Procedimiento : 2016/2324(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0283/2017

Textos presentados :

A8-0283/2017

Debates :

PV 02/10/2017 - 16
CRE 02/10/2017 - 16

Votaciones :

PV 03/10/2017 - 4.5
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0365

INFORME     
PDF 434kWORD 66k
5.9.2017
PE 602.940v02-00 A8-0283/2017

sobre el tema «Afrontar la reducción del espacio de la sociedad civil en los países en desarrollo»

(2016/2324(INI))

Comisión de Desarrollo

Ponente: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ponente de opinión (*):

Francisco Assis, Comisión de Asuntos Exteriores

(*) Procedimiento de comisiones asociadas – artículo 54 del Reglamento

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Exteriores
 INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓNEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el tema «Afrontar la reducción del espacio de la sociedad civil en los países en desarrollo»

(2016/2324(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Visto el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el artículo 7 del TFUE, que reafirma que «la Unión velará por la coherencia entre sus diferentes políticas y acciones, teniendo en cuenta el conjunto de sus objetivos»,

–  Vista la Carta de las Naciones Unidas,

–  Vistos la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y otros tratados e instrumentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobados ambos en Nueva York el 16 de diciembre de 1966, y la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979,

–  Vista la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, así como el documento final aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible»(1),

–  Visto el Consenso Europeo sobre Desarrollo,

–  Vista la «Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea – Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte», presentada en junio de 2006 por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad(2),

–  Visto el Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia 2015-2019, adoptado por el Consejo el 20 de julio de 2015(3),

–  Vistas las hojas de ruta por países de la Unión para la relación con la sociedad civil,

–  Vistos el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 («Acuerdo de Cotonú»), y sus revisiones de 2005 y 2010,

–  Visto el Código de buenas prácticas para la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones adoptado por la Conferencia de OING el 1 de octubre de 2009,

–  Vista la declaración de Berlín a raíz de la reunión anual del grupo de base de la Plataforma de la sociedad civil para la consolidación de la paz y el refuerzo del Estado que se celebró del 6 al 9 de julio de 2016,

–  Vistos el Reglamento (UE) n.º 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo para el período 2014-2020(4) y el Reglamento (UE) n.º 230/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un instrumento en pro de la estabilidad y la paz(5),

–  Vistos el Reglamento (UE) 2015/323 del Consejo, de 2 de marzo de 2015, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al 11.º Fondo Europeo de Desarrollo(6), y la Declaración I del Acuerdo de Cotonú («Declaración común sobre los participantes en la cooperación»),

–  Visto el artículo 187, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 , sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 del Consejo, y en particular su artículo 208, apartado 2 («el Reglamento Financiero»)(7),

–  Visto el programa indicativo plurianual (PIP) 2014-2020 del ICD para las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales(8),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de septiembre de 2012, titulada «Las raíces de la democracia y del desarrollo sostenible: el compromiso de Europa con la sociedad civil en las relaciones exteriores» (COM(2012)0492),

–  Vista la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 27 de junio de 2016, sobre el espacio de la sociedad civil(9),

–  Visto el Informe anual de la Unión Europea sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo, y la política de la UE para 2015,

–  Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países(10),

–  Vista su Resolución, de 4 de octubre de 2016, sobre el futuro de las relaciones ACP-UE después de 2020(11),

–  Vistas las Directrices de la Unión Europea sobre derechos humanos, incluidas las Directrices de la Unión Europea sobre el apoyo a los defensores de los derechos humanos, así como las Directrices de la Unión sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias, aprobadas por el Consejo el 24 de junio de 2013,

–  Vistas las orientaciones del Parlamento Europeo en materia de promoción de los derechos humanos y la democracia en sus visitas a terceros países, destinadas a las delegaciones interparlamentarias(12),

–  Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de 9 de octubre de 2013, titulado «Capacitación de las autoridades locales en los países socios en aras de la mejora de la gobernanza y la eficacia de los resultados del desarrollo»,

–  Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de 24 de febrero de 2015, titulado «Una vida digna para todos: de la visión a la acción colectiva»,

–  Vistos el informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, de 11 de abril de 2016, relativo a las recomendaciones prácticas para la creación y el mantenimiento de un entorno seguro y propicio para la sociedad civil tomando como base las buenas prácticas y las lecciones aprendidas(13) y los informes del relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación,

–  Visto el Informe de Riesgos Globales 2017 del Foro Económico Mundial(14),

–  Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2017, sobre la revisión del Consenso Europeo sobre Desarrollo(15),

–  Vista su Resolución, de 22 de noviembre de 2016, sobre una mayor eficacia de la cooperación al desarrollo(16),

–  Vista su Resolución, de 7 de junio de 2016, sobre el Informe de la UE de 2015 sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo(17),

–  Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos,

–  Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2016, sobre el seguimiento y examen de la Agenda 2030(18),

–  Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2013, sobre las entidades locales y la sociedad civil: el compromiso de Europa en aras del desarrollo sostenible(19),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0283/2017),

A.  Considerando que el artículo 21 del TUE establece que la acción de la Unión en la escena internacional, que incluye la cooperación al desarrollo, se basará en los principios de la democracia, el Estado de Derecho y la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales;

B.  Considerando que la sociedad civil representa el tercer sector de una sociedad sana y digna, junto con el sector público y el privado; que la sociedad civil incluye a las organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que participan en la vida pública y que expresan los intereses y los valores de sus miembros o de otras partes, sobre la base de consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas o filantrópicas;

