Procedimiento : 2017/2013(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0357/2017

Textos presentados :

A8-0357/2017

Debates :

PV 12/12/2017 - 2
CRE 12/12/2017 - 2

Votaciones :

Textos aprobados :


INFORME     
PDF 1966kWORD 262k
16.11.2017
PE 604.514v03-00 A8-0357/2017

sobre la investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales

(2017/2013(INI))

Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales

Ponentes: Petr Ježek, Jeppe Kofod

ERRATA/ADDENDA
CONCLUSIONES
 OVERVIEW OF ACTIVITIES DURING THE MANDATE
 I. COMMITTEE COMPOSITION
 II. COMMITTEE MEETINGS and MISSIONS
 III. ACTIVITIES OF THE COMMITTEE
 1. Programme of hearings and missions
 2. List of speakers (hearings and missions)
 3. Fact-finding missions of the PANA Committee Mission reports
 3.01. Mission to United Kingdom (9-10 February 2017)
 3.02. Mission to Malta (20 February 2017)
 3.03. Mission to Luxembourg (2-3 March 2017)
 3.04. Mission to United States (21-24 March 2017)
 3.05. Mission to Portugal (22-23 June 2017)
 3.06. Mission to Cyprus (7 July 2017)
 3.07. Mission to Switzerland (14-15 September 2017)
 4. State of play on ‘Who refused to participate in hearing/delegation and why?’
 IV. LIST OF EXTERNAL STUDIES
 INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

CONCLUSIONES

sobre la investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales

La Comisión de Investigación sobre Blanqueo de Capitales y Elusión y Evasión Fiscales,

–  Visto el artículo 226 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el artículo 116 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Decisión 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 19 de abril de 1995, relativa a las modalidades de ejercicio del derecho de investigación del Parlamento Europeo(1),

–  Vista la Decisión del Parlamento Europeo, de 8 de junio de 2016, sobre la constitución, las competencias, la composición numérica y la duración del mandato de la comisión de investigación encargada de examinar las alegaciones de infracción y de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales(2),

–  Vistas las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), conocidos como «los papeles de Panamá», sobre el uso de sociedades extraterritoriales,

–  Vista la Resolución adoptada el 27 de julio de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Agenda de Acción de Adís Abeba,

–  Vista la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo(3),

–  Vista la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de «personas del medio político» y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada(4),

–  Visto el Plan de acción de la Comisión para intensificar la lucha contra la financiación del terrorismo, de febrero de 2016,

–  Vista la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión(5),

–  Vista la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE(6),

–  Vista la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE(7),

–  Vista la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad(8),

–  Vista la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo(9),

–  Visto el Reglamento (UE) n.° 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público y por el que se deroga la Decisión 2005/909/CE de la Comisión(10),

–  Vista la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas(11),

–  Vista la Directiva 2012/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, por la que se modifican la Directiva 89/666/CEE del Consejo y las Directivas 2005/56/CE y 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades(12),

–  Vistas la Recomendación 2012/771/UE de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, relativa a las medidas encaminadas a fomentar la aplicación, por parte de terceros países, de normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal(13), y la Recomendación 2012/772/UE de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, sobre la planificación fiscal agresiva(14),

–  Vistas sus Resoluciones, de 25 de noviembre de 2015(15) y de 6 de julio de 2016(16), sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares,

–  Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2015, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades en la Unión(17),

–  Visto el ejercicio de inventario y el análisis de deficiencias de la plataforma de unidades de inteligencia financiera (UIF) de la Unión sobre las competencias y los obstáculos de las UIF de la Unión para obtener e intercambiar información (15 de diciembre de 2016),

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo, 16 de mayo de 2005 (Convenio de Varsovia),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 28 de enero de 2016, sobre la estrategia exterior para una imposición efectiva (COM(2016)0024),

–  Visto el informe, de 7 de marzo de 2017, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior(18) sobre la propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y la Directiva 2009/101/CE (COM(2016)0450 – C8 0265/2016 – 2016/0208(COD)),

–  Visto el informe de la OCDE «Improving Co-operation between Tax and Anti-Money Laundering Authorities: Access by tax administrations to information held by financial intelligence units for criminal and civil purposes» (Mejorar la cooperación entre autoridades tributarias y antiblanqueo: acceso de las administraciones tributarias a la información en poder de las unidades de inteligencia financiera para fines penales y civiles), publicado el 18 de septiembre de 2015,

–  Visto el informe final, publicado en febrero de 2013, del proyecto «ECOLEF» sobre la eficacia económica y jurídica de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, financiado por la DG Asuntos de Interior (JLS/2009/ISEC/AG/087),

–  Vista la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo,

–  Vista la propuesta de la Comisión de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación (COM(2017)0335),

–  Vista la propuesta de la Comisión de Directiva del Consejo relativa a una base imponible común del impuesto sobre sociedades (COM(2016)0685),

–  Vista la propuesta de la Comisión de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) (COM(2016)0683),

–  Vista la Convención multilateral de la OCDE para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, de junio de 2017,

–  Visto el documento de las Naciones Unidas, de 15 de enero de 2015, «Estudio final sobre las corrientes financieras ilícitas, los derechos humanos y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», elaborado por el experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales,

–  Visto el informe de 22 de mayo de 2014 de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda Carmona,

–  Visto el artículo 198 de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el 8 de junio de 2016 el Parlamento constituyó una Comisión de Investigación encargada de investigar los presuntos casos de infracción y mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales (la Comisión PANA);

B.  Considerando que una «infracción» implica la existencia de una conducta ilegal, es decir, una acción u omisión que incumpla la ley por parte de las instituciones u organismos de la Unión o los Estados miembros al aplicar el Derecho de la Unión;

C.  Considerando que por «mala administración» se entiende la administración deficiente o errónea que se produce, por ejemplo, cuando una institución incumple los principios de buena administración, y que constituyen ejemplos de ella las irregularidades y omisiones administrativas, el abuso de poder, la corrupción activa y pasiva, la falta de equidad, el uso de procedimientos irregulares, el funcionamiento deficiente o la incompetencia, la discriminación, los retrasos evitables, la no facilitación o la denegación de información, la negligencia y otras deficiencias que reflejan un mal funcionamiento en la aplicación del Derecho de la Unión en cualquiera de los ámbitos por él cubiertos;

D.  Considerando que el «blanqueo de capitales» implica la ocultación de dinero ilícito, en particular a través de redes delictivas internacionales, para disimular la identidad del producto de delitos, de manera que parezca proceder de fuentes legítimas; que tales delitos se conocen como delitos principales y que, en virtud de las Recomendaciones de 2012 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la cuarta Directiva antiblanqueo, aplicable desde el 26 de junio de 2017, incluyen los delitos fiscales;

E.  Considerando que la Agenda Europea de Seguridad de abril de 2015 destacaba la necesidad de abordar el nexo entre el terrorismo y la delincuencia organizada, subrayando que la delincuencia organizada alimenta al terrorismo a través de diferentes canales, como el suministro de armas, la financiación mediante el narcotráfico y la infiltración en los mercados financieros;

F.  Considerando que esta comisión se constituyó tras la publicación de los llamados «papeles de Panamá»; que los papeles de Panamá constituyen la mayor filtración de información sobre blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales hasta la fecha; que los 2,6 terabytes de información confidencial filtrados del bufete de abogados y sociedad con licencia fiduciaria Mossack Fonseca contenían 11,5 millones de documentos, lo que supone más datos que WikiLeaks (2010), Offshore Leaks (2013), LuxLeaks (2014) y SwissLeaks (2015) juntos;

G.   Considerando que la publicación de los papeles de Panamá fue consecuencia del exhaustivo trabajo de investigación de periodistas de 107 medios de comunicación de 80 países, agrupados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que analizaron documentos en los que se detallaban las operaciones de Mossack Fonseca con software de última generación para procesar la enorme cantidad de datos filtrados;

H.  Considerando que los papeles de Panamá son un ejemplo de la importancia de la libertad de los medios de comunicación y del periodismo de investigación, así como de la contribución de los denunciantes de irregularidades al buen funcionamiento de las democracias, que el Parlamento Europeo respalda por ser una valiosa fuente de información y factor indispensable para fomentar la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones tanto públicas como privadas;

I.  Considerando que la denuncia de irregularidades que afectan a los intereses financieros de la Unión puede definirse como la divulgación o la denuncia de irregularidades como, por ejemplo, la corrupción, el fraude, los conflictos de intereses, la evasión y la elusión fiscales, el blanqueo de capitales, las infiltraciones de la delincuencia organizada y los comportamientos encaminados a encubrir cualquiera de estas prácticas;

J.  Considerando que, al informar sobre prácticas que pueden constituir una amenaza o un perjuicio para el interés público, los denunciantes ejercen su libertad de expresión e información, ambas consagradas en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, actuando con un vigoroso espíritu de responsabilidad y civismo; que los denunciantes a menudo ponen en riesgo su seguridad personal, que está protegida por el artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales;

K.  Considerando que es indispensable velar por que se sancione adecuadamente cualquier tipo de represalia contra los denunciantes, puesto que, según la OCDE, más de un tercio de las organizaciones que cuentan con un mecanismo de denuncia no disponen de una política escrita para proteger a los denunciantes de las represalias, o bien no conocen su existencia;

L.  Considerando, por ejemplo, que la Comisión afirma en su Comunicación de 5 de julio de 2016 que la protección de los denunciantes de irregularidades en los sectores tanto público como privado contribuye a hacer frente a los problemas de gestión y las irregularidades, incluida la corrupción transfronteriza, y destaca que estos fenómenos que privan de ingresos fiscales legítimos a las autoridades tributarias europeas;

M.  Considerando que es importante subrayar que la mayoría de las empresas y de los particulares respetan la ley; que, por lo tanto, resulta crucial hacer públicas las actividades ilegales y cerrar las escapatorias normativas sin crear cargas innecesarias para los contribuyentes que respetan la ley;

N.  Considerando que entre los datos filtrados se encuentran registros confidenciales de 213 634 sociedades extraterritoriales, junto con los nombres de doce jefes y ex jefes de Estado, casi doscientos políticos de todo el mundo y una serie de personalidades de distintos ámbitos; que Mossack Fonseca constituyó y gestionó estas sociedades extraterritoriales entre 1970 y 2015 y que, en el momento en el que se filtraron los datos, 55 728 entidades seguían activas; que la gran mayoría de las entidades todavía activas —alrededor del 90 %— estaban radicadas en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y las Seychelles;

O.  Considerando que un cuarta parte del volumen mundial de inversión extranjera directa radica en dos Estados miembros de la Unión: los Países Bajos y Luxemburgo(19); que, de acuerdo con las estadísticas disponibles, los Países Bajos son el Estado miembro con el mayor número de sociedades ficticias de la Unión;

P.  Considerando que Mossack Fonseca, con una cuota de entre el 5 y el 10 % del mercado de la opacidad extraterritorial y con entidades constituidas en veintiún países o territorios(20), no es la mayor empresa del negocio de la opacidad extraterritorial; que este dato induce a pensar que los papeles de Panamá no son más que la punta del iceberg;

Q.   Considerando que, según estimaciones de Europol, los papeles de Panamá representarían solo el 0,6 % de los casos de blanqueo registrados cada año;

R.  Considerando que la Comisión de Investigación PANA del Parlamento, que investiga los papeles de Panamá, ha organizado reuniones, ha efectuados misiones de información y ha encargado estudios para indagar más allá de las prácticas documentadas en los papeles de Panamá(21);

S.  Considerando que el fraude y la evasión fiscales constituyen actividades ilegales que conllevan la elusión de responsabilidades fiscales, mientras que la elusión fiscal, por su parte, es la utilización inapropiada o criticable de los regímenes tributarios para reducir o evitar responsabilidades fiscales, con frecuencia en contradicción, cuando menos, con el espíritu de la ley que se dice observar(22); que la planificación fiscal abusiva consiste en aprovechar los aspectos técnicos de un sistema fiscal o las discordancias entre dos o más sistemas fiscales con el fin de reducir la deuda tributaria; que los papeles de Panamá han desvelado varios casos de uso de entidades extraterritoriales con el fin de eludir o evadir deliberadamente impuestos o blanquear capitales; que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea(23) relativa al principio de abuso de Derecho en relación con la tributación, ha declarado que los nacionales de los Estados miembros no pueden invocar el Derecho de la Unión de forma abusiva o fraudulenta; que varios Estados miembros aplican el concepto de abuso de Derecho a las cuestiones fiscales(24);

T.  Considerando que, como resultado de las filtraciones de los últimos años, ha aumentado de forma considerable la concienciación sobre el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, los mecanismos de fraude fiscal y la corrupción, y estas cuestiones se han convertido en un importante foco de preocupación en el ámbito político internacional y han suscitado la preocupación de los ciudadanos de la Unión;

U.  Considerando que la resolución eficaz de estos problemas requiere una mayor coherencia entre las políticas fiscales y otras formas de gobernanza económica, tales como las políticas comerciales y los tratados de arbitraje de las inversiones;

V.  Considerando que los ingresos que no se declaran y no se gravan reducen los ingresos fiscales nacionales y constituyen una amenaza para la estabilidad del sistema financiero(25); que la evasión y la elusión fiscales generan competencia desleal, especialmente para las pymes y las grandes empresas que no recurren a estructuras complejas; que el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales dañan la distribución equitativa de la recaudación fiscal en los Estados miembros de la Unión y, por lo tanto, distorsionan la competencia en el mercado interior; que la elusión fiscal a gran escala por parte de empresas y particulares con grandes patrimonios no solo penaliza al contribuyente de a pie, a las finanzas públicas y al gasto social, sino que también supone una amenaza para la buena gobernanza, la estabilidad macroeconómica, la cohesión social y la confianza pública en las instituciones;

W.  Considerando que el impuesto sobre el valor añadido (IVA) es una de las principales fuentes de ingresos en los Estados miembros y que, según los datos disponibles, la diferencia total entre los ingresos estimados por IVA y el importe realmente recaudado, denominada la «brecha del IVA», asciende a 159 500 millones EUR;

X.  Considerando que con el dinero que dejaron de recaudar las autoridades nacionales por las pérdidas fiscales asociadas a los papeles de Panamá se podrían haber financiado 1,5 millones de empleos en toda Europa(26).

Y.  Considerando que las autoridades públicas son responsables del marco reglamentario y de supervisión, así como de la tributación; que, a través de la regulación, los registros mercantiles, el Derecho tributario y la supervisión, contribuyen de forma importante a la existencia de paraísos fiscales y centros financieros extraterritoriales; que, de hecho, estos centros solamente pueden operar cuando los Gobiernos crean las condiciones necesarias;

Z.  Considerando que las estructuras extraterritoriales que ofrecen regímenes preferenciales no podrían existir sin la intervención de facilitadores e intermediarios, como bancos, empresas de contabilidad, asesores fiscales, gestores de patrimonio y abogados tanto en los paraísos fiscales como en otros países;

AA.  Considerando que determinados Gobiernos o países y territorios —también dentro de la Unión— han creado, algunos especializándose en ello, regímenes fiscales preferenciales que falsean la competencia en beneficio de empresas multinacionales y particulares con grandes patrimonios que, en realidad, no despliegan una genuina actividad económica en estos países o territorios, sino que solamente están representados en ellos mediante sociedades fantasma;

AB.  Considerando que, a diferencia de lo ocurrido en el caso LuxLeaks, la presunta implicación de personas del medio político en actividades posiblemente ilegales desvelada por los papeles de Panamá puede llevar a una situación en la que algunos Gobiernos no deseen investigar adecuadamente dichos casos; que algunos países no pertenecientes a la Unión que toleran un bajo nivel de transparencia y en los que existen sospechas de corrupción por parte de cargos gubernamentales no muestran ningún interés por adoptar medidas en respuesta a la información desvelada en los papeles de Panamá;

AC.  Considerando que la Comisión Europea ha citado estimaciones según las cuales, solo en la Unión, las pérdidas de ingresos anuales debidas a la evasión y al fraude fiscales ascienden a un mínimo de 1 billón EUR(27); que estas pérdidas afectan directamente a los presupuestos nacionales y al presupuesto de la Unión;

AD.  Considerando que la «pérdida en financiación al desarrollo» en los países en desarrollo (es decir, los ingresos fiscales perdidos y los beneficios no reinvertidos) asciende a aproximadamente 250 000 millones EUR anuales;

AE.  Considerando que, en 2014, del patrimonio financiero privado total mundial de 95,5 billones USD se desconocía el paradero de al menos 7,6 billones; que, en todo el mundo, el 8 % del patrimonio financiero privado se mantiene en paraísos fiscales, lo que supone pérdidas de ingresos fiscales globales de 190 000 millones USD; que se calcula que 2,6 billones USD del patrimonio financiero privado de Europa se encuentran en jurisdicciones extraterritoriales, lo que supone pérdidas de ingresos fiscales globales de 78 000 millones USD al año(28);

AF.  Considerando que, según estimaciones de 2011, cada año se perdían 3,1 billones en todo el mundo por la evasión y la elusión fiscales de las grandes empresas multinacionales(29);

AG.  Considerando que el abogado ruso Serguéi Magnitski destapó un caso muy destacado de blanqueo transnacional de capitales vinculado a los papeles de Panamá que ha sido objeto de investigaciones antiblanqueo en los Estados miembros de la Unión y en todo el mundo;

AH.  Considerando que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa pidió que se mejorase la cooperación internacional en la investigación del «rastro de dinero» de los fondos procedentes de los reembolsos fraudulentos de impuestos denunciados por Serguéi Magnitski; que los autores y beneficiarios tanto del crimen cometido contra Serguéi Magnitski como del delito destapado por este último no han respondido ante la justicia;

AI.  Considerando que la magnitud del blanqueo internacional de capitales supone un porcentaje estimado de entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial; que, de acuerdo con las estadísticas de Eurojust(30), los casos de blanqueo de capitales están aumentando y que se necesita una respuesta coordinada entre múltiples países y territorios para luchar contra estos delitos transnacionales;

AJ.  Considerando que varios Estados miembros de la Unión y países y territorios de ultramar (PTU) figuran entre los 100 países más opacos(31); que Luxemburgo y Alemania figuran respectivamente en los puestos sexto y octavo;

AK.  Considerando que los papeles de Panamá documentaron y pusieron en evidencia el uso sistemático de prácticas ilegales como la antedatación de documentos, y dejaron al descubierto el flagrante desprecio de la diligencia debida básica, también en caso de externalización, por parte de abogados, gestores de patrimonio y otros intermediarios implicados, como que quedó documentado, por ejemplo, con las relaciones comerciales mantenidas con empresas cuyos administradores nominales actuaban como representantes de hasta un millar de sociedades fantasma o llevaban muertos varios años;

AL.  Considerando que los papeles de Panamá también ponen de manifiesto una evidente inacción legislativa y represora en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y controles fiscales por parte de Gobiernos y Parlamentos y de las autoridades nacionales europeas, lo cual facilita los delitos financieros;

AM.  Considerando que los Estados miembros han abierto al menos 1 300 investigaciones, auditorías o indagaciones sobre las revelaciones de los papeles de Panamá; que los Estados miembros han identificado a más de 3 000 contribuyentes y empresas de la Unión vinculados a los papeles de Panamá; que, gracias a ello, las autoridades nacionales ya han recuperado en los últimos doce meses decenas de millones de dólares o euros en impuestos por fondos no declarados con anterioridad(32);

AN.  Considerando que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) incluyó en su informe sobre los papeles de Panamá una referencia a las acciones al portador, describiéndolas como uno de los medios de proteger el anonimato de propietarios de sociedades, lo que dificulta determinar la titularidad final de estas; que la titularidad real y final puede transferirse de una parte a otra en completo anonimato, sin dejar ningún rastro ni documentación; que a través de las acciones al portador un particular o una entidad puede controlar una sociedad desarrollando al mismo tiempo actividades con dinero público;

AO.  Considerando que la Unión es el líder mundial en la lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude, la evasión y la elusión fiscales; que debe mantener esa posición yendo más allá de las normas y las recomendaciones internacionales en estos ámbitos con el fin de aumentar el nivel de exigencia en el resto del mundo;

1. Elusión y evasión fiscales

1.1. Estructuras extraterritoriales

1.  Señala que existen diversas definiciones de lo que constituye un centro financiero extraterritorial (CFE), un paraíso fiscal, un paraíso de la opacidad, un territorio no cooperador a efectos fiscales o un país de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales; observa que la ausencia de una definición única constituye uno de los principales obstáculos para la adopción de una legislación adecuada y eficaz para combatir la elusión y la evasión fiscales y el blanqueo de capitales;

2.  Recuerda que, dependiendo de la definición de centro financiero extraterritorial escogida, varía su número y el volumen de las finanzas extraterritoriales (entre 1 y 21 billones USD)(33);

3.  Reconoce que los centros financieros extraterritoriales suelen presentar las siguientes características: 1) orientación comercial predominante hacia no residentes; 2) requisitos de supervisión y financieros bajos o moderados y/o divulgación mínima de información; 3) existencia de regímenes con una fiscalización baja (no especificada) o nula(34); 4) sistemas financieros con activos y pasivos exteriores que no guardan relación con la intermediación financiera nacional; 5) existencia de ventajas fiscales muy específicas y limitadas o determinadas prácticas administrativas que conceden ventajas selectivas a los planificadores fiscales;

4.  Señala que las «zonas francas» pueden constituir instalaciones de almacenamiento extraterritoriales que permiten el blanqueo de capitales y el comercio de objetos valiosos libre de impuestos; destaca que la OCDE se ha mostrado crítica con las zonas francas, en concreto porque las instalaciones de almacenamiento de este tipo podrían emplearse para blanquear capital al estar al margen de las normas internacionales de transparencia;

5.  Celebra que la Comisión y el Grupo «Código de Conducta» estén elaborando una lista común de la Unión de países y territorios no cooperadores;

6.   Acoge con satisfacción que la Comisión haya elaborado y actualice regularmente una lista de la Unión de terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que suponen un riesgo para el sistema financiero de la Unión;

