques distintos para los dos pilares, si fuera necesario; subraya que las sustanciales diferencias entre los importes de los pagos directos en los Estados miembros aumentan el diferencial de competitividad entre los agricultores que operan en el mercado único;

542.  Espera que la Comisión haga urgentemente pleno uso del proceso de simplificación de la PAC, en especial por lo que respecta a la onerosa y compleja reglamentación que rige la condicionalidad y la ecologización, que afecta en última instancia a los agricultores de toda Europa; hace hincapié en que el proceso de simplificación debe centrarse en el alivio de la carga administrativa y no debe poner en riesgo los principios y las normas acordados en el marco de la última reforma de la PAC, que no han de modificarse; considera que dicha simplificación no debe conllevar una revisión de los gastos de la PAC para el periodo 2013-2020;

543.  Señala que, a consecuencia de la adquisición de tierras agrícolas por inversores, las explotaciones dirigidas por pequeños agricultores propietarios sufren presiones crecientes y que parte de los pagos directos se hacen a empresas internacionales;

544.  Subraya la importancia de contar con indicadores y valores de rendimiento comparables para el mismo tipo de programas en diferentes lugares y espera que se den mejoras en este sentido en el periodo 2014-2020 con el fin de garantizar una mejor gestión financiera de la PAC basada en las necesidades de cada Estado miembro;

545.  Señala que la PAC desempeña un papel significativo en la promoción de la inclusión social —especialmente, aunque no exclusivamente, a través de los esfuerzos de cooperación—, en la reducción de la pobreza y en el desarrollo económico de las zonas rurales, a través de la creación de empleo, del programa LEADER y de la creación de nuevos o mejores servicios e infraestructuras; pide que se realice un análisis del efecto general de la PAC en las zonas rurales, de dónde proceden y el modo en que se atribuyen los fondos, y centrado en los verdaderos beneficiarios finales;

546.  Señala que se espera que el gasto genere beneficios tanto para las zonas rurales como para los consumidores en general, y recuerda que los beneficiarios finales gastan dinero en bienes o servicios en sus comunidades locales, o empleando a personas en sus explotaciones, contribuyendo así a mantener a las personas en el campo en regiones en las que la agricultura y la silvicultura son a menudo los principales motores de las zonas rurales o aisladas;

547.  Observa que el impacto de la prohibición rusa de importación de productos agrícolas, impuesta desde mediados de 2014, supone un importante desafío; considera que ha de llevarse a cabo una mejor gestión en la fase temprana de toda medida de emergencia a fin de asegurar la correcta asignación de los fondos o, si procede, la rápida recuperación de los importes reclamados de forma ilegal; celebra en este contexto los esfuerzos continuados de la Comisión por hallar mercados alternativos para dar salida a los excedentes agrícolas, y apoyar a los sectores afectados por la prohibición; encomia los esfuerzos de la Comisión por hallar mercados alternativos para dar salida a los excedentes agrícolas y pide a los Estados miembros que realicen esfuerzos conjuntos por eliminar los obstáculos a la búsqueda de nuevas posibilidades de venta; subraya la importancia del acuerdo de la ATCI, que puede compensar el cierre de algunos mercados de intercambio tradicionales;

548.  Celebra la decisión de la Comisión de establecer regímenes de ayuda excepcional a los Estados con pérdidas en el sector lechero y pide a la Comisión que considere la introducción de otras medidas de ayuda a sectores con problemas similares;

549.  Expresa su preocupación al observar que en muchos Estados miembros es limitado el acceso de las mujeres del medio rural al mercado de trabajo, y pide a la Comisión que se comprometa a impulsar y estimular el acceso de las mujeres del medio rural al mercado de trabajo con carácter prioritario entre sus medidas de desarrollo, y que destine los recursos financieros adecuados a un programa europeo de garantía europea para las mujeres del mundo rural análogo al destinado a la juventud, estableciendo un objetivo específico para la categoría formada por las mujeres del mundo rural;

550.  Exhorta a la Comisión a que aclare las normas relativas al reconocimiento de las organizaciones de productores, en particular en el sector de las frutas y verduras, y a que acorte más los plazos de las auditorías de la Comisión, con objeto de proporcionar seguridad jurídica a los beneficiarios y evitar errores innecesarios;

551.  Teniendo en cuenta el objetivo del Tratado(119) de asegurar al consumidor suministros a precios razonables, considera que el acceso equitativo para todos los consumidores está en riesgo en los casos en los que existe una tributación excesiva de IVA sobre alimentos, y que el fraude en materia de IVA se hace más probable;

552.  Considera que los objetivos del periodo de programación 2007-2013 siguen siendo objetivos importantes, y que, en el actual periodo, la Unión debe centrar la atención en mejorar la viabilidad de las explotaciones agrícolas y del sector agrícola, promover un equilibrio mejor de la cadena alimentaria con vistas a consolidar y reforzar las organizaciones de productores, apoyar regímenes de calidad, cadenas de abastecimiento cortas, cooperativas sociales, mercados locales, servicios ecosistémicos y un desarrollo territorial equilibrado, estrictamente en zonas rurales en los nuevos programas de desarrollo rural, evitando al mismo tiempo expectativas y gastos medioambientales poco razonables;

553.  Recuerda que de todas las auditorías realizadas por el Tribunal de los gastos en 2014, solo tres casos se remitieron a la OLAF para investigación(120) por sospecha de «condiciones creadas artificialmente para obtener ayudas» (nuevas entidades creadas por empresas bien establecidas o grupos de personas) y que uno ya había sido previamente definido como de riesgo por las autoridades nacionales antes de la auditoría del Tribunal;

554.  Señala que cabe seguir mejorando la aplicación de la política; insiste, por lo tanto, en que se le informe de todas las mejoras en términos de definición y logro de objetivos políticos y cumplimiento;

555.  Pide a la Comisión que evalúe la eficacia de los pagos para el fomento de las ventas en terceros países y que garantice que estas medidas no expulsen del mercado a los productores locales;

556.  Toma nota de que, en el momento en el que la DG AGRI elaboraba el informe anual de actividad 2014, no se disponía de información sobre una serie de elementos del Instrumento de preadhesión en favor del Desarrollo Rural (IPARD) y que las informaciones deben actualizarse (número de explotaciones que reciben apoyo, aumento del valor bruto, número de explotaciones agrícolas que introducen las normas de la Unión), y considera al mismo tiempo que es necesario un análisis constante en el nuevo periodo de financiación;

557.  Constata que el informe anual 2014 del Tribunal de Cuentas muestra buenos resultados, pero, no obstante, pide al Tribunal que informe al Parlamento de las medidas que tiene intención de tomar para adoptar una metodología de examen más plurianual a medida que desarrolla el enfoque previsto más orientado a los resultados;

Pesca

558.  Toma nota de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Unión para el ejercicio 2014; toma nota asimismo del informe anual del Tribunal relativo al ejercicio 2014; toma nota del informe anual de actividad 2014 de la DG de Asuntos Marítimos y Pesca; toma en consideración el Informe Especial n.º 11/2015 del Tribunal de Cuentas sobre los acuerdos de asociación en el ámbito de la pesca;

559.  Toma nota de las opiniones del Tribunal sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas; señala la opinión desfavorable del Tribunal sobre los créditos de pago, cuyo índice de error global fue del 4,4 %, aunque no haya ningún índice de error específico relativo al sector de la pesca; pide que dicho sector sea objeto de un tratamiento específico, no fusionado con la agricultura, para permitir una mayor transparencia en el sector pesquero;

560.  Señala la reserva de la DG de Asuntos Marítimos y Pesca en relación con el sistema de gestión y control de los programas del FEP en algunos Estados miembros;

561.  Tiene la seguridad de que el sistema de control interno aplicado por la DG de Asuntos Marítimos y Pesca ofrece garantías suficientes para gestionar adecuadamente el riesgo en materia de legalidad y regularidad de las transacciones correspondientes;

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)

562.  Señala que la aprobación de programas en el ámbito de la gestión compartida del FEMP y de otros Fondos EIE después del 1 de enero de 2014 dio lugar a una revisión técnica del MFP a fin de transferir a ejercicios posteriores los créditos del ejercicio 2014 no utilizados;

563.  Manifiesta su profundo pesar por el hecho de que la mayoría de los Estados miembros hayan transmitido muy tarde su programa operativo relativo al FEMP, lo que genera importantes retrasos en la movilización de los fondos; recuerda que los Estados miembros son responsables de la ejecución de los créditos en gestión compartida;

564.  Considera que los Estados miembros deben mejorar los instrumentos y los canales que utilizan para transmitir información a la Comisión; recomienda a la Comisión que ejerza más presión sobre los Estados miembros para que entreguen datos fiables;

565.  Pide a la Comisión que preste todo el apoyo posible a los Estados miembros con el fin de garantizar un uso pleno y adecuado de los recursos del FEMP, con elevados índices de ejecución, en consonancia con sus respectivas prioridades y necesidades, en particular en lo que se refiere al desarrollo sostenible del sector de la pesca;

Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas

566.  Acoge con satisfacción la atribución a la Agencia de las competencias sobre el FEMP a partir del 1 de enero de 2014; toma nota del memorándum de entendimiento firmado el 23 de septiembre de 2014 por la DG de Asuntos Marítimos y Pesca y la Agencia; destaca la necesidad de fomentar que, en las 19 acciones del FEMP, la Agencia preste una ayuda de elevada calidad a todos sus beneficiarios;

Informe Especial n.º 11/2015 del Tribunal de Cuentas (aprobación de la gestión para el ejercicio 2014): ¿Gestiona la Comisión correctamente los acuerdos de colaboración en el sector pesquero?

567.  Pide a la Comisión que tenga en cuenta las recomendaciones del Tribunal;

568.  Lamenta el coste financiero generado por la infrautilización de los tonelajes de referencia aprobados en algunos protocolos recientes; propone que se establezca un vínculo más estrecho entre el importe de los derechos de acceso y las capturas efectivas; insta a la Comisión a que garantice que los desembolsos de apoyo sectorial estén en consonancia con otros pagos de ayudas con cargo al presupuesto, y pide una mejora de los resultados alcanzados por los países socios al aplicar la matriz de acciones decididas de común acuerdo;

569.  Destaca, como ha indicado el Tribunal, que la complementariedad y la coherencia entre los acuerdos de colaboración en el sector pesquero negociados en la misma región pueden mejorarse a fin de maximizar su potencial a escala regional;

570.  Subraya que la información aportada por las evaluaciones ex post independientes no era en todos los casos suficientemente completa, coherente o comparable, lo que redujo su utilidad en el proceso decisorio y en las negociaciones; señala, además, que estas evaluaciones no analizan lo suficiente en qué medida los acuerdos de colaboración en el sector pesquero cumplen todos sus objetivos, al no hacer referencia al empleo en las regiones de la Unión que dependen de la pesca ni aportar información sobre el suministro de pescado al mercado de la Unión;

571.  Manifiesta su preocupación por la falta de información fiable, verificable y accesible sobre las poblaciones de peces y sobre el esfuerzo pesquero de las flotas pesqueras nacionales o de otras flotas pesqueras extranjeras a las que también se ha dado acceso, ya que uno de los principales objetivos de los acuerdos de colaboración en el sector pesquero es limitar la pesca a las poblaciones excedentarias, lo que, en la práctica, ha resultado muy difícil de aplicar;

572.  Solicita a la Comisión una supervisión más atenta de la ejecución del apoyo sectorial a fin de garantizar su eficacia;

573.  Insiste en la necesidad de un seguimiento eficaz de las acciones financiadas por la Unión que brindan apoyo sectorial en el contexto de los acuerdos internacionales por medio de cuadros matriciales elaborados de la forma más detallada posible; subraya asimismo la necesidad de realizar un llamamiento para que se incremente la proporción de la ayuda sectorial; está firmemente convencido de que la parte comercial de los acuerdos debería condicionarse, a largo plazo, a un apoyo sectorial eficaz, significativo y suficientemente controlado;

574.  Observa con preocupación que los protocolos vigentes en la actualidad siguen sin prever la posibilidad de abonar pagos parciales si los resultados solo se logran parcialmente; constata que, cuando no se han alcanzado los objetivos, o solo se han alcanzado parcialmente, el pago del apoyo sectorial para el siguiente ejercicio debe suspenderse hasta la consecución de los mismos; pide, no obstante, a la Comisión que, en la medida de lo posible, incluya en los nuevos protocolos la posibilidad de abonar pagos parciales del apoyo sectorial;

Aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto

575.  Propone, sobre la base de los datos disponibles, que se apruebe la gestión de la Comisión en relación con los gastos efectuados en el ámbito de los asuntos marítimos y la pesca para el ejercicio 2014;

Cultura y Educación

576.  Observa con agrado que, en su primer año de aplicación, el programa Erasmus+ ha mantenido como elemento principal el fomento de las cualificaciones y la empleabilidad, ha conseguido su objetivo de crear vínculos más estrechos entre los programas de la Unión y las políticas en los ámbitos de la educación, la formación, el deporte y la juventud, ha favorecido la acción de la Unión para responder mejor al objetivo del aprendizaje permanente y ha contribuido a reducir las desigualdades sociales, económicas y territoriales llegando a muchos ciudadanos de la Unión; señala, no obstante, que hay una serie de problemas en el capítulo «Juventud» de Erasmus+ relacionados con el acceso a la financiación en comparación con el anterior programa Juventud en Acción; lamenta que la Comisión no asignara fondos suficientes en el programa Erasmus+ a comunicar mejor los cambios generales en las nuevas líneas del programa para poder incluir un número mayor de proyectos escolares;

577.   Opina que, si bien la mayor descentralización del desembolso de los fondos para Erasmus+ puede cumplir mejor con algunos de los requisitos nacionales y locales del programa, dependiendo de las acciones clave, esta descentralización ha de evaluarse con objeto de impedir que se convierta en un obstáculo para la consecución de los objetivos estratégicos de Erasmus+, en particular por lo que respecta al capítulo «Juventud»;

578.   Observa que el programa Erasmus+ contribuye a integrar a los jóvenes europeos en el mercado laboral, promover la empleabilidad y desarrollar nuevas competencias; que refuerza iniciativas en los ámbitos de la ciudadanía, el voluntariado y la internacionalización de la juventud y el deporte; que contribuye a mejorar la calidad de la educación, la formación formal e informal y el aprendizaje a lo largo de toda la vida; y que refuerza el sentido de ciudadanía europea fundado en la comprensión y el respeto de los derechos humanos;

579.   Expresa su profunda preocupación por la suspensión de hecho del desembolso de fondos del capítulo «Juventud» de Erasmus+ en Grecia, como puso de manifiesto el informe de 2015 del Foro Europeo de la Juventud sobre la aplicación del programa;