C.  Considerando que la sociedad civil desempeña un papel esencial en la construcción y el fortalecimiento de la democracia, la supervisión del poder estatal y el fomento de la buena gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas; que la presencia de las organizaciones de la sociedad civil como fuerzas vivas de la sociedad es fundamental, ya que ofrecen el contrapeso necesario a los poderes establecidos, actuando como intermediarias y mediadoras entre el pueblo y el Estado, y en calidad de guardianas de la democracia; que numerosos grupos de la sociedad civil han intentado participar en los procesos de reforma constitucional para proteger los principios y las instituciones de carácter democrático;

D.  Considerando que las organizaciones de la sociedad civil cubren un amplio espectro de derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, la educación y la igualdad de género, y llevan a cabo actividades en el ámbito social y medioambiental; que la sociedad civil está compuesta por un amplio abanico de grupos y objetivos, incluidas no solo las organizaciones de la sociedad civil, sino también organizaciones no gubernamentales, grupos de defensa de los derechos humanos y comunitarios, diásporas, iglesias y asociaciones y comunidades religiosas, que salvaguardan los intereses de personas con discapacidad, movimientos sociales y sindicatos, pueblos indígenas y fundaciones y la representación de las personas vulnerables, discriminadas y marginadas;

E.  Considerando que el Acuerdo de Cotonú reconoce que la sociedad civil es un actor fundamental en la cooperación entre la Unión y los países ACP; que la expiración del Acuerdo en 2020 brinda la oportunidad de revisar la asociación y seguir aumentando la participación de las organizaciones de la sociedad civil;

F.  Considerando que las organizaciones de la sociedad civil se han convertido en importantes actores de la ayuda al desarrollo mundial, en particular en lo que se refiere a la prestación de servicios sociales básicos, la sensibilización pública, la promoción de la democracia, los derechos humanos, la buena gobernanza y unas sociedades pacíficas e integradoras, el fomento de la capacidad de recuperación de las personas, familias y comunidades locales, la lucha contra el extremismo violento, así como la respuesta a las crisis humanitarias;

G.  Considerando que, tal como reconocen las organizaciones internacionales en sus protocolos y prácticas, las iglesias, las comunidades y las asociaciones religiosas, junto con otras organizaciones basadas en una determinada religión o creencia, son desde hace tiempo agentes de primera línea en cuanto a la prestación de ayuda al desarrollo y asistencia humanitaria;

H.  Considerando que el programa indicativo plurianual 2014-2020 del ICD para el programa temático «Las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales» incluye la promoción de un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales como elemento transversal; que el programa pretende reforzar la voz y la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de desarrollo de los países socios y progresar en el diálogo político, social y económico;

I.  Considerando que la Unión es el principal donante a las organizaciones locales de la sociedad civil de los países en desarrollo y ha asumido una posición de liderazgo en la protección de los representantes de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos mediante el uso y la aplicación de una serie de instrumentos y políticas, en particular el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), el programa temático del ICD para las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales, la Dotación Europea para la Democracia, las hojas de ruta de la sociedad civil aplicadas en 105 países y los documentos de estrategia nacional;

J.  Considerando que en la pasada década se ha producido en todo el mundo una expansión de la sociedad civil en términos de tamaño, alcance, composición e influencia; que, de forma simultánea, las restricciones impuestas a los representantes y las actividades de la sociedad civil han adquirido un carácter cada vez más represivo y autoritario en un creciente número de países del mundo, tanto en desarrollo como desarrollados;

K.  Considerando que, además, la agenda fijada por los donantes internacionales podrían no dar prioridad en algunos casos a las necesidades reales de los representantes de la sociedad civil que trabajan sobre el terreno;

L.  Considerando que en el informe sobre el estado de la sociedad civil de 2016 se consideraba que 2015 había sido un año nefasto para la sociedad civil, ya que los derechos cívicos se habían visto seriamente amenazados en más de una centena de países; que en este informe se hace una referencia particular a las regiones del África Subsahariana y de Oriente Próximo y África del Norte (MENA), ya que se enfrentan más a menudo a situaciones de tensión política, conflicto y fragilidad;

M.  Considerando que un número cada vez mayor de gobiernos está reprimiendo en términos jurídicos o administrativos a las organizaciones de la sociedad civil, llegando incluso a imponer leyes restrictivas, límites a la financiación, procedimientos de despido estrictos e impuestos punitivos;

N.  Considerando que en los últimos años se ha producido en los países en desarrollo un aumento preocupante del número de informaciones sobre casos de activistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, abogados, intelectuales, periodistas y líderes religiosos que están siendo objeto de persecución, acoso, arresto o detención arbitrarios y estigmatizados como «agentes extranjeros», así como del número de víctimas de abusos y violencia; que en algunos países esto se está produciendo con total impunidad, y en ocasiones con el apoyo o la aquiescencia de las autoridades;

O.  Considerando que los derechos humanos son universales e inalienables, indivisibles, interdependientes y están interrelacionados; que la capacidad de actuación de la sociedad civil depende del ejercicio de libertades fundamentales, en particular el derecho a la libertad de asociación, reunión pacífica, expresión, pensamiento, conciencia, religión o creencia, así como del libre acceso a la información;

P.  Considerando que el debilitamiento de la sociedad civil, la reducción del espacio político y cívico, el aumento de la corrupción, las desigualdades sociales y de género y el bajo nivel de desarrollo humano y socioeconómico, así como la fragilidad y los conflictos, son fenómenos que están interrelacionados;