7.  Es consciente de la posibilidad de que existan solapamientos en el caso de alguno de los países incluidos en esas listas, aunque tengan objetivos y criterios diferentes, un proceso de elaboración distinto y distintas consecuencias; considera, no obstante, que ambas listas tienen que complementarse entre sí garantizando un alto grado de protección para las bases tributarias de los Estados miembros de la Unión, la integridad del sistema financiero de la Unión y el buen funcionamiento del mercado único;

8.  Observa que Mossack Fonseca intervino en proyectos gestionados por el Banco Europeo de Inversiones y que la Comisión bloqueó 18 proyectos en 2016, lo que impidió que 1 000 millones EUR terminasen en paraísos fiscales;

9.  Observa con preocupación la estrecha correlación entre el número de sociedades fantasma y resoluciones fiscales y determinadas jurisdicciones fiscales y determinados Estados miembros de la Unión;

1.2. Lista común de la Unión de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales

10.  Acoge con satisfacción que el Consejo tenga el propósito de finalizar antes de que acabe 2017 una lista común de la Unión de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, con el objetivo de abordar los riesgos externos para las bases tributarias de los Estados miembros que suponen terceros países y territorios próximos a la Unión que se niegan a adherirse a las normas internacionales de buena gobernanza en materia fiscal; señala, no obstante, que el proceso de clasificación, llevado a cabo y supervisado por el subgrupo «países terceros» del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas), no es totalmente transparente y no permite al Parlamento Europeo ejercer sus potestades de control; destaca que dicha lista debe ser realista y objetiva para ser creíble y restablecer la confianza en las actuaciones de la Unión para luchar contra los paraísos fiscales;

11.  Observa que esta lista(35) pretende proporcionar una metodología común a la Unión para evaluar, clasificar y enumerar países y territorios terceros a efectos fiscales, permitiendo a los Estados miembros conocer qué territorios intervienen en la evasión y la elusión fiscales(36); señala que el Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) ha retirado la mención clara a los tipos de impuesto sobre sociedades «cero o próximos a cero» como criterio para definir los paraísos fiscales e incluirlos en dicha lista;

12.  Celebra que, en mayo de 2016, el Consejo respaldara el proceso propuesto de elaboración de una lista e instara a que la lista de la Unión estuviese finalizadas antes de acabar 2017; lamenta la falta de transparencia del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) en este proceso;

1.3. Intercambio de información

13.  Recuerda que el Estándar Común de Comunicación de Información (ECCI) de la OCDE exige que los países y territorios obtengan información de sus entidades financieras y la intercambien anualmente de forma automática con otros países y territorios; lamenta que los Estados Unidos no se hayan comprometido con este nuevo estándar internacional; señala que el ECCI adolece de deficiencias y celebra que la OCDE esté trabajando en perfeccionar el estándar para hacerlo más eficaz; lamenta que en 2017 solo hayan aplicado el ECCI menos de la mitad de los países y territorios que se habían comprometido a ello;

14.  Recuerda que el 15 de febrero de 2011, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) adoptó la Directiva 2011/16/UE del Consejo relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DCA 1); recuerda que en esta Directiva se impone la obligación de que las administraciones tributarias nacionales faciliten información sobre un contribuyente de otro Estado miembro si así se solicita, aunque dicha información esté únicamente en posesión de un banco u otra entidad financiera; señala que el 1 de enero de 2013 entraron en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas por las que se aplica esta Directiva, con la excepción de las disposiciones relacionadas con el intercambio automático de información para determinadas categorías(37), que entraron en vigor el 1 de enero de 2015;

15.  Recuerda que el alcance la DCA 1 se amplió con éxito mediante varias refundiciones para que cubriese el intercambio automático de información fiscal, el intercambio automático de información sobre resoluciones fiscales y los acuerdos previos sobre precios de transferencia, el intercambio obligatorio de información fiscal país por país y el intercambio de información antiblanqueo, por el que las autoridades tributarias nacionales de los Estados miembros tendrán acceso a los registros centrales de las unidades de inteligencia financiera sobre titularidad real de las sociedades;

16.  Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, de 21 de junio de 2017, de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación (DAC 6);

1.4. Conclusiones

17.  Observa que las entidades extraterritoriales suelen constituirse como sociedades fantasma(38), que carecen de una razón de ser de índole económica o una actividad económica sustancial en el país en el que se constituyen;

18.  Destaca que entre las principales motivaciones para constituir entidades extraterritoriales suelen encontrarse en la disimulación del origen del dinero y los activos y la ocultación de la identidad del titular real final(39), la evasión o la elusión de derechos de sucesión o impuestos sobre la renta o las ganancias de capital en los países donde residen los titulares reales finales(40), la protección de los bienes frente a acreedores o herederos, la elusión de sanciones, el enmascaramiento de actividades delictivas y de blanqueo de capitales, la transferencia de activos de una persona o sociedad a otra sociedad sin asumir las obligaciones de la primera, o la transferencia de activos a un fondo fiduciario exento de impuestos; señala que los documentos de los papeles de Panamá demuestran que los intermediarios, así como Mossack Fonseca, tenían conocimiento de estas motivaciones;

19.  Añade que, en el caso de las empresas multinacionales, también se utilizan sociedades fantasma y ficticias como parte de los mecanismos de planificación fiscal abusiva para facilitar los dispositivos de fijación de precios de transferencia; recuerda la posición del Parlamento de que la planificación fiscal abusiva por parte de las empresas multinacionales es incompatible con la responsabilidad social de las empresas(41);

20.  Afirma que, entre los Estados miembros de la Unión, el Reino Unido es el que cuenta con más entidades extraterritoriales en los papeles de Panamá (17 973 entidades), seguido de Luxemburgo (10 877 entidades) y Chipre (6 374 entidades), así como Letonia, Irlanda, España, Estonia y Malta(42); señala que, por ejemplo, en un momento determinado Mossack Fonseca creó 115 empresas en Luxemburgo en tan solo una semana(43); destaca que, entre los 21 países más utilizados por Mossack Fonseca para constituir sociedades fantasma u otras estructuras complejas, 12 países, además del propio Reino Unido, son territorios británicos de ultramar, dependencias de la corona británica o miembros de la Commonwealth; 

21.  Observa con preocupación que las revelaciones de Football Leaks y varios casos individuales de evasión fiscal recientemente descubiertos en el mundo del fútbol han demostrado que aún existen muchas lagunas y discordancias en las legislaciones nacionales por los que se refiere a la tributación de los derechos de imagen y de las transferencias internacionales de futbolistas; 

22.  Resalta que, tomando como base las personas físicas que han sido identificadas como accionistas, la titularidad de aproximadamente el 9 % de las entidades extraterritoriales constituidas por Mossack Fonseca corresponde a ciudadanos de la Unión(44);

23.  Destaca que, en el momento en que se filtraron los datos, 55 728 entidades todavía permanecían activas y alrededor del 90 % de ellas estaban radicadas en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y las Seychelles;

24.  Señala que en las jurisdicciones extraterritoriales y en algunos Estados miembros de la Unión, los registros mercantiles y las autoridades a menudo no exigen o no comparten la información necesaria para identificar a los titulares reales, a los accionistas cualificados, a los miembros de los consejo de supervisión o de administración, ni la información sobre los balances y las cuentas de resultados; observa que la identificación de los titulares reales finales en algunos países se basa únicamente en la autodeclaración de la información sobre la titularidad real, sin ninguna otra verificación(45);

25.  Señala que en la mayoría de los destinos extraterritoriales no existen obligaciones fiscales ni de comunicación de información(46); muestra su preocupación por el hecho de que la legislación o la práctica administrativa de varios de estos países y territorios presenten obstáculos al intercambio de información con autoridades competentes extranjeras;

26.  Observa que ninguno de las tres territorios y países mencionados anteriormente, a saber, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y las Seychelles, se encuentra en la lista de «paraísos fiscales no cooperadores» del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE; recuerda que las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y las Seychelles fueron excluidas de la lista entre 2000 y 2002 tras comprometerse formalmente a aplicar las normas mundiales de la OCDE sobre transparencia e intercambio de información, sin que se comprobara la aplicación efectiva de tales normas y a pesar de que dichos países sigan actuando como paraísos fiscales; lamenta que la lista de paraísos fiscales de la OCDE contenga tan solo un país desde julio de 2017;

27.  Destaca que algunos países y territorios ofrecen la posibilidad de residir en varios de ellos mediante dos pasaportes o programas de visados para inversores que permiten obtener un permiso de residencia a cambio de inversiones en estos países y territorios(47); destaca ejemplos y casos concretos en los que dichos programas de visados para inversores han sido utilizados indebidamente para fines de blanqueo de capitales(48);

28.  Señala que las jurisdicciones extraterritoriales ofrecen a particulares y empresas servicios que se ajustan al modelo de negocio de estos; destaca que los proveedores de servicios extraterritoriales se aprovechan de las ventajas fiscales y los regímenes especiales ofrecidos por algunos países y territorios para crear estructuras que ocultan la identidad del titular real y, en caso necesario, pueden reubicar estas estructuras en otros países o territorios en cuestión de minutos (por ejemplo, cuando las autoridades fiscales abren una investigación en el primer país o territorio);

29.  Observa que la mayoría de las estructuras extraterritoriales reveladas en los papeles de Panamá se constituyeron desde Luxemburgo, el Reino Unido y Chipre, y que estos países deberían haber sospechado que esta actividad suponía una pérdida para la base tributaria de otros Estados miembros en los que residían los titulares reales finales; resalta que en Luxemburgo, por ejemplo, muchas sociedades extraterritoriales se constituyeron únicamente para eludir la retención a cuenta(49) (que solo se aplicaba a personas físicas, no a sociedades extraterritoriales), y algunas todavía permanecieron activas tras la entrada en vigor de la DCA 1; señala que una mayor transparencia de la identidad de los titulares reales finales mediante el establecimiento de registros públicos disuadiría de cometer conductas indebidas;

30.  Señala que en el Reino Unido, en más del 75 % de los casos de corrupción relativos a inmuebles investigados por las autoridades estaban implicadas sociedades de titularidad anónima registradas en países y territorios opacos; añade que el 78 % de las sociedades implicadas estaban registradas en territorios de ultramar británicos o en dependencias de la corona británica; señala que el Gobierno del Reino Unido puede invocar prerrogativas especiales que obligarían a los territorios de ultramar británicos y a las dependencias de la corona británica a introducir registros centrales públicos de titularidad de las sociedades y poner fin a su opacidad fiscal;

31.  Pone de relieve que dentro de la Unión existen zonas económicas especiales, como Madeira, que son aprovechadas por grandes empresas e individuos con grandes patrimonios para depositar beneficios sin pagar impuestos; considera necesario, por lo tanto, que la Comisión revise el estatuto de estos regímenes si los objetivos iniciales no han sido cumplidos, y que revise asimismo las directrices relativas a la ayuda regional de la Unión incluyendo condiciones fiscales más estrictas;

32.  Señala que los reguladores, los supervisores y los organismos y las autoridades responsables de hacer cumplir la legislación fiscal aplicable en los Estados miembros de la Unión carecen de la capacidad suficiente, incluidos recursos humanos, tecnológicos y financieros cualificados; observa, por ejemplo, que la Autoridad Bancaria Europea (ABE) es el único organismo que asigna recursos para garantizar la coordinación de la lucha contra el blanqueo de capitales con otras autoridades financieras de la Unión, pero solo tiene asignados 0,8 empleados a esta cuestión; lamenta la falta de definiciones comunes europeas de evasión fiscal y elusión fiscal, definiciones que facilitarían la cooperación entre los Estados miembros; pone de relieve que la cooperación administrativa y la asistencia jurídica en asuntos penales entre dos o más Estados miembros en relación con la evasión fiscal, el fraude fiscal y blanqueo de capitales se ven obstaculizadas por las discordancias entre las legislaciones nacionales; lamenta que en algunos Estados miembros, como Luxemburgo, la mera evasión fiscal no tenía, o sigue sin tener, la consideración de delito grave, lo que impide la cooperación administrativa y la asistencia jurídica transfronterizas en asuntos penales; lamenta asimismo que en algunos Estados miembros, como, una vez más, Luxemburgo, el momento de la comisión del delito seguía tomándose como punto de partida para computar el plazo de prescripción, impidiendo potencialmente la cooperación administrativa y la asistencia jurídica transfronterizas en asuntos penales; celebra que algunos Estados miembros, como Luxemburgo, hayan modificado ya o tengan previsto modificar su Derecho nacional para eliminar obstáculos a la cooperación administrativa y la asistencia jurídica transfronterizas en asuntos penales;

33.  Observa que la Comisión inició dieciocho procedimientos de infracción contra Estados miembros por la no transposición de la DCA 1(50), trece casos relativos a la aplicación de DCA 2(51) y ocho casos relativos a la aplicación de la DCA 3; recuerda que los Estados miembros debían incorporar a su Derecho nacional la Directiva sobre cooperación administrativa relativa a los informes país por país entre administraciones tributarias a más tardar el 4 de junio de 2017; señala que siguen pendientes recursos contra 11 Estados miembros (Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Hungría, Malta, Polonia, Portugal y la República Checa)(52);

34.  Destaca que esta falta de recursos en las administraciones tributarias es un obstáculo a la capacidad de cumplir de forma efectiva con el intercambio espontáneo de información en virtud de la DCA y que esto constituye un problema sistémico en la Unión;

35.  Concluye que las disposiciones de la DCA, en particular los artículos 1 y 2 y el artículo 8, apartado 1, —sobre el intercambio espontáneo de información— no se aplicaron, dando lugar a casos de mala administración por negligencia u omisión; resalta que los Estados miembros tenían motivos para suponer que se habían producido pérdidas en las bases tributarias de otros Estados miembros como consecuencia de las estructuras extraterritoriales, pero no notificaron esta información tributaria a esos otros Estados miembros; señala que, ya en 2012, el Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) del Consejo reconoció la falta de intercambio espontáneo de información sobre resoluciones fiscales(53); concluye que la Comisión no veló por el cumplimiento de las disposiciones del DCA de forma efectiva;

2. Blanqueo de capitales

2.1. Legislación contra el blanqueo de capitales  

36.  Recuerda que el GAFI fijó las normas mundiales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y que todos sus miembros, incluidos los principales centros financieros extraterritoriales mencionados en los papeles de Panamá (las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y las Seychelles) se comprometieron a aplicar estas normas;

37.  Señala que el Convenio de Varsovia del Consejo de Europa constituye el más exhaustivo convenio internacional sobre blanqueo de capitales, en el que se pide a las partes que adopten medidas legislativas para facilitar la prevención, la investigación y el enjuiciamiento del blanqueo de capitales, así como la congelación efectiva y la confiscación del producto y los instrumentos del delito; lamenta que el Convenio de Varsovia solo haya sido ratificado hasta la fecha por 18 Estados miembros(54);

38.  Es consciente de que el marco vigente de la Unión para la lucha contra el blanqueo de capitales está constituido por la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (cuarta Directiva antiblanqueo), que clasifica los riesgos del blanqueo de capitales en tres niveles, en concreto el nivel supranacional, el de los Estados miembros y el de las entidades obligadas en el marco de su diligencia debida con respecto al cliente; lamenta, sin embargo, la falta de una mayor armonización entre los enfoques de los Estados miembros en la lucha contra la delincuencia financiera(55);

39.  Destaca que la tercera Directiva antiblanqueo incluye cuatro disposiciones clave, en concreto la diligencia debida con respecto al cliente, las obligaciones de notificación, las obligaciones de conservación de información y el control del cumplimiento; recuerda que la fecha de aplicación de la tercera Directiva antiblanqueo era el 15 de diciembre de 2007;

40.  Señala que la cuarta Directiva antiblanqueo mejora el ámbito de aplicación de la intensificación de la diligencia debida con respecto al cliente en las relaciones comerciales con países de alto riesgo, y las definiciones y obligaciones relativas a las personas del medio político y los titulares reales finales, reduce el umbral de pago en efectivo de 15 000 EUR a 10 000 EUR y amplía el alcance de las entidades obligadas para incluir todo el sector del juego, y no solo los casinos; recuerda que un criterio para identificar a titulares reales de entidades empresariales es un accionariado del 25 % más una acción o una participación en el capital superior al 25 %; recuerda que la cuarta Directiva antiblanqueo entró en vigor el 26 de junio de 2017, pero solo seis Estados miembros han notificado a la Comisión su plena incorporación a la legislación nacional dentro de plazo(56); pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que transpongan urgentemente la cuarta Directiva antiblanqueo;

2.2. Una lista de la Unión de terceros países de alto riesgo en materia de lucha contra el blanqueo de capitales

41.  Recuerda que, el 14 de julio de 2016, la Comisión adoptó el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, en el que se mencionan once terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en sus regímenes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a saber: Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Guayana, Irak, la República Democrática Popular de Laos, Siria, Uganda, Vanuatu, Yemen, Irán y la República Popular Democrática de Corea;

42.  Señala que esta lista es un duplicado de la lista elaborada por el GAFI y no incluye ninguno de los países citados en los papeles de Panamá;

43.  Recuerda que la Comisión propuso modificar la lista retirando a Guayana y añadiendo a Etiopía; reitera las objeciones del Parlamento a estos actos delegados, de 19 de enero y 17 de mayo de 2017;

44.  Observa que el GAFI ha examinado más de 80 países desde 2007 en cuanto a su cumplimiento y sus deficiencias, y que 61 países han sido incluidos en la lista pública que recoge los países con deficiencias estratégicas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; llama la atención sobre las aseveraciones del GAFI según las cuales, desde entonces, 51 países han sido retirados de la lista por haber llevado a cabo las reformas necesarias para solucionar las deficiencias, como el establecimiento de marcos y reformas de naturaleza legal y reglamentaria, comprometiéndose a observar las normas tributarias internacionales como los estándares comunes de comunicación de información de la OCDE; destaca que no debería procederse a la retirada de un país de la lista pública por el mero compromiso de realizar reformas, sino solamente tras una evaluación exhaustiva del GAFI que compruebe que se han producido cambios en la práctica;

45.  Lamenta que el proceso de evaluación y de revisión por pares del GAFI haya dado lugar a una lista que no resulta útil para luchar contra el blanqueo de capitales;

2.3. Unidades de Inteligencia Financiera (UIF)

46.  Recuerda que, en virtud de la tercera Directiva antiblanqueo, cada Estado miembro está obligado a constituir una UIF para compartir información entre los diferentes servicios de información de los Estados miembros y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que deben concederse a cada UIF nacional los recursos adecuados para que cumpla con su labor, y que las UIF tienen que contar con el equipamiento necesario para garantizar el acceso rápido y eficiente a la información financiera, administrativa y policial que requieran para llevar a cabo sus funciones de manera adecuada, incluida la interoperabilidad entre bases de datos de las autoridades pertinentes;

47.  Recuerda que las instituciones y las personas físicas y jurídicas a las que es aplicable esta Directiva(57) deben informar a las UIF cuando sospechen que se están cometiendo, se han cometido o se han intentado cometer delitos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, y tienen que cumplimentar informes sobre transacciones sospechosas, así como facilitar toda la información relevante si así se les solicita;

48.  Señala que falta una definición uniforme de transacción sospechosa y que la definición existente se considera inadecuada en determinados casos;

49.  Subraya que los Estados miembros deben exigir a sus entidades de crédito y financieras disponer de sistemas que les permitan responder por completo y con rapidez a las solicitudes de información de la UIF, de conformidad con su legislación nacional;

50.  Pone de relieve y celebra el establecimiento de la cooperación de FIU.net en el marco de Europol; recuerda que el Grupo Egmont, organismo internacional para la cooperación de las UIF, está integrado por 154 UIF de todo el mundo; lamenta que, con arreglo a los marcos jurídicos nacionales, varias UIF europeas aún no tengan permitido intercambiar datos directamente con los organismos extranjeros encargados de hacer cumplir la ley; lamenta que Europol carezca de competencias de investigación para perseguir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales;

2.4. Conclusiones

51.  Observa que una serie de intermediarios, como el banco Berenberg en Alemania y el banco Pilatus en Malta, no aplicaron adecuadamente las medidas reforzadas obligatorias de diligencia debida con respecto al cliente, bien al establecer la relación comercial con ellos o durante dicha relación comercial, aunque existiesen sospechas de blanqueo de capitales; resalta, por lo tanto, la no comunicación o la comunicación deficiente de sospechas de blanqueo de capitales a las UIF competentes por parte de las entidades obligadas a ello(58);

52.  Llega a la conclusión de que, en muchos casos, las investigaciones para identificar a los titulares reales finales de las entidades extraterritoriales no se llevaron a cabo o fueron insuficientes; resalta que, en consecuencia, no se definió la titularidad y la estructura de control de las entidades y/o no se obtuvo información sobre la finalidad y la naturaleza que se pretendía atribuir a la relación comercial; destaca que los documentos públicos de los papeles de Panamá muestran que Mossack Fonseca sabía que algunos de sus clientes o filiales no aplicaban adecuadamente la debida diligencia con los clientes(59); subraya que Mossack Fonseca reconoció que, en algunos casos, no sabían quiénes eran los titulares reales de las entidades registradas(60);

53.  Condena que, para dar cabida a los usos especiales de sus clientes, Mossack Fonseca cobrase más por sus servicios sin comprobaciones adecuadas en materia de diligencia debida, a pesar de que era perfectamente consciente de que estos servicios entrañaban un mayor riesgo de blanqueo de capitales(61);

54.  Subraya que, en consecuencia, las UIF nacionales u otras autoridades competentes no cuentan con documentación suficiente para llevar a cabo adecuadamente las investigaciones y los análisis con arreglo a la legislación nacional;

55.  Observa que varios países, incluidos varios Estados miembros, han puesto en práctica recientemente programas para obtener la ciudadanía destinados a personas que no residen en la Unión, ofreciendo la ciudadanía a cambio de inversiones financieras en esos países sin comprobar debidamente el origen de los fondos o sin aplicar adecuadamente la diligencia debida con respecto al cliente, lo cual debilita los controles antiblanqueo; destaca que la doble nacionalidad derivada de estos programas también puede ser contraria a los objetivos del intercambio automático de información fiscal;

