Procedimiento : 2017/2005(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0235/2017

Textos presentados :

A8-0235/2017

Debates :

PV 03/07/2017 - 26
CRE 03/07/2017 - 26

Votaciones :

PV 04/07/2017 - 6.5

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0279

INFORME     
PDF 452kWORD 67k
26.6.2017
PE 597.729v02-00 A8-0235/2017

sobre el tema «Hacia un marco paneuropeo para los bonos garantizados»

(2017/2005(INI))

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Ponente: Bernd Lucke

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el tema «Hacia un marco paneuropeo para los bonos garantizados»

(2017/2005(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el informe de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), de 20 de diciembre de 2016, sobre los bonos garantizados: recomendaciones relativas a la armonización de los marcos de los bonos garantizados en la UE (EBA-Op-2016-23),

–  Vistos el documento de consulta de la Comisión, de 30 de septiembre de 2015, sobre los bonos garantizados en la Unión Europea y el documento de la Comisión, sin fecha, titulado «Resumen de las respuestas a la consulta pública sobre los bonos garantizados»,

–  Visto el informe de la Comisión, de 20 de octubre de 2015, sobre el artículo 503 del Reglamento (UE) n.º 575/2013: Requisitos de capital frente a los bonos garantizados (COM(2015)0509),

–  Visto el dictamen de la ABE, de 1 de julio de 2014, sobre el tratamiento preferente de capital de los bonos garantizados (EBA/Op/2014/04),

–  Visto el informe de la ABE, de 1 de julio de 2014, sobre los marcos y el régimen de capital de los bonos garantizados en la UE: respuesta a la solicitud de dictamen de la Comisión, de diciembre de 2013, en relación con el artículo 503 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y con la Recomendación E de la JERS, de diciembre de 2012, sobre la financiación de las entidades de crédito (ESRB/12/2),

–  Vista la Directiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, que modifica la Directiva 2009/65/CE por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), en lo que se refiere a las funciones de depositario, las políticas de remuneración y las sanciones (en lo sucesivo, la «Directiva OICVM»)(1),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 y, en particular, su artículo 129(2) (en lo sucesivo, el «RRC»),

–  Vista la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.° 1093/2010 y (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y, en particular, su artículo 44, apartado 2(3),

–  Visto el artículo 1, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/2205 de la Comisión, de 6 de agosto de 2015, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la obligación de compensación(4),

–  Visto el artículo 1, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2016/1178 de la Comisión, de 10 de junio de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la obligación de compensación(5),

–  Visto el Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito (en lo sucesivo, el «Acto delegado RCL»)(6),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0235/2017),

A.  Considerando que los bonos garantizados son instrumentos consolidados desde hace tiempo, con tasas bajas de impago y fiabilidad de pagos, que ayudan a financiar aproximadamente el 20 % de las hipotecas europeas y representaron más de 2 000 millones de valores pasivos en Europa en 2015; que aproximadamente el 90 % de los bonos garantizados del mundo se emiten en nueve países europeos;

B.  Considerando que los bonos garantizados han desempeñado una función clave en la financiación de las entidades de crédito, en especial durante la crisis financiera; que los bonos garantizados mantuvieron niveles elevados de seguridad y liquidez durante la crisis, lo que no puede sino atribuirse a la calidad de las normativas nacionales; que el episodio de 2008-2014 de incremento de los diferenciales en los precios de los bonos garantizados en los Estados miembros no es una prueba convincente de la fragmentación del mercado, ya que esos diferenciales estaban muy vinculados a los diferenciales de los bonos del Estado y posiblemente eran meros reflejos de riesgos subyacentes en fondos de cobertura; que una sensibilidad adecuada a los riesgos de los precios de los bonos garantizados en todos los Estados miembros es una prueba del buen funcionamiento y la buena integración de los mercados;

C.  Considerando que existe una importante inversión transfronteriza en los mercados de bonos garantizados europeos; que los bonos garantizados cuentan con una base de inversores muy diversificada en la que los bancos tienen un papel destacado con una cuota de mercado de aproximadamente el 35 % entre 2009 y 2015; que la cuota de mercado de los gestores de activos, las compañías de seguros y los fondos de pensiones se ha reducido en casi un 20 % y ha sido remplazada básicamente por inversiones más altas del Banco Central en bonos garantizados;

D.  Considerando que los bonos garantizados son instrumentos de deuda atractivos, ya que están exentos, hasta el nivel de garantía en el conjunto de cobertura, del instrumento de recapitalización interna previsto en el artículo 44 de la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias (DRRB); que los bonos garantizados que cumplan lo dispuesto en el artículo 129 del RCC deben disfrutar de una ponderación preferencial del riesgo;

E.  Considerando que un factor de la demanda bancaria de bonos garantizados es el tratamiento reglamentario preferencial de que disfrutan en el acto delegado relativo al requisito de cobertura de liquidez, que permite a los bancos incluirlos en el colchón de liquidez, a pesar de que no cumplen el requisito de cobertura de liquidez según las normas de Basilea;