580.   Toma nota de las dificultades señaladas por la DG EAC de la Comisión y la Agencia Ejecutiva el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) en la fase inicial de aplicación de los programas Erasmus+, Europa Creativa y Europa con los Ciudadanos, en particular por lo que respecta a algunos retrasos en la apertura de las convocatorias de propuestas y el desembolso de los fondos; confía en que se trate de una situación excepcional y está a la espera, por lo tanto, de lo que sucederá el próximo año, cuando estos programas entren en una fase de mayor estabilidad en comparación con el primer año de aplicación; recomienda que el programa Erasmus+ integre más proyectos de pequeña escala, que constituyen el núcleo de experiencias innovadoras en los tres ámbitos: educación, juventud y deporte;

581.   Se felicita de las medidas que se han tomado para financiar modelos basados en importes a tanto alzado y costes unitarios, lo que simplificará la gestión financiera tanto para los beneficiarios de fondos de la Unión como para la propia Unión; indica, no obstante, en particular por lo que respecta al capítulo «Juventud» de Erasmus+, que estos importes globales tampoco son suficientes para financiar los gastos operativos principales de las asociaciones y ONG de jóvenes; sostiene que ha de incrementarse aún más la inversión de la Unión en el programa;

582.  Recuerda que los retrasos de la EACEA en los pagos finales repercuten directamente en los derechos de los beneficiarios, perjudicando a las asociaciones y proyectos culturales, la creatividad y la diversidad cultural de la sociedad civil; anima a la EACEA a perfeccionar sus sistemas de control y pago;

583.   Expresa su preocupación por el hecho de que las Escuelas Europeas no hayan abordado las cuestiones planteadas de forma reiterada por el Tribunal y destaca la recomendación dirigida al Consejo Superior de las Escuelas Europeas para que aplique un sistema de rotación para los puestos sensibles, y le preocupan también otras deficiencias que podrían poner en peligro los principios básicos de transparencia y buena gestión financiera; toma nota de la aprobación, en 2014, del nuevo Reglamento Financiero de las Escuelas Europeas como una de las maneras, si se aplica bien, de responder a las críticas formuladas por el Tribunal; pide al Consejo Superior de las Escuelas Europeas que considere la posibilidad de centralizar algunas funciones que están actualmente descentralizadas, como la contabilidad, y fomentar la separación entre las funciones de autorización, ejecución y control y las operaciones financieras, a fin de minimizar el riesgo de que se cometan errores y fraudes; considera que, dadas las preocupaciones suscitadas y el hecho de que el 60 % del presupuesto de las Escuelas Europeas —177 millones de euros— procede del presupuesto de la Unión, sería oportuno realizar una revisión exhaustiva de la gobernanza, la gestión y la organización del sistema de las Escuelas Europeas;

584.   Observa que la falta de congruencia entre la programación para un periodo de siete años del MFP y la programación para un periodo de diez años de las prioridades políticas y estratégicas de la Unión podría afectar negativamente a una evaluación coherente de los resultados obtenidos por los programas de la Unión; observa que la próxima revisión del MFP es un punto fundamental en la gestión del gasto de la Unión al garantizar que los programas de inversión de la Unión sigan siendo eficientes; insiste en que en los programas Erasmus+ y Europa Creativa se proceda a una simplificación de los criterios y de los formularios de solicitud, especialmente por lo que respecta a los proyectos de pequeña escala;

585.   Manifiesta su preocupación por el retraso de los pagos de la Comisión, que ascendía a 26 000 millones EUR en 2014 —más de la mitad del cual se consideraba «anormal», es decir no determinado por las facturas emitidas a finales del ejercicio, como puso de manifiesto el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo— y, solo para Erasmus+, a 202 millones EUR; observa que este retraso se debe, en parte, a un marco financiero plurianual excesivamente rígido, que no permite readjudicar los fondos y cuyos márgenes son ajustados, y, en parte, al incumplimiento por parte de los Estados miembros de sus compromisos con respecto a los créditos de pago;

586.   Destaca que el programa «Europa con los ciudadanos» funciona como un enlace único y directo entre la Unión y sus ciudadanos a la hora de apoyar acciones, peticiones y derechos cívicos; considera que el nivel de financiación actual es demasiado bajo y hace hincapié en que el programa debe aplicarse respetando su contenido, que se enriquecerá con iniciativas que fortalecen los valores de la ciudadanía europea; manifiesta su firme rechazo a todo nuevo recorte presupuestario o retraso en los pagos para el programa Europa con los Ciudadanos 2014-2020;

Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

587.  Toma nota de la conclusión del Tribunal de Cuentas de que las cuentas consolidadas de la Unión presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Unión a 31 de diciembre de 2014; expresa, no obstante, su preocupación ante el hecho de que, por vigesimoprimer año consecutivo, los sistemas de supervisión y control financieros examinados solo fueran parcialmente eficaces a la hora de garantizar la legalidad y la regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas;

588.   Expresa su inquietud, sin embargo, por el hecho de que los pagos subyacentes a las cuentas se encuentren afectados por un porcentaje de error por encima del umbral de importancia relativa; recuerda, por lo tanto, la necesidad de una gestión presupuestaria cuidadosa y apela a mayores esfuerzos para reducir el porcentaje de error;

589.  Toma nota de la nueva presentación del informe del Tribunal sobre las cuentas anuales para los gastos correspondientes a la rúbrica 3 del MFP (Seguridad y ciudadanía); solicita su inclusión el próximo año, habida cuenta del aumento de la dotación; conviene en la necesidad de adoptar un nuevo enfoque que consista en invertir el presupuesto de la Unión y no en gastarlo;

590.   Lamenta el hecho de que, en algunos Estados miembros, la legislación en materia de conflictos de intereses de los parlamentarios y los miembros del Gobierno y de las juntas de Gobierno locales sea vaga e insuficiente; pide a la Comisión que analice esta situación y, si procede, presente propuestas a ese respecto; considera que tales propuestas deben aplicarse también a los comisarios actuales y a los candidatos a comisarios;

591.  Destaca la necesidad de garantizar una buena relación calidad-precio y de extraer enseñanzas de proyectos anteriores en los que una gestión deficiente de la Comisión provocó retrasos y gastos excesivos, como ocurrió con el desarrollo del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), que se finalizó con seis años de retraso y cuyo coste fue ocho veces superior al presupuesto inicial;

592.  Observa que, si bien el Fondo para las Fronteras Exteriores ha contribuido a la gestión de las fronteras exteriores, su valor añadido ha sido limitado; observa que no se ha podido medir el resultado global debido a la deficiente supervisión por parte de las autoridades responsables y a las graves deficiencias constatadas en las evaluaciones de la Comisión y de los Estados miembros;

Cuestiones de género

593.  Recuerda que, de conformidad con el artículo 8 del TFUE, la igualdad entre mujeres y hombres es uno de los valores en los que se basa la Unión y que esta promueve; considera que la igualdad de género debe integrarse en todas las políticas y, por tanto, ha de tenerse en cuenta en los procedimientos presupuestarios;

594.  Recuerda a la Comisión que algunas líneas presupuestarias podrían estar aumentando indirectamente la desigualdad de género al tener efectos perjudiciales para las mujeres una vez aplicadas; pide, por consiguiente, a la Comisión que utilice el análisis de la presupuestación con perspectiva de género respecto de las líneas presupuestarias nuevas y existentes, y, cuando sea posible, modifique las políticas lo necesario para evitar provocar indirectamente la desigualdad de género;

595.  Recuerda a la Comisión su reciente compromiso en favor de la elaboración de un presupuesto basado en resultados, y reitera la solicitud del Parlamento de que, en el conjunto común de indicadores de resultados sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, se incluyan también indicadores específicos de género, que permitirían mejorar la evaluación de la ejecución del presupuesto desde la perspectiva de género;

596.  Pide a la Comisión que elabore una evaluación del impacto que la financiación de la Unión ha tenido en la promoción de la igualdad de género;

597.  Pide a la Unión que aumente la cuota del FSE destinada al desarrollo de unos servicios públicos de alta calidad a un precio asequible para el cuidado de los niños, de personas mayores y de adultos dependientes (de los que se suelen seguir ocupando mujeres), teniendo en cuenta también los datos proporcionados por el Índice de igualdad de género, creado recientemente por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE);

598.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que los funcionarios que participen en la toma de decisiones sobre el gasto reciban una formación completa que les permita entender plenamente las consecuencias que sus decisiones tienen para la igualdad de género;

599.  Pide a todas las instituciones de la Unión que comprueben si existe una verdadera paridad por lo que respecta a la distribución de los puestos de trabajo en las instituciones y los órganos de la Unión, y que presenten estadísticas desglosadas por género sobre la dotación de personal y su grado, como parte del procedimiento de aprobación de la gestión.

16.2.2016

OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Exteriores

para la Comisión de Control Presupuestario

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas

(2015/2154(DEC))

Ponente: Cristian Dan Preda

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Manifiesta su preocupación por el aumento del índice de errores importantes en la rúbrica 4 para el ejercicio 2014; respalda las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) en su informe anual e insta a la Comisión a seguir con diligencia las recomendaciones de los ejercicios anteriores que no se hayan aplicado todavía;

2.  Se felicita por que la DG NEAR haya solucionado el error sistémico que afectaba a sus gastos en el ejercicio 2013 y realizado los cambios sustanciales en sus sistemas requeridos por el TCE; expresa asimismo su satisfacción por que se constatase que el informe anual de actividades de la DG ECHO era correcto según la labor de auditoría del TCE;

3.  Observa con preocupación los errores detectados en el contexto de la verificación de los gastos en los convenios de subvención, que suponen más del 50 % de los errores detectados por el TCE en la rúbrica 4; toma nota de que el principal tipo de error se refiere a los gastos no admisibles; destaca la importancia de evitar o detectar y corregir los errores antes de aceptar los gastos, mediante una aplicación mejor de los controles ex ante; toma nota con especial preocupación de la incapacidad de EuropeAid para detectar errores; insta a la Comisión a velar por que se intensifiquen los esfuerzos realizados hasta ahora para solventar esos problemas con la verificación de los gastos, y a realizar un seguimiento exhaustivo de la recomendación acerca de la supervisión de las subvenciones formulada por el TCE en su informe anual de 2011;

4.  Destaca la necesidad de efectuar una evaluación ex ante seria en los casos en que la Comisión decide financiar, en particular a través del Banco Europeo de Inversiones, grandes proyectos de infraestructuras con alto impacto medioambiental, con el fin de comprobar la sostenibilidad financiera, medioambiental y social, y pide que la financiación de la UE en los países terceros se concentre en proyectos que garanticen la sostenibilidad financiera y ambiental, así como la utilidad económica y social;

5.  Reconoce los avances continuos de la Comisión en lo que se refiere a la acreditación de todas las misiones de la Política Exterior y de Seguridad Común, de conformidad con la «evaluación en seis pilares», y se felicita, en particular, por que las tres misiones más grandes sean ahora conformes; subraya la necesidad de que la Comisión acredite todas las misiones con arreglo a la recomendación del TCE;

6.  Reitera su llamamiento a la Comisión para que elabore propuestas de reforma de la reglamentación financiera a fin de evitar retrasos en el desembolso operativo, en particular permitiendo que el procedimiento acelerado, actualmente disponible para la ayuda humanitaria, sea utilizado en la gestión de crisis, garantizando al mismo tiempo la coherencia con los objetivos estratégicos a largo plazo de la UE;

7.  Acoge con satisfacción el establecimiento de la Plataforma de apoyo a la misión y reitera su llamamiento a la Comisión para que adopte medidas con el fin de establecer un auténtico Centro de Servicios Compartidos (SSC), junto con un Sistema Integrado de Gestión de Recursos (IRMS), como forma para mejorar la velocidad de despliegue y rentabilidad de las misiones; propone que se actualice el almacén de la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión (PCSD) y que sirva asimismo a las misiones de la PCSD en curso, y sea gestionado por el futuro Centro de servicios compartidos.

8.  Lamenta los retrasos significativos en la adquisición de equipos y servicios esenciales para las misiones de la PCSD y el efecto negativo resultante sobre el funcionamiento de dichas misiones; recuerda que el TCE, en su Informe Especial de 2012 sobre la asistencia de la Unión Europea a Kosovo relacionada con el Estado de Derecho, denunció la falta de eficacia y concluyó que los procedimientos sobre adjudicación de contratos establecidos en el Reglamento Financiero «no están concebidos para misiones de la PCSD [...] que a veces requiere respuestas rápidas y flexibles»; lamenta que la reciente revisión del Reglamento Financiero no haya introducido los cambios necesarios de las normas financieras; reitera su opinión de que la gestión de las líneas presupuestarias pertinentes debe delegarse al comandante de la operación civil, de la misma forma que se ha hecho con los directores de las delegaciones de la UE;

9.  Recuerda que la eficacia de las misiones de formación y asesoramiento de la PCSD se ve enormemente obstaculizada por las dificultades institucionales de la UE para acompañar estas acciones con equipo de apoyo básico; se congratula, en este contexto, por los esfuerzos realizados por la Comisión en la aplicación de la Comunicación conjunta relativa al desarrollo de capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo; pide a la Comisión que presente las propuestas legislativas necesarias para la creación de un fondo específico lo más rápidamente posible, con el fin de que pueda incluirse en el presupuesto de la UE en el curso de la revisión a medio plazo del marco financiero plurianual;

10.  Acoge con satisfacción los Informes Especiales de 2015 del TCE sobre EUPOL Afganistán y sobre el apoyo de la UE a la lucha contra la tortura y a la abolición de la pena de muerte; insta a la Comisión a que aplique todas las recomendaciones del TCE en el marco de dichos informes;

11.  Subraya la importancia de tener en cuenta criterios relacionados con el contexto a la hora de evaluar la eficacia de los proyectos de la UE en terceros países, en la medida en que las actividades de ayuda exterior de la UE suelen llevarse a cabo en regiones en crisis y en contextos políticamente difíciles.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

16.2.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

40

8

3

Miembros presentes en la votación final

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans

Suplentes presentes en la votación final

Angel Dzhambazki, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Soraya Post, Traian Ungureanu

19.2.2016

OPINIÓN de la Comisión de Desarrollo

para la Comisión de Control Presupuestario

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas

(2015/2154(DEC))

Ponente de opinión: Doru-Claudian Frunzulică

SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Recuerda que el gasto en ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo de la Unión suele producirse en entornos muy problemáticos lo que aumenta la dificultad en relación con la ejecución del proyecto, las evaluaciones y los controles de gasto; considera, por consiguiente, que la ayuda al desarrollo y la ayuda humanitaria tienen una probabilidad de error mayor que otros ámbitos de actuación política de la Unión;

2.  Señala que la estimación realizada por el Tribunal de Cuentas sobre la tasa de error de los gastos de «Una Europa global» aumentó del 2,1 % al 2,7 % entre 2013 y 2014; subraya que esta tasa de error sigue siendo notablemente inferior a las tasas de error de los gastos de la Unión gestionados por los Estados miembros;