56.  Señala que la falta de documentación e investigación también se aplica a determinados seguros de vida ofrecidos por empresas aseguradoras a clientes por medio de intermediarios de seguros o cualquier otra entidad considerada entidad financiera en virtud de la tercera Directiva antiblanqueo;

57.  Recuerda la solicitud formulada por algunas UIF de disponer de un mayor acceso a la información mediante una mayor cooperación con sus homólogos y un acceso a más fuentes de información, como los datos centralizados de cuentas bancarias o los registros de la propiedad o de seguros de vida(62);

58.  Señala que, en algunos casos, las administraciones y los órganos de supervisión tributarios o de otro tipo descubrieron la existencia de construcciones extraterritoriales, pero no lo notificaron a la UIF(63);

59.  Señala que un grave problema de las investigaciones contra el blanqueo de capitales en la Unión es el prolongado e ineficaz mecanismo de cooperación entre las UIF de la Unión, así como los obstáculos jurídicos y técnicos que impiden o retrasan de modo significativo dicha cooperación; señala que las UIF de los Estados miembros de la Unión tienen distintas estructuras, dimensiones y competencias, y a menudo carecen de recursos en los distintos Estados miembros, y que estas diferencias afectan a la forma en la que las UIF de los Estados miembros recopilan, analizan y divulgan la información y, en última instancia, repercuten en el intercambio de información entre ellas; subraya que esto se traduce en respuestas fragmentadas, asimétricas y no comparables por parte de las UIF de los Estados miembros de la Unión(64);

60.  Recuerda la importancia de contar con UIF independientes y autónomas que reciban comunicaciones sobre transacciones sospechosas de forma directa y exclusiva, lo cual no ocurre en todos los Estados miembros;

61.  Lamenta que la Comisión no pueda llevar a cabo adecuadamente su propia evaluación de los terceros países con alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, ya que no cuenta con personal cualificado suficiente para cumplir esta obligación que le impone la Directiva antiblanqueo;

62.  Señala, en particular, que el número de comunicaciones sobre transacciones sospechosas ha crecido impulsado por la nueva legislación y que la falta de recursos implica que las UIF solo pueden hacer frente a una fracción del problema(65); observa que el Reino Unido y los Países Bajos representan el 67 % de las comunicaciones sobre transacciones sospechosas presentadas en la Unión; pone de relieve que el volumen de estas comunicaciones en determinados países no parece guardar relación con las actividades de los sectores regulados(66); señala que las comunicaciones que reciben algunas UIF derivadas de los umbrales impuestos pueden mejorar su acceso a la información(67);

63.  Acoge con satisfacción la labor realizada por FIU.net bajo los auspicios de Europol, pero lamenta que no sea eficiente debido a los distintos niveles de uso por parte de los Estados miembros y a la falta de recursos y competencias a escala de la Unión;

64.  Señala que, según Europol, las criptomonedas plantean un riesgo de blanqueo de capitales y que, por lo tanto, las estrategias antiblanqueo deberían centrarse también en las nuevas técnicas de blanqueo de capitales(68);

65.  Señala que Europol comparó su base de datos de individuos y sociedades sospechosos de actuaciones delictivas con los papeles de Panamá y halló 3 469 coincidencias probables, que 1 722 de estas coincidencias guardan relación con el blanqueo de capitales y 116 con el terrorismo, y que la mayoría de estos casos se referían al Reino Unido, probablemente debido al tamaño de su sector financiero; señala que algunos bancos controlados por el Estado Islámico tienen acceso a SWIFT y, por lo tanto, pueden enviar fondos a la Unión y a través de la Unión; señala que algunos bancos han confirmado a los miembros de esta comisión de investigación que han presentado numerosas comunicaciones sobre transacciones sospechosas relacionadas con la financiación del terrorismo; señala que ni la Comisión, ni el Consejo, ni los bancos, ni las UIF han podido proporcionar información acerca del número de cuentas bancarias que han sido congeladas en los Estados miembros de la Unión por financiación del terrorismo;

66.  Pone de relieve que las demoras en la respuesta a las solicitudes afectan a la cooperación de las UIF y que las respuestas a dichas solicitudes adolecen en muchas ocasiones de mala calidad y falta de detalles, lo que constituye un obstáculo para la cooperación internacional por parte de las propias UIF; lamenta que algunas UIF limiten el uso de la información transmitida, incluida la prohibición de su uso en procedimientos judiciales o investigaciones tributarias; señala que algunas UIF europeas han visto obstaculizadas sus solicitudes de cooperación con sus homólogas no europeas debido a obstáculos jurídicos o administrativos en los terceros países;

67.  Lamenta que no todas las UIF de la Unión estén facultadas para dirigir solicitudes de información a las entidades obligadas, y que en muchos casos estas solicitudes estén supeditadas a la recepción previa de comunicaciones sobre transacciones sospechosas; observa, por lo tanto, que algunas UIF no pueden solicitar información a las entidades declarantes en nombre de UIF extranjeras si en su propia base de datos no existen comunicaciones sobre transacciones sospechosas conexas;

68.  Señala que en algunos Estados miembros no existen directrices claras sobre la cooperación mutua entre las UIF nacionales y las autoridades tributarias nacionales para garantizar el cumplimiento en materia tributaria;

69.  Celebra que se haya reconocido que los delitos fiscales pueden ser delitos principales del blanqueo de capitales en virtud de la cuarta Directiva antiblanqueo, cuyo plazo de transposición expiró el 26 de junio de 2017; observa que en la Directiva se indica de forma explícita que las diferencias entre las definiciones de los delitos fiscales en las legislaciones nacionales no obstaculizarán la capacidad de las UIF para intercambiar información; lamenta la falta de una definición europea común de los delitos fiscales(69), que hasta la fecha ha dificultado la investigación y el enjuiciamiento de los casos relacionados con delitos fiscales en la Unión, y que varios países europeos solo consideren delitos fiscales las infracciones fiscales muy graves; señala que, en cualquier caso, la cooperación internacional entre las UIF puede excluirse cuando existan diferencias significativas entre los Estados miembros en cuanto a la definición y tipificación de los delitos principales del blanqueo de capitales; llama la atención sobre las negociaciones relativas a una propuesta de Directiva sobre la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal destinada a establecer normas mínimas para la definición de delitos graves y sanciones en el ámbito de los delitos de blanqueo de capitales;

70.  Observa que en la cuarta Directiva antiblanqueo se incluye la obligación de establecer registros centrales de titulares reales finales; lamenta que, hasta la fecha, los Estados miembros no hayan cumplido esta obligación y que no todas las UIF tengan acceso a esta información sobre los titulares reales finales; observa que abrir estos registros centrales al acceso público facilitaría la identificación de titulares reales finales y/o la detección de anomalías y sospechas de irregularidades por partes interesadas pertinentes, incluidas autoridades competentes, entidades obligadas y ciudadanos, y reforzaría la rendición de cuentas;

71.  Destaca que la plataforma de las UIF de la Unión identificó varias deficiencias en su ejercicio de inventario y análisis de deficiencias relativo a las UIF; señala que esto se debe a la falta de aplicación o a la aplicación deficiente de las disposiciones de la tercera Directiva antiblanqueo, en particular en lo relativo al acceso a la información de las cuentas bancarias, y a las importantes discrepancias entre los distintos enfoques nacionales;

72.   Celebra que en mayo de 2016 dieciséis Estados miembros hubieran establecido o estuvieran estableciendo mecanismos automatizados para identificar a los titulares de cuentas bancarias y de pagos(70); observa, asimismo, que el informe hizo hincapié en la falta de capacidad de las UIF para obtener información de las entidades obligadas y realizar análisis conjuntos de casos transfronterizos con el fin de detectar el blanqueo de capitales y las amenazas, riesgos y tendencias de la financiación del terrorismo(71);

73.  Destaca que el ejercicio de inventario realizado por la plataforma de UIF de la Unión también llega a la conclusión de que no existen normas europeas con un grado suficiente de armonización y detalle por lo que respecta a la lucha contra el blanqueo de capitales;

74.  Pone de relieve que las instituciones de algunos Estados miembros competentes para aplicar y hacer cumplir las normas relativas al blanqueo de capitales y a la elusión y la evasión fiscales no parecen estar totalmente libres de influencias políticas; señala que la facultad discrecional de la policía en algunos Estados miembros a la hora de decidir si investiga o no la información enviada y confirmada por la UIF puede constituir mala administración en caso de inacción; observa que la UIF maltesa elaboró un informe sobre sospechas de blanqueo de capitales en las que estaban implicadas personas del medio político de Malta que hasta el momento no ha dado lugar a ninguna investigación policial; manifiesta su preocupación ante las acusaciones de posible incumplimiento por parte de las autoridades competentes de las disposiciones de lucha contra el blanqueo de capitales incluidas en la cuarta Directiva sobre requisitos de capital, en particular los requisitos relativos a los accionistas cualificados y a la aptitud y honorabilidad de los miembros de los órganos de gestión, en la concesión de una autorización bancaria(72);

75.  Observa que al menos un Estado miembro —Malta— contaba con un ministro del Gobierno que formaba parte de las personas del medio político mencionadas en los papeles de Panamá; señala que en la mayoría de los Estados miembros visitados por la comisión en misión de información(73) se abrieron investigaciones tras conocerse las revelaciones de los papeles de Panamá; lamenta, no obstante, que en algunos países, como Malta, no se hayan llevado a cabo investigaciones policiales a pesar de las constataciones de la UIF que indicaban la existencia de un grave riesgo de blanqueo de capitales; lamenta que esta ausencia de investigaciones haya impedido identificar y, en su caso, sancionar a los intermediarios que operan en Malta y que puedan haber incumplido sus obligaciones, incluida la diligencia debida con respecto al cliente; llama la atención sobre el sector de los juegos de azar en línea y los correspondientes procedimientos de concesión de licencias en Malta, que pueden incumplir la ley, dado que los juegos de azar en línea son un sector de alto riesgo debido al enorme volumen de transacciones y flujos financieros y a los elementos no presenciales, tal y como ha determinado en su evaluación de riesgos supranacional(74); lamenta que la Comisión no investigara en mayor medida el posible incumplimiento por parte de Malta de la Directiva antiblanqueo, a pesar de haber sido informada de estos extremos; 

76.  Expresa su preocupación ante el escaso nivel de cumplimiento de algunos Estados miembros de las normas internacionales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como muestran las revisiones por pares del GAFI o Moneyval; destaca que se enviaron requerimientos por infracción a 22 Estados miembros por no aplicar la tercera Directiva antiblanqueo y que seis Estados miembros (Bélgica, Francia, España, Irlanda, Polonia y Suecia) fueron llevados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en octubre de 2008; señala que hubo desistimiento en el recurso contra Polonia, pero que los otros cinco Estados miembros fueron sancionados por no aplicar la Directiva dentro de plazo; subraya, no obstante, que esto suscita la cuestión de si los procedimientos de infracción bastan para comprobar la calidad de la aplicación por parte de los Estados miembros;

77.  Reafirma su apoyo, en consonancia con las recomendaciones de su Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2015, sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (2015/2066(INI))(75), al papel fundamental de la Comisión como autoridad competente en materia de competencia en las investigaciones en curso sobre ayudas estatales relacionadas con las resoluciones fiscales emitidas por los Estados miembros en favor de empresas multinacionales, y lamenta la decisión del Gobierno irlandés de recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la decisión de la Comisión por la que se ordena a Irlanda recuperar 13 000 millones EUR en concepto de impuestos no abonados por Apple, Inc.;

78.  Concluye que, al no responder de forma adecuada ante estas deficiencias, los Estados miembros no han velado de modo efectivo por el cumplimiento de la tercera Directiva antiblanqueo; muestra su profunda preocupación ante el incumplimiento del artículo 4 del TUE, relativo a la cooperación leal, por parte de los Estados miembros al no haber facultado a las UIF para que pudieran cooperar conforme a lo dispuesto en la tercera Directiva antiblanqueo(76); señala asimismo que posiblemente la Comisión no haya velado por el cumplimiento de estas disposiciones al no haber iniciado los procedimientos de infracción correspondientes;

79.  Señala que con frecuencia algunos Estados miembros han recurrido a amnistías fiscales para regularizar los activos no declarados depositados en jurisdicciones extraterritoriales, lo cual ha permitido encubrir activos de posible origen ilícito y ha evitado que se lleven a cabo investigaciones de blanqueo de capitales en su jurisdicción;

80.  Lamenta que la Comisión, debido a la falta de personal, no haya llevado a cabo una supervisión adecuada de la aplicación de la Directiva antiblanqueo en los Estados miembros; señala asimismo que la Comisión no ha realizado una evaluación independiente de la lista de la Unión de terceros países de alto riesgo a efectos de blanqueo de capitales;

81.  Lamenta que entre 2011 y 2014 la supervisión bancaria a nivel nacional y europeo y las autoridades tributarias nacionales no prestaran atención a las transferencias de capital desde Portugal hacia jurisdicciones extraterritoriales, hasta tal punto de que se transfirieron, principalmente a Panamá, al menos 10 000 millones EUR sin que se efectuaran controles fiscales ni de prevención del blanqueo de capitales, de los cuales 8 000 millones EUR fueron transferidos por empresas relacionadas con el Grupo Espírito Santo, antes de la quiebra del Banco Espírito Santo, pero en un momento en el que las autoridades reguladoras ya estaban investigando a ambas entidades; pone de relieve que el Grupo Espírito Santo sobornó al ex primer ministro José Sócrates, según las recientes acusaciones del Ministerio Público;

3. Intermediarios(77)

3.1. Marco jurídico

82.  Recuerda que, de conformidad con la cuarta Directiva antiblanqueo, la definición actual de entidades obligadas incluye a entidades financieras y de crédito, auditores, contables y asesores fiscales, notarios, proveedores de servicios de sociedades y fideicomisos, agentes de la propiedad inmobiliaria, proveedores de servicios de juego y otros profesionales independientes del Derecho; recuerda que según la cuarta Directiva antiblanqueo, los Estados miembros deben garantizar que sus autoridades competentes responsables de la supervisión cuenten con recursos financieros, humanos y técnicos adecuados para desempeñar sus funciones (artículo 37 de la tercera Directiva antiblanqueo y artículo 48 de la cuarta Directiva antiblanqueo), y señala que los informes de evaluación mutua del GAFI y de Moneyval han detectado deficiencias en materia recursos;

83.  Recuerda la obligación que incumbe a las entidades obligadas en virtud de la Directiva antiblanqueo de aplicar la diligencia debida con respecto al cliente y de comunicar las sospechas de blanqueo de capitales; señala que esto solo se aplica a los profesionales del Derecho en la medida en que no estén amparados por el secreto profesional;

84.  Recuerda que el refuerzo de la diligencia debida con respecto al cliente es especialmente necesario en el caso de clientes que son personas del medio político y otros clientes de alto riesgo a fin de establecer el origen de su patrimonio y la fuente de los fondos; recuerda que las entidades de crédito y financieras están obligadas a aplicar sistemas que les permitan responder íntegra y rápidamente a las solicitudes de información de las UIF, de conformidad con su legislación nacional;

85.  Señala que los Estados miembros han establecido una gran variedad de organismos de supervisión para controlar distintos tipos de entidades obligadas a comunicar información en virtud de la legislación de la Directiva antiblanqueo y que, por lo tanto, los asesores y los intermediarios son regulados y supervisados por organismos gubernamentales u organismos profesionales de autorregulación;

86.  Recuerda que en algunos casos los organismos profesionales de autorregulación solo actuaron ante los casos de malversación por parte de intermediarios una vez que se conocieron las revelaciones de los papeles de Panamá, lo que demuestra que sus mecanismos de regulación y sanción son inadecuados o ineficaces;

87.  Subraya que, en muchos Estados miembros, la evasión fiscal, propiciada por estos facilitadores, no constituye un delito principal del blanqueo de capitales, ya que no tiene la consideración de delito grave en su código penal, y que en algunos Estados miembros la evasión fiscal es un delito menor y, por lo tanto, solo se consideraría una infracción administrativa; señala que la cuarta Directiva antiblanqueo, cuyo plazo de transposición venció el 26 de junio de 2017, pretende armonizar esta cuestión;

88.  Observa que el Consejo ha invitado a la Comisión «a que estudie iniciativas legislativas sobre normas obligatorias de información inspiradas en la acción 12 del proyecto BEPS de la OCDE con vistas al establecimiento de desincentivos más eficaces para los intermediarios que participen en mecanismos de elusión o evasión fiscal»;

89.  Celebra la propuesta de la Comisión de 21 de junio de 2017 sobre el intercambio automático de información obligatorio en el ámbito de la tributación en relación con acuerdos transfronterizos notificables; toma nota de que ha incluido, entre las señas distintivas relacionados con las transacciones transfronterizas, los mecanismos en que el beneficiario es residente a efectos fiscales en un país o territorio sin impuesto de sociedades o que aplica el impuesto de sociedades al tipo cero o a un tipo legal inferior a la mitad de la media de los tipos legales del impuesto de sociedades en la Unión;

90.  Lamenta que la propuesta solo contemple una obligación de comunicación de información y no la prohibición inmediata del mecanismo divulgado tras ser examinado y ser calificado de uso indebido de un sistema fiscal;

91.  Recuerda que la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión (DRC IV) exige a los Estados miembros que garanticen la aplicación de sanciones administrativas para las entidades financieras responsables de una infracción grave de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la tercera Directiva antiblanqueo; recuerda que la DRC IV exige a las autoridades competentes que denieguen la autorización de iniciar la actividad de entidad de crédito si, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión sólida y prudente de la entidad de crédito, no estuvieran convencidas de la idoneidad de los accionistas o socios, en particular si existen indicios razonables que permitan suponer que se están efectuando o intentado efectuar o se han efectuado operaciones de blanqueo de dinero o financiación del terrorismo, o que la adquisición propuesta podría aumentar el riesgo de que se efectúen tales operaciones;

92.  Recuerda que el Parlamento Europeo, con los informes de las Comisiones Especiales TAXE y TAXE 2, votó a favor de regular de forma estricta las actividades de los asesores, con el fin de prohibir cualquier conflicto de interés, y de separar sus actividades de asesoramiento a las administraciones tributarias y a los clientes privados;

93.  Recuerda que la Directiva relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas de 2006 tenía que haberse aplicado el 29 de junio de 2008;

94.  Observa que la Directiva modificada relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas de 2014 y el Reglamento sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público tenían que haberse aplicado el 17 de junio de 2016, con excepción del artículo 16, apartado 6, de este Reglamento, que tenía que haberse aplicado el 17 de junio de 2017; señala que los papeles de Panamá pusieron en evidencia la necesidad de revisar la Directiva 2014/56/UE;

3.2. Conclusiones

95.  Señala que en los papeles de Panamá figuran un total de 14 000 intermediarios, de los cuales alrededor de 2 700, o el 19 %, están establecidos en la Unión(78);

96.  Pone de relieve que los intermediarios de la Unión mencionados en los papeles de Panamá son responsables de la creación de aproximadamente el 20 %, o 39 700, de todas las entidades constituidas por Mossack Fonseca;

97.  Observa que los bufetes de abogados, los contables, las empresas fiduciarias y de fideicomisos y los bancos son los tipos de intermediarios más frecuentes, pero que muchos otros profesionales autorregulados y no regulados también pueden prestar servicios fiscales y financieros, como la constitución de sociedades extraterritoriales y la planificación fiscal;

98.  Señala que los bancos, los gestores de patrimonio, los auditores y los asesores fiscales y jurídicos, en particular, siguen sin ser objeto de una definición y una regulación suficientes en el Derecho de la Unión y en los Derechos nacionales de los Estados miembros y de terceros países; considera que el carácter multinacional de sus servicios supone un desafío especial a la hora de supervisar y sancionar correcta y adecuadamente sus actividades;

99.  Observa que el hecho de que los intermediarios estén sujetos a supervisión o autorregulación depende de cada país y territorio y del tipo de intermediario o asesor; señala que muchas de estas estructuras están radicadas fuera de la jurisdicción de las entidades obligadas y que en muchos casos, por lo tanto, no están sujetas a requisitos legislativos; observa que la mayoría de los intermediarios de la Unión tienen su sede en el Reino Unido, Luxemburgo y Chipre(79), que también están entre los diez países que cuentan con los intermediarios más activos incluidos en los papeles de Panamá(80), así como en otros países del Espacio Económico Europeo (Liechtenstein) o de la Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza);

100.  Observa que los fideicomisos y las empresas fiduciarias, así como los prestadores de servicios a sociedades, constituyen el grupo más importante que solicitaba a Mossack Fonseca la creación de entidades extraterritoriales, seguidos por contables, asesores fiscales, abogados y consultores, que son responsables de alrededor de un tercio de las entidades extraterritoriales constituidas(81); recuerda que Mossack Fonseca conseguía nuevos clientes fundamentalmente gracias a las recomendaciones de intermediarios y que los controles de estos nuevos clientes a efectos de la debida diligencia con los clientes eran muy poco exhaustivos(82);

101.  Resalta que los intermediarios ayudan a constituir sociedades fantasma y a abrir cuentas, facilitando con frecuencia un administrador nominal que maneja los activos en nombre del titular real, lo que tiene como resultado el anonimato del titular real final; recuerda las pruebas aportadas por la UIF francesa de que los bancos, los bufetes de abogados, los contables y otros intermediarios son los principales arquitectos que diseñan las estructuras y redes extraterritoriales para sus clientes, y que Mossack Fonseca era principalmente un prestador de servicios que las hacía realidad;

102.  Destaca que el mercado inmobiliario proporciona una vía importante para que las personas blanqueen o inviertan fondos obtenidos de forma ilícita en los casos en que la propiedad se adquiere a través de empresas fantasma o fideicomisos anónimos que no están sujetos a una adecuada diligencia debida, especialmente cuando la legislación de los Estados miembros permite que sociedades extranjeras y otras estructuras jurídicas adquieran propiedades sin revelar la identidad de su titular real(83), como se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en el mercado inmobiliario de Londres; pone de relieve la necesidad de reforzar los controles y las normas antiblanqueo en este ámbito; subraya, a tal fin, la importancia de que la información sobre la posesión y control de bienes inmuebles sea plenamente accesible a las autoridades y al público a través de un registro de la propiedad centralizado a escala europea:

103.  Destaca que los productos del sector de los seguros, especialmente los seguros de vida, proporcionan un medio muy simple y atractivo para blanquear capitales y que quienes se dedican al blanqueo y las organizaciones terroristas adoptan medidas extremas para ocultar sus actividades financieras e impedir que se distingan de las transacciones legítimas;

104.  Muestra su preocupación por la reciente tendencia de crear nuevos canales estratégicos y formas innovadoras de blanqueo de capitales, como el tránsito y blanqueo de capitales ilícitos a través del negocio del mercado inmobiliario de lujo, la venta de valores y las pólizas de seguros de vida; observa que el capital ilícito depositado mediante la amortización de estas transacciones se transforma en fondos legítimos derivados de transacciones legítimas; confía, por consiguiente, en que las normas antiblanqueo se ampliarán para abarcar el mercado inmobiliario de lujo a fin de impedir nuevos fenómenos ilícitos;

105.  Resalta que, en algunos casos, las entidades obligadas externalizaron a terceros sus obligaciones en materia de diligencia debida con respecto al cliente, lo que a menudo dio lugar a que esta diligencia debida fuese escasa o nula; destaca que las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales solo se aplican a las entidades obligadas que están incluidas en el ámbito de aplicación de la cuarta Directiva antiblanqueo y no a terceros; pone de relieve que el mandato del Parlamento Europeo para las negociaciones tripartitas sobre la quinta Directiva antiblanqueo propone que los Estados miembros exijan a las autoridades competentes la supervisión eficaz de las actividades de las personas a quienes se delegan labores relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales o contra la financiación del terrorismo por parte de las entidades obligadas y los organismos autorregulados;

106.  Observa que algunas entidades obligadas recurrieron al arbitraje jurídico entre distintos foros para evitar el cumplimiento de la diligencia debida obligatoria y garantizar el anonimato del titular real final;

107.  Señala que, en algunos países, la evasión fiscal no es una infracción penal, lo que puede amplificar este fenómeno; pone de relieve que el servicio que se espera de los asesores fiscales consiste en determinar las estructuras fiscales más favorables para sus clientes, ya que, de lo contrario, podrían verse en la obligación de pagar indemnizaciones a sus clientes;

108.   Observa con preocupación que con arreglo a la legislación de algunos Estados miembros, determinados tipos de intermediarios no pueden ser enjuiciados por delitos de evasión fiscal si el delito se cometió en otro Estado miembro o en un tercer país;

109.  Llama la atención sobre la falta de cooperación en materia de supervisión e intercambio de información entre las autoridades competentes dentro de los Estados miembros y en la Unión en su conjunto;

110.  Destaca que no se vela lo suficiente por el cumplimiento de la vigente legislación de la Unión, lo que permite a los intermediarios cumplir formalmente sus obligaciones, como la diligencia debida con respecto al cliente y otras obligaciones de comunicación de información, al tiempo que burlan el espíritu de las normas, invocando especialmente el «secreto profesional» o el «secreto bancario»; lamenta que los intermediarios, especialmente las entidades financieras, adopten un enfoque descentralizado en el que las normas antiblanqueo varían en gran medida de unas sucursales a otras; considera que la sede central de un intermediario siempre tiene la responsabilidad de garantizar la correcta aplicación de las normas antiblanqueo en todas las áreas de negocio y en todas las sucursales;

111.  Observa con gran preocupación que el desarrollo de las tecnologías digitales y su uso creciente y generalizado en las transacciones comerciales, económicas y financieras están consiguiendo que resulte fácil eludir los controles fiscales y antiblanqueo, mientras que las autoridades fiscales, policiales y judiciales nacionales no están equipadas adecuadamente para hacer frente a estos desafíos;

Funciones y responsabilidades de los bancos

112.  Señala que los bancos, otras entidades financieras y los gestores de patrimonio son actores activos a la hora de poner en marcha estas prácticas, estableciendo alrededor de una sexta parte de las entidades que figuran en los papeles de Panamá; destaca que los bancos fueron intermediarios en alrededor del 9 % de las entidades extraterritoriales constituidas por Mossack Fonseca; señala que varios bancos que aparecen en los papeles de Panamá fueron rescatados con dinero público entre 2008 y 2012;

113.  Recuerda que la mayor parte de los flujos financieros ilegales vinculados a fenómenos de blanqueo de capitales y de evasión y elusión fiscales pasa por el sistema bancario internacional; lamenta que las entidades bancarias europeas cuya participación activa y sistemática en tales prácticas ilegales ha quedado acreditada sigan operando libremente, sin que se hayan aplicado sanciones de ningún tipo;

114.  Observa que los bancos estaban implicados en cuatro tipos de actividades, a saber, proporcionar y gestionar estructuras extraterritoriales, proporcionar cuentas bancarias a entidades extraterritoriales, ofrecer otros productos financieros y prestar servicios bancarios a distancia(84), pero también que, según las constataciones, el sector de los servicios financieros –bancos, asesores de inversiones o bufetes de abogados– ofrecían a sus clientes vías de evasión fiscal(85);

115.  Señala con gran preocupación que, con frecuencia, los reguladores nacionales y europeos no examinan el origen del patrimonio, lo que permite que las personas del medio político procedentes de regímenes cleptocráticos y otros delincuentes inviertan en acciones de bancos, entidades financieras y de seguros y grandes grupos económicos de la Unión, con lo que están facilitando el blanqueo de activos en el sistema financiero de la Unión; destaca que esta omisión incluye el no garantizar la supervisión y el examen consolidados de los vínculos existentes entre los bancos, las empresas y los grupos económicos europeos y sus sociedades tenedoras o estructuras matrices domiciliadas en países y territorios no cooperadores o con escasa aplicación de medidas antiblanqueo;

116.  Destaca que los bancos son actores fundamentales para detectar transacciones sospechosas y notificarlas a las UIF nacionales, pero también que determinados bancos no facilitan las investigaciones que llevan a cabo las UIF nacionales y las unidades de recuperación de activos, por ejemplo, al no proporcionar información completa en formato digital sobre las entidades o transacciones sospechosas; pone de relieve las pruebas presentadas ante esta comisión según las cuales determinados blancos habían abierto cuentas para sus clientes antes de cumplir los requisitos de diligencia debida con respecto al cliente y de identificar a los titulares reales; observa que varios bancos mencionados en los papeles de Panamá han sido multados por los supervisores por no cumplir las normas de lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo, pero las sanciones aplicadas siguen siendo inferiores a las impuestas en los Estados Unidos por infracciones similares; lamenta que las multas impuestas por los supervisores a las entidades financieras obligadas sean deducibles fiscalmente;

117.  Reconoce que la intermediación por parte de los bancos para constituir estructuras extraterritoriales se ha reducido de forma significativa desde 2007, cuando se reveló que los bancos estaban fomentando la elusión a gran escala de la Directiva sobre el ahorro de 2005; señala que los riesgos reglamentarios y en materia de reputación tras la crisis financiera también han contribuido al declive, desde 2008, de las entidades extraterritoriales constituidas con la intermediación de bancos(86); observa, no obstante, que a nivel mundial, los datos estadísticos no muestran un descenso generalizado de los fondos canalizados a través de paraísos fiscales al menos hasta 2014(87), sino más bien una reorganización de los países y territorios y los instrumentos utilizados; señala que, de forma paralela al aumento progresivo de la retención de impuestos recaudados por Luxemburgo, Austria y Bélgica (hasta 2009) de un 15 % en 2005 a un 20 % en 2008 y a un 35 % en 2011, el capital depositado en entidades extraterritoriales se canalizaba cada vez más a empresas ficticias radicadas en jurisdicciones como las Bahamas, Singapur y Hong Kong; observa, no obstante, que el negocio de la intermediación ha sido asumido por otras profesiones, especialmente los abogados, tal y como demuestran los papeles de Panamá;

118.  Pone de relieve el papel fundamental de las filiales de banca privada de los grandes bancos en centros financieros a la hora de prestar servicios transfronterizos a las personas con grandes patrimonios; observa que los veinte mayores bancos europeos obtienen alrededor de uno de cada cuatro euros de sus beneficios en países y territorios de baja imposición, por un importe total estimado en 25 000 millones EUR en 2015, y que la actividad realizada por los bancos en dichos países y territorios no guarda relación con el 11 % de la población mundial y el 5 % del PIB mundial que les corresponde(88);

119.  Destaca que los bancos no siempre han cumplido sus propias directrices internas ni los requisitos reglamentarios (diligencia debida con respecto al cliente), y que en algunos casos no han clasificado a los clientes en la categoría de alto riesgo adecuada, aplicando deficientemente las políticas de conocimiento del cliente, y que, por consiguiente, la comunicación de información a efectos de la diligencia debida intensificada estaba incompleta(89); observa con preocupación los casos de entidades financieras —también en los Estados miembros de la Unión— que pertenecen o son gestionadas por personas del medio político o sus amistades, influyendo en la forma en que estas llevan a cabo sus controles de diligencia debida;

120.  Observa que los controles en materia de diligencia debida con respecto al cliente se basan fundamentalmente en la autodeclaración de las entidades que abren una cuenta bancaria o en un formulario con casillas que deben marcar estas entidades, sin que se efectúe una investigación adecuada de su perfil(90);

121.  Observa que algunas de las respuestas proporcionadas por los intermediarios a esta comisión parecen contradecir la información que se desprende de los papeles de Panamá(91); condena toda posible declaración falsa realizada ante esta comisión;

Supervisión bancaria

122.  Observa que las actividades de supervisión realizadas por las autoridades competentes de los Estados miembros tras los papeles de Panamá han ido desde una completa verificación cruzada de todos los bancos supervisados hasta la ausencia de toda actuación, pasando por las verificaciones aleatorias;

123.  Señala que, en algunos Estados miembros, las competencias de la autoridad competente se limitan a supervisar la existencia de controles para evitar el blanqueo de capitales; observa que la divergencia en las competencias otorgadas a los supervisores financieros en los distintos Estados miembros impide la plena aplicación de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo y una buena cooperación; señala que el BCE, el mayor supervisor prudencial de la Unión, no posee competencias en el marco del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) para la vigilancia de la lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo, lo cual está impidiendo que las autoridades competentes intercambien información confidencial con el BCE;

124.  Observa que la capacidad de las autoridades competentes para verificar la aplicación de políticas y procedimientos corporativos a escala de grupo se ve afectada en ocasiones por la legislación nacional en materia de protección de datos y secreto bancario;

125.  Señala que, según la información facilitada por la Autoridad Bancaria Europea (ABE), en diciembre de 2016 se había abordado a casi 1300 bancos mediante revisiones desde el exterior o con una combinación de revisiones desde el exterior y visitas in situ; espera los resultados finales para el tercer trimestre de 2017; resalta las primeras indicaciones de los resultados, que sugieren que se han detectado deficiencias en algunos casos;

126.  Señala que en diciembre de 2016 la ABE envió un cuestionario a los miembros de su Junta de Supervisores para comprender mejor la actividad de supervisión tras la revelación de los papeles de Panamá; observa que los resultados de este ejercicio aún no se han hecho públicos;

127.  Señala que fueron pocas las autoridades competentes que abordaron el caso de los papeles de Panamá sin limitarse al blanqueo de capitales, y que solo algunas pusieron de manifiesto su manifiesta vinculación con los delitos fiscales;

128.  Observa que las autoridades de los Estados miembros no supervisaron de forma efectiva a las entidades financieras incluso antes de las revelaciones de los papeles de Panamá, y que no sancionaron de forma adecuada a las entidades financieras sujetas a la DRC IV cuando se constataron infracciones graves de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la tercera Directiva antiblanqueo; indica que las revelaciones de la «lavandería azerbaiyana» ponen de manifiesto el fracaso de algunos supervisores financieros a la hora de garantizar que las entidades financieras respetan sus obligaciones en virtud de la Directiva antiblanqueo, incluso después de la adopción de las nuevas recomendaciones del GAFI en 2012;

129.  Destaca que los veinte principales bancos de la Unión están obteniendo beneficios en los países y territorios con regímenes fiscales especiales que no se justifican en vista del nivel de actividad económica real en ellos, en la mayoría de los casos sin contratar a una sola persona en estos países y territorios y no pagando impuestos o pagando impuestos muy reducidos(92); considera que las autoridades competentes de la Unión no pueden garantizar una supervisión eficaz de estas prácticas llevadas a cabo por los bancos de la Unión en terceros países, lo que puede suponer riesgos para la estabilidad financiera de la unión bancaria;

130.  Señala que más de veinte autoridades competentes de la Unión en materia de supervisión bancaria emprendieron actividades de supervisión como consecuencia directa de la publicación de los papeles de Panamá(93);

Abogados y bufetes de abogados

131.  Pone de relieve las dificultades para regular la actividad de los abogados y los bufetes de abogados implicados en la constitución y el mantenimiento de las estructuras extraterritoriales, ya que suelen operar de manera transfronteriza y en al menos un tercer país en que no se comprueban los requisitos legislativos ni se aplican los controles de la diligencia debida(94);

132.  Resalta que los abogados y los bufetes de abogados suelen prestar asesoramiento y asistencia en materia fiscal y de inversiones para la constitución de entidades extraterritoriales, a menudo en contacto directo con los titulares reales finales;

133.  Observa que el número de comunicaciones sobre transacciones sospechosas efectuadas por abogados, al igual que en el caso de otras profesiones en que predomina la autorregulación, es reducido(95), y observa asimismo que la comunicación de información por parte de los abogados suele venir provocada por revelaciones en los medios de comunicación;

134.  Es consciente de que, en la mayoría de los Estados miembros, la supervisión de los abogados corre a cargo de la abogacía y sus colegios profesionales, que no supervisan de forma activa a sus miembros, sino que actúan en respuesta a las quejas de los clientes; lamenta que las estadísticas sobre sanciones o medidas disciplinarias aplicadas por los colegios profesionales nacionales no sean públicas en todos los países de la Unión;

135.  Observa que los profesionales del Derecho están sujetos a sanciones estrictas (civiles y, a veces, penales) si no cumplen alguna de las obligaciones de la Directiva antiblanqueo; observa asimismo que, no obstante, estos procedimientos disciplinarios estrictos raras veces conllevan la prohibición del ejercicio de la profesión(96);

136.  Señala que el ámbito de aplicación de las disposiciones legales sobre el secreto profesional en la relación entre determinados profesionales habilitados, como abogados y notarios, y sus clientes, que permiten a los primeros negarse a testificar o proporcionar pruebas en asuntos fiscales, no está definido con precisión ni es coherente dentro de todos los Estados miembros, y muchos menos en los Estados miembros considerados en su conjunto;

137.  Resalta especialmente que en muchos Estados miembros, en virtud del principio de territorialidad, no es posible sancionar a los abogados por aconsejar a los no residentes sobre cómo evadir impuestos o blanquear capitales en otro país o territorio;

138.  Señala que los asesores jurídicos se declaran ajenos a las obligaciones legales invocando el «secreto profesional», con el fin de evitar aplicar la diligencia debida con respecto al cliente, incluso en los casos en que no han actuado como abogados sino como prestadores de servicios financieros(97);

Contables, empresas de contabilidad y auditores

139.  Observa que el personal de las empresas de contabilidad se compone fundamentalmente de contables, auditores y expertos jurídicos y fiscales profesionales;

140.  Señala que las entidades extraterritoriales constituidas en los principales países y territorios mencionados en los papeles de Panamá (las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y las Seychelles, entre otros) no tienen requisitos en materia de auditoría; destaca, no obstante, que cuando las entidades extraterritoriales están fusionadas con empresas matrices tienen que someterse a auditorías; observa que los supervisores de algunos países y territorios exigen a los bancos y a otros intermediarios financieros que auditen partes de sus procesos, por ejemplo, los procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales;

141.  Señala que la función de las empresas de contabilidad en las estructuras puestas al descubierto por los papeles de Panamá consistía fundamentalmente en el asesoramiento y el mantenimiento de las estructuras extraterritoriales, y que los auditores no participaban de forma activa, ya que las entidades extraterritoriales no suelen estar sujetas a requisitos de auditoría; indica, no obstante, que las «cuatro grandes» empresas de contabilidad que dominan el mercado han estado implicadas en otros escándalos fiscales, como LuxLeaks, y que sus actividades tanto de asesoramiento fiscal como de auditoría abren la posibilidad de graves conflictos de intereses;

142.  Señala que las empresas de contabilidad suelen elaborar directrices internas sobre las prácticas que consideran aceptables, pero que esta autorregulación no es suficiente para luchar de forma eficaz contra la elusión y evasión fiscales que promueven y propician;

143.  Observa que los auditores y asesores fiscales han actuado como empresas integradas a nivel mundial, presentándose como numerosas entidades jurídicas independientes que no tienen una propiedad común, pero que están obligadas mediante acuerdos contractuales a aplicar normas comunes con una denominación común, todo ello con el fin de diluir la responsabilidad, reducir los costes y riesgos reglamentarios, blindarse frente a los riesgos jurídicos y proteger a sus clientes de las investigaciones reglamentarias(98);

144.  Lamenta que el número de comunicaciones sobre transacciones sospechosas remitidas a las UIF por contables sea reducido y no refleje la exposición del sector a los riesgos de blanqueo de capitales(99);

145.  Pone de relieve que las empresas de contabilidad no solo han desempeñado un papel crucial en el diseño de mecanismos de planificación fiscal abusiva para sus clientes, sino que también han ayudado a los Gobiernos nacionales a elaborar sus códigos y leyes en materia fiscal, lo que constituye un importante conflicto de intereses;

146.  Muestra su preocupación por la promiscuidad y los conflictos de intereses que afectan a los auditores y consultores, abogados y bufetes de abogados que a menudo ejercen como asesores gubernamentales para redactar legislación en materia fiscal, crear herramientas antiblanqueo e incluso llevar a cabo actividades de investigación y auditoría para los reguladores, a la vez que prestan o han prestado sus servicios a entidades reguladas;

Fideicomisos, otras estructuras jurídicas similares y fiduciarios

147.  Recuerda que los fideicomisos y las sociedades fiduciarias y otras estructuras jurídicas similares desempeñan un papel importante en la creación y el mantenimiento de entidades extraterritoriales; observa, a este respecto, que las investigaciones de Europol por lo que respecta a los papeles de Panamá generaron 3 469 coincidencias probables con su base de datos de delincuentes sospechosos y revelaron el uso frecuente de estructuras de fideicomiso para disimular activos e identidades;

148.  Señala que un fideicomiso es un conjunto de activos creado mediante un contrato privado suscrito por tres partes (el fideicomitente, el administrador fiduciario y el fideicomisario) y, como tal, carece de personalidad jurídica;

149.  Lamenta que los fideicomisos y las sociedades fiduciarias sean un objetivo complicado para los responsables de las políticas en los países de origen, debido a la limitada presencia física de las empresas y a la escasa información de la que disponen los legisladores y las autoridades;

150.  Señala que los fideicomisos actúan en nombre de los titulares reales finales, pero que, en la mayoría de los casos, sus clientes directos son otros intermediarios, como otros fideicomisos, bufetes de abogados, empresas de contabilidad y bancos;

151.  Observa que los fideicomisos pueden ser sociedades independientes o propiedad de otros tipos de empresas de servicios, como bufetes de abogados o bancos;

152.  Indica que los fideicomisos también pueden formar parte de los complejos mecanismos de elusión y evasión fiscales de los grupos económicos internacionales, y a menudo forman parte de mecanismos multinacionales(100);

153.  Destaca el peligro de que determinadas formas mercantiles y no mercantiles de fideicomiso se conviertan en un instrumento de uso indebido todavía mayor en el futuro, ya que carecen de personalidad jurídica y, por lo tanto, a diferencia de las sociedades, no están sujetos a ningún tipo de obligación de divulgación contable ni jurídica, por ejemplo de sus cuentas anuales; señala asimismo que la inexistencia de un registro de fideicomisos pone muy difícil a las autoridades fiscales obtener información sobre los activos en manos de fideicomisos;

4. Cuestiones relativas a los terceros países

4.1. Conclusiones

154.  Recuerda que la recopilación o facilitación de información(101) sobre los titulares reales finales de las personas jurídicas no constituye actualmente una obligación con arreglo a la legislación de determinados terceros países, incluidos los EE.UU.;

155. Destaca que algunos terceros países y territorios comparten información sobre los titulares reales finales con las UIF europeas únicamente con fines de inteligencia, pero no responden a las solicitudes internacionales de cooperación, de forma que impiden el uso de la información ante los tribunales; 

156.  Resalta que determinados terceros países utilizan regímenes tributarios especiales para atraer a las empresas; pone de relieve que, en algunos países y territorios, es muy fácil constituir una sociedad sin revelar la identidad, ya que se exige muy poca información; observa que la creación de documentos jurídicos sencillos en línea requiere pocos pasos; lamenta que esto pueda conllevar la proliferación de prácticas encaminadas a eludir y evadir impuestos;

157.  Observa que, si bien los EE.UU. cuentan con una legislación menos ambiciosa que la legislación vigente de la Unión contra el blanqueo de capitales, especialmente por lo que respecta a la transparencia de los titulares reales finales dado no existe un registro centralizado de dichos titulares, sí que se han mostrado más eficaces a la hora de aplicar y hacer cumplir dicha legislación;

158.  Pone de relieve el sistema de aplazamiento del pago de impuestos en los EE. UU., que permite a las empresas multinacionales aparcar sus beneficios en el extranjero durante un periodo de tiempo ilimitado, evitando los impuestos que deben pagarse al repatriar esos beneficios;

159.  Reitera su petición de reforzar el papel de la Unión en la escena internacional hablando con una sola voz y trabajando por el desarrollo de un marco común de la Unión para los tratados bilaterales en materia fiscal como forma de luchar contra la utilización abusiva de los convenios más favorables; considera que la celebración de acuerdos de libre comercio debe ir de la mano de disposiciones reforzadas en materia de cooperación tributaria que eviten la elusión fiscal, y que se han de incluir principios de buena gobernanza fiscal;

