Procedimiento : 2017/2279(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0138/2018

Textos presentados :

A8-0138/2018

Debates :

PV 16/04/2018 - 27
CRE 16/04/2018 - 27

Votaciones :

PV 17/04/2018 - 6.14
CRE 17/04/2018 - 6.14
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0105

INFORME     
PDF 529kWORD 96k
5.4.2018
PE 616.856v02-00 A8-0138/2018

sobre el refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea: séptimo informe de la Comisión Europea

(2017/2279(INI))

Comisión de Desarrollo Regional

Ponente: Marc Joulaud

ENMIENDAS
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 OPINIÓN de la Comisión de Presupuestos
 OPINIÓN de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
 OPINIÓN de la Comisión de Cultura y Educación
 INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓNEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea: séptimo informe de la Comisión Europea

(2018/2279(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 4, 162, 174 a 178 y 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo(1),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1080/2006(2),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Consejo(3),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1300/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo de Cohesión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1084/2006(4),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea(5),

–  Visto el informe de la Comisión Europea titulado «Mi región, mi Europa, nuestro futuro: Séptimo informe sobre la cohesión económica, social y territorial» (COM(2017)0583), de 9 de octubre de 2017,

–  Visto el Pacto de Ámsterdam, que sienta los principios de la agenda urbana para la UE, acordado en la reunión informal de ministros de la Unión responsables de asuntos urbanos celebrada el 30 de mayo de 2016 en Ámsterdam,

–  Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de diciembre de 2015(6),

–  Visto el pilar europeo de derechos sociales, proclamado el 17 de noviembre de 2017 en Gotemburgo por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo relativas a «Hacer la política de cohesión más eficaz, pertinente y visible para nuestros ciudadanos»(7),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 15 de noviembre de 2017 tituladas «Sinergias y simplificación para la política de cohesión después de 2020»(8),

–  Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, sobre el Futuro de Europa titulado «Reflexiones y escenarios para la Europa de los Veintisiete en 2025» (COM(2017)2025),

–  Visto el documento de reflexión de la Comisión Europea sobre la dimensión social de Europa (COM(2017)0206), de 26 de abril de 2017,

–  Visto el documento de reflexión de la Comisión Europea, de 10 de mayo de 2017, sobre el encauzamiento de la globalización (COM(2017)0240),

–  Visto el documento de reflexión de la Comisión Europea, de 31 de mayo de 2017, sobre la profundización de la unión económica y monetaria (COM(2017)0291),

–  Visto el documento de reflexión de la Comisión Europea, de 28 de junio de 2017, sobre el Futuro de las finanzas de la UE,

–  Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 10 de abril de 2017, titulado «La competitividad en las regiones de renta y crecimiento bajos: Informe sobre las regiones que van a la zaga» (SWD(2017)0132),

–  Visto el documento de trabajo de la Comisión titulado «Why regional development matters for Europe’s economic future» (WP 07/2017)(9),

–  Vista la comunicación de la Comisión, de 14 de febrero de 2018, titulada «Un marco financiero plurianual nuevo y moderno para una Unión Europea que cumpla de manera eficiente con sus prioridades posteriores a 2020» (COM(2018)098),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de octubre de 2017, titulada «Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea» COM(2017)0623,

–  Visto el dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de 11 de mayo de 2017, titulado «El futuro de la política de cohesión después de 2020 – Por una política de cohesión europea fuerte y eficiente después de 2020»(10),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 25 de mayo de 2016, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Invertir en crecimiento y empleo: maximizar la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos»(11),

–  Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre inversión para el empleo y el crecimiento: la promoción de la cohesión económica, social y territorial en la Unión(12),

–  Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre la dimensión urbana de las políticas de la UE(13),

–  Vista su Resolución, de 10 de mayo de 2016, sobre nuevas herramientas de desarrollo territorial en la política de cohesión para el periodo 2014-2020: inversión territorial integrada (ITI) y desarrollo local participativo (DLP)(14),

–  Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2017, sobre una combinación adecuada de financiación para las regiones de Europa: equilibrar los instrumentos financieros y las subvenciones en la política de cohesión de la Unión(15),

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la política de cohesión y las estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente (RIS3)(16),

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la cooperación territorial europea – mejores prácticas y medidas innovadoras(17),

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre invertir en crecimiento y empleo – maximizar la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: evaluación del informe de conformidad con el artículo 16, apartado 3, del RDC(18),

–  Vista su Resolución, de 13 de junio de 2017, sobre los componentes esenciales para una política de cohesión de la Unión posterior a 2020(19),

–  Vista su Resolución, de 13 de junio de 2017, sobre la mejora de la participación activa de los interlocutores y la visibilidad en la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos(20),

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2017, sobre el fomento de la cohesión y el desarrollo en las regiones ultraperiféricas de la UE: aplicación del artículo 349 del TFUE(21),

–  Vista su Resolución, de 24 de octubre de 2017, sobre el documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE(22),

–  Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2018, sobre las regiones menos desarrolladas de la UE(23),

–  Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2018, sobre el próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020(24),

–  Vistas las conclusiones y recomendaciones del Grupo de alto nivel sobre la simplificación para los beneficiarios de los Fondos EIE,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la Comisión de Cultura y Educación (A8-0138/2018),

A.  Considerando que la política de cohesión busca fomentar un desarrollo armonioso y equilibrado del conjunto de la Unión y sus regiones con miras a reforzar su cohesión económica, social y territorial, en una lógica de solidaridad, crecimiento sostenible, ocupación, inclusión social y reducción de las disparidades entre y dentro de las regiones, así como el retraso de las regiones menos favorecidas, de conformidad con los Tratados;

B.  Considerando que el séptimo informe sobre la cohesión muestra que las desigualdades regionales siguen reduciéndose, pero que la situación varía mucho según los territorios, con independencia de que se mida en términos de PIB per cápita, ocupación u otros indicadores, pues algunas disparidades se mantienen, se desplazan o aumentan entre y dentro de las regiones y los Estados miembros, incluso dentro de la zona del euro;

C.  Considerando que el séptimo informe sobre la cohesión presenta datos preocupantes en relación con los índices de desempleo, incluido el índice de desempleo juvenil, que en muchas regiones no ha recuperado su nivel anterior a la crisis, la competitividad, la pobreza o la inclusión social;

D.  Considerando que el 24 % de los europeos, o casi 120 millones de personas son pobres, corren el riesgo de caer en la pobreza, se enfrentan a privaciones materiales graves o viven en hogares con baja intensidad laboral; que el número de ocupados pobres está aumentando y el número de jóvenes desempleados sigue siendo elevado;

E.  Considerando que, aunque el desempleo y el desempleo juvenil en la Unión han disminuido gradualmente desde 2013, siguen situándose por encima del nivel de 2008, en un 7,3 % y un 16,1 % respectivamente (diciembre de 2017)(25), y que se observan diferencias considerables entre los Estados miembros y dentro de estos, y en especial en algunos de los Estados miembros más afectados por la crisis financiera; que las disparidades regionales han comenzado a disminuir; que la diferencia entre las tasas de desempleo de los Estados miembros sigue siendo significativa, ya que oscilan desde un 2,4 % en la República Checa o un 3,6 % en Alemania a un 16,3 % en España o un 20,9 % en Grecia, según las cifras más recientes(26); que el desempleo oculto —el fenómeno de personas desempleadas que están dispuestas a trabajar pero que no buscan activamente empleo— se mantuvo en 2016 en el 18 %;

F.  Considerando que el séptimo informe sobre la cohesión pone de relieve la gran diversidad de regiones y territorios, también dentro de las actuales categorías de regiones, en función de sus condiciones específicas (ultraperiféricas, población escasa, renta baja, crecimiento débil, etc.), para lo cual es necesario un enfoque territorial adaptado a las regiones;

G.  Considerando que una de las principales aportaciones del séptimo informe sobre la cohesión tiene que ver con la detección de algunas regiones en una «trampa de renta media» que corren el riesgo de quedas descolgadas, estancadas o rezagadas;

H.  Considerando que el séptimo informe sobre la cohesión subraya la existencia de bolsas de pobreza, el riesgo de fragmentación territorial y la ampliación de las disparidades subregionales, también en regiones relativamente prósperas;