F.  Considerando que los programas de bonos garantizados están exentos, bajo ciertas condiciones, de los requisitos relativos al margen inicial frente al riesgo de crédito de contrapartida en operaciones con derivados;

G.  Considerando que los bonos garantizados pueden quedar exentos, según un criterio nacional, de los requisitos de la Unión sobre operaciones de gran riesgo;

H.  Considerando que las posiciones de los acreedores bancarios no garantizados se ven afectadas negativamente por los gravámenes que pesan sobre los activos debido a los requisitos de constitución de sobregarantías, pero no por el principio de financiación de la deuda con conjuntos de cobertura segregados; que dichas operaciones, cuando implican ratios préstamo/valor muy por debajo del 100 %, generalmente mejoran las posiciones de los acreedores bancarios no garantizados, en la medida en que esas reservas no son necesarias para satisfacer demandas al conjunto de cobertura;

I.  Considerando que los bonos garantizados tienen una presencia importante entre los activos en los balances de muchos bancos; que para la estabilidad financiera es esencial que estos activos mantengan un máximo de seguridad y liquidez; que este objetivo no debe verse socavado por innovaciones en los bonos garantizados que permitan a los emisores transferir el riesgo a los inversores a su antojo;

J.  Considerando que las emisiones de bonos garantizados con ampliación de vencimiento condicional (por un período de tiempo fijo —soft bullet— o por un período condicionado al vencimiento del activo de garantía subyacente —conditional pass through—) se incrementó en un 8 % anual hasta el 45 % en abril de 2016; que esas opciones reducen el riesgo de liquidez en conjuntos de cobertura inadecuados, reducen los requisitos de sobregarantía y ayudan a evitar ventas forzosas; que, no obstante, las ampliaciones de vencimiento trasladan el riesgo del emisor al inversor; que el tratamiento reglamentario preferencial solo se debe otorgar a instrumentos de deuda que sean especialmente seguros;

K.  Considerando que no existe una definición precisa de los bonos garantizados en la legislación de la Unión;

L.  Considerando que los mercados de bonos garantizados se están quedando rezagados en Estados miembros sin tradición en la emisión de este tipo de bonos o cuyo crecimiento se ve obstaculizado por el riesgo soberano o unas condiciones macroeconómicas difíciles;

M.  Considerando que existe un amplio consenso en cuanto a la enorme diversidad de los marcos nacionales de bonos garantizados, en particular en lo que se refiere a aspectos técnicos, como el nivel de supervisión pública;

N.  Considerando que un marco a escala de la Unión Europea para los bonos garantizados debe ajustarse a las normas más estrictas;

O.  Considerando que existen diferentes marcos nacionales muy eficaces para los bonos garantizados, basados en factores históricos o jurídicos y en parte arraigados en el ordenamiento nacional; que dichos marcos nacionales comparten características fundamentales, en particular el doble recurso, la segregación de los conjuntos de cobertura con activos de bajo riesgo y la supervisión pública especial; que podría ser beneficioso extender estos principios a otros tipos de instrumentos de deuda;

P.  Considerando que la armonización no debe basarse en un enfoque único, ya que podría llevar a una reducción importante de la diversidad de los productos y afectar negativamente a los mercados nacionales que estaban funcionando correctamente; que la armonización debe respetar el principio de subsidiariedad;

Q.  Considerando que los participantes en el mercado han emprendido iniciativas para estimular el desarrollo de los mercados de bonos garantizados, como por ejemplo la creación en 2013 del distintivo de bono garantizado (Covered Bond Label o CBL) y del formulario armonizado de transparencia (Harmonized Transparency Template o HTT);

R.  Considerado que, tras un proceso de supervisión, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) ha determinado las mejores prácticas para la emisión y supervisión de bonos garantizados y ha evaluado la conformidad de los marcos nacionales con esas prácticas;

S.  Considerando que, en respuesta a una consulta de la Comisión, una amplia mayoría de las partes interesadas manifestó su oposición a una armonización completa, y los inversores destacaron el valor de la diversidad de los productos; que las partes interesadas han mostrado un apoyo prudente a la legislación de la Unión, siempre que se trate de principios basados y construidos sobre marcos existentes y se respeten, en particular, las características de los marcos nacionales;

Observaciones y posiciones generales

1.  Subraya que las inversiones nacionales y transfronterizas en bonos garantizados han funcionado bien en los mercados de la Unión conforme al actual marco legislativo; hace hincapié en que debe mantenerse la diversidad de productos sólidos y seguros;

2.  Señala que una armonización obligatoria de los modelos nacionales o su sustitución por un modelo europeo podría tener consecuencias negativas no deseadas para los mercados, cuyo éxito actual se basa en que la legislación sobre bonos garantizados está arraigada en las legislaciones nacionales; insiste en que un marco europeo más integrado debe limitarse a un enfoque basado en principios, que establezca los objetivos pero que deje que las modalidades se especifiquen en la transposición a las legislaciones nacionales; destaca que este marco debe basarse en normas de gran calidad y tener en cuenta las mejores prácticas, partiendo de los regímenes nacionales que funcionen bien y sin perturbarlos; hace hincapié en que el nuevo marco europeo previsto para los bonos garantizados, conforme con las mejores prácticas, debe ser una referencia para los nuevos mercados;

