Procedimiento : 2017/2003(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0195/2017

Textos presentados :

A8-0195/2017

Debates :

PV 14/06/2017 - 20
CRE 14/06/2017 - 20

Votaciones :

PV 15/06/2017 - 7.6
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0271

INFORME     
PDF 526kWORD 109k
11.5.2017
PE 595.756v02-00 A8-0195/2017

sobre una Agenda Europea para la economía colaborativa

(2016/0000(INI))

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Ponente: Nicola Danti

Ponentes de opinión (*):

Joachim Schuster, Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Dario Tamburrano, Comisión de Industria, Investigación y Energía

(*)  Procedimiento de comisiones asociadas – artículo 54 del Reglamento

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 ANEXO: LISTA DE ENTIDADES O PERSONAS QUE HAN COLABORADO CON EL PONENTE
 OPINIÓN de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
 OPINIÓN de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
 OPINIÓN de la Comisión de Transportes y Turismo
 INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓNEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una Agenda Europea para la economía colaborativa

(2017/2003(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre la iniciativa «Hacia un Acta del Mercado Único Digital»(1),

–  Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre la estrategia para el mercado único(2),

–  Vista su Resolución, de 24 de noviembre de 2016, sobre nuevas oportunidades para las pequeñas empresas de transporte, incluidos los modelos de negocio colaborativos(3),

–  Vistos la reunión del Grupo de Trabajo de Alto Nivel del Consejo sobre competitividad y crecimiento, de 12 de septiembre de 2016, y el documento de reflexión de la Presidencia al respecto(4),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de junio de 2016, titulada «Una Agenda Europea para la economía colaborativa» (COM(2016)0356 final),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de mayo de 2016, titulada «Las plataformas en línea y el mercado único digital - Retos y oportunidades para Europa» (COM(2016)0288/2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de octubre de 2015, titulada «Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas» (COM(2015)0550),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de mayo de 2015, titulada «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa» (COM(2015)0192),

–  Vistos la reunión del Consejo de Competitividad de 29 de septiembre de 2016 y sus resultados,

–  Vista la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior («Directiva de servicios»)(5),

–  Vista la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior («Directiva sobre el comercio electrónico»)(6),

–  Vista la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»)(7),

  Vista la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores («Directiva sobre los derechos de los consumidores»)(8),

–  Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 25 de mayo de 2016, relativo a las directrices de aplicación de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales (UCPD) (SWD(2016)0163),

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE («Reglamento general de protección de datos»)(9),

–  Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de 7 de diciembre de 2016, titulado «Economía colaborativa y plataformas en línea: una visión compartida de ciudades y regiones»(10),

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 15 de diciembre de 2016, sobre las políticas europeas de inmigración(11),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0195/2017),

A.  Considerando que la economía colaborativa ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años, tanto en lo que se refiere a los usuarios como al volumen de las operaciones y los ingresos, lo que ha replanteado la forma en que se suministran los productos y se prestan los servicios y constituye en numerosos sectores un desafío para los modelos económicos ya establecidos;

B.  Considerando que la economía colaborativa reporta beneficios sociales para los ciudadanos de la Unión;

C.  Considerando que las pymes son el motor principal de la economía europea y que representan, según las cifras de 2014, el 99,8 % de todas las empresas del sector no financiero, y suman dos de cada tres puestos de trabajo;

D.  Considerando que solo el 1,7 % de las empresas de la Unión hacen pleno uso de las tecnologías digitales avanzadas, mientras que el 41 % no las utiliza en absoluto; que la digitalización de todos los sectores es un factor esencial para mantener y mejorar la competitividad de la Unión;

E.  Considerando que un estudio reciente de la Comisión muestra que el 17 % de los consumidores europeos ha utilizado los servicios que ofrece la economía colaborativa, y el 52 % conoce los servicios ofertados(12);

F.  Considerando que no existen estadísticas oficiales sobre el volumen de empleo en la economía colaborativa;

G.  Considerando que la economía colaborativa ofrece a los jóvenes, los migrantes, los trabajadores a tiempo parcial y los ciudadanos de edad avanzada la posibilidad de acceder al mercado laboral;

H.  Considerando que los modelos de la economía colaborativa pueden impulsar la participación de las mujeres en el mercado laboral y la economía ofreciendo oportunidades de formas flexibles de emprendimiento y empleo;

I.  Considerando que, si bien la reciente Comunicación de la Comisión titulada «Una Agenda Europea para la economía colaborativa» supone un buen punto de partida para promover y regular este sector de manera eficaz, es preciso incorporar la perspectiva de género y plasmar las disposiciones de la legislación contra la discriminación correspondientes en más análisis y recomendaciones en este terreno;

J.  Considerando que la promoción de la justicia y la protección sociales, tal como se definen en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, son también un objetivo del mercado interior de la Unión;

Consideraciones generales

1.  Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre una Agenda Europea para la economía colaborativa, y destaca que debe representar un primer paso hacia una estrategia más amplia y ambiciosa de la Unión en este ámbito;

2.  Considera que, si se desarrolla de forma responsable, la economía colaborativa brinda importantes oportunidades a los ciudadanos y a los consumidores, que se benefician de una mayor competencia, servicios personalizados, mayores posibilidades de elección y precios más bajos; subraya que, en este sector, el crecimiento está impulsado por los consumidores, lo que les permite ejercer un papel más activo;

3.  Subraya la necesidad de permitir que las empresas crezcan eliminando las trabas, la duplicación y la fragmentación que obstaculizan el desarrollo transfronterizo;

4.  Insta a los Estados miembros a que proporcionen seguridad jurídica y no consideren la economía colaborativa como una amenaza para la economía tradicional; subraya la importancia de regular la economía colaborativa de forma que contribuya a facilitar y promover en vez de a restringir;

5.  Reconoce que la economía colaborativa crea nuevas e interesantes oportunidades empresariales, crecimiento y empleo y desempeña a menudo un importante papel en el sentido de que incrementa la eficiencia del sistema económico y lo hace más sostenible en los planos social y ambiental, permitiendo una mejor asignación de los recursos y activos que, en caso contrario, se infrautilizarían y contribuyendo de este modo a la transición a una economía circular;

6.  Reconoce, al mismo tiempo, que la economía colaborativa puede tener un impacto significativo en los modelos empresariales regulados tradicionales en muchos sectores estratégicos, como el del transporte, el alojamiento, la restauración, los servicios, la venta minorista y las finanzas; comprende los desafíos asociados a la existencia de normas jurídicas diferentes para agentes económicos similares; considera que la economía colaborativa confiere poder a los consumidores, ofrece nuevas oportunidades de empleo y puede facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero destaca, no obstante, la importancia de garantizar un alto nivel de protección de los consumidores, de respetar plenamente los derechos de los trabajadores y de velar por el cumplimiento de las obligaciones fiscales; reconoce que la economía colaborativa afecta tanto a los entornos urbanos como a los rurales;

7.  Destaca la falta de claridad entre emprendedores, consumidores y autoridades por lo que respecta a la aplicación, en algunos ámbitos, de las normativas vigentes y, por lo tanto, la necesidad de abordar las «zonas grises», y manifiesta su preocupación por el riesgo de fragmentación del mercado único; es consciente de que, si no se regula debidamente, esta evolución podría dar lugar a una situación de inseguridad jurídica en cuanto a las normas aplicables y a las limitaciones en el ejercicio de los derechos individuales y la protección de los consumidores; considera necesario que la normativa se adecúe a la era digital y está profundamente preocupado por el impacto negativo de la inseguridad jurídica y la complejidad de las normas en las empresas europeas de reciente creación y las organizaciones sin ánimo de lucro que participan en la economía colaborativa;

8.  Considera que el desarrollo de un marco jurídico dinámico, claro y, cuando proceda, armonizado así como el establecimiento de la igualdad de condiciones son un requisito previo esencial para el florecimiento de la economía colaborativa en la Unión;

La economía colaborativa en la Unión

9.  Destaca la necesidad de considerar la economía colaborativa no solo como un conjunto de modelos empresariales nuevos que ofrecen bienes y servicios, sino también como una nueva forma de integración entre la economía y la sociedad en cuyo ámbito los servicios ofrecidos se basan en relaciones muy diversas entre sí que integran las relaciones económicas en el entramado social y crean nuevos modelos comunitarios y de empresas;

10.  Observa que la economía colaborativa presenta en Europa algunas características específicas, que reflejan asimismo la estructura empresarial europea, constituida principalmente por pymes y microempresas; destaca la necesidad de velar por un entorno empresarial en el que las plataformas colaborativas puedan expandirse y ser muy competitivas en el mercado global;

11.  Constata que los emprendedores europeos muestran una fuerte tendencia a crear plataformas colaborativas con fines sociales, y reconoce el creciente interés por la economía colaborativa basada en los modelos de las sociedades cooperativas;

12.  Destaca la importancia de prevenir toda forma de discriminación, a fin de garantizar un acceso efectivo y equitativo a los servicios colaborativos;

13.  Considera que los servicios prestados en el contexto de la economía colaborativa que se publicitan y ofrecen con ánimo de lucro entran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/113/CE del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro, y deben, por tanto, ser coherentes con el principio de la igualdad de trato entre hombres y mujeres;

El marco regulador de la Unión: pares, consumidores, plataformas colaborativas

14.  Reconoce que, si bien determinadas partes de la economía colaborativa están cubiertas por normativas, también a escala local y nacional, otras partes podrían encontrarse en «zonas grises», al no estar siempre claro qué normativa de la Unión se aplica, dando lugar a diferencias significativas entre los Estados miembros como consecuencia de las normativas nacionales, regionales y locales, así como de la jurisprudencia, y fragmentando el mercado único;

15.  Acoge con satisfacción el propósito de la Comisión de atajar la fragmentación actual, si bien lamenta que su comunicación no aporte suficiente claridad por lo que se refiere a la aplicabilidad de la actual legislación de la Unión a los diferentes modelos de economía colaborativa; hace hincapié en la necesidad de que los Estados miembros refuercen la aplicación de la legislación vigente, e insta a la Comisión a que tenga como objetivo la elaboración de un marco de aplicación que ayude a los Estados miembros en sus esfuerzos, sobre todo en relación con la Directiva de servicios y el acervo en el ámbito de la protección de los consumidores; insta a la Comisión a que utilice plenamente todos los instrumentos disponibles en este contexto, incluidos los procedimientos de infracción, siempre que se detecte que la aplicación de la legislación es incorrecta o insuficiente;

16.  Subraya que los requisitos de acceso al mercado para las plataformas colaborativas y los prestadores de servicios deben estar justificados y ser necesarios y proporcionados, como prevén los Tratados y el Derecho derivado, así como simples y claros; hace hincapié en que esta evaluación debe tomar en consideración si la prestación de servicios la efectúan profesionales o particulares, de forma que los requisitos jurídicos para los particulares que prestan servicios de manera ocasional («pares») sean menos rigurosos, al tiempo que se garantizan normas de calidad y un elevado nivel de protección de los consumidores y se toman en consideración las diferencias sectoriales;

17.  Reconoce la necesidad de que los operadores establecidos, los nuevos operadores y los servicios vinculados a las plataformas digitales así como a la economía colaborativa se desarrollen en un entorno favorable para las empresas, con una competencia sana y transparencia en relación con los cambios legislativos; está de acuerdo en que, al evaluar los requisitos de acceso al mercado en el contexto de la Directiva de servicios, los Estados miembros deben tener en cuenta las características específicas de las empresas de economía colaborativa;

18.  Insta a la Comisión a que colabore con los Estados miembros para ofrecer nuevas orientaciones sobre el establecimiento de criterios eficaces que permitan establecer una distinción entre «pares» (particulares que ofrecen servicios de manera ocasional) y profesionales, lo que es esencial para el correcto desarrollo de la economía colaborativa; señala que estas orientaciones deben aportar claridad y seguridad jurídica y tener en cuenta, entre otras cosas, las diferentes legislaciones de los Estados miembros y sus realidades económicas, como el nivel de ingresos, las características de los sectores, la situación de las microempresas y las pequeñas empresas y el fin lucrativo de la actividad; opina que el establecimiento de una serie de principios y criterios generales a escala de la Unión y una serie de umbrales a escala nacional podría ser la manera de proceder, e insta a la Comisión a que realice un estudio sobre esta cuestión;

19.  Atrae la atención sobre el hecho de que, si bien la fijación de umbrales puede establecer líneas divisorias adecuadas entre los pares y las empresas, al mismo tiempo podría crear disparidades entre las microempresas y las pequeñas empresas, por una parte, y los pares por otra; considera que la igualdad de condiciones entre categorías comparables de prestadores de servicios es sumamente recomendable; pide que se supriman las cargas reguladoras innecesarias y los requisitos de acceso al mercado innecesarios para todos los operadores de las empresas, en particular las microempresas y las pequeñas empresas, dado que también frenan la innovación;

20.  Celebra la iniciativa de la Comisión destinada a asegurar la adecuación de la legislación en materia de protección de los consumidores y evitar el uso abusivo de la economía colaborativa para eludir la legislación; considera que los consumidores deben gozar de un nivel elevado y efectivo de protección, con independencia de si los prestadores de los servicios son profesionales o pares, y destaca, en particular, la importancia que reviste la protección de los consumidores en las operaciones entre pares, al tiempo que reconoce que la autorregulación puede ofrecer algún tipo de protección;