I.  Considerando que el séptimo informe sobre la cohesión pone de manifiesto que «el impacto de la globalización, la migración, la pobreza y la falta de innovación, el cambio climático, la transición energética y la contaminación no se limita a las regiones menos desarrolladas»;

J.  Considerando que, mientras la política de cohesión ha desempeñado un papel sustancial en la recuperación de la economía de la UE, mediante la promoción de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, la inversión pública en la UE continúa por debajo de los niveles anteriores a la crisis, con enormes déficits en los Estados miembros más afectados por la crisis, ya que la inversión pública cayó del 3,4 % del PIB en 2008 al 2,7 % en 2016;

K.  Considerando que el Séptimo informe de cohesión presenta claramente los resultados de la política de cohesión en términos de crecimiento, ocupación, transporte, energía, medio ambiente, educación y formación, tal como se demuestra en el periodo de programación de 2014-2020, mediante el apoyo brindado a 1,1 millones de pymes, lo que conllevó directamente la creación de 420 000 nuevos puestos de trabajo adicionales, ayudó a más de 7,4 millones de desempleados a encontrar trabajo y contribuyó, asimismo, a que más de 8,9 millones de personas obtuvieran nuevas cualificaciones, convirtiendo la política en el aglutinante que mantiene a Europa unida;

El valor añadido de la política de cohesión

1.  Considera indispensable que la política de cohesión en el nuevo periodo de programación siga cubriendo adecuadamente el conjunto de regiones europeas y se mantenga como el principal instrumento de inversión pública de la Unión, basado en estrategias y perspectivas a largo plazo, y dotado de un presupuesto a la altura de los retos nuevos y existentes, de modo que se garantice el cumplimiento de los objetivos básicos de la política; destaca que una concentración exclusiva de la política de cohesión en las regiones menos desarrolladas dificultaría el progreso de las prioridades políticas de la Unión en su conjunto;

2.  Subraya que la política de cohesión aporta un valor añadido europeo al contribuir a los bienes públicos y prioridades europeos (como el crecimiento, la inclusión social, la innovación y la protección del medio ambiente), así como a la inversión pública y privada, y que es una herramienta fundamental para alcanzar el objetivo del Tratado de combatir las desigualdades para una convergencia al alza de los niveles de vida y una reducción del retraso de las regiones menos favorecidas;

3.  Recuerda su fuerte compromiso con la gestión compartida y el principio de asociación, que debe mantenerse y reforzarse de cara al período posterior a 2020, así como con la gobernanza multinivel y la subsidiariedad, que contribuyen al valor añadido de la política de cohesión; subraya que el valor añadido de esta política se caracteriza primero por su capacidad para tener en cuenta las necesidades de desarrollo nacionales, junto con las necesidades y particularidades de las diferentes regiones y territorios, y acercar la Unión a sus ciudadanos;

4.  Destaca que el valor añadido europeo se refleja en gran medida en la cooperación territorial europea en todas sus dimensiones (cooperación transfronteriza, transnacional e interregional, tanto a nivel interno como externo), al contribuir a los objetivos globales de cohesión económica, social y territorial, así como a la solidaridad; reitera su llamamiento a favor de un aumento de su cuota en el presupuesto de la política de cohesión, mejorando la coordinación entre los diferentes programas para evitar superposiciones; recuerda la importancia de la aplicación de las estrategias macrorregionales para lograr los objetivos de la política de cohesión;

5.  Indica que la aplicación de la política de cohesión en una región puede generar externalidades y beneficios económicos, directos indirectos, en toda la UE, gracias principalmente al aumento de los intercambios comerciales, que refuerzan el mercado interno; señala, no obstante, que estos beneficios varían considerablemente de unos Estados miembros a otros, especialmente en función de la proximidad geográfica y de la estructura de las economías de los Estados miembros;

6.  Hace hincapié en la necesidad de desarrollar una metodología del «coste de la no política de cohesión» con el fin de proporcionar pruebas cuantificables adicionales acerca del valor añadido europeo de la política de cohesión, conforme al ejemplo del trabajo realizado por el Parlamento Europeo en cuanto al «coste de la no Europa»;

La dimensión territorial

7.  Observa que las zonas urbanas combinan, por una parte, un mayor crecimiento, inversión y oportunidades de innovación, y por otra parte, diversos desafíos medioambientales, económicos y sociales, debido, entre otras razones, a la concentración humana y a la existencia de bolsas de pobreza, también en ciudades relativamente prósperas; destaca, por consiguiente, que el riesgo de pobreza o de exclusión social sigue siendo uno de los principales retos;

8.  Destaca que el refuerzo de la dimensión territorial de la política de cohesión incluye también prestar una mayor atención a los problemas de zonas periurbanas y rurales, teniendo en cuenta los conocimientos especializados de las autoridades locales y centrándose especialmente en las ciudades de tamaño medio de cada Estado miembro;

9.  Subraya la importancia de apoyar a los territorios rurales en toda su diversidad, valorando sus potencialidades, fomentando los proyectos de inversión que apoyan a las economías locales, así como mejorando la conectividad del transporte y de la banda ancha rápida y respaldándoles en los retos que les afectan, en particular la desertificación rural, la inclusión social, la falta de oportunidades laborales, los incentivos al emprendimiento, las viviendas asequibles, la pérdida de población, el declive de los centros urbanos, desiertos médicos, etc.; destaca, en este sentido, la importancia del segundo pilar de la PAC en la contribución al desarrollo rural sostenible;

10.  Pide que se tengan más en cuenta algunas especificidades territoriales como las de las regiones mencionadas en el artículo 174, apartado 3, del TFUE, como las insulares, de montaña, rurales, transfronterizas, más septentrionales, costeras o periféricas en la definición de las prioridades de inversión; destaca la importancia de estudiar la posible creación de estrategias, programas y medidas adaptados para esas regiones diferentes, o incluso la puesta en marcha de nuevos programas específicos, siguiendo el ejemplo de la agenda urbana para la UE y del Pacto de Ámsterdam;

11.  Recuerda que la particular situación económica y social estructural de las regiones ultraperiféricas justifica medidas específicas, en particular por lo que respecta a sus condiciones de acceso a los Fondos EIE, conforme al artículo 349 del TFUE; subraya la necesidad de perpetuar todas las derogaciones destinadas a compensar sus desventajas estructurales, así como a mejorar, adaptándolas cuando sea necesario, las medidas específicas para estas regiones pide a la Comisión y a los Estados miembros que se basen en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 15 de diciembre de 2015, para garantizar una verdadera expresión del artículo 349 del TFUE en lo relativo a las condiciones de acceso a los fondos estructurales; recomienda en especial ampliar la dotación específica de las regiones ultraperiféricas en el capítulo social, mantener el nivel actual de cofinanciación de la Unión en dichas regiones y prever una modulación de la concentración temática; destaca el potencial de las regiones ultraperiféricas en cuanto, por ejemplo, espacios privilegiados para la aplicación de proyectos experimentales;

12.  Considera que la introducción de estrategias integradas de desarrollo urbano sostenible constituye una experiencia positiva que, por consiguiente, debería reforzarse, así como reproducirse en otros territorios subregionales, por ejemplo mediante el establecimiento de un enfoque territorial integrado junto a los objetivos temáticos, pero sin perjuicio de la concentración temática; subraya la importancia del desarrollo local participativo, mediante el refuerzo de la capacidad de la política de cohesión de implicar a los agentes locales hace hincapié en la necesidad de estudiar la posibilidad de introducir la elaboración de programas nacionales y regionales operativos basados en estrategias territoriales integradas y en estrategias de especialización inteligente;

Las «regiones de renta media»: fomentar la resiliencia y evitar que los territorios frágiles se descuelguen

13.  Señala que las regiones de renta media, que no han experimentado el mismo crecimiento que las regiones de renta baja (que todavía necesitan alcanzar al resto de la UE) o las regiones de renta muy elevada, se enfrentan al reto denominado «trampa de renta media» debido a los costes demasiado elevados en relación con las primeras y los sistemas de innovación débiles en relación con las segundas; observa que estas regiones se caracterizan por un sector manufacturero frágil y por la vulnerabilidad ante las convulsiones provocadas por la globalización y los cambios socioeconómicos resultantes;

14.  Estima que uno de los grandes retos de la futura política de cohesión será brindar un apoyo adaptado a las regiones de renta media, con el objetivo de, entre otros aspectos, crear un entorno favorable a las inversiones, y que esta política, al mismo tiempo, debe reducir las disparidades y desigualdades y evitar que los territorios frágiles queden descolgados, tomando en consideración las distintas tendencias y dinámicas;