Q.  Considerando que cualquier respuesta creíble y efectiva de la Unión a la reducción del espacio cívico requiere evaluar y comprender de forma precisa y oportuna las amenazas y factores que ocasionan las restricciones; que cualquier respuesta de este tipo requiere un enfoque coordinado entre desarrollo y cooperación política con vistas a garantizar la coherencia entre todos los instrumentos externos e internos de la Unión mediante el envío de un mensaje común sobre la importancia del libre funcionamiento de la sociedad civil y la cooperación a escala local, regional e internacional;

R.  Considerando que la Agenda 2030 y, en particular, los ODS n.º 16 y 17 prevén la cooperación reforzada con la sociedad civil como principal socio y facilitador en lo que se refiere a la promoción, la aplicación, el seguimiento y la revisión de los ODS;

1.  Opina que una sociedad civil realmente independiente, diversa, pluralista y pujante es fundamental para el desarrollo y la estabilidad de un país, para garantizar la consolidación democrática, la justicia social y el respeto de los derechos humanos y para la creación de sociedades incluyentes, a fin de que nadie se quede atrás; recuerda, asimismo, que la sociedad civil es un elemento fundamental para la consecución de los ODS;

2.  Destaca el papel central que desempeña la sociedad civil de todo el mundo para apoyar la democracia, garantizar la separación de poderes y promover la transparencia, la rendición de cuentas y la buena gobernanza, en particular en la lucha contra la corrupción y el extremismo violento, y su incidencia directa en el desarrollo económico y humano de los países, así como en la sostenibilidad ambiental;

3.  Está profundamente preocupado por el hecho de que el cierre del espacio reservado a la sociedad civil en los países en desarrollo se esté llevando a cabo de formas cada vez más complejas y sofisticadas, difíciles de atajar e impuestas mediante legislación, fiscalidad, limitaciones a la financiación, aumento de la burocracia, requisitos de información y bancarios, criminalización y estigmatización de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, difamación, toda forma de acoso, represión en línea y límites en el acceso a internet, censura, detención arbitraria, violencia de género, tortura y asesinato, en especial en Estados afectados por conflictos; insiste en la necesidad de abordar las tácticas gubernamentales y no gubernamentales cuyo objeto es marginar a las voces críticas;

4.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que, cuando las organizaciones de la sociedad civil pueden recibir legalmente fondos extranjeros, son susceptibles de ser calificadas de «agentes extranjeros», con la estigmatización y el incremento significativo de los riesgos que esto conlleva para ellas; pide que la Unión Europea refuerce sus instrumentos y políticas enfocados hacia el desarrollo institucional y el Estado de Derecho, y que incluya en los mismos unos criterios de referencia sólidos en materia de rendición de cuentas y de lucha contra la impunidad en casos de detención arbitraria, abusos policiales, torturas y otros malos tratos infligidos a los defensores de los derechos humanos, teniendo presente que las mujeres y los hombres viven estos abusos de forma distinta;

5.  Subraya que la reducción del espacio reservado a la sociedad civil es un fenómeno mundial, que no se limita a los países en desarrollo, sino que también se da, y cada vez con más frecuencia, en democracias establecidas y países de renta media y alta, incluidos los Estados miembros de la Unión y algunos de los aliados más cercanos a la Unión; pide que la Unión Europea y sus Estados miembros prediquen con el ejemplo respetando escrupulosamente los derechos fundamentales de la sociedad civil y que afronten cualquier tendencia negativa en este ámbito;

6.   Insiste en que los Estados son los principales responsables y tienen la obligación de proteger en su totalidad los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, así como el deber de ofrecer un entorno político, jurídico y administrativo propicio para una sociedad civil libre y que funcione correctamente, que pueda actuar de forma libre y segura y acceder a la financiación, también a través de fuentes extranjeras;

7.  Pide que la Unión Europea reconozca la necesidad de orientar a los gobiernos, partidos políticos, parlamentos y administraciones de los países beneficiarios a la hora de desarrollar estrategias para establecer el entorno jurídico, administrativo y político adecuado para permitir que las organizaciones de la sociedad civil trabajen de forma eficaz;

8.  Expresa su profunda preocupación por el creciente número de ataques contra los defensores de los derechos humanos en todo el mundo; pide a la Unión Europea, y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) en particular, que adopten una política de denuncia sistemática e inequívoca de los asesinatos de defensores de los derechos humanos y de todo intento de someterlos a cualquier forma de violencia, persecución, amenaza, acoso, desaparición forzada, encarcelamiento o detención arbitraria, que condenen a quienes perpetren o toleren estas atrocidades, y que intensifiquen la diplomacia pública para apoyar abierta y claramente a los defensores de los derechos humanos; alienta a las delegaciones de la Unión y a las representaciones diplomáticas de los Estados miembros a que continúen apoyando activamente a los defensores de los derechos humanos, sobre todo haciendo seguimientos sistemáticos de los juicios, visitándoles en las cárceles y emitiendo comunicados sobre casos individuales cuando proceda;

9.  Considera que, en aquellos casos en que se produzca un cierre rápido y drástico del espacio de la sociedad civil, los Estados miembros deben otorgar a las ONG o a los defensores particulares de los derechos humanos afectados un reconocimiento público de alto nivel por su labor, por ejemplo mediante visitas en el contexto de visitas oficiales;

10.  Anima a la Unión a que conciba directrices sobre la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación; pide a la Unión que se sirva de todas las estrategias nacionales en materia de democracia y derechos humanos de la Unión, que cree herramientas de control para una aplicación conjunta y efectiva de las directrices de la Unión Europea sobre el apoyo a los defensores de los derechos humanos y que vele por que no haya lagunas en la protección y por que se sancionen las violaciones graves de los derechos humanos;

