Procedimiento : 2015/2226(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0285/2016

Textos presentados :

A8-0285/2016

Debates :

PV 27/10/2016 - 6
CRE 27/10/2016 - 6

Votaciones :

PV 27/10/2016 - 8.10
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2016)0427

INFORME     
PDF 479kWORD 80k
10.10.2016
PE 580.547v02-00 A8-0285/2016

sobre cómo puede mejorar la PAC la creación de empleo en las zonas rurales

(2015/2226(INI))

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Ponente: Eric Andrieu

ERRATA/ADDENDA
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 OPINIÓN de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
 OPINIÓN de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
 RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre cómo puede mejorar la PAC la creación de empleo en las zonas rurales

(2015/2226(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0285/2016),

–  Vista la Comunicación de la Comisión relativa al empleo en las zonas rurales y a colmar el déficit de puestos de trabajo (COM(2006)0857),

A.  Considerando que las zonas rurales suponen más del 77 % del territorio de la Unión Europea y que, en ellas, un gran número de puestos de trabajo, a menudo no deslocalizables, están vinculados a la agricultura y a la industria agroalimentaria;

B.  Considerando que la agricultura y la industria agroalimentaria representan el 6 % del PIB de la Unión Europea, 15 millones de empresas y 46 millones de puestos de trabajo;

C.  Considerando que en muchos países europeos el número de agricultores se ha ido reduciendo de manera considerable durante las últimas décadas en las zonas rurales, al igual que sus ingresos y los de otros trabajadores del sector agrícola, y que ha seguido disminuyendo el empleo agrícola en esas zonas; que entre 2005 y 2014 decrecieron casi en una cuarta parte (-23,6 %) los insumos del trabajo agrícola en la UE-28(1)a;

D.  Considerando que si bien la agricultura sigue siendo el uso principal de la tierra en Europa, tan solo representa una pequeña parte de la población activa de las zonas rurales; que la diversificación del uso de la tierra en las zonas rurales, que combina una función económica productiva con funciones de uso residencial y ocio y de protección y conservación de la naturaleza, representa un importante desafío en términos de desarrollo y empleo en las diversas regiones rurales de la Unión; que, si bien algunas regiones registran en los últimos años una inversión demográfica de sus flujos migratorios negativos y un aumento de la población que desea vivir en el campo, lo que genera en muchos casos un fenómeno de periurbanización, también existe una tendencia descendente en las regiones mucho menos prósperas, donde el aislamiento constituye un problema y el apoyo al desarrollo y el empleo resultan más complicados;

E.  Considerando que muchas zonas rurales se enfrentan a una serie de retos, como unos bajos ingresos, una tasa demográfica negativa, una falta de puestos de trabajo y un alto nivel de desempleo, un desarrollo lento del sector terciario, una falta de capacidades de transformación de los productos alimentarios, unas competencias reducidas y un capital limitado;

F.  Considerando que más de nueve de cada diez europeos consideran que la agricultura y las zonas rurales son importantes para su futuro;

G.  Considerando que los ingresos por unidad de trabajo de las actividades agrícolas son relativamente bajos, lo que constituye un motivo de preocupación;

H.  Considerando que la crisis económica ha afectado a toda Europa, pero a las zonas rurales más que a ninguna otra; que dichas zonas han sufrido una devastación sin precedentes como resultado de las políticas de austeridad;

I.  Considerando que, frente a la actual crisis económica, la Unión ha hecho del empleo una de sus prioridades fundamentales, especialmente a través del FEIE, y que, en este sentido, debe mejorarse la eficacia de la PAC y reafirmarse su legitimidad como uno de los instrumentos principales de acción europea destinados al mantenimiento y la creación de empleo y competitividad en las zonas rurales, sobre todo en el sector agrario; que, en este contexto, es necesario evaluar en qué grado influye la PAC en la creación y el mantenimiento del empleo en las zonas rurales;

J.  Considerando que es de vital importancia mantener los dos pilares de la PAC, ya que el primer pilar evita la salida de las explotaciones pequeñas y familiares y mantiene el empleo del sector agrario, y los fondos del segundo pilar garantizan la creación de empleo en otros ámbitos, como el turismo, la transformación de alimentos y demás sectores conexos;

K.  Considerando que la agricultura europea afronta una serie de retos relacionados con la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, el medio ambiente, la biodiversidad, la sostenibilidad, la energía y el cambio climático, y que es fundamental reforzar la relación entre la sociedad y la agricultura, desarrollar soluciones innovadoras para responder a dichos desafíos, asegurar la resiliencia y la competitividad del sector y replantearse los objetivos de una auténtica política pública en interés de todos, siendo este uno de los aspectos más destacados de la integración europea;

L.  Considerando que durante demasiado tiempo se ha prestado una atención insuficiente al cambio de enfoque de la agricultura hacia la reterritorialización —ese necesario vínculo entre la producción y el empleo en un determinado territorio— y que es nuestro deber apoyar la agricultura como una actividad básica llevada a cabo por hombres y mujeres en las zonas que habitan, al objeto de garantizar unas zonas rurales dinámicas y con abundante empleo; que dicho cambio de enfoque contribuirá asimismo a un equilibrio sano entre los desarrollos urbano y rural;

M.  Considerando que la agricultura urbana y periurbana desempeña un papel creciente y suscita un interés cada vez mayor y que se registra un cambio en el modelo de consumo que combina varios elementos, entre otros, una huella medioambiental mínima, una producción local de alta calidad y el reconocimiento del valor del trabajo realizado por los pequeños productores y los productores regionales;

N.  Considerando que los fundamentos de la última reforma de la PAC han permitido reorientar y repartir de un modo más equitativo las ayudas entre los Estados miembros y los distintos sectores agrícolas, y han confirmado la función económica y de estabilización social de la PAC en lo que respecta a las explotaciones agrícolas y las regiones rurales;

O.  Considerando que, pese a que algunos estudios hayan revelado que los pagos directos a través del primer pilar no crean directamente empleo, estos desempeñan un papel esencial a la hora de mantener puestos de trabajo y la presencia de los agricultores en el territorio; que, de retirarse este apoyo político, el 30 % de los agricultores europeos se verían obligados a cesar su actividad y abandonar el sector agrario; que estos pagos mantienen vivas las pequeñas explotaciones agrícolas y las zonas rurales;

P.  Considerando que el apoyo mediante el pago directo a los agricultores de las zonas periféricas con explotaciones en terrenos menos favorecidos o marginales es esencial no solo para garantizar la presencia de estos agricultores en el territorio y que perciban un salario digno, sino también para asegurar la protección de estas tierras y su atractivo para el turismo;

Q.  Considerando que el principal objetivo del primer pilar de la PAC reformada es la seguridad del abastecimiento alimentario, que ayuda a mantener el empleo agrario existente, y que hay un requisito en favor de garantizar una distribución más equitativa de los pagos del primer pilar para maximizar la repercusión positiva de este apoyo;

R.  Considerando que la experiencia sobre el terreno indica que son posibles otras vías de desarrollo agrario que permiten lograr mejores resultados en cuanto a la calidad de los alimentos y el rendimiento agronómico, socioeconómico y medioambiental; que es importante apoyar y fomentar la diversidad de los sistemas agrícolas, y que las pequeñas y medianas explotaciones, que por regla general tienen un mayor grado de diversificación, innovación y flexibilidad, se organizan mejor en forma de grupos de productores y cooperativas agrarias, muestran una mayor resistencia y se adaptan mejor a los efectos de las crisis, y benefician a las comunidades donde se ubican, lo que respalda la economía rural, clave para el desarrollo de la agricultura europea;

S.  Considerando que la crisis actual demuestra que, en el marco de una política agrícola común orientada al mercado, es esencial mantener una organización común de los mercados agrícolas y definir nuevos instrumentos de regulación adaptados a fin de garantizar la estabilidad de los precios y el mantenimiento del empleo y de la renta agrícolas;

T.  Considerando que la propia evaluación de impacto de la Comisión sobre los efectos de la ATCI señala que las zonas principalmente rurales que se centran en actividades específicas y cuentan con alternativas limitadas son más vulnerables; que las zonas rurales y el empleo rural están amenazados por el abandono de los modelos agrícolas tradicionales que va a suponer este acuerdo;

U.  Considerando que los agricultores europeos operan en un mercado cada vez más global, por lo que están más expuestos a la volatilidad de los precios que otros sectores; que los acuerdos comerciales que se están negociando actualmente como la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), el Acuerdo Económico y Comercial Global UE-Canadá (AECG) y el Acuerdo de Libre Comercio UE-Mercosur suponen una amenaza para la creación de empleo y de las condiciones que respalden la subsistencia en el medio agrícola;

V.  Considerando que el actual sistema de pagos de la cadena de suministro de alimentos no garantiza una distribución sostenible del valor añadido y, a menudo, conduce a que las ganancias de los productores primarios no sean suficientes siquiera para cubrir sus costes;

W.  Considerando que las zonas rurales, en comparación con las urbanas, suelen caracterizarse por unos niveles de desempleo estadísticamente más altos y unas rentas de sus residentes significativamente más bajas, así como por unas infraestructuras menos atractivas y un menor acceso a los servicios, cuyos costes de prestación son elevados debido a una inferior densidad de población y a una menor accesibilidad;

X.  Considerando que la creación de empleo en las zonas rurales debe formar parte de una política sostenible adaptada a los territorios específicos y conlleva el mantenimiento y fomento de las actividades agrarias y las relacionadas indirectamente con los sectores agrícola y forestal y las actividades rurales, las cuales traban un vínculo social y de solidaridad entre los distintos agentes y fomentan la mejora del medio ambiente;

Y.  Considerando que el futuro de las zonas rurales no depende exclusivamente de la evolución del sector agrario, sino que también está vinculado a la diversificación y el mantenimiento de otras actividades económicas, como la silvicultura, la artesanía y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y de capacidades de producción integrada, el turismo rural, las actividades recreativas, educativas y deportivas (equitación, por ejemplo) y la utilización sostenible de los recursos agrícolas y silvícolas (incluidos los residuos) para la producción de energía renovable o de biomateriales y productos basados en procesos ecológicos; que existe una necesidad de políticas locales descentralizadas vinculadas a aspectos socioeconómicos y a la identidad y cultura rurales, y de un auténtico sistema territorial, que busque sinergias y el aprovechamiento conjunto de los recursos rurales mediante planteamientos colectivos e intersectoriales, incluido el uso de otros fondos de la UE para estimular el desarrollo y el empleo rurales, al tiempo que se asegura que se cuenta con infraestructura rural;

Z.  Considerando que es fundamental a tal efecto poner el acento en el gran número de empleos dependientes de la ubicación y de actividades específicas agrícolas, como la silvicultura, que no pueden deslocalizarse y conllevan servicios alimentarios y no alimentarios, tales como la conservación y gestión del paisaje y de las aguas;

AA.  Considerando que la estructura actual de la PAC ha contribuido a garantizar que un porcentaje considerable de beneficiarios de los pagos directos de la PAC perciban ahora dichos pagos sin realizar actividades agrícolas, sino por el mero hecho de poseer terrenos de cultivo;