15.  Pide a la Comisión que aborde los desafíos a los que se enfrentan las regiones de renta media, que se caracterizan por una débil tasa de crecimiento en comparación con la media de la UE, de forma que promueva un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión; recuerda que, con el fin de apoyar a estas regiones y ofrecer soluciones a sus problemas, la futura política de cohesión debe abarcarlas, apoyarlas e incluirlas de forma eficaz en el siguiente período de programación, en particular a través de la creación y aplicación de estrategias, programas y acciones adaptados; reitera, en este sentido, la importancia de contar con indicadores complementarios, además del PIB, con el fin de ofrecer una perspectiva más precisa de las condiciones socioeconómicas de estas regiones concretas; considera que debe prestarse más atención a la identificación temprana de las vulnerabilidades, para permitir que la política de cohesión apoye la resiliencia de las regiones y evite el desarrollo de nuevas disparidades en todos los tipos de regiones;

16.  Celebra el lanzamiento, por parte de la Comisión Europea, de un proyecto piloto destinado a ofrecer un apoyo específico, adaptado a los desafíos concretos de las regiones en proceso de transición industrial; pide a la Comisión que extraiga enseñanzas del proyecto piloto, y espera ver cuanto antes la consecución de los resultados previstos; considera que las estrategias de especialización inteligente tienen un potencial para asistir mejor a estas regiones en sus estrategias de desarrollo y, más en general, favorecer una aplicación diferenciada a escala regional, pero también podrían ser apoyadas a través de la cooperación y el intercambio adicional de conocimiento y experiencia entre estas regiones; se congratula de las acciones como la iniciativa Vanguard que usan la estrategia de especialización inteligente para reforzar el crecimiento y la renovación industrial en áreas prioritarias de la UE;

17.  Subraya que la convergencia social y fiscal contribuye al objetivo de cohesión al mejorar el funcionamiento del mercado único; opina que las prácticas divergentes en la materia pueden ser contrarias al objetivo de cohesión y pueden exponer aún más a la globalización los territorios que se quedan atrás o aquellos más vulnerables a la globalización, y llama la atención sobre la necesidad continua de que las regiones menos desarrolladas alcancen al resto de la Unión; considera que la política de cohesión podría contribuir a fomentar la convergencia social y fiscal (junto con la convergencia económica y territorial) mediante incentivos positivos; en este sentido hace hincapié en la posibilidad de basarse, por ejemplo, en el pilar europeo de derechos sociales; pide a la Comisión Europea que tenga en cuenta en mayor medida esta dimensión en el marco del Semestre Europeo de modo que la dimensión social de la política de cohesión se integre mejor en la política económica, y que implique adecuadamente a las autoridades locales y regionales con el fin de aumentar la eficiencia y la responsabilidad del proceso;

Ámbitos de intervención

18.  Aboga por una fuerte concentración temática en un número reducido de prioridades vinculadas a los grandes objetivos políticos europeos, permitiendo a las autoridades de gestión una mayor flexibilidad para elaborar sus estrategias territoriales de acuerdo con las necesidades y potenciales, tras realizar consultas inclusivas a escala local y regional en la preparación de los acuerdos de asociación; subraya que el empleo (en particular, el empleo juvenil) la inclusión social, la lucha contra la pobreza, el apoyo a la innovación, la digitalización, el apoyo a las pymes y empresas emergentes, la lucha contra el cambio climático, la economía circular y las infraestructuras son ámbitos de intervención prioritarios de la futura política de cohesión;

19.  Acoge con satisfacción la adopción del pilar europeo de derechos sociales, que supone un avance en la construcción de la Europa social; recuerda su adhesión al FSE, como una parte importante integrada de los Fondos EIE, a la Garantía Juvenil, a la Iniciativa de Empleo Juvenil y al Cuerpo Europeo de Solidaridad para superar los retos del empleo, el crecimiento económico, la inclusión social, el aprendizaje y la formación profesional;

20.  Subraya que la futura política de cohesión deberá centrarse aún más en la protección y el apoyo a las poblaciones y los territorios afectados negativamente por la globalización (deslocalización, pérdida de empleo) y por otras tendencias similares dentro de la Unión; pide que se explore el establecimiento de una coordinación entre los fondos estructurales y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en los casos pertinentes, con el objetivo de tener en cuenta, entre otros aspectos, los casos de deslocalización dentro de la Unión

21.  Observa que la vulnerabilidad ante el cambio climático varía considerablemente de un territorio a otro; considera que los Fondos EIE deben utilizarse de la manera más eficaz posible para cumplir los compromisos adoptados por la Unión en el marco del Acuerdo de París sobre el clima, por ejemplo, en lo relativo a las energías renovables, la eficiencia energética o el intercambio de buenas prácticas, en particular en el sector de la vivienda, y que se han de tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas; insiste en que los instrumentos de solidaridad en caso de catástrofe natural deben poder movilizarse en el plazo más breve posible, de acuerdo con las circunstancia y siempre de un modo coordinado;

22.  Pide utilizar los Fondos EIE para afrontar, de forma sostenible, los desafíos demográficos (envejecimiento, declive, presión demográfica, incapacidad para atraer o conservar capital humano adecuado) que afectan a las regiones europeas de maneras distintas; destaca, en particular, la necesidad de proporcionar apoyo adecuado a los territorios, como por ejemplo a algunas de las regiones ultraperiféricas;

23.  Insta a que se cree, al amparo del artículo 349 del TFUE, un mecanismo específico de financiación posterior a 2020 para la integración de los migrantes en las regiones ultraperiféricas, que están sometidas a una mayor presión migratoria debido a sus especificidades, contribuyendo así a su desarrollo sostenible;

24.  Considera que los fondos de la Unión tienen que respetar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y deben seguir fomentando las alternativas a la atención residencial;

25.  Destaca el potencial de unas mayores inversiones en cultura, educación, patrimonio, juventud, deporte y turismo sostenible para crear empleo, en particular empleo de calidad para los jóvenes, además de crecimiento, y para mejorar la cohesión social, luchando al mismo tiempo contra la pobreza y la discriminación, lo que reviste particular importancia por lo que respecta, por ejemplo, a las regiones ultraperiféricas, rurales y remotas; apoya el desarrollo de industrias culturales y creativas que estén estrechamente relacionadas con la innovación y la creatividad;

El marco de programación posterior a 2020

26.  Subraya que el séptimo informe sobre la cohesión pone de relieve la necesidad de tener en cuenta indicadores complementarios al PIB por habitante, que debe seguir siendo el principal indicador para la asignación de fondos y ofrecer una perspectiva más precisa de las condiciones socioeconómicas, en consonancia con los retos y las necesidades detectados, también en el ámbito subregional; destaca la importancia de basarse en datos de calidad, fiables, actualizados, estructurados y disponibles; pide, por consiguiente, a la Comisión y a Eurostat que proporcionen información con el mayor grado de detalle y desglose geográfico posible en las estadísticas relevantes para la política de cohesión, de modo que se reflejen adecuadamente las necesidades de las regiones en el proceso de programación; respalda el uso de criterios sociales, medioambientales y demográficos, en especial los índices de desempleo y de desempleo juvenil;

27.  Aboga por fortalecer los enfoques integrados y hace especial hincapié en que el FSE debe seguir formando parte integral de la política regional europea debido a su fundamental dimensión de cohesión;

28.  Subraya que las subvenciones deben seguir siendo el principal instrumento de financiación de la política de cohesión, pero reconoce que los instrumentos financieros pueden constituir un resorte eficaz y que deben fomentarse siempre que aporten un valor añadido; destaca, no obstante, que su uso no debe convertirse en un fin en sí mismo, que su eficacia depende de muchos factores (carácter del proyecto, del territorio o del riesgo) y que todas las regiones, sea cual sea su nivel de desarrollo, deben poder determinar libremente el modo de financiación más adecuado; se opone a cualquier objetivo vinculante relativo a la utilización de instrumentos financieros;