3.  Observa que, de acuerdo con el Tribunal de Cuentas, el 57 % de los errores están relacionados con gastos no admisibles; apoya la recomendación del Tribunal de Cuentas con respecto a EuropeAid de mejorar los controles ex ante y de hacer un mejor uso de las visitas sobre el terreno para detectar los errores;

4.  Celebra que, según el Tribunal de Cuentas, los procedimientos de control puestos en marcha por la DG de Ayuda Humanitaria y Protección Civil en lo relativo a las transacciones financieras funcionen correctamente y que su sistema informes sea fiable; felicita por ello a dicha DG;

5.  Llama la atención sobre el compromiso colectivo de la Unión de aumentar la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) de la Unión y de sus Estados miembros hasta el 0,7 % de su renta nacional bruta (RNB) y pide un calendario previsible y vinculante para lograrlo; expresa su apoyo pleno a un incremento regular de los fondos de la Unión de la lucha contra el cambio climático que, de conformidad con el compromiso asumido por la Unión, debe basarse en créditos nuevos y adicionales; critica cualquier erosión de la AOD no relacionada con el clima y solicita a la Comisión y a los Estados miembros que cumplan las recomendaciones del Tribunal de Cuentas recogidas en su Informe especial n.º 17/2013 sobre la financiación de la Unión de la lucha contra el cambio climático en el contexto de la ayuda exterior;

6.  Reconoce que los gastos relacionados con la seguridad son importantes para el desarrollo y especialmente relevantes en el marco de los esfuerzos que se están desplegando en la actualidad por abordar de manera integral el nexo entre la seguridad y el desarrollo y cumplir el objetivo número 16 de la agenda de desarrollo pero hace hincapié en que este tipo de financiación no constituye AOD y que en la actualidad no puede proceder del Instrumento de Cooperación al Desarrollo creado por el Reglamento (UE) n.º 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo ni del Fondo Europeo de Desarrollo (FED);

7.  Observa que, en 2014, dos proyectos ligados a la gestión de fronteras en Libia por un valor de 12,9 millones EUR fueron financiados a través del ICD; recuerda que el principal objetivo del ICD es reducir la pobreza; reitera su profunda preocupación por que los programas de desarrollo puedan emplearse para fines que no estén directamente relacionados con el desarrollo; recuerda que tal enfoque no ayudaría a la Unión a cumplir su objetivo de emplear el 0,7 % de su RNB para la ayuda oficial al desarrollo;

8.  Toma nota del valor potencial del marco de resultados de la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo creado en 2015 así como de los riesgos que conlleva, señalados por el Tribunal de Cuentas en su Informe especial n.º 21/2015; considera necesario evitar, asimismo, el riesgo, de mayor carácter político, de que se sobrevalore la consecución del número limitado de resultados cuantificables incluidos por la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo en el marco de resultados en detrimento de la consecución de otros resultados relacionados con los objetivos de la política en materia de cooperación al desarrollo de la Unión y de resultados cualitativos; hace hincapié en la importancia de tratar este marco como un complemento de otros mecanismos de seguimiento e información;

9.  Celebra el Informe especial del Tribunal de Cuentas nº 18/2014 sobre los sistemas de evaluación y de seguimiento orientado a los resultados de EuropeAid; pide a la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo que aborde urgentemente las diversas lagunas señaladas en relación con sus sistemas de evaluación y seguimiento en el Informe especial del Tribunal n.º 18/2014, en particular las referidas a deficiencias serias en el sistema de evaluación de dicha DG; pone de relieve que un sistema de evaluación que no funcione correctamente aumenta el riesgo de seleccionar proyectos que carezcan de calidad o que no cumplan sus objetivos; señala y muestra su preocupación por la divergencia de opiniones entre la Comisión y el Tribunal de Cuentas en lo que respecta a información fiable sobre la eficacia de las operaciones de apoyo presupuestario; cree que hay una relación entre la falta de personal en las delegaciones de la Unión y en la unidad de evaluación de la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo y los problemas resaltados por el Tribunal de Cuentas; considera que esto ilustra consecuencias perjudiciales que pueden tener los recortes de personal para el funcionamiento eficaz de los programas de la Unión;

10.  Confía en que la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo abordará las diversas lagunas señaladas en relación con sus sistemas de evaluación y seguimiento en el Informe especial del Tribunal de Cuentas n.º 18/2014;

11.  Pide la definición de competencias en materia de control oficiales en relación con el FED, posiblemente a través de un acuerdo interinstitucional de carácter vinculante de conformidad con el artículo 295 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

12.  Expresa su profunda preocupación por las conclusiones del Informe especial del Tribunal de Cuentas n.°11/2015 sobre la gestión por parte de la Comisión de los acuerdos de colaboración en el sector pesquero (ACP); observa que el Tribunal de Cuentas expresa dudas sobre la sostenibilidad de los ACP debido a la difícil aplicación del concepto de excedentes pesqueros; asimismo, toma nota de que el Tribunal de Cuentas cuestiona seriamente la calidad del control por parte de la Comisión de la aplicación de los ACP; lamenta, también, que, según el Tribunal de Cuentas, las evaluaciones ex post de los ACP no se utilicen lo suficiente en la elaboración de acuerdos de seguimiento; insta a la Comisión a que aplique lo antes posible las numerosas recomendaciones del Tribunal de Cuentas;

13.  Subraya que los informes de gestión de la ayuda exterior de las delegaciones de la Unión brindan una visión parcial de la ejecución de los proyectos de ayuda exterior de la Unión y que, por tanto, no pueden considerarse evaluaciones finales de los proyectos; advierte, por consiguiente, del peligro de extraer conclusiones prematuras y sesgadas en relación con la eficacia general de las políticas de ayuda de la Unión;

14.  Recuerda que una escasez importante prácticamente constante de fondos para pagos en 2014 agravó las dificultades de la DG de Ayuda Humanitaria y Protección Civil para responder adecuadamente a las crisis humanitarias cada vez más graves registradas en los países vecinos de la Unión y en otras regiones; acoge con satisfacción el hecho de que la mejor adaptación de los créditos en los presupuestos de 2015 y 2016 de la Unión haya resuelto en gran medida el problema de los pagos de DG de Ayuda Humanitaria y Protección Civil;

15.  Lamenta que, debido a la escasez de créditos de pago en 2014, no pudiesen efectuarse los pagos de apoyo presupuestario a Marruecos y Jordania por un valor total de 43 millones EUR en 2014, como se había previsto contractualmente; considera que se gravemente perjudicial para la credibilidad de la Unión.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

17.2.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

22

4

0

Miembros presentes en la votación final

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Suplentes presentes en la votación final

Jan Zahradil, Joachim Zeller

8.2.2016

OPINIÓN de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

para la Comisión de Control Presupuestario

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas

(2015/2154(DEC))

Ponente: David Casa

SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Observa con preocupación que, en 2014, el nivel de error estimado en el ámbito político del empleo y los asuntos sociales fue del 3,7 %, es decir levemente superior al del ejercicio anterior (3,1 %); destaca que esto representa un paso atrás en el objetivo de alcanzar un índice de error inferior al 2 %;

2.  Acoge con satisfacción el hecho de que el informe del Tribunal de Cuentas analice la ejecución del presupuesto de la Unión a la luz de la Estrategia Europa 2020; toma nota de la observación de que la contribución presupuestaria de la UE no se determina por separado en el contexto del logro de los objetivos principales, como los relativos al empleo y a la lucha contra la pobreza y la exclusión social;

3.  Acoge además con satisfacción las recomendaciones del Tribunal de que se armonicen mejor la Estrategia Europa 2020 y el marco financiero plurianual y de que los objetivos políticos de alto nivel se traduzcan en objetivos operativos útiles, y pone de relieve la importancia de centrarse en el rendimiento y en los resultados, así como en el valor añadido, en particular en el caso de los principales objetivos sociales y en materia de empleo, ámbito en que la Comisión no tiene competencias para crear un marco jurídicamente vinculante; insta a la Comisión a que siga elaborando indicadores de resultados y sistemas de supervisión con objeto de comparar los resultados con los objetivos acordados, disponer de mejor información al establecer futuros objetivos e incrementar la eficiencia del gasto de la UE;

4.  Toma nota de las observaciones del Tribunal sobre el aumento del riesgo de irregularidades en el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) que participan en Horizonte 2020; apoya la respuesta de la Comisión en el sentido de que la participación de las pymes en el programa es fundamental para la creación de crecimiento y de empleo, toma nota de que se han simplificado las normas administrativas de las pymes y hace hincapié en que una ulterior simplificación comportaría una mayor participación de estas empresas; destaca la importancia de la creación de empleos sostenibles mediante las pymes;

5.  Observa que las pymes son las principales creadoras de empleo en Europa y considera que puede hacerse más para incrementar su participación en los programas de financiación de la UE; pide a la Comisión que adopte nuevas medidas para fomentar la participación activa de las pymes, incluida la aplicación del principio «pensar primero a pequeña escala»;

6.  Señala que el carácter intangible de las inversiones en capital humano, la diversidad de las actividades y la participación de múltiples socios, a menudo a pequeña escala, en la ejecución de los proyectos siguen siendo los principales riesgos para la regularidad de los gastos del Fondo Social Europeo (FSE); pide a la Comisión que siga adelante con medidas de mitigación específicas, tanto de tipo preventivo como correctivo;

7.  Toma nota de los resultados del Informe Especial del Tribunal de Cuentas n.º 17/2015 relativo a la reorientación de la financiación del FSE en el periodo 2012-2014; toma nota con preocupación de las carencias en los informes de la Comisión relativos al impacto de estos fondos y considera que un mayor movimiento hacia una política basada en los resultados es fundamental para garantizar una responsabilidad financiera sólida y un uso eficiente de los fondos de la UE;

8.  Manifiesta su preocupación por que los elevados índices de error seguidos por suspensiones e interrupciones puedan afectar al cierre satisfactorio de los programas 2007-2013;

9.  Considera que la promoción de un mayor uso de las opciones de coste simplificadas puede desembocar en la reducción de la carga administrativa, la disminución de los errores y una orientación más centrada en el rendimiento y los resultados; señala, sin embargo, que las opciones de coste simplificadas deben aplicarse en un entorno de seguridad jurídica y confianza, junto a una evaluación de los beneficios, y con la plena participación de las partes interesadas en todos los niveles; destaca que las opciones de coste simplificadas deben seguir siendo una opción disponible para los Estados miembros;

10.  Insiste en que los Estados miembros deben evitar complicar ulteriormente las normas y los requisitos relativos a la aplicación del Fondo Social Europeo que imponen cargas adicionales a los beneficiarios y aumentan el riesgo de error;

11.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que, de las 178 operaciones examinadas por el Tribunal en el ámbito de la política de empleo y asuntos sociales, 62 (34,8 %) se vieron afectadas por errores, de los cuales 12 fueron errores cuantificables que superan el 20 % (6,7 %); exhorta a la Comisión a que aplique medidas correctivas y procedimientos estrictos para reducir el riesgo de irregularidades en este ámbito político y que lleve a cabo un seguimiento de los casos de gastos no admisibles señalados por el Tribunal;

12.  Lamenta que el número de programas del Fondo Social Europeo (FSE) con un índice de error superior al 5 % se haya elevado del 18,8 % en 2013 al 22,9 % en 2014, y que el volumen de pagos afectados por estos índices presente un incremento espectacular del 11,2 % al 25,2 %;

13.  Llama la atención sobre la reiterada observación del Tribunal de Cuentas de que el porcentaje de error sería menor si las autoridades nacionales hubieran hecho un mejor uso de la información disponible antes de remitir solicitudes de pago a la Comisión; insiste, en este sentido, en que los Estados miembros y las autoridades nacionales deben efectuar controles más concienzudos y abstenerse de solicitar el reembolso de gastos incorrectos;

14.  Anima a los Estados miembros a utilizar el instrumento de evaluación de riesgos Arachne, y alienta a la Comisión a seguir facilitando a los Estados miembros orientaciones pertinentes y asistencia técnica para la correcta aplicación de los requisitos de gestión y control en el periodo 2014-2020; insiste en que la Comisión debe mejorar el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros;

15.  Pide a la Comisión que siga las recomendaciones del Tribunal a fin de garantizar que la ejecución del presupuesto de la Unión contribuya más eficazmente a la consecución de los principales objetivos sociales y en materia de empleo de la Estrategia Europa 2020; espera, en este sentido, que la Comisión y los Estados miembros utilicen mejores indicadores de rendimiento y mejoren sus informes acerca de los resultados conseguidos en el periodo 2014-2020;

16.  Comparte la recomendación del Tribunal de Cuentas en la que solicita a los Estados miembros que garanticen un reembolso rápido a los beneficiarios respetando estrictamente los plazos, como prevé la reglamentación.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

25.1.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

32

7

3

Miembros presentes en la votación final

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Suplentes presentes en la votación final

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

25.1.2016

OPINIÓN de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

para la Comisión de Control Presupuestario

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas

(2015/2154(DEC))

Ponente: Giovanni La Via

SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Considera oportuno recordar que, de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Parlamento Europeo aprueba la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general después de examinar las cuentas, la ficha de financiación, el informe de evaluación a que se refiere el artículo 318 del TFUE, el informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) acompañado de las respuestas de las instituciones sometidas a auditoría, la declaración de fiabilidad y los informes especiales del TCE;

2.  Recuerda que estaba previsto que 2014 fuera el primer año de aplicación del nuevo marco financiero plurianual (MFP), destinado a determinar el tamaño y la distribución del gasto de la Unión para el periodo 2014-2020, y que, como consecuencia de ello, el nivel de aplicación es más bajo que en ejercicios anteriores;

3.  Toma nota de la forma en que se presentan los ámbitos políticos de medio ambiente y salud en el Informe Anual del TCE relativo al ejercicio 2014; expresa su preocupación por el hecho de que los ámbitos políticos correspondientes al medio ambiente y al clima figuren de nuevo en el capítulo dedicado al desarrollo rural y la pesca; reitera su crítica al orden ilógico de los diferentes ámbitos políticos en este capítulo concreto; considera que la decisión política de agrupar los diferentes ámbitos políticos no incumbe al TCE; insta al TCE a que revise este planteamiento en su próximo informe anual;

4.  Considera oportuno destacar, en este mismo contexto, que el capítulo que incluye el desarrollo rural, el medio ambiente, la pesca y la salud en el informe del TCE correspondiente al ejercicio de 2014 presenta el mayor porcentaje de errores, con un 6,2 % frente a la media general del 4,4 %; observa, por otra parte, que muchas de las principales deficiencias constatadas por el TCE son muy similares a las ya notificadas en los tres últimos ejercicios;

5.  Observa que los puntos de vista del TCE y de la Comisión difieren en cuanto a la metodología de cálculo de los errores; observa, asimismo, que la Comisión considera que el porcentaje de error representativo anual del TCE debe considerarse en el contexto del carácter plurianual de las correcciones y recuperaciones financieras netas;