AB.  Considerando que conviene apoyar sobre todo a las pequeñas explotaciones familiares, en otras palabras, a los agricultores que, de manera individual o colectiva, gestionan sus explotaciones de una forma responsable, independiente y eficaz y son capaces de resolver los problemas ajustando sus decisiones o métodos de producción y diversificando sus actividades con miras a adaptarse a los constantes cambios estructurales en el sector agrícola;

AC.  Considerando que el potencial de las mujeres que trabajan en una empresa o que gestionan una empresa en las zonas agrícolas y rurales debe ser examinado, registrado y promovido en todas las políticas de la Unión y no penalizado por ninguna de ellas, ya que esta es la condición necesaria para que las mujeres puedan ser artífices del desarrollo y la innovación, ayudando a todo el sector a superar la crisis; que las mujeres deben implicarse en los planes de desarrollo del sector a escala local y regional, de modo que estos puedan aprovechar sus necesidades, experiencias y enfoques y que, por lo tanto, las mujeres deben contar con las competencias necesarias para participar activamente en su concepción;

AD.  Considerando que en 2010 solo el 7,5 % de los agricultores tenían menos de 35 años y que más de 4,5 millones de gestores de explotaciones agrícolas sobrepasa los 65 años, y que los artículos 50 y 51 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 en el marco de la PAC incluyen disposiciones para apoyar el relevo generacional en el sector agrario;

AE.  Considerando que en muchos Estados miembros las mujeres del mundo rural tienen un acceso restringido al mercado laboral tanto en la agricultura como en otros sectores y que sufren una brecha salarial mayor que en otros ámbitos, a pesar de que su función es extremadamente importante para el desarrollo y la vida social de las zonas rurales y, en particular, de las explotaciones agrícolas que han diversificado sus actividades (ofreciendo turismo rural, productos de calidad, actividades recreativas, educativas y deportivas, y otros servicios); que la iniciativa empresarial femenina puede constituir un importante pilar del desarrollo sostenible de las zonas rurales desde los puntos de vista social, económico y medioambiental; que el acceso desigual a la tierra es un factor que limita las oportunidades de las mujeres a la hora de desarrollar un negocio en el sector agrícola; que, de media, el 29 % de las explotaciones agrícolas europeas están gestionadas por mujeres;

AF.  Considerando que el número de variedades cultivadas de un modo industrial es pequeño y que las variedades y los medios de subsistencia a escala local están siendo sustituidos por los industriales; que las variedades y razas locales contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad y de los medios de subsistencia en las regiones y de la producción local;

AG.  Considerando que es necesario hacer más atractivo el entorno rural para las nuevas generaciones, favoreciendo una formación que apueste por la innovación y la modernización profesional y tecnológica;

AH.  Considerando que el marco universal que proporcionan los sistemas de evaluación de la sostenibilidad para la agricultura y la alimentación (SAFA) fue desarrollado por la FAO;

AI.  Considerando que el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) presta ayuda a medio plazo para la vivienda, la atención sanitaria, la educación y el empleo de las comunidades marginadas en las zonas rurales; que el Feader puede tener en cuenta las necesidades específicas de los refugiados y destinarse a la formación profesional y la adquisición de competencias en los distintos ámbitos de actividad de las zonas rurales;

En el marco de la PAC actual

1.  Pide a todos los Estados miembros que faciliten a los jóvenes agricultores perspectivas a largo plazo para afrontar la despoblación del medio rural, apliquen una estrategia global de relevo generacional y, para ello, hagan pleno uso de todas las posibilidades que ofrece la nueva PAC a la hora de apoyar a los jóvenes agricultores y a los nuevos operadores, también de fuera del entorno familiar, en particular mediante las ayudas a los jóvenes agricultores del primer y el segundo pilar, y faciliten el establecimiento y el emprendimiento de los nuevos operadores mayores de cuarenta años; señala asimismo que estas medidas deberían completarse y ser compatibles con las disposiciones de las políticas nacionales (sobre el uso de la tierra, la fiscalidad, la seguridad social, etc.), incluido el apoyo en virtud de los artículos 50 y 51 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013;

2.  Señala que la gran mayoría de pagos directos de la PAC van a parar a las explotaciones agrícolas más ricas, de forma que en 2014 apenas el 13 % de los beneficiarios recibió el 74 % de los gastos en concepto de pago directo de la PAC; opina que esto no contribuye a la creación de empleo en el sector agrario, puesto que las pequeñas explotaciones tienen un mayor nivel de intensidad de mano de obra y el 53 % de los trabajadores agrícolas lo hace en explotaciones de dimensiones económicas reducidas; aboga por una distribución mejor de los pagos de la PAC en favor de los pequeños agricultores;

3.  Anima a los Estados miembros a que redoblen su apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones, en particular haciendo un mayor uso del pago redistributivo; les pide asimismo que establezcan acuerdos que favorezcan a las empresas organizadas de un modo eficiente y a aquellas que utilicen los instrumentos jurídicos de agrupamiento de empresas;

4.  Considera que la PAC debe tener más en cuenta los territorios con desventajas geográficas (áreas de montaña, territorios de ultramar, zonas ultraperiféricas o sensibles desde el punto de vista medioambiental), ya que el mantenimiento de la agricultura es un vector esencial para un desarrollo económico, social y medioambiental centrado en el empleo; afirma, no obstante, que la PAC debe considerar asimismo las nuevas dinámicas de periurbanización y prestar apoyo a los territorios periurbanos por lo que respecta a las restricciones asociadas a sus particularidades;

5.  Recuerda que los Estados miembros han utilizado profusamente la posibilidad de conceder pagos no disociados que, al hacer posible el mantenimiento y el desarrollo de la producción en un lugar determinado, garantizan el empleo en las zonas desfavorecidas, y pide a los Estados miembros que incrementen el peso de este tipo de apoyo a los agricultores en activo, lo hagan más flexible y lo utilicen en mayor medida en favor de un mejor abastecimiento de proteínas vegetales en la Unión, una materia prima para la que depende de importaciones de terceros países; sugiere además que el nivel del pago no disociado voluntario podría modularse en función del nivel de empleo del cultivo de que se trate, de forma que se apoye más las producciones que utilicen más mano de obra;

6.  Señala que, en el período de programación actual y de conformidad con el programa de desarrollo rural, se prevé una ayuda específica para el cultivo de variedades locales y la cría de razas locales, a fin de promover el empleo regional y apoyar la biodiversidad; pide a los Estados miembros que introduzcan mecanismos mediante los cuales las agrupaciones y organizaciones de productores y agricultores que cultivan variedades locales y crían razas locales puedan recibir ayudas específicas;

7.  Insiste en que la necesaria aplicación de la dimensión medioambiental de las ayudas directas debe tener lugar en un marco de sostenibilidad y viabilidad de las explotaciones y contribuir al mantenimiento y la creación de nuevos puestos de trabajo, entre otros ámbitos, en la conservación de la biodiversidad, el agroturismo y la gestión del medio rural, por ejemplo de fincas rústicas y residencias históricas; insta a la Unión a que vele por la simplificación y la aplicación sencilla, completa y sin dificultades de la normativa medioambiental; resalta que la dimensión medioambiental no debe conducir a una reducción o abandono de la producción agrícola, que es especialmente sensible en las zonas montañosas y periféricas;

8.  Considera que, ante el fenómeno de la mortalidad excesiva de las abejas domésticas registrado en varios Estados miembros de la Unión y dado el papel que desempeña este polinizador en la seguridad alimentaria y la economía de muchos sectores vegetales, la Unión debería ayudar más a este sector, adoptando una auténtica estrategia europea de repoblación de abejas; añade que esta acción no requeriría grandes inversiones, si bien generaría muchos puestos de trabajo, tanto mediante una diversificación de las actividades en las explotaciones agrícolas existentes como a través de la creación de nuevas explotaciones agrícolas especializadas que, según estimaciones de los expertos, serían viables con 200 colmenas y cuya principal vocación sería la cría de reinas seleccionadas y de enjambres y, después, la producción de miel, de la que la Unión es gravemente deficitaria; indica que este enfoque, que se apoya en varias estrategias europeas —en materia de innovación, integración social y creación de empleo— está en perfecta consonancia con la voluntad de reorientar la política agrícola común y el desarrollo de la agricultura hacia una mayor sostenibilidad;

9.  Señala que, a fin de mantener los empleos en las explotaciones, el sector debe adoptar nuevas herramientas de gestión de riesgos y aumentar la utilización de instrumentos como las organizaciones de productores en el marco de la OCM única y en el segundo pilar para responder mejor a la volatilidad y las exigencias del mercado global; considera que las medidas de mercado y las medidas excepcionales de gestión de crisis y de riesgos previstas por la OCM única y en el segundo pilar deberían aplicarse de forma mucho más rápida y activa, con la necesaria adaptación del apoyo presupuestario de la Unión a la situación específica de las regiones ultraperiféricas y de montaña y de otras regiones con retos de competitividad, para reducir las repercusiones negativas de las reducciones de precios sobre los ingresos; señala que la aplicación de medidas contra la crisis no ha permitido alcanzar plenamente los objetivos y que debería tener más en cuenta las infraestructuras y las capacidades existentes en los Estados miembros; alienta a la Comisión a que, a la luz de las recientes crisis, desarrolle sistemas de intervención más rápidos y eficaces, capaces de prevenir los efectos más negativos;

10.  Pide a la Comisión que utilice plenamente el potencial de las medidas excepcionales previstas en los artículos 219 a 222 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013;

11.  Considera que, para desempeñar su función de red de seguridad, los precios de intervención deben ajustarse periódicamente en función de la evolución de los precios de coste, de modo que repercutan directamente sobre los ingresos de los productores y el mantenimiento de su actividad, así como sobre el empleo; pide a la Unión que establezca herramientas de prevención, similares al Observatorio del mercado europeo de la leche, en todos los grandes sectores de producción a fin de realizar un seguimiento de los mercados, lo que contribuiría al control de la producción y aseguraría una respuesta ante las crisis mediante herramientas de gestión del mercado flexibles y reactivas, que se pondrían en marcha cuando fuera necesario;

12.  Reconoce que las cadenas de suministro cortas que unen a los agricultores con los productores locales pueden estimular la creación de empleo rural, y destaca que los sistemas de calidad, las indicaciones geográficas y la agricultura orgánica suponen una oportunidad de desarrollo del sector agroalimentario y la posible creación de empleos rurales y que, como tal, no solo debería protegerse sino ampliarse en aras de la creación de nuevos puestos de trabajo y la preservación de la cultura y la identidad regionales; subraya la necesidad de garantizar un mejor acceso a mercados más amplios para esos productos y de introducir medidas de calidad, promoción y protección que optimicen su comercialización e inclusión entre los productos turísticos generales de una zona geográfica determinada; recuerda, a la luz de las propuestas legislativas en fase de debate, que estas repercusiones positivas se basan en la confianza que deposita el consumidor, que no debe debilitarse mediante modificaciones que pudieran percibirse como un detrimento de la calidad; resalta, además, que los procesos de obtención de esos certificados de calidad son onerosos y han de simplificarse;