11.  Recuerda que la sociedad civil desempeña un papel importante en la promoción de la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias, y reitera su apoyo a la aplicación de las directrices de la Unión sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias;

12.  Destaca que es esencial reforzar la relación de las organizaciones de la sociedad civil con los ciudadanos y con el Estado a fin de representar realmente a las comunidades y circunscripciones, incluidas las mujeres, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y todos los grupos vulnerables, y contribuir a que el Estado sea más eficaz y rinda cuentas en relación con los resultados en materia de desarrollo y respeto de los derechos humanos;

13.  Se felicita del apoyo y el compromiso asumido desde hace tiempo por la Unión con la sociedad civil en los países en desarrollo, y reitera su llamamiento inequívoco en favor de la continuación y el aumento del apoyo y la financiación de la Unión para la creación de un entorno libre y propicio para la sociedad civil a nivel nacional y local, en particular mediante una programación anual; pide a la Unión que diversifique y potencie al máximo las modalidades y los mecanismos de financiación para los representantes de la sociedad civil, teniendo en cuenta sus características específicas y garantizando que no se restrinja su margen de acción o el número de interlocutores potenciales;

14.  Pide a la Unión que vele por que los fondos de la UE se utilicen tanto para la ayuda a largo plazo como para las intervenciones de urgencia, a fin de ayudar sobre todo a los activistas de la sociedad civil que se encuentren en peligro;

15.   Recuerda que la participación ciudadana y la fortaleza de la sociedad civil se han de tener en cuenta como un indicador de democracia; insta encarecidamente a que todo debate interparlamentario sobre democracia incluya a miembros de las organizaciones de la sociedad civil y a que se asocie a la sociedad civil al proceso de consulta sobre toda la legislación que le afecte;

16.  Pide a la Unión que siga trabajando en pro de una mayor autonomía del espacio cívico no solo a través de las políticas de la Unión en materia de desarrollo y derechos humanos, sino también integrando todas las demás políticas interiores y exteriores de la Unión, en particular las políticas comerciales, de justicia, asuntos interiores y seguridad, de conformidad con el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo;

17.  Advierte a la Unión y a sus Estados miembros del peligro de adoptar un enfoque más indulgente con respecto a la reducción del espacio reservado a la sociedad civil y otras cuestiones de derechos humanos cuando se trata de países con los que coopera la Unión en materia de migración; subraya que la reducción del espacio reservado a la sociedad civil y las violaciones de los derechos humanos pueden contribuir a la migración forzosa; 

18.  Destaca que, para luchar contra la reducción del espacio reservado a la sociedad civil, se ha de adoptar un enfoque unificado y coherente en la relación de la Unión con terceros países; pide a la Unión y a sus Estados miembros que aborden de forma activa las causas profundas de la reducción del espacio reservado a la sociedad civil, en particular integrando la promoción del compromiso libre y responsable de las organizaciones de la sociedad civil y su participación en la cooperación bilateral y multilateral como socio del diálogo político, económico y social; pide, a este respecto, que la Unión tenga en cuenta las diferencias en cuanto a tamaño, capacidades y experiencia de las organizaciones de la sociedad civil;

19.  Insta a la Unión a que se convierta en un facilitador activo y promueva mecanismos institucionales e iniciativas multilaterales para el refuerzo de los diálogos y el desarrollo de coaliciones y asociaciones más amplias y fuertes entre los gobiernos de los países en desarrollo, las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades locales y el sector privado sobre un entorno propicio para la sociedad civil; subraya la importancia de contar con espacios seguros para llevar a cabo dichos diálogos;

20.  Pide a la Unión que supervise las medidas para combatir el terrorismo y los aspectos de la legislación sobre transparencia y lucha contra el blanqueo de capitales, y que tome medidas para garantizar que no limiten de forma ilegítima la financiación y las actividades de las organizaciones de la sociedad civil; reitera, en este contexto, que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no deben interpretarse ni aplicarse de forma que restrinjan indebidamente el espacio reservado a la sociedad civil; 

21.  Recuerda que el sector privado es un socio clave para la consecución de los ODS y que desempeña un importante papel en el fomento del espacio cívico y la promoción de un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos, en particular reafirmando la responsabilidad social corporativa y las obligaciones de diligencia debida en las cadenas de suministro, así como a través de asociaciones público-privadas;

22.   Reitera la obligación que incumbe al sector privado de respetar los derechos humanos y de adherirse a las normas sociales y medioambientales más estrictas; pide a la Unión y a sus Estados miembros que se sigan implicando activamente en los trabajos llevados a cabo por las Naciones Unidas con vistas a establecer un tratado internacional que responsabilice a las empresas por toda participación en violaciones de los derechos humanos;

23.  Solicita que la Unión establezca una diligencia debida en materia de derechos humanos obligatoria y jurídicamente vinculante para las actividades empresariales que realicen las sociedades domiciliadas en la Unión en terceros países;

24.  Considera que los acuerdos comerciales y de inversión concluidos por la Unión y sus Estados miembros no deben socavar directa ni indirectamente la promoción y protección de los derechos humanos y del espacio cívico en los países en desarrollo; opina que las cláusulas vinculantes en materia de derechos humanos en los acuerdos comerciales son un instrumento influyente de cara a la apertura del espacio cívico; pide a la Comisión que refuerce el papel de los representantes de la sociedad civil en las instituciones responsables de los acuerdos comerciales, incluidos los Grupos Consultivos Internos y los Comités Consultivos de los AAE;

25.  Pide a la Comisión que desarrolle un marco de supervisión de los instrumentos de financiación exterior de la Unión que se centre especialmente en los derechos humanos;