3.  Pide una directiva de la Unión que distinga claramente entre los dos tipos de bonos garantizados que existen en la actualidad, a saber:

a)  bonos garantizados (denominados en lo sucesivo «bonos garantizados premium» que no respetan los estándares actualmente fijados en el artículo 129 del RRC;

b)  bonos garantizados (denominados en lo sucesivo «bonos garantizados ordinarios») que no cumplen los requisitos fijados para los bonos garantizados premium y no respetan los estándares actualmente fijados en el artículo 52, apartado 4, de la Directiva OICVM;

destaca que los bonos garantizados premium deben seguir recibiendo un tratamiento preferencial con respecto a los bonos garantizados ordinarios y que estos últimos deben recibir un tratamiento preferencial con respecto a otras formas de obligaciones garantizadas por deuda; reconoce el potencial de todos los instrumentos de deuda compatibles con la Directiva OICVM para la consecución del objetivo de la Unión de Mercados de Capitales;

4.  Pide a los Estados miembros que protejan el distintivo de «bono garantizado», tanto para los bonos garantizados premium como para los bonos garantizados ordinarios, garantizando en la legislación nacional que los créditos garantizados tienen una elevada liquidez y están cercanos a instrumentos de deuda libres de riesgo; propone con firmeza que los instrumentos de deuda cubiertos por activos que sean considerablemente más arriesgados que las hipotecas y bonos del Estado (por ejemplo, las inversiones en infraestructuras o los créditos a las pequeñas y medianas empresas no estatales) no reciban el distintivo de «bonos garantizados», sino, si procede, el de «obligaciones garantizadas europeas»; apoya el principio de que los conjuntos de cobertura para los bonos garantizados premium y los bonos garantizados ordinarios deberían estar respaldados en su totalidad por activos no duraderos que puedan ser valorados y recuperados;

5.  Pide a la Comisión que incluya en la Directiva principios de un marco jurídico para obligaciones garantizadas europeas como doble recurso, supervisión pública especial, inmunidad a la quiebra y requisitos de transparencia: pide a los Estados miembros que integren estos principios en la legislación nacional y sus procedimientos de insolvencia; hace hincapié en que un marco jurídico sólido para las obligaciones garantizadas europeas podría hacer que estas fueran más transparentes, más líquidas y más eficientes que los valores que recurren a disposiciones contractuales, señala que ello podría ayudar a las obligaciones garantizadas europeas a financiar actividades con más riesgo, como el crédito a las pymes, los créditos al consumidor o las inversiones en infraestructuras sin garantías estatales; señala que las obligaciones garantizadas europeas quedarían excluidas del ámbito de aplicación del instrumento de recapitalización interna previsto en el artículo 44 de la DRRB;

6.  Anima a que se incorporen en la Directiva unas normas mínimas de supervisión que reflejen las mejores prácticas constatadas para los bonos garantizados; anima a la convergencia de regulaciones en toda la Unión Europea;

7.  Pide que la Directiva aumente la transparencia con respecto a la información acerca de los activos del conjunto de cobertura y el marco jurídico destinado a garantizar el doble recurso y la segregación de dichos activos en caso de insolvencia o resolución del emisor; insiste también a este respecto en que la Directiva debe basarse en principios y centrarse solamente en requisitos de información;

Definición de los bonos garantizados premium, los bonos garantizados ordinarios, las obligaciones garantizadas europeas y su respectivo marco reglamentario

8.  Pide a la Comisión que presente una propuesta relativas a los bonos garantizados europeos (directiva) que defina simultáneamente los bonos garantizados premium, los bonos garantizados ordinarios y las obligaciones garantizadas europeas, a fin de evitar perturbaciones del mercado durante las fases de transición; pide a la Comisión que incluya en esta definición todos los principios comunes siguientes que pueden alcanzarse a lo largo del ciclo del instrumento emitido, con independencia de un posible trato preferencial:

a)  los bonos garantizados premium, los bonos garantizados ordinarios y las obligaciones garantizadas europeas deben estar plenamente respaldados por los activos del conjunto de cobertura;

b)  la legislación nacional debe garantizar un doble recurso, es decir, que el inversor tiene:

i)  un crédito sobre el emisor del instrumento de deuda equivalente a la totalidad de las obligaciones de pago;

ii)  un crédito prioritario equivalente sobre los activos del conjunto de cobertura (incluidos los activos de sustitución y derivados) en caso de impago del emisor.