13.  Recomienda que los Estados miembros hagan un mayor uso de la prioridad 6 del segundo pilar relativa al mantenimiento y la creación de empleo, y de las medidas de transferencia de conocimiento y de formación profesional continua (incluido el aprendizaje y la formación en el puesto de trabajo y el reciclaje de los trabajadores agrícolas), de modo que estos puedan ser destinados a otras actividades rurales, así como de las medidas de asesoramiento y ayuda a la gestión con el fin de mejorar los resultados económicos y medioambientales de las explotaciones agrícolas; pide a la Comisión a los Estados miembros que aseguren el apoyo a la formación para ayudar a los agricultores y a los trabajadores agrícolas y del medio rural a aumentar su versatilidad y ser capaces de diversificar sus actividades e iniciativas, así como que respalden la innovación;

14.  Señala que los programas actuales de desarrollo rural están mucho menos centrados en los proyectos sociales de defensa del empleo que los de la programación anterior, 2007-2013, debido a las medidas elegidas por los Estados miembros en sus programas de desarrollo rural y a la disposición de menos fondos para las medidas que actúan directamente sobre el empleo; pide, por tanto, a los Estados miembros que reconsideren sus opciones y reclama más flexibilidad en la aplicación de la política rural;

15.  Considera que el nivel de complejidad de los programas de desarrollo rural reduce de forma significativa la utilización de los fondos del Feader y frena, en consecuencia, proyectos que podrían conducir a la creación de empleo, y que es necesario simplificar la aplicación de la política de desarrollo rural, adoptar enfoques más coherentes de tipo multifondo, y evitar los controles administrativos y financieros demasiado puntillosos impuestos por los servicios de los Estados miembros y de la Comisión;

16.  Pide a los Estados miembros que difundan mejor el potencial del segundo pilar de la PAC para la diversificación de las actividades en las zonas rurales (como, por ejemplo, el turismo rural o la producción de energía renovable);

17.  Recuerda que el factor de riesgo inherente a la innovación no se tiene suficientemente en cuenta ni en las políticas nacionales ni en las de la Unión, lo que representa un obstáculo a la innovación y la creación de empleo, en especial para muchas partes interesadas que no disponen de la solvencia financiera suficiente para llevar a cabo sus proyectos innovadores;

18.   Resalta que el desarrollo rural y la creación de empleo van de la mano y pide, en consecuencia, a los Estados miembros y a las regiones que maximicen el potencial de las autoridades locales y regionales, que están más familiarizadas con los desafíos y las oportunidades de su entorno, para lograr los objetivos del segundo pilar y respetar las prioridades de la PAC, también el fomento de la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico; recuerda la posibilidad de concentrar el desarrollo rural y los programas operativos en la creación y el mantenimiento del empleo y en la mejora de los servicios rurales, y pide a la Comisión que les ayude a conseguir dicho objetivo; insiste en la adaptación de los modelos de economía colaborativa en el medio rural con vistas a incrementar el empleo, elevar la eficiencia de las actividades agrícolas y reducir los gastos;

19.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen a las empresas y las cooperativas de la economía social, incluida la agricultura social(2), con objeto de fomentar la integración social y el empleo en las zonas rurales; toma nota de las acciones emprendidas en el marco de la iniciativa en favor del emprendimiento social y pide a la Comisión que fomente la contribución de la economía social al desarrollo rural a través de un plan de acción para la economía social;

20.  Resalta que el apoyo al desarrollo demográfico y al trato favorable a las familias en las zonas rurales ya es un objetivo de la PAC, sobre el que debe hacerse un mayor hincapié con el fin de respaldar a las familiar y facilitarles la conciliación de la vida familiar con la profesional, también en relación con cuestiones asociadas al mercado laboral y el desarrollo económico de las zonas rurales;

21.  Subraya la necesidad de promover medidas y políticas activas que pongan de relieve el papel positivo que tiene la migración a la hora de impulsar el crecimiento económico y fomentar la cohesión social en las zonas rurales;

22.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen políticas de fomento de las zonas rurales a través del desarrollo del turismo que, si se estructura e incentiva de forma adecuada, puede constituir un motor del crecimiento cultural, social y económico de zonas que poseen importantes recursos naturales, paisajísticos, culturales y agroalimentarios; destaca que el desarrollo turístico de las zonas rurales y la diversificación de las actividades agrícolas (para englobar actividades didácticas, culturales y recreativas) constituyen también un incentivo para que las nuevas generaciones se hagan cargo de las campañas, con un espíritu de iniciativa y empresa orientado a la innovación y la promoción de los productos tradicionales;

23.  Hace hincapié en la importancia capital de las sinergias entre todos los ámbitos políticos del mundo rural, con el apoyo del Feader y otros fondos europeos, a la hora de abordar el reto del empleo en las zonas rurales y devolver a la producción agraria un papel reconocido como vertebrador del desarrollo territorial; señala que los fondos del segundo pilar podrían utilizarse como un instrumento financiero dinámico para crear mayores sinergias con fuentes y programas de financiación alternativos, haciendo posible el acceso a los mismos en las zonas rurales al objeto de aumentar la conectividad, la competitividad, la diversificación económica y el apoyo al emprendimiento, teniendo en cuenta la preservación de la cultura e identidad rurales;

24.  Subraya que las explotaciones pequeñas regentadas por su propietario se encuentran bajo una presión cada vez mayor debido a la adquisición de tierras de cultivo por parte de inversores; pone de relieve que la conservación de las zonas de cultivo y el acceso a la tierra son esenciales para la creación y ampliación de las empresas agrícolas y el mantenimiento del empleo en las zonas rurales; señala que el informe de la Comisión sobre las necesidades de los jóvenes agricultores de noviembre de 2015 revela que la disponibilidad de tierras para comprar y arrendar constituye el principal problema de los jóvenes agricultores y los nuevos operadores en el sector agrario; pide, por tanto, a los Estados miembros que compartan las mejores prácticas y los instrumentos de desarrollo para facilitar el acceso a la tierra en las zonas rurales con altas tasas de desempleo, por ejemplo, el uso y gestión participativos de los terrenos agrícolas de acuerdo con las prácticas nacionales, o la creación de sistemas de gestión e información de los terrenos no utilizados o que podrían utilizarse para la agricultura, cuyos servicios podrían utilizar de forma prioritaria los agricultores jóvenes y las mujeres;

25.  Considera importante que los programas de desarrollo rural favorezcan más las relaciones entre el mundo rural y el urbano, a fin de estimular la cooperación y ofrecer oportunidades a las empresas implantadas en las zonas rurales, que son indispensables para el desarrollo de dichas zonas y la creación de empleo; opina que, en la relación entre mundo urbano y el rural, los pueblos tienen una importancia considerable ya que brindan acceso a los servicios básicos a los residentes en las zonas rurales de los alrededores y que, a tal fin, los Estados miembros deben fomentar los servicios en los pueblos en el marco de sus políticas territoriales;

26.  Insta a la Comisión a que presente una propuesta de reforma a medio plazo de la política agrícola común que responda al actual escenario de crisis prolongada y a sus graves consecuencias sobre el empleo, en especial en las zonas rurales, que limite la burocracia y las cargas administrativas para los agricultores europeos, y que prevea medidas ecológicas más eficaces, medibles y ambiciosas desde el punto de vista medioambiental y, al mismo tiempo, más fáciles de aplicar por los agricultores;

27.  Pide que se adopten normas vinculantes en materia de pago justo en la cadena de suministro de alimentos entre los productores, los mayoristas y los transformadores de alimentos, para garantizar que los agricultores reciban una parte adecuada del valor añadido, suficiente para que puedan llevar a cabo una agricultura sostenible;

28.  Destaca que el sector de la silvicultura, hoy insuficientemente explotado en Europa, constituye un auténtico yacimiento de empleo que conviene fomentar más en sus distintas formas en todo el sector de la madera; añade que la Unión acusa un importante déficit de abastecimiento de madera, que exige inversiones en las infraestructuras necesarias para el desarrollo de dicho sector;

29.  Hace hincapié en que el acceso a la tierra es fundamental para el establecimiento y la ampliación de una empresa agrícola; señala que el acceso a la tierra es el mayor problema que afrontan los jóvenes agricultores para crear una empresa agrícola;

Respecto al futuro de la PAC después de 2020

30.  Resalta que los procedimientos de la PAC deben simplificarse y disponer de fondos suficientes, mantenidos como mínimo al nivel actual al objeto de reflejar el gran valor añadido europeo de esta política, para poder desempeñar de forma eficaz su papel a largo plazo en favor del empleo, como parte de una agricultura y silvicultura europeas diversificadas, impulsando el desarrollo sostenible y el atractivo de las zonas rurales; destaca que la política de desarrollo rural, que permite actuar de forma más directa y eficaz sobre la reducción de la exclusión social entre los habitantes de las zonas rurales y el aumento del empleo y el dinamismo de dichas zonas, debe reforzarse de modo progresivo, sin poner en peligro el apoyo del primer pilar, que deberá reorganizarse para garantizar, entre otras cosas, un mejor funcionamiento y una mayor estabilidad de los mercados, indispensable para afianzar los ingresos de la agricultura, el modelo agrario europeo y la seguridad alimentaria, y velar por que las zonas rurales mantengan su atractivo (con un énfasis en la calidad de vida) en comparación con las áreas urbanas;

31.  Hace hincapié en que la PAC debe otorgar gran importancia a los instrumentos de modernización e inversión que garantizan la competitividad de los sectores económicos localizados en las zonas rurales (como las industrias agroalimentaria, energética, de transformación y de servicios, y los sectores sociales) de manera sostenible, respetando la normativa medioambiental, lo que asegura el mantenimiento del empleo; señala, además, que estos instrumentos permiten también una reducción continua de las diferencias en el desarrollo agrícola y rural entre los Estados miembros y entre las regiones;

32.  Destaca la importancia del sector turístico como fuente de ingresos para los agricultores (como las vacaciones en granjas); insta a los Estados miembros y a la Comisión a que instauren programas que apoyen la inversión y el emprendimiento; considera importante apoyar a esas explotaciones agrícolas mediante campañas de turismo;

33.  Toma nota de las medidas de simplificación de la PAC aplicadas hasta la fecha, aunque pide a la Comisión que siga elaborando y aplicando medidas dirigidas a introducir proporcionalidad y flexibilidad en relación con la disminución de la carga administrativa de la PAC y el aumento de la productividad en la explotación;

34.  Destaca que hay limitaciones con respecto a lo que puede conseguirse en el marco de la PAC, dado que su principal objetivo es la seguridad del abastecimiento alimentario, y que para abordar de manera eficaz los numerosos retos que afectan a la creación y conservación del empleo en las zonas rurales será necesario un planteamiento transversal más amplio tanto a escala regional como de los Estados miembros;

35.  Pide a la Comisión que adopte una política que respalde un modelo de agricultura europea competitiva y sostenible basado en un modelo de explotación familiar, diversificado y multifuncional que conceda prioridad al empleo arraigado en el territorio y retribuido de manera justa, con especial hincapié en los territorios con desventajas específicas, tal como las reconoce el artículo 349 TFUE y, en la producción de alimentos y de productos no alimenticios, y que vele por la seguridad alimentaria y la protección de la salud;