21.  Pide que se adopten medidas destinadas a asegurar el uso total y el continuo respeto de las normas en materia de protección de los consumidores por parte de los proveedores de servicios ocasionales, de forma igual o comparable a la de los proveedores de servicios profesionales;

22.  Señala que los consumidores deben tener acceso a información que les permita saber si las calificaciones realizadas por otros usuarios de un servicio están influidas por el proveedor del servicio, por ejemplo mediante publicidad de pago;

23.  Destaca la necesidad de una mayor claridad en relación con la protección de los consumidores en caso de litigio, y pide a las plataformas colaborativas que velen por el establecimiento de sistemas efectivos para los procedimientos de reclamación y la resolución de litigios, simplificando el modo en que los consumidores pueden ejercer sus derechos;

24.  Subraya que los modelos empresariales de la economía colaborativa se basan fundamentalmente en la reputación, y destaca que la transparencia es esencial a este respecto; considera que, en muchos casos, los modelos empresariales de la economía colaborativa confieren poder a los consumidores y les permiten asumir un papel activo, apoyado por la tecnología; destaca que siguen siendo necesarias normas para proteger a los consumidores en la economía colaborativa, especialmente cuando los mercados estén dominados por determinados agentes, la información sea asimétrica o no haya competencia ni posibilidad de elección; subraya la importancia de garantizar que los consumidores reciban información adecuada sobre el régimen jurídico aplicable a cada transacción y los consiguientes derechos y obligaciones jurídicas;

25.  Insta a la Comisión a que precise aún más y tan rápidamente como sea posible el régimen de responsabilidad de las plataformas colaborativas, con objeto de promover un comportamiento responsable, la transparencia y la seguridad jurídica e incrementar así la confianza de los consumidores; reconoce, en particular, la falta de seguridad, en especial por lo que respecta a la cuestión de si una plataforma está prestando un servicio subyacente o simplemente ofreciendo un servicio de la sociedad de la información, conforme a la Directiva sobre el comercio electrónico; insta, por lo tanto, a la Comisión a que proporcione orientaciones adicionales sobre estos aspectos y considere la necesidad de adoptar más medidas para reforzar la eficacia del marco reglamentario; anima al mismo tiempo a las plataformas colaborativas a que adopten medidas voluntarias a este respecto;

26.  Pide a la Comisión que lleve a cabo un examen más detallado de la legislación de la Unión con el fin de reducir la incertidumbre y garantizar una mayor seguridad jurídica en lo referente a las normas aplicables a los modelos de empresa colaborativa así como de evaluar si sería adecuado disponer de normas nuevas o modificadas, en particular por lo que respecta a los intermediarios activos y sus requisitos en materia de información y transparencia, incumplimiento y responsabilidad;

27.  Considera que todo nuevo marco reglamentario debería aprovechar al máximo la capacidad de autogestión de las plataformas y los mecanismos de revisión inter pares, dado que ambos han demostrado su eficacia y capacidad de tener en cuenta la satisfacción de los consumidores con respecto a los servicios colaborativos; está convencido de que las propias plataformas colaborativas pueden desempeñar un papel activo en la creación de este nuevo entorno regulador corrigiendo la información asimétrica, en particular mediante mecanismos de reputación digitales dirigidos a reforzar la confianza de los usuarios; constata, al mismo tiempo, que la capacidad de autorregulación de las plataformas colaborativas no elimina la necesidad de las normas existentes, como la Directiva de servicios y la Directiva sobre el comercio electrónico, la legislación de la Unión en materia de protección de los consumidores y otras normas posibles;

28.  Considera, por lo tanto, que los mecanismos digitales dirigidos a reforzar la confianza son una parte fundamental de la economía colaborativa; se congratula por todos los esfuerzos e iniciativas impulsados por las plataformas colaborativas para evitar distorsiones así como por los destinados a aumentar la confianza y la transparencia de los mecanismos de evaluación y calificación, estableciendo criterios fiables en materia de reputación, introduciendo garantías o seguros, la verificación de la identidad de los pares y prosumidores y la creación de sistemas de pago seguros y transparentes; considera que estos nuevos desarrollos tecnológicos, como los mecanismos de valoración bidireccionales, los controles y calificaciones independientes y la adopción voluntaria de sistemas de certificación, son buenos ejemplos de cómo evitar abusos, manipulaciones y comentarios falsos; anima a las plataformas colaborativas a inspirarse en las mejores prácticas y a concienciar a los usuarios acerca de sus obligaciones jurídicas;

29.  Destaca la importancia fundamental de clarificar los métodos de funcionamiento de los sistemas automáticos de toma de decisiones basados en algoritmos, a fin de garantizar la equidad y la transparencia de los algoritmos; pide a la Comisión que examine asimismo esta cuestión desde la perspectiva del Derecho de la competencia de la Unión; pide a la Comisión que participe con los Estados miembros, el sector privado y las autoridades reguladoras pertinentes con vistas a establecer criterios efectivos para la elaboración de principios de responsabilidad en materia de algoritmos para las plataformas colaborativas basadas en el proceso de datos;

30.  Destaca la necesidad de evaluar el diferente impacto del uso de los datos en los distintos sectores de la sociedad, de prevenir la discriminación y de verificar el perjuicio que los macrodatos puedan causar a la vida privada; recuerda que la Unión ya ha elaborado un amplio marco para la protección de los datos en el Reglamento general de protección de datos e insta, por lo tanto, a las plataformas de la economía colaborativa a no ignorar la cuestión de la protección de datos, informando de manera transparente a los prestadores de servicios y a los usuarios sobre los datos personales que se recopilan y el modo en que se procesan;

31.  Reconoce que muchas normas del acervo de la Unión ya se pueden aplicar a la economía colaborativa; insta a la Comisión a que evalué la necesidad de seguir desarrollando el marco jurídico de la Unión con objeto de evitar una nueva fragmentación del mercado único, conforme a los principios de mejora de la legislación y las experiencias de los Estados miembros; considera que este marco debe armonizase, cuando proceda, y ser flexible, neutral desde el punto de vista tecnológico y tener perspectivas de futuro, así como consistir en una combinación de principios generales y normas específicas, además de cualquier otra regulación sectorial que pudiera ser necesaria;

32.  Hace hincapié en la necesidad de disponer de legislación coherente a fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior para todos y pide a la Comisión que proteja la actual normativa y legislación sobre los derechos de los trabajadores y consumidores antes de introducir legislación nueva que pueda fragmentar el mercado interior;

La competencia y el cumplimiento de las obligaciones fiscales

33.  Celebra el hecho de que el auge de la economía colaborativa haya intensificado la competencia y retado a los operadores actuales a centrarse en las demandas reales de los consumidores; alienta a la Comisión a fomentar unas condiciones de competencia equitativas en servicios comparables entre las plataformas colaborativas y entre estas y la empresas tradicionales; destaca la importancia de detectar y suprimir los obstáculos a la aparición y el desarrollo de empresas colaborativas, en particular de reciente creación; destaca, en este contexto, la necesidad de asegurar la libre circulación, la portabilidad y la interoperabilidad de los datos, lo que facilita el cambio entre plataformas y evita los efectos de bloqueo, dado que estos factores son esenciales para desarrollar una competencia abierta y leal y capacitar a los usuarios de las plataformas colaborativas al tiempo que se tienen en cuenta los legítimos intereses de todos los agentes del mercado y se protege la información de los usuarios y sus datos personales;

34.  Se congratula por la mayor trazabilidad de las transacciones económicas posibilitada por las plataformas en línea con objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y su aplicación, pero manifiesta su preocupación por los problemas surgidos hasta ahora en algunos sectores; subraya que la economía colaborativa no debe utilizarse nunca como medio para eludir las obligaciones tributarias; destaca, asimismo, la necesidad urgente de colaboración entre las autoridades competentes y las plataformas colaborativas en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la recaudación de impuestos; reconoce que estas cuestiones se han abordado en determinados Estados miembros y toma nota de la eficaz cooperación público-privada en este ámbito; insta a la Comisión a que facilite el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros, incluidas las autoridades competentes y las partes interesadas, con objeto de propiciar soluciones efectivas e innovadoras que mejoren el cumplimiento de las obligaciones fiscales y su aplicación, a fin de eliminar también el riesgo de fraude fiscal transfronterizo; pide a las plataformas colaborativas que desempeñen una función activa a este respecto; alienta a los Estados miembros a que aclaren y cooperen en lo referente a la información que los diferentes agentes de la economía colaborativa deben comunicar a las autoridades fiscales en el contexto de sus obligaciones de información fiscal, como prevé la legislación nacional;

35.  Comparte la opinión de que deben imponerse obligaciones tributarias funcionalmente similares a las empresas que prestan servicios comparables, tanto en la economía tradicional como en la economía colaborativa, y considera que los impuestos deben pagarse donde se generan los beneficios y en los casos en que no se trate simplemente de contribuciones a los costes, al tiempo que se respeta el principio de subsidiariedad y de conformidad con las legislaciones fiscales nacionales y locales;

Impacto en el mercado laboral y derechos de los trabajadores

36.  Destaca que la revolución digital tiene un impacto significativo en el mercado laboral y que las tendencias que están surgiendo en la economía colaborativa forman parte de una tendencia actual en el contexto de la digitalización de la sociedad;

37.  Señala, al mismo tiempo, que la economía colaborativa ofrece nuevas oportunidades, así como vías nuevas y flexibles de acceso al empleo para todos los usuarios, en especial para los trabajadores por cuenta ajena, los desempleados y las personas que en la actualidad están excluidas del mercado laboral o que no podrían acceder a este, y podría, por lo tanto, servir como punto de entrada al mercado laboral, especialmente para los jóvenes y los grupos marginados; señala, no obstante, que, en determinadas circunstancias, este hecho puede desembocar en situaciones de precariedad; subraya la necesidad de que, por una parte, el mercado laboral sea flexible y, por otra, de que los trabajadores gocen de seguridad económica y social, conforme a las costumbres y tradiciones de los Estados miembros;

38.  Hace especial hincapié en la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores en los servicios colaborativos, ante todo el derecho de los trabajadores a organizarse, a emprender acciones colectivas y a negociar convenios colectivos, con arreglo a las prácticas y legislaciones nacionales; afirma que todos los trabajadores de la economía colaborativa son, o bien trabajadores por cuenta ajena o bien trabajadores por cuenta propia, según la primacía de los hechos, y que se les debe clasificar en consecuencia; insta a los Estados miembros y a la Comisión a que, en sus respectivos ámbitos de competencia, garanticen condiciones laborales justas y una adecuada protección jurídica y social para todos los trabajadores de la economía colaborativa, con independencia de su estatus;

39.  Subraya la importancia de garantizar los derechos fundamentales del creciente número de trabajadores por cuenta ajena, así como su adecuada protección en materia de seguridad social, ya que son actores clave de la economía colaborativa, incluido el derecho a emprender acciones colectivas y a negociar convenios colectivos, y también por lo que respecta a su remuneración;

40.  Insta a los Estados miembros a que reconozcan que la economía colaborativa también conllevará perturbaciones, por lo que deben preparar medidas de absorción para determinados sectores y apoyar la formación y la recolocación;

41.  Subraya la importancia de que los trabajadores de las plataformas colaborativas puedan beneficiarse de la portabilidad de las evaluaciones y calificaciones, que constituyen su valor en el mercado digital, así como de facilitar la transferibilidad y acumulación de las evaluaciones y calificaciones en las diferentes plataformas al tiempo que se respetan las normas relativas a la protección de datos y la privacidad de todas las partes implicadas; señala la posibilidad de que se produzcan prácticas desleales y arbitrarias en las evaluaciones en línea, lo que puede afectar a las condiciones laborales y a los derechos de los trabajadores de las plataformas colaborativas así como a su capacidad para conseguir empleo; considera que los mecanismos de evaluación y calificación deben elaborarse de forma transparente, y que se debe informar y consultar a los trabajadores en los niveles adecuados, así como con arreglo a las legislaciones y las prácticas de los Estados miembros, sobre los criterios generales utilizados para la elaboración de dichos mecanismos;

42.  Subraya la importancia que reviste la actualización de las competencias en un entorno laboral cambiante, así como de garantizar que todos los trabajadores dispongan de las cualificaciones adecuadas requeridas en la sociedad y la economía digitales; anima a la Comisión, los Estados miembros y las empresas de la economía colaborativa a que posibiliten el acceso a la formación profesional permanente y al desarrollo de las competencias digitales; considera que las inversiones públicas y privadas y las oportunidades de financiación para la formación profesional y permanente son especialmente necesarias para las microempresas y las pequeñas empresas;

43.  Destaca la importancia del teletrabajo y del trabajo inteligente en el marco de la economía colaborativa y defiende, a este respecto, la necesidad de equiparar estas modalidades laborales con las tradicionales;

44.  Pide a la Comisión que estudie en qué medida la Directiva sobre las empresas de trabajo temporal (2008/104/EC) es aplicable a plataformas en línea específicas; considera que muchas de las plataformas en línea que actúan de intermediarias tienen una estructura similar a la de las empresas de trabajo temporal (relación contractual triangular entre: el trabajador de la empresa temporal/el trabajador de la plataforma; la empresa de trabajo temporal/la plataforma en línea; la empresa usuaria/el cliente);

45.  Pide a los servicios de empleo público nacionales y a la red EURES que informen mejor acerca de las oportunidades que ofrece la economía colaborativa;