26.  Pide a la Comisión y al SEAE que definan mejores prácticas y elaboren un marco de referencia e indicadores claros relacionados con la reducción del espacio en el contexto del Plan de Acción de la UE para los derechos humanos y la democracia y la revisión intermedia de la IEDDH para evaluar avances concretos;

27.  Pide a todos los agentes de la Unión que aboguen con mayor eficacia en los foros multilaterales en favor del refuerzo del marco jurídico internacional que sustenta la democracia y los derechos humanos, en particular mediante la colaboración con organizaciones multilaterales, como las Naciones Unidas, incluidos los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y el mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y con organizaciones regionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Africana (UA), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Liga Árabe y el Grupo de Trabajo sobre Habilitación y Protección de la Sociedad Civil de la Comunidad de Democracias; recuerda la importancia que reviste para la Unión el inicio de un diálogo inclusivo en materia de derechos humanos con el conjunto de los países socios, en el que participen las organizaciones de la sociedad civil; pide asimismo a la Unión y a sus Estados miembros que refuercen sus programas de buena gobernanza con los terceros países y que promuevan el intercambio de buenas prácticas en materia de inclusión y de participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones; considera necesario promover un diálogo tripartito entre el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la Unión, también sobre temas difíciles como son la seguridad y la migración;

28.  Pide que se establezca un mecanismo de «seguimiento y alerta temprana en relación con la reducción del espacio de la sociedad civil» en el que participen las instituciones pertinentes de la Unión que estén en condiciones de hacer un seguimiento de las amenazas contra el espacio de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos y de emitir una alerta cuando existan pruebas de que un determinado país en desarrollo esté preparando nuevas y serias restricciones contra la sociedad civil, o cuando el gobierno utilice las organizaciones no gubernamentales organizadas por el gobierno (ONG gubernamentales) para simular la existencia de una sociedad civil independiente, de modo que la Unión pueda responder de forma más oportuna, coordinada y concreta;

29.  Pide a la Unión que apoye en mayor medida la plena participación y empoderamiento de las minorías y otros grupos vulnerables, como por ejemplo las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y las poblaciones aisladas, en los procesos de carácter cultural, social, económico y político; pide, en este sentido, a los Estados que velen por que su legislación y sus políticas no vayan en detrimento de los derechos humanos de estas personas o de su disfrute de los derechos humanos o de las actividades de la sociedad civil relacionadas con la defensa de sus derechos;

30.  Lamenta la falta de organizaciones de ayuda a las víctimas del terrorismo en terceros países en un momento en el que el terrorismo está aumentando en todo el mundo; subraya, por tanto, la urgente necesidad de establecer un entorno seguro para este tipo de organizaciones con vistas a proteger a las víctimas del terrorismo;

31.  Destaca el papel determinante de las mujeres y las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres en el progreso social, en particular los movimientos liderados por jóvenes; pide a la Unión que insista en la necesidad de apoyar el empoderamiento de las mujeres y la creación de un entorno seguro y propicio para las organizaciones de la sociedad civil de mujeres y los defensores de los derechos de las mujeres, y que aborde las formas específicas de represión por motivos de género, en particular en las regiones afectadas por conflictos;

32.  Destaca la importancia de contribuir activamente al respaldo de las políticas y acciones relacionadas con los derechos de las mujeres, así como con la salud y los derechos sexuales y reproductivos;

33.  Destaca la importancia de incorporar el enfoque basado en los derechos en la política de desarrollo de la Unión, con vistas a integrar los principios sobre derechos humanos y del Estado de Derecho en las actividades de desarrollo de la Unión y sincronizar las actividades en el ámbito de los derechos humanos y la cooperación al desarrollo;

34.  Recuerda la importancia de la cooperación regional para la consolidación de unos entornos más propicios para la sociedad civil; anima a los países en desarrollo a que promuevan el diálogo y las mejores prácticas en relación con la protección y colaboración con la sociedad civil;

35.  Acoge con satisfacción las hojas de ruta por países para el compromiso con las organizaciones de la sociedad civil de la Unión, que considera un instrumento eficaz, así como el posible nuevo marco de la Unión para el compromiso con la sociedad civil; considera de la máxima importancia que las organizaciones de la sociedad civil no solo participen en el proceso de consulta para la elaboración de las hojas de ruta, sino también en su aplicación, control o revisión;

36.  Se compromete a establecer, sobre una base anual y en estrecha consulta con los agentes institucionales y las ONG pertinentes, una lista de países donde el espacio de la sociedad civil se encuentre más amenazado;

37.  Pide a la vicepresidenta / alta representante que incluya regularmente en el orden del día del Consejo de Asuntos Exteriores un debate, junto con el correspondiente seguimiento, de las acciones llevadas a cabo por la Unión para la liberación de defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, periodistas, activistas políticos, personas encarceladas por sus convicciones religiosas o morales y otras personas encarceladas como consecuencia de la reducción del espacio reservado a la sociedad civil;

38.  Se felicita del establecimiento de puntos de contacto relacionados con los derechos humanos y la sociedad civil en las delegaciones de la Unión con el fin de mejorar la cooperación con la sociedad civil local, en particular prestando asistencia a los grupos y las personas vulnerables y marginados; pide a las delegaciones de la Unión que sensibilicen de forma sistemática a los diputados, los gobiernos y los funcionarios de las autoridades locales sobre la reducción del espacio reservado a la sociedad civil y la protección de activistas y que aumenten su participación, junto con las organizaciones de la sociedad civil, en el ciclo de programación de los fondos de la Unión y su posterior control, incluso cuando ya no exista una cooperación bilateral; pide además a las delegaciones de la Unión que proporcionen información sobre fondos y oportunidades de financiación de forma periódica y transparente a todos los agentes de la sociedad civil;