29.  Pide que se simplifiquen las condiciones de uso de los instrumentos financieros y se favorezca su combinación con las subvenciones teniendo en cuenta la complementariedad, la eficacia y las realidades territoriales; destaca la importancia de la capacidad administrativa y la calidad de la gobernanza, así como de la función complementaria que desempeñan los bancos y las instituciones nacionales de desarrollo a la hora de aplicar instrumentos financieros adaptados a las necesidades locales; considera necesario armonizar las normas en materia de instrumentos financieros tanto como sea posible, independientemente de su modo de gestión; propone que, además de los instrumentos financieros ya existentes para la política de cohesión, se promuevan también instrumentos financieros participativos;

30.  Considera que un vínculo entre la política de cohesión y la garantía de un entorno favorable a la inversión, a la eficacia y a la buena utilización de los fondos también resulta útil para lograr los objetivos de la política de cohesión, subrayando al mismo tiempo que la política de cohesión no está pensada para ser un mero instrumento al servicio de prioridades sin relación con sus objetivos; destaca que es necesario aplicar la posición comúnmente acordada sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en relación con la flexibilidad para las condiciones cíclicas, las reformas estructurales y las inversiones públicas; cree que las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE con la buena gobernanza económica, en la forma recogida en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, deben ser objeto de cuidadoso estudio contando asimismo con la participación de todas las partes interesadas; opina que la Comisión debe plantearse realizar ajustes en el vínculo de la política de cohesión con el Semestre Europeo a fin de reforzar la dimensión territorial y social de este último, además de tener en cuenta otros factores que confluyen en los objetivos de cohesión como, por ejemplo, la convergencia real; pide a la Comisión, en este sentido, que examine en el marco del Semestre Europeo la cofinanciación regional y nacional con cargo a los Fondos EIE y la manera en que repercute sobre los déficits nacionales;

31.  Pide que se intensifiquen las estrategias de especialización inteligente como una nueva vía para perseguir la inversión en el potencial de crecimiento a largo plazo en el contexto de una evolución tecnológica rápida y de la globalización; reconoce la utilidad de las condiciones ex ante, si bien subraya que en algunos casos han constituido un factor de complejidad y de retraso en la elaboración y el inicio de la programación; toma nota de las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre las condiciones ex ante en su Informe Especial 15/2017; pide a la Comisión que estudie la posibilidad, en su caso, de reducir su número y que refuerce, en este ámbito, los principios de proporcionalidad y subsidiariedad aprovechando al máximo los documentos estratégicos existentes que puedan cumplir las condiciones ex ante en el futuro; destaca que las condiciones ex ante deben estar estrechamente relacionadas con la utilización efectiva de las inversiones, velando al mismo tiempo por la igualdad de trato de todos los Estados miembros;

32.  Observa que la calidad y la estabilidad de la administración pública, para las que se requieren una educación y formación de calidad y un asesoramiento disponible a nivel local, siguen siendo un factor decisivo para el crecimiento regional y la eficacia de los Fondos EIE; hace hincapié en la necesidad de mejorar la calidad de la gobernanza y de velar por que se disponga de un nivel de asistencia técnica suficiente, ya que ello puede afectar en gran medida a la correcta aplicación de la política de cohesión y puede variar considerablemente en los Estados miembros, lo que resulta especialmente patente, por ejemplo, en las regiones menos desarrolladas; pide a la Comisión, en particular, que evalúe el futuro programa JASPERS al hilo de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo;

33.  Se muestra favorable a una evolución de la política de cohesión más orientada hacia los resultados y más centrada en el contenido, pasando de una lógica contable a una lógica de rendimiento y dejando a las autoridades de gestión más flexibilidad en cuanto a la manera de alcanzar los objetivos, respetando al mismo tiempo los principios de asociación, transparencia y rendición de cuentas, entre otros;

34.  Considera imprescindible seguir luchando contra el fraude y aboga a favor de una tolerancia cero frente a la corrupción;

Una política de cohesión simplificada

35.  Insta a la Comisión a que tenga en cuenta las recomendaciones del Grupo de alto nivel en sus futuras propuestas legislativas;

36.  Insiste en la necesidad de ofrecer un marco que garantice la estabilidad jurídica mediante unas normas simples, claras y previsibles, en especial en materia de gestión y de control, con vistas a garantizar un equilibrio adecuado entre los objetivos de rendimiento y los objetivos de simplificación; pide, para el próximo período de programación, que se reduzca el volumen del código normativo y el número de directrices (con prudencia, con el fin de ofrecer, en estrecha colaboración con las partes interesadas, la necesaria continuidad de los procedimientos y normas, con los que están familiarizados los interesados y las autoridades encargadas de la gestión); pide que se garantice la traducción de los documentos pertinentes a todas las lenguas de la Unión y se prohíba, en la medida de lo posible, toda aplicación o interpretación retroactiva de las normas; aboga por unas directrices y un marco jurídico unificados sobre los proyectos transfronterizos;

37.  Recalca, al mismo tiempo, la necesidad de evitar el exceso de reglamentación y de velar por que los programas operativos resulten auténticos documentos estratégicos más sucintos y flexibles y prevean un procedimiento simplificado para su modificación concreta durante la fase de programación, por ejemplo en caso de catástrofes naturales, con el fin de adaptarse adecuadamente a una realidad mundial y una demanda regional cambiantes;

38.  Aboga por la creación de un auténtico código normativo único para los Fondos EIE, incluida una mayor armonización de las normas comunes para los instrumentos que contribuyen al mismo objetivo temático; considera necesario racionalizar los procedimientos de contratación con cargo a los Fondos y acelerar los procedimientos de ayuda estatal que requieran el cumplimiento; manifiesta su apoyo a un trato más homogéneo y coherente de los fondos europeos en régimen de gestión directa y los fondos de la política de cohesión en lo relativo a las ayudas estatales y, más en general, a unas normas armonizadas para los dispositivos europeos destinados a los mismos beneficiarios; destaca la importancia de mejorar la complementariedad entre la política de cohesión y el futuro programa de investigación de la Unión a fin de cubrir el ciclo completo, de la investigación fundamental a las aplicaciones comerciales; considera que la concentración temática debe mantenerse con el fin de permitir sinergias entre las diferentes fuentes de financiación a nivel de los proyectos;

39.  Toma nota de la creación de un grupo de trabajo sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad, y espera de este grupo propuestas concretas para reforzar estos dos principios en el marco de la política de cohesión; aboga por que se garantice la aplicación de estos principios con vistas a una gobernanza multinivel real, que requiere una capacitación adecuada de las autoridades locales y regionales, así como de otras partes interesadas;

40.  Lamenta que la Comisión no haya realizado una evaluación más integrada de las políticas transversales y que no se conozcan sinergias entre las distintas políticas europeas; solicita unas estrategias, financiaciones y acciones ambiciosas que incrementen las sinergias con otros fondos de la Unión y atraigan apoyos financieros complementarios; hace hincapié en la necesidad de optimizar en mayor medida las sinergias entre los Fondos EIE y otros instrumentos, en particular el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), así como con los demás programas gestionados de manera centralizada, como Horizonte 2020, que se complementa con la política de cohesión a la hora de promover la investigación y la innovación;

41.  Pide que las exigencias en materia de programación, aplicación y control de los Fondos EIE en el futuro se basen en los principios de diferenciación y proporcionalidad, en criterios equitativos y transparentes y en función del importe de los programas, del perfil de riesgo, de la calidad de la ejecución administrativa y del importe de la contribución del beneficiario;

42.  Considera necesario que la relación entre la Comisión y las autoridades de gestión avance hacia un «contrato de confianza»; recuerda, en este contexto, la importancia de contar con un marco de gobernanza multinivel adecuado y operativo; pide a la Comisión que valore el trabajo ya realizado en la buena gestión de los fondos públicos, introduciendo el principio de una certificación de las autoridades de gestión que hayan demostrado su capacidad de respetar la normativa; propugna, en lo relativo al control, basarse aún más en la normativa nacional y regional, siempre que se haya comprobado y validado su eficacia;

43.  Pide que se refuerce el principio de auditoría única, se acelere la aplicación de la cohesión electrónica y se generalice el uso de costes simplificados y normalizados, ya que ello ha resultado más fácil de aplicar y no ha dado lugar a errores; destaca el potencial de la digitalización en lo que se refiere a las actividades de supervisión y presentación de informes; opina que debe facilitarse el intercambio de conocimientos técnicos mediante la creación de un portal para compartir conocimientos con el fin de intercambiar buenas prácticas;