46.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que faciliten información adecuada a los trabajadores de las plataformas sobre las condiciones laborales y de empleo y los derechos de los trabajadores, así como sobre su relación laboral tanto con las plataformas como con los usuarios; considera que las plataformas deberían desempeñar un papel proactivo en el suministro de información a los usuarios y los trabajadores sobre el marco regulador aplicable con el fin de cumplir los requisitos legales;

47.  Atrae la atención sobre la falta de datos relacionados con los cambios en el entorno laboral que ha producido la economía colaborativa; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en cooperación con los interlocutores sociales, recopilen datos más fiables y completos a este respecto, y anima a los Estados miembros a que designen a una entidad competente nacional ya existente para que controle y evalúe las tendencias emergentes en el mercado laboral colaborativo; destaca la importancia que revisten en este contexto los intercambios de información y buenas prácticas entre los Estados miembros; subraya la importancia de supervisar el mercado de trabajo y las condiciones laborales de la economía colaborativa con objeto de luchar contra las prácticas ilegales;

Dimensión local de la economía colaborativa

48.  Constata que un creciente número de autoridades y gobiernos locales participan ya activamente en la regulación y el desarrollo de la economía colaborativa, centrándose en las prácticas colaborativas como objeto de sus políticas y principio organizativo de nuevas formas de gobernanza colaborativa y democracia participativa;

49.  Señala que las autoridades nacionales, regionales y locales disponen de un amplio margen de maniobra para adoptar medidas específicas con objeto de abordar objetivos de interés público claramente definidos con medidas proporcionadas que se ajusten plenamente a la legislación de la Unión; pide, por tanto, a la Comisión que apoye a los Estados miembros en la elaboración de sus políticas y en la adopción de normas coherentes con la legislación de la Unión;

50.  Observa que las ciudades han sido pioneras en este sentido y que hay características urbanas, como la densidad de población y la proximidad física, que propician la adopción de prácticas colaborativas, desplazando la atención de las ciudades inteligentes a las ciudades colaborativas y facilitando la transición a unas infraestructuras más orientadas a los ciudadanos; se muestra asimismo convencido de que la economía colaborativa puede brindar importantes oportunidades a las periferias interiores, las zonas rurales y los territorios desfavorecidos, favorecer formas de desarrollo nuevas e integradoras, tener un impacto socioeconómico positivo y ayudar a las comunidades marginadas con beneficios indirectos para el sector del turismo;

Fomento de la economía colaborativa

51.  Señala la importancia de unas capacidades, competencias y formación adecuadas para que el mayor número posible de personas pueda desempeñar un papel activo en la economía colaborativa y liberar su potencial;

52.  Destaca que las TIC permiten que las ideas innovadoras se desarrollen rápida y eficientemente en la economía colaborativa, a la vez que conectan y empoderan a los participantes, ya se trate de usuarios o de proveedores de servicios, facilitando su acceso al mercado, así como su participación en este, y haciendo más accesibles las zonas alejadas y rurales;

53.  Pide a la Comisión que fomente activamente la cooperación entre el sector público y el privado, en particular con respecto a la adopción de identificaciones electrónicas, a fin de aumentar la confianza de los consumidores y de los prestadores de servicios en las transacciones en línea, sobre la base del marco de la Unión para el reconocimiento mutuo de identificaciones electrónicas, y que elimine otras barreras existentes para el crecimiento de la economía colaborativa, como los obstáculos para proporcionar regímenes de seguros transfronterizos;

54.  Señala que la introducción del 5G transformará radicalmente la lógica de nuestras economías, haciendo que los servicios sean más diversos y accesibles; destaca, a este respecto, la importancia de crear un mercado competitivo para empresas innovadoras, cuyos buenos resultados determinarán en última instancia la fortaleza de nuestras economías;

55.  Señala que, como consecuencia de la creciente importancia de la economía colaborativa en el sector energético, los consumidores, los productores, los particulares y las comunidades pueden tomar parte de manera eficiente en distintas fases descentralizadas del ciclo de las energías renovables, en particular la autogeneración y el autoconsumo, el almacenamiento y la distribución, en consonancia con los objetivos de la Unión en materia de clima y energía;

56.  Señala que la economía colaborativa prospera, en particular, en aquellas comunidades en las que existen modelos sólidos de intercambio de conocimientos y educación, lo que cataliza y refuerza una cultura de innovación abierta; subraya la importancia de políticas coherentes y de la implantación de la banda ancha y ultraancha como una condición previa para desarrollar el pleno potencial de la economía colaborativa y cosechar los beneficios que ofrece el modelo colaborativo; recuerda, por consiguiente, la necesidad de garantizar un acceso adecuado a la redes para todos los ciudadanos de la Unión, en especial en las zonas menos pobladas, remotas o rurales donde todavía no se dispone de suficiente conectividad;

57.  Subraya que la economía colaborativa requiere apoyo para su crecimiento y expansión y debe mantenerse abierta a la investigación, las innovaciones y las nuevas tecnologías con objeto de atraer inversiones; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que la legislación y las políticas de la Unión están preparadas para el futuro, en particular en lo que se refiere a la creación de espacios no exclusivos, orientados a la experimentación, que fomentan la conectividad y la alfabetización digitales, apoyan a los emprendedores y las empresas emergentes europeos e incentivan la industria 4.0, los centros de innovación y los conglomerados e incubadoras de empresas, al tiempo que desarrollan sinergias de cohabitación con modelos de negocio tradicionales;

58.  Subraya la compleja naturaleza del sector del transporte dentro de la economía colaborativa y fuera de ella; señala que este sector está sujeto a una estricta regulación; observa el potencial que poseen los modelos de economía colaborativa para mejorar considerablemente la eficiencia y el desarrollo sostenible del sistema de transporte (también mediante la expedición multimodal de billetes y el desplazamiento en un solo trayecto para los usuarios de transportes con una aplicación de economía colaborativa) y su seguridad, así como para incrementar la accesibilidad de las zonas remotas y reducir las externalidades indeseadas de la congestión del tráfico;

59.  Pide a las autoridades pertinentes que promuevan la coexistencia beneficiosa de los servicios de transporte colaborativos y el sistema de transporte convencional; invita a la Comisión a integrar la economía colaborativa en su trabajo sobre nuevas tecnologías en el transporte (vehículos conectados, vehículos autónomos, expedición digital de billetes integrada y sistemas de transportes inteligentes) debido a sus interacciones significativas y sinergias naturales;

60.  Hace hincapié en la necesidad de que las plataformas y sus usuarios cuenten con seguridad jurídica a fin de velar por el desarrollo de la economía colaborativa en el sector del transporte en la Unión; apunta que, en el sector de la movilidad, es importante diferenciar claramente entre, por una parte, i) el uso compartido del coche y el reparto de costes en el contexto de un viaje que el conductor planea realizar para sus propios fines y, por otras, ii) los servicios de transporte de viajeros regulados;

61.  Recuerda que, conforme a las estimaciones de la Comisión, el alojamiento entre pares es el sector más importante de la economía colaborativa en relación con el comercio generado, mientras que el transporte entre pares es el mayor en cuanto a ingresos por plataforma;

62.  Destaca que en el sector del turismo las casas compartidas representan un uso excelente de recursos y espacios infrautilizados, especialmente en las zonas que no se benefician tradicionalmente del turismo;

63.  Condena, en este sentido, la imposición de normas por parte de algunas autoridades públicas, que persiguen restringir la oferta de alojamientos turísticos a través de la economía colaborativa;

64.  Atrae la atención sobre las dificultades a las que se enfrentan las plataformas colaborativas europeas a la hora de acceder a capital riesgo y en su estrategia de expansión, lo que se ve agravado por el reducido tamaño y la fragmentación de los mercados nacionales así como por la aguda escasez de inversiones transfronterizas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aprovechen al máximo los instrumentos financieros existentes para invertir en empresas colaborativas e impulsar iniciativas destinadas a facilitar el acceso a financiación, en particular para las empresas emergentes y las pymes;

65.  Hace hincapié en que los sistemas de financiación colaborativa, como la microfinanciación colectiva, son un complemento importante de las vías de financiación tradicionales como parte de un ecosistema de financiación eficaz;

66.  Observa que los servicios prestados por las pymes en el sector de la economía colaborativa no siempre están suficientemente adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad y de edad avanzada; pide que se desarrollen instrumentos y programas destinados a apoyar a estos operadores para que tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad;

67.  Pide a la Comisión que facilite y promueva el acceso de los emprendedores europeos que operen en el sector de la economía colaborativa a líneas de financiación adecuadas, también en el contexto del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Horizonte 2020;

68.  Observa la rápida evolución y la creciente difusión de tecnologías innovadoras e instrumentos digitales, como por ejemplo las cadenas de bloques (blockchains) y las tecnologías de registros distribuidos (TRD), también en el sector financiero; subraya que el uso de estas tecnologías descentralizadas podría permitir operaciones y conexiones eficaces entre pares en la economía colaborativa, teniendo como resultado la creación de mercados o redes independientes y sustituyendo, en el futuro, el papel de los intermediarios que, hoy en día, desempeñan las plataformas colaborativas;

69.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0009.

(2)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0237.

(3)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0455.

(4)

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11834-2016-INIT/en/pdf

(5)

DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.

(6)

DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

(7)

DO L 149 de 11.6.2005, p. 22.

(8)

DO L 337 de 18.12.2009, p. 11.

(9)

DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.

(10)

ECON-VI/016.

(11)

INT/793 EESC-2016-3545-00-00-AC-TRA.

(12)

Encuesta «Flash» de Eurobarómetro n.º 438 (marzo de 2016) sobre «El uso de las plataformas de economía colaborativa».


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Presentación general de la economía colaborativa

El concepto de economía colaborativa abarca una amplia gama de actividades derivadas de distintos modelos de negocio colaborativos, en particular aquellos sin ánimo de lucro; dichos modelos van desde las plataformas colaborativas que permiten el intercambio de bienes y servicios en todo el mundo a las pequeñas pymes colaborativas que prestan servicios a sus comunidades.

Estos últimos años ha habido un rápido crecimiento de la economía colaborativa en cuanto a número de usuarios, transacciones e ingresos, lo que ha acabado reconfigurando la manera en que se ofrecen productos y servicios en numerosos ámbitos. A principios de 2014, los ámbitos de actividad que habían resultado más afectados solo eran seis (bienes y comercio al por menor; servicios; espacio y alojamiento; alimentación; transporte, y dinero), mientras que en 2016 se había prácticamente triplicado el número de ámbitos marcados por estos cambios, ya sea por el contagio a otros sectores (por ejemplo, salud, aprendizaje, logística, municipios, espacio, servicios públicos como electricidad, etc.) o la creación de nuevos tipos de actividades (es decir, el movimiento maker aplicado al sector de bienes).

Hay toda una serie de términos, a menudo intercambiables, a los que se recurre para describir este fenómeno en rápida expansión: economía participativa, economía inter pares, economía a la demanda, economía de bolos, consumo colaborativo o capitalismo participativo, entre otros. Estas definiciones reflejan tanto la dinámica del fenómeno en sí como la magnitud e intensidad del debate político y académico que tiene lugar al respecto.

Ya existen varias definiciones de economía colaborativa; para el diccionario Oxford, se trata de un sistema económico en el que los bienes o servicios son compartidos por particulares, ya sea gratuitamente o previo desembolso, generalmente a través de internet,(1)mientras que la Comisión, en su Comunicación, se refiere a ella como «modelos de negocio en los que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas que crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por particulares», al tiempo que precisa que, por lo general, «las transacciones de la economía colaborativa no implican un cambio de propiedad y pueden realizarse con o sin ánimo de lucro».

En la economía colaborativa y sus modelos de negocio se suelen distinguir tres grandes categorías de agentes:

i) los prestadores de servicios, particulares que ofrecen servicios (activos, competencias o tiempo, ya sea gratuitamente o previo pago) de manera ocasional («pares») o a título profesional («profesionales»);

ii) los usuarios de dichos servicios, y

iii) las plataformas colaborativas que conectan a la oferta con la demanda en tiempo real y facilitan las transacciones.

2. Respuesta de la Comisión

La Comisión presentó en junio de 2016 una Comunicación titulada «Una Agenda Europea para la economía colaborativa» al objeto de abordar las preocupaciones sobre la incertidumbre acerca de los derechos y las obligaciones de los distintos agentes que participan en la economía colaborativa y ofrecer respuestas desde el punto de vista de la Unión. Lo que se pretende mediante dicha Comunicación es brindar orientaciones no vinculantes sobre la manera de aplicar la legislación vigente de la Unión a los modelos de negocio de la economía colaborativa, examinando para ello, agrupadas en cinco ámbitos clave, las cuestiones a las que se enfrentan tanto los operadores del mercado como las autoridades públicas: 1.) requisitos de acceso al mercado, 2.) regímenes de responsabilidad, 3.) protección de los usuarios, 4.) trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia en la economía colaborativa y 5.) fiscalidad.

3. Principales cuestiones en relación con la economía colaborativa

3.1. Ventajas y oportunidades

La economía colaborativa podría brindar importantes oportunidades a los consumidores, las empresas y los ciudadanos, así como generar nuevos empleos, crecimiento y fuentes de ingresos.