39.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que incluyan sistemáticamente la cuestión de la reducción del espacio cívico en todas sus relaciones bilaterales y que utilicen todos los instrumentos y herramientas disponibles, así como el desarrollo y el comercio, para velar por que los países socios mantengan su compromiso de proteger y garantizar los derechos humanos; pide a la Unión que controle atentamente la participación de los representantes de la sociedad civil en los países socios y que inste a los gobiernos a derogar todas aquellas leyes que violen los derechos a la libertad de reunión y asociación; opina, en este sentido, que la Unión debe introducir en el apoyo presupuestario una condicionalidad positiva respecto de cualquier restricción del espacio cívico;

40.  Insiste en que la sociedad civil occidental debe apoyar la creación y el refuerzo de ONG a través de la transferencia de conocimientos con el fin de ayudarlas a contribuir al desarrollo de sus propios países;

41.  Alienta con firmeza las sinergias entre los instrumentos de financiación exterior de la Unión en apoyo de la sociedad civil, y pide que se elabore un inventario detallado por país de toda la financiación de la Unión destinada a la sociedad civil, con el fin de evitar duplicaciones y solapamientos y contribuir a determinar posibles lagunas y necesidades de financiación;

42.  Anima a la Unión a que adopte directrices sobre la asociación con iglesias, organizaciones confesionales y líderes religiosos en la cooperación para el desarrollo, sobre la base de la experiencia de las organizaciones y los programas internacionales (como UNICEF, el Banco Mundial, la OMS o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y las buenas prácticas en los Estados miembros de la Unión y en el exterior;

43.  Recomienda encarecidamente que se mejore la protección de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil en terceros países a fin de hacer frente a la posible hostilidad contra ellos;

44.  Se felicita del aumento de la flexibilidad que ofrecen una serie de instrumentos de financiación de la Unión en materia de cooperación al desarrollo, lo que permite, entre otras cosas, un registro más fácil de los solicitantes de subvenciones y, si procede, confidencialidad para los receptores; considera, no obstante, que es posible hacer más para dar una respuesta adecuada y adaptada a la situación específica de cada país, incluida más información ascendente sobre las próximas licitaciones, más oportunidades de financiación, más actualizaciones periódicas de los inventarios, disponibilidad pública de los inventarios, armonización y simplificación de las modalidades de financiación y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en sus procedimientos administrativos;

45.  Pide a la Comisión que incluya en el programa indicativo plurianual (PIP) 2014-2020 del ICD una licitación temática global en la que se aborde, en especial, la reducción del espacio reservado a la sociedad civil;

46.  Pide a la Comisión que aumente los fondos del IEDDH para abordar la reducción del espacio de la sociedad civil y la situación de los defensores de los derechos humanos; lamenta que los importes anuales por país se sitúen en un nivel extremadamente bajo; pide a la Comisión que identifique nuevas actividades que pudieran ser financiadas por el IEDDH, adoptando un enfoque amplio hacia las organizaciones de la sociedad civil, y que continúe sus esfuerzos por establecer un procedimiento más flexible y simplificado para acceder a la financiación de este instrumento, en especial para los jóvenes, que incluya excepciones más claras en el caso de las organizaciones de la sociedad civil expuestas a un peligro concreto y apoyo a grupos no registrados que deberían, en su caso, contar con el reconocimiento de las autoridades; considera que debe hacerse más hincapié en el apoyo a los grupos y agentes a escala local, ya que las cuestiones relativas a los derechos humanos a menudo se viven de manera más concreta e intensa a escala local; reitera la importancia del IEDDH para la prestación de ayuda financiera y material de forma directa y urgente a los defensores de los derechos humanos en situación de riesgo, así como del fondo de emergencia, que permite que las delegaciones de la Unión concedan subvenciones ad hoc directas; reconoce la importancia de las coaliciones o agrupaciones de actores de la sociedad civil nacionales e internacionales para facilitar y proteger la labor de las ONG locales frente a medidas represivas; pide a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros que promuevan la aplicación conjunta efectiva de las Directrices de la Unión sobre los defensores de los derechos humanos en todos los terceros países en los que la sociedad civil corre peligro, mediante la adopción de estrategias locales para su plena puesta en práctica;

47.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1)

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

(2)

Documento del Consejo 10715/16.

(3)

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/en/pdf

(4)

DO L 77 de 15.3.2014, p. 44.

(5)

Ibidem, p. 77.

(6)

DO L 58 de 3.3.2015, p. 17.

(7)

DO L 298 de 26.10.2012, p. 77.

(8)

C(2014) 4865 final.

(9)

A/HRC/32/L.29.

(10)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0405.

(11)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0371.

(12)

 http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120329ATT42170/20120329ATT42170EN.pdf

(13)

A/HRC/32/20.

(14)

http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf

(15)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0026.

(16)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0437.

(17)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0246.

(18)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0224.

(19)

Textos Aprobados, P7_TA(2013)0432.


OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Exteriores (11.7.2017)

para la Comisión de Desarrollo

sobre «Afrontar la reducción del espacio de la sociedad civil en los países en desarrollo»

(2016/2324(INI))

Ponente de opinión (*): Francisco Assis

(*) Procedimiento de comisiones asociadas – artículo 54 del Reglamento

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Denuncia el fenómeno de la reducción del espacio de la sociedad civil, que es parte de una reacción autoritaria mundial contra la democracia y los derechos humanos; lamenta que en determinados países terceros se restrinja con frecuencia la libertad de expresión para silenciar la disidencia o las críticas, también en línea mediante el bloqueo de los servicios móviles de internet, la restricción de las redes sociales y la prohibición de la comunicación con grupos extranjeros; recuerda que determinados grupos, como las mujeres, los jóvenes, las personas LGBTI, las minorías, como la población romaní, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad, sufren de manera desproporcionada sometidas a estas restricciones; pide a los gobiernos que investiguen y garanticen la rendición de cuentas por actos de acoso e intimidación contra las organizaciones de la sociedad civil y los activistas particulares, que se limitan a ejercer sus derechos de libertad de expresión, reunión y asociación; previene contra el creciente recurso a una fuerza innecesaria y excesiva por parte de las fuerzas de seguridad a la hora de reprimir asambleas, también mediante la vigilancia, la detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos, y la imposición de la pena de muerte; expresa su preocupación por las graves restricciones a la libertad de prensa en algunos Estados, que desmantelan los medios de comunicación independientes a través del acoso y de leyes represivas, forzando a periodistas y blogueros a escoger entre la autocensura, el acoso y la detención, o el exilio; recuerda que la estabilidad, la democracia y la capacidad de resistencia de una sociedad sólo pueden alcanzarse y mantenerse a largo plazo si se garantizan la apertura y la autonomía del espacio de la sociedad civil y se respetan los derechos a la libertad de opinión y de expresión, también en internet, y de reunión pacífica y asociación; observa que las restricciones y las amenazas a la sociedad civil pueden provenir también de agentes no estatales, incluyendo el sector empresarial; denuncia la impunidad de la que gozan varios Estados en su agresión contra la sociedad civil, y lamenta que las relaciones entre determinados Estados y la Unión permanezcan a veces inalteradas pese a dichas agresiones;

2.  Expresa su profunda preocupación por el creciente número de ataques contra los defensores de los derechos humanos a escala mundial; pide a la Unión Europea, y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) en particular, que adopte una política de denuncia sistemática e inequívoca de los asesinatos de defensores de los derechos humanos y de todo intento de someterlos a cualquier forma de violencia, persecución, amenaza, acoso, desaparición forzada, encarcelamiento o detención arbitraria; de condena de quienes perpetren o toleren estas atrocidades, y de intensificación de la diplomacia pública que apoye abierta y claramente a los defensores de los derechos humanos; alienta a las delegaciones de la Unión y a las representaciones diplomáticas de los Estados miembros a que continúen apoyando activamente a los defensores de los derechos humanos, sobre todo haciendo seguimientos sistemáticos de los juicios, visitándoles en las cárceles y emitiendo comunicados sobre casos individuales cuando proceda;

3.  Subraya que la reducción del espacio reservado a la sociedad civil es un fenómeno mundial, que no se limita a los países en desarrollo, sino que también se da, y cada vez con más frecuencia, en democracias establecidas y países de renta media y alta, incluidos los Estados miembros de la Unión y algunos de los aliados más cercanos a la Unión; pide que la Unión Europea y sus Estados miembros prediquen con el ejemplo respetando escrupulosamente los derechos fundamentales de la sociedad civil y que afronten cualquier tendencia negativa en este ámbito;

4.  Pide que la Unión Europea reconozca la necesidad de orientar a los gobiernos, partidos políticos, parlamentos y administraciones de los países beneficiarios a la hora de desarrollar estrategias para establecer el entorno jurídico, administrativo y político adecuado para permitir que las organizaciones de la sociedad civil trabajen de forma eficaz;

5.  Considera que la Unión debe utilizar sus instrumentos de política exterior, en particular en materia de derechos humanos y desarrollo, así como los acuerdos bilaterales con países terceros, para abordar las causas estructurales del problema que supone la reducción del espacio del que dispone la sociedad civil, así como para adoptar un enfoque pluridimensional, toda vez que algunos países, incluidos algunos países en desarrollo, están imponiendo restricciones tales como requisitos arbitrarios en materia de registro e información, acusaciones penales falsas, incluso leyes penales sobre difamación, registros y auditorías, medidas de lucha contra el terrorismo y de seguridad, prohibiciones de viaje, inmovilización de activos y la privación de libertad; manifiesta su preocupación por el hecho de que, cuando las organizaciones de la sociedad civil pueden recibir legalmente fondos extranjeros, son susceptibles de ser calificadas de «agentes extranjeros», con la estigmatización y el incremento significativo de los riesgos que esto conlleva para ellas; pide que la Unión Europea refuerce sus instrumentos y políticas enfocados hacia el desarrollo institucional y el Estado de Derecho, y que incluya en los mismos unos criterios de referencia sólidos en materia de rendición de cuentas y de lucha contra la impunidad en casos de detención arbitraria, abusos policiales, torturas y otros malos tratos infligidos a los defensores de los derechos humanos, teniendo presente que las mujeres y los hombres viven estos abusos de forma distinta;

6.  Considera que debe haber un vínculo más claro entre los diferentes instrumentos de política exterior de la Unión, por ejemplo, a la hora de determinar el importe de la cooperación al desarrollo destinada a terceros países, deben tenerse en cuenta las tendencias y la situación en los ámbitos de la protección de los derechos humanos y las libertades democráticas del país de que se trate así como la afinidad de sus posiciones en materia de política exterior con las de la Unión;