36.  Pide a los Estados miembros que elaboren herramientas de observación y regulación territorial, a fin de disponer de un mejor conocimiento de los mercados de bienes raíces y poner fin a los fenómenos a gran escala de concentración o acaparamiento de tierras y medios de producción;

37.  Subraya la necesidad de favorecer el desarrollo, la comercialización y la venta de productos agrícolas de alta calidad; pide que se lleven a cabo iniciativas que abran nuevos mercados y que se introduzcan programas operativos de productos y campañas de comercialización a fin de garantizar la diversificación de los productos y la competitividad de la cadena alimentaria europea;

38.  Considera que la PAC debe tener en cuenta todas las formas de agricultura europea y todas las zonas rurales, incluidas las más desfavorecidas y frágiles (como las zonas de montaña y las regiones ultraperiféricas), en aras de asegurar el mejor uso posible de todos los recursos; opina que esto comporta la recuperación para su uso de tierras abandonadas o sin cultivar;

39.  Señala que la diversificación de la agricultura y los segmentos de mercado regionales aumentan y garantizan el empleo en las zonas rurales; pide que se lleven a cabo iniciativas para apoyar la diversificación de las explotaciones agrícolas (por ejemplo, la comercialización directa de los productos agrícolas) y de la economía rural en general (por ejemplo, facilitando el cambio de la actividad agraria a otros sectores);

40.  Considera que los fondos de la futura PAC deberán contribuir en mayor medida a la ralentización de la pérdida de explotaciones agrícolas de pequeño y medio tamaño y de empresas agrupadas en organizaciones de productores que, al gozar por lo general de una mayor diversificación, eficiencia y autonomía y poder transmitirse con mayor facilidad, son más eficaces en lo que respecta a la creación de valor añadido y puestos de trabajo arraigados en el territorio y constituyen un eje económico y social importante en sus regiones, y seguir apoyando de manera específica a los territorios que sufren desventajas específicas, como se reconoce en el artículo 349 del TFUE;

41.  Resalta que los pagos directos de la PAC solo deberían concederse a personas cuyo principal ámbito de actividad sea la agricultura;

42.  Destaca que, en las regiones ultraperiféricas, la búsqueda de soluciones de empleo en caso de recesión económica se ve comprometida por la falta de interconexión y, dada la importancia de la agricultura en estas regiones, considera que los fondos de la futura PAC deberán discriminar de forma positiva a estos territorios con desventajas específicas reconocidas por el TFUE, lo que tendrá un efecto multiplicador de promoción de otras actividades conexas, como la agroindustria, el turismo, la conservación de la naturaleza, la producción energética y la economía circular, de forma complementaria a la estrategia multifondo; reitera que esta estrategia deberá tener en cuenta los factores de diferenciación positiva que presentan las regiones ultraperiféricas, que podrán constituir así un laboratorio de soluciones agrícolas originales e innovadoras aplicables en otros contextos menos extremos y más amplios, por la estructura de las explotaciones, las condiciones edafoclimáticas y la biodiversidad característica;

43.  Considera que se deben fomentar y apoyar financieramente las cooperativas agrarias, ya que permiten disminuir los costes de producción de las explotaciones, en particular los de mecanización, y favorecen también la solidaridad entre los agricultores y la transferencia de innovaciones, conocimientos especializados y buenas prácticas, lo que genera un dinamismo favorable al desarrollo y al empleo;

44.  Pide a la Comisión que favorezca la diversificación y la competitividad de las pequeñas empresas agrícolas, también con respecto a la agricultura social y a la agricultura orientada a los servicios;

45.  Destaca la importancia que reviste que la PAC redoble su apoyo a las repercusiones positivas de la agricultura y ganadería en cuanto al empleo y el medio ambiente, y que brinde un respaldo más eficaz a la agricultura orgánica y biodinámica y a todos los métodos de producción sostenibles, incluidas la agricultura integrada y la agrosilvicultura en el contexto de la agroecología, lo que comportará la simplificación de las normativas vigentes y la adopción de normativas que puedan aplicarse de un modo sencillo, comprensible y sin dificultades; considera que estas repercusiones positivas en términos de empleo y medio ambiente benefician a toda la sociedad y deben ser un componente de los ingresos agrícolas;

46.  Recuerda el ejemplo positivo que aportan los distritos ecológicos, es decir, zonas en las que se fomentan, por medio de un conjunto coordinado de acciones, los productos de la agricultura y la ganadería locales obtenidos con métodos ecológicos y todos los operadores económicos que dependen de ellos (empresas del sector agroalimentario, gastronómico y turístico), un instrumento que ya ha demostrado que puede incrementar la renta local y favorecer la defensa de la tierra a través de la conservación del paisaje y de los productos tradicionales;

47.  Subraya el potencial de los sistemas agrícolas y de alimentación sostenibles, especialmente la agricultura ecológica, así como la gestión sostenible del suelo, el agua, la biodiversidad y las infraestructuras rurales, a fin de preservar y crear empleos dignos en el sector agrícola y una economía rural próspera;

48.  Considera que la recuperación del control del mercado europeo debe seguir siendo el principio rector de la acción de la futura PAC, antes incluso que la búsqueda de mercados exteriores, aún sin desatenderlos; estima, a este respecto, que los acuerdos comerciales como la ATCI, el AECG y el Acuerdo de Libre Comercio UE-Mercosur pueden suponer una amenaza seria y significativa para los mercados europeos de la agricultura y el empleo; opina que los acuerdos de libre comercio no deben dar lugar a una competencia desleal que afecte a las explotaciones agrícolas pequeñas y medianas, ni ha de socavar las economías y el empleo locales o ir en contra de las políticas destinadas a estimular la producción local y apoyar la subsistencia en el medio agrícola;

49.  Considera que, a fin de mejorar la inadecuada organización actual del sector de las frutas y hortalizas, debe restablecerse la ayuda de la Unión a proyectos de las asociaciones de productores de frutas y hortalizas recientemente constituidas;

50.  Destaca que, en un contexto de gran incertidumbre sobre el futuro de los precios agrarios, bajos y volátiles, la Unión ha de lograr los objetivos de la PAC fijados en el Tratado mediante la compensación de los efectos erráticos de los mercados allí donde fallen, y velar por la resiliencia y la competitividad del sector agrario a través del establecimiento de redes de seguridad eficaces y sistemas de prevención y gestión de crisis que permitan alcanzar un equilibrio entre la oferta y la demanda, así como la creación de herramientas de gestión de los riesgos basadas en sistemas nuevos e innovadores y una participación de los mismos agricultores en la financiación, tomando ejemplo de las ayudas anticíclicas, que les permita beneficiarse de unos precios más justos; considera que ha de incrementarse el porcentaje de financiación de las medidas de estabilización de los mercados agrícolas y, en particular, que la PAC debe reforzar asimismo los sistemas de seguros para proteger a los agricultores ante los diversos riesgos climáticos, sanitarios y económicos; opina asimismo que, ante los riesgos asociados al cambio climático, la Unión debe hacer todo lo necesario para optimizar el papel positivo que puede desempeñar la agricultura a través de medios como la agronomía y una mejor gestión de los suelos para una mayor captación de carbono, y que es importante prestar apoyo técnico y financiero a los agricultores que les permita cambiar progresivamente sus prácticas e innovar;

51.  Destaca asimismo que los pagos directos deben seguir siendo un instrumento de la PAC después de 2020, al objeto de reforzar y estabilizar las rentas agrarias y compensar los costes derivados del cumplimiento de las estrictas normas de la Unión (en relación con los métodos de producción y, en especial, los requisitos medioambientales), y mantener la producción agrícola en las regiones más desfavorecidas; pone de relieve que los pagos directos deben servir para garantizar la estabilidad económica de la actividad agraria así como la seguridad alimentaria y medioambiental; señala, a este respecto, que la compensación de los importes de los pagos directos es necesaria de cara a asegurar unas condiciones de competencia equitativas en el mercado único de la Unión y el uso sostenible de sus recursos agrícolas;

52.  Estima que, dadas las importantes diferencias existentes en los niveles de cooperación entre agricultores en los distintos Estados miembros y que la falta de cooperación afecta de forma negativa a su capacidad para superar las situaciones de crisis y las presiones del mercado, la PAC debería fomentar ampliamente el desarrollo de una cooperación entre agricultores, en especial en los sectores de producción y transformación;

53.  Pide a los Estados miembros que concedan prioridad, en el marco del segundo pilar de la PAC, a la Asociación Europea para la Innovación (AEI); pide a la Comisión que otorgue prioridad a Horizonte 2020 y que asegure un mejor acceso de los agricultores a las posibilidades de financiación del BEI, el apoyo a modelos agrarios y forestales innovadores y sostenibles para la producción de bienes y servicios alimentarios y no alimentarios (energías renovables, bioeconomía, turismo rural, y nuevas perspectivas para los agricultores en cuanto al suministro de materias primas en la era industrial pospetrolera), y el desarrollo de los recursos de cada zona rural;

54.  Manifiesta su firme convencimiento de que, incluso en el futuro, será necesario promover la formación profesional permanente de los agricultores y los trabajadores agrícolas, y velar por la divulgación de los conocimientos científicos y las innovaciones, para garantizar así la capacidad de adaptación a un entorno cambiante y facilitar el ejercicio de una actividad económica;

55.  Considera que los enfoques ascendentes del desarrollo local de tipo Leader o DLP (desarrollo local participativo) han probado su eficacia en términos de puestos de trabajo creados y también de bajo nivel de gasto público por puesto de trabajo generado y, en consecuencia, deben ser reforzados, fomentados y aplicados en todos los Estados miembros a través de enfoques multifondo y del fortalecimiento del papel de las autoridades regionales y locales; insiste, en especial, en la función desarrollada por los responsables de los Grupos de Acción Local (GAL) de apoyo técnico y servicio para respaldar iniciativas de puesta en marcha de proyectos favorables al empleo; pide por último que los GAL puedan gozar de la mayor autonomía posible para ser más eficaces; añade que deben establecerse mecanismos al objeto de garantizar una participación razonable de los interlocutores sociales, y pide a la Comisión que presente modelos de buenas prácticas en lo que respecta a los proyectos transnacionales de Leader II;

56.  Señala que la dificultad a la hora de acceder a la información con respecto a la programación y financiación pertinentes, tanto a escala nacional como de la Unión, supone un obstáculo para el desarrollo de la economía rural;

57.  Exige que las inversiones previstas en la política de desarrollo rural se prioricen en función del empleo, los cambios en el desempleo, la eficiencia de las empresas receptoras y la creación de incentivos para contratar empleados, y recomienda que los programas de desarrollo rural incluyan un refuerzo de la microfinanciación, ya que es especialmente útil para ayudar a la puesta en marcha de las empresas agrícolas y no agrícolas;

58.  Subraya que la importancia del segundo pilar a efectos de creación de empleo puede reforzarse ofreciendo una flexibilidad mucho mayor en función de las necesidades específicas de cada región;