Se calcula que las plataformas colaborativas en funcionamiento en cinco sectores claves de esta economía consiguieron en 2015 unos ingresos de 3 600 millones de euros en la Unión Europea(2). El potencial de la economía colaborativa es notable, con un crecimiento anual superior al 25 %(3), y según los cálculos los beneficios económicos derivados de un mejor uso de las capacidades como consecuencia de la economía colaborativa podrían en teoría alcanzar los 572 000 millones de euros(4). No obstante, estas cifras deben examinarse con un cierto escepticismo, dado que, a pesar de su importancia económica cada vez mayor, sigue siendo difícil medir el valor de la economía colaborativa, lo que se debe asimismo a la ausencia de una metodología acordada sobre cómo medir las consecuencias de distinto tipo que la economía colaborativa entraña para la economía, la sociedad y el medio ambiente, así como a los escasos datos recabados.

Varios estudios señalan que la economía colaborativa concita un interés y apoyo bastante considerable entre los consumidores(5). Hay una serie de motivos que impulsan a los pares a participar en este nuevo modelo de negocio, como las ventajas económicas, la calidad y lo positivo de la experiencia, además de la buena repercusión sobre la sociedad. Según el Eurobarómetro, el 42 % de los consumidores consideran que los servicios de la economía colaborativa son más prácticos, y un 33 % valoran positivamente que resulten más baratos o incluso gratuitos(6).

3.2. Principales desafíos y riesgos

No se pueden dejar de señalar asimismo las importantes consecuencias que los modelos de negocio de la economía colaborativa están entrañando para numerosas empresas tradicionales y sus modelos de producción y consumo de larga data. En los últimos años, el rápido crecimiento sin regulación de este fenómeno ha desembocado en una serie de desafíos y posibles riesgos que procede examinar y sobre los que se debe reflexionar.

En primer lugar, se han planteado numerosas dudas en cuanto a los derechos del consumidor y el régimen de protección de este en lo que respecta a cuestiones delicadas que afectan a la confidencialidad de los datos, la transparencia y la fiabilidad de la información facilitada a los consumidores, los regímenes de responsabilidad de las plataformas colaborativas, la equidad algorítmica y las posibles formas de discriminación. Es posible que exista el riesgo de que se rebajen las normas mínimas, especialmente en las transacciones entre pares (P2P), en comparación con las normas de aplicación cuando servicios similares son prestados por profesionales. Por otra parte, el rápido despliegue de las plataformas colaborativas ha derivado en algunos sectores en un riesgo de competencia desleal a través de la creación de nuevos monopolios y mecanismos de cautividad de los usuarios. Todo ello ha entrañado asimismo graves dificultades en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones tributarias y la recaudación, a pesar de la mayor trazabilidad de las transacciones económicas.

Cabe por último señalar que los modelos de negocio colaborativos surgidos en el marco de la actual revolución digital están afectando poderosamente tanto el mercado de trabajo como las relaciones laborales entre las plataformas colaborativas y los trabajadores, existiendo el riesgo real de que tenga lugar un menoscabo de las condiciones de trabajo justas, las normas jurídicas mínimas y la protección social adecuada.

3.3. Marco regulador

Las principales cuestiones que se plantean en lo que respecta al marco regulador son dos: 1.) ¿qué disposiciones del acervo comunitario pueden ser de aplicación a la economía colaborativa?; 2.) ¿resulta la normativa vigente de la Unión adecuada para ofrecer a los distintos agentes de la economía colaborativa la claridad, capacitación y protección que necesitan?

Los modelos de negocio colaborativos son más complejos y diversos, variando entre sí en cuanto al nivel de descentralización y desprofesionalización y contando con la participación de nuevos agentes económicos, pares y prosumidores. Además, por el momento ha imperado la incertidumbre en cuanto a la distinción clara entre el prestador de servicios profesional o comerciante y el consumidor, debido a las relaciones multilaterales en las que el consumidor participa en cuanto prestador de servicios en transacciones ya sea entre consumidores (P2P) o entre consumidores y empresas.

Las dificultades surgen porque el marco jurídico vigente de la Unión fue concebido para regular las empresas tradicionales y proteger los derechos de los consumidores en cuanto parte vulnerable en una transacción comercial. Al plantearse, estas dudas en cuanto a los derechos y las obligaciones de los distintos agentes de la economía colaborativa resultan en un clima de incertidumbre, la cual está vinculada a multitud de aspectos: el marco regulador de la Unión que se debe aplicar, las obligaciones reglamentarias de los distintos agentes de la economía colaborativa, los derechos del consumidor, el régimen de responsabilidad, la situación de los trabajadores y el régimen fiscal, por nombrar solo los principales.

3.4. Riesgo de fragmentación del mercado único

La economía colaborativa ha sido objeto de distintas respuestas normativas no solo por parte de los Estados miembros, sino también de las autoridades regionales y locales y sus órganos judiciales, así como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea(7). Las respuestas y reacciones son muy variadas y reflejan los distintos enfoques de los Estados miembros a la hora de hacer frente a los desafíos que plantea el modelo de negocio de la economía colaborativa, que pueden diferir incluso dentro de un mismo país.

Algunos Estados miembros están elaborando medidas específicas y criterios tendentes a imponer a los pares requisitos legales menos onerosos, y en ciertos casos se hace la distinción entre la prestación de servicios profesional y la no profesional mediante el establecimiento de umbrales para los ingresos procedentes de la economía colaborativa en el caso de los pares y la aplicación de tipos impositivos más bajos(8). En otros países, las autoridades nacionales están estudiando la posibilidad de implantar obligaciones de información más estrictas para las plataformas colaborativas(9).

Procede señalar que la reacción de las ciudades frente a la economía colaborativa ha destacado del resto por su rapidez al haber características urbanas, como la densidad de población y las distancias cercanas, que han propiciado una adopción acelerada de los comportamientos colaborativos, en particular en sectores como el del alojamiento y el transporte(10). Algunos de los casos positivos de colaboración entre autoridades locales competentes y plataformas colaborativas han desembocado en buenas prácticas, como la impartición de formación profesional a prosumidores, regímenes de seguros o una mayor concienciación entre los usuarios de las posibles obligaciones fiscales y legales(11).

Estos y otros ejemplos de medidas adoptadas por algunos Estados miembros, autoridades regionales y ciudades, en ocasiones contando con la participación activa de las plataformas colaborativas, son un ejemplo de las buenas prácticas que podrían ser aplicadas en toda la Unión; estas medidas unilaterales fragmentarias imponen no obstante numerosas limitaciones y entrañan más obstáculos para las empresas colaborativas de la Unión que quieran crecer y expandirse, así como para los consumidores, lo que en última instancia socava algunas de las ventajas de la economía colaborativa y amenaza con acabar fragmentando el mercado único.

3. Prioridades clave del ponente

El ponente es consciente de los importantes ventajas y oportunidades que la economía colaborativa entraña para la sociedad y la economía, sin dejar por ello ni de seguir con atención los posibles desafíos ya puestos de relieve ni de mostrarse especialmente preocupado por el riesgo que puede haber de fragmentación del mercado único en tanto la economía colaborativa no esté en gran parte regulada.

Por lo tanto, considera que lo principal y más apremiante es atender la necesidad de un marco europeo horizontal compuesto por una combinación de principios generales y normas específicas que abra camino a unas condiciones de competencia equitativas en la Unión que sean homogéneas a la par que dinámicas e impidan posibles consecuencias negativas para los trabajadores, el riesgo de competencia desleal entre los sectores tradicionales y las plataformas de colaboración, y la elusión fiscal.

No menos urgente es la necesidad de definir las características y las responsabilidades de los agentes clave de la economía colaborativa, en particular por lo que respecta a:

- una distinción clara entre pares y profesionales;

- la naturaleza, los deberes y las responsabilidades de las plataformas colaborativas, y

- un nivel elevado de protección del consumidor, también en lo relativo a las relaciones P2P y sus transacciones.

El ponente acaba por instar a que se siga fomentando el modelo de economía colaborativa de la Unión a través de instrumentos financieros e inversión en formación. En su opinión, una realización equitativa y convenientemente regulada de la economía colaborativa podría brindar importantes oportunidades a todos los sectores de la sociedad y fomentar que la evolución económica de la Unión tenga un carácter más integrador y sostenible.

(1)

Véase: https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy

(2)

The Sharing Economy, Case Study 12 [la economía colaborativa, estudio de casos 12]; PwC, septiembre de 2013.

(3)

Ibidem; PwC, 2013.

(4)

The Cost of Non-Europe in the Sharing Economy [el coste de la no Europa en la economía participativa]; Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios, 2016.

(5)

Según la encuesta de la BEUC de julio de 2015, el 70 % de los consumidores han recurrido a estos servicios al menos una vez, y entre el 60 y el 80 % de los encuestados están muy satisfechos de la experiencia, un 32 % en cuanto prosumidores.

(6)

Encuesta «Flash» de Eurobarómetro n.º 438; Comisión Europea, junio de 2016.

(7)

Asuntos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea C-434/15 y C-526/15.

(8)

En Bélgica se ha tratado la cuestión de los pares que ofrecen servicios de manera ocasional mediante la aplicación de un tipo impositivo especial de únicamente un 10 % para los distintos ingresos hasta los 5 000 euros, en Italia se está estudiando la posibilidad de fijar en 10 000 euros el umbral para las rentas procedentes de la economía colaborativa no profesional y el Reino Unido anunció hace poco una desgravación fiscal de 2 000 libras para las rentas comerciales y de la propiedad.

(9)

Legislación francesa: Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique [ley n.º 2016-1321, de 7 de octubre de 2016, en pro de una república digital].

(10)

Como en el caso de Alemania y Bélgica: mientras que Berlín y Bruselas imponen a las plataformas de alojamiento estrictos requisitos para la inscripción, Hamburgo y la Región Flamenca han adoptado por su parte un enfoque distinto que se caracteriza por una relajación de dichos requisitos.

(11)

En Estonia se está llevando a cabo un proyecto piloto de colaboración entre las autoridades locales y una plataforma de uso compartido del automóvil, a fin de implantar una aplicación para la presentación de la declaración de la renta que resulte más práctica para varios modelos de negocio basados en soluciones digitales.


ANEXO: LISTA DE ENTIDADES O PERSONAS QUE HAN COLABORADO CON EL PONENTE

La siguiente lista se elabora con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva responsabilidad del ponente. Esta relación no es exhaustiva. El ponente o su gabinete han recibido contribuciones de las siguientes entidades antes de la votación en la Comisión IMCO:

Organización

AHTOP - Association pour un Hébergement et un Tourisme Professionnels (Asociación francesa del alojamiento y turismo profesionales)

Airbnb

Altroconsumo

Bed & Breakfast Association

BEUC - The European Consumer Organisation (Oficina europea de organizaciones de consumidores)

Blablacar

Instituto Bruegel

CMRE (Consejo de Municipios y Regiones de Europa)

Charlie24

CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) (Confederación nacional del artesanado y de la pequeña y mediana empresa)

Collaboriamo

Comité de las Regiones

CONFCOMMERCIO

Cooperatives Europe

Confederación de sindicatos daneses

EFCI - European Federation of Cleaning Industries (Federación europea de industrias de la limpieza)

Computación empresarial

Enterprise Rent-A-Car

Representación Permanente de Estonia ante la Unión Europea

ETUC (Confederación Europea de Sindicatos)

EUCoLab

Eurocities

EBSA (European Business Services Alliance) (Alianza europea de servicios a las empresas)

European Holiday Home Association

European Hotel Forum

Flint Global

Representación Permanente de Francia ante la Unión Europea

Heetch

HomeAway

Hotrec

IRU - Foro Internacional del Taxi

Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea

Ouishare

Representación Permanente de Eslovaquia ante la Unión Europea

Uber

Uni Global Union

Unionen

Volta

Wethic

Zurich Insurance


OPINIÓN de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (27.3.2017)

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre una Agenda Europea para la economía colaborativa

(2017/2003(INI))

Ponente de opinión (*): Joachim Schuster

(*)  Procedimiento de comisiones asociadas – artículo 54 del Reglamento

SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A.  Considerando que la Comunicación de la Comisión, de 6 de junio de 2016, titulada «Una Agenda Europea para la economía colaborativa» (COM(2016)0356) destaca la importancia creciente de la economía de las plataformas y su impacto en las políticas económica y laboral —en particular, en el crecimiento y el empleo—, al tiempo que formula recomendaciones políticas para los Estados miembros; considerando, asimismo, que la misma Comunicación formula una serie de orientaciones sobre la legislación aplicable de la Unión dirigidas a ayudar a los trabajadores, a las empresas, a los Estados miembros y a la sociedad en general a beneficiarse de la economía de las plataformas;

B.  Considerando que la promoción de la justicia y la protección social, tal como se definen en el artículo 3 del TUE y en el artículo 9 del TFUE, son también objetivos del mercado interior de la Unión;

C.  Considerando que las tasas de trabajo autónomo (2006: 3,7 %, 2016: 5,6 %) y el porcentaje de trabajadores con un segundo empleo (2002: 3,6 %; 2016: 4,2 %) están aumentando en la Unión; que faltan datos sobre el empleo en la economía de las plataformas, y que la Comisión y los Estados miembros tienen que abordar de forma más apropiada la dimensión social de la economía de las plataformas ofreciendo un análisis exhaustivo y los datos correspondientes sobre las nuevas formas de empleo, supervisando el entorno regulador en evolución y fomentando el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros, con el fin de ofrecer una respuesta a los problemas sociales relacionados con esta nueva economía;

D.  Considerando que los servidores y los domicilios sociales de las empresas de muchas plataformas se ubican fuera de la Unión y, con ello, evaden el marco normativo europeo;