44.  Pide a la Comisión que presente ideas acerca del modo en que la política de cohesión puede reaccionar mejor ante los acontecimientos imprevistos y recuerda, en este sentido, su solicitud de creación de una «reserva» que pueda dotar de flexibilidad adicional a las regiones sin poner en peligro las metas a largo plazo de los programas operativos;

Retos y oportunidades

45.  Expresa su honda preocupación ante los escenarios presentados recientemente por la Comisión sobre posibles recortes presupuestarios a la política de cohesión en el próximo MFP que podrían comportar la exclusión de numerosas regiones de la política de cohesión; aboga por un presupuesto ambicioso que esté a la altura de los retos y pide que no se convierta la política de cohesión en una variable de ajuste; recuerda que la cobertura de todas las regiones de la Unión es un elemento no negociable para el Parlamento Europeo; subraya que la teoría de los «grupos de desarrollo económico» confirma la importancia de un apoyo diferenciado al conjunto de regiones europeas, incluidas las regiones con rentas muy elevadas, que deben seguir siendo competitivas frente a sus competidores mundiales;

46.  Estima que la política de cohesión puede contribuir a responder a los nuevos desafíos, tales como la seguridad o la integración de los refugiados bajo protección internacional; subraya, sin embargo, que no puede esperarse que la política de cohesión resuelva todas las crisis, y se opone al uso de los fondos de la política de cohesión para cubrir las necesidades financieras a corto plazo fuera del ámbito de esta última, recordando que su objetivo es el desarrollo socioeconómico de la Unión a medio y largo plazo;

47.  Toma nota de los resultados positivos del FEIE, que, no obstante, debe realizar inversiones aún más transparentes y específicas; subraya que la política de cohesión y el FEIE se basan en distintos conceptos y objetivos que, en determinados casos, pueden ser complementarios pero no intercambiables, independientemente del grado de desarrollo de las regiones, especialmente porque el FEIE, a diferencia de los Fondos Estructurales, se basa ante todo en la concesión de préstamos; recuerda la importancia de establecer una diferenciación adecuada entre el FEIE y la política de cohesión, así como de definir oportunidades claras para su combinación;

48.  Reitera su adhesión a un periodo de programación a largo plazo; considera que la única alternativa viable a la duración actual de 7 años es un MFP de 5+5 años, con una revisión intermedia; pide a la Comisión que elabore una propuesta en la que se definan claramente las modalidades para la aplicación práctica de un marco financiero de 5+5 años;

49.  Pide hacer todo lo posible para evitar retrasos en la programación para el nuevo periodo con el fin de evitar demoras en los pagos y liberaciones que obstaculicen los resultados positivos de la política de cohesión; resalta la importancia de presentar a tiempo todos los documentos del futuro marco jurídico en todas las lenguas oficiales, de modo que los beneficiarios dispongan de una información correcta y rápida;

50.  Insta a mejorar la comunicación con los ciudadanos europeos, de modo que aumente la sensibilización del público acerca de los logros específicos de la política de cohesión; pide a la Comisión que valorice el papel de las autoridades de gestión y los promotores de proyectos que se sirven de una comunicación de proximidad innovadora para informar a los ciudadanos sobre los resultados de la utilización de los fondos en los territorios; destaca que conviene mejorar la información y la comunicación no solo en fases avanzadas (logros de los Fondos EIE) sino también en fases tempranas (posibilidades de financiación), en especial con los pequeños promotores de proyectos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen mecanismos y plataformas institucionalizadas amplias para la cooperación a fin de conseguir una mejor visibilidad y concienciación;

51.  Indica que determinadas regiones europeas se encuentran especialmente expuestas a las consecuencias del Brexit; subraya que la futura política de cohesión deberá limitar al máximo las repercusiones negativas del Brexit para otras regiones europeas y aboga por estudiar la posibilidad de mantener las asociaciones en el marco de la cooperación territorial;

°

°  °

52.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1)

DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.

(2)

DO L 347 de 20.12.2013, p. 289.

(3)

DO L 347 de 20.12.2013, p. 470.

(4)

DO L 347 de 20.12.2013, p. 281.

(5)

DO L 347 de 20.12.2013, p. 259.

(6)

Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de diciembre de 2015 – Parlamento Europeo/ Consejo de la Unión Europea, Asuntos acumulados C-132/14 a C-136/14, ECLI:EU:C:2015:813.

(7)

Doc. 8463/17.

(8)

Doc. 14263/17.

(9)

Iammarino, S., Rodríguez-Pose, A., Storper, M. Why Regional Development Matters for Europe’s Economic Future (¿Por qué el desarrollo regional es importante para el futuro económico de Europa?). Documento de trabajo 07/2017, Dirección General de Política Regional y Urbana, Comisión Europea.

(10)

CDR 1814/2016.

(11)

DO C 303 de 19.8.2016, p. 94.

(12)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0308.

(13)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0307.

(14)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0211.

(15)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0222.

(16)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0320.

(17)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0321.

(18)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0053.

(19)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0254.

(20)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0245.

(21)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0316.

(22)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0401.

(23)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0067.

(24)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0075.

(25)

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-dbadee96f5fb

(26)

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-adcea3cc347a


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea presentará cada tres años un informe de cohesión «sobre los avances realizados en la consecución de la cohesión económica, social y territorial (...)».

La Comisión Europea publicó el séptimo informe sobre la cohesión el 9 de octubre de 2017, es decir algunos meses antes de su propuesta relativa al próximo marco financiero plurianual, así como sus propuestas sobre el marco normativo para los Fondos Estructurales y de Inversión más allá de 2020.

En este contexto, el ponente desea extraer lecciones del informe publicado por la Comisión y traducirlas en propuestas concretas para la futura política de cohesión.

En un momento en que se hace hincapié acertadamente en la idea de «valor añadido europeo», el ponente considera que este se traduce, en primer lugar, en la capacidad de la política de cohesión de acercar la Unión a sus ciudadanos, gracias a una ejecución más cercana al terreno y el principio de subsidiariedad, que debe reforzarse. La política de cohesión debe encarnar también el rostro de una Europa concreta y útil en nuestros territorios.

En el texto de la Comisión se explica también que los efectos de la globalización, la migración, la pobreza y la falta de innovación, el cambio climático, la transición energética y la contaminación no se limitan a las regiones menos desarrolladas. El ponente comparte esta apreciación y considera, por tanto, que es indispensable que la futura política de cohesión siga cubriendo todas las regiones europeas a través de un presupuesto a la altura de los retos.

Si bien todas las regiones deben quedar cubiertas, en el informe de la Comisión se muestra claramente hasta qué punto los territorios y sus necesidades difieren dentro de la Unión. En este contexto, la dimensión territorial de la política de cohesión debe reforzarse para garantizar un enfoque a medida que permita responder mejor a las dificultades de cada territorio, ya sea urbano, periurbano, rural, insular, montañoso o incluso fronterizo. La situación económica y social estructural particular de las regiones ultraperiféricas debe dar lugar, tal como se prevé en los Tratados, a medidas específicas que deben mejorarse y adaptarse cada vez que sea necesario.

Aunque el séptimo informe sobre la cohesión muestra que las desigualdades regionales siguen reduciéndose, de él se deduce también que la situación varía según los territorios, pues algunas disparidades se mantienen, se desplazan o aumentan entre las regiones o dentro de estas.

En este sentido, una de las principales aportaciones del séptimo informe sobre la cohesión tiene que ver, en opinión del ponente, con la detección de algunos territorios que se encuentran en una «trampa de renta media» que corren el riesgo de descolgarse. Estos territorios no experimentan el mismo crecimiento que las regiones de renta baja y las regiones con rentas muy elevadas, debido a los costes demasiado elevados en relación con las primeras y los sistemas de innovación débiles en relación con las segundas.

Para responder a esta situación, es necesario que la política de cohesión, en el futuro, no solo reduzca las diferencias sino que también fomente la resiliencia y prevenga que los territorios frágiles se descuelguen, teniendo más en cuenta las tendencias y dinámicas.

Finalmente, en el informe de la Comisión se pone de relieve la existencia de bolsas de pobreza, el riesgo de fragmentación territorial y la ampliación de las disparidades subregionales, también en regiones relativamente prósperas. Se trata de una cuestión que debe ser objeto de una atención especial, por ejemplo mediante la creación de un objeto territorial integrado junto a los objetivos temáticos.