59.  Considera necesario, en cuanto al futuro, seguir estableciendo sistemas alimentarios de calidad basados en el territorio que suministren productos alimenticios brutos o transformados mediante el fomento de la responsabilidad individual y la participación de los agentes interesados —ya sea agrupados como productores, transformadores, distribuidores y consumidores o como comunidades de productores-consumidores, o reuniendo a todos los operadores económicos de los sectores agroalimentario y del turismo gastronómico— en actuaciones cualitativas y contractuales diseñadas para garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria, así como unos ingresos justos, de modo que los agricultores puedan vivir dignamente de su oficio y mantener el empleo en su explotación; señala que estos sistemas alimentarios podrían adoptar, entre otras, la forma de cadenas de suministro cortas o mercados locales; estima que, en el futuro, deberán dedicarse más recursos de la Unión al establecimiento y el funcionamiento de determinados sistemas especiales de calidad de los alimentos, y a la profundización del desarrollo de la gastronomía europea, reconocida en todo el mundo; considera indispensable, para ello, adecuar mejor la legislación en materia de licitaciones públicas, para que las autoridades locales puedan favorecer las producciones locales;

60.  Llama la atención sobre la necesidad de prestar un apoyo adicional a la agricultura y a la creación de puestos de trabajo agrícolas en las zonas desfavorecidas y en las zonas de las fronteras exteriores de la Unión;

61.  Considera que deben favorecerse las asociaciones de múltiples partes interesadas en las que participen agricultores y otros agentes del mundo rural, ya que permiten desarrollar numerosas actividades creadoras de empleo directo e indirecto, como la estructuración de cadenas alimentarias y no alimentarias y el establecimiento de distintos servicios (turismo rural, mantenimiento del espacio privado y público, etc.);

62.  Opina que la Comisión y los Estados miembros deben incentivar a los agricultores a través de la PAC y otras políticas para que diversifiquen sus fuentes de ingresos, protegiéndose así frente a las contracciones del mercado; considera que esta diversificación podría incluir el turismo ecológico, el desarrollo de energías renovables como la eólica y la solar, la posibilidad de añadir valor a los productos agrícolas mediante su transformación, y las ventas en tiendas de las explotaciones agrícolas;

63.  Pide a la Comisión que ofrezca más apoyo a las cooperativas locales para que recuperen el control de sus precios y productos;

64.  Señala que el sector del turismo ofrece importantes oportunidades de generación de ingresos y empleo directo e inducido en la agricultura y en las zonas rurales, y permite mejorar el patrimonio histórico, cultural, gastronómico, paisajístico y medioambiental de cada región; observa asimismo que el atractivo turístico de una región no solo se basa en su historia, sino cada vez más en la calidad de sus productos alimenticios, sus paisajes y su medio ambiente; considera que, por todas esas razones, la política de desarrollo rural debe apoyar aún más el sector turístico;

65.  Invita a la Comisión a que evalúe el establecimiento de definiciones de la figura del productor local con miras a estimular este tipo de producción;

66.  Destaca que los retos asociados al cambio climático y el medio ambiente hacen necesarias importantes inversiones públicas y privadas creadoras de empleo, con la ayuda de la aparición de nuevos oficios, a fin de garantizar el mantenimiento y la preservación de los recursos de las zonas rurales y el restablecimiento de la calidad de ecosistemas degradados, luchar más eficazmente contra las inundaciones y los incendios, y proteger mejor la calidad del agua, el suelo, el aire y la biodiversidad; observa que esto requiere, sin duda, un trabajo de cooperación entre la agricultura y los demás agentes del medio rural, al tiempo que brinda nuevas oportunidades de diversificación de los ingresos en la agricultura;

67.  Pide a la Comisión que evalúe el impacto social de la crisis agrícola actual, en particular en términos de destrucción de empleo, especialmente en las zonas rurales; pide a los Estados miembros que reflexionen sobre el modo de mejorar la competitividad de su agricultura, de modo que el sector pueda generar empleo y un valor añadido repartido de forma equitativa en los sectores agrícola y agroalimentario, asegurando una competencia justa y minimizando los perjuicios ocasionados por el dumping social y las condiciones de empleo precarias e inusuales que afectan de forma desproporcionada a ciertos grupos; señala que muchos familiares de agricultores carecen de un status social o de un reconocimiento legal, o no están cubiertos por un régimen de protección social; subraya que las empresas agrícolas deben cumplir la legislación nacional en materia social y de empleo; considera que la introducción de condiciones adicionales en los pagos del primer pilar de la PAC aumentaría significativamente la carga administrativa de los agricultores y limitaría su potencial de creación de empleo; pide un reforzamiento del papel de los interlocutores sociales frente a las autoridades competentes, y pide a los Estados miembros que reconozcan y garanticen los derecho sociales de los agricultores, velando por que todos los trabajadores agrícolas, a tiempo parcial o completo, estén cubiertos por un régimen de protección social; pide a los Estados miembros que transpongan a la legislación nacional la Directiva 2014/36/UE relativa a los trabajadores temporeros; pide a las autoridades nacionales en materia de salud y seguridad que asignen recursos a la divulgación de información sobre la seguridad agrícola;

68.  Señala que la agricultura es una de las ocupaciones más peligrosas, pues comporta un riesgo especial de lesiones o muerte debido a la maquinaria y el ganado (hubo 194 accidentes mortales tan solo en Irlanda en los últimos diez años); pide que promulgue una legislación nacional apropiada que elimine los principales riesgos, y que se apliquen sistemas de compensación adecuados en caso de accidente con consecuencias trascendentes;

69.  Solicita a la Comisión la introducción de los indicadores propuestos por la FAO en su Evaluación de la Sostenibilidad para la Agricultura y la Alimentación (SAFA), especialmente los orientados al empleo y el bienestar social;

70.  Recuerda que, en promedio, los agricultores europeos solo poseen doce hectáreas de tierra y que el 70 % de las explotaciones agrícolas tiene una superficie inferior a cinco hectáreas; señala que, debido a sus dimensiones y estructura, las explotaciones agrícolas no siempre pueden permitirse la contratación de trabajadores a tiempo completo ni altamente cualificados; insta, por consiguiente, a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que adopten medidas que promuevan las agrupaciones de empleadores;

71.  Considera indispensable garantizar la presencia de servicios públicos y privados para mantener el atractivo de las zonas rurales y hacer posible la creación de empleo en dichas zonas; opina que los ciudadanos de las zonas rurales tienen derecho a la igualdad de acceso a unos servicios públicos de calidad, como la educación y la asistencia sanitaria; estima esencial que todos —autoridades locales, gobiernos regionales (allí donde existan) y el sector privado local— trabajen conjuntamente para impulsar las inversiones y garanticen que las zonas rurales y aisladas cuentan con infraestructuras esenciales, como conexiones de transporte público y privado, un suministro de energía seguro y fiable y tecnología de banda ancha, así como sistemas de financiación y crédito para los emprendedores rurales, las microempresas y las pymes pues, en caso contrario, las empresas y hogares rurales estarán en una situación de desventaja permanente y seguirá produciéndose una migración hacia las zonas urbanas;

72.  Es de la opinión, en relación con las recientes epidemias animales —como la peste porcina africana, que afectó a los Estados bálticos y Polonia, y la gripe aviar en Francia, y los recientes escándalos de seguridad alimentaria, como el brote de E. coli de 2011, el escándalo de la carne de caballo en 2013 y el actual escándalo de la miel falsa— que es preciso un significativo aumento del gasto destinado a la seguridad de los alimentos y los piensos, tal como figura en la tercera rúbrica del marco financiero plurianual, ya que los 1 930 millones EUR asignados para el actual período de siete años resultan completamente inadecuados;

73.  Subraya que los agricultores deben hacer frente a los costes administrativos de la PAC a gran escala y que estos costes varían significativamente entre los distintos Estados miembros; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aligeren la carga administrativa mediante la eliminación de trámites burocráticos y la simplificación de la CAP, así como garantizando una transposición rentable;

74.  Destaca que el acceso a servicios básicos como la educación, la asistencia sanitaria y la vivienda, así como la continuidad de esos servicios, constituyen condiciones previas para crear un entorno favorable a la generación de empleo y satisfacer las necesidades vitales de las poblaciones de las zonas rurales;

75.  Considera indispensable pedir a las autoridades públicas que creen servicios de asesoramiento y asistencia a la gestión agrícola en las zonas rurales, a fin de modernizar la agricultura europea y superar métodos tradicionales obsoletos;

76.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que animen y faciliten la igualdad de la mujer en el mercado de trabajo y la conciliación de la vida laboral y familiar en las zonas rurales, en especial en lo que respecta a los salarios y los derechos sociales y de pensión, la promoción de nuevas cualificaciones y el ofrecimiento de perspectivas y oportunidades para las mujeres en el empleo agrícola y no agrícola, en consonancia con el principio de igualdad y no discriminación en los programas y políticas de la Unión; les pide asimismo que aprovechen mejor las oportunidades de las plataformas específicas de información en línea, las acciones y ayudas a las agricultoras que sean nuevos operadores o ya establecidas, en particular en el marco del Feader y otros fondos de la Unión que estimulen el desarrollo de proyectos, y que ayuden a mantener la infraestructura y los servicios esenciales básicos en la vida cotidiana en el medio rural, contribuyendo así a limitar el éxodo de las zonas rurales; llama la atención asimismo sobre la necesidad, especialmente en las zonas rurales, de estrategias sostenibles de mantenimiento, fomento y apoyo a las redes y organizaciones de mujeres en su labor de toma de decisiones en la agricultura y las zonas rurales; pide además un acceso más sencillo a la educación, la financiación y la información para facilitar las iniciativas empresariales de las mujeres (por ejemplo, mediante negocios en línea) y el acceso a la propiedad y el desarrollo de empresas rurales;

77.  Insta a los Estados miembros a reforzar el papel de los agentes sociales y las organizaciones de asistencia social que trabajan conjuntamente con las autoridades en la vigilancia del cumplimiento de la legislación laboral, la lucha contra el trabajo no declarado y el control del cumplimiento de las normas de bienestar social y de seguridad laboral que facilitan la integración socioeconómica de los trabajadores migrantes, incluidas las temporeras, migrantes y refugiadas; hace un llamamiento para que se establezcan mecanismos a fin de garantizar la participación de las mujeres en todos los niveles del proceso;

78.  Pide a la Comisión que proponga medidas para la financiación adecuada de un programa específico de la Unión bajo la forma de una «garantía europea para las mujeres de las zonas rurales» basado en la garantía juvenil europea;

79.  Recuerda que la superficie destinada a la producción agrícola en la Unión está disminuyendo cada año; subraya que la preservación de las áreas cultivables es fundamental para garantizar los puestos de trabajo en el mundo rural; hace un llamamiento a los Estados miembros para promover un mejor acceso a la tierra en áreas con altas tasas de desempleo rural y pide, en este sentido, que se tomen medidas para garantizar que las jóvenes agricultoras tienen acceso al crédito y pueden participar en la gestión de la tierra;

80.  Llama la atención sobre el hecho de que el 45 % de la fuerza laboral de las explotaciones agrícolas está constituido por mujeres; pide a la Comisión que revise la definición de «explotación familiar» con el fin de facilitar su acceso a la formación y al asesoramiento profesional, así como al capital y a las prestaciones;

81.  Pide a las autoridades nacionales, regionales y locales competentes que fomenten la participación de las mujeres en los grupos de acción local y el desarrollo de asociaciones locales en el marco del programa Leader, y que garanticen una participación equilibrada de hombres y mujeres en sus juntas directivas;

82.  Insta a los agentes regionales a llevar a cabo, con medios financieros del segundo pilar, programas de concienciación para destacar la neutralidad de género de todos los empleos, así como para poner fin al reparto de tareas tan tradicional en la agricultura;

83.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1)

a Eurostat, 2016.