E.  Considerando que la importancia de garantizar medios suficientes para ofrecer a escala nacional una protección social adecuada a todas las personas, independientemente de la forma de empleo en la que ejerzan su actividad y tanto si se trata de relaciones laborales convencionales como no convencionales o de trabajo por cuenta propia, está recogida en el informe del Parlamento de 20 de diciembre de 2016 sobre el pilar europeo de derechos sociales(1);

F.  Considerando que la Comunicación de la Comisión constituye una contribución inicial para un desarrollo equilibrado de la economía de las plataformas, teniendo en cuenta la rápida evolución de este tipo de economía y las lagunas e incertidumbres en la regulación que la caracterizan y que todavía no se han abordado, como las diferentes modalidades de empleo precario;

G.  Considerando que las modalidades de empleo en la economía colaborativa se pueden dividir en servicios físicos, como el trabajo a la carta, y servicios virtuales, como el trabajo colaborativo, que solo se transmite por medio de internet;

H.  Considerando que la economía colaborativa comprende modelos tan diversos como el «crowdfounding», el intercambio de bienes, los bancos de tiempo, los grupos de autoconsumo y el uso compartido de bienes, entre otros; que, por tanto, no se desarrolla siempre en un entorno digital, sino también en entornos de proximidad, a menudo sin ánimo de lucro, y que este tipo de economía no siempre se ejerce a escala global, sino que tiene también una dimensión local y no se ciñe exclusivamente al ámbito de lo económico, sino que hace hincapié en aspectos sociales, ambientales y de accesibilidad;

I.  Considerando que la economía de las plataformas ofrece muchas oportunidades para el crecimiento y la creación de empleo, en particular facilitando el acceso a aquellas personas que, entre otras circunstancias, están alejadas del mercado laboral o buscan nuevas modalidades de empleo que contemplen horarios laborales flexibles; que este tipo de economía puede ofrecer nuevos servicios innovadores, y que debería garantizar una buenas condiciones laborales, cobertura social y la conciliación del trabajo (a la carta) y la vida privada;

J.  Considerando que el acceso a la banda ancha de alta velocidad es fundamental para participar en la economía de las plataformas, y que la falta de esta banda ancha excluye potencialmente a partes de la sociedad, como las personas que viven en zonas desfavorecidas, rurales y ultraperiféricas, de su participación en los beneficios derivados de esas nuevas oportunidades;

K.  Considerando que los particulares y los prestadores de servicios que utilizan las plataformas deberían estar mejor informados sobre los requisitos legales que deben cumplir, en particular en lo que refiere a sus derechos y obligaciones relacionados con su situación laboral;

L.  Considerando que no existen estadísticas oficiales sobre el volumen de empleo en la economía de las plataformas;

  Introducción

1.  Destaca que la Unión debería apoyar el desarrollo de la economía de las plataformas precisando las disposiciones jurídicas aplicables y orientando su evolución hacia un modelo socialmente justo, equilibrado y sostenible; recomienda que la protección de los trabajadores en el marco de las nuevas modalidades de empleo, como la economía de las plataformas, se integre también en todos los demás ámbitos de actuación, además del empleo y los asuntos sociales;

2.  Toma nota de la multiplicación de iniciativas reguladoras locales y nacionales que afectan a la economía colaborativa(2); señala, en este mismo contexto, que el crecimiento de la economía de las plataformas y las reacciones que suscita a nivel político ponen en evidencia las posibilidades que ofrece el desarrollo de relaciones laborales y actividades que no encajan fácilmente en las categorías tradicionales de empleo subordinado e independiente, pero también los desafíos que plantea esa misma evolución;

3.  Señala que no existe una definición común de economía digital basada en las plataformas en línea («economía de las plataformas», «economía colaborativa», «economía participativa», etc.); observa que el uso del término «economía de las plataformas» parece ser la descripción más objetiva, y pide a la Comisión que garantice el empleo de terminología coherente;

4.  Insiste en la necesidad de diferenciar claramente entre plataformas «comerciales» y «no comerciales», con el fin de garantizar unas condiciones de competencia equitativas y asegurar que se distingue claramente entre las actividades no profesionales entre pares que comparten los gastos y los bienes y los prestadores de servicios que actúan a título profesional; pide a la Comisión que, en este mismo contexto, aliente a los Estados miembros a establecer definiciones y umbrales específicos por sector en colaboración con las partes interesadas pertinentes; destaca la importancia que reviste reconocer las actividades profesionales remuneradas de la economía de las plataformas como «trabajo», con independencia del término que se utilice («servicios», «tareas», «trayectos», etc.;

5.  Pide a la Comisión que estudie en qué medida las normas actuales de la Unión pueden aplicarse al mercado laboral digital, garantizando su debida aplicación y ejecución; pide a los Estados miembros que, en colaboración con los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes, evalúen de forma proactiva y con una lógica de anticipación la necesidad de modernizar la legislación en vigor, en particular los sistemas de seguridad social, con el fin de adaptarlos a los avances tecnológicos al tiempo que se garantiza la protección de los trabajadores; pide a la Comisión y a los Estados miembros que coordinen los sistemas de seguridad social con miras a asegurar la exportabilidad de las prestaciones y la acumulación de los períodos de cotización de conformidad con las legislaciones de la Unión y nacionales; alienta a los interlocutores sociales a que, cuando sea necesario, actualicen los convenios colectivos de forma que las normas de protección en vigor puedan mantenerse también en el entorno laboral digital;

6.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que la economía de las plataformas en línea que se desarrolle en la Unión sea sostenible en los planos social y ambiental, respete los derechos laborales y cumpla con unas garantías mínimas de calidad de las plataformas;

7.  Insta a la Comisión a que, con el concurso de los interlocutores sociales, diseñe modelos adecuados de control y seguimiento de la economía de las plataformas;

8.  Destaca que, hasta el momento, la economía colaborativa ha prosperado principalmente en las zonas urbanas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas dirigidas a colmar la brecha digital y garantizar el acceso a todos los ciudadanos sin discriminación alguna; insiste, en este mismo contexto, en la necesidad de desplegar la banda ancha en las zonas rurales con el fin de que todos los territorios de la Unión y todos los ciudadanos puedan beneficiarse del potencial inherente a la economía de las plataformas, en especial en el ámbito del empleo; insta a los Estados miembros a que refuercen los recursos financieros y humanos con el fin de permitir que las personas desfavorecidas adquieran las competencias digitales básicas;

  Relación de trabajo

9.  Constata que todos los trabajadores de la economía de las plataformas son, o bien empleados o bien autónomos, según una primacía de circunstancias; destaca que los Estados miembros deben clasificar en consecuencia todos los trabajos en la economía de las plataformas; destaca la necesidad de precisar este concepto, en particular con el fin de prevenir el trabajo autónomo ficticio y garantizar la protección de los derechos sociales y laborales de todos los trabajadores de la economía de las plataformas, con independencia de su situación oficial como asalariados o autónomos;

10.  Toma nota de la Comunicación de la Comisión titulada «Una Agenda Europea para la economía colaborativa» que ofrece, entre otros elementos, orientaciones para caracterizar las relaciones laborales en el mercado de trabajo digital; recuerda, en este mismo contexto, el enfoque jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que define el concepto de «trabajador», e efectos de la aplicación del Derecho de la Unión, como una relación laboral caracterizada por determinados criterios como la existencia de un vínculo de subordinación y una remuneración y por la naturaleza del trabajo(3); insta a la Comisión a que coopere con todos los Estados miembros con miras a precisar el concepto de «relación laboral» en el caso de los trabajos efectuados por medio de plataformas en línea, teniendo en cuenta la Recomendación n.º 198 de la OIT sobre la determinación de una relación de trabajo;

11.  Destaca que todos los trabajadores tienen derecho a disfrutar de una protección y seguridad adecuadas en lo que se refiere a las condiciones laborales, los salarios, la protección social, la sanidad y la seguridad, y que debe garantizarse en todo momento la calidad del empleo con independencia de si desempeñan su trabajo mediante una plataforma;

12.  Reitera su petición de establecer un pilar europeo de derechos sociales que garantice una condiciones laboras dignas para todos, incluidos los trabajadores de las plataformas; destaca la necesidad de implicar en esta tarea a los interlocutores sociales y a otras partes interesadas pertinentes; destaca la necesidad de garantizar que todos los trabajadores de las plataformas disfruten de los mismos derechos sociales y laborales, de la misma protección sanitaria y de la misma seguridad en el trabajo que los trabajadores de la economía tradicional, de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales, fomentando al mismo tiempo la innovación, promoviendo un crecimiento sostenible e integrador y asegurando unas condiciones de competencia equitativas para las empresas;

13.  Constata la necesidad de garantizar una remuneración profesional y unos plazos de pago seguros a los trabajadores autónomos y a los profesionales que desarrollan actividades para las empresas de la economía de las plataformas;

14.  Destaca la importancia del teletrabajo y del trabajo inteligente en el marco de la economía colaborativa, al tiempo que señala, en este mismo contexto, la necesidad de equiparar estas modalidades laborales con las tradicionales;

  Negociación colectiva y ley de la competencia

15.  Destaca que las libertades de asociación y de acción sindical, incluyendo la negociación colectiva, son derechos fundamentales que asisten a todos los trabajadores, tanto si son asalariados como autónomos; señala que los trabajadores autónomos que son considerados jurídicamente una empresa unipersonal deberían tener el derecho a la libre asociación para que no sean considerados como constituyentes de un cártel; pide a la Comisión y a los Estados miembros, en este mismo contexto, que evalúen el Derecho europeo y nacional de la competencia y procedan, en su caso, a realizar las adaptaciones necesarias; pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros y a los interlocutores sociales en su tarea de ampliar la cobertura de las negociaciones colectivas de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales y de potenciar a los trabajadores de la economía de las plataformas;

  Igualdad de condiciones

16.  Destaca que las posibles ventajas en términos de eficiencia de las plataformas en línea frente a la economía tradicional deberían basarse en la competencia leal y no en el dumping salarial; destaca que, con miras a garantizar unas condiciones de competencia equitativas entre la economía de las plataformas y las empresas tradicionales, especialmente las pymes, la economía de las plataformas —al igual que cualquier otra economía— debe cumplir sus obligaciones tributarias y contributivas, así como la normativa laboral y social; destaca, en este mismo contexto, la necesidad de adaptar en consecuencia las políticas pertinentes;

17.  Pide a la Comisión que publique directrices sobre cómo debe aplicarse el Derecho de la Unión a los diferentes modelos de negocio de las plataformas con el fin de colmar, si procede, las lagunas en la regulación relativa al empleo y la seguridad social; considera que el elevado potencial de transparencia de la economía de las plataformas permite una buena trazabilidad, en consonancia con el objetivo de garantizar la aplicación de la legislación vigente; insta a los Estados miembros a que lleven a cabo inspecciones laborales suficientes en las plataformas en línea e impongan sanciones en caso de infracción de la normativa, especialmente en lo que se refiere a las condiciones laborales y de empleo, así como requisitos específicos en materia de cualificaciones; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que presten una atención particular al trabajo no declarado y al trabajo autónomo ficticio en este sector, y a que inscriban la cuestión de la economía de las plataformas en el programa de la plataforma europea para la lucha contra el trabajo no declarado; insta a los Estados miembros a que liberen los medios suficientes para organizar inspecciones;

18.  Recuerda que todos los operadores de plataformas deben desempeñar sus actividades respetando estrictamente las legislaciones de la Unión y nacionales; pide que se adopten medidas antidumping que garanticen una competencia leal entre las plataformas establecidas en los Estados miembros y las que tienen su base en terceros países; destaca la necesidad de adoptar normas que permitan luchar eficazmente contra la elusión fiscal aplicables a las plataformas en línea establecidas en terceros países que prestan servicios o suministran mercancías en la Unión;

19.  Destaca la necesidad de abordar de forma más apropiada la dimensión social de la economía de las plataformas; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que, de conformidad con el Derecho de la Unión en materia de protección de datos y en cooperación con los interlocutores sociales, recopilen datos más fiables y completos sobre los trabajos y los perfiles de empleo, las condiciones laborales y de trabajo en la economía de las plataformas, en particular sobre las remuneraciones, las competencias, las cualificaciones y las actividades desempeñadas; considera oportuno que estos datos se basen también en entrevistas a los trabajadores de las plataformas y en la información suministrada por las propias plataformas; pide que se lleve a cabo un análisis detallado de las condiciones de trabajo en la economía de las plataformas con miras a adaptar, si procede, la legislación laboral y social en vigor; destaca, en este mismo contexto, la importancia que revisten los intercambios de mejores prácticas entre los Estados miembros;

20.  Insta a los Estados miembros a que garanticen una seguridad social adecuada para los trabajadores autónomos, que son agentes clave en el mercado laboral digital; pide a los Estados miembros que adapten los actuales sistemas de protección social y desarrollen, cuando sea necesario, nuevos mecanismos de protección, con el fin de garantizar una cobertura adecuada de los trabajadores de las plataformas, así como la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta los patrones laborales y profesionales específicos derivados del proceso de digitalización y compartiendo las mejores prácticas a nivel europeo;

21.  Pide a la Comisión que estudie en qué medida la Directiva sobre las empresas de trabajo temporal es aplicable a las características específicas de las plataformas en línea; considera que muchas de las plataformas en línea que actúan de intermediarias tienen una estructura similar a las empresas de trabajo temporal (relación contractual triangular entre: el trabajador de la empresa temporal/el trabajador de la plataforma; la empresa de trabajo temporal/la plataforma en línea; la empresa usuaria/el cliente);