En caso de que estos créditos resulten insuficientes para cumplir plenamente las obligaciones de pago del emisor, los créditos residuales del inversor deben tener la misma prelación que los créditos de los acreedores preferentes del emisor que no cuentan con garantías;

c)  la separación efectiva de todos los activos del conjunto de cobertura estará garantizada mediante acuerdos jurídicamente vinculantes que pueden ejecutarse fácilmente en caso de insolvencia o resolución del emisor; la misma norma se aplicará a todos los activos de sustitución y derivados que cubren los riesgos del conjunto de cobertura;

d)  los bonos garantizados premium, los bonos garantizados ordinarios y las obligaciones garantizadas europeas serán inmunes a la quiebra, esto es, se garantiza que las obligaciones de pago del emisor no se aceleran automáticamente en caso de insolvencia o resolución del emisor;

e)  se aplicará una sobregarantía que refleje los riesgos específicos de los bonos garantizados premium, los bonos garantizados ordinarios y las obligaciones garantizadas europeas, por magnitudes que se determinarán en la legislación nacional. El valor de todos los activos del conjunto de cobertura debe ser siempre superior al valor de las obligaciones de pago pendientes. Los métodos de evaluación para los activos del conjunto de cobertura y la frecuencia de cálculo deben estar claramente definidos en la legislación nacional y tener en cuenta adecuadamente todos los riesgos a la baja pertinentes;

f)  La legislación europea o nacional definirá los parámetros del porcentaje máximo para la relación préstamo-valor para los activos del conjunto de cobertura. La retirada de activos del conjunto de cobertura que no cumplan los límites de la relación préstamo-valor no debe ser obligatoria, sino que, por el contrario, debe garantizarse que dicha retirada solo se produzca cuando sean sustituidos por activos admisibles que tengan al menos el mismo valor de mercado;

g)  una parte de los activos del conjunto de cobertura o de las líneas de liquidez tiene liquidez suficiente para poder cumplir las obligaciones de pago del programa de bonos garantizados o de obligaciones garantizadas europeas en los seis meses siguientes, excepto en los casos con bonos financiados o bonos con un periodo de tiempo fijo y un periodo condicionado al vencimiento del activo de garantía subyacente;

h)  solo se autorizarán instrumentos derivados para fines de cobertura de riesgo, y los contratos con derivados asumidos por el emisor de bonos garantizados con una contraparte de derivados y asumidos en el conjunto de cobertura no podrán rescindirse por insolvencia del emisor;

i)  la legislación nacional fija un marco sólido de supervisión pública especial, definiendo la autoridad competente, el órgano de control del conjunto de cobertura y el administrador especial, e incluyendo una definición clara de las funciones y competencias de supervisión de la autoridad competente, con objeto de garantizar que:

i)  los emisores disponen de personal cualificado y de procedimientos operativos adecuados para gestionar los conjuntos de cobertura, incluso en casos de tensión, insolvencia o resolución;

ii)  las características de los conjuntos de cobertura cumplen los requisitos aplicables tanto antes de la emisión del valor como hasta el vencimiento del instrumento de deuda;

iii)  el cumplimiento por los bonos garantizados premium, los bonos garantizados ordinarios y las obligaciones garantizadas europeas de los requisitos pertinentes (en particular en relación con la admisibilidad de los activos de garantía y la cobertura) sigue siendo objeto de una supervisión continua, regular e independiente;

iv)  los emisores deben realizar periódicamente pruebas de resistencia sobre el cálculo de los requisitos de cobertura, teniendo en cuenta los principales factores de riesgo que afectan a los instrumentos de deuda, como los riesgos relacionados con el crédito, el tipo de interés, la moneda y la liquidez;

es preciso definir con claridad las funciones y competencias de la autoridad competente y del administrador especial en caso de insolvencia o resolución del emisor;

j)  el emisor está obligado a comunicar al menos dos veces al año los datos agregados sobre los conjuntos de cobertura, con un nivel de detalle que permita a los inversores llevar a cabo un análisis de riesgo exhaustivo. Debe facilitarse información sobre las características del riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo de liquidez de los activos de garantía, sobre las entidades de contrapartida que participan en conjuntos de cobertura y sobre los niveles de sobregarantía legal, contractual y voluntaria, y debe haber asimismo una sección sobre derivados adjuntos a los activos y pasivos del conjunto de cobertura;

k)  el plazo de vencimiento no puede ampliarse, salvo en caso de insolvencia o resolución del emisor y previa aprobación de la autoridad de supervisión competente o en el marco de detonantes financieros objetivos establecidos mediante legislación nacional y aprobados por la autoridad europea competente; las condiciones exactas de la ampliación y los posibles cambios de cupón, vencimiento y otras características deben quedar claros en los términos y condiciones de cada bono;

9.  Pide a la Comisión que en la definición de los bonos garantizados premium que figure en la Directiva se incluyan los principios adicionales siguientes:

a)  el instrumento de deuda está plenamente garantizado por los activos definidos en el artículo 129, apartado 1, del RCC y cumple los requisitos adicionales contemplados en el artículo 129, apartados 3 y 7, del RCC; para los préstamos sobre inmuebles residenciales garantizados tal y como se especifica en el artículo 129, apartado 1, letra e), del RCC no debe existir ningún impedimento jurídico para que el administrador del programa de bonos garantizados aplique una hipoteca preferente a préstamos cuando el emisor de los bonos cubierto se encuentre en situación de impago o resolución o, por la razón que sea, la garantía no se haya pagado. Se revisará la admisibilidad de buques utilizados como activos de garantía (Artículo 129, apartado 1, letra g) del RCC);

b)  los parámetros del porcentaje máximo para la relación préstamo-valor para las hipotecas incluidos en el conjunto de cobertura están definidos en la legislación europea de manera que no superen las relaciones préstamo-valor actualmente fijadas en el artículo 129 del RRC, pero estén supeditados a una revisión y adaptación periódicas de acuerdo con pruebas de resistencia basadas en evaluaciones independientes en materia de los precios de mercado que pueden darse en los mercados inmobiliarios pertinentes bajo presión; conviene fomentar el uso de parámetros basados en la relación préstamo-valor hipotecario en lugar de parámetros basados en la relación préstamo-valor de mercado;