6.  Toma nota de que el TCE no ha formulado ninguna observación con respecto a la gestión de las políticas «Salud pública», «Seguridad alimentaria» y «Medio ambiente y acción por el clima»;

7.  Expresa su satisfacción por lo que se refiere a la aplicación general en el ejercicio de 2014 de las líneas presupuestarias correspondientes a los ámbitos de medio ambiente, acción por el clima, salud pública y seguridad alimentaria; recuerda una vez más que la Unión tan solo asigna a esos instrumentos políticos menos del 0,5 % de su presupuesto, y que debe tenerse presente el claro valor añadido de la Unión en esos ámbitos y el apoyo que los ciudadanos europeos prestan a las políticas ambientales y climáticas de la Unión, así como a la salud pública y a la seguridad alimentaria;

8.  Manifiesta su satisfacción por el trabajo realizado por las cinco agencias descentralizadas que son de la competencia de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y que llevan a cabo tareas técnicas, científicas y de gestión que contribuyen a que las instituciones de la Unión elaboren y apliquen políticas en el ámbito del medio ambiente, el clima, la salud pública y la seguridad alimentaria, así como por la forma en que ejecutan sus presupuestos;

Acción por el medio ambiente y el clima

9.  Destaca que la DG ENV dispuso de 352 041 708 EUR en créditos de compromiso y que ejecutó el 99,7 % de este importe; considera satisfactorio, por lo que respecta a los créditos de pago, que se haya utilizado el 95,03% de los 290 769 321 EUR disponibles; observa, por otra parte, que los gastos administrativos de LIFE+ se ejecutaron a lo largo de dos ejercicios presupuestarios (mediante prórrogas automáticas) y que, si no se tiene en cuenta este gasto administrativo, el índice de ejecución de los pagos es del 99,89%;

10.  Toma nota de que la DG CLIMA ha aumentado su ejecución al 99,7 % de 102 694 032 EUR en créditos de compromiso y al 93,1 % de 32 837 296 EUR en créditos de pago y que, sin tener en cuenta el gasto administrativo, el porcentaje de ejecución de los pagos representa un 98,5 %;

11.  Considera satisfactorio el nivel general de ejecución del presupuesto operativo de LIFE+, que en 2014 ascendió al 99,9 % en créditos de compromiso y al 97,4% en créditos de pago; observa que en 2014 se destinaron 283 121 194 EUR a convocatorias de propuestas para proyectos en los Estados miembros, que 40 000 000 EUR se utilizaron para financiar operaciones en el marco de los instrumentos financieros «Mecanismo de Financiación del Capital Natural» (NCFF) e «Instrumentos de financiación privada para la eficiencia energética» (PF4EE), que 8 952 827 EUR se destinaron a apoyar actividades operativas de organizaciones no gubernamentales activas en la protección y el fortalecimiento del medio ambiente a nivel de la Unión y que participan en el desarrollo y la aplicación de la política y legislación de la Unión, y que 49 502 621 EUR se utilizaron para apoyar a la Comisión en su misión de iniciativa y seguimiento de la evolución de las políticas y la legislación; observa que se utilizaron 20 914 622 EUR para prestar apoyo administrativo a LIFE y apoyo operativo a la Agencia EASME;

12.  Es consciente de que el porcentaje de utilización correspondiente a acciones en el marco de LIFE+ sigue siendo ligeramente inferior en comparación con los créditos de compromiso, si bien con un elevado porcentaje de ejecución;

13.  Toma nota de que se ha asignado un importe de 4 350 000 EUR en concepto de contribuciones a convenios, protocolos y acuerdos internacionales de los que la Unión es parte o en relación con los cuales participa en los trabajos preparatorios;

14.  Considera satisfactorios los progresos alcanzados en la ejecución de doce proyectos piloto y seis acciones preparatorias, por importes que ascienden en total a 2 950 000 EUR; es consciente de que la ejecución de esas medidas puede ser onerosa para la Comisión, dados los pequeños importes disponibles en relación con los procedimientos de ejecución necesarios (por ejemplo, plan de acción, convocatoria de propuestas, etc.); insta a la Autoridad Presupuestaria a que se centre en los proyectos piloto y las acciones preparatorias que aporten un auténtico valor añadido para la Unión en el futuro;

Salud Pública

15.  Recuerda que 2014 ha sido el primer año de aplicación de los nuevos programas: el Programa de Salud Pública se adoptó el 11 de marzo de 2014 (Reglamento (UE) n.º 282/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(121)), mientras que el marco financiero común para piensos y alimentos se adoptó el 27 de junio de 2014 (Reglamento (UE) n.º 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(122));

16.  Toma nota de que, en el ejercicio 2014, la DG SANTE fue responsable de la ejecución de 244 221 762 EUR correspondientes a las líneas presupuestarias de salud pública y que el 96,6% de dicho importe se ejecutó satisfactoriamente; es consciente de que aproximadamente el 75 % de ese presupuesto se transfiere directamente a tres agencias descentralizadas (el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Agencia Europea de Medicamentos); toma nota, asimismo, de que el nivel de ejecución de los créditos de compromiso es superior al 98,9 % en el caso de todas las líneas excepto en el caso de la Agencia Europea de Medicamentos, cuyo déficit en la ejecución de los créditos de compromiso corresponde a la ejecución de 2013 que se ha utilizado en el ejercicio 2015;

17.   Toma nota, asimismo, de que el nivel de ejecución de los créditos de pago es del 98,8 %, lo que refleja un muy buen porcentaje de ejecución;

18.  Toma nota de que el nivel de ejecución del Programa de Salud Pública 2008-2014 también es muy satisfactorio (el 99,7 % en créditos tanto de compromiso como de pago) y de que los créditos no utilizados restantes corresponden sobre todo a ingresos afectados que aún se pueden utilizar en 2015;

19.  Expresa su satisfacción por el hecho de que la ejecución de los diez PP y las cinco AP que incidían en la responsabilidad de la DG SANTE en el ámbito de la salud pública se encuentre en una fase bastante avanzada, y de que se hayan utilizado todos los créditos de compromiso correspondientes (6 780 000 EUR);

Seguridad alimentaria, salud y bienestar de los animales y fitosanidad

20.  Observa que el porcentaje de ejecución para la seguridad de los alimentos y los piensos, la salud y el bienestar de los animales y las cuestiones fitosanitarias es del 96,8 %; señala no obstante que, sin tomar en consideración la prórroga automática de 6 800 000 EUR, el porcentaje de ejecución alcanza el 100 % de los créditos disponibles;

21.  Observa que, al igual que en el ejercicio precedente, la contribución de la Unión a los programas de lucha contra la tuberculosis fue la más elevada, si bien señala que la contribución de la Unión a los programas de lucha contra la fiebre catarral ovina siguió siendo baja;

22.  Observa que los principales factores a los que se debe la infrautilización de 8 000 000 EUR en el capítulo seguridad de los alimentos y los piensos, salud y bienestar de los animales y cuestiones fitosanitarias se pueden explicar como sigue: 500 000 EUR relacionados con ingresos afectados a diferentes programas que pueden utilizarse en 2015 (esto es, sin infrautilización); 800 000 EUR en ingresos afectados que técnicamente no se pueden volver a utilizar en 2015 (relacionados con créditos C5 de antiguos programas), y 6 800 000 EUR relacionados con el Fondo de emergencia; toma nota de que este último importe se ha transferido a 2015 (para medidas destinadas a combatir la peste porcina africana en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia en 2014);

23.  Reconoce, por lo que respecta a los créditos de pago para 2014, que el porcentaje de ejecución para el capítulo presupuestario relativo a seguridad de los alimentos y los piensos, salud y bienestar de los animales y cuestiones fitosanitarias es del 99,0%, lo que representa un ligero descenso en comparación con 2013 (99,9 %); observa que durante el ejercicio de transferencias globales se solicitaron créditos adicionales que no se recibieron y que, al final del ejercicio, solo hubo un pago que no pudo realizarse en su totalidad, si bien el saldo de los importes adeudados se abonó a principios de enero de 2015 con el acuerdo de los Estados miembros;

24.  Expresa su satisfacción por el hecho de que la ejecución de los tres PP y las cinco AP que incidían en la responsabilidad de la DG SANTE en el ámbito de la seguridad alimentaria se encuentre en una fase bastante avanzada, y de que se hayan utilizado todos los créditos de compromiso correspondientes (1 250 000 EUR);

25.  Considera que, sobre la base de los datos disponibles y del informe de ejecución, procede aprobar la gestión de la Comisión por lo que se refiere a los gastos en los ámbitos de la política de medio ambiente y protección del clima, salud pública y seguridad alimentaria para el ejercicio 2014.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

21.1.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

53

12

3

Miembros presentes en la votación final

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Suplentes presentes en la votación final

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Daniel Dalton

17.2.2016

OPINIÓN de la Comisión de Transportes y Turismo

para la Comisión de Control Presupuestario

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas

(2015/2154(DEC))

Ponente: Massimiliano Salini

SUGERENCIAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Señala que en el presupuesto de 2014, en su versión definitiva aprobada y posteriormente modificada durante el ejercicio, se consignaron, en particular para las políticas de transporte, un total de 2 931 147 377 euros en créditos de compromiso y un total de 1 089 127 380 euros en créditos de pago; constata además que de estos importes se destinaron:

–   2 616 755 356 euros en créditos de compromiso y 937 182 847 euros en créditos de pago a las políticas de transporte, incluido el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), la seguridad en el transporte y los derechos de los pasajeros, así como las agencias de transporte;

–   239 313 549 euros en créditos de compromiso y 71 213 206 euros en créditos de pago a la investigación y la innovación relacionadas con el transporte, incluidas las Empresas Comunes SESAR y Shift2Rail,

–   75 078 470 euros en créditos de compromiso y 80 731 327 euros en créditos de pago a gastos administrativos;

2.  Celebra el elevado porcentaje de ejecución, del 98,2 %, en 2014, en el caso de los créditos de compromiso para las políticas de movilidad y transporte y el porcentaje considerablemente elevado de ejecución, del 95,2 %, en el caso de los créditos de pago; observa que, en 2014, el importe de los compromisos pendientes de liquidación aumentó en 1 653 372 424 euros con respecto al importe global de 5 647 143 046 euros, y que el aumento de compromisos pendientes de liquidación es habitualmente más elevado al inicio del nuevo marco financiero plurianual, dado que los pagos para los proyectos nuevos se efectúan más tarde; pide, no obstante, a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la correcta ejecución de los proyectos de transporte;

3.   Lamenta que en el ámbito de la competitividad para el crecimiento y el empleo, al que pertenece el transporte y en el que el transporte representa el importe más bajo (800 millones de euros) auditado por el Tribunal de Cuentas con relación al total auditado (13 000 millones de euros), el nivel estimado de error alcanzase el 5,6 % en 2014 (porcentaje superior a los resultados equivalentes de 2013 (4,0 %)), debido principalmente al reembolso de costes no subvencionables en proyectos de investigación, pero también al incumplimiento de la normativa sobre contratación pública; pide a la Comisión que adopte todas las medidas adecuadas para corregir esta situación (también mediante la realización de controles ex ante más exhaustivos con el fin de detectar y corregir errores antes del reembolso);

4.   Atrae la atención sobre el hecho de que en 2014 no se financió ningún proyecto con cargo al MCE, dado que la primera convocatoria de propuestas de proyectos se clausuró en marzo de 2015 y que el instrumento de deuda del MCE que ha de gestionar el Bance Europeo de Inversiones (BEI) no se aprobó hasta finales de 2014; toma nota de que en 2014 el Tribunal de Cuentas Europeo examinó seis operaciones en el sector de los transportes (DG Movilidad y Transportes) y constató que dos de ellas presentaban errores cuantificables; expresa su consiguiente satisfacción a la vista de la disminución del porcentaje de operaciones afectadas en 2014 (33 %) en comparación con 2013 (62 %) y 2012 (49 %); pide a la Comisión y a los demás agentes pertinentes que garanticen el respeto de la normativa sobre contratación pública y los criterios de subvención de los costes de los futuros proyectos sobre transportes;

5.   Toma nota de que, según la estrategia de control plurianual aplicada por la Comisión, que tiene en cuenta las recuperaciones, las correcciones y los efectos de los controles y las auditorías a lo largo del periodo de ejecución del programa, la tasa de error residual para la RTE-T asciende al 0,84 %;

6.  Atrae la atención sobre el gran número de proyectos de alta calidad que no pudieron adoptarse en el MCE-Transporte de 2014 debido a la escasez de fondos disponibles; opina que es necesario garantizar una financiación suficiente para los proyectos MCE-T; lamenta que el presupuesto para MCE se haya reducido por la financiación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE); recuerda, no obstante, que el punto 17 del Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria(123) prevé un 10 % de flexibilidad para el aumento del presupuesto del MCE en el marco del procedimiento presupuestario anual y que esta flexibilidad existe independientemente de la financiación del FEIE; insiste en que la aplicación de proyectos acordados entre el Parlamento Europeo y el Consejo en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(124) justificaría este aumento en el presupuesto del MCE;

7.   Anima a la Comisión a seguir supervisando estrechamente la ejecución de los instrumentos financieros innovadores para explotar las inversiones de la UE y atraer nuevas fuentes de financiación para los proyectos de infraestructura de la RET-T, como el Fondo Marguerite, el Instrumento de Garantía de Préstamos y la Iniciativa de Obligaciones para la Financiación de Proyectos (IOP), y a garantizar que la contribución del presupuesto de la Unión a dichos instrumentos se gestiona y utiliza adecuadamente;

8.   Observa que en diversas bases de datos, como el Sistema de Transparencia Financiera, la base de datos de INEA para proyectos de RTE-T, los proyectos de transporte y turismo cofinanciados a través de los fondos de cohesión y regional y CORDIS para proyectos del programa Horizonte 2020, existe información sobre proyectos en el ámbito de los transportes y el turismo; pide que se integre la información sobre proyectos de esas herramientas a fin de tener una mejor visión global, de la fase inicial y final, del proceso de asignación de fondos de la Unión; reitera la importancia de publicar una lista anual de fácil acceso de los proyectos de transporte y turismo así como de disponer de una base de datos que pueda consultarse en línea de los proyectos cofinanciados por la Unión, en la que figure el importe exacto de la financiación con objeto de aumentar la transparencia;

9.   Señala que los proyectos de transporte para el periodo 2014-2020 recibirán financiación de varias fuentes, entre otras, del MEC, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el FEIE; pide por tanto a la Comisión que desarrolle sinergias que permitan a estas distintas fuentes de financiación asignar con mayor eficacia los fondos disponibles;

10.   Reconoce que, por lo que respecta a los fondos de la Unión, el principio de «se usan o se pierden» puede inducir a los Estados miembros a proponer para la selección proyectos de escaso impacto; expresa su preocupación a la vista de que, en el pasado, una selección deficiente de proyectos ha llevado a invertir en el sector del transporte fondos de la Unión con un bajo aprovechamiento; acoge favorablemente el nuevo marco jurídico para el periodo 2014-2020, que refuerza la evaluación coste-beneficio y el proceso de revisión de los proyectos;