22.  Pide a los servicios de empleo público nacionales y a la red EURES que informen mejor acerca de las oportunidades que ofrece la economía colaborativa;

23.  Reconoce que la economía de las plataformas puede utilizarse con fines sociales; insta a la Comisión y los Estados miembros a que promuevan modelos de economía social en la economía de las plataformas, haciendo especial hincapié en las plataformas organizadas de acuerdo con el modelo corporativo, al tiempo que les pide que intercambien las mejores prácticas en este ámbito, teniendo en cuenta que las empresas sociales han dado prueba de su resiliencia en los momentos de crisis económica;

  Competencias exigidas

24.  Destaca que las competencias digitales revisten una importancia fundamental para adaptarse al actual proceso de digitalización en todos los aspectos de la vida; pide a los Estados miembros que adapten sus sistemas de educación y formación al mercado laboral digital, vinculando el mundo de la educación al mundo del trabajo, incluido el fomento del espíritu emprendedor; señala que, a medida que los perfiles laborales y de competencias se hacen cada vez más complejos, se plantean nuevas necesidades educativas y de formación continua a lo largo de la vida —especialmente en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)—, en el sentido de promover la alfabetización digital y colmar las actuales brechas, tanto de género como entre generaciones;

25.  Destaca la importancia de reforzar las sinergias entre los interlocutores sociales y los diferentes centros educativos y formativos con el fin de actualizar los contenidos de la enseñanza y desarrollar estrategias en materia de competencias; alienta a los Estados miembros a que integren la formación digital en sus programas escolares desde los primeros años de la educación; reitera la necesidad de las inversiones públicas en la enseñanza profesional y el aprendizaje permanente con el fin de garantizar que los trabajadores estén dotados de las competencias adecuadas para la era digital; destaca que la educación y la formación deben ser accesibles para todos los trabajadores; considera que las nuevas oportunidades de financiación para la formación profesional y permanente son especialmente necesarias para las microempresas y las pequeñas empresas;

  Obligaciones de notificación y transparencia para los operadores de plataformas

26.  Reclama normas que regulen las obligaciones de transparencia y divulgación de información para los operadores de plataformas, con el fin de controlar el pago de impuestos, las contribuciones a la seguridad social y las prácticas de evaluación del trabajo en las plataformas y garantizar que las autoridades nacionales dispongan de toda la información pertinente; alienta a los Estados miembros a que faciliten la tarea de los trabajadores de las plataformas en el cumplimiento de sus obligaciones de autodeclaración, proponiéndoles declaraciones fiscales simplificadas y plataformas en línea que permitan comunicar las operaciones electrónicas registradas, con el fin de contribuir a la lucha contra la evasión fiscal y el trabajo no declarado;

27.  Constata la concentración de datos generados por los usuarios de que disponen las plataformas en línea, al tiempo que pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen el correcto funcionamiento del mercado único digital, así como una protección suficiente de los usuarios y los trabajadores y de los sistemas de recopilación de datos;

28.  Subraya que los consumidores deberían gozar de un nivel elevado y efectivo de protección, con independencia de si los prestadores de los servicios son profesionales u otros agentes de la economía colaborativa; destaca, en particular, la importancia que reviste la protección de los consumidores en las operaciones entre los agentes de la economía colaborativa, así como la búsqueda de soluciones para mejorar la seguridad;

29.  Reitera que el modelo económico de las economías de las plataformas se basa en la confianza de los usuarios, en particular de las valoraciones en línea; recuerda que las valoraciones de los trabajadores de las plataformas constituyen su valor en el mercado digital para los usuarios; destaca, por tanto, la necesidad de que las plataformas desarrollen herramientas que permitan certificar las valoraciones en línea a fin de garantizar la transparencia y la fiabilidad de la información sobre la calidad de los servicios; insta, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros a que, en colaboración con los interlocutores sociales, faciliten la portabilidad y la acumulación de las valoraciones entre las plataformas para servicios equivalentes;

30.  Señala los riesgos de prácticas desleales en las valoraciones en línea, que pueden afectar a las condiciones laborales y a los derechos de los colaboradores de las plataformas, así como a su capacidad para conseguir empleo; expresa su preocupación por el hecho de que un número arbitrario de reseñas negativas de los clientes, que no tienen por qué reflejar necesariamente la calidad del trabajo y que no pueden replicarse, pueden redundar en la desactivación de la cuenta o una relegación en los resultados de las operaciones de búsqueda por parte de las plataformas; considera que cualquier sistema de valoración desarrollado por una plataforma debería establecerse previa consulta con los trabajadores y sus representantes; pide a las plataformas que informen a los colaboradores de las plataformas y que prevean un proceso de arbitraje antes de actuar como consecuencia de las valoraciones; destaca que todos los trabajadores de las plataformas deberían tener derecho a que se retiren las evaluaciones injustificadas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en colaboración con los interlocutores sociales, garanticen que los trabajadores y los usuarios puedan valorar también a las plataformas en línea;

31.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que actúen de forma decidida con el fin de prohibir los algoritmos discriminatorios y opacos y el software desarrollado o utilizado por las plataformas en línea que no cumpla la legislación europea y nacional, y que establezcan las estructuras de supervisión necesarias para este fin;

32.  Considera necesario garantizar los medios necesarios para que las administraciones públicas de los Estados miembros puedan establecer limitaciones a la actuación de estas plataformas basadas en el interés público;

33.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que faciliten información adecuada a los trabajadores de las plataformas sobre las condiciones laborales y de empleo y los derechos de los trabajadores, así como sobre su relación laboral tanto con las plataformas como con los usuarios; considera que las plataformas deberían desempeñar un papel proactivo en el suministro de información a los usuarios y los trabajadores sobre el marco regulador aplicable con el fin de cumplir los requisitos legales;

  Salud y seguridad

34.  Toma nota de que la economía de las plataformas ofrece nuevas oportunidades de disponer de ingresos adicionales, de empleo para los jóvenes (en particular, para quienes buscan un trabajo temporal y modalidades de empleo flexibles que les permitan compaginar el trabajo con los estudios), de una mejor conciliación de la vida profesional y la vida privada y de reducción del subempleo y el desempleo, así como en el ámbito del trabajo colaborativo; señala no obstante que, en determinadas circunstancias, esta evolución puede llevar a situaciones de precariedad; destaca que las disposiciones vigentes en materia de salud y seguridad, así como las medidas de protección social, deben aplicarse al empleo flexible con el fin de evitar repercusiones sociales y financieras a largo plazo, y que deben excluir posibles riesgos, como la sobrecarga de trabajo para los trabajadores o una remuneración no acorde al rendimiento; destaca, por tanto, la necesidad de conseguir que la flexibilidad del mercado laboral sea compatible con la seguridad económica y social de los trabajadores; destaca que la reducción de los costes no debe minar las condiciones de trabajo ni la normativa laboral;

35.  Pide a la Comisión que elabore un estudio sobre los efectos de la digitalización en el bienestar de los trabajadores y en la conciliación de la vida laboral y la vida privada, así como sobre las consecuencias sociales y ambientales; destaca que el trabajo en la economía de las plataformas no debería traducirse en una disponibilidad permanente, la erosión de los horarios de trabajo tradicionales o el aislamiento social, que pueden causar a su vez enfermedades psicosociales como el agotamiento profesional o la depresión; aboga, por tanto, por el pleno cumplimiento de los tiempos de descanso prescritos, al tiempo que destaca la necesidad de respetar las jornadas laborales a fin de mantener los límites definidos por la legislación laboral de los diferentes Estados miembros; señala la necesidad de evaluar los efectos de la digitalización en la salud y la seguridad en el trabajo, así como de adaptar en consecuencia las disposiciones del marco legislativo en vigor en materia de sanidad y seguridad; recomienda a los Estados Miembros que establezcan un «derecho a desconectar» para el trabajo efectuado fuera de los horarios laborales acordados, con el fin de garantizar un buen equilibrio entre la vida profesional y la vida privada; destaca que el hecho de reclamar este derecho no debe tener ningún efecto negativo en la evaluación de los trabajadores de las plataformas;

36.  Destaca que los prestadores de servicios profesionales en la economía digital deben cumplir los mismos requisitos de calidad, competencias y cualificaciones que en la economía tradicional, con el fin de prevenir los riesgos en materia de salud y seguridad; pide a las autoridades competentes que, en cooperación con los interlocutores sociales, desarrollen procedimientos adecuados de control y certificación;

37.  Recuerda que la flexibilidad, la volatilidad y la inestabilidad que caracterizan a este tipo de empleos transfieren los riesgos del mercado a los trabajadores y que, por consiguiente, generan una mayor desigualdad social y son causa de unos niveles de morbilidad psicológica más elevado que en otros empleos; destaca que este sector no genera empleo suficiente para los desempleados, los grupos sociales más excluidos de la sociedad y los ciudadanos que viven en las zonas rurales, debido a una serie de barreras como la brecha digital o las carencias en las competencias tecnológicas.

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓNEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

22.3.2017

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

38

1

8

Miembros presentes en la votación final

Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, João Pimenta Lopes, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Suplentes presentes en la votación final

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Marju Lauristin, Edouard Martin, Alex Mayer, Joachim Schuster, Jasenko Selimovic, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová

VOTACIÓN FINAL NOMINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

38

+

ALDE

ECR

EPP

S&D

Verts/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber

Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Ole Christensen, Jan Keller, Marju Lauristin, Javi López, Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Joachim Schuster, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog

 

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

1

-

NI

Lampros Fountoulis

8

0

ENF

GUE/NGL

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

Explicación de los signos utilizados:

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones

(1)

Textos aprobados, P8_TA(2017)0010.

(2)

Véase: Observatorio Europeo del Cambio de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), Observatorio Europeo de la Vida Activa (EurWork): «Digitalisation and working life: lessons from the Uber cases around Europe» (Digitalización y vida laboral: lecciones aprendidas de los casos de Uber en toda Europa), 2016 .

(3)

Véase: sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos C-596/12, apartado 17, y C-232/09, apartado 39.


OPINIÓN de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (24.3.2017)

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre una Agenda Europea para la economía colaborativa

(2017/2003(INI))

Ponente de opinión: Dario Tamburrano

SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Una Agenda Europea para la economía colaborativa», en la que se señala que las economías colaborativas brindan maneras innovadoras de ofrecer nuevos servicios a los ciudadanos, fomentan el espíritu emprendedor y generan empleo; es consciente de que la cooperación entre particulares es el origen y motor de las economías colaborativas de todo tipo y de que estas se basan en las relaciones entre pares, la comunidad y la confianza y han resultado beneficiadas por las transformaciones socioeconómicas, en particular por el cambio de modelo de la necesidad de poseer a la necesidad de utilizar y compartir activos y recursos; observa que en la actualidad tiende a haber una mayor gama de economías colaborativas, cuyos modelos económicos van desde los basados en el don hasta los que buscan el lucro, y que, independientemente de la multiplicidad de formas que adopte o pueda llegar a adoptar dicha economía, se caracterizan por la puesta en común de recursos, la participación activa y empoderamiento de los ciudadanos, la innovación asumida por la comunidad y el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en cuanto elemento fundamental para su funcionamiento;

2.  Señala, atendiendo al carácter pluridimensional de las economías colaborativas, la necesidad de distinguir entre los modelos «con ánimo de lucro» y «sin ánimo de lucro» (en particular en lo que respecta al reparto de los costes), dado que los participantes que sigan uno u otro modelo, ya se trate de usuarios o de proveedores de servicios, no deberían estar sujetos a los mismos requisitos legales;

3.  Hace hincapié en que las economías colaborativas pueden ofrecer múltiples posibilidades para la inversión y la prosperidad en el mercado europeo, en particular en materia de empleo para aquellas personas alejadas del mercado de trabajo, como los desempleados, los jóvenes, los estudiantes, las mujeres y las personas de edad avanzada; señala, en este sentido, las posibles relaciones laborales atípicas, incluida la de los falsos autónomos, que deben detectarse al objeto de garantizar la aplicación adecuada de la correspondiente normativa laboral y fiscal; subraya que las economías colaborativas fomentan el espíritu emprendedor; recalca la necesidad de adaptar las políticas de formación a estos nuevos tipos de negocios;

4.  Destaca que, gracias a las TIC, las ideas innovadoras pueden desarrollarse en la economía colaborativa con rapidez y eficiencia a la vez que se produce la conexión entre los participantes, ya se trate de usuarios o de proveedores de servicios, y su empoderamiento, facilitando su acceso al mercado, así como su participación en este, y haciendo más accesibles las zonas alejadas y rurales, lo que redunda en una menor necesidad de intermediación, una disminución en los costes directos e indirectos, el establecimiento de canales de flujos de información valiosa y el refuerzo de la confianza entre pares;

5.  Es consciente del potencial que para las empresas europeas encierran los servicios, los contenidos creativos y los datos generados por los usuarios, señalando al mismo tiempo los posibles riesgos derivados de su concentración en manos de un reducido número de plataformas digitales transnacionales que pueden actuar como nuevos intermediarios, lo que cabe la posibilidad que distorsione el mercado y obstaculice la aparición de iniciativas locales de economía colaborativa; pide, por tanto, a la Comisión que reflexione sobre los medios pertinentes para la prevención del abuso de aquellas posiciones dominantes en el mercado que podrían afectar el mercado digital de la Unión;