160.  Observa que la Comisión formula observaciones respecto de cada una de las evaluaciones realizadas por el GAFI o Moneyval de los Estados miembros, y propone que dichas observaciones se publiquen en el futuro;

4.2. Los países en desarrollo

161.  Destaca que, al mismo tiempo, aumenta la desigualdad y los países menos desarrollados se ven afectados de manera desproporcionada por la evasión fiscal y el blanqueo de capitales a través de estructuras extraterritoriales; observa que el 30 % del patrimonio financiero africano se encuentra en jurisdicciones extraterritoriales, lo que genera pérdidas de ingresos fiscales de 14 000 millones USD(102);

162.  Subraya que los flujos financieros ilícitos tienen efectos devastadores en los países en desarrollo(103); señala que, en su informe de diciembre de 2014, Global Financial Integrity (GFI) calculó que las economías en desarrollo y emergentes perdieron 6,6 billones USD en flujos financieros ilícitos entre 2003 y 2012, mientras las salidas ilícitas de capitales aumentaron a una media pasmosa del 9,4 % anual(104);

163.  Llama la atención sobre la inaceptable situación consistente en que algunas sociedades que operan en países en desarrollo recurren a la corrupción, al fraude fiscal, a la elusión y evasión fiscales, a la fijación de precios de transferencia y a la propiedad anónima de las sociedades para reducir su deuda fiscal o blanquear capitales, cuando, al mismo tiempo, millones de personas no tienen acceso a una alimentación, una salud y una educación adecuadas(105);

164.  Señala que la falta de registros contables financieros electrónicos en los países en desarrollo dificulta o imposibilita que las autoridades competentes obtengan información financiera o contable;

165.  Muestra su preocupación por las dificultades que tendrán los países en desarrollo para aplicar el sistema de la OCDE de intercambio automático de información cuando acabe 2017 o 2018 debido a la falta de capacidad técnica, humana e institucional, lo que les podrá privar de los beneficios de este instrumento en la lucha contra la elusión y la evasión fiscales; señala que, en materia de cooperación internacional, aún no se ha establecido un planteamiento común en cuanto a los principios básicos de modo que se garanticen resultados eficaces; manifiesta su preocupación ante el riesgo de tener un sistema internacional de intercambio automático de información a dos velocidades que deje a los países en desarrollo al margen de los intercambios recíprocos;

166.  Considera que África, como continente, pierde un mínimo de 50 000 millones USD al año en flujos financieros ilícitos, lo que duplica la cantidad que recibe en concepto de ayuda internacional; toma nota de la firme petición de los representantes de países en desarrollo para que se ponga fin a los paraísos fiscales, ya que en ellos se acumula capital empresarial ilegal(106);

167.  Considera que mejorar la capacidad fiscal de los países afectados por la evasión y la elusión fiscales puede aportar beneficios considerables; recuerda la relación directa que existe entre el umbral de los impuestos recaudados y la capacidad institucional del Gobierno; recuerda, a este respecto, las pruebas científicas que demuestran que un aumento del 10 % en la capacidad de gestión tributaria corresponde a un crecimiento anual del PIB del 1,5 %;

168.  Observa que la actuación de la Unión también influye en la transparencia fiscal mediante las actividades de inversión del Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, que utilizan estructuras de inversión que no son transparentes en sus inversiones de cartera, y solicita que se actúe para solucionar estos problemas;

169.  Manifiesta su preocupación por el impacto negativo cada vez mayor de los flujos financieros ilícitos, que representan un obstáculo para el crecimiento económico, el desarrollo social, la lucha contra la desigualdad, el empoderamiento de los Gobiernos y la capacidad institucional;

170.  Observa que el proceso BEPS no incluyó a los países en desarrollo como interlocutores en igualdad de condiciones en las negociaciones y no logró ofrecer soluciones eficaces para los problemas fiscales de los países más pobres, incluida la red mundial de acuerdos tributarios que a menudo impide a los países en desarrollo gravar los beneficios generados en su territorio; destaca que solo una participación plena de los países en desarrollo en la reforma fiscal mundial puede proporcionar soluciones eficaces a un problema mundial;

5. Denunciantes de irregularidades

171.  Señala que LuxLeaks, los papeles de Panamá, SwissLeaks, Bahamas Leaks, Football Leaks y otras muchas filtraciones han demostrado el papel crucial que pueden desempeñar los denunciantes de irregularidades a la hora de luchar contra el blanqueo de capitales, el fraude, la planificación fiscal abusiva o la corrupción, o a la hora de arrojar luz sobre comportamientos ocultos; subraya, por lo tanto, que la protección de los denunciantes puede contribuir a salvaguardar el interés público, fomentar la buena gobernanza y reforzar el Estado de Derecho; señala que mientras las entidades obligadas solo corran el riesgo de asumir multas reducidas por no comunicar o comunicar erróneamente a las autoridades las sospechas de blanqueo de capitales, se estará obstaculizando gravemente la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;

172.  Destaca el acompañamiento y la asistencia que prestan los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil a los denunciantes en la relación de estos con la organización a la que pertenecen;

173.  Lamenta que en algunos países se recurra a procedimientos judiciales contra los denunciantes como medio para defender la opacidad(107); considera muy lamentable que, hasta el momento, en el caso de LuxLeaks solo se haya actuado judicialmente contra los denunciantes y periodistas, mientras que no se han tomado todas las medidas oportunas respecto de las empresas y los intermediarios implicados en las resoluciones fiscales puestas al descubierto por los documentos de LuxLeaks; recuerda que el Parlamento Europeo ha solicitado reiteradamente la mejora de la protección de los denunciantes;

174.  Celebra que la Comisión esté evaluando actualmente el margen para una posible actuación horizontal futura o nuevas actuaciones sectoriales a escala de la Unión a fin de reforzar la protección de los denunciantes; observa que el Parlamento está en proceso de redactar un informe de propia iniciativa para formular sus recomendaciones al respecto;

6. Cooperación interinstitucional

175.  Recuerda que, de acuerdo con el artículo 4, apartado 3, del TUE, conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miembros se deben respetar y asistir mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados;

176.  Señala que el principio de cooperación leal incluye la obligación de que los Estados miembros tomen todas las medidas oportunas para preservar el ámbito de aplicación y la efectividad de la legislación de la Unión; recuerda que los Estados miembros deben abstenerse de aplicar medidas que puedan poner en grave peligro la consecución del resultado prescrito por la legislación de la Unión;

177.  Celebra la buena cooperación con la Comisión en lo que atañe a las audiencias del presidente Juncker y de los comisarios Jourová y Moscovici, así como la participación de los funcionarios de la Comisión en las reuniones de esta comisión; lamenta, no obstante, que algunas de las respuestas proporcionadas durante el intercambio de puntos de vista no fueran totalmente satisfactorias;

178.  Acoge con satisfacción las respuestas proporcionadas por los ministros de Justicia y Hacienda de 25 Estados miembros al cuestionario enviado por esta comisión; lamenta, no obstante, que Malta, Dinamarca y Hungría no hayan respondido, y que Malta, que ejercía la Presidencia rotatoria, fuera especialmente reacia a la cooperación(108);

179.  Pone de relieve que costó seis meses alcanzar un acuerdo con la Comisión sobre el acceso a documentos confidenciales no clasificados y que esta demora supuso un obstáculo importante para el trabajo de esta comisión; destaca que no todos los documentos recibidos estaban actualizados y que, en muchos casos, habían sido objeto de modificaciones o supresiones importantes, lo que creó nuevos obstáculos para el trabajo de esta comisión; recuerda que la información contenida en estos documentos no clasificados es considerada confidencial por la Comisión y el Consejo y, por tanto, esta comisión no podía incluirla en su informe definitivo;

180.  Señala que esta comisión ha invitado en varias ocasiones a la Presidencia actual y a la entrante a participar en audiencias para debatir la cooperación y el camino a seguir en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión y la elusión fiscales, pero lamenta que estas solicitudes hayan sido declinadas en todas las ocasiones con argumentos nada convincentes;

181.  Señala que, a pesar de las solicitudes realizadas al Consejo, no se han facilitado documentos suficientes a esta comisión; cuestiona, por lo tanto, la voluntad política del Consejo de mejorar la transparencia y la cooperación en la lucha contra la evasión y la elusión fiscales y el blanqueo de capitales, y la voluntad política de dar cumplimiento al Tratado y de respetar el principio de cooperación leal; destaca que el Parlamento considera que los ciudadanos deben tener la posibilidad de conocer la postura de sus Gobiernos respectivos en estas cuestiones tan importantes;

182.  Observa con pesar que, desde la creación de la Comisión de investigación sobre los papeles de Panamá del Parlamento Europeo, el Consejo ha intentado obstruir su trabajo, en particular mediante la remisión de una nota informativa al Comité de Representantes Permanentes relativa a la Comisión PANA el 1 de julio de 2016, en la que solicitaba una posición coordinada y unificada de los Estados miembros para limitar el alcance de la investigación y se abogaba por declinar la participación en la investigación en determinadas circunstancias;

183.  Deplora que la presidencia del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) haya declinado la invitación a participar en una audiencia de esta comisión aduciendo motivos jurídicos poco claros («no es una institución de la Unión»);

184.  Considera que la cooperación del Consejo y de su Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) ha sido muy poco satisfactoria hasta la fecha, y que este hecho en sí mismo ha dificultado en gran medida la labor y las conclusiones de la Comisión PANA;

185.  Observa que, debido a la negativa reiterada de la Comisión y del Consejo a aprobar la propuesta de un Reglamento del Parlamento Europeo relativo a las modalidades de ejercicio del derecho de investigación del Parlamento, las comisiones especiales y de investigación del Parlamento siguen sin disponer de competencias suficientes —carecen, por ejemplo, del derecho a citar testigos y hacer efectivo el acceso a los documentos— en comparación con otras comisiones similares de los Estados miembros o del Congreso de los Estados Unidos;

186.  Espera que se amplíen las competencias de supervisión de las autoridades fiscales para garantizar una supervisión más estricta de la opacidad y una inteligencia financiera reforzada;

187.  Concluye, por lo tanto, que varios Estados miembros y la Comisión y sus órganos han infringido el principio de cooperación leal por las razones mencionadas anteriormente;

7. Conclusiones finales

188.  Concluye que el problema subyacente en los papeles de Panamá es el desplazamiento de capitales entre distintos países y territorios con el fin de minimizar o evitar el pago de impuestos o blanquear capitales, tanto en jurisdicciones extraterritoriales como locales; considera que, para luchar contra estas prácticas, se requiere urgentemente una mayor voluntad política, mejor regulación y una actuación más enérgica para hacer cumplir y supervisar las normas vigentes;

189.  Considera que, gracias al uso de fideicomisos, empresas fantasma, paraísos fiscales y complejas estructuras financieras internacionales, algunas empresas multinacionales y particulares con grandes patrimonios han conseguido blindar sus fortunas frente a, por ejemplo, las autoridades tributarias y otras personas o entidades con reclamaciones financieras legítimas contra ellos, haciéndose inmunes mediante la ubicación de su patrimonio en un vacío legislativo;

190.  Concluye que la falta de cooperación y coordinación dentro de las instituciones y organismos de la Unión, los Estados miembros y las autoridades competentes, así como entre ellos, por lo que respecta a los distintos instrumentos legislativos relativos a la evasión y la elusión fiscales y al blanqueo de capitales constituye un problema sistémico;

191.  Concluye que algunos Estados miembros suelen abstenerse de proporcionar información relevante en la cantidad y con la calidad deseadas y que, en general, no parecen hacer esfuerzos genuinos para reprimir la elusión y la evasión fiscales, lo cual constituye una vulneración del principio de cooperación leal consagrado en el TUE; concluye que dichos Estados miembros tratan de ocultar su propio comportamiento indebido;

192.  Recuerda que la transparencia, el intercambio de información, la represión adecuada y la mejora constante de las técnicas de lucha son fundamentales para combatir la evasión y la elusión fiscales y el blanqueo de capitales; concluye que está justificada la comunicación pública, país por país, de la información tributaria de las grandes empresas;

193.  Concluye que la legislación de la Unión era insuficiente antes de las revelaciones de los papeles de Panamá y que no siempre se hizo cumplir de forma efectiva, lo que permitió a los intermediarios cumplir formalmente sus obligaciones, como la diligencia debida con respecto al cliente y otras obligaciones de comunicación de información, burlando al mismo tiempo el espíritu de las normas; señala que, desde entonces, se han llevado a cabo una serie de revisiones, por ejemplo de la DCA y de la Directiva antiblanqueo, y que se han presentado nuevas propuestas legislativas, como la comunicación de información país por país y la regulación de los intermediarios, y que se han renovado otras, como la propuesta legislativa sobre la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS); observa que el presidente de la Comisión se ha comprometido a presentar propuestas para mejorar la cooperación fiscal entre los Estados miembros mediante una obligación de responder a las solicitudes de grupo en materia tributaria, de forma que un Estado miembro puede proporcionar toda la información necesaria a los demás para actuar contra los responsables de evasión fiscal transfronteriza, y también se ha comprometido a presentar propuestas de reforma fiscal al amparo del artículo 116 del TFUE, que requiere la codecisión del Consejo y del Parlamento Europeo, para eliminar la distorsión de las condiciones de competencia en el mercado interior; 

194.  Concluye, en particular, que se ha producido un avance gradual significativo hacia la existencia de un registro de titulares reales finales con accesibilidad en virtud de un interés legítimo; subraya que la revisión en curso de la Directiva antiblanqueo pretende impulsar las competencias de las UIF de la Unión y facilitar su cooperación, pero que el ámbito de aplicación sigue siendo demasiado limitado y que es necesario intercambiar información financiera no solo para hacer frente a todos los delitos económicos, sino también para seguir la pista a los beneficios de actividades vinculadas con el fraude;

195.  Concluye que la identificación adecuada de los titulares reales finales sigue siendo un obstáculo fundamental a la hora de acabar con los mecanismos ilegales de elusión fiscal, y que el carácter internacional de los movimientos de capital y de las estructuras empresariales que ha puesto al descubierto la comisión PANA exacerba este problema;

196.  Destaca que la creatividad de quienes eluden impuestos sea más rápida que la labor legislativa, y que los intermediarios y facilitadores suelen situarse del lado de la ley gracias a un cumplimiento creativo de la misma; resalta, en este sentido, el uso de las discordancias reglamentarias entre países como factor fundamental que posibilita este tipo de prácticas;

197.  Concluye que la gestión del patrimonio sigue siendo una profesión no regulada en gran medida y que deben establecerse regulaciones y normas internacionales vinculantes para regular y definir mejor este grupo;

198.  Señala que los impuestos deberían pagarse donde se generen los beneficios; lamenta que la insuficiente legislación de la Unión o su aplicación ineficaz hayan permitido las actividades y las estructuras financieras reveladas en los papeles de Panamá, que han conseguido eludir este principio básico; concluye que es necesario adoptar un enfoque común de la Unión para luchar contra las sociedades fantasma y ficticias en terceros países y en los países y territorios de ultramar y las regiones ultraperiféricas, y para poner fin de forma definitiva a las prácticas encaminadas a evitar los impuestos justamente debidos en la Unión, sobre la base de la transparencia de los titulares reales;

199.  Concluye que esta situación fue posible por la aplicación insuficiente de la legislación por parte de los Estados miembros y por el control insuficiente por parte de la Comisión; lamenta que, por motivos políticos, incluso cuando existe la legislación y se dispone de personal suficiente para aplicarla no está garantizada su aplicación en todos los casos;

200.  Considera que los países y territorios de ultramar vinculados a los Estados miembros, algunos de los cuales aparecen en los papeles de Panamá, carecen de la infraestructura, los recursos financieros y la capacidad humana necesarios para garantizar la supervisión local del sector financiero(109);

201.  Observa que la Comisión no está equipada suficientemente en términos de recursos para garantizar el cumplimiento pleno de la legislación de la Unión contra el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales;

202.  Lamenta que determinados Estados miembros bloqueen frecuentemente las cuestiones de política fiscal en el seno del Consejo para proteger los paraísos fiscales; pide, por consiguiente, la abolición del principio de unanimidad de los Estados miembros en cuestiones fiscales para avanzar en la lucha por la justicia fiscal y reducir la carga que deben soportar los ciudadanos de la Unión;

203.  Concluye que las UIF tienen una importancia capital en la lucha contra el blanqueo de capitales; observa, no obstante, las diferencias entre las estructuras de la Unión y el hecho de que no están dotadas de personal suficiente para afrontar sus funciones, incluido el análisis del número creciente de comunicaciones sobre transacciones sospechosas generadas por la nueva legislación, y de que solo pueden ocuparse del problema parcialmente; concluye que las instituciones de los Estados miembros encargadas de aplicar y hacer cumplir las normas relativas al fraude fiscal y al blanqueo de capitales deben ser totalmente independientes de las influencias políticas; concluye, asimismo, que es necesario garantizar que las investigaciones llevadas a cabo por las UIF vayan seguidas de investigaciones penales por parte de la policía si la situación así lo justifica, y destaca que, de lo contrario, la inacción de la policía debe considerarse mala administración; lamenta que en muchos casos las UIF no sean políticamente imparciales;

204.  Observa que las dificultades a la hora de compartir información entre las UIF y utilizar la información obtenida de las comunicaciones sobre transacciones sospechosas y los informes de actividades sospechosas surgen, en parte, como consecuencia de la evolución desigual de las UIF en las distintas partes del mundo;

205.  Concluye que las sanciones no siempre se aplican o no son lo suficientemente disuasorias en casos relevantes; lamenta, en este sentido, que algunos Estados miembros se sigan oponiendo a que la Unión imponga sanciones a terceros países cuyos sistemas fiscales se consideren perjudiciales para la Unión;

206.  Concluye que, en vista de las constataciones de la Comisión PANA, cabe señalar varios casos de mala administración en relación con la legislación de la Unión, en concreto que:

  las autoridades de los Estados miembros no comunican de forma espontánea la información fiscal a otro Estado miembro en caso de que existan motivos para suponer que pueden perderse ingresos fiscales en otros Estados miembros (artículo 9, apartado 1, de la DCA), y la Comisión no garantiza la aplicación eficaz de la DCA;

  las autoridades de los Estados miembros no actúan ante la existencia de pruebas de falta grave y persistente de identificación de los titulares reales en el marco de la diligencia debida con respecto al cliente, y no exigen que se verifique la identidad del cliente y del titular real antes de que se establezca una relación empresarial o se realice la transacción (artículo 8, apartado 1, letra b), y artículo 9, apartado 1, de la tercera Directiva antiblanqueo), y la Comisión no garantiza la aplicación eficaz de la tercera Directiva antiblanqueo;

  las autoridades de los Estados miembros no garantizan que pueda exigirse responsabilidades a las entidades obligadas por las normas antiblanqueo si se infringen las disposiciones nacionales, incluida la comunicación la información sobre los titulares reales a las autoridades competentes (artículo 39, apartado 1, de la tercera Directiva antiblanqueo), y la Comisión no garantiza la aplicación eficaz de la tercera Directiva antiblanqueo;

  la Comisión no proporciona una lista de terceros países con deficiencias estratégicas en sus regímenes contra el blanqueo de capitales;

  las autoridades de los Estados miembros no aplican sanciones administrativas y otras medidas administrativas a las entidades declaradas responsables de infracciones graves de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la tercera Directiva antiblanqueo, tal y como exigen el artículo 67, apartado 1, letra o), y el artículo 67, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE (DRC IV), y la Comisión no garantiza la aplicación eficaz de la DRC IV;

  los Estados miembros no colaboran de forma leal en el marco del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) y no cumplen el principio de cooperación leal, tal y como exige el artículo 4 del TUE; la Comisión no actúa como guardiana del Tratado;

207.  Lamenta la falta de cooperación de determinadas instituciones de la Unión con la Comisión PANA; afirma que esto constituye una infracción del principio de cooperación leal;

208.  Considera que la naturaleza cerrada y hermética y el ineficiente régimen de toma de decisiones, basado en un amplio consenso, del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) es perjudicial para la formulación, adopción y aplicación efectivas y rápidas de legislación contra la evasión fiscal, lo que es esencial en el marco de la Unión; subraya, por lo tanto, la necesidad de mejorar la rendición de cuentas y la transparencia con respecto a las acciones, declaraciones y posturas de los Estados miembros en el seno del Grupo «Código de Conducta» y de reformar radicalmente dicho Grupo;

209.  Considera que el requisito de la unanimidad en el Consejo para modificar o adoptar legislación ralentiza el avance en el ámbito de la fiscalidad dentro de la Unión;

210.  Lamenta profundamente que un gran número de interesados se haya negado a reunirse con delegaciones de la Comisión PANA o a comparecer ante ella, o no hayan respondido a las preguntas de forma satisfactoria;

211. Condena el asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, que estaba en la vanguardia de la lucha contra la corrupción y el blanqueo de dinero, que había informado ampliamente sobre los papeles de Panamá y que fue asesinada por un coche bomba; reitera que estos hechos son totalmente inaceptables en los Estados miembros de la Unión;

212.  Concluye, por lo tanto, que hay una serie de cuestiones que siguen sin respuesta para poder determinar plenamente el alcance de este problema y los métodos utilizados en estas estructuras, y sugiere que continúen las labores de investigación en el marco de una comisión permanente o un grupo de trabajo de alto nivel en el seno del Parlamento Europeo.

(1)

DO L 113 de 19.5.1995, p. 1.

(2)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0253.

(3)

DO L 309 de 25.11.2005, p. 15.

(4)

DO L 214 de 4.8.2006, p. 29.

(5)

DO L 141 de 5.6.2015, p. 73.

(6)

DO L 176 de 27.6.2013, p. 338.

(7)

DO L 64 de 11.3.2011, p. 1.

(8)

DO L 359 de 16.12.2014, p. 1.

(9)

DO L 157 de 9.6.2006, p. 87.

(10)

DO L 158 de 27.5.2014, p. 77.

(11)

DO L 158 de 27.5.2014, p. 196.

(12)

DO L 156 de 16.6.2012, p. 1.

(13)

DO L 338 de 12.12.2012, p. 37.

(14)

DO L 338 de 12.12.2012, p. 41.

(15)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0408.

(16)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0310.