10.  Hace hincapié en que las ponderaciones de riesgo asignadas a los bonos garantizados en la legislación de la Unión deben reflejar las evaluaciones del mercado en relación con los riesgos subyacentes; observa que esto no se aplica a todos los demás tipos de instrumentos de deuda que gozan de un tratamiento reglamentario preferencial debido a ciertas características;

11.  Pide a la Comisión que faculte a las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) para evaluar el cumplimiento de los criterios relativos a los bonos garantizados premium, los bonos garantizados ordinarios y las obligaciones garantizadas europeas, a fin de completar o incluso sustituir las listas previstas en el artículo 52, apartado 4, de la Directiva OICVM por una lista oficial de sistemas conformes aplicables a los bonos garantizados premium, los bonos garantizados ordinarios y las obligaciones garantizadas europeas a escala europea;

12.  Pide a la ABE que presente recomendaciones para los sistemas de bonos garantizados premium, bonos garantizados ordinarios y obligaciones garantizadas europeas en lo que se refiere a los criterios de elegibilidad para los activos (incluidos los activos de sustitución), las relaciones préstamo-valor y el nivel mínimo efectivo de sobregarantía para los diferentes tipos de activos, así como sobre posibles revisiones del RRC; pide a la ABE que presente las orientaciones necesarias para el establecimiento del marco administrativo y de supervisión público especial;

13.  Recomienda que se eliminen las barreras de acceso al mercado para los emisores en los mercados en desarrollo de bonos garantizados fuera del Espacio Económico Europeo, aplicando un tratamiento equitativo a los bonos garantizados de emisores de terceros países, toda vez que se apruebe su marco jurídico, institucional y de supervisión tras una evaluación minuciosa de equivalencia por parte de una institución europea competente; recomienda que se fomenten los principios clave de la legislación europea con vistas a establecer una posible norma de referencia en el mercado de los bonos garantizados a escala mundial;

14.  Pide a la Comisión que proponga una revisión de la legislación de la Unión en materia de servicios financieros que especifique el tratamiento regulador de los bonos garantizados premium, los bonos garantizados ordinarios y las obligaciones garantizadas europeas,

15.  Pide a la Comisión que, cuando evalúe la legislación en vigor sobre los servicios financieros de la Unión, tenga en cuenta el potencial de los fondos garantizados premium, los bonos garantizados ordinarios y las obligaciones garantizadas europeas para alcanzar los objetivos de la Unión de Mercados de Capitales;

16.  Pide a la Comisión que señale posibles obstáculos a nivel nacional opuestos al desarrollo de sistemas de bonos garantizados y que publique directrices para eliminar estas barreras, sin perjuicio de la dirección sana y prudente de sus actividades por parte de los bancos;

17.  Pide a la Comisión y a la ABE que vuelvan a evaluar, posiblemente como parte de la evaluación de impacto, la admisibilidad de buques utilizados como activos de garantía con arreglo a lo establecido en el artículo 129, apartado 1, letra g), del RCC; manifiesta su preocupación por la posibilidad de que un tratamiento preferencial a los buques distorsione la competencia con otros medios de transporte; pide a la Comisión y a la ABE que examinen si los bonos garantizados con buques están en las mismas condiciones que otros bonos garantizados que cumplen el RCC en lo que se refiere a su liquidez y a las evaluaciones de riesgo realizadas por agencias de calificación crediticia independientes, así como si está garantizado, por lo tanto, el tratamiento preferencial de dichos bonos sobre la base del requisito de cobertura de liquidez y unas ponderaciones de riesgo menores en el RCC;

18.  Pide a los Estados miembros que prevean en su legislación nacional la posibilidad de crear conjuntos de cobertura independientes, cada uno de ellos con una clase de activo homogénea (por ejemplo, préstamos para inmuebles residenciales); pide a los Estados miembros que permitan que todos los activos de garantía especificados en el artículo 129, apartado 1, letras a), b) y c), del RCC se admitan como activos de sustitución que contribuyen al requisito de cobertura, y que especifiquen claramente los límites de calidad crediticia, el nivel de la exposición y los límites superiores para las contribuciones de cobertura de los activos de substitución;

Apoyo a la transparencia del mercado y a la convergencia voluntaria

19.  Toma nota con satisfacción de la mejora registrada en las metodologías de calificación de los bonos garantizados, así como de la expansión de los mercados de calificación de dichos bonos;