6.  Cree determinante para considerar a una plataforma como colaborativa el hecho de que el intercambio de bienes y servicios se realice primordialmente entre pares; advierte a este respecto de la proliferación de plataformas que, amparándose bajo la etiqueta «economía colaborativa», no actúan como meros intermediarios de servicios, sino como auténticos proveedores de los mismos;

7.  Hace hincapié en que las economías colaborativas se basan en la confianza, en particular en lo que respecta tanto a los sistemas de puntuación o basados en la reputación y los comentarios en línea como a otros mecanismos que permitan disuadir a los participantes de comportamientos nocivos, reducir las asimetrías en materia de información y contribuir a una mayor calidad y transparencia en los servicios; advierte no obstante de que es necesario evitar que estos mecanismos deriven en la creación de obstáculos innecesarios para aquellos participantes que accedan a estas plataformas o las abandonen, así como de que con la autorregulación por sí sola, incluidas las etiquetas de calidad, puede no bastar para alcanzar niveles de seguridad y calidad del servicio; anima en este sentido a la Comisión a que cree condiciones de competencia equitativas para las distintas plataformas colaborativas:

a) avanzando en su labor en cuanto a la libre circulación de datos y la interoperabilidad entre las plataformas de mercado e impulsando la portabilidad de los datos;

b) proponiendo métodos de autentificación de las opiniones en línea de los consumidores, y

c) velando por que las plataformas i) informen de manera exhaustiva del marco reglamentario que los prestadores de servicios deben cumplir y ii) desempeñen un papel más proactivo a la hora de comprobar que los proveedores de servicios cumplen los requisitos legales;

8.  Subraya que el uso compartido de activos resulta en la optimización de su uso y da lugar a abundantes externalidades positivas medioambientales y socioeconómicas, con lo que aumenta la utilización eficiente de los recursos por parte de las industrias y servicios, se ven reducidos los costes iniciales de entrada en el mercado y surgen nuevas oportunidades basadas en la comunidad que redundan en beneficio de las empresas y empoderan a los ciudadanos para participar en la economía colaborativa; recalca en este sentido que, en consonancia con los objetivos de la Unión en materia de crecimiento sostenible e integrador, debe fomentarse el reparto de los activos;

9.  Señala que la introducción del 5G transformará radicalmente los fundamentos de nuestras economías, haciendo que los servicios sean más diversos y accesibles; destaca, a este respecto, la importancia de crear un mercado competitivo de empresas innovadoras, cuyos buenos resultados determinarán en última instancia la fortaleza de nuestras economías;

10.  Hace hincapié en lo que puede aportar la economía colaborativa a la sostenibilidad económica de la Unión en cuanto a la consecución de objetivos globales en la agricultura sostenible, la eficiencia de los recursos, la lucha contra el cambio climático y la conformación de una economía circular;

11.  Señala que las economías colaborativas prosperan de manera especial en aquellas comunidades en las que existen modelos sólidos de intercambio de conocimientos y educación, lo que cataliza y refuerza una cultura de innovación abierta, promueve los equipos y programas informáticos de código abierto e incrementa el acervo de bienes comunes, incluidos los de carácter creativo; destaca que las economías colaborativas, habida cuenta de la capacidad que tienen para fomentar el capital innovador creativo de los ciudadanos europeos, deben seguir siendo abiertas y accesibles para todas las personas, al mismo tiempo que se ha de garantizar una remuneración justa para los trabajadores e investigadores de los sectores cultural y creativo;

12.  Es consciente de que las economías colaborativas han florecido principalmente en zonas urbanas con características, como la densidad de población y las distancias cercanas, que han propiciado la adopción de modelos colaborativos; insiste en este sentido en la importancia de elaborar políticas coherentes e implantar la banda ancha y ultraancha, a fin de que se beneficien del potencial de estas economías todos los territorios de la Unión, en particular los alejados, rurales o menos poblados;

13.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que, junto con las partes interesadas pertinentes, velen por una mejor coordinación al objeto de alcanzar un nivel elevado en cuanto a a) los derechos laborales y la protección social de todos los trabajadores de las economías colaborativas, b) las garantías de seguridad para los usuarios en dichas economías, c) el fomento de las economías colaborativas y las sinergias derivadas de la coexistencia con modelos tradicionales de negocio y d) el cumplimiento de las disposiciones sobre protección de datos personales al objeto de garantizar la privacidad de todos los trabajadores y la confidencialidad de los datos de los consumidores;

14.  Solicita a la Comisión que, entre otras cosas, profundice en el estudio de las consecuencias socioeconómicas de los negocios colaborativos sobre el empleo, la protección de los consumidores, la protección social y las políticas públicas pertinentes, como la ordenación territorial y el turismo;

15.  Pide a la Comisión que facilite que los Estados miembros puedan garantizar una protección social adecuada para los trabajadores tanto por cuenta ajena como por cuenta propia en las economías colaborativas; insta al mismo tiempo a la Comisión a que respete la autonomía de los interlocutores sociales a nivel nacional, los convenios colectivos nacionales y las tradiciones y los modelos nacionales del mercado laboral, absteniéndose de tomar iniciativas que afecten al derecho a negociar, celebrar y aplicar convenios colectivos o a emprender acciones colectivas de conformidad con la legislación y práctica nacionales;

16.  Solicita a la Comisión que profundice en el estudio de en qué medida las economías colaborativas quedan comprendidas en los marcos normativos de los distintos Estados miembros y las disposiciones vigentes de la Unión, al objeto de, cuando proceda, elaborar un enfoque armonizado a nivel de la Unión en relación con las economías colaborativas partiendo del escrupuloso respeto del principio de subsidiariedad; señala en este sentido la experiencia positiva de las normas elaboradas a nivel local regidas, en general, por los principios de transparencia de la información, participación, inclusión y buena gobernanza;

17.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que la legislación y las políticas de la Unión están preparadas para el futuro y brindan estabilidad y seguridad jurídica, a fin de aprovechar al máximo las posibilidades que la economía colaborativa ofrece a las empresas, trabajadores y ciudadanos de la Unión, prestando especial atención a:

a) definir criterios y límites específicos por sector, cuando proceda, estableciendo en estas definiciones un distinción clara entre los conceptos «obra/servicio», «trabajador por cuenta ajena» y «trabajador por cuenta propia»; entre «actividad no profesional entre pares» y «prestador de servicios», y entre actividades «con ánimo de lucro» y «sin ánimo de lucro» (en particular en lo que respecta al reparto de los costes);

b) garantizar condiciones de competencia equitativas para las empresas y ciudadanos de la Unión, en particular velando, entre otras cosas, por la aplicación a agentes económicos equiparables de normas jurídicas con funciones comparables en lo que respecta a la protección de los consumidores, los derechos de los trabajadores, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la transparencia, y

c) crear espacios no exclusivos abiertos a la experimentación y fomentar la conectividad y la alfabetización digitales apoyando a los emprendedores y las empresas emergentes europeos e incentivando la industria 4.0, los centros de innovación, y los conglomerados e incubadoras de empresas; considera que todo esto debería llevarse a cabo dando un uso óptimo a la legislación pertinente y sin caer en el exceso de reglamentación, respetando al mismo tiempo la prerrogativa de los Estados miembros al respecto, incluido el respeto de la autonomía de los interlocutores sociales y de las prácticas nacionales, así como las indicaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los conceptos de «obra/servicio», «trabajador» y «prestador de servicios» en el sentido de recordar que el concepto de «trabajador» es de competencia nacional;

18.  Subraya que las economías colaborativas son un ecosistema que requiere apoyo para su rápido crecimiento y expansión que debe mantenerse abierto a la investigación, la innovación y las nuevas tecnologías al objeto de atraer inversiones; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aprovechen al máximo los instrumentos financieros existentes para invertir en empresas colaborativas e impulsar iniciativas tendentes a facilitar el acceso a la financiación, en particular para las empresas emergentes, las pymes y las empresas activas en la economía en toda la Unión a través de varios canales, como son el sistema bancario, el capital riesgo, los fondos públicos o la microfinanciación colectiva;

19.  Hace hincapié en que las normas nacionales y locales que no sean proporcionadas ni estén justificadas no solo constituyen obstáculos al mercado único, en contra de la legislación de la Unión, sino que lastran la creación y expansión de empresas emergentes; pide, por tanto, a la Comisión que aplique de manera proactiva la legislación sobre el mercado único;

20.  Señala que, como consecuencia de la importancia cada vez mayor que cobran las economías colaborativas en el sector energético, los consumidores, los productores, los particulares y las comunidades pueden tomar parte de manera eficiente en distintas fases descentralizadas del ciclo de las energías renovables, en particular la autogeneración y el autoconsumo, y el almacenamiento y la distribución, en consonancia con los objetivos de la Unión en materia de clima y energía;

21.  Aboga por considerar el espectro electromagnético un bien de uso común y anima a incluir en la normativa iniciativas innovadoras promovidas por los usuarios que impulsarían la economía colaborativa y participativa;

22.  Pide a la Comisión que apoye el crecimiento económico de la economía colaborativa a través de medidas encaminadas a reducir la carga administrativa sobre particulares y empresas sin que se produzcan discriminaciones entre los distintos modelos de negocio.

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓNEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

22.3.2017

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

53

4

2

Miembros presentes en la votación final

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, András Gyürk, Rebecca Harms, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Suplentes presentes en la votación final

Mario Borghezio, Soledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Maria Spyraki, Marco Zullo

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Isabella Adinolfi, Arndt Kahn, Pavel Poc

VOTACIÓN FINAL NOMINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Marco Zullo

EPP

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Adam Gierek, Eva Kaili, Ernst Kuhn, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Pavel Poc, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Michel Reimon, Claude Turmes

4

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

2

0

ENF

Mario Borghezio, Angelo Ciocca

Explicación de los signos utilizados

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones


OPINIÓN de la Comisión de Transportes y Turismo (11.4.2017)

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre una Agenda Europea para la economía colaborativa

(2017/2003(INI))

Ponente de opinión: Merja Kyllönen

SUGERENCIAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Acoge con satisfacción la aparición de la economía colaborativa en los servicios de transportes y de turismo y los servicios de acogida, reconociendo que, con un marco regulador adecuado, sencillo y claro, tiene potencial para:

a)  proporcionar una selección más amplia, asequible y variada de servicios a los clientes, aumentando y diversificando tanto la demanda como la oferta;

b)  impulsar nuevas modalidades de intercambios cooperativos entre ciudadanos en la Unión, así como el crecimiento económico, el empleo y las oportunidades empresariales, especialmente para las pequeñas y medianas empresas de toda Europa;

c)  tener un efecto beneficioso en la movilidad de las personas con discapacidad y la promoción activa de las formas sostenibles de movilidad;

d)   mejorar la inclusión de personas que puedan haber estado tradicionalmente excluidas del mercado laboral;

2.  Reconoce el efecto positivo de la economía colaborativa en el sector del turismo, que está creciendo con rapidez, dado que refuerza las posibilidades de ingresos individuales y las economías locales y proporciona instrumentos para responder mejor a la demanda, por ejemplo durante los picos de demanda y en las zonas aisladas, y que refleja asimismo las diferentes preferencias de los viajeros, en especial los que tienen unos ingresos más bajos; observa que el nivel de satisfacción de los consumidores con los servicios de turismo de la economía colaborativa es elevado; opina que la economía colaborativa debería incluirse en su totalidad en la política de turismo de la Unión; destaca la necesidad de favorecer una coexistencia beneficiosa entre los servicios turísticos tradicionales y la economía colaborativa;

3.  Insta a la Comisión a presentar medidas apropiadas para abordar los problemas que surgen cuando los consumidores europeos utilizan plataformas en línea con sede fuera de la Unión, en contextos culturales y normativos no europeos, especialmente en lo relativo a la protección de los datos, la sanidad y la seguridad, la fiscalidad y la legislación laboral;

4.  Recuerda que, conforme a las estimaciones de la Comisión, el alojamiento entre pares es el mayor sector de la economía colaborativa en relación al comercio generado, mientras que el transporte entre pares es el mayor en cuanto a ingresos por plataforma;

5.  Destaca que en el sector del turismo las casas compartidas representan un uso excelente de recursos y espacios infrautilizados, especialmente en aquellas zonas que no se benefician tradicionalmente del turismo;

6.  Condena, en este sentido, la imposición de normas por parte de algunas autoridades públicas que persiguen restringir la oferta de alojamientos turísticos mediante la economía colaborativa;

7.  Acoge con satisfacción las oportunidades que ofrece la economía colaborativa en relación a los horarios laborales flexibles, que sirven, entre otros, para ayudar a las personas excluidas de los puestos de trabajo a volver al empleo;

8.  Observa que la respuesta de los Estados miembros al desarrollo de los modelos de economía colaborativa ha sido hasta ahora muy fragmentaria, lo que crea incertidumbre y, en algunos casos, allana el camino hacia medidas proteccionistas; acoge con satisfacción, a este respecto, la Comunicación de la Comisión sobre una Agenda Europea para la economía colaborativa y el intento de definir la economía colaborativa, pero lamenta que no se esfuerce por crear un marco jurídico armonizado explícito para la economía colaborativa en toda la Unión Europea y examinar de qué modo la legislación existente aborda las necesidades de la economía colaborativa; recuerda, por lo tanto, la necesidad de un análisis en profundidad (incluidas las repercusiones macroeconómicas, sociales y ambientales de la economía colaborativa), seguido, de ser necesario, en 2018 a más tardar, de medidas reguladoras proporcionadas de la Comisión;