11.   Celebra el hecho de que la Empresa Común Shift2Rail fue establecida en junio de 2014 con vistas a incrementar la competitividad de la industria ferroviaria europea; señala que se llevarán a cabo procedimientos de aprobación de la gestión separados para la Empresa Común Shift2Rail, en cuanto esta adquiera autonomía financiera en los próximos años; lamenta, no obstante, el retraso en la ejecución de esa empresa común y el hecho de que las pymes están teniendo muchas dificultades para acceder a ella;

12.   Considera que la Comisión debe garantizar una total transparencia en la gestión de los fondos, velando por que se proteja el interés público y por que siempre, en toda circunstancia, el interés público prevalezca frente a los intereses privados;

13.  Señala que en el presupuesto de 2014, en su versión definitiva aprobada y posteriormente modificada durante el ejercicio, se consignaron, específicamente para el turismo, un total de 11 226 160 euros en créditos de compromiso y un total de 6 827 266 euros en créditos de pago; pide a la Comisión que realice una evaluación de impacto de los proyectos financiados con el fin de definir mejor las futuras prioridades de gasto que estén en consonancia con la Unión como primer destino turístico mundial, convirtiendo el sector turístico en un ámbito de crecimiento potencial clave para la economía de la Unión; pide a la Comisión que incluya en la planificación presupuestaria del próximo ejercicio los resultados de los proyectos piloto y las acciones preparatorias y que proporcione una lista anual de los proyectos en este ámbito que sea fácilmente accesible;

14. Lamenta, sin embargo, que los créditos destinados al turismo sigan siendo insuficientes para apoyar el desarrollo del sector, también con miras a las nuevas economías colaborativas;

15.  Propone que, en relación con los sectores para los que es responsable la Comisión de Transportes y Turismo, el Parlamento apruebe la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

16.2.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

37

8

1

Miembros presentes en la votación final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suplentes presentes en la votación final

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Gabriel Mato

17.2.2016

OPINIÓN de la Comisión de Desarrollo Regional

para la Comisión de Control Presupuestario

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas

(2015/2154(DEC))

Ponente: Ivana Maletić

SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Observa que en el informe anual del Tribunal de Cuentas («el Tribunal»), de 10 de noviembre de 2015, sobre la ejecución del presupuesto de la Unión Europea para el ejercicio 2014 el porcentaje de error más probable en la política de cohesión se estima en el 5,7 %, lo que representa un incremento con respecto al porcentaje de 2013, que fue del 5,3 %; expresa su preocupación por este incremento, que es especialmente importante por lo que respecta a los errores que tienen consecuencias financieras y efectos negativos graves en el presupuesto; destaca que la mitad del porcentaje de error estimado en la política de cohesión se debe a la complejidad de las normas sobre contratación pública y ayudas de Estado, así como a infracciones en los procedimientos correspondientes, como la adjudicación directa de contratos de modo injustificado, los conflictos de intereses y los criterios de selección discriminatorios;

2.  Toma nota de las respuestas de la Comisión al informe del Tribunal en las que se indica que la disminución media del porcentaje de error en comparación con el periodo de programación 2000-2006 refleja una mejora de los sistemas de gestión y control; pide a la Comisión que, con antelación suficiente, ofrezca a las autoridades información y formación en materia de contratación pública y ayudas de Estado; saluda, en este contexto, la creación del plan de acción sobre contratación pública; toma nota de la aplicación de la iniciativa «pactos de integridad» e insta a la Comisión a que lleve a cabo una evaluación ex ante adecuada del potencial de dichos pactos para mejorar realmente la transparencia y la eficiencia de la contratación pública por lo que respecta a los Fondos EIE; pide a los Estados miembros que cumplan la condicionalidad ex ante en materia de contratación pública antes de acabar 2016 y que transpongan las Directivas de contratación pública de 2014 a su Derecho interno antes de acabar abril de 2016, de modo que se eviten irregularidades y se garantice la ejecución efectiva y eficiente de los proyectos y la consecución de los resultados previstos y, por ende, de los objetivos de la política de cohesión; pide a la Comisión que supervise con rigor este proceso, ofreciendo a los Estados miembros la orientación y la asistencia técnica pertinentes para la correcta transposición de dichas Directivas al Derecho nacional;

3.  Recuerda que no todas las irregularidades constituyen fraude y que deben diferenciarse las irregularidades fraudulentas de las no fraudulentas; considera que las irregularidades no fraudulentas suelen deberse a carencias de los sistemas de gestión y control financieros y a la falta de capacidad administrativa, que está relacionada con el desconocimiento de las normas y de las competencias técnicas relativas a determinadas obras o servicios; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen el establecimiento de sistemas de gestión y control financieros adecuados, eficaces y eficientes de conformidad con las normas pertinentes del marco regulador, pero adaptados a la realidad normativa nacional;

4.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales que velen por que los beneficiarios obtengan información coherente sobre las condiciones de financiación, en particular en lo que respecta a la subvencionabilidad de los gastos y los límites máximos de reembolso pertinentes;

5.  Señala que la aplicación de la política de cohesión en los Estados miembros implica, en función de su sistema institucional, la aplicación de procedimientos y normas nacionales y regionales de gran calado, añadiendo un nuevo nivel, lo que puede abocar a irregularidades y, por ende, a pérdidas de Fondos EIE y a un aumento de las disparidades entre los Estados miembros; pide a la Comisión que contribuya a simplificar la aplicación en los niveles nacional y regional, respetando al mismo tiempo las características institucionales de los Estados miembros y ofreciéndoles las precisiones necesarias para aplicar la normativa; recuerda a la Comisión y a los Estados miembros la Resolución del Parlamento Europeo sobre la simplificación y la orientación a los resultados de la política de cohesión para el periodo 2014-2020, y la necesidad de tomar las medidas precisas para minimizar el exceso de cargas normativas y administrativas, permitiendo de este modo una mejor absorción de los Fondos EIE y evitando errores de los beneficiarios finales, especialmente las pymes; lamenta que la Comisión excluya a los representantes de los Estados miembros del Grupo de alto nivel sobre el seguimiento de la simplificación para los beneficiarios de los Fondos EIE, por lo que su opinión no se tendrá en cuenta para mejorar el sistema;

6.  Considera que la capacidad administrativa es esencial para un uso regular y eficaz de los Fondos EIE y pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en cuestiones específicas de la aplicación (por ejemplo, la contratación pública, las ayudas de Estado, los criterios de subvencionabilidad o la pista de auditoría), en particular respecto de los beneficiarios potenciales que disponen de una capacidad administrativa y económica más limitada; propone, en este contexto, la organización de actividades específicas y exhaustivas para formar a los funcionarios y a las autoridades que trabajan en proyectos subvencionados con Fondos EIE y a los beneficiarios (por ejemplo, cursos de formación y de actualización, seminarios o apoyo técnico y administrativo);

7.  Acoge con satisfacción la creación de la herramienta «Taiex Regio Peer 2 Peer» para facilitar el intercambio entre las autoridades de gestión, certificación y auditoría de los Estados miembros con el fin de mejorar su capacidad administrativa; destaca la importancia de intensificar los esfuerzos en la designación de autoridades, que es un requisito previo a la presentación de solicitudes de pago, de modo que no se obstaculicen la ejecución de los programas y el flujo de recursos; considera asimismo que la Comisión debe aplicar de forma eficiente y eficaz todas las herramientas disponibles para la detección temprana y la prevención de los riesgos en la política de cohesión y, más concretamente, las herramientas de extracción de datos, como ARACHNE, para la detección temprana y la prevención de los riesgos en los procedimientos de contratación pública; pide a la Comisión que, dado que el contexto de la Comisión del Grupo de trabajo sobre la mejora de la aplicación también abarca actividades que pueden mejorar la eficiencia, la eficacia y el valor añadido de los proyectos de la política de cohesión que ya se han aplicado, evalúe estas característica mediante indicadores cualitativos;

8.  Toma nota de la opinión del Tribunal de que se presta una atención insuficiente a los resultados y que los objetivos de la Estrategia Europa 2020 no se traducen ni sistemática ni pertinentemente en objetivos operativos en los acuerdos de asociación; pide a la Comisión que ofrezca información detallada sobre estas cuestiones en el contexto de los informes sobre el resultado de las negociaciones; recuerda que aunque en 2014 comenzó el nuevo período de programación, la mayoría de los pagos de la política de cohesión efectuados ese año se referían al período de programación anterior y que el nuevo marco normativo y las nuevas directrices de aplicación se adoptaron con importantes retrasos, ocasionando, a su vez, retrasos en la adopción de nuevos programas y, por ende, una mayor presión sobre los Estados miembros y la regiones, lo que puede haber provocado la incorrecta aplicación de las nuevas normas; pide a la Comisión que saque las conclusiones que correspondan acerca de estas cuestiones, teniendo presente, no obstante, que la prevención de irregularidades y la lucha contra el fraude constituyen en todo momento una alta prioridad y una necesidad;

9.  Destaca que el porcentaje de error estimado en el gasto de la cohesión económica, social y territorial podría haber sido significativamente menor si los Estados miembros hubieran hecho uso de toda la información disponible y facilitada, y que estos errores también deberían haber sido tratados adecuadamente por los sistemas nacionales de control; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que propongan medidas para conseguir un equilibrio entre una mayor simplificación y una estricta aplicación de las normas y la buena gestión financiera y, más concretamente, para aplicar mecanismos eficaces de detección temprana de irregularidades, teniendo presente que la interrupción y la suspensión de los pagos por irregularidades deben ser el último recurso, ya que estas medidas aumentan el riesgo de error debido a los plazos reducidos que requiere la correcta absorción de los Fondos EIE; solicita a la Comisión que informe sobre la contribución real de la interrupción y la suspensión de los pagos a la reducción de las irregularidades y los errores; destaca que la suspensión de los pagos por irregularidades puede obstaculizar la ejecución de determinados programas, habida cuenta de que ya existen numerosos pagos pendientes en la política de cohesión; recuerda a la Comisión, a este respecto, el plan de pagos adoptado el 18 de noviembre de 2015;

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

16.2.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

35

3

1

Miembros presentes en la votación final

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Bill Etheridge, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Andrew Lewer, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Suplentes presentes en la votación final

Viorica Dăncilă, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Hannu Takkula, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

29.1.2016

OPINIÓN de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

para la Comisión de Control Presupuestario

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas

(2015/2154(DEC))

Ponente: Tibor Szanyi

SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Opina que la PAC, como una de las primeras políticas europeas, es un instrumento importante de la UE con amplias repercusiones, no solo en términos de producción de alimentos y de servicios ecosistémicos, sino también en términos de mejoras medioambientales, socioeconómicas y de la dimensión del género, concretas y potenciales, así como de esfuerzos por combatir la despoblación de las zonas rurales, tomando en consideración la necesidad de desarrollar el concepto de economía circular; considera que la PAC contribuye de este modo al equilibrio entre las regiones de la Unión Europea, prestando apoyo financiero y facilitando instrumentos importantes que ayudan a los jóvenes agricultores a iniciar la actividad agrícola y asegurar la continuidad generacional;

2.  Señala que la DG AGRI realizó un trabajo considerable en 2014 con las autoridades de los Estados miembros de modo que cada vez están mejor capacitadas para prevenir errores en los gastos agrícolas y ejecutar sus programas de desarrollo rural; reconoce el impacto positivo de la DG AGRI, patente en el Informe Anual 2014 del TCE, y considera que sus acciones, junto con las de los Estados miembros, deben proporcionar una buena base para lograr mejoras adicionales durante los años clave del periodo de gastos 2014-2020;

3.   Pide que, en casos extremos, se retire la acreditación a los organismos pagadores con un rendimiento constantemente inferior a lo esperado;

4.  Considera que una ejecución y unos resultados coherentes son fundamentales en el ámbito de la PAC, que garantiza una producción segura y coherente de nuestros alimentos, opera en toda la UE, con un efecto positivo a nivel social, medioambiental y económico y cubre la producción de cultivos y productos alimenticios de todo tipo;

5.  Observa que la renta de los factores agrícolas por trabajador en los Estados miembros que se adhirieron a la UE en 2004 o posteriormente (UE-N13) equivale a apenas un 25 % de la renta de los factores agrícolas generada en la UE-15(125);

6.  Celebra las mejoras en los valores del informe anual 2013 y observa que el Tribunal de Cuentas ha concluido que, por lo que respecta a la política agrícola, la proporción de transacciones examinadas arrojó un porcentaje de error inferior al de 2013, señala que el porcentaje de error en 2014 es del 2,9 % (comparado con el 3,6 % en 2013) para el FEAGA auditado en 17 Estados miembros, y del 6,2 % (en comparación con el 7 % en 2013) para el desarrollo rural, el medio ambiente y la pesca auditados en 18 Estados miembros y un porcentaje medio del 3,6% para la totalidad del capítulo «Recursos naturales»;

7.  Subraya la necesidad de elaborar una metodología común para el cálculo del porcentaje de error con el fin de garantizar su validez y evitar diferencias significativas entre el porcentaje de error indicado por la Comisión y el establecido por el Tribunal de Cuentas;

8.  Atrae la atención sobre la declaración de la Comisión(126) de que los errores en materia de condicionalidad (por ejemplo las declaraciones oportunas de movimientos de animales, fechas de reunión o plazos) no afectan a la subvencionabilidad (ya confirmada por el Tribunal) y, que el porcentaje de error de la condicionalidad debe deducirse del porcentaje de error global en aras de una mayor claridad;

9.  Señala que las diferencias en la aplicación de los pagos no disociados en los Estados miembros producen distorsiones de la competencia, por ejemplo en el sector lechero;

10.  Celebra el hecho de que la Comisión haya adoptado nuevas orientaciones sobre el cálculo de las correcciones financieras aplicables en el ámbito de la gestión compartida en caso de incumplimiento de las normas en materia de contratación pública(127);

11.  Señala que 2014 fue un año de transición, que implicó pagos considerables en la última parte del periodo de financiación 2017-2013 y, durante el cual, los elementos finales (actos de ejecución y actos delegados) entraron en vigor a mediados de año para el periodo de financiación 2014-2020 de la PAC; señala asimismo que los años 2015 y 2016 deberían considerarse igualmente años de transición, en los que los agricultores y las autoridades de los Estados miembros han de aplicar plenamente por vez primera las medidas de ecologización y otros cambios políticos importantes que implican normas nuevas y complejas y numerosas nuevas solicitudes de pagos directos, dado que muchas de la medidas plurianuales de los planes de desarrollo rural de los Estados miembros no empezarán a aplicarse hasta 2016, y es necesario que se preste una atención especial a los instrumentos introducidos durante la reforma;