7.  Pide a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), a los Estados miembros, a la VP/AR y al representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos que expresen sus objeciones con mayor firmeza y de manera más coherente y oportuna con la suficiente antelación antes de la adopción de las leyes que restringen las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y que planteen esta cuestión sistemáticamente en los diálogos políticos y de derechos humanos al más alto nivel; advierte contra los casos de recurso a una definición de terrorismo excesivamente amplia para silenciar a periodistas, defensores de los derechos humanos y disidentes políticos; considera que la Unión debe seguir recurriendo a la condicionalidad a la hora de asignar ayuda financiera a los gobiernos de países en desarrollo, basada en el espacio otorgado a la sociedad civil; subraya la importancia del papel de las delegaciones de la Unión y alienta a una mayor participación de estas en el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y activistas particulares, incluida la prestación de asistencia en procesos judiciales y la supervisión de procedimientos judiciales de los defensores de los derechos humanos; considera que, en aquellos casos en que se produzca un cierre rápido y drástico del espacio de la sociedad civil, los Estados miembros deben otorgar a las ONG o a los defensores particulares de los derechos humanos afectados un reconocimiento público de alto nivel por su labor, por ejemplo mediante visitas en el contexto de visitas oficiales;

8.  Pide a todos los agentes de la Unión que aboguen con mayor eficacia en los foros multilaterales en favor del refuerzo del marco jurídico internacional que sustenta la democracia y los derechos humanos, en particular mediante la colaboración con organizaciones multilaterales, como las Naciones Unidas, incluidos los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y el mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y con organizaciones regionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Africana (UA), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Liga Árabe y el Grupo de Trabajo sobre Habilitación y Protección de la Sociedad Civil de la Comunidad de Democracias; recuerda la importancia que reviste para la Unión el inicio de un diálogo inclusivo en materia de derechos humanos con el conjunto de los países socios, en el que participen las organizaciones de la sociedad civil; pide asimismo a la Unión y a sus Estados miembros que refuercen sus programas de buena gobernanza con los terceros países y que promuevan el intercambio de buenas prácticas en materia de inclusión y de participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones; considera necesario promover un diálogo tripartito entre el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la Unión, también sobre temas difíciles tales como la seguridad y la migración;

9.  Pide que se establezca un mecanismo de «seguimiento y alerta temprana en relación con la reducción del espacio de la sociedad civil» en el que participen las instituciones pertinentes de la Unión que esté en condiciones de hacer un seguimiento de las amenazas al espacio de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos y de emitir una alerta cuando existan pruebas de que un determinado país en desarrollo esté preparando nuevas y serias restricciones contra la sociedad civil, o cuando el gobierno utilice las organizaciones no gubernamentales organizadas por el gobierno (ONG gubernamentales) para simular la existencia de una sociedad civil independiente, de modo que la Unión pueda responder de modo más oportuno, coordinado y concreto;

10.  Se compromete a establecer, sobre una base anual y en estrecha consulta con los agentes institucionales y las ONG pertinentes, una lista de países donde el espacio de la sociedad civil se encuentre más amenazado;

11.  Pide a la Comisión que aumente los fondos del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) para abordar la reducción del espacio de la sociedad civil y la situación de los defensores de los derechos humanos; lamenta que los importes anuales por país se sitúen en un nivel extremadamente bajo; pide a la Comisión que identifique nuevas actividades que pudieran ser financiadas por el IEDDH, adoptando un enfoque amplio de organizaciones de la sociedad civil y que continúe sus esfuerzos por establecer un procedimiento más flexible y simplificado para acceder a la financiación de este instrumento, en especial para los jóvenes, que incluya excepciones más claras en el caso de las organizaciones de la sociedad civil expuestas a un peligro concreto y apoyo a grupos no registrados que deberían en su caso contar con el reconocimiento de las autoridades; considera que debe hacerse más hincapié en el apoyo a los grupos y agentes a escala local, ya que las cuestiones relativas a los derechos humanos a menudo se experimentan de manera más real y aguda a escala local; reitera la importancia del IEDDH para la prestación de ayuda financiera y material directa y urgente a los defensores de los derechos humanos en situación de riesgo y del fondo de emergencia que permite que las delegaciones de la Unión concedan subvenciones ad hoc directas; reconoce la importancia de las coaliciones o agrupaciones de actores de la sociedad civil nacionales e internacionales para facilitar y proteger la labor de las ONG locales frente a medidas represivas; pide a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros que promuevan la aplicación conjunta efectiva de las Directrices de la Unión sobre los defensores de los derechos humanos en todos los terceros países en los que la sociedad civil corre peligro, mediante la adopción de estrategias locales para su plena puesta en práctica;

12.  Pide a la Comisión y al SEAE que definan mejores prácticas y elaboren un marco de referencia e indicadores claros relacionados con la reducción del espacio en el contexto del Plan de Acción de la UE para los derechos humanos y la democracia y la revisión intermedia de la IEDDH para evaluar avances concretos.

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

11.7.2017

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

58

1

7

Miembros presentes en la votación final

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Suplentes presentes en la votación final

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, András Gyürk, Javi López, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Inés Ayala Sender, Ádám Kósa, Ernest Urtasun, Bodil Valero

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

58

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, András Gyürk, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ádám Kósa, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Luis de Grandes Pascual

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

1

EFDD

James Carver

7

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Explicación de los signos utilizados

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones


INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓNEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

30.8.2017

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

22

1

1

Miembros presentes en la votación final

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller

Suplentes presentes en la votación final

Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Paul Rübig, Rainer Wieland


VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

22

+

ALDE

Thierry Cornillet, Charles Goerens, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Joachim Zeller, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Maria Heubuch

1

-

EFDD

Raymond Finch

1

0

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán

Explicación de los signos utilizados

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones

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