9.  Destaca la necesidad de armonización entre las formas de economía colaborativa y de economía tradicional en los ámbitos de la formación, las cualificaciones profesionales y las obligaciones fiscales y sociales;

10.  Lamenta que la legislación actualmente en vigor, en particular la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior(1), y la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior(2), no se esté aplicando correctamente; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que la legislación aplicada a los modelos de la economía colaborativa no infrinja la legislación de la Unión ni los principios del mercado interior;

11.  Destaca que la economía colaborativa contribuye de forma significativa a la sostenibilidad de los sectores del turismo y el transporte, al permitir la optimización de los recursos existentes mediante la utilización de activos desaprovechados y el desarrollo de nuevos servicios y productos sin una gran inversión; señala, además, que promueve la participación de más ciudadanos en estos sectores y el reparto de los beneficios del turismo entre todas las regiones, incluidas las ultraperiféricas, de montaña y rurales;

12.  Hace hincapié en que, en el contexto de la economía colaborativa, el marco regulador debe establecerse preferentemente sobre una base sectorial y esforzarse por poner al consumidor en el centro de las actividades, garantizar una competencia leal, fomentar la innovación y contribuir al desarrollo global y el cumplimiento de los objetivos de la política de transportes de la Unión, como la descarbonización del transporte, la reducción de los contaminantes y del ruido, la cohesión territorial, la asequibilidad, la accesibilidad y la seguridad; destaca que las cuestiones relativas a la protección de los consumidores, la atribución de responsabilidades, las obligaciones fiscales, los regímenes de seguro, la protección social de los trabajadores (ya sean empleados o autónomos), los derechos de discapacidad y la protección de los datos son las más urgentes, e insta, por lo tanto, a la Comisión y a los Estados miembros a que apliquen la legislación en vigor y propongan legislación adicional, basada en evaluaciones adecuadas, de considerarlo necesario; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que coordinen, basándose en medidas más adecuadas, las iniciativas y mejores prácticas relacionadas con la economía colaborativa, con vistas a fomentar la evolución positiva de este sector en Europa;

13.  Espera que la Comisión proporcione orientaciones adicionales a los Estados miembros para evitar la fragmentación y que anime a los Estados miembros a compartir las mejores prácticas y a reducir la carga legislativa; destaca que, en muchos casos, la economía colaborativa aplica medidas autorreguladoras y facilita mecanismos de confianza entre los consumidores; hace hincapié en que el marco regulador debe ser adecuado (teniendo en cuenta si los prestadores de los servicios son profesionales o agentes de la economía colaborativa), y no debe obstaculizar la innovación creando complicados obstáculos para el emprendimiento en la Unión;

14.  Observa que la economía colaborativa también representa un desafío para el mercado laboral, los regímenes de empleo y el emprendimiento, con ventajas e inconvenientes; insta a los Estados miembros a que alienten la creación de nuevos puestos de trabajo y posibilidades de ingresos de buena calidad en la economía colaborativa, orientándose en particular hacia aquellos que han quedado tradicionalmente excluidos del mercado laboral y garantizando unas condiciones de trabajo y unas relaciones laborales justas y el respeto de los derechos de los trabajadores; alienta la cooperación entre todas las partes interesadas, mediante la aceptación de sus responsabilidades individuales, de la mano de una intervención reguladora de ser necesario; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que evalúen si en la economía colaborativa los trabajadores están cubiertos adecuadamente por el marco de seguridad social;

15.  Hace hincapié en que el modelo económico de las economías colaborativas se basa en la confianza de los usuarios, en particular en los comentarios en línea; destaca la importancia de permitir que los usuarios tengan acceso a información fiable y justa sobre la calidad de los servicios ofrecidos en las plataformas colaborativas;

16.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la equidad y la transparencia entre quienes operan en el ámbito de la economía colaborativa y los operadores económicos tradicionales, así como un alto nivel de protección de los consumidores, en particular en los aspectos relacionados con la seguridad, la protección, la salud, la protección de la privacidad y una correcta información;

17.  Recuerda el potencial que poseen los modelos de economía colaborativa para mejorar la eficiencia del sistema de transporte y, mediante el uso de la capacidad existente, hacer más accesibles las zonas alejadas y reducir externalidades indeseadas del tráfico, como la congestión y las emisiones; pide a las autoridades pertinentes que promuevan la coexistencia beneficiosa de los servicios colaborativos de transporte en el sistema convencional de transporte, incluidos la planificación de la movilidad a nivel local y los sistemas de información y billetería, y que eviten sistemas administrativos o medidas legislativas que puedan dar lugar a la exclusión de los servicios colaborativos de transporte de la planificación y las operaciones de transporte, con miras a favorecer la creación de cadenas de transporte completas de puerta a puerta y favorecer la movilidad sostenible; subraya que la combinación de la economía colaborativa y el transporte público ofrece importantes oportunidades para conectar personas y zonas, en especial las que han estado mal conectadas en el pasado;

18.  Subraya que, de conformidad con una mayor digitalización de los servicios de transporte europeos, resulta esencial una conectividad fija e inalámbrica de alta velocidad para continuar con el desarrollo de la economía colaborativa;

19.  Pide que se revisen las condiciones que determinan la prestación de servicios en régimen independiente en sectores regulados, como por ejemplo el transporte urbano e interurbano de viajeros por carretera, para garantizar un único marco regulatorio que combine condiciones de acceso a la profesión en el respeto del Derecho de la Unión con un régimen de prestación continuado y estable que evite situaciones de competencia desleal;

20.  Cree que los modelos de economía colaborativa constituyen una base importante para el desarrollo sostenible de las conexiones en las regiones remotas, montañosas y rurales, si bien estas zonas no son propicias por naturaleza para el desarrollo de la economía colaborativa;

21.  Acoge con satisfacción el hecho de que la revolución digital haya permitido a los usuarios de transportes con una aplicación de economía colaborativa la expedición multimodal de billetes y el desplazamiento en un solo trayecto;

22.  Invita a la Comisión a integrar la economía colaborativa en su trabajo sobre nuevas tecnologías en el transporte (vehículos conectados, vehículos autónomos, expedición digital de billetes integrada, sistemas de transportes inteligentes) debido a sus interacciones significativas y sinergias naturales;

23.  Destaca, en el ámbito del transporte, la importante contribución de la economía colaborativa a la seguridad y la protección (identificación clara de las partes, evaluación recíproca, terceras partes de confianza, verificación de las especificaciones);

24.  Señala que la gran variedad de modelos, productos y servicios de la economía colaborativa en distintos sectores dificulta la clasificación de las actividades; destaca, no obstante, la necesidad de distinguir claramente en la terminología de la Unión entre las plataformas de intermediación que no generan beneficios para sus usuarios y las que conectan a un prestador de servicios (con fines de lucro) y a un cliente, con o sin una relación empleado-empleador entre el prestador de servicios y la plataforma, para facilitar el cumplimiento por todas las partes de sus obligaciones fiscales y presupuestarias y garantizar la protección de los consumidores; pide a la Comisión que precise también la terminología de la Unión relacionada con los servicios de utilización compartida, la multipropiedad de vehículos y los recorridos compartidos con el fin de garantizar su clasificación adecuada en relación con la política de transportes de la Unión; pide a la Comisión que, de ser necesario, presente propuestas para adaptar la legislación de la Unión; pide a la Comisión que elabore un estudio sobre la función de los umbrales en la economía colaborativa y la necesidad de normalizar los procedimientos necesarios para la realización de actividades profesionales;

25.  Pide a los Estados miembros que adopten medidas e intercambien mejores prácticas en materia fiscal para reducir la posibilidad de que se lleven a cabo actividades económicas «grises» y se produzca elusión fiscal en relación con servicios de la economía colaborativa; destaca el potencial de las plataformas colaborativas para mejorar la transparencia fiscal mediante el uso de medios electrónicos de pago, y alienta, por lo tanto, el desarrollo de soluciones adecuadas y avanzadas para el pago de impuestos en la economía colaborativa, sin crear por ello obstáculos innecesarios; insta a los Estados miembros a que clarifiquen lo que consideran beneficios gravables y lo que consideran actividades exentas de impuestos, por ejemplo la compartición de costes, y recuerda que los impuestos se deben pagar y las obligaciones de protección se han de cumplir en el respeto de la legislación nacional del lugar donde se generan los beneficios;

26.  Pide un nivel de accesibilidad que permita también a las personas de edad avanzada y a las personas con discapacidad participar en las diferentes ofertas de la economía de servicios colaborativos;

27.  Celebra que las plataformas de intermediación hayan introducido un nuevo dinamismo de mercado desafiando mutuamente a los operadores existentes y a las estructuras corporativistas, debilitando los monopolios actuales y evitando la formación de otros; reconoce, no obstante, que, sin un marco jurídico adecuado y claro, podría existir el riesgo de que las plataformas de intermediación crearan posiciones de mercado dominantes, perjudicando así la diversidad del ecosistema económico; pide, por consiguiente, a los Estados miembros y a la Comisión que controlen la evolución del mercado y las implicaciones económicas y sociales, que corrijan las claras deficiencias del mercado y, si procede, propongan medidas para garantizar la competitividad de las empresas europeas en el mercado europeo y establezcan unas condiciones de mercado favorables para las micro, las pequeñas y las medianas empresas;

28.  Observa que la digitalización y el libre flujo de datos son uno de los instrumentos más importantes para reformar los sectores del transporte y el turismo, y reconoce la importancia de la propiedad y el acceso a los datos; pide, por tanto, a la Comisión que publique, sin más demora, un plan de trabajo para la liberalización de los datos sobre el transporte y las normas armonizadas financiados con fondos públicos para impulsar las innovaciones con uso intensivo de datos y la prestación de nuevos servicios de transporte; insiste en la importancia de garantizar el flujo libre de datos, la portabilidad de los datos y su interoperabilidad entre las plataformas del mercado;

29.  Reconoce la importancia que pueden tener las capacidades de autogobierno de las plataformas colaborativa en la reducción de los problemas ocasionados por la asimetría de la información y la corrección de otras deficiencias del mercado; destaca que, en muchos casos, la economía colaborativa aplica medidas autorreguladoras y facilita mecanismos de confianza entre los consumidores; pide a la Comisión, los Estados miembros y las comunidades locales que examinen las posibilidades de fomentar el flujo libre de datos creando excepciones administrativas para las empresas que faciliten datos suficientes para el control del logro de los objetivos en materia de política pública; destaca la necesidad de apoyar el crecimiento de la economía colaborativa a través de medidas encaminadas a reducir la carga administrativa sobre particulares y empresas y garantizando el acceso a las finanzas, incluida la microfinanciación colectiva;

30.  Subraya que, si bien los intermediarios en línea están sujetos a todas las leyes de la Unión, incluidas las de protección del consumidor y competencia, y tienen que cumplirlas, la responsabilidad de los intermediarios de establecer puertos seguros es fundamental para proteger la apertura de internet, los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y la innovación en el sector del transporte;

31.  Apoya el rápido desarrollo de la economía colaborativa e insta a la Comisión a que lleve a cabo estudios sobre la dinámica del mercado, en los que se evalúen las repercusiones de la economía colaborativa en términos económicos y sociales en el sector del turismo y los transportes;

32.  Considera que las empresas emergentes de los sectores del turismo y los transportes deben recibir apoyo, en particular en términos de formación; resalta la necesidad de formación específica para que los profesionales puedan desarrollar las competencias electrónicas adecuadas para los modelos de la economía colaborativa, teniendo en cuenta las nuevas necesidades y expectativas de los consumidores;

33.  Pide a la Comisión, los Estados miembros y las autoridades locales que participen, con los representantes pertinentes de la economía colaborativa, los usuarios y los prestadores de servicios y, cuando proceda, las ONG y los sindicatos, en el diálogo entre las partes interesadas y los procedimientos de evaluación del impacto, con el fin de garantizar una verdadera integración y posibilidades de desarrollo a los servicios de la economía colaborativa; pide a la Comisión que, en este sentido, utilice como ejemplo la serie de talleres organizados por la DG Growth sobre servicios de arrendamiento de alojamientos de corta duración para facilitar el intercambio entre representantes de las instituciones nacionales y de la Unión, la industria y la sociedad civil, y que proporcione orientaciones a las normativas nacionales inspiradas en las mejores prácticas en el ámbito de los servicios colaborativos de transporte, teniendo en cuenta cuestiones como la mejora del acceso al mercado, la movilidad urbana y la transparencia fiscal.

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓNEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

11.4.2017

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

39

7

0

Miembros presentes en la votación final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suplentes presentes en la votación final

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka

VOTACIÓN FINAL NOMINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

7

-

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Peter Lundgren, John Stuart Agnew

0

0

Explicación de los signos utilizados:

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones

(1)

DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

(2)

DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.


INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓNEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

3.5.2017

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

31

1

3

Miembros presentes en la votación final

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Suplentes presentes en la votación final

Edward Czesak, Roberta Metsola, Julia Reda, Lambert van Nistelrooij

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Isabella De Monte, Angélique Delahaye


VOTACIÓN FINAL NOMINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

31

+

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Vicky Ford, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Carlos Coelho, Angélique Delahaye, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Lambert van Nistelrooij

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Isabella De Monte, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

VERTS/ALE

Julia Reda, Igor Šoltes

1

-

ENF

Marcus Pretzell

3

0

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Explicación de los signos utilizados:

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones

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