12.  Celebra la reducción de los porcentajes de error en comparación con 2013 y reconoce los enormes esfuerzos y recursos destinados a alcanzar esta reducción, en particular a través de la información y de la asistencia tecnológica de la Comisión a las autoridades de los Estados miembros en materia de ejecución, y opina, no obstante, que un simple cálculo de error por sí mismo no sirve para calcular la ejecución o los resultados;

13.  Recuerda a la Comisión que, en última instancia, son los beneficiarios quienes soportan las consecuencias del riesgo de errores involuntarios debidos a la complejidad de la reglamentación; pide que para apoyar este enfoque se adopte una política de sanciones razonable, proporcional y efectiva, que evite, por ejemplo, la doble penalización por un mismo error tanto en el ámbito del sistema de pagos como en el de la condicionalidad; insta a la Comisión a que garantice en mayor medida la proporcionalidad de las multas en relación con el tipo de errores; pide instrumentos para un enfoque más incentivado y centrado en resultados que puedan ofrecer porcentajes de error e inspección reducidos, y permitir distinguir entre error y fraude, asegurando al mismo tiempo que los agricultores siguen estando en condiciones de suministrar la producción de alimentos vital que constituye el núcleo de la política; considera que seguir abordando la complejidad y la racionalización de la PAC son elementos clave para atraer a nuevos operadores a la agricultura y retenerlos y retener sus cualificaciones con vistas a asegurar un próspero sector agrícola de la UE en el futuro;

14.  Celebra el hecho de que el Tribunal de Cuentas Europeo esté estudiando la manera de medir el rendimiento en su Informe Anual, en particular teniendo en cuenta que la Comisión pretende centrar su gasto en los resultados; señala, no obstante, la dificultad de evaluar los resultados de programas de financiación plurianual —que ahora es el método preferido para aplicar las medidas medioambientales en el pilar II— a través de un instrumento que examina un único año y pide al Tribunal que explique su orientación a los resultados específicamente en relación con el gasto agrícola; insta, no obstante, al Tribunal de Cuentas a que tenga en cuenta los múltiples objetivos de la política de desarrollo rural cuando evalúe el rendimiento, a fin de evitar la utilización de indicadores simplistas que den pie a interpretaciones erróneas;

15.  Toma nota de la opinión del Tribunal, resultante de sus propias auditorías, de que el SIGC contribuye considerablemente a evitar y reducir los niveles de error en los regímenes de ayudas a los que se aplica(128) y toma nota de la observación de que las deficiencias registradas en el sistema de identificación de parcelas se han remediado en todos los Estados miembros auditados a través de medidas correctivas(129);

16.  Acoge con satisfacción la simplificación propuesta por la Comisión del SIGC mediante controles preventivos previos que permitirán a las administraciones nacionales identificar problemas en relación con las solicitudes de los agricultores y hacer correcciones, lo que deberá conducir a un porcentaje de multas más reducido;

17.  Se hace eco de las principales recomendaciones del Tribunal: los Estados miembros deben garantizar información e imágenes fiables y actualizadas en el SIGC para reducir el riesgo de errores relacionados con tierras subvencionables sobrevaloradas; la Comisión debe exigir que los planes de acción de los Estados miembros incluyan medidas correctivas que den respuesta a las causas más frecuentes de errores, revisar su propia estrategia para las auditorías de conformidad relativas al desarrollo rural, y velar por la correcta aplicación del procedimiento de garantía de la legalidad y la regularidad de las operaciones que será obligatorio a partir de 2015;

18.  Toma nota de que la Comisión y el Tribunal están de acuerdo en que los gastos de desarrollo rural se rigen por normas y condiciones de subvencionabilidad complejas, en parte debido a la naturaleza de la política y a la heterogeneidad de las regiones europeas; pide un incremento de las medidas de simplificación y de prevención incluidas en las normas para 2014-2015 y pide además que se proceda a esa simplificación a nivel de los Estados miembros en los nuevos programas de desarrollo rural con carácter prioritario como un medio importante para reducir los porcentajes de error y mejorar la eficiencia y la flexibilidad, aumentando de ese modo la capacidad de absorción, en particular cuando los programas de pequeña escala hayan podido suscitar menor interés y/o mostrar constantemente elevados porcentajes de error como resultado de su falta de flexibilidad en el pasado;

19.  Pide a la Comisión que presente a su debido tiempo un plan detallado para reducir la burocracia en la PAC;

20.  Insta a la Comisión y a las autoridades de los Estados miembros a que, en la medida de lo posible, continúen abordando y reduciendo las complejidades en relación con los pagos directos y que concedan un grado de prioridad elevado a la simplificación de las medidas de ecologización, en particular en el caso de que existan varios niveles implicados en la administración de los fondos FEAGA y de desarrollo rural en los Estados miembros, con enfoques distintos para los dos pilares, si fuera necesario; subraya que las sustanciales diferencias entre los importes de los pagos directos en los Estados miembros aumentan el diferencial de competitividad entre los agricultores que operan en el mercado único;

21.  Espera que la Comisión haga urgentemente pleno uso del proceso de simplificación de la PAC, en especial por lo que respecta a la onerosa y compleja reglamentación que rige la condicionalidad y la ecologización, que afecta en última instancia a los agricultores de toda Europa; hace hincapié en que el proceso de simplificación debe centrarse en el alivio de la carga administrativa y no debe poner en riesgo los principios y las normas acordados en el marco de la última reforma de la PAC, que no han de modificarse; considera que dicha simplificación no debe conllevar una revisión de los gastos de la PAC para el periodo 2013-2020;

22.  Señala que, a consecuencia de la adquisición de tierras agrícolas por inversores, las explotaciones dirigidas por pequeños agricultores propietarios sufren presiones crecientes y que parte de los pagos directos se hacen a empresas internacionales;

23.  Señala la importancia de la eficiencia de los recursos y unos métodos de producción y transformación respetuosos del medio ambiente en los sectores agroalimentario y silvícola; señala que esto es necesario para una producción de alimentos viable, sostenible y segura y que debe buscarse un equilibrio entre la protección del medio ambiente, que debe beneficiar a la población local así como contrarrestar las prácticas agrícolas perjudiciales, y la respuesta a las crecientes necesidades de producción de alimentos combinadas con el crecimiento económico, garantizando precios asequibles para los consumidores; espera que se progrese hacia soluciones prácticas para las explotaciones agrícolas con miras a la adaptación de las prácticas agrícolas al cambio climático;

24.  Subraya la importancia de contar con indicadores y valores de rendimiento comparables para el mismo tipo de programas en diferentes lugares y espera que se den mejoras en este sentido en el periodo 2014-2020 con el fin de garantizar una mejor gestión financiera de la PAC basada en las necesidades de cada Estado miembro;

25.  Señala que la PAC desempeña un papel significativo en la promoción de la inclusión social —especialmente, aunque no exclusivamente, a través de los esfuerzos de cooperación—, en la reducción de la pobreza y en el desarrollo económico de las zonas rurales, a través de la creación de empleo, del programa LEADER y de la creación de nuevos o mejores servicios e infraestructuras; pide que se realice un análisis del efecto general de la PAC en las zonas rurales, de dónde proceden y el modo en que se atribuyen los fondos y centrado en los verdaderos beneficiarios finales

26.  Señala que se espera que el gasto genere beneficios tanto para las zonas rurales como para los consumidores en general, y recuerda que los beneficiarios finales gastan dinero en bienes o servicios en sus comunidades locales, o empleando a personas en sus explotaciones, contribuyendo así a mantener a las personas en el campo en regiones en las que la agricultura y la silvicultura son a menudo los principales motores de las zonas rurales o aisladas;

27.  Observa que el impacto de la prohibición rusa de importación de productos agrícolas, impuesta desde mediados de 2014, supone un importante desafío; considera que ha de llevarse a cabo una mejor gestión en la fase temprana de toda medida de emergencia a fin de asegurar la correcta asignación de los fondos o, si procede, la rápida recuperación de los importes reclamados de forma ilegal; celebra en este contexto los esfuerzos continuados de la Comisión por hallar mercados alternativos para dar salida a los excedentes agrícolas, y apoyar a los sectores afectados por la prohibición; encomia los esfuerzos de la Comisión por hallar mercados alternativos para dar salida a los excedentes agrícolas y pide a los Estados miembros que realicen esfuerzos conjuntos por eliminar los obstáculos a la búsqueda de nuevas posibilidades de venta; subraya la importancia del acuerdo de la ATCI, que puede compensar el cierre de algunos mercados de intercambio tradicionales;

28.  Celebra la decisión de la Comisión de establecer regímenes de ayuda excepcional a los Estados con pérdidas en el sector lechero y pide a la Comisión que considere la introducción de otras medidas de ayuda a sectores con problemas similares;

29.  Expresa su preocupación al observar que en muchos Estados miembros es limitado el acceso de las mujeres del medio rural al mercado de trabajo, y pide a la Comisión que se comprometa a impulsar y estimular el acceso de las mujeres del medio rural al mercado de trabajo con carácter prioritario entre sus medidas de desarrollo, y que destine los recursos financieros adecuados a un programa europeo de garantía europea para las mujeres del mundo rural análogo al destinado a la juventud, estableciendo un objetivo específico para la categoría formada por las mujeres del mundo rural;

30.  Exhorta a la Comisión a que aclare las normas relativas al reconocimiento de las organizaciones de productores, en particular en el sector de las frutas y verduras, y a que acorte más los plazos de las auditorías de la Comisión, con objeto de proporcionar seguridad jurídica a los beneficiarios y evitar errores innecesarios;

31.  Teniendo en cuenta el objetivo del Tratado(130) de asegurar al consumidor suministros a precios razonables, considera que el acceso equitativo para todos los consumidores está en riesgo en los casos en los que existe una tributación excesiva de IVA sobre alimentos, y que el fraude en materia de IVA se hace más probable;

32.  Considera que los objetivos del periodo de programación 2007-2013 siguen siendo objetivos importantes, y que, en el actual periodo, la Unión debe centrar la atención en mejorar la viabilidad de las explotaciones agrícolas y del sector agrícola, promover un equilibrio mejor de la cadena alimentaria con vistas a consolidar y reforzar las organizaciones de productores, apoyar regímenes de calidad, cadenas de abastecimiento cortas, cooperativas sociales, mercados locales, servicios ecosistémicos y un desarrollo territorial equilibrado, estrictamente en zonas rurales en los nuevos programas de desarrollo rural, evitando al mismo tiempo expectativas y gastos medioambientales poco razonables;

33.  Recuerda que de todas las auditorías realizadas por el Tribunal de los gastos en 2014, solo tres casos se remitieron a la OLAF para investigación(131) por sospecha de «condiciones creadas artificialmente para obtener ayudas» (nuevas entidades creadas por empresas bien establecidas o grupos de personas) y que uno ya había sido previamente identificado como de riesgo por las autoridades nacionales antes de la auditoría del TCE;

34.  Señala que cabe seguir mejorando la aplicación de la política; insiste, por lo tanto, en que se le informe de todas las mejoras en términos de definición y logro de objetivos políticos y cumplimiento;

35.  Pide a la Comisión que evalúe la eficacia de los pagos para el fomento de las ventas en terceros países y que garantice que estas medidas no expulsen del mercado a los productores locales;

36.  Toma nota de que, en el momento en el que la DG AGRI elaboraba el informe anual de actividad 2014, no se disponía de información sobre una serie de elementos del Instrumento de preadhesión en favor del Desarrollo Rural (IPARD) y que las informaciones deben actualizarse (número de explotaciones que reciben apoyo, aumento del valor bruto, número de explotaciones agrícolas que introducen las normas de la Unión), y considera al mismo tiempo que es necesario un análisis constante en el nuevo periodo de financiación;

37.  Constata que el Informe Anual 2014 del TCE muestra buenos resultados, pero, no obstante, pide al Tribunal que informe al Parlamento de las medidas que tiene intención de tomar para adoptar una metodología de examen más plurianual a medida que desarrolla el enfoque previsto más orientado a los resultados.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

25.1.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

24

8

2

Miembros presentes en la votación final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marco Zullo

Suplentes presentes en la votación final

Pilar Ayuso, Rosa D’Amato, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Georgios Epitideios, Maria Heubuch, Ivan Jakovčić, Tibor Szanyi, Ramón Luis Valcárcel Siso

14.1.2016

OPINIÓN de la Comisión de Pesca

para la Comisión de Control Presupuestario

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión

(2015/2154(DEC))

Ponente: João Ferreira

SUGERENCIAS

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que a pruebe:

1.  Toma nota de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas Europeo sobre las cuentas anuales de la Unión Europea para el ejercicio 2014; toma nota asimismo del Informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo relativo al ejercicio 2014; toma nota del Informe anual de actividad 2014 de la DG de Asuntos Marítimos y Pesca; toma en consideración el Informe especial n.° 11/2015 del Tribunal de Cuentas sobre los acuerdos de asociación en el ámbito de la pesca;

2.  Toma nota de las opiniones del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas; señala la opinión desfavorable del Tribunal de Cuentas Europeo sobre los créditos de pago, cuyo índice de error global fue del 4,4 %, aunque no haya ningún índice de error específico relativo al sector de la pesca; pide que dicho sector sea objeto de un tratamiento específico, no fusionado con la agricultura, para permitir una mayor transparencia en el sector pesquero;

3.  Señala la reserva de la DG de Asuntos Marítimos y Pesca en relación con el sistema de gestión y control de los programas del FEP en algunos Estados miembros;

4.  Tiene la seguridad de que el sistema de control interno aplicado por la DG de Asuntos Marítimos y Pesca ofrece garantías suficientes para gestionar adecuadamente el riesgo en materia de legalidad y regularidad de las transacciones correspondientes;

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)

5.  Señala que la aprobación de programas en el ámbito de la gestión compartida del FEMP y de otros fondos EIS después del 1 de enero de 2014 dio lugar a una revisión técnica del marco financiero plurianual a fin de transferir a ejercicios posteriores los créditos del ejercicio 2014 no utilizados;

6.  Manifiesta su profundo pesar por el hecho de que la mayoría de los Estados miembros hayan transmitido muy tarde su programa operativo relativo al FEMP, lo que genera importantes retrasos en la aplicación de los fondos; recuerda que los Estados miembros son responsables de la ejecución de los créditos en gestión compartida;

7.  Considera que los Estados miembros deben mejorar los instrumentos y los canales que utilizan para transmitir información a la Comisión; recomienda a la Comisión que ejerza más presión sobre los Estados miembros para que entreguen datos fiables;

8.  Pide a la Comisión que preste todo el apoyo posible a los Estados miembros con el fin de garantizar un uso pleno y adecuado de los recursos del FEMP, con elevados índices de ejecución, en consonancia con sus respectivas prioridades y necesidades, en particular en lo que se refiere al desarrollo sostenible del sector de la pesca;

Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas

9.  Acoge con satisfacción la atribución a la Agencia de las competencias sobre el FEMP a partir del 1 de enero de 2014; toma nota del memorándum de entendimiento firmado el 23 de septiembre de 2014 por la DG de Asuntos Marítimos y Pesca y la Agencia; destaca la necesidad de fomentar que, en las 19 acciones del FEMP, la Agencia preste una ayuda de elevada calidad a todos sus beneficiarios;

Informe Especial n.º 11/2015 del Tribunal de Cuentas (aprobación de la gestión para el ejercicio 2014): ¿Gestiona la Comisión correctamente los acuerdos de colaboración en el sector pesquero?