En cuanto a los ámbitos de intervención, el ponente es favorable a una fuerte concentración temática en un número reducido de prioridades que correspondan a los grandes objetivos políticos europeos, dejando a las autoridades de gestión la tarea de elaborar sus estrategias territoriales de acuerdo con sus necesidades. Así pues, el empleo, la innovación, el apoyo a las pymes, la lucha contra el cambio climático y la economía circular deben ser los ámbitos de intervención prioritarios de la futura política de cohesión.

Para responder a estos retos, es necesario tener en cuenta indicadores complementarios del PIB por habitante a la hora de asignar los fondos. Estos indicadores deben estar en consonancia con los objetivos y los retos detectados, en primer lugar en lo relativo al empleo; por ello el ponente defiende tomar en consideración indicadores sociales, en especial los índices de desempleo y de desempleo juvenil.

Aunque el ponente comparte la ambición de reforzar la dimensión social de la Unión y apoya una mejor coordinación de los instrumentos que contribuyen a ello, considera que el Fondo Social Europeo debe seguir formando parte integral de la política de cohesión, pues este Fondo posee una dimensión territorial indiscutible. Dar prioridad a la visibilidad por encima de la eficacia separándolo de la política de cohesión supondría un error estratégico.

Por su justificación, consagrada en los Tratados, el ponente opina que la política de cohesión no está concebida para limitarse a ser un instrumento al servicio de prioridades sin relación con sus objetivos y no debe utilizarse como un instrumento de castigo. Estima, no obstante, que es legítimo crear un vínculo entre la política de cohesión y la garantía de un entorno favorable a la inversión, a la eficacia y a la buena utilización de los fondos.

A este respecto, considera necesario debatir sin tabúes la cuestión del vínculo entre la cohesión y la convergencia social y fiscal, en la medida en que esta convergencia contribuye al objetivo de cohesión mejorando al mismo tiempo el funcionamiento del mercado único. A la inversa, las prácticas divergentes en la materia pueden ser contrarias al objetivo de cohesión y pueden hacer que aquellos territorios que se quedan atrás o son más vulnerables, por ejemplo los territorios en la trampa de renta media descritos en el informe de la Comisión, queden aún más expuestos a la globalización.

En cuanto a los modos de financiación, deben fomentarse los instrumentos financieros puesto que poseen un valor añadido, si bien debe simplificarse su utilización. Por otra parte, las autoridades de gestión deben poder determinar libremente el modo de financiación más adecuado; por este motivo, debe evitarse recurrir a cualquier objetivo vinculante en materia de uso de instrumentos financieros.

Por último, el ponente considera que la simplificación debe ser un objetivo central de la reforma de la política de cohesión. En un momento en que muchos beneficiarios potenciales no se interesan por la financiación europea, la credibilidad de la acción europea está en juego. Para lograrlo, será necesario acabar con la proliferación de normas que han resultado ilegibles. También se trata de ofrecer un auténtico código normativo único para los distintos fondos y garantizar un tratamiento homogéneo de los fondos en régimen de gestión directa y de los fondos de la política de cohesión, en especial en cuanto a las ayudas de Estado. Finalmente, será necesario demostrar pragmatismo haciendo que las exigencias en materia de programación y de control se basen, en el futuro, en los principios de diferenciación y proporcionalidad, sobre todo en función de la calidad de la ejecución administrativa y del importe de los programas.


OPINIÓN de la Comisión de Presupuestos (21.3.2018)

para la Comisión de Desarrollo Regional

sobre el refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea: séptimo informe de la Comisión Europea

(2017/2279(INI))

Ponente de opinión: Younous Omarjee

SUGERENCIAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Destaca el papel fundamental que desempeña la política de cohesión en la consecución de la convergencia económica, social y territorial de la Unión y en la realización de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas; manifiesta su preocupación, sin embargo, por la persistencia de desigualdades entre regiones ricas y pobres y por el aumento de las disparidades socioeconómicas, en términos de ingresos y de acceso a la salud, entre las diferentes categorías sociales de ciudadanos; expresa su preocupación por el empobrecimiento general de numerosas regiones, en particular las regiones en transición, desde la crisis financiera de 2008; destaca el potencial de la política de cohesión para la adaptación de las economías europeas a la revolución tecnológica, de manera que estas puedan reaccionar ante el envejecimiento de la población y hacer frente a la apertura de los mercados europeos y mundiales; insiste en que las inversiones en las nuevas tecnologías, la modernización, las nuevas competencias y el conocimiento, la innovación, y la investigación y el desarrollo, que ayudarán a las regiones menos desarrolladas a progresar en la cadena de valor, deben ser apoyadas enérgicamente por la política de cohesión; subraya que ni los objetivos ni la financiación, con cargo al presupuesto de la Unión, de la política de cohesión pueden reducirse en ningún caso; subraya que la política de cohesión debe seguir beneficiando a todas las regiones;

2.  Constata las carencias del sistema de planificación y ejecución financiera, que han llevado a retrasos en las solicitudes de pago y en los pagos y a la acumulación de facturas pendientes de pago, en contra del espíritu de los Tratados; manifiesta su preocupación por los retrasos considerables en la adopción de los programas operativos y en la designación de las autoridades de gestión, de pago y de certificación en el marco de la política de cohesión, que se han visto agravados por la conclusión tardía de las negociaciones sobre el marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020 y la adopción tardía de los reglamentos sobre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y que han generado un porcentaje de absorción muy reducido de la política de cohesión en el actual período de programación, lo que penaliza ante todo a los propios organizadores de los proyectos; pide, en este contexto, que se profundice la simplificación iniciada en el marco de la revisión del Reglamento Financiero(1) vigente desde el 1 de enero de 2016, concretamente centrando la atención en los controles ex post, armonizando los procedimientos e introduciendo una mayor flexibilidad en el próximo MFP; subraya que el nivel de créditos de pago debe corresponderse al menos con los compromisos adquiridos; toma nota, por otra parte, de las recomendaciones del Grupo de alto nivel de expertos independientes sobre el seguimiento de la simplificación para los beneficiarios de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos;

3.  Constata la enorme diferencia que se registra cada año entre los pagos estimados y los pagos reales del presupuesto de la Unión para la política de cohesión, y pide a la Comisión que defina una metodología para planificar mejor la ejecución del presupuesto de la Unión en estrecha colaboración con los Estados miembros; insiste en que la creación de un sistema de cohesión electrónica, en el que los Estados miembros puedan introducir datos sobre las carteras de proyectos y sobre los planes de contratación pública, con fechas previstas y reales para los procedimientos de licitación, adjudicación y ejecución, así como todos los datos financieros y contables relativos a las facturas, la cofinanciación, la admisibilidad del gasto, etc., aportaría una importante contribución a una gestión y una supervisión más adecuadas de la aplicación de la política de cohesión en los Estados miembros, y obtener unas estimaciones más exactas de los pagos con cargo al presupuesto de la Unión;

4.  Destaca que los instrumentos financieros en la política de cohesión de la Unión no deberían sustituir las subvenciones y ayudas directas y deberían diseñarse como instrumentos complementarios que aumentan el alcance del proyecto o el ámbito en que los proyectos generan ingresos; subraya, en este contexto, que los Fondos EIE y el FEIE adoptan enfoques diferentes y que la cooperación entre estos dos fondos podría ser beneficiosa para los proyectos a gran escala, pero indica que estos vínculos no deben en modo alguno ir en detrimento de la coherencia estratégica, la concentración territorial y las perspectivas a largo plazo de los programas de la política de cohesión;

5.  Insta a que las propuestas legislativas para el próximo MFP se presenten lo antes posible, a fin de evitar retrasos en la programación del próximo período; considera que los límites máximos de la política de cohesión deberían estar en el mismo nivel para la UE-27 en el próximo período de programación, aumentándose en mayor medida su eficacia y simplificándose los procedimientos relacionados con ella para que la Unión disponga por fin de todos los medios financieros correspondientes a los objetivos y prioridades requeridos por los Tratados; señala que la política de cohesión protege a los ciudadanos de la Unión de algunos efectos nefastos de la globalización, brinda ayuda financiera a las pymes, apoya los proyectos de investigación y cooperación, y fomenta la participación en acciones que tienen como fin desarrollar el capital humano, y que, por ello, debe seguir siendo fuerte, eficaz y visible para los ciudadanos;