(17)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0457.

(18)

A8-0056/2017.

(19)

Véase: Eurodad, «Fifty shades of tax dodging» (Cincuenta sombras de la elusión fiscal), Bruselas, octubre 2015, p. 19.

(20)

Véase: Willem Pieter de Groen, «Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama Papers» (Función de los asesores y los intermediarios en los mecanismos revelados en los papeles de Panamá), Centro de Estudios Políticos Europeos, abril de 2017.

(21)

En la parte II del presente informe se puede encontrar una lista de actividades, incluidos los nombres de los oradores y los informes de las delegaciones enviadas a Chipre, Portugal, Malta, los Estados Unidos, el Reino Unido, Luxemburgo y Suiza.

(22)

OCDE (2017), «Glossary of Tax Terms» (Glosario de términos fiscales), París.

(23)

Sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de febrero de 2006, Halifax y otros, C-255/02, ECLI:EU:C:2006:121, y de 12 de septiembre de 2006, Cadbury Schweppes y Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, ECLI:EU:C:2006:544.

(24)

En particular, Francia, Italia, Alemania, Polonia y los Países Bajos.

(25)

Véase, por ejemplo, Anna Meyendorff y Anyan V. Thakor (editores), «Designing financial systems in transition economies: strategies for reform in Central and Eastern Europe» (Diseño de sistemas financieros en economías de transición: estrategias de reforma en Europa Central y Oriental), 2002, p. 102, en el que se presenta un ejemplo relativo a Rusia, o Keith Blackburn, Niloy Bose y Salvatore Capasso, «Tax evasion, the underground economy and financial development» (Evasión fiscal, la economía sumergida y el desarrollo financiero) (2012): http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016726811200128X.

(26)

Estudio para la Comisión PANA «The Impact of Schemes revealed by the Panama Papers on the Economy and Finances of a Sample of Member States» (Impacto de los mecanismos revelados en los papeles de Panamá sobre la economía y las finanzas de una muestra de Estados miembros).

(27)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/fight-against-tax-fraud-tax-evasion/a-huge-problem_en

(28)

Véase: Gabriel Zucman, «The Hidden Wealth of Nations – The Scourge of Tax Havens» (La riqueza oculta de las naciones: la lacra de los paraísos fiscales), Universidad de California, 2015.

(29)

Tax Justice Network, noviembre de 2011.

(30)

148 casos de blanqueo de capitales en 2012, 202 en 2013, 221 en 2014 y 285 en 2015.

(31)

Financial Secrecy Index 2015 (Índice de opacidad fiscal 2015), Tax Justice Network.

(32)

ICIJ 2017, «Where Are They Now? A Year Later, Mixed Fortunes For Panama Papers Line-Up» (¿Qué fue de ellos? La distinta suerte de los protagonistas de los papeles de Panamá un año después).

(33)

Estudio encargado por la Comisión PANA «Offshore activities and money laundering: recent findings and challenges» (Actividades extraterritoriales y blanqueo de capitales: últimas conclusiones y desafíos), profesora Dra. Brigitte Unger, Facultad de Economía de la Universidad de Utrecht, Países Bajos.

(34)

Unger, op. cit.

(35)

Elaborada por el comisario Moscovici.

(36)

En septiembre de 2016 se publicó un cuadro provisional de indicadores para países y territorios terceros. Emplea dos grupos de indicadores para determinar el riesgo para los Estados miembros de la Unión: 1) evaluaciones de los vínculos económicos del país o territorio con la Unión, la magnitud de la actividad de los servicios financieros y los factores de estabilidad financiera; 2) evaluación del riesgo que supone el país o territorio, determinando si tiene la transparencia necesaria y si sus regímenes de impuestos sobre sociedades son favorables o tienen tipos de gravamen nulos;

(37)

Rendimientos del trabajo, honorarios de directivos, dividendos, plusvalías, derechos de autor, determinados productos de seguro de vida, pensiones y titularidad e ingresos de bienes inmuebles.

(38)

Según la definición de la OCDE, una sociedad fantasma es una sociedad registrada formalmente, constituida u organizada legalmente de cualquier otra manera en una economía, pero que solo efectúa operaciones en dicha economía como vehículo para la transferencia de activos.

(39)

El titular real final es la persona física responsable de la entidad en última instancia.

(40)

Véase, por ejemplo, Nordea (2016), «Report on Investigation of Nordea Private Banking in Relation to Offshore Structures» (Informe sobre la investigación de la banca privada de Nordea en relación con estructuras extraterritoriales), informe conjunto de Nordea Group Compliance, Nordea Operational Risk y Mannheimer Swartling Advokatbyra.

(41)

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2015, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades en la Unión – Ponentes: Anneliese Dodds y Ludek Niedermayer – Textos Aprobados, P8_TA(2015)0457.

(42)

«Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama Papers» (Función de los asesores y los intermediarios en los mecanismos revelados en los papeles de Panamá), Willem Pieter de Groen, Centro de Estudios Políticos Europeos, abril de 2017.

(43)

Intervención de Jan Lukas Strozyk, Norddeutsche Rundfunk, en la audiencia de la Comisión PANA del 27 de septiembre de 2016.

(44)

«Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama Papers» (Función de los asesores y los intermediarios en los mecanismos revelados en los papeles de Panamá), Willem Pieter de Groen, Centro de Estudios Políticos Europeos, abril de 2017.

(45)

Intervención de Daniel Thelesklaf, presidente del Comité Especial de Expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (MONEYVAL) en la audiencia de la Comisión PANA del 13 de octubre de 2016.

(46)

Informe del secretario general de la OCDE a los ministros de Hacienda del G-20, Baden-Baden, Alemania, marzo de 2017: http://www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-finance-ministers-march-2017.pdf

(47)

Brooke Harrington, «Capital without borders, wealth managers and the one percent» (Capital sin fronteras, gestores de patrimonio y el uno porciento), Harvard University Press, 2016.

(48)

«The golden visa deal: We have in effect been selling off British citizenship to the rich» (El negocio del visado de oro: Hemos estado vendiendo la ciudadanía británica a los ricos), David Pegg, The Guardian, 4 de julio de 2017.

(49)

Véase, por ejemplo, Nordea (2016), «Report on Investigation of Nordea Private Banking in Relation to Offshore Structures» (Informe sobre la investigación de la banca privada de Nordea en relación con estructuras extraterritoriales), informe conjunto de Nordea Group Compliance, Nordea Group Operational Risk y Mannheimer Swartling Advokatbyra. Así lo confirmó la comisión de investigación nacional belga en una reunión con la delegación de la Comisión PANA.

(50)

Se presentaron 14 recursos por no comunicación de las disposiciones nacionales (incumplimiento del plazo de transposición del 1 de enero de 2013). También se inició un procedimiento de infracción por no transposición (incluido el intercambio espontáneo de información) y se presentaron seis recursos por posible transposición incorrecta de la DCA 1. De estos seis recursos, tres siguen pendientes.

(51)

El plazo de transposición finalizó el 1 de enero de 2016.

(52)

Los procedimientos relativos a Grecia y Portugal deberían concluir pronto.

(53)

Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas), documento de referencia de 10 de septiembre de 2012: «El ejercicio de seguimiento discutido en la reunión del Grupo "Código de Conducta" del 17 de abril de 2012 mostró que, en la práctica, no hubo ningún intercambio espontáneo de información sobre las resoluciones».

(54)

Alemania, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Malta, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y el Reino Unido.

(55)

«Fighting tax crimes – cooperation between Financial Intelligence Units» (La lucha contra los delitos fiscales: cooperación entre las unidades de inteligencia financiera), Dra. Amandine Scherrer y Dr. Anthony Amicelle, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS), marzo de 2017.

(56)

Los seis Estados miembros son: Alemania, Eslovenia, Italia, el Reino Unido, la República Checa y Suecia. Austria, Eslovaquia, España, Francia, Hungría, Irlanda y Letonia solo han comunicado la incorporación parcial.

(57)

Esta Directiva se aplica a (artículo 2): las entidades de crédito; las entidades financieras; los auditores, contables externos y asesores fiscales; los notarios y otros profesionales independientes del Derecho; proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos; los agentes inmobiliarios; otras personas físicas o jurídicas que comercien con bienes, y los casinos.

(58)

La investigación de las actividades de banca privada de Nordea demostró que el banco no cumplió las directrices internas ni los requisitos reglamentarios de Luxemburgo. En particular, no clasificó a los clientes en la categoría de alto riesgo adecuada, y la consiguiente comunicación de información con arreglo a la diligencia debida intensificada estaba incompleta. Los requisitos de diligencia debida intensificada incluyen, por ejemplo, la recopilación de información sobre el origen de los fondos y la finalidad de las cuentas. Además, la diligencia debida tiene que reiterarse y evaluarse con regularidad. Ahora bien, esta diligencia debida que se podría calificar de permanente no se aplicó de forma sistemática. De acuerdo con la investigación interna del banco (Nordea, 2016), en muchos casos la información no se estaba actualizada. Un antiguo responsable de cumplimiento del banco alemán Berenberg que testificó ante la Comisión PANA señaló problemas similares de aplicación y cumplimiento.

(59)

En un correo electrónico de 24 de septiembre de 2010, Jürgen Mossack escribió: «Parece que Mossfon UK no está aplicando la diligencia debida de forma exhaustiva (o no la está aplicando en absoluto), y es posible que nosotros mismos tengamos que empezar a aplicarla con todos los clientes que Mossfon UK tiene con nosotros, en el presente y en el futuro».

(60)

En un correo electrónico que refería un diálogo entre Mossack Fonseca y UBS, el representante de Mossack Fonseca escribió: «Me explicó que UBS nunca había sido parte contratante nuestra. Disentí en este punto y añadí que, en algunos casos, ni siquiera sabemos quién es el titular real. [...] Respondí que, en el pasado, a petición de UBS y otros bancos, a nosotros no se nos facilitaba la identidad del titular real».

(61)

En un correo electrónico del 5 de mayo de 2009, un representante de Mossack Fonseca explicó que el precio de crear dos fundaciones «es mayor, fundamentalmente por el uso especial que el cliente hará de la fundación y porque el servicio flexible especial que prestamos (sin mucha diligencia debida) conlleva, sin duda, un mayor riesgo».

(62)

Como se sugirió durante la misión de información de la Comisión PANA al Reino Unido.

(63)

«Fighting tax crimes – cooperation between Financial Intelligence Units» (Lucha contra delitos fiscales: cooperación entre Unidades de Información Financiera), Dra. Amandine Scherrer y Dr. Anthony Amicelle, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS), marzo de 2017.

(64)

Ejercicio de inventario y análisis de deficiencias de la plataforma de las UIF de la Unión sobre las competencias y los obstáculos de las UIF de la Unión para obtener e intercambiar información, 15 de diciembre de 2012.

(65)

Audiencia de las UIF ante la Comisión PANA de 21 de junio de 2017.

(66)

Es posible que la UIF del Reino Unido sea la receptora del mayor volumen de comunicaciones de la Unión dado que es uno de los mayores mercados financieros de Europa y opera un régimen de actividades sospechosas. El volumen de comunicaciones en los Países Bajos es anormalmente alto, y puede explicarse por el hecho de que no reciben comunicaciones sobre transacciones sospechosas, sino informes de transacciones no habituales, la gran mayoría de las cuales provienen de entidades de cambio de divisas o envío de remesas que están obligadas a comunicar todas las transacciones superiores a 2 000 EUR.

(67)

En especial Chipre, Malta y Luxemburgo, que reciben muy pocas comunicaciones sobre transacciones sospechosas en comparación con el tamaño de los sectores regulados en su territorio.

(68)

Audiencia pública de la Comisión PANA del 14 de noviembre de 2016.

(69)

Habría que determinar si el delito puede cometerse por un acto, por omisión o en ambos casos, y si es tratado por órganos administrativos o jurisdiccionales.

(70)

Italia, España, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Grecia, Francia, la República Checa, Polonia, Alemania, Lituania, Portugal, Rumanía, Eslovenia, los Países Bajos y Austria.

(71)

Estudio EPRS: «Member States' capacity to fight tax crimes» (Capacidad de los Estados miembros para luchar contra los delitos fiscales) – http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/125760/EPRS_STUD_603.257_MS_capabilities_tax_crimes.pdf

(72)

Informes filtrados de la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera de Malta.

(73)

El Reino Unido, Luxemburgo, Malta, Portugal y Chipre.

(74)

COM(2017)0340, p. 5.

(75)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0408.

(76)

«Fighting tax crimes – cooperation between Financial Intelligence Units» (La lucha contra los delitos fiscales: cooperación entre las unidades de inteligencia financiera), Dra. Amandine Scherrer y Dr. Anthony Amicelle, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS), marzo de 2017.

(77)

Los porcentajes recogidos en este capítulo se basan en los datos del ICIJ analizados por el Centro de Estudios Políticos Europeos a petición de la Comisión de Investigación sobre Blanqueo de Capitales y Elusión y Evasión Fiscales del Parlamento Europeo.

(78)

  «Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama Papers» (Función de los asesores y los intermediarios en los mecanismos revelados en los papeles de Panamá), Willem Pieter de Groen, Centro de Estudios Políticos Europeos, abril de 2017.

(79)

«Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama Papers» (Función de los asesores y los intermediarios en los mecanismos revelados en los papeles de Panamá), Willem Pieter de Groen, Centro de Estudios Políticos Europeos, abril de 2017.

(80)

Diez países principales en los que operan intermediarios, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

(81)

Datos basados en un ejercicio de inventario de los intermediarios responsables de alrededor del 86 % de las entidades incluidas en la base de datos del ICIJ.

(82)

En un correo electrónico de Mossack Fonseca de 3 de febrero de 2012, un representante de la empresa explica que había un acuerdo con HSBC Private Bank para trabajar directamente con Mossack Fonseca y que a los nuevos clientes solo se les aplicaría una diligencia debida «light» en función de la información proporcionada por el banco.

(83)

Maíra Martini, «Doors wide open: corruption and real estate in four key markets» (Puertas abiertas de par en par: corrupción y mercado inmobiliario en cuatro mercados principales), 2017.

(84)

Obermayer y Obermaier, 2016.

(85)

Contribuciones por escrito de Norbert Naulin a las preguntas de la Comisión PANA formuladas en la audiencia de la Comisión PANA del 14 de noviembre de 2016.

(86)

«Report on Investigation of Nordea Private Banking in Relation to Offshore Structures» (Informe sobre la investigación de la banca privada de Nordea en relación con estructuras extraterritoriales), 20 de junio de 2016, y misión a la comisión de investigación del Parlamento belga, 26 de abril de 2017.

(87)

Según los datos del FMI, el Banco de Pagos Internacionales, la Comisión Europea y el economista Gabriel Zucman.

(88)

Oxfam, «Bancos en el exilio», 2017.

(89)

Audiencia de la Comisión PANA, 9 de febrero de 2017.

(90)

Audiencias de la Comisión PANA, 13 de octubre de 2016 y 24 de enero de 2017.

(91)

Por ejemplo, Société Générale comunicó a la comisión que no eran los titulares reales de las dos fundaciones, Rousseau y Valvert, que solicitaron que creara Mossack Fonseca, lo que contradicen los documentos de los papeles de Panamá publicados por periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. De igual modo, el intermediario maltés Nexia BT respondió a las preguntas escritas de nuestra comisión afirmando que uno de sus fundadores no tenía relación alguna con el Keith Schembri, jefe de gabinete del primer ministro de Malta, a pesar de que firmó una carta de recomendación a Mossack Fonseca en la que explicaba que tenía una relación empresarial y personal con el Keith Schembri desde hacía muchos años.

(92)

Oxfam, «Bancos en el exilio: Cómo los principales bancos europeos se benefician de los paraísos fiscales», marzo de 2017. https://www.oxfam.org/es/informes/bancos-en-el-exilio

(93)

Respuesta por escrito de la ABE a la Comisión PANA, audiencia de la Comisión PANA del 13 de octubre de 2016.

(94)

Tal y como sucede en Suiza, donde, con arreglo al Derecho nacional, si los abogados actúan como administradores nominales no están obligados a cumplir con la diligencia debida con respecto al cliente.

(95)

Véanse, por ejemplo, los informes de evaluación mutua del GAFI o «Fighting tax crimes – cooperation between Financial Intelligence Units» (Lucha contra delitos fiscales: cooperación entre Unidades de Información Financiera), Dra. Amandine Scherrer y Dr. Anthony Amicelle, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS), marzo de 2017.

(96)

«Rules on independence and responsibility regarding auditing, tax advice, accountancy, account certification services and legal services» (Normas sobre independencia y responsabilidad respecto a auditorías, asesoramiento fiscal, contabilidad, servicios de certificación de cuentas y servicios legales), Ian Roxan y Saipriya Kamath (London School of Economics) y Willem Pieter De Groen (Centro de Estudios Políticos Europeos), abril de 2017.

(97)

Intercambio de puntos de vista de la Comisión PANA con los Parlamentos nacionales y Mark Pieth, 31 de enero de 2017.

(98)

Richard Murphy y Saila Naomi Stausholm, «The Big 4, a study on opacity» (Las cuatro grandes auditoras: un estudio sobre la opacidad), julio de 2017.

(99)

Véanse, por ejemplo, los informes de evaluación mutua del GAFI o «Fighting tax crimes – cooperation between Financial Intelligence Units» (Lucha contra delitos fiscales: cooperación entre Unidades de Información Financiera), Dra. Amandine Scherrer y Dr. Anthony Amicelle, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS), marzo de 2017.

(100)

Contribuciones por escrito de Brooke Harrington a las preguntas de la Comisión PANA formuladas en la audiencia de la Comisión PANA del 24 de enero de 2017.

(101)

Informe de la misión a EE. UU. de la Comisión PANA (21-24 de marzo de 2017).

(102)

Gabriel Zucman, Teresa Lavender Fagan y Thomas Piketty (2015), «The hidden wealth of nations: The scourge of tax havens» (La riqueza oculta de las naciones: la lacra de los paraísos fiscales). University of Chicago Press, 2015.

(103)

OCDE, «Illicit Financial Flows from Developing Countries: Measuring OECD Responses» (Flujos financieros ilícitos procedentes de los países en desarrollo: Evaluación de las respuestas de la OCDE), 2014, p. 15.

(104)

Global Financial Integrity.

(105)

Marc Tran, «Tax Evasion Still Crippling Africa as Rich Countries Fail to Deliver Support» (La evasión fiscal sigue debilitando a África mientras los países ricos no prestan ayuda), The Guardian, 10 de mayo de 2013.

(106)

Audiencia de la Comisión PANA sobre los países en desarrollo, 6 de abril de 2017.

(107)

«Overcoming the shadow economy» (Vencer a la economía en la sombra), Joseph E. Stiglitz y Mark Pieth, noviembre de 2016.

(108)

Dinamarca respondió finalmente al cuestionario de la Comisión PANA el 30 de agosto de 2017.

(109)

«Tax evasion, money laundering and tax transparency in the EU Overseas Countries and Territories» (Evasión fiscal, blanqueo de capitales y transparencia fiscal en los países y territorios de ultramar de la Unión), Dra. Isabelle Ioannides y Jan Tymowski, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, abril de 2017.