10.  Toma nota de los elementos incluidos en el Informe Especial n.º 11/2015 sobre los acuerdos de colaboración en el sector pesquero;

11.  Pide a la Comisión que tenga en cuenta las recomendaciones del Tribunal;

12.  Lamenta el coste financiero generado por la infrautilización de los tonelajes de referencia aprobados en algunos protocolos recientes; propone que se establezca un vínculo más estrecho entre el importe de los derechos de acceso y las capturas efectivas; insta a la Comisión a que garantice que los desembolsos de apoyo sectorial estén en consonancia con otros pagos de ayudas con cargo al presupuesto, y pide una mejora de los resultados alcanzados por los países socios al aplicar la matriz de acciones decididas de común acuerdo;

13.  Destaca, como ha indicado el Tribunal, que la complementariedad y la coherencia entre los acuerdos de colaboración en el sector pesquero negociados en la misma región pueden mejorarse a fin de maximizar su potencial a escala regional;

14.  Subraya que la información aportada por las evaluaciones ex post independientes no era en todos los casos suficientemente completa, coherente o comparable, lo que redujo su utilidad en el proceso decisorio y en las negociaciones; señala, además, que estas evaluaciones no analizan lo suficiente en qué medida los acuerdos de colaboración en el sector pesquero cumplen todos sus objetivos, al no hacer referencia al empleo en las regiones de la UE que dependen de la pesca ni aportar información sobre el suministro de pescado al mercado de la UE;

15.  Manifiesta su preocupación por la falta de información fiable, verificable y accesible sobre las poblaciones de peces y sobre el esfuerzo pesquero de las flotas pesqueras nacionales o de otras flotas pesqueras extranjeras a las que también se ha dado acceso, ya que uno de los principales objetivos de los acuerdos de colaboración en el sector pesquero es limitar la pesca a las poblaciones excedentarias, lo que, en la práctica, ha resultado muy difícil aplicar;

16.   Manifiesta su preocupación por la posible interrupción de las actividades pesqueras entre dos protocolos; pide a la Comisión que garantice la seguridad jurídica y económica de los operadores asegurando la continuidad de las operaciones pesqueras entre dos protocolos;

17.  Solicita a la Comisión una supervisión más atenta de la ejecución del apoyo sectorial a fin de garantizar su eficacia;

18.  Insiste en la necesidad de realizar un seguimiento eficaz de las acciones financiadas por la UE que prestan apoyo sectorial en el contexto de los acuerdos internacionales por medio de cuadros matriciales elaborados de la forma más detallada posible; subraya asimismo la necesidad de realizar un llamamiento para que se incremente la proporción de la ayuda sectorial; está firmemente convencido de que la parte comercial de los acuerdos debería condicionarse, a largo plazo, a un apoyo sectorial eficaz, significativo y suficientemente controlado;

19.  Observa con preocupación que los protocolos vigentes en la actualidad siguen sin prever la posibilidad de abonar pagos parciales si los resultados solo se logran parcialmente; constata que, cuando no se han alcanzado los objetivos, o solo se han alcanzado parcialmente, el pago del apoyo sectorial para el siguiente ejercicio debe suspenderse hasta la consecución de los mismos; pide, no obstante, a la Comisión que, en la medida de lo posible, incluya en los nuevos protocolos la posibilidad de abonar pagos parciales del apoyo sectorial;

Aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto

20.  Propone, sobre la base de los datos disponibles, que se apruebe la gestión de la Comisión en relación con los gastos efectuados en el ámbito de los asuntos marítimos y la pesca para el ejercicio 2014.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

14.1.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0.

17

0

0

Miembros presentes en la votación final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Suplentes presentes en la votación final

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Francisco José Millán Mon

17.2.2016

OPINIÓN de la Comisión de Cultura y Educación

para la Comisión de Control Presupuestario

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas

(2015/2154(DEC))

Ponente: Yana Toom

SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Observa con agrado que, en su primer año de aplicación, el programa Erasmus+ ha mantenido como elemento principal el fomento de las cualificaciones y la empleabilidad, ha conseguido su objetivo de crear vínculos más estrechos entre los programas de la Unión y las políticas en los ámbitos de la educación, la formación, el deporte y la juventud, ha favorecido la acción de la Unión para responder mejor al objetivo del aprendizaje permanente y ha contribuido a reducir las desigualdades sociales, económicas y territoriales llegando a muchos ciudadanos europeos; señala, no obstante, que hay una serie de problemas en el capítulo «Juventud» de Erasmus+ relacionados con el acceso a la financiación en comparación con el anterior programa Juventud en Acción; lamenta que la Comisión no asignara fondos suficientes en el programa Erasmus+ a comunicar mejor los cambios generales en las nuevas líneas del programa para poder incluir un número mayor de proyectos escolares;

2.   Opina que, si bien la mayor descentralización del desembolso de los fondos para Erasmus+ puede cumplir mejor con algunos de los requisitos nacionales y locales del programa, dependiendo de las acciones clave, esta descentralización ha de evaluarse con objeto de impedir que se convierta en un obstáculo para la consecución de los objetivos estratégicos de Erasmus+, en particular por lo que respecta al capítulo «Juventud»;

3.   Observa que el programa Erasmus+ contribuye a integrar a los jóvenes europeos en el mercado laboral, promover la empleabilidad y desarrollar nuevas competencias; que refuerza iniciativas en los ámbitos de la ciudadanía, el voluntariado y la internacionalización de la juventud y el deporte; que contribuye a mejorar la calidad de la educación, la formación formal e informal y el aprendizaje a lo largo de toda la vida; y que refuerza el sentido de ciudadanía europea fundado en la comprensión y el respeto de los derechos humanos;

4.   Expresa su profunda preocupación por la suspensión de hecho del desembolso de fondos del capítulo «Juventud» de Erasmus+ en Grecia, como puso de manifiesto el informe de 2015 del Foro Europeo de la Juventud sobre la aplicación del programa;

5.   Toma nota de las dificultades señaladas por la DG EAC de la Comisión y la Agencia Ejecutiva el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) en la fase inicial de aplicación de los programas Erasmus+, Europa Creativa y Europa con los Ciudadanos, en particular por lo que respecta a algunos retrasos en la apertura de las convocatorias de propuestas y el desembolso de los fondos; confía en que se trate de una situación excepcional y está a la espera, por lo tanto, de lo que sucederá el próximo año, cuando estos programas entren en una fase de mayor estabilidad en comparación con el primer año de aplicación; recomienda que el programa Erasmus+ integre más proyectos de pequeña escala, que constituyen el núcleo de experiencias innovadoras en los tres ámbitos; educación, juventud y deporte;

6.   Se felicita de las medidas que se han tomado para financiar modelos basados en importes a tanto alzado y costes unitarios, lo que simplificará la gestión financiera tanto para los beneficiarios de fondos de la Unión como para la propia Unión; indica, no obstante, en particular por lo que respecta al capítulo «Juventud» de Erasmus+, que estos importes globales tampoco son suficientes para financiar los gastos operativos principales de las asociaciones y ONG de jóvenes; sostiene que ha de incrementarse aún más la inversión de la Unión en el programa;

7.   Reconoce que las agencias tienen una influencia significativa en el proceso de elaboración de las políticas y de toma de decisiones, así como en la ejecución de los programas, en ámbitos de vital importancia para los ciudadanos europeos, y, en este contexto, elogia el trabajo de la EACEA;

8.  Recuerda que los retrasos de la EACEA en los pagos finales repercuten directamente en los derechos de los beneficiarios, perjudicando a las asociaciones y proyectos culturales, la creatividad y la diversidad cultural de la sociedad civil; anima a la EACEA a perfeccionar sus sistemas de control y pago;

9.   Expresa su preocupación por el hecho de que las Escuelas Europeas no hayan abordado las cuestiones planteadas de forma reiterada por el Tribunal de Cuentas y destaca la recomendación dirigida al Consejo Superior de las Escuelas Europeas para que aplique un sistema de rotación para los puestos sensibles, y le preocupan también otras deficiencias que podrían poner en peligro los principios básicos de transparencia y buena gestión financiera; toma nota de la aprobación, en 2014, del nuevo Reglamento financiero de las Escuelas Europeas como una de las maneras, si se aplica bien, de responder a las críticas formuladas por el Tribunal; pide al Consejo Superior de las Escuelas Europeas que considere la posibilidad de centralizar algunas funciones que están actualmente descentralizadas, como la contabilidad, y fomentar la separación entre las funciones de autorización, ejecución y control y las operaciones financieras, a fin de minimizar el riesgo de que se cometan errores y fraudes; considera que, dadas las preocupaciones suscitadas y el hecho de que el 60 % del presupuesto de las Escuelas Europeas —177 millones de euros— procede del presupuesto de la Unión, sería oportuno realizar una revisión exhaustiva de la gobernanza, la gestión y la organización del sistema de las Escuelas Europeas;

10.   Observa que la falta de congruencia entre la programación para un periodo de siete años del marco financiero plurianual (MFP) y la programación para un periodo de diez años de las prioridades políticas y estratégicas de la Unión podría afectar negativamente a una evaluación coherente de los resultados obtenidos por los programas de la Unión; observa que la próxima revisión del MFP es un punto fundamental en la gestión del gasto de la UE al garantizar que los programas de inversión de la UE sigan siendo eficientes; insiste en que en los programas Erasmus+ y Europa Creativa se proceda a una simplificación de los criterios y de los formularios de solicitud, especialmente por lo que respecta a los proyectos de pequeña escala;

11.   Manifiesta su preocupación por el retraso de los pagos de la Comisión, que ascendía a 26 000 millones EUR en 2014 —más de la mitad del cual se consideraba «anormal», es decir no determinado por las facturas emitidas a finales del ejercicio, como puso de manifiesto el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo— y, solo para Erasmus+, a 202 millones EUR; observa que este retraso se debe, en parte, a un marco financiero plurianual excesivamente rígido, que no permite readjudicar los fondos y cuyos márgenes son ajustados, y, en parte, al incumplimiento por parte de los Estados miembros de sus compromisos con respecto a los créditos de pago;

12.   Destaca que el programa «Europa con los ciudadanos» funciona como un enlace único y directo entre la Unión y sus ciudadanos a la hora de apoyar acciones, peticiones y derechos cívicos; considera que el nivel de financiación actual es demasiado bajo y hace hincapié en que el programa debe aplicarse respetando su contenido, que se enriquecerá con iniciativas que fortalecen los valores de la ciudadanía europea; manifiesta su firme rechazo a todo nuevo recorte presupuestario o retraso en los pagos para el programa Europa para los Ciudadanos 2014-2020;

13.   Considera, en general, que, a fin de alcanzar y cumplir los objetivos que se les han fijado, se ha de reforzar la dotación económica de los instrumentos de la Unión destinados a apoyar la Agenda Europea de la Cultura —como los programas Europa Creativa y Horizonte 2020 o la plataforma Europeana;

14.   Pide a las instituciones de la Unión que sigan trabajando para reducir los retrasos en los pagos, al tiempo que respetan los créditos de pago y apoyan firmemente la labor del Grupo interinstitucional de alto nivel sobre recursos propios;

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

17.2.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

24

4

2

Miembros presentes en la votación final

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Suplentes presentes en la votación final

Ilhan Kyuchyuk, Ernest Maragall, Marlene Mizzi, Elisabeth Morin-Chartier, Paul Nuttall, Hannu Takkula

19.2.2016

OPINIÓN de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

para la Comisión de Control Presupuestario

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas

(2015/2154(DEC))

Ponente de opinión: Monica Macovei

SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Toma nota de la conclusión del Tribunal de Cuentas de que las cuentas consolidadas de la Unión presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Unión a 31 de diciembre de 2014; expresa, no obstante, su preocupación ante el hecho de que, por vigesimoprimer año consecutivo, los sistemas de supervisión y control financieros examinados solo fueran parcialmente eficaces a la hora de garantizar la legalidad y la regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas;

2.   Expresa su inquietud, sin embargo, por el hecho de que los pagos subyacentes a las cuentas se encuentren afectados por un porcentaje de error por encima del umbral de importancia relativa; recuerda, por lo tanto, la necesidad de una gestión presupuestaria cuidadosa y apela a mayores esfuerzos para reducir el porcentaje de error;

3.  Toma nota de la nueva presentación del informe del Tribunal sobre las cuentas anuales para los gastos correspondientes a la rúbrica 3 del MFP (Seguridad y ciudadanía); solicita su inclusión el próximo año, habida cuenta del aumento de la dotación; conviene en la necesidad de adoptar un nuevo enfoque que consista en invertir el presupuesto de la Unión y no en gastarlo;

4.   Lamenta el hecho de que, en algunos Estados miembros, la legislación en materia de conflictos de intereses de los parlamentarios y los miembros del Gobierno y de las juntas de Gobierno locales sea vaga e insuficiente; pide a la Comisión que analice esta situación y, si procede, presente propuestas a ese respecto; considera que tales propuestas deben aplicarse también a los comisarios actuales y a los candidatos a comisarios;

5.  Destaca la necesidad de garantizar una buena relación calidad-precio y de extraer enseñanzas de proyectos anteriores en los que una gestión deficiente de la Comisión provocó retrasos y gastos excesivos, como ocurrió con el desarrollo del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), que se finalizó con seis años de retraso y cuyo coste fue ocho veces superior al presupuesto inicial;

6.  Observa que, si bien el Fondo para las Fronteras Exteriores ha contribuido a la gestión de las fronteras exteriores, su valor añadido ha sido limitado; observa que no se ha podido medir el resultado global debido a la deficiente supervisión por parte de las autoridades responsables y a las graves deficiencias constatadas en las evaluaciones de la Comisión y de los Estados miembros.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

16.2.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

54

2

0

Miembros presentes en la votación final

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Suplentes presentes en la votación final

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

29.1.2016

OPINIÓN de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

para la Comisión de Control Presupuestario

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas

(2015/2154(DEC))

Ponente de opinión: Barbara Matera

SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A.  Considerando que, de conformidad con el artículo 8 del TFUE, la igualdad entre mujeres y hombres es uno de los valores en los que se basa la Unión Europea y que la Unión promueve; que la igualdad de género debe integrarse en todas las políticas y, por tanto, ha de tenerse en cuenta en los procedimientos presupuestarios;

B.  Considerando que, dada la participación constante de la Comisión, el Consejo y el Parlamento, el proceso presupuestario de la Unión ofrece una oportunidad para planificar y evaluar los progresos realizados en materia de igualdad de género dentro de la Unión;