20.  Subraya la importancia de la igualdad de condiciones de competencia para garantizar la competencia leal en los mercados financieros; hace hincapié en que la legislación europea no debe establecer discriminaciones entre los distintos tipos de instrumentos de deuda garantizada, salvo que existan razones fundadas para suponer que dichos bonos difieren en términos de seguridad o liquidez;

21.  Acoge con satisfacción las iniciativas del mercado para definir normas y modelos armonizados de divulgación (por ejemplo el modelo HTT) destinadas a facilitar la comparación y el análisis de las diferencias entre los bonos garantizados en toda la Unión;

22.  Apoya el desarrollo de recomendaciones de la ABE sobre normas de mercado y orientaciones sobre buenas prácticas; alienta una convergencia voluntaria en este sentido;

23.  Anima a que se efectúen periódicamente pruebas de resistencia para los conjuntos de cobertura y se publiquen los resultados de dichas pruebas;

°

°  °

24.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a la Autoridad Bancaria Europea.

(1)

DO L 257 de 28.8.2014, p. 186.

(2)

DO L 176 de 27.6.2013, p. 1.

(3)

DO L 173 de 12.6.2014, p. 190.

(4)

DO L 314 de 1.12.2015, p. 13.

(5)

DO L 195 de 20.7.2016, p. 3.

(6)

DO L 11 de 17.1.2015, p. 1.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dese su invención hace más de dos siglos, los bonos garantizados siempre han sido un activo muy particular en muchos aspectos. En varios Estados miembros, estos bonos son instrumentos que llevan mucho tiempo consolidados en sus estructuras financiares y han demostrado ser inversiones fiables para diversas instituciones financieras, así como una opción de financiación práctica y eficiente para los emisores. Se sustentan en un conjunto de características estructurales muy sólidas, como el doble recurso, los conjuntos de cobertura de elevada calidad (compuestos casi exclusivamente por préstamos hipotecarios (85 %) e instrumentos de deuda pública (15 %) y la segregación de los activos que integran el conjunto de cobertura. La confianza de los inversores se ve reforzada ya que los bonos garantizados están sujetos a una supervisión pública especial.

El extraordinario nivel de seguridad y liquidez de los bonos garantizados durante décadas se mantuvo incluso a lo largo del último decenio, cuando los mercados financieros atravesaban grandes dificultades. En consecuencia, se reconoció que la titularidad de bonos garantizados merece un tratamiento reglamentario preferencial en la legislación de la Unión en materia de servicios financieros.

En el artículo 52, apartado 4 de la Directiva OICVM(1) se recoge una descripción bastante vaga de esta clase de activos, que se utiliza como la «definición» de bono garantizado en el Derecho de la Unión —aunque en el texto no se utilice el término «bonos garantizados» para referirse a la clase de activos—. La legislación posterior de la Unión se ha basado en esta definición para:

•  conceder un trato favorable a los bonos garantizados en poder de los bancos si dichos bonos cumplen con determinados requisitos formulados de manera más precisa en el artículo 129 del Reglamento sobre los requisitos prudenciales(2);

•  incluir los bonos garantizados que cumplan con determinadas condiciones particulares en la lista de activos reconocidos como activos líquidos de alta calidad de nivel 1 con arreglo al Reglamento Delegado en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez(3); y

•  excluir los bonos garantizados, hasta la parte garantizada, de la recapitalización interna cuando un banco se someta a resolución, con arreglo al artículo 44, apartado 2 de la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias(4).

El éxito de los bonos garantizados puede atribuirse fundamentalmente a dos factores:

(1)  desde el punto de vista económico, a la existencia de garantías reales en forma de activos duraderos de elevada calidad que se pueden valorar y recuperar fácilmente (principalmente hipotecas y bonos del Estado);

(2)  desde el punto de vista institucional, a la existencia de un marco jurídico y de supervisión que garantiza un doble recurso para el inversor, la segregación del conjunto de cobertura y una supervisión pública especial.

Desde la perspectiva de la legislación europea, es interesante observar que la «definición» de bono garantizado recogida en el artículo 52, apartado 4 de la Directiva OICVM fundamentalmente exige que los bonos garantizados cumplan con el requisito institucional (punto 2), pero no impone el económico (punto 1), a saber, que los activos de garantía sean de alta calidad. De hecho, la legislación nacional establece qué activos de garantía son admisibles. En todos los Estados miembros, estas leyes giran entorno a las hipotecas y los préstamos concedidos a entidades públicas; pero en algunos Estados miembros también se permite la inclusión de otros activos que podrían entrañar un mayor riesgo.

En aras de la estabilidad financiera sistémica, la existencia de garantías reales parece indispensable. La exclusión de los acreedores de bonos garantizados del instrumento de recapitalización interna de la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias solo puede justificarse si dichos bonos se diferencian de otros instrumentos de deuda porque plantean un riesgo de impago extremadamente reducido. La ausencia de un riesgo significativo de impago también resulta clave para incluir los bonos garantizados en el nivel 1 de activos líquidos en el Reglamento Delegado en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez y conceder a los inversores un nivel de exposición más elevado para este tipo de exposición que para otros títulos transferibles o instrumentos del mercado monetario.