OVERVIEW OF ACTIVITIES DURING THE MANDATE

July 2016 - December 2017

* * *


I. COMMITTEE COMPOSITION

1. Bureau

Werner Langen

Chairman

EPP

Ana Gomes

1st Vice-Chair

S&D

Pirkko Ruohonen-Lerner

2nd Vice-Chair

ECR

Fabio De Masi

3rd Vice-Chair (until 22 October 2017)

GUE/NGL

Eva Joly

4th Vice-Chair

Greens/EFA

 

 

2. Coordinators

Dariusz Rosati

EPP

Markus Ferber

(Deputy Coordinator)

EPP

Peter Simon

S&D

Bernd Lucke

ECR

Michael Theurer (until 30 June 2017)

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz (from 1st July 2017)

ALDE

Louis Michel(Deputy Coordinator)

 

ALDE

Patrick Le Hyaric

GUE/NGL

Matt Carthy(Deputy Coordinator)

 

GUE/NGL

Sven Giegold

Greens/EFA

David Coburn

EFDD

Barbara Kappel

ENF

3. Co-Rapporteurs

Jeppe Kofod

S&D

Petr Jezek

ALDE

 

4. Shadow-Rapporteurs

Ludek Niedermayer

EPP

Angel Dzhambazki

ECR

Miguel Urbán Crespo

GUE/NGL

Molly Scott Cato

Greens/EFA

Marco Valli

EFDD

Barbara Kappel

ENF

5. Members

The committee is composed of 65 Members distributed by political groups as follows:

EPP

20

S&D

17

ECR

6

ALDE

6

GUE/NGL

4

Greens/EFA

4

EFDD

3

ENF

4

N-A

1

List of Members as of 18 October 2017

FULL Members

 

SUBSTITUTES

L

EPP

19/20

 

L

EPP

19/20

DE

M. BALZ Burkhard

 

 

BG

M. ADEMOV Asim Ahmedov

 

MT

M. CASA David

 

 

FR

M. CADEC Alain

 

FR

M. ENGEL Frank

 

 

EL

M. CHRISTOFOROU Lefteris

 

DE

M. FERBER Markus

 

 

FR

Mme DATI Rachida

 

PT

M. FERNANDES José Manuel

 

 

EN

M. HAYES Brian

 

ES

M. DE GRANDES PASCUAL Luis

 

 

SV

M. HÖKMARK Gunnar

 

DE

M. KARAS Othmar

 

 

DE

M. JAHR Peter

 

FR

M. LAMASSOURE Alain

 

 

EN

M. KELLY Seán

 

NL

Mme DE LANGE Esther

 

 

EL

M. KYRTSOS Georgios

 

DE

M. LANGEN Werner

(Chair)

 

HR

Mme MALETIĆ Ivana

 

FR

Mme LE GRIP Constance

 

 

DE

M. MANN Thomas

 

ES

M. MATO Gabriel

 

 

IT

M. MARTUSCIELLO Fulvio

 

PT

M. MELO Nuno

 

 

EN

M. SCHÖPFLIN György

 

MT

Mme METSOLA Roberta

 

 

DE

M. SCHULZE Sven

 

CS

M. NIEDERMAYER Luděk

 

 

SK

M. ŠTEFANEC Ivan

 

FI

Mme PIETIKÄINEN Sirpa

 

 

RO

M. STOLOJAN Theodor Dumitru

 

PL

M. ROSATI Dariusz

 

 

IT

M. TAJANI Antonio

 

SL

Mme TOMC Romana

 

 

HU

M. WINKLER Iuliu

 

NL

M. VANDENKENDELAERE Tom

 

 

MT

M. ZAMMIT DIMECH Francis

 

L

S&D

15/17

 

L

S&D

17/17

FR

M. BAYET Hugues

 

 

FR

Mme BERÈS Pervenche

 

IT

M. COFFERATI Sergio Gaetano

 

 

EN

Mme CHILDERS Nessa

 

IT

M. GASBARRA Enrico

 

 

FR

Mme DELVAUX Mady

 

PT

Mme GOMES Ana

(1st VC)

 

SL

Mme FAJON Tanja

 

IT

M. GUALTIERI Roberto

 

 

PL

Mme GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna

ES

M. JÁUREGUI ATONDO Ramón

 

 

EN

Mme GILL Neena

 

EL

Mme KAILI Eva

 

 

DE

M. LIETZ Arne

 

DA

M. KOFOD Jeppe

 

 

SV

M. LUDVIGSSON Olle

 

DE

M. KÖSTER Dietmar

 

 

EN

Mme MCAVAN Linda

 

ET

Mme LAURISTIN Marju

 

 

HU

M. NIEDERMÜLLER Péter

 

ES

M. LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

 

 

RO

M. PAVEL Emilian

 

FR

M. MAUREL Emmanuel

 

 

FR

Mme ROZIÈRE Virginie

 

DE

Mme REGNER Evelyn

 

 

MT

M. SANT Alfred

 

DE

M. SIMON Peter

 

 

PT

M. DOS SANTOS Manuel

 

NL

M. TANG Paul

 

 

IT

Mme SCHLEIN Elly

 

L

ECR

6/6

 

HU

M. SZANYI Tibor

 

 

IT

M. VIOTTI Daniele

 

BG

M. DZHAMBAZKI Angel

 

 

 

L

ECR

4/6

PL

M. LEGUTKO Ryszard Antoni

 

 

DE

M. LUCKE Bernd

 

 

EN

M. KARIM Sajjad

 

FI

Mme RUOHONEN-LERNER Pirkko

(2nd VC)

 

NL

M. LOONES Sander

 

EN

Mme SWINBURNE Kay

 

 

IT

M. SERNAGIOTTO Remo

 

LV

M. ZĪLE Roberts

 

 

EN

M. TANNOCK Charles

 

L

ALDE

6/6

 

L

ALDE

6/6

CS

M. JEŽEK Petr

 

 

LT

M. AUŠTREVIČIUS Petras

 

FR

M. MICHEL Louis

 

 

ES

M. CALVET CHAMBON Enrique

 

NL

Mme VAN NIEUWENHUIZEN Cora

 

 

FR

M. CORNILLET Thierry

 

ES

Mme PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

 

FR

Mme GRIESBECK Nathalie

 

DE

M. THEURER Michael

 

 

NL

Mme IN ‘T VELD Sophia

 

ES

M. TREMOSA I BALCELLS Ramon

 

 

SV

M. TORVALDS Nils

 

L

GUE/NGL

4/4

 

L

GUE/NGL

4/4

EN

M. CARTHY Matt

 

 

ES

Mme ALBIOL GUZMÁN Marina

 

DE

M. DE MASI Fabio

(3rd VC)

 

EL

M. HADJIGEORGIOU Takis

 

FR

M. LE HYARIC Patrick

 

 

EL

M. KOULOGLOU Stelios

 

ES

M. URBÁN CRESPO Miguel

 

 

PT

M. VIEGAS Miguel

 

L

Greens/EFA

4/4

 

L

Greens/EFA

4/4

FR

M. DURAND Pascal

 

 

FI

Mme HAUTALA Heidi

 

DE

M. GIEGOLD Sven

 

 

DE

M. REIMON Michel

 

FR

Mme JOLY Eva

(4th VC)

 

ES

M. SOLÉ Jordi

 

EN

Mme SCOTT CATO Molly

 

 

ES

M. URTASUN Ernest

 

L

EFDD

3/3

 

L

EFDD

3/3

EN

M. COBURN David

 

 

EN

M. BATTEN Gerard

 

EN

M. FINCH Raymond

 

 

EN

M. CARVER James

 

DE

Mme VON STORCH Beatrix

 

 

IT

M. VALLI Marco

 

L

ENF

4/4

 

L

ENF

3/4

IT

M. BORGHEZIO Mario

 

 

IT

M. FONTANA Lorenzo

 

DE

Mme KAPPEL Barbara

 

 

FR

M. MONOT Bernard

 

FR

M. LEBRETON Gilles

 

 

DE

M. PRETZELL Marcus

 

IT

M. ZANNI Marco

 

 

 

 

 

L

N-A

1/1

 

 

 

 

EL

M. ZARIANOPOULOS Sotirios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II. COMMITTEE MEETINGS and MISSIONS

The constitutive meeting took place on 12 July 2016.

The PANA Committee held 30 ordinary meetings and 16 Coordinators’ meetings from July 2016 until November 2017.

PANA Committee meetings

  28 meetings in Brussels

  2 meetings in Strasbourg

1 joint meeting

  with ECON with National Parliaments, in Brussels, on 31 January 2017

1 joint hearing

  with JURI on ‘The EU-wide protection of whistleblowers’, in Brussels, on 21 June 2017

2 workshops

  on ‘How to better prepare works of Inquiry Committee’, in Brussels, on 19 and 20 October 2016

  on ‘Offshore activities and money laundering: recent findings and challenges , in Brussels, on 26 January 2017

Coordinators’ meetings

  12 July 1016 in Brussels

  8 September 2016 in Brussels

  12 September 2016 in Strasbourg

  12 October 2016 in Brussels

  8 November 2016 in Brussels

  21 November 2016 in Strasbourg

  7 December 2016 in Brussels

  23 January 2017 in Brussels

  2 February 2017 in Brussels

  13 February 2017 in Strasbourg (‘Joint PANA/AFCO/EMIS Coordinators’ meeting’)

  13 March 2017 in Strasbourg

  3 April 2017 in Strasbourg

  4 May 2017 in Brussels

  30 May 2017 in Brussels

  12 October 2017 in Brussels

  28 November 2017 in Brussels

Shadow-Rapporteurs meetings

  11 September 2017 in Strasbourg

  25 September 2017 in Brussels

  2 October 2017 in Strasbourg

  9 October 2017 in Brussels

  11 October 2017 in Brussels

In addition, the Chair, Werner Langen, the two co-rapporteurs, Jeppe Kofod and Petr Jezek, and the Greens Coordinator, Sven Giegold, were invited to a meeting with the Members of Belgian Special Committee into the Panama Papers, on 26 April 2017, in the premises of the Belgian Parliament.

* * *

The PANA Committee held 7 fact-findings missions from February 2017 until September 2017:

  9-10 February - Mission to United Kingdom

  20 February - Mission to Malta

  2-3 March - Mission to Luxembourg

  21-24 March - Mission to USA (Washington and Delaware)

  22-23 June - Mission to Portugal

  7 July - Mission to Cyprus

  14-15 September - Mission to Switzerland


III. ACTIVITIES OF THE COMMITTEE

1. Programme of hearings and missions

Date

Topic / objective

Tuesday, 27 September 2016

09.00 - 11.30

Public hearing

Panama papers – Discussion with the investigative journalists behind the revelations

Thursday, 13 October 2016

9.00 - 12.30

Public hearing

Anti-money laundering and tax evasion: Who sets the rules and how?

Wednesday, 19 October 2016, 15.00 - 18.00

Thursday, 20 October 2016

9.00 - 17.30

Workshop

“How to better prepare works of Inquiry Committee”

Tuesday, 8 November 2016

14.00 - 15.30Public hearing

 

Hearing with Věra Jourová, Member of the European Commission responsible for Justice, Consumers and Gender Equality on “Anti-Money Laundering: state of play of the implementation of EU legislation

Monday, 14 November 2016

15.00 - 18.30

Public hearing

“Anti-money laundering and tax evasion: Who assures compliance with the rules and enforces them?

Wednesday, 16 November 2016

11.00 - 12.30

Extraordinary meeting

Exchange of views with Professor Joseph E. Stiglitz

Wednesday, 7 December 2016

15.00 - 18.30

Public hearing

Hearing with Pierre Moscovici, Member of the European Commission responsible for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs on “Fight against tax evasion and anti-money laundering: state of play of progress made at EU level

Tuesday, 24 January 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part I)

Thursday, 26 January 2017

11.00 - 12.00

Committee meeting

Working document on the inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion

Thursday, 26 January 2017

14.00 - 16.00

Workshop

Workshop on "Offshore activities and money laundering: recent findings and challenges”

Interparliamentary week

Tuesday, 31 January 2017

9.30 - 11.15

Joint hearing ECON/PANA with National Parliaments

Panama Papers, Bahamas leaks: which follow-up did national Parliaments give to the revelations? Which lessons can be learned?

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

Thursday, 9 February pm - Friday 10 February 2017

Mission

Mission to United Kingdom

Monday, 20 February 2017

Mission

Mission to Malta

Thursday, 2 March pm - Friday 3 March am

Mission

Mission to Luxembourg

Monday, 6 March 2017

15.00 - 18.30

Public hearing

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part III)

21 to 24 March 2017

Mission

Mission to USA

Thursday, 6 April 2017

9.00 - 12.00 (Strasbourg)

Public hearing

Impact of the schemes revealed by the Panama Papers

Thursday, 27 April 2017

14.30 - 18.00

Committee meeting

Presentation of studies (Part I)

Session 1: Money laundering and tax evasion: What’s the impact on Member States and how effective are they in fighting it?

Tuesday, 2 May 2017

15.00 - 18.30

Committee meeting

Presentation of studies (Part II)

Session 2: Offshore practices: The roles and responsibilities of intermediaries and the relations of EU Member States with their overseas countries and territories

Thursday, 4 May 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Hearing with Commissioner Pierre Moscovici, Member of the European Commission responsible for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs

Tuesday, 9 May 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Cooperation in tax matters with European jurisdictions

Tuesday, 30 May 2017

15.00 - 16.30

Public hearing

Hearing with the President of the European Commission, J.C. Juncker

Tuesday, 30 May 2017

16.45 - 17.30

Public hearing

Hearing with F. Rocha Andrade

Wednesday, 21 June 2017

9.00 - 11.00

Joint PANA/JURI public hearing

Joint PANA-JURI hearing

The EU-wide protection of whistleblowers’

Wednesday, 21 June 2017

15.00 - 17.30

Public hearing

Financial Intelligence Units (FIUs) ins and outs and the Russian "Laundromat" case

Thursday, 22 June 2017

Friday, 23 June 2017

Mission

Mission to Portugal

Monday, 3 July 2017

19.00 - 20.30 (Strasbourg)

Public hearing

Hearing with Věra Jourová, Member of the European Commission responsible for Justice, Consumers and Gender Equality

Friday, 7 July 2017

Mission

Mission to Cyprus

Monday, 10 July 2017

16.30 - 18.30

Committee meeting

Consideration of draft report + draft recommendation

Tuesday, 11 July 2017

14.00 - 16.00

Committee meeting

Exchange of views with EU Finance Ministers

Thursday, 14 September

Friday, 15 September 2017

Mission

Mission to Switzerland

Tuesday, 26 September 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Hearing on “Tax planning: do celebrities and companies breach the EU law?”

Thursday, 12 October 2017

10.00 - 12.30

Committee meeting

Consideration of amendments

Wednesday, 18 October

14.00 - 17.30

Committee meeting

Vote on draft report and draft recommendation

Tuesday, 28 November 2017

10.00 - 12.30

Public hearing

Hearing on "Money Laundering: The case of NLB financial group Slovenia and Azerbaijan Laundromat revelations"

Tuesday, 28 November 2017

15.00 - 18.00

Public hearing

Hearing on “The Paradise Papers - What are they about and why are they relevant”


2. List of speakers (hearings and missions)

Name

Date

Meeting/Delegation

Organisation

Function

Country

Link

Gerard Ryle

Tuesday, 27 September 2016

09.00 - 11.30

Public hearing

International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)

Director

United States

Panama papers – Discussion with the investigative journalists behind the revelations

Bastian Obermayer

Tuesday, 27 September 2016

09.00 - 11.30

Public hearing

Süddeutsche Zeitung

Journalist

Germany

Panama papers – Discussion with the investigative journalists behind the revelations

Frederik Obermaier

Tuesday, 27 September 2016

09.00 - 11.30

Public hearing

Süddeutsche Zeitung

Journalist

Germany

Panama papers – Discussion with the investigative journalists behind the revelations

Kristof Clerix

Tuesday, 27 September 2016

09.00 - 11.30

Public hearing

Knack Magazine

Journalist

Belgium

Panama papers – Discussion with the investigative journalists behind the revelations

Oliver Zihlmann

Tuesday, 27 September 2016

09.00 - 11.30

Public hearing

Sonntagszeitung /

Le Matin Dimanche

Journalist

Switzerland

Panama papers – Discussion with the investigative journalists behind the revelations

Julia Stein

Tuesday, 27 September 2016

09.00 - 11.30

Public hearing

Norddeutscher Rundfunk (NDR)

Journalist

Germany

Panama papers – Discussion with the investigative journalists behind the revelations

Jan Strozyk

Tuesday, 27 September 2016

09.00 - 11.30

Public hearing

Norddeutscher Rundfunk (NDR)

Journalist

Germany

Panama papers – Discussion with the investigative journalists behind the revelations

Minna Knus

Tuesday, 27 September 2016

09.00 - 11.30

Public hearing

MOT (Finnish Broadcasting Company)

Journalist

Finland

Panama papers – Discussion with the investigative journalists behind the revelations

Michael Lennard

Thursday, 13 October 2016

9.00 - 12.30

Public hearing

International Tax Cooperation Section U.N. Dept. of Economic and Social Affairs - United Nations (UN)

Chief of International Tax Cooperation Section U.N.

Switzerland

Anti-money laundering and tax evasion: Who sets the rules and how?

Caroline Malcolm

Thursday, 13 October 2016

9.00 - 12.30

Public hearing

OECD’s Centre for Tax Policy and Administration

Senior Counsellor and Advisor to the Director and Deputy Director

France

Anti-money laundering and tax evasion: Who sets the rules and how?

Daniel Thelesklaf

Thursday, 13 October 2016

9.00 - 12.30

Public hearing

Committee on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)

President

France

Anti-money laundering and tax evasion: Who sets the rules and how?

Isabelle Vaillant

Thursday, 13 October 2016

9.00 - 12.30

Public hearing

European Banking Authority (EBA)

Director for Regulations

European Union

Anti-money laundering and tax evasion: Who sets the rules and how?

Elise J. Bean

Wednesday, 19 October 2016 and

Thursday, 20 October 2016

Workshop

Levin Center at Wayne State University Law School

Co-Director of Training and Conferences

United States

“How to better prepare works of Inquiry Committee”

Katie Bailey

Wednesday, 19 October 2016 and

Thursday, 20 October 2016

Workshop

U.S. House of Representatives' Subcommittee on Government Operations within the Committee on Oversight and Government

Staff Director

United States

“How to better prepare works of Inquiry Committee”

Věra Jourová

Tuesday, 8 November 2016

14.00 - 15.30Public hearing

 

European Commission

Commissioner responsible for Justice, Consumers and Gender Equality

European Commission

European Union

Hearing with Commissioner Věra Jourová

Giovanni Kessler

Monday, 14 November 2016

15.00 - 18.30

Public hearing

European Anti-Fraud Office (OLAF)

Director General

European Union

“Anti-money laundering and tax evasion: Who assures compliance with the rules and enforces them?

Simon Riondet

Monday, 14 November 2016

15.00 - 18.30

Public hearing

EUROPOL

Business manager – Head of the Financial intelligence Group

European Union

“Anti-money laundering and tax evasion: Who assures compliance with the rules and enforces them?

Klaus Meyer-Cabri

Monday, 14 November 2016

15.00 - 18.30

Public hearing

EUROJUST

German Member of EUROJUST’s College

European Union

“Anti-money laundering and tax evasion: Who assures compliance with the rules and enforces them?

Philippe de Koster

Monday, 14 November 2016

15.00 - 18.30

Public hearing

CTIF-CFI (Belgian Financial Intelligence Unit)

President

Belgium

“Anti-money laundering and tax evasion: Who assures compliance with the rules and enforces them?

Michel Claise

Monday, 14 November 2016

15.00 - 18.30

Public hearing

Ministry of Justice

Prosecutor

Belgium

“Anti-money laundering and tax evasion: Who assures compliance with the rules and enforces them?

Norbert Naulin

Monday, 14 November 2016

15.00 - 18.30

Public hearing

“EOKS” (Investigation Group

Organised Crime – Tax Fraud)

Head of the special investigation unit “EOKS” of the North Rhine-Westphalia tax authorities who analyse leaked data

Germany

“Anti-money laundering and tax evasion: Who assures compliance with the rules and enforces them?

Patrick Montagner

Monday, 14 November 2016

15.00 - 18.30

Public hearing

College of the French prudential supervisor

Deputy Secretary General

France

“Anti-money laundering and tax evasion: Who assures compliance with the rules and enforces them?

Joseph E. Stiglitz

Wednesday, 16 November 2016

11.00 - 12.30

Public hearing

Columbia University in New York

University Professor at Columbia University Former Chair of the Panama Papers Inquiry Committee

United States

Exchange of views with Professor Joseph E. Stiglitz

Pierre Moscovici

Wednesday, 7 December 2016

15.00 - 18.30

Public hearing

European Commission

Commissioner responsible for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs

European Union

Hearing with Commissioner Pierre Moscovici and Ashish Kumar, Policy Analyst at Financial Action Task Force (FATF)

Ashish Kumar

Wednesday, 7 December 2016

15.00 - 18.30

Public hearing

Financial Action Task Force (FATF)

Policy Analyst

France

Hearing with Commissioner Pierre Moscovici and Ashish Kumar, Policy Analyst at Financial Action Task Force (FATF)

Ronen Palan

Tuesday, 24 January 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Tax Justice Network

Senior advisor

United Kingdom

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part I)

Brooke Harrington

Tuesday, 24 January 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

 

Copenhagen Business School

Associate Professor

Denmark

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part I)

Daniel Hall

Tuesday, 24 January 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Burford Capital

Director and co-head of Burford’s global corporate intelligence

United Kingdom

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part I)

Rupert Manhart

Tuesday, 24 January 2017

09.00 - 12.30

Public hearing

Anti-money laundering Committee of The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)

Chair

Belgium

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part I)

Richard Frimston

Tuesday, 24 January 2017

09.00 - 12.30

Public hearing

Anti-money laundering Committee of The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)

Member of the CCBE and expert on topics relating to tax, beneficial ownership, and offshore activities aspects

Belgium

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part I)

Wim Mijs

Tuesday, 24 January 2017

09.00 - 12.30

Public hearing

European Banking Federation (EBF)

Chief Executive Officer

Belgium

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part I)

Roger Kaiser

Tuesday, 24 January 2017

09.00 - 12.30

Public hearing

European Banking Federation (EBF)

Senior Policy Adviser

Belgium

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part I)

Stef van Weeghel

Tuesday, 24 January 2017

09.00 - 12.30

Public hearing

Price Waterhouse Coopers (PWC)

Global Tax Policy Leader

Belgium

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part I)

Brigitte Unger

Thursday, 26 January 2017

14.00 - 16.00

Workshop

Utrecht University

Chair of public sector economics

The Netherlands

Working document on the inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion

Mark Pieth

Interparliamentary week

Tuesday, 31 January 2017

9.30 - 11.15

Joint hearing ECON/PANA with National Parliaments

University of Basel, Switzerland

Professor of Criminal Law and Criminology

Former Member of Panama Papers Inquiry Committee

Switzerland

Panama Papers, Bahamas leaks: which follow-up did national Parliaments give to the revelations? Which lessons can be learned?

Ed Groot

Interparliamentary week

Tuesday, 31 January 2017

9.30 - 11.15

Joint hearing ECON/PANA with National Parliaments

Dutch Parliamentary Committee of Inquiry into Tax structures

Chair

The Netherlands

Panama Papers, Bahamas leaks: which follow-up did national Parliaments give to the revelations? Which lessons can be learned?

Ahmed Ahmed Laaouej

Interparliamentary week

Tuesday, 31 January 2017

9.30 - 11.15

Joint hearing ECON/PANA with National Parliaments

Belgian Special Committee on the Panama Papers

Chair

Belgium

Panama Papers, Bahamas leaks: which follow-up did national Parliaments give to the revelations? Which lessons can be learned?

Kai Jan Krainer

Interparliamentary week

Tuesday, 31 January 2017

9.30 - 11.15

Joint hearing ECON/PANA with National Parliaments

Committee on Finance of the Austrian National Council

Vice-Chair

Austria

Panama Papers, Bahamas leaks: which follow-up did national Parliaments give to the revelations? Which lessons can be learned?