(2)

Véase: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.25458


OPINIÓN de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (26.5.2016)

para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

sobre cómo puede mejorar la PAC la creación de empleo en las zonas rurales

(2015/2226(INI))

Ponente de opinión: Paloma López Bermejo

SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A.  Considerando que las zonas rurales representan más del 77 % del territorio de la Unión y que en ellas muchos puestos de trabajo están vinculados a la agricultura y a la industria agroalimentaria;

B.  Considerando que, en conjunto, la agricultura y la industria agroalimentaria representan el 6 % del PIB de la Unión, 15 millones de empresas y 46 millones de puestos de trabajo;

C.  Considerando que el marco universal que proporcionan los sistemas de la Evaluación de la Sostenibilidad para la Agricultura y la Alimentación (SAFA) fue desarrollado por la FAO;

D.  Considerando que el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) presta ayuda a medio plazo para vivienda, atención sanitaria, educación y empleo en las zonas rurales a las comunidades marginadas; que el Feader puede tener en cuenta las necesidades específicas de los refugiados y emplearse para la formación profesional y la adquisición de competencias en los distintos ámbitos de actividad de las zonas rurales;

E.  Considerando que el potencial de las mujeres que trabajan en una empresa o que gestionan una empresa en las zonas agrícolas y rurales debe ser examinado, registrado y promovido en todas las políticas de la Unión y no penalizado por ninguna de ellas, ya que esta es la condición necesaria para que las mujeres puedan ser artífices del desarrollo y la innovación, ayudando a todo el sector a superar la crisis; que las mujeres deben implicarse en los planes de desarrollo del sector a escala local y regional, de modo que estos puedan aprovechar sus necesidades, experiencias y enfoques, y que, por lo tanto, las mujeres deben contar con las competencias necesarias para participar activamente en su concepción;

F.  Considerando que cambios demográficos como el envejecimiento de la población y los flujos migratorios podrían ser un factor importante en el desarrollo de las zonas rurales desfavorecidas o montañosas afectadas por la despoblación o el envejecimiento de la población;

1.  Subraya la importancia de la agricultura y del sector agroalimentario para la cohesión social y territorial debido a su contribución a un crecimiento económico sostenible, la creación de un empleo de calidad y el mantenimiento de las comunidades rurales; destaca la necesidad de mantener el presupuesto de la PAC y de reforzar su función económica y social, prestando particular atención a la microagricultura y a la agricultura a pequeña escala y teniendo en cuenta las especificidades regionales; hace hincapié en que la eficiente aplicación de la PAC debe contribuir a la inclusión social en las zonas rurales, a unas condiciones de vida y trabajo dignas y a buenas perspectivas de futuro;

2.  Apoya el amplio desarrollo de las indicaciones geográficas para proteger la especificidad regional y la diversidad cultural de los territorios, dado que representan un capital imprescindible para la creación de empleos de calidad en el medio rural;

3.  Apoya un enfoque coordinado entre el segundo pilar de la PAC y otros fondos de la Unión con objeto de reforzar su eficacia y evitar ineficiencias o duplicaciones; destaca las sinergias con el Fondo Social Europeo, que no presta apoyo financiero directo a los agricultores pero que puede utilizarse para apoyar acciones de formación y adaptación a los cambios en la agricultura y en la economía rural, así como la inclusión social y la lucha contra la pobreza; subraya la importancia de la participación de las administraciones locales y regionales, y de otros actores comunitarios pertinentes, en la concepción y gestión de las políticas rurales, así como de una mejor formación de las administraciones que tratan cuestiones relacionadas con los fondos europeos;

4.  Insiste en la importancia de la cohesión territorial en la Unión, que debe garantizarse mediante la aplicación de políticas de desarrollo económico adaptadas a los retos del mundo rural; subraya la fuerte conexión que existe entre los sistemas rurales, las pequeñas comunidades y los municipios, y pide una mejor sinergia entre los instrumentos de la política de cohesión y la PAC; subraya la importancia de la inversión territorial integrada y del desarrollo local participativo a este respecto; considera que la «reterritorialización»(1), allí donde tradicionalmente han existido vínculos entre el empleo y la agricultura en un territorio dado, ha de apoyarse a fin de mantener el dinamismo de las zonas rurales y volver a generar empleo;

5.  Pide a los Estados miembros que doten de recursos adecuados a la iniciativa Leader, dado el éxito que ha cosechado en la creación de empleo en zonas rurales;

6.  Considera que una PAC orientada al mercado genera volatilidad de los precios y exceso de competencia, lo que tiene un efecto negativo en las rentas rurales y el empleo, como ha puesto de manifiesto la situación de crisis en el sector lácteo tras la desaparición del régimen de cuotas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen unos precios que tengan debidamente en cuenta el trabajo realizado por los productores, a fin de asegurar un nivel de vida digno para estos y para sus trabajadores, también mediante medidas destinadas a garantizar el suministro; comparte las preocupaciones por el posible impacto negativo en la mano de obra agrícola de los acuerdos de libre comercio que se están negociando actualmente, como la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, e insta a la Comisión a que evalúe su impacto en la agricultura; observa que el alto nivel de seguridad alimentaria en la Unión y las normas en materia de salud y bienestar animal, que son esenciales para garantizar la confianza de los consumidores de la Unión, no se deben poner en peligro ni debe negociarse su eliminación mediante acuerdos comerciales;

7.  Pide compensaciones adecuadas para los sectores y países que ya se encuentran en situación de riesgo tras el embargo ruso o como consecuencia de los actuales acuerdos de libre comercio, como los celebrados con Túnez y Marruecos;

8.  Pide a todos los Estados miembros, en el contexto actual marcado por el embargo ruso, la disminución de la demanda, el fin de las cuotas lecheras, el hundimiento de los precios, el aumento de los costes de producción, una competencia exacerbada y desafíos medioambientales, que reflexionen sobre el modo de mejorar la competitividad de su agricultura, para que pueda generar empleo y un valor añadido repartido de forma equitativa en el sector agrícola y agroalimentario, en particular en el caso de la producción artesanal y a pequeña escala; destaca la importancia, en este marco, de garantizar el mantenimiento de las explotaciones agrícolas en los territorios, reconociendo su carácter multifuncional, pues, además de su función principal de producir materias primas agrícolas, desempeñan otras funciones importantes, como la preservación del medio ambiente y la contribución a la vitalidad de las zonas rurales y al equilibrio del desarrollo territorial;

9.  Señala que el desarrollo económico de las zonas rurales también debe ser considerado en el contexto de su desarrollo social y demográfico, y que ha de tenerse debidamente en cuenta la adopción de medidas para ayudar a las familias y facilitar la conciliación entre la vida familiar y la profesional;

10.  Hace hincapié en la necesidad de apoyar una agricultura y unos sistemas alimentarios sostenibles, especialmente la agricultura ecológica, así como la gestión sostenible del suelo, el agua y la biodiversidad, a fin de preservar y crear un empleo digno en el sector agrícola y una economía rural próspera, tendiendo al mismo tiempo a una mayor sostenibilidad y a la eliminación del uso de pesticidas;

11.  Destaca que la agricultura europea atraviesa actualmente una crisis sin precedentes que acarrea el empobrecimiento de los agricultores, el riesgo de quiebras y un número creciente de suicidios; pide a la Comisión que evalúe el impacto social de esta crisis, en particular en términos de destrucción de empleo en las zonas rurales;

12.  Pide que se fortalezcan las organizaciones de productores, que desempeñan un papel fundamental en la defensa de los intereses de los pequeños agricultores y de las explotaciones familiares en particular, potenciando su intervención en el apoyo social a los profesionales del sector;

13.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen a las empresas y las cooperativas de la economía social, incluida la agricultura social(2), con objeto de fomentar la integración social y el empleo en las zonas rurales; toma nota de las acciones emprendidas en el marco de la iniciativa en favor del emprendimiento social y pide a la Comisión que fomente la contribución de la economía social al desarrollo rural a través de un plan de acción para la economía social;

14.  Insta a poner fin a las prácticas abusivas de los grandes grupos distribuidores de alimentos de la cadena de suministro con el fin de asegurar un precio justo a los agricultores que garantice el potencial de generación de empleo que tiene la agricultura en las zonas rurales;

15.  Muestra su preocupación por el hecho de que actualmente el primer pilar de la PAC favorece a los grandes productores agrícolas, lo que conduce a una concentración extrema del mercado y a la falta de incentivos al empleo en los sectores respectivos; pide, por tanto, que se adopten medidas urgentes a este respecto;

16.  Pide un sólido primer pilar de la PAC que promueva una producción sostenible, un empleo de calidad, explotaciones agrícolas rentables y rentas dignas, así como el respeto de los convenios colectivos pertinentes y de la legislación en materia social y laboral sin imponer nuevas cargas a los agricultores;

17.  Pide a los Estados miembros que transpongan a la legislación nacional la Directiva 2014/36/UE relativa a los trabajadores temporeros; pide a los Estados miembros que garanticen la correcta aplicación de la mencionada Directiva y a la Comisión que, antes de septiembre de 2019, elabore un informe sobre la situación en que se encuentra su aplicación; pide a la Comisión que analice el alcance de los sistemas de contratación ilegal en la Unión mediante investigaciones, encuestas y datos estadísticos, especialmente en las regiones europeas en las que están más extendidos el trabajo no declarado y la explotación en las actividades agrarias; subraya la necesidad de implantar instrumentos eficaces, como inspecciones y controles adecuados, para garantizar que los trabajadores temporeros de todas las regiones de la Unión tengan un empleo y condiciones de vida dignos, especialmente donde este fenómeno sea más relevante, y hace hincapié en la necesidad de respetar los derechos laborales, las normas del trabajo y unas condiciones de trabajo de elevada calidad en general;

18.  Acoge con satisfacción las medidas de simplificación de la PAC aplicadas hasta la fecha, pero pide a la Comisión que siga elaborando y aplicando medidas dirigidas a introducir proporcionalidad y flexibilidad en relación con la carga administrativa de la PAC; considera que esto es beneficioso para los agricultores y para el buen funcionamiento de la PAC en su conjunto;

19.  Subraya que el apoyo al desarrollo demográfico y al trato favorable a las familias en las zonas rurales ya es un objetivo de la PAC en el que debe hacerse mayor hincapié, también en relación con cuestiones asociadas al mercado laboral;

20.  Solicita a la Comisión la introducción de los indicadores propuestos por la FAO en su Evaluación de la Sostenibilidad para la Agricultura y la Alimentación (SAFA), especialmente los orientados al empleo y el bienestar social;