6.  Subraya el vínculo entre la calidad de la gobernanza y el éxito de la inversión pública y privada, la innovación y el crecimiento; celebra el planteamiento holístico adoptado en el séptimo informe de la Comisión sobre la cohesión económica, social y territorial, y pide que estos puntos se tengan plenamente en cuenta en los fondos de cohesión futuros;

7.  Considera que la política de cohesión económica, social y territorial debe seguir beneficiando a todas las regiones de la Unión y, en particular, a las regiones con mayor retraso de desarrollo y a las regiones ultraperiféricas y que, dentro de las regiones más desarrolladas, debe beneficiar a las zonas periféricas, a las zonas afectadas por la pobreza y a las menos atractivas en términos de desarrollo y de oportunidades de empleo, favoreciendo, en particular, la ayuda a las infraestructuras que permitan romper el aislamiento;

8.  Pide una mayor coherencia entre la política de cohesión y las demás políticas de la Unión que, al igual que en el caso de los acuerdos comerciales, socavan los esfuerzos realizados por la política regional para alcanzar el objetivo de convergencia en el seno de la Unión;

9.  Insiste en la necesidad de proseguir y de reforzar la política de cohesión en el próximo período de programación del MFP; se opone a las tentativas de reducir el presupuesto o de falsear la política regional, que sigue siendo la única gran política de solidaridad de la Unión.

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

21.3.2018

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

29

4

0

Miembros presentes en la votación final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Suplentes presentes en la votación final

Jean-Paul Denanot, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Explicación de los signos utilizados

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones

(1)

DO L 286 de 30.10.2015, p. 1.


OPINIÓN de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (22.3.2018)

para la Comisión de Desarrollo Regional

sobre el refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea: séptimo informe de la Comisión Europea

(2017/2279(INI))

Ponente de opinión: Marita Ulvskog

SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A.  Considerando que, aunque el desempleo y el desempleo juvenil en la Unión han disminuido gradualmente desde 2013, siguen situándose por encima del nivel de 2008, en un 7,3 % y un 16,1 % respectivamente (diciembre de 2017)(1), y que se observan diferencias considerables entre los Estados miembros y dentro de estos, en especial en algunos de los Estados miembros más afectados por la crisis financiera; que las disparidades regionales han comenzado a disminuir; que la diferencia entre las tasas de desempleo de los Estados miembros sigue siendo significativa, ya que oscilan desde un 2,4 % en la República Checa o un 3,6 % en Alemania a un 16,3 % en España o un 20,9 % en Grecia, según las cifras más recientes(2); que el desempleo oculto —personas desempleadas dispuestas a trabajar pero que no buscan activamente empleo— se situó en 2016 en el 18 %;

B.  Considerando que el desempleo de larga duración persiste y que, en algunos Estados miembros, supone más del 50 % del desempleo total, mientras que en el conjunto de la Unión representa el 45,6 %, y en la zona del euro, el 49,7 %; que la tasa de desempleo solo registra a las personas que no tienen empleo y que han hecho una búsqueda activa de empleo en las últimas cuatro semanas, mientras que la tasa de desempleo de larga duración solo cuantifica la proporción de población económicamente activa, de entre 15 y 74 años de edad, que ha estado desempleada durante doce meses o más;

C.  Considerando que la tasa de empleo en la Unión ha aumentado durante cuatro años consecutivos y que actualmente alcanza el 72,3 %, superando así la cifra de 2008, aunque sigue situándose por debajo de su nivel anterior a la crisis en algunos Estados miembros(3); que, aunque continúan existiendo marcadas diferencias en la tasa de empleo media entre las regiones más desarrolladas y las menos desarrolladas, así como dentro de ellas, las disparidades regionales han comenzado a disminuir; que las tasas de empleo oscilan desde niveles muy por debajo de la media de la Unión en determinados Estados miembros, con un 58 % en Grecia, un 64 % en Croacia, un 63 % en Italia o un 66 % en España, hasta más del 75 % en los Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, República Checa, Estonia, Lituania, Letonia, Austria y Suecia(4); que el empleo medido en términos de horas trabajadas por empleado sigue estando un 3 % por debajo de los niveles anteriores a la crisis en la Unión, y un 4 % en la zona del euro(5); que el empleo de los jóvenes suele revestir cada vez más formas atípicas y no convencionales(6); que debe denunciarse el abuso de los contratos a tiempo parcial;

D.  Considerando que, aunque en muchas regiones menos desarrolladas se haya producido una convergencia del PIB per cápita hacia la media de la Unión gracias a un crecimiento más rápido de la productividad, también se ha observado una pérdida de empleo; que, en varios Estados miembros, la renta bruta disponible de los hogares (RBDH) per cápita aún no ha recuperado los niveles anteriores a la crisis; que, en varios Estados miembros, el aumento de las desigualdades de ingresos no se ha invertido desde el inicio de la crisis y que, en algunos casos, incluso ha empeorado(7); que las diferencias en materia de desempleo y renta dentro del conjunto de la Unión incitan a las personas a trasladarse en busca de mejores oportunidades; que una evolución rápida y desequilibrada de la población, asociada a la fuga de talentos, acarrea complicaciones, sobre todo para las regiones rurales en la Europa de los Trece;

E.  Considerando que la reducción de las disparidades en el ámbito del empleo, seguida de una reducción de las disparidades en el PIB per cápita, es patente a escala regional en toda la Unión;

F.  Considerando que la brecha de empleo entre hombres y mujeres sigue superando los 10 puntos porcentuales (11,6 %) en la Unión, con una tasa de empleo del 76,9 % para los hombres y del 65,3 % para las mujeres, y que esta brecha es todavía mayor en el caso de las mujeres no nacidas en la Unión y de las mujeres gitanas;

G.  Considerando que, si bien el riesgo de pobreza o exclusión social en la Unión ha vuelto a descender hasta su nivel anterior a la crisis, continúa siendo excesivamente elevado, incluso en las regiones más desarrolladas, y se encuentra muy lejos de alcanzar el objetivo de la Estrategia Europa 2020 en materia de pobreza y exclusión social; que las desigualdades siguen aumentando; que en 2015 había 118,8 millones de personas con riesgo de pobreza o exclusión social, cifra superior en 1,7 millones a la de 2008 y que está lejos de alcanzar el objetivo de la Estrategia Europa 2020 de reducir en 20 millones el número de estas personas; que el índice de niños (de 0 a 17 años) con riesgo de pobreza o exclusión social era del 26,4 % en 2016, índice este más elevado que el de los adultos (24,2 % para la franja de 16 a 64 años) y superior en casi 10 puntos porcentuales al de las personas de edad avanzada (18,3 % para las personas de más de 65 años)(8); que el número de niños con riesgo de pobreza o exclusión social en Europa sigue siendo preocupadamente elevado, y que ascendió a 24,8 millones en 2016(9); que todos los Estados miembros de la Unión se han adherido a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, entre los que se halla el objetivo de «poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo»;

H.  Considerando que el principal objetivo de la política de cohesión es fortalecer la cohesión económica, social y territorial, reduciendo para ello las disparidades regionales tanto dentro de los Estados miembros como entre estos, mejorando el bienestar de los ciudadanos de la Unión y proporcionándoles las mismas oportunidades independientemente de su lugar de residencia; que la política de cohesión ha desempeñado un papel importante a la hora de hacer frente a los efectos de la crisis económica y social de los últimos años, proporcionando oportunidades muy necesarias para la inversión pública; que, en el período financiero actual, se espera que la política de cohesión contribuya a apoyar a 1,1 millones de pymes, a ayudar a que 7,4 millones de desempleados encuentren empleo y a que 8,9 millones de personas adquieran nuevas cualificaciones, así como a invertir 16 000 millones EUR en la economía digital y a realizar inversiones sustanciales en infraestructuras sociales;

I.  Considerando que las disparidades infrarregionales van en aumento, y ello incluso en las regiones más prosperas en las que existen bolsas de pobreza; que las regiones más prósperas son un importante motor en favor del crecimiento;

J.  Considerando que la Comisión y los Estados miembros tienen que demostrar un compromiso más firme para con la aplicación de los artículos 174 y 175 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE);