Benedikt Strunz

 

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Norddeutscher Rundfunk/ NDR

Journalist

Germany

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

Aleksandra Helena Sobisz

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Berenberg Bank

Former compliance officer

Germany

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

Katrin Keikert

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Berenberg Bank

Former compliance officer

Germany

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

Michael Kemmer

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Association of German Banks

General Manager and member of the Board of Directors

Germany

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

 

Thorsten Höche

 

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Association of German Banks

Head of the legal department

Germany

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

Ulrike Paul

 

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK or German Federal Bar)

Vice-President

Germany

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

Frank Johnigk

 

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK or German Federal Bar)

Head of the Department Money Laundering and Criminal Law

Germany

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

Søren Kristensen

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Danish Broadcasting Corporation (DR), International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)

Journalist

Denmark

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

Matthew Elderfield

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Nordea

Head of Group Compliance and Member of Nordea Executive Management

Sweden

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

Johan Ekwall

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Nordea

Chief of staff

Sweden

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

Biörn Riese

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Mannheimer Swartling

Member of the Corporate Sustainability & Risk Management,

M&A and Corporate Commercial groups

Sweden

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

Andreas Steen

Thursday, 9 February 2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Mannheimer Swartling

Member of Corporate Commercial practice

group

Sweden

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part II)

Prem Sikka

Thursday, 9 February

Friday 10 February 2017

Mission to UK

Essex Business School

Professor of Accounting

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Sol Picciotto

Thursday, 9 February

Friday 10 February 2017

Mission to UK

Lancaster University

Emeritus Professor, Senior Fellow, International Centre for Tax & Development

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Rita de la Feria

Thursday, 9 February

Friday 10 February 2017

Mission to UK

University of Leeds

Professor

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Murray Worthy

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Anti-corruption organisation Global Witness

Expert on money laundering

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Rachel Davies

Thursday, 9 February

Friday 10 February 2017

Mission to UK

Transparency International UK

Senior Advocacy Manager

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Richard Murphy

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Tax Justice Network

Chartered accountant and political economist

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Oliver Pearce

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Oxfam

Policy Manager for tax and inequality

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Peter Dempsey

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Self-employed

Lawyer

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Douglas Flint

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

HSBC

Group Chairman

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Paul Rankin

Thursday, 9 February

Friday 10 February 2017

Mission to UK

HSBC

Managing Director Group Government Affairs

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Iain McKinnon

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

HSBC

Group Head of Tax

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Paul Kelly

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

HSBC

Head of Tax Transparency

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Hank Cole

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

HSBC

Global Head of Operational Intelligence

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Barbara Patow

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

HSBC

Global Head of Strategic Initiatives, AML

United Kingdom

Mission to United Kingdom

David Rowe-Francis

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

HSBC

UK Head of AML

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Will Morgan

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

HSBC

Group Government Affairs, Financial System Integrity

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Ian Messer

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Law Society of Scotland

Representative of Solicitors Regulation Authority (SRA)

United Kingdom

Mission to United Kingdom

John Riches

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Law Society of England and Wales (LSEW)

Chair, Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) Public Policy Committee

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Sandy Bhogal

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Law Society of England and Wales (LSEW)

Chair of International Tax Law

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Edward Craft

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Law Society of England and Wales (LSEW)

Member of the LSEW Company Law Committee

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Amy Bell

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Law Society of England and Wales (LSEW)

Chair of the LSEW AML Task Force

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Robert Hodgkinson

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

Executive Director

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Frank Haskew

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

Head of Tax

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Ian Young

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

International Tax Manager

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Simon Tosserams

Thursday, 9 February Friday 10 February 2017

Mission to UK

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

EU Affairs Executive

United Kingdom

Mission to United Kingdom

Edward Scicluna

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

EU Presidency

Maltese Government

Minister of Finance

Malta

Mission to Malta

Joe V. Bannister

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

Malta Financial Service Authority

Chair

Malta

Mission to Malta

Marianne Scicluna

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

Malta Financial Service Authority

Director-General

Malta

Mission to Malta

Anton Bartolo

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

Malta Financial Service Authority

Director of Enforcement

Malta

Mission to Malta

Lawrence Cutajar

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

Maltese Police

Police Commissionner

Malta

Mission to Malta

Daphne Caruana Galizia

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

Self-employed

Journalist

Malta

Mission to Malta

Ivan Camilleri

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

Times of Malta

Journalist

Malta

Mission to Malta

Matthew Vella

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

Malta Today

Journalist

Malta

Mission to Malta

Alexander Balzan

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

One News

Journalist

Malta

Mission to Malta

Pierre Mifsud

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

EMD Advocates

Founding partner

Malta

Mission to Malta

Malcolm Booker

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

Deloitte Malta

Chief Executive Officer

Malta

Mission to Malta

Manfred Galdes

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

ARQ Risk and Compliance

Ltd.

Director

Malta

Mission to Malta

Paul Mifsud

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

Sparkasse Bank

Managing Director

Malta

Mission to Malta

Konrad Mizzi

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

Maltese Government

Minister within the Office of the Prime Minister

Malta

Mission to Malta

Beppe Fenech Adami

Monday, 20 February 2017

Mission to Malta

Parliament of Malta

National Deputy

Malta

Mission to Malta

Pierre Gramegna

Thursday, 2 March - Friday 3 March 2017

Mission to Luxembourg

Luxembourg Government

Minister for Finance

Luxembourg

Mission to Luxembourg

Félix Braz

Thursday, 2 March - Friday 3 March 2017

Mission to Luxembourg

Luxembourg Government

Minister for Justice

Luxembourg

Mission to Luxembourg

Eugène Berger

Thursday, 2 March - Friday 3 March 2017

Mission to Luxembourg

Luxembourg Chamber of Deputies

Member of Finance Committee

Luxembourg

Mission to Luxembourg

Fabien Grasser

Thursday, 2 March - Friday 3 March 2017

Mission to Luxembourg

Le Quotidien Luxembourg

Journalist

Luxembourg

Mission to Luxembourg

Anthony A Simcic

Thursday, 2 March - Friday 3 March 2017

Mission to Luxembourg

HSBC Luxembourg

Managing Director Head of Private Banking

Luxembourg

Mission to Luxembourg

Claude Marx

Thursday, 2 March pm - Friday 3 March am

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Director-General

Luxembourg

Mission to Luxembourg

Claude Simon

Thursday, 2 March - Friday 3 March 2017

Mission to Luxembourg

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Member of the management Board and Member of SSM Board of Supervisors

Luxembourg

Mission to Luxembourg

François Prum

Thursday, 2 March - Friday 3 March 2017

Mission to Luxembourg

Luxembourgish Bar

Head of Luxembourgish Bar

Luxembourg

Mission to Luxembourg

Wim Piot

Thursday, 2 March - Friday 3 March 2017

Mission to Luxembourg

PwC Luxembourg

Managing Partner and Tax Leader

Luxembourg

Mission to Luxembourg

Elizabeth Jane McCormick

Thursday, 2 March - Friday 3 March 2017

Mission to Luxembourg

KPMG

Global Head of Tax

Luxembourg

Mission to Luxembourg

Patrick Suet

Monday, 6 March 2017

15.00 - 18.30

Public hearing

Société Générale Bank & Trust

Chairman

France

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part III)

Anne Michel

Monday, 6 March 2017

15.00 - 18.30

Public hearing

Le Monde, ICIJ

Journalist

France

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part III)

Sylvie David-Chino

Monday, 6 March 2017

15.00 - 18.30

Public hearing

BNP Paribas

Global Head of IFS Compliance

France

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part III)

Albert Allo

Monday, 6 March 2017

15.00 - 18.30

Public hearing

TracFin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)

Deputy Director

France

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part III)

Olivier Boutellis-Taft

Monday, 6 March 2017

15.00 - 18.30

Public hearing

Accountancy Europe, NGO

Chief Executive Officer

Belgium

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part III)

Paul Gisby

Monday, 6 March 2017

15.00 - 18.30

Public hearing

Accountancy Europe, NGO

Manager for taxation and transparency

Belgium

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part III)

Oliver Zihlmann

Monday, 6 March 2017

15.00 - 18.30

Public hearing

Sonntagszeitung | Le Matin Dimanche, ICIJ

Journalist

Switzerland

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part III)

Jean-Bernard Schmid

Monday, 6 March 2017

15.00 - 18.30

Public hearing

Swiss Ministry of Justice

Public Prosecutor

Switzerland

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part III)

Peter Lutz

Monday, 6 March 2017

15.00 - 18.30

Public hearing

Self-regulatory organisation for the combating of money laundering of the Swiss Bar Association and Swiss Notary Association

President

Switzerland

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part III)

Giuseppe Marino

Monday, 6 March 2017

15.00 - 18.30

Public hearing

University of Milan

Professor Theory & Practice of International Tax Law

Italy

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part III)

Caroline Vicini

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Delegation of the European Union to the United States

Deputy Head of Delegation

Washington DC,

United States

Mission to USA

Elise Bean

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Levin Center at Wayne State University Law School

Co-Director of Training and Conferences

Washington DC,

United States

Mission to USA

Gerard Ryle

21 to 24 March 2017

Mission to USA

International Consortium of

Investigative Journalists (ICIJ)

Director

Washington DC,

United States

Mission to USA

Gary Kalman

21 to 24 March 2017

Mission to USA

FACT Coalition

Executive Director

Washington DC,

United States

Mission to USA

Tom Cardamone

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Global Financial Integrity

Managing Director

Washington DC,

United States

Mission to USA

Jane Gravelle

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Government and Finance Division

Researcher

Washington DC,

United States

Mission to USA

Ron Wyden

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Committee on Finance

National Deputy

(Senator)

Washington DC,

United States

Mission to USA

Richard Neal

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Ways and Means Committee

National Deputy

Washington DC,

United States

Mission to USA

Tom Carper

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Subcommittee on Investigations

National Deputy

(Senator)

Washington DC,

United States

Mission to USA

Orrin Hatch

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Committee on Finance

National Deputy

(Senator)

Washington DC,

United States

Mission to USA

Peter C. Schwartzkopf

21 to 24 March 2017

Mission to USA

House Representatives of the General Assembly

National Deputy

Delaware,

United States

Mission to USA

Valerie Longhurst

21 to 24 March 2017

Mission to USA

House Representatives of the General Assembly

National Deputy

Delaware,

United States

Mission to USA

Daniel B. Short

21 to 24 March 2017

Mission to USA

House Representatives of the General Assembly

National Deputy

Delaware,

United States

Mission to USA

David B. McBride

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Delaware General Assembly

National Deputy

(Senator)

Delaware,

United States

Mission to USA

Margaret

Rose Henry

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Delaware General Assembly

National Deputy

(Senator)

Delaware,

United States

Mission to USA

F. Gary Simpson

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Delaware General Assembly

National Deputy

(Senator)

Delaware,

United States

Mission to USA

Charles M. Elson

21 to 24 March 2017

Mission to USA

John L Weinberg Center for Corporate Governance at the University of

Delaware

Professor

Delaware,

United States

Mission to USA

Jeffrey W. Bullock

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Delaware Executive Branch

National deputy

(Secretary of State)

Delaware,

United States

Mission to USA

Rick Geisenberger

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Delaware Executive Branch

National deputy

(Secretary of Treasury)

Delaware,

United States

Mission to USA

Kristopher Knight

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Delaware Executive Branch

National deputy

(Deputy Secretary of State and Director of the Corporations Division)

Delaware,

United States

Mission to USA

Matt Denn

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Delaware Department of Justice

Attorney General

Delaware,

United States

Mission to USA

Lawrence A. Hamermesh

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Widener University

Professor of Corporate and Business Law

Delaware,

United States

Mission to USA

 

Paul L. Regan

21 to 24 March 2017

Mission to USA

Widener University

Associate Director, Institute of Delaware

Corporate and Business Law

Delaware,

United States

Mission to USA

Alvin Mosioma

Thursday, 6 April 2017

9.00 - 10.30 (Strasbourg)

Public hearing

Tax Justice Network - Africa

Founding Executive Director

Kenya

Impact of the schemes revealed by the Panama Papers

Nuhu Ribadu

Thursday, 6 April 2017

9.00 - 10.30 (Strasbourg)

Public hearing

Nigerian government

(former anti-corruption official)

Official

Nigeria

Impact of the schemes revealed by the Panama Papers

Will Fitzgibbon

Thursday, 6 April 2017

9.00 - 10.30 (Strasbourg)

Public hearing

International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)

Journalist

USA

Impact of the schemes revealed by the Panama Papers

Ahmed Ahmed Laaouej

Wednesday 26 April 2017

16.00 - 17.30

Meeting in the premises of the Belgian Parliament

Belgian Special Committee on the Panama Papers

Chair

Belgium

Meeting with the Members of Belgian Special Committee into the Panama Papers

Luk Van Biesen

Wednesday 26 April 2017

16.00 - 17.30

Meeting in the premises of the Belgian Parliament

Belgian Special Committee on the Panama Papers

National Deputy

Belgium

Meeting with the Members of Belgian Special Committee into the Panama Papers

Roel Deseyn

Wednesday 26 April 2017

16.00 - 17.30

Meeting in the premises of the Belgian Parliament

Belgian Special Committee on the Panama Papers

National Deputy

Belgium

Meeting with the Members of Belgian Special Committee into the Panama Papers

Mark Delanote

Wednesday 26 April 2017

16.00 - 17.30

Meeting in the premises of the Belgian Parliament

Belgian Special Committee on the Panama Papers

National Deputy

Belgium

Meeting with the Members of Belgian Special Committee into the Panama Papers

Mike Beke

Thursday, 27 April

2017

14.30 - 18.00

Committee Meeting

Blomeyer & Sanz

Researcher

Spain

Presentation of studies (Part I)

David Buck

Thursday, 27 April

2017

14.30 - 18.00

Committee Meeting

Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES)

Researcher

United Kingdom

Presentation of studies (Part I)

Jack Malan

Thursday, 27 April

2017

14.30 - 18.00

Committee Meeting

Centre for Strategy & Evaluation Services

Researcher

United Kingdom

Presentation of studies (Part I)

Amandine Scherrer

Thursday, 27 April

2017

14.30 - 18.00

Committee Meeting

European ParliamentEuropean Parliamentary

 

Research Service (EPRS)

Researcher

European Union

Presentation of studies (Part I)

Anthony Amicelle

Thursday, 27 April

2017

14.30 - 18.00

Committee Meeting

International Centre for Comparative Criminology, Université de Montréal, Canada

Researcher

Canada

Presentation of studies (Part I)

Willem Pieter de Groen

 

Tuesday, 2 May 2017

15.00 - 18.30

Committee meeting

Centre for European Policy Studies (CEPS)

Researcher

Belgium

Presentation of studies (Part II)

Ian Roxan

Tuesday, 2 May 2017

15.00 - 18.30

Committee meeting

London School of Economics (LSE)

Researcher

United Kingdom

Presentation of studies (Part II)

Herman Bröring

Tuesday, 2 May 2017

15.00 - 18.30

Committee meeting

Centre for European Financial Services Law at the University of Groningen

Researcher

The Netherlands

Presentation of studies (Part II)

Peter Clegg

Tuesday, 2 May 2017

15.00 - 18.30

Committee meeting

University of the West of England, Bristol

Researcher

United Kingdom

Presentation of studies (Part II)

Alexandre Maitrot de la Motte

 

Tuesday, 2 May 2017

15.00 - 18.30

Committee meeting

University of Paris-Est Créteil

Researcher

France

Presentation of studies (Part II)

Pierre Moscovici

Thursday, 4 May

2017

9.00 - 12.30

Public hearing

European Commission

Commissioner responsible for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs

European Union

Hearing with Commissioner Pierre Moscovici

Rui Gonçalves

Tuesday, 9 May

2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Government of Madeira

Regional Secretary for Finance

Madeira, Portugal

Cooperation in tax matters with European jurisdictions

James Tipping

Tuesday, 9 May

2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Finance Centre of the Government of Gibraltar

Finance Director

Gibraltar, UK

Cooperation in tax matters with European jurisdictions

Richard Walker

Tuesday, 9 May

2017

9.00 - 12.30

Public hearing

States of Guernsey Policy & Resources Committee

Director of financial crime policy

Guernsey, Channel Islands

Cooperation in tax matters with European jurisdictions

Colin Powell

Tuesday, 9 May

2017

9.00 - 12.30

Public hearing

Government

Adviser to the Chief Minister

Jersey, Channel Islands

Cooperation in tax matters with European jurisdictions

Jean-Claude Juncker

Tuesday, 30 May

2017

15.00 - 16.30

Public hearing

European Commission

President of the European Commission

European Union

Hearing with the President of the European Commission, J.C. Juncker

 

Fernando Rocha Andrade

 

Tuesday, 30 May

2017

16.45 - 17.30

Public hearing

Government of Portugal

Secretary of State of Tax affairs

Portugal

Hearing with F. Rocha Andrade

Vigjilenca Abazi

 

Wednesday, 21 June 2017

9.00 - 11.00

Joint PANA/JURI public hearing

Maastricht University

Academic

The Netherlands

Joint PANA-JURI hearing

The EU-wide protection of whistleblowers’

Cathy James

Wednesday, 21 June 2017

9.00 - 11.00

Joint PANA/JURI public hearing

Public concern at work

Whistleblower

United Kingdom

Joint PANA-JURI hearing

The EU-wide protection of whistleblowers’

Frédérique Berrod

Wednesday, 21 June 2017

9.00 - 11.00

Joint PANA/JURI public hearing

College of Europe

Academic

Belgium

Joint PANA-JURI hearing

The EU-wide protection of whistleblowers’

Rosita Hickey

Wednesday, 21 June 2017

9.00 - 11.00

Joint PANA/JURI public hearing

EU Ombudsman

Head of Strategic Inquiries

European Union

Joint PANA-JURI hearing

The EU-wide protection of whistleblowers’

Charlotte Grass

Wednesday, 21 June 2017

9.00 - 11.00

Joint PANA/JURI public hearing

Group Vallourec

Head of Competition and Conformity

France

Joint PANA-JURI hearing

The EU-wide protection of whistleblowers’

Sebastian Fiedler

Wednesday, 21 June 2017

15.00 - 17.30

Public hearing

Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

Vice-Chair

Germany

Financial Intelligence Units (FIUs) ins and outs and the Russian "Laundromat" case

Paolo Costanzo

Wednesday, 21 June 2017

15.00 - 17.30

Public hearing

Italian FIU, Banca d'Italia

Manager at Banca d’Italia

Italy

Financial Intelligence Units (FIUs) ins and outs and the Russian "Laundromat" case

Paul Cristian Radu

Wednesday, 21 June 2017

15.00 - 17.30

Public hearing

 

International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)

Journalist

Romania

Financial Intelligence Units (FIUs) ins and outs and the Russian "Laundromat" case

Viesturs Burkāns

Wednesday, 21 June 2017

15.00 - 17.30

Public hearing

Latvian Office for Prevention of Laundering of Proceeds Derived from Criminal Activity

Head of Latvian FIU

Latvia

Financial Intelligence Units (FIUs) ins and outs and the Russian "Laundromat" case

Duarte Pacheco

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Parliamentary Inquiry Committee of Banco Espírito Santo (BES) and working group on combating economic, financial and fiscal crime

National Deputy

Portugal

Mission to Portugal

Cecília Meireles

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Parliamentary Inquiry Committee of Banco Espírito Santo (BES) and working group on combating economic, financial and fiscal crime

National Deputy

Portugal

Mission to Portugal

Eurico Brilhante Dias

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Parliamentary Inquiry Committee of Banco Espírito Santo (BES) and working group on combating economic, financial and fiscal crime

National Deputy

Portugal

Mission to Portugal

Mário Centeno

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Government of Portugal

Minister of Finance

Portugal

Mission to Portugal

Helena Borges

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Tax and Customs Authority

Public Authority

Director General

Portugal

Mission to Portugal

Fernando Rocha Andrade

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Government of Portugal

Secretary of State of Tax affairs

Portugal

Mission to Portugal

Fernando Teixeira dos Santos

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Government of Portugal

Former Minister of Finance

Portugal

Mission to Portugal

Sérgio Vasques

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Government of Portugal

Former Secretary of State of Tax Affairs

Portugal

Mission to Portugal

Maria Luís Albuquerque

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Government of Portugal

Former Minister of Finance

Portugal

Mission to Portugal

Paulo Núncio

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Government of Portugal

Former Secretary of State of Tax Affairs

Portugal

Mission to Portugal

Elisa Ferreira

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Banco de Portugal

Board member in charge of prudential supervision

Portugal

Mission to Portugal

Luís Máximo dos Santos

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Banco de Portugal

Board member in charge of legal enforcement and money laundering matters

Portugal

Mission to Portugal

Luís Costa Ferreira

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Banco de Portugal

Head of the Banking Prudential Supervision Department

Portugal

Mission to Portugal

João Raposo

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Banco de Portugal

Head of the Legal Enforcement Department

Portugal

Mission to Portugal

Micael Pereira

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Expresso (ICIJ)

Journalist

Portugal

Mission to Portugal

João Pedro Martins

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Público

Economist and Offshore researcher

Portugal

Mission to Portugal

Pedro Crisóstomo

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Público

Journalist

Portugal

Mission to Portugal

Amadeu Guerra

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Ministry of Justice

Deputy Attorney General

Portugal

Mission to Portugal

José Ranito

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Ministry of Justice

Prosecutor

Portugal

Mission to Portugal

Tahamara Dias

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Ministry of Justice

Prosecutor

Portugal

Mission to Portugal

Mariana Raimundo

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Financial Intelligence Unit (FIU) Portugal

Director

Portugal

Mission to Portugal

João Paulo Batalha

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Transparency International (TIAC) Portugal

Executive Director

Portugal

Mission to Portugal

Susana Coroado

Thursday, 22 June

Friday, 23 June 2017

Mission to Portugal

Transparency International (TIAC) Portugal

Vice-Chair

Portugal

Mission to Portugal

Věra Jourová

Monday, 3 July 2017

19.00 - 20.30 (Strasbourg)

Public hearing

European Commission

Commissioner responsible for Justice, Consumers and Gender Equality

 

European Union

Hearing with Commissioner Věra Jourová

Harris Georgiades

Thursday, 6 July

Friday, 7 July 2017

Mission to Cyprus

Government of the Republic of Cyprus

Minister of Finance

Cyprus

Mission to Cyprus

Yiorgos Lakkotrypis

Thursday, 6 July

Friday, 7 July 2017

Mission to Cyprus

Government of the Republic of Cyprus

Minister of Energy, Commerce, Industry and Tourism of the Republic of Cyprus

Cyprus

Mission to Cyprus

Kypros Kyprianou

Thursday, 6 July

Friday, 7 July 2017

Mission to Cyprus

Government of the Republic of Cyprus

Ministry of Interior

Cyprus

Mission to Cyprus

Christos Patsalides

Thursday, 6 July

Friday, 7 July 2017

Mission to Cyprus

Government of the Republic of Cyprus - Ministry of Finance