21.  Subraya que las empresas agrícolas deben cumplir la legislación nacional en materia social y de empleo; considera que la introducción de condicionalidades adicionales en los pagos del primer pilar de la PAC aumentaría significativamente la carga administrativa de los agricultores y limitaría su potencial de creación de empleo;

22.  Pide una mayor relevancia de los interlocutores sociales y de las autoridades responsables de la gestión así como, cuando proceda, de las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo y la aplicación de la política agrícola con miras a crear puestos de trabajo de calidad, garantizar el respeto de la legislación laboral, luchar contra el trabajo no declarado, garantizar normas laborales de elevado nivel en materia de salud y seguridad y fomentar la integración social y económica de todos los trabajadores rurales, incluidos los refugiados, los trabajadores migrantes y los temporeros;

23.  Subraya la necesidad de promover medidas y políticas activas que pongan de relieve el papel positivo que tiene la migración a la hora de impulsar el crecimiento económico y fomentar la cohesión social en las zonas rurales;

24.  Hace hincapié en la importancia de que los agricultores y otros trabajadores agrícolas, especialmente los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, reciban una formación profesional de calidad que incluya la formación de aprendices y la adquisición de competencias, incluidas competencias en materia de TIC, para que sean capaces de adaptarse a los cambios en la agricultura y el sector agroalimentario en un entorno mundial cambiante al tiempo que se garantiza una producción de alimentos suficiente y de alta calidad;

25.  Hace hincapié en que el acceso a las infraestructuras TIC y la implantación de la cobertura de banda ancha en las zonas rurales, así como la formación en competencias digitales, son esenciales para la modernización de las explotaciones agrícolas y la mejora del aprendizaje permanente de los trabajadores agrícolas y los agricultores, así como para la creación de puestos de trabajo y de empresas en las zonas rurales;

26.  Hace hincapié en la necesidad del desarrollo digital en las zonas rurales como un elemento clave para la creación de más puestos de trabajo sostenibles, así como en la necesidad de un concepto de «aldea digital» que vaya mucho más allá de la infraestructura de banda ancha;

27.  Alienta a los Estados miembros a que promuevan entre los jóvenes agricultores en formación el programa ERASMUS+, en particular el capítulo dedicado a los aprendices, a fin de estimularlos a adquirir nuevas competencias técnicas y lingüísticas en el extranjero;

28.  Hace hincapié en los beneficios concretos que ofrecen el aprendizaje en el trabajo y la formación de aprendices en las zonas rurales, que suelen tener una elevada tasa de desempleo y en las que el acceso a los centros de formación es limitado;

29.  Recuerda que cada año disminuye la superficie de tierras agrícolas en la Unión; hace hincapié en que el mantenimiento de la superficie cultivada es indispensable para el mantenimiento del empleo en las zonas rurales; solicita a los Estados miembros que compartan buenas prácticas y desarrollen instrumentos adicionales para permitir el acceso a la tierra en las zonas rurales con elevado desempleo, no solo, por ejemplo, a través de la propiedad sino también mediante el usufructo y la gestión participativa del suelo agrícola, de conformidad con las prácticas nacionales; destaca, en este contexto, que la mejora del acceso a la tierra mediante instrumentos como bancos de tierras, la recuperación de terrenos abandonados, la creación de cooperativas sociales, las subvenciones públicas y un mejor acceso a créditos contribuirán al empleo agrícola, en particular de los jóvenes y las mujeres; recuerda que son esenciales medidas que permitan la renovación generacional y la instalación de los jóvenes agricultores;

30.  Recuerda que, como promedio, los agricultores europeos solo poseen doce hectáreas de tierra y que el 70 % de las explotaciones agrícolas tiene una superficie inferior a cinco hectáreas; señala que, debido a sus dimensiones y estructura, las explotaciones agrícolas no siempre pueden contratar trabajadores a tiempo completo ni trabajadores altamente cualificados; insta, por consiguiente, a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que adopten medidas que promuevan las agrupaciones de empleadores;

31.  Destaca la importancia de que se establezcan mecanismos para facilitar la transmisión de las explotaciones agrícolas, habida cuenta de que a menudo tienen un valor patrimonial importante;

32.  Opina que las actividades agrícolas, y especialmente las explotaciones agrícolas familiares, constituyen la influencia más importante y única para preservar la estructura económica y social de las zonas rurales; opina, a este respecto, que las explotaciones familiares lograrían ser cada vez más sostenibles al incentivar la consolidación de las empresas agrícolas existentes y maximizar el consiguiente empleo en las zonas locales;

33.  Toma nota de la contribución esencial realizada por las mujeres a la economía rural; Expresa su preocupación por la baja participación de las mujeres en el empleo rural y agrícola, ya que representan el 45 % de la población activa pese a constituir el 50 % de la población; resalta que las mujeres sufren desproporcionadamente de condiciones laborales precarias y condiciones de empleo atípicas; subraya que la situación es aún más grave en el acceso a la propiedad agrícola, ya que solo un 29 % de la tierra está en manos de mujeres(3); insta a que se aborde la brecha de género en las zonas rurales con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres y su acceso a la tierra; señala que, en las zonas rurales, la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres es un 10 % superior que en otras partes; pone de relieve la necesidad de adoptar un enfoque de género en las políticas agrarias y rurales de la Unión; señala, en este sentido, la importancia de estadísticas actualizadas sobre la propiedad agrícola y el empleo de las mujeres en las zonas rurales;

34.  Pide que se defienda el derecho a servicios públicos como escuelas y centros sanitarios en las zonas rurales y las pequeñas comunidades de montaña a fin de que sigan siendo dinámicas y atractivas, que se mantengan los puestos de trabajo existentes al tiempo que se crean puestos nuevos y que se ponga fin al problema de la despoblación en las zonas rurales alentando a las personas a instalarse y permanecer en ellas; observa que soluciones innovadoras, como las plataformas multimodales, que facilitan un acceso rápido y eficaz a los servicios por parte de la población rural, pueden contribuir a proteger el acceso a los servicios públicos; apoya la creación de regímenes de renta mínima a escala de los Estados miembros para garantizar ingresos dignos a los habitantes de las zonas rurales y promover la cohesión social en todos los Estados miembros, dada la elevada tasa de pobreza y exclusión social que se registra en las zonas rurales.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

24.5.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

39

7

5

Miembros presentes en la votación final

Laura Agea, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Suplentes presentes en la votación final

Michèle Alliot-Marie, Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Rosa Estaràs Ferragut, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere, Gabriele Zimmer

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Fernando Ruas

(1)

Véase: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-580.547+02+NOT+XML+V0//EN

(2)

Véase: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.25458

(3)

1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536466/IPOL_STU%282015%29536466_EN.pdf


OPINIÓN de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (12.7.2016)

para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Cómo puede mejorar la PAC la creación de empleo en las zonas rurales

(2015/2226(INI))

Ponente de opinión: Elisabeth Köstinger

SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A.  Considerando que en numerosos Estados miembros el acceso de las mujeres de las zonas rurales al mercado laboral es limitado y que las oportunidades de que disponen para desarrollar una actividad en el sector agrícola son relativamente escasas;

B.  Considerando que las mujeres representan ligeramente menos del 50 % del total de la población activa en las zonas rurales de la Unión, y que representan cerca del 45 % del total de la población económicamente activa en 2011(1); que en Europa la media de explotaciones agrícolas dirigidas por mujeres es del 29 %(2); y que la iniciativa empresarial femenina constituye un importante pilar del desarrollo rural sostenible desde los puntos de vista social, económico y ecológico;

C.  Considerando que la crisis económica ha afectado a toda la Unión pero, en particular, a zonas rurales que están experimentando niveles devastadores de desempleo, pobreza y despoblamiento, que afectan especialmente a las mujeres;

D.  Considerando que la brecha salarial entre hombres y mujeres en las zonas rurales es un 10 % mayor que en las otras zonas, y que es necesario prestar más atención a la elaboración de estadísticas actualizadas sobre la titularidad de la tierra por parte de las mujeres así como sobre las condiciones de trabajo de las mujeres en las zonas rurales;

E.  Considerando que la proporción de mujeres titulares de explotaciones agrícolas que acceden a ayudas del programa de desarrollo rural es inferior que la cuota de explotaciones agrícolas dirigidas por mujeres en la Unión(3);

F.  Considerando que el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres debe aplicarse de forma coherente en el marco de la PAC y que debe aplicarse un enfoque de género no solo a la PAC sino también a las políticas de cohesión en el mundo rural;

G.  Considerando que en las zonas predominantemente rurales de la Unión tan solo el 61 % de las mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años estaban empleadas en 2009(4);

H.  Considerando que el continuo éxodo de mujeres de las zonas rurales no solo tiene consecuencias negativas para la infraestructura social (por ejemplo, por la pérdida de muchas mujeres que se implican en el voluntariado), sino también para el mercado laboral, y que este éxodo únicamente puede pararse mediante la creación de un marco en el que las mujeres puedan hacer realidad sus objetivos personales y profesionales en las zonas rurales;

I.  Considerando que la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación es uno de los principios aplicables a los Fondos EIE, incluido el Feader;

1.  Señala que las mujeres rurales no son un grupo homogéneo y que sus funciones, necesidades y situación varían de un Estado miembro a otro; considera, por consiguiente, que son necesarias medidas de diverso tipo para mejorar sus oportunidades vitales y sus perspectivas de empleo; hace hincapié, no obstante, en el acceso desigual de las mujeres a la propiedad del suelo agrícola; señala que, en este contexto, las mujeres en las explotaciones agrícolas a menudo solo son familiares de los propietarios y que la mayoría de mujeres están clasificadas como cónyuge del titular, lo que correspondía al 80,1 % de los cónyuges en 2007(5) y, por ello, muchas veces no disponen de ingresos propios, por lo que su independencia económica frecuentemente no está garantizada;

2.  Lamenta la existencia de una brecha entre hombres y mujeres en las zonas rurales, y aboga por que se mejoren las condiciones de trabajo de las mujeres y su acceso a la tierra;

3.  Considera que las agricultoras desempeñan un papel importante a la hora de asegurar la continuidad de la existencia de las explotaciones de pequeño tamaño con perspectivas de futuro, y que, por ello, debe apoyarse en mayor medida su potencial innovador mediante el fomento de medidas de diversificación, como la comercialización directa, el agroturismo y los servicios sociales y de atención a las personas; destaca la importancia del concepto de «diversificación agraria», incluido el amplio espectro de bienes y servicios medioambientales, económicos y culturales, ya que pueden crear un margen complementario de ingresos adicionales para las mujeres y, al mismo tiempo, facilitar considerablemente la conciliación familiar y laboral tanto a los hombres como a mujeres;

4.  Expresa su preocupación ante el impacto en la agricultura europea que tendrán acuerdos que están siendo actualmente negociados, como el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), el Acuerdo Integral de Economía y Comercio con Canadá (CETA) o el Acuerdo de libre comercio UE-MERCOSUR;