C.  Considerando que la presupuestación con perspectiva de género debería basarse en una metodología clara que permita determinar la existencia de cuestiones de género dentro del presupuesto general de la Unión y, en la medida de lo posible, precisar si las políticas reforzarán o reducirán las desigualdades existentes entre mujeres y hombres;

D.  Considerando que el Parlamento Europeo ha pedido reiteradamente a la Comisión que promueva el uso de la integración de la perspectiva de género, la presupuestación con perspectiva de género y la evaluación del impacto de género en todos los sectores políticos, y ha solicitado al tribunal de Cuentas que incorpore una perspectiva de género en todas sus evaluaciones de la ejecución del presupuesto de la Unión;

E.  Considerando que, en su Informe Anual sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2014, el Tribunal de Cuentas confirma que el gasto de la Unión es un instrumento importante para la consecución de los objetivos políticos y hace hincapié en que los objetivos políticos de alto nivel se han de traducir en objetivos operativos útiles, con unos indicadores de resultados comunes;

1.  Destaca que la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres se debe integrar en todos los ámbitos políticos; reitera, por lo tanto, su llamamiento en favor de la aplicación de la presupuestación con perspectiva de género en todas las fases del proceso presupuestario, incluidas la ejecución del presupuesto y la evaluación de su ejecución;

2.  Recuerda a la Comisión que algunas líneas presupuestarias podrían estar aumentando indirectamente la desigualdad de género al tener efectos perjudiciales para las mujeres una vez aplicadas; pide, por consiguiente, a la Comisión que utilice el análisis de la presupuestación con perspectiva de género respecto de las líneas presupuestarias nuevas y existentes, y, cuando sea posible, modifique las políticas lo necesario para evitar provocar indirectamente la desigualdad de género;

3.  Recuerda a la Comisión su reciente compromiso en favor de la elaboración de un presupuesto basado en resultados, y reitera la solicitud del Parlamento de que, en el conjunto común de indicadores de resultados sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, se incluyan también indicadores específicos de género, que permitirían mejorar la evaluación de la ejecución del presupuesto desde la perspectiva de género;

4.  Pide a la Comisión Europea que incluya la perspectiva de género en los informes que elabore en el futuro sobre la evaluación de las finanzas de la Unión sobre la base de los resultados obtenidos; pide, asimismo, a la Comisión que halle soluciones satisfactorias para los problemas que han surgido en materia de presupuestación con perspectiva de género y de evaluación del impacto de género;

5.  Pide a la Comisión que elabore una evaluación del impacto que la financiación de la UE ha tenido en la promoción de la igualdad de género;

6.  Pide a la Unión Europea que aumente la cuota del Fondo Social Europeo destinada al desarrollo de unos servicios públicos de alta calidad a un precio asequible para el cuidado de los niños, de personas mayores y de adultos dependientes (de los que se suelen seguir ocupando mujeres), teniendo en cuenta también los datos proporcionados por el Índice de igualdad de género, creado recientemente por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE);

7.  Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por recortar el gasto administrativo agrupando una serie de programas bajo una misma rúbrica, pero manifiesta su preocupación por que no se puedan lograr los objetivos del programa Daphne en el marco del programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía»; observa que el programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» solo consiguió firmar un reducido número de convenios de subvención en 2014; anima a la Comisión a garantizar una ejecución y una transparencia plenas para los créditos presupuestarios destinados a ese programa;

8.  Pide al Tribunal de Cuentas Europeo que, en su informe anual y en sus informes especiales, preste más atención, como parte de las auditorías de rendimiento, al principio de igualdad, equidad y ecología, como complemento del tríptico clásico compuesto por la economía, la eficiencia y la eficacia;

9.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que los funcionarios que participen en la toma de decisiones sobre el gasto reciban una formación completa que les permita entender plenamente las consecuencias que sus decisiones tienen para la igualdad de género;

10.  Pide a todas las instituciones de la UE que comprueben si existe una verdadera paridad por lo que respecta a la distribución de los puestos de trabajo en las instituciones y los órganos de la UE, y que presenten estadísticas desglosadas por género sobre la dotación de personal y su grado, como parte del procedimiento de aprobación de la gestión.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

28.1.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

22

6

0

Miembros presentes en la votación final

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská

Suplentes presentes en la votación final

Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Ildikó Gáll-Pelcz, Constance Le Grip, Clare Moody, Julie Ward

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Pedro Silva Pereira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Kristina Winberg

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

7.4.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

23

5

0

Miembros presentes en la votación final

Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Suplentes presentes en la votación final

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Tiziana Beghin, Philippe De Backer, Luke Ming Flanagan, Arne Gericke, Ramón Jáuregui Atondo

(1)

DO L 51 de 20.2.2014.

(2)

DO C 377 de 13.11.2015, p. 1.

(3)

DO C 373 de 10.11.2015, p. 1.

(4)

DO C 377 de 13.11.2015, p. 146.

(5)

DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

(6)

Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2016)0000.

(7)

DO L 51 de 20.2.2014.

(8)

DO C 377 de 13.11.2015, p. 1.

(9)

DO C 367 de 5.11.2015, p. 2.

(10)

DO C 409 de 9.12.2015, p. 73.

(11)

DO C 377 de 13.11.2015, p. 146.

(12)

DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

(13)

DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.

(14)

DO L 297 de 22.9.2004, p. 6.

(15)

DO L 343 de 19.12.2013, p. 46.

(16)

Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2016)0000.

(17)

DO L 51 de 20.2.2014.

(18)

DO C 377 de 13.11.2015, p. 1.

(19)

DO C 367 de 5.11.2015, p. 9.

(20)

DO C 409 de 9.12.2015, p. 90.

(21)

DO C 377 de 13.11.2015, p. 146.

(22)

DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

(23)

DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.

(24)

DO L 297 de 22.9.2004, p. 6.

(25)

DO L 341 de 18.12.2013, p. 73.

(26)

Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2016)0000.

(27)

DO L 51 de 20.2.2014.

(28)

DO C 377 de 13.11.2015, p. 1.

(29)

DO C 367 de 5.11.2015, p. 2.

(30)

DO C 409 de 9.12.2015, p. 56.

(31)

DO C 377 de 13.11.2015, p. 146.

(32)

DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

(33)

DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.

(34)

DO L 297 de 22.9.2004, p. 6.

(35)

DO L 341 de 18.12.2013, p. 69.

(36)

DO L 363 de 18.12.2014, p. 183.

(37)

Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2016)0000.

(38)

DO L 51 de 20.2.2014.

(39)

DO C 377 de 13.11.2015, p. 1.

(40)

DO C 367 de 5.11.2015, p. 12.

(41)

DO C 409 de 9.12.2015, p. 247.

(42)

DO C 377 de 13.11.2015, p. 146.

(43)

DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

(44)

DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.

(45)

DO L 297 de 22.9.2004, p. 6.

(46)

DO L 346 de 20.12.2013, p. 58.

(47)

Texts adopted of that date, P8_TA(2016)0000.

(48)

DO L 51 de 20.2.2014.

(49)

DO C 377 de 13.11.2015, p. 1.

(50)

DO C 367 de 5.11.2015, p. 10.

(51)

DO C 409 de 9.12.2015, p. 379.

(52)

DO C 377 de 13.11.2015, p. 146.

(53)

DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

(54)

DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.

(55)

DO L 297 de 22.9.2004, p. 6.

(56)

DO L 346 de 20.12.2013, p. 54.

(57)

Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2016)0000.

(58)

DO L 51 de 20.2.2014.

(59)

DO C 377 de 13.11.2015, p. 1.

(60)

DO C 367 de 5.11.2015, p. 10.

(61)

DO C 409 de 9.12.2015, p. 362.

(62)

DO C 377 de 13.11.2015, p. 146.

(63)

DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

(64)

DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.

(65)

DO L 297 de 22.9.2004, p. 6.

(66)

DO L 352 de 24.12.2013, p. 65.

(67)

Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2016)0000.

(68)

DO L 51 de 20.2.2014.

(69)

DO C 377 de 13.11.2015, p. 1.

(70)

DO C 373 de 10.11.2015, p. 1.

(71)

DO C 377 de 13.11.2015, p. 146.

(72)

DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

(73)

DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

(74)

DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.

(75)

Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2016)0000.

(76)

  Estrategia Europa 2020; Semestre Europeo; paquete de seis medidas («Six-Pack»), paquete de dos medidas («Two-Pack»); recomendaciones específicas por país, entre otros; una forma podría ser que el cumplimiento estricto de las recomendaciones específicas por país sea la referencia para determinar una eficaz asignación de gastos del presupuesto de la Unión.

(77)

  Informe Geier: Resolución del Parlamento Europeo, de abril de 2013, que contiene las observaciones que forman parte integrante de las decisiones por las que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013, Sección III – Comisión y agencias ejecutivas (2012/2167(DEC)), apartado 321. Informe Pieper: Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014 (2013/2195(DEC)) apartados 314 y 315. Informe Gräßle: Resolución del Parlamento Europeo de 29 de abril de 2015 (2014/2075(DEC)) apartado 305.

(78)

  Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2014, punto 3.10.

(79)

  Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2014, punto 3.5.

(80)

  Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo.

(81)

  Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2014, punto 3.65.

(82)

  Las cifras de 2013 se han recalculado para ajustarse a la estructura del Informe Anual relativo al ejercicio 2014 y permitir así una comparación entre los dos años.

(83)

  Según el Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2014, el nivel estimado de error comparable para 2013 y 2012 es inferior en 0,2 y 0,3 puntos porcentuales porque el Tribunal ha actualizado la manera de cuantificar las infracciones graves de las normas de contratación pública.

(84)

  Informe Anual del Tribunal, puntos 1.54 y 1.65.

(85)

  en efecto, la evaluación de las repercusiones de la legislación constituye un instrumento muy eficaz para una verdadera buena gestión financiera.

(86)

  Véase COM(2013)0534 - 2013/0255 (APP), punto 29.

(87)

  El plan de pagos adoptado por la Comisión en marzo de 2015, que presenta medidas a corto plazo para reducir el nivel de facturas pendientes de pago, no constituye la herramienta adecuada; el elevado nivel de compromisos pendientes requiere una perspectiva a más largo plazo.

(88)

  El Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión (FC), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP); fuente: Informe del TCE relativo a 2014.

(89)

  La tasa de absorción oscila entre el 50 % y el 92 % en los Estados miembros.

(90)

  Informe Gräβle sobre la aprobación de la gestión de la Comisión para 2013.

(91)

  Respuestas a la pregunta escrita suplementaria dirigida al Comisario Moedas, pregunta 3.

(92)

  Informe anual de actividades de 2012 de la Dirección General de Investigación e Innovación, p. 45 y siguientes.

(93)

  Por ejemplo la INEA.

(94)

  Véase el artículo 41, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo, titulado «Reducción y suspensión de los pagos mensuales e intermedios».

(95)

  Véase el Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2014, puntos 7.44 a 7.50.

(96)

  Véase el cuadro: Punto 3.2.8 del anexo 10 del informe anual de actividades en 2014 de la DG Agricultura y Desarrollo Rural.

(97)

  La política de desarrollo rural se aplica a través de cuarenta y seis medidas, que se ejecutan a través de programas de desarrollo rural dirigidos a escala regional o nacional.

(98)

  Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2014, punto 7.71.

(99)

  Véase la respuesta del comisario Hogan a la pregunta escrita 7 b. Audiencia de la Comisión CONT de 14 de enero de 29016.

(100)

  Informe anual de actividades del director general de Agricultura y Desarrollo Rural, p. 17.

(101)

  Informe Especial n.º 5/2015 del Tribunal de Cuentas (aprobación de la gestión para el ejercicio 2014): ¿Son los instrumentos financieros una herramienta eficaz y prometedora en el ámbito del desarrollo rural?

(102)

  Véase el informe anual de actividades de 2014 de Europe Aid, p. 115.

(103)

  Resumen de los logros de la Comisión en materia de gestión en 2014 (COM(2015)0279), p. 22.

(104)

  Respuestas a las preguntas escritas dirigidas a la comisaria Thyssen, preguntas 48 y 49.

(105)

  Véase el seguimiento dado a la Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe anual del Comité de Vigilancia de la OLAF de 2014, adoptado por la Comisión el 23 de septiembre de 2015.

(106)

  Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International e Imperial Tobacco Limited.

(107)

  Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE.

(108)

  Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2016, sobre el acuerdo sobre el tabaco (acuerdo PMI) (2016/2555 RSP).

(109)

  http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/61027/html.bookmark.

(110)

  Reglamento (UE) n.º 282/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, relativo a la creación de un tercer programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud para el período 2014-2020 y por el que se deroga la Decisión n.º 1350/2007/CE (DO L 86, 21.3.2014, p. 1).

(111)

  Reglamento (UE) n.º 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud animal y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción vegetal, y por el que se modifican las Directivas 98/56/CE, 2000/29/CE y 2008/90/CE del Consejo, los Reglamentos (CE) n.º 178/2002, (CE) n.º 882/2004, (CE) n.º 396/2005 y (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan las Decisiones 66/399/CEE, 76/894/CEE y 2009/470/CE del Consejo (DO L 189 de 27.6.2014, p. 1).

(112)

  OJ C 373, 20.12.2013.

(113)

  Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 680/2007 y (CE) n.º 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 129).

(114)

  DG AGRI – Informe anual 2014 – página 12.

(115)

  Informe anual 2014 del TCE – respuesta al punto 7.15.

(116)

  Informe anual 2014 del TCE – respuesta al punto 7.32.

(117)

  Informe anual 2014 del TCE – punto 7.35.

(118)

  Informe anual 2014 del TCE – punto 7.40.

(119)

  Artículo 29, apartado 1, letra e), del TFUE.

(120)

  Informe anual 2014 del TCE - punto 7.30.

(121)

Reglamento (UE) n.º 282/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, relativo a la creación de un tercer programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud para el período 2014-2020 y por el que se deroga la Decisión n.º 1350/2007/CE (DO L 86, 21.3.2014, p. 1).

(122)

Reglamento (UE) n.º 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud animal y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción vegetal, y por el que se modifican las Directivas 98/56/CE, 2000/29/CE y 2008/90/CE del Consejo, los Reglamentos (CE) n.º 178/2002, (CE) nº 882/2004, (CE) nº 396/2005 y (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan las Decisiones 66/399/CEE, 76/894/CEE y 2009/470/CE del Consejo (DO L 189 de 27.6.2014, p. 1).

(123)

  DO C 373 de 20.12.2013.

(124)

  Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 680/2007 y (CE) n.º 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 129).

(125)

DG AGRI – Informe anual 2014 – página 12.

(126)

Informe anual 2014 del TCE – respuesta al punto 7.15.

(127)

Informe anual 2014 del TCE – respuesta al punto 7.32.

(128)

Informe anual 2014 del TCE – punto 7.35.

(129)

Informe anual 2014 del TCE – punto 7.40.

(130)

Artículo 39, apartado 1, letra e) del TFUE.

(131)

Informe anual 2014 del TCE – punto 7.30.

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