La ABE en su informe de 2016 se pronuncia claramente en contra de conceder un tratamiento reglamentario preferencial a los bonos garantizados cuyos conjuntos de cobertura incluyan tipos de activos con un riesgo mayor, a saber, préstamos a pymes, préstamos para infraestructuras o préstamos a deudores no públicos. La ABE también se muestra escéptica en cuanto a activos muebles, tales como buques (y aeronaves) que, si abandonan la Unión, pueden ser difíciles de recuperar.

Por otra parte, habida cuenta del éxito que los bonos garantizados han tenido y siguen teniendo a la hora de financiar hipotecas o préstamos al sector público, se sugiere abrir el marco institucional (punto 2) a tipos de activos de mayor riesgo, como la financiación de pymes o la inversión en infraestructuras. Un marco legal sólido que contemple un doble recurso, la segregación de los conjuntos de cobertura y una supervisión pública especial puede brindar —tanto a los emisores como a los inversores— una alternativa atractiva a las titulizaciones u otras formas de financiación de deuda. Las disposiciones contractuales subyacentes a las titulizaciones a menudo entrañan elevados costes para su establecimiento, resultan difíciles de supervisar y dan pie a pleitos legales en caso de impago o resolución de la entidad emisora.

Se puede aumentar la transparencia, la supervisión pública y la seguridad jurídica si se amplían los principios institucionales de los bonos garantizados arriba mencionados (punto 2) a los instrumentos de deuda que financian actividades económicas importantes y que contribuyen al crecimiento, como las pymes o las inversiones en infraestructuras. Sin embargo, no se puede hacer peligrar la estabilidad financiera. No se concederán exenciones en relación con los requisitos generales de capital de la regulación bancaria o el instrumento de recapitalización interna, a títulos cuyas garantías reales no se ajusten a los requisitos arriba planteados (punto 1).

Por lo tanto, el ponente propone una Directiva europea que defina y distinga claramente dos tipos de activos: los bonos garantizados y las obligaciones garantizadas europeas. Ambos tipos de valores tendrían en común los principios de un marco jurídico y de supervisión (punto 2). El término «bono garantizado» se reservaría a aquellos valores que también cumplieran con el punto 1 y, por ende, solo los bonos garantizados podrían optar a un tratamiento reglamentario preferencial. Para evitar perturbaciones innecesarias en el buen funcionamiento de los mercados de bonos garantizados, el ponente propone definir estos bonos ciñéndose en gran medida al artículo 129 del Reglamento sobre los requisitos prudenciales(5).

El Reglamento sobre los requisitos prudenciales no aborda la admisibilidad de los bonos garantizados con ampliaciones del vencimiento (por un período de tiempo fijo —soft bullet— o por un período condicionado al vencimiento del activo de garantía subyacente —conditional pass through—). Estos tipos de bonos garantizados han aumentado considerablemente en los últimos años. Si bien las ampliaciones del vencimiento pueden ser disposiciones contractuales útiles en cuanto a la previsibilidad y la gestión del riesgo, sobre todo en casos de impago o resolución de la entidad emisora, trasladan parte de los riesgos del emisor al inversor. Si no se presta atención a este elemento, podría entrañar riesgos sistémicos más amplios. Por lo tanto no debe brindarse un tratamiento reglamentario preferencial a los bonos garantizados con ampliaciones de vencimiento, salvo en los casos de impago o resolución; es decir, en casos en los que la alternativa a la ampliación del vencimiento sería un impago por parte de del emisor al bono garantizado. Además, para proteger a los inversores y salvaguardar la estabilidad financiera, el emisor no ha de tener la potestad de decidir si amplía el plazo de vencimiento. Al contrario, toda ampliación del vencimiento de los bonos garantizados en caso de impago o resolución debe supeditarse a la aprobación por parte de la autoridad de supervisión competente.

Los sistemas por los que se rigen los bonos garantizados están profundamente arraigados en las legislaciones nacionales en materia de insolvencia. Los conjuntos de cobertura y el principio de doble recurso constituyen salvaguardias ante la insolvencia del emisor, mientras que los procedimientos legales necesarios para satisfacer las reclamaciones de los acreedores en contra de un emisor insolvente de bonos garantizados dependen del ordenamiento jurídico nacional y varían mucho de un Estado miembro a otro. La legislación europea no ha de interferir con los marcos jurídicos arraigados en el ordenamiento nacional y que han permitido el buen funcionamiento de los mercados de bonos garantizados durante décadas. Por este motivo, la legislación europea tiene que limitarse a una Directiva que establezca los principios de los mercados de bonos garantizados y obligaciones garantizadas europeas. Las autoridades nacionales de supervisión competentes elaborarán las normas técnicas más adelante, a raíz de la transposición en la legislación nacional.