5.  Señala que el fomento de la igualdad de género es un objetivo fundamental de la Unión y de sus Estados miembros, y que la integración de la dimensión de género debería ser, por lo tanto, parte integrante de la PAC; pide a la Comisión que mejore los indicadores de vigilancia y evaluación de la PAC para detectar el trabajo «invisible» de las mujeres y desagregar, siempre que sea posible, los indicadores por género; destaca la necesidad de definir metas y objetivos basados en una evaluación del impacto de género para promover unas perspectivas de carrera sostenibles y oportunidades de empleo remunerado para las mujeres en la agricultura, así como para fomentar la eficiencia económica;

6.  Destaca la elevada proporción de empleados por cuenta propia en las zonas rurales con una falta de protección social adecuada y la elevada proporción de trabajo «invisible» que afecta a las mujeres en particular; pide, por tanto, a los Estados miembros y a las regiones con competencias legislativas que mejoren la legislación relativa a la igualdad de género en el mercado laboral, en particular en lo que respecta a los salarios, los derechos de propiedad y la toma de decisiones, así como que garanticen una seguridad social tanto para los hombres como para las mujeres que trabajen en las zonas rurales;

7.  Pide a los Estados miembros que aprovechen de forma más eficaz las posibilidades de apoyo a las agricultoras y a las mujeres en las zonas rurales que ofrece el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y que apoyen las medidas de simplificación en este sentido; pide a la Comisión que propongan nuevas acciones específicas destinadas a apoyar y fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral en las zonas rurales, y a los Estados miembros que incluyan, en el marco de sus programas de desarrollo rural, unos subprogramas específicos en apoyo de iniciativa empresarial femenina, estrategias de creación de empleo para las mujeres que les garanticen derechos de pensión, unas políticas que favorezcan la representación de las mujeres en los foros políticos, económicos y sociales de este sector, y la promoción de la igualdad de oportunidades en las zonas rurales,;

8.  Insta a los Estados miembros a reforzar el papel de los agentes y organizaciones de asistencia social que trabajan conjuntamente con las autoridades en la supervisión del cumplimiento de la legislación laboral, la lucha contra el trabajo no declarado y el control del cumplimiento de las normas de asistencia social y de seguridad que faciliten la integración socioeconómica de los trabajadores y trabajadoras migrantes, incluidas las temporeras, migrantes y refugiadas; hace un llamamiento para que se establezcan mecanismos para garantizar la participación de mujeres a todos los niveles del proceso;

9.  Pide a la Comisión que proponga una financiación, en unos niveles adecuados, de un programa específico de la Unión de «garantía europea para las mujeres de las zonas rurales» basado en el destinado a los jóvenes;

10.  Recuerda que el área de producción agrícola en la Unión está disminuyendo cada año; subraya que la preservación de las áreas cultivables es fundamental para garantizar los puestos de trabajo en el mundo rural; hace un llamamiento a los Estados miembros para promover un mejor acceso a la tierra en áreas con altas tasas de desempleo rural y pide, en este sentido, que se garantice el acceso a créditos y la posibilidad de participar en la gestión de la tierra a las jóvenes agricultoras;

11.  Llama la atención sobre el hecho de que el 45 % de la fuerza laboral de las explotaciones agrícolas son mujeres; pide a la Comisión que revise la definición de «explotación familiar» con el fin de facilitar su acceso a la formación y al asesoramiento profesional, así como al capital y a las prestaciones;

12.  Pide a la Comisión que aplique una presupuestación con perspectiva de género en relación con la ayuda financiera en virtud del primer y del segundo pilar de la PAC;

13.  Pide a la Comisión que, junto a los Estados miembros, mejore las condiciones de las mujeres en las zonas rurales y que ofrezca no solo material informativo adecuado sobre las posibilidades de apoyo dirigido específicamente a las agricultoras y a las mujeres que viven en zonas rurales sino, también, acceso a la educación y a los créditos, así como la promoción de la creación de asociaciones y un asesoramiento profesional amplio sobre la diversificación, de modo que se aliente a estas mujeres a poner en práctica sus propios proyectos en las zonas rurales; señala, a este respecto, la necesidad de que el material informativo también esté disponible en plataformas en línea para garantizar el acceso flexible a la información sobre las ayudas a las mujeres en las zonas rurales; subraya que la introducción de cursos informativos diseñados para las mujeres sobre las normas y los requisitos para la creación y la gestión de empresas puede tener un impacto positivo, ya que puede infundir a las mujeres la confianza que necesitan para poner en marcha su propio negocio;

14.  Pide a las autoridades nacionales, regionales y locales competentes que fomenten la participación de las mujeres en los grupos de acción local y el desarrollo de asociaciones locales en el marco del programa Leader, y que garanticen una participación equilibrada de hombres y mujeres en sus juntas directivas;

15.  Destaca la importancia de las medidas de fomento de la educación, la formación profesional y las nuevas cualificaciones a la formación de las agricultoras y mujeres de las zonas rurales, incluso mediante la promoción de un mayor acceso a la formación de posgrado y a cursos especializados para emprendedores y productores agrícolas, de modo que pueda garantizarse el empleo duradero en estas zonas y facilitar así la adaptación al cambio en el ámbito de la agricultura y la producción de alimentos; pide a la Comisión, en este contexto, que examine debidamente, en lo que se refiere a las medidas de ayuda en el marco del segundo pilar de la PAC, el fomento de la formación y el asesoramiento dirigido a las mujeres en las explotaciones agrícolas, incluida una formación específica para fomentar las capacidades de las mujeres y su competitividad en la agricultura, y facilitar sus oportunidades formales de empleo; hace hincapié en la importancia de asesorar y apoyar a las mujeres para que puedan desarrollar actividades agrícolas innovadoras en las zonas rurales, incluidas las empresas innovadoras de producción agraria primaria;

16.  Destaca (también de cara a las mujeres en la agricultura, el trabajo a tiempo parcial y el teletrabajo) la importancia del desarrollo digital en las zonas rurales, así como de la elaboración de planteamientos de conjunto («aldea digital»), y pide que los programas relativos al segundo pilar se utilicen en mayor medida para facilitar el acceso al trabajo por cuenta propia; pone de relieve que la mejora de la calidad y de la accesibilidad a infraestructuras esenciales, como las conexiones de transporte, un suministro seguro de energía y una tecnología de banda ancha fiable y rápida, que pueden ofrecer empleo también a mujeres altamente cualificadas en las zonas rurales (por ejemplo, mediante el negocio electrónico), así como la existencia de instituciones y servicios para la vida cotidiana en las zonas rurales, reviste una importancia esencial para permitir que los hombres y mujeres puedan conciliar la vida laboral y familiar, e insta a los Estados miembros a que, en estrecha colaboración con las administraciones locales y regionales, enfoquen el desarrollo rural sobre la base de la movilidad;

17.  Insiste en la importancia de apoyar y promover la participación de las agricultoras en la toma de decisiones; señala que las mujeres pueden contribuir al desarrollo de sus comunidades y de las empresas agrícolas;

18.  Destaca que las zonas rurales de Europa son proclives al envejecimiento de la población, a una densidad de la población baja y, en algunas zonas, a la despoblación; pide medidas adicionales para desarrollar unas condiciones de vida y laborales en las zonas rurales que ofrezcan a las mujeres y a sus familias razones para permanecer en ellas y desarrollar una vida de éxito;

19.  Insta a los agentes regionales a llevar a cabo, con medios financieros del segundo pilar, programas de concienciación para destacar la neutralidad de género de todos los empleos, así como para poner fin al reparto de tareas que sigue siendo muy tradicional en la agricultura;

20.  Denuncia las dificultadas a las que se enfrentan las agricultoras a la hora de conseguir financiación; señala que un mejor acceso al capital para la inversión es imprescindible para mejorar la situación socioeconómica de las mujeres en las zonas rurales y fomentar el espíritu empresarial femenino, y pide a los Estados miembros que fomenten, apoyen y faciliten el acceso de las agricultoras a las fuentes de financiación y a las medidas de formación específica que puedan facilitar este acceso;

21.  Es consciente del reto especial que supone la conciliación entre la vida familiar y la profesional en las explotaciones agrícolas y la importancia de la situación de los padres y del entorno laboral favorable a las familiar en las explotaciones agrícolas familiares; subraya el papel fundamental de unos servicios públicos de calidad para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, ya que estos servicios reducen la carga sobre las mujeres, que a menudo pasan más tiempo que los hombres ocupándose de los hijos y de otros dependientes; pide a los Estados miembros y a los Gobiernos regionales y locales que apliquen políticas que protejan, modernicen y fomenten infraestructuras , instalaciones y servicios de calidad, accesibles y asequibles para la vida cotidiana en las zonas rurales;

22.  Pide a los Estados miembros que mejoren las medidas de seguridad social y el reconocimiento legal de las agricultoras para garantizar que disfrutan de los mismos derechos que los hombres, ya que en muchos casos trabajan en el negocio familiar largas horas sin cobertura social ni legal;

23.  Insiste en la necesidad de mantener, fomentar y apoyar las iniciativas empresariales, asociaciones, cooperativas y organizaciones de mujeres en la agricultura y en la zonas rurales, lo que facilitará el intercambio de las mejores prácticas a nivel local, regional y nacional y fomentará el acceso de las mujeres al mercado laboral; señala, asimismo, la importancia de desarrollar bases de información y redes para aumentar la sensibilización acerca de la situación social y económica de las mujeres en las zonas rurales;

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

12.7.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

26

0

3

Miembros presentes en la votación final

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jana Žitňanská

Suplentes presentes en la votación final

Ildikó Gáll-Pelcz, Arne Gericke, Kostadinka Kuneva, Constance Le Grip, Marc Tarabella, Monika Vana, Julie Ward

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Rosa D’Amato, Jens Nilsson

(1)

Eurostat (2013). Anuario Regional de Eurostat 2013. El foco en el desarrollo rural.

(2)

Estudio sobre el Día Internacional de la Mujer Rural 2015, Departamento Temático C, Parlamento Europeo.

(3)

Dower, J. (2015). «The role of funding under the Common Agricultural Policy for rural women» (El papel de la financiación en el marco de la política agrícola común para las mujeres rurales). Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, Día Internacional de la Mujer Rural 2015.

(4)

Comisión Europea (2011), «Agriculture and Rural Development. EU Agricultural Economic Briefs. Rural Areas and the Europe 2020 Strategy – Employment» (Agricultura y desarrollo rural. Informes agrícolas económicos de la Unión. Las zonas rurales y la Estrategia Europa 2020: el empleo), informe n.º 5, noviembre de 2011.

(5)

Comisión Europea (2012), «Agricultural Economic Briefs. Women in EU agriculture and rural areas: hard work, low profile» (Informes agrícolas económicos. Las mujeres en las zonas agrícolas y rurales de la Unión: trabajo duro, perfil bajo), informe n.º 7, junio de 2012.


RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

29.9.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

32

7

0

Miembros presentes en la votación final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Nicola Caputo, Matt Carthy, Albert Deß, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski

Suplentes presentes en la votación final

Jean Arthuis, Jean-Paul Denanot, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Norbert Lins, Stanislav Polčák, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Miguel Viegas

Aviso jurídico