El porcentaje máximo para la relación préstamo/valor para las hipotecas es un elemento importante de los criterios de elegibilidad establecidos en el artículo 129 del Reglamento sobre los requisitos prudenciales. Teniendo en cuenta las grandes fluctuaciones de precios que se han dado en algunos mercados inmobiliarios, la relación préstamo/valor tiene que considerarse como un elemento determinante de las garantías reales de los créditos garantizados que reciben un tratamiento regulatorio preferencial, y no como un factor técnico que pueden definir libremente los Estados miembros. El ponente propone, por lo tanto, que la legislación europea siga estableciendo porcentajes máximos para la relación préstamo/valor y vigilar con atención si dichos porcentajes están en consonancia con las evaluaciones independientes de las condiciones en materia de precios que pueden darse en los mercados inmobiliarios pertinentes bajo presión.

Por último, cualquier medida que se tome a nivel europeo ha de tener también en cuenta tres acontecimientos importantes que hasta ahora no se habían mencionado:

•  Están ya en marcha importantes iniciativas impulsadas por el mercado. Por ejemplo, el distintivo de bono garantizado (Covered Bond Label o CBL) diseñado por el gremio de entidades emisoras en cooperación con los inversores y los reguladores, para el que se alcanzó un acuerdo en 2013 y en 2016 cubría el 60 % de los bonos garantizados en circulación a nivel mundial. Siempre que existan iniciativas de este tipo, tienen que alentarse y sustituir la intervención pública o servir de base para la elaboración de normas facultativas u obligatorias. En concreto, la plantilla harmonizada de transparencia creada en 2016 en el marco del CBL podría servir de punto de partida para establecer normas comunes de publicación de información para las entidades emisoras.

•  Los bonos garantizados son cada vez más populares en terceros países, tales como Australia, Canadá, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur, Turquía y Rusia. Es posible que otros importantes Estados — incluidos Brasil, la India, Japón, México, Marruecos, Panamá, Perú, Sudáfrica y Estados Unidos— se sumen a esta tendencia próximamente. Una legislación europea cuidadosamente planteada, que se limite a establecer principios básicos y sea lo suficientemente flexible como para tener en cuenta la idiosincrasia y el legado de los ordenamientos jurídicos nacionales permitirá integrar los mercados de bonos garantizados europeos y de obligaciones europeas garantizadas con mercados similares de productos financieros con el mismo nivel de seguridad en otras partes del mundo. De esta manera la legislación europea reforzará las perspectivas de crecimiento económico a largo plazo en la UE y en terceros países. Además, las normas europeas podrían servir de modelo para desarrollar los mercados de bonos garantizados en todo el mundo.

•  Estos últimos años, el mercado ha estado funcionando, en cierta medida, gracias al apoyo público. El programa de compra de activos del BCE (desde octubre de 2014 a través del tercer programa de adquisiciones de bonos garantizados o CBPP3) ha tenido un efecto notable en los mercados primarios y secundarios de bonos garantizados, lo que, junto con el tratamiento regulatorio, ha conllevado un aumento de las emisiones de bonos garantizados desde 2013. Sin embargo, esto ha provocado la expulsión de un gran número de inversores privados, y las partes interesadas han advertido de que este efecto de expulsión puede continuar y acabar destruyendo el mercado, a no ser que el BCE abandone los mercados de bonos garantizados a corto plazo. Por este motivo, cualquier iniciativa legislativa o normativa tendría que sopesarse cuidadosamente. Un cambio importante de las normas provocaría incertidumbre en unos mercados que necesitan recuperar los inversores que han perdido.

Desde 2015, la iniciativa de la Unión de Mercados de Capitales impulsada por la Comisión (en concreto mediante la consulta pública sobre los bonos garantizados que celebró en septiembre de 2015) plantea una mejora de los mercados de bonos garantizados en Europa, respetando las preferencias y marcos nacionales. Se trata de un factor importante, ya que el éxito de esta clase de activos ha sido propiciado por los marcos nacionales que se han ido desarrollando a lo largo de décadas y ajustando a las necesidades locales de financiación a largo plazo, las estructuras bancarias o del mercado de capitales y la predisposición al riesgo. Hay que tomar en consideración y seguir cultivando estas particularidades y márgenes de flexibilidad, para que los mercados europeos de bonos garantizados sigan estando a la vanguardia en todo el mundo.

(1)

Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).

(2)

Reglamento (UE) n.º°575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012.

(3)

Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito.

(4)

Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.° 1093/2010 y (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE).

(5)

De esta manera los activos que integran el conjunto de cobertura se limitarán a hipotecas, préstamos a entidades públicas o activos con garantías del Estado. A diferencia del Reglamento sobre los requisitos prudenciales, los buques no podrán incluirse en los bonos garantizados.


INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

20.6.2017

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

43

6

1

Miembros presentes en la votación final

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Jarosław Wałęsa, Sotirios Zarianopoulos

Suplentes presentes en la votación final

Simona Bonafè, Enrique Calvet Chambon, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Mady Delvaux, Jan Keller, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Romana Tomc, Roberts Zīle

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Jarosław Wałęsa


VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

43

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Sirpa Pietikäinen, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Esther de Lange

S&D

Simona Bonafè, Udo Bullmann, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Alfred Sant, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

6

-

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis

NI

Sotirios Zarianopoulos

1

0

ENF

Gerolf Annemans

Explicación de los signos utilizados:

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones

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