1.  Destaca que la política de cohesión es la base para mejorar la convergencia social al alza y la prosperidad compartida en la Unión, y que debería centrarse en los principales retos sociales como son las condiciones de vida, el desempleo, la precariedad, la pobreza, la exclusión, la discriminación, la migración y el cambio climático; opina que la política de cohesión, en cuanto principal política de inversión pública de la Unión en estos objetivos, debería mantenerse, como mínimo, en un nivel presupuestario similar en el futuro marco financiero plurianual (MFP);

2.  Hace hincapié en la necesidad de incrementar sustancialmente el Fondo Social Europeo (FSE), que es el principal instrumento de la Unión para la cohesión social y la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, incluidas la integración y reintegración de los trabajadores en el mercado laboral, y que sirve asimismo para apoyar las medidas en favor de la inclusión social, la lucha contra la pobreza y las desigualdades, y la creación de oportunidades iguales, al tiempo que señala que la financiación destinada a la lucha contra la pobreza y la exclusión social debería mantenerse en el 20 %; considera que un escenario en el que el FSE se diluyera en un único fondo de inversión social constituiría una amenaza a la integridad de la política de cohesión, cuyo objetivo de cohesión social, consagrado en los Tratados, se alcanza principalmente mediante fondos procedentes del FSE; subraya que el FSE debe seguir siendo, por consiguiente, una parte integral de la política de cohesión para garantizar que el nuevo enfoque de la Unión en la Europa social pueda realizarse sobre el terreno;

3.  Opina que el índice de progreso social de las regiones de la Unión debería evaluarse como un posible complemento del indicador del PIB, dado que el aumento del PIB per cápita no se corresponde con un aumento equivalente del empleo en todas las regiones y no resulta suficiente por sí mismo para medir los nuevos tipos de desigualdades entre regiones de la Unión, y dado que el crecimiento económico no influye en ciertos factores de progreso social ni en la inclusión; pide a la Comisión que tenga asimismo en cuenta la utilización de nuevos criterios sociales para determinar la asignación de la financiación de la Unión a objetivos temáticos con una dimensión social, y que integre mejor la política de cohesión en los actuales ámbitos de actuación de la Unión; considera que los indicadores sociales pueden utilizarse como una herramienta de evaluación ex post para estimar el éxito de la financiación de la Unión en la consecución de mejores resultados sociales;

4.  Recuerda que la inversión pública en la Unión sigue por debajo de los niveles anteriores a la crisis, lo que conlleva que las regiones y los Estados miembros necesiten más apoyo para hacer frente a los desafíos presentes y futuros; opina que, dado el crecimiento de las divergencias sociales en la Unión, la estrategia de inversión social debe ser el núcleo de un marco político coherente, con un marco de gobernanza de la Unión y un presupuesto ajustados a la obligación de inversión social; subraya que esta clase de inversiones con resultados a largo plazo es clave para la futura competitividad de las regiones de la Unión;

5.  Toma nota de los datos ofrecidos en el Séptimo informe sobre la cohesión, que muestran indicios de mejora general en la situación social, aunque señala asimismo las divergencias sociales aún existentes entre Estados miembros, agravadas debido al impacto nocivo de la crisis económica y a los años de medidas de austeridad; observa con preocupación que, a pesar de los indicios positivos, el riesgo de pobreza o de exclusión social sigue siendo un desafío fundamental así como, junto con un aumento de las desigualdades en muchos Estados miembros, uno de los principales desafíos de la cohesión social;

6.  Considera que la vinculación de la programación de la política de cohesión con objetivos cuantificables de la Estrategia Europa 2020, como la reducción de la pobreza, fue uno de los principales logros del período de programación 2014-2020; considera que el principal objetivo de la Estrategia Europa posterior a 2020 debe ser contribuir a la cohesión económica, social y territorial en la Unión, sobre la base de los objetivos de desarrollo sostenible adoptados a escala internacional;

7.  Reitera la necesidad de reforzar el presupuesto de la Unión sobre la base de contribuciones nacionales que tengan en cuenta la renta nacional bruta, con el fin de fomentar la inversión pública para apoyar a los sectores productivos nacionales, contribuir a la reducción de las múltiples dependencias estructurales, promover el empleo con derechos y unos servicios públicos de calidad, y aprovechar plenamente el potencial global de los Estados miembros;

8.  Afirma que algunas de las divergencias sociales y desequilibrios en materia social y de empleo más importantes en Europa, como la segmentación del mercado laboral, la dispersión salarial y la pobreza infantil, no solo no se han solucionado, sino que han empeorado, lo que demuestra la insuficiencia de las políticas públicas a nivel nacional y de los mecanismos europeos para crear una cohesión social más fuerte y un mercado laboral europeo más justo; destaca que son necesarias políticas más firmes e integrales a escala de la Unión para complementar los esfuerzos realizados actualmente por los Estados miembros; subraya la necesidad apremiante de instaurar una flexibilidad fiscal para apoyar la inversión social en derechos sociales, así como de integrar de forma efectiva a todos los niveles todos los principios consagrados en el pilar europeo de derechos sociales;

9.  Resalta la importancia de la compatibilidad entre la vida familiar y profesional para el avance económico y la cohesión de todas las regiones;

10.  Lamenta la lentitud que se registra en la aplicación de los programas del período 2014-2020, con solo el 39 % del total de la financiación asignado en julio de 2107(10); considera necesario acelerar su aplicación, suavizar la transición entre los períodos de programación, establecer unos objetivos, índices de referencia e indicadores de resultado claros, proceder a una verdadera simplificación y desarrollar las capacidades;

11.  Señala, en este contexto, la sugerencia planteada en el documento de reflexión de la Comisión sobre el futuro de las finanzas de la UE(11), según la cual la coherencia podría mejorarse mediante un código normativo único para la política de cohesión y otros instrumentos de financiación con programas o proyectos del mismo tipo, lo que garantizaría una mayor complementariedad entre la política de cohesión y el gasto en innovación e infraestructuras, y supondría una simplificación para los beneficiarios; cree que una aplicación de los fondos más eficiente y flexible será fundamental en el nuevo MFP;

12.  Considera necesario contar con la participación de las autoridades regionales y opina que, antes de vincular los fondos sociales a las prioridades políticas consensuadas con los Estados miembros en marco del Semestre Europeo, deben introducirse modificaciones en los indicadores que reflejan el progreso social en la política de cohesión; subraya que los informes por país y las recomendaciones específicas por país no pueden convertirse en los únicos documentos de referencia para la programación de las inversiones de la Unión sobre el terreno, especialmente la inversión social;

13.  Pide a la Comisión que ponga en marcha políticas destinadas a luchar contra el declive demográfico y la dispersión de la población; destaca que una de las prioridades de la política de cohesión debería ser la atención a las regiones afectadas por el declive demográfico; solicita, por consiguiente, una inversión estratégica en esas regiones, en especial en el acceso de banda ancha, con vistas a mejorar su competitividad, la industria y la estructura territorial;

14.  Recuerda que el principio de proporcionalidad debe prevalecer en la gestión y el control de los programas de cohesión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que exploren un posible sistema de solicitud en línea que favorezca la racionalización de los procedimientos administrativos por parte de los gestores de proyectos;

15.  Subraya que, de los numerosos desafíos que afrontarán las regiones europeas en los próximos años, la inclusión social, la pobreza, el desempleo y las desigualdades, tanto dentro de las regiones como entre estas, tienen una especial relevancia para la política de cohesión; recuerda que las desigualdades ponen en peligro el futuro del proyecto europeo, socavan su legitimidad y pueden mermar la confianza en la Unión como motor del progreso social, y que la reducción de las desigualdades debe ser una de las principales prioridades de la Unión, tal y como ha declarado recientemente el Parlamento; considera esencial mejorar el proceso de coordinación de políticas a escala nacional con el fin de supervisar, prevenir y corregir en mejor medida las tendencias negativas que pueden llevar a un aumento de las desigualdades y debilitar el progreso social o afectar negativamente a la justicia social, estableciendo para ello medidas preventivas y correctivas cuando sea necesario; subraya que, para abordar de forma efectiva la pobreza y la exclusión social dentro de las comunidades, es necesario un enfoque ascendente, ya que estas cuestiones requieren una respuesta a medida y la participación activa del nivel de gobierno directamente afectado;

16.  Considera que el potencial de creación de empleo de los fondos de la Unión es todavía insuficiente, por lo que debería reforzarse en mayor medida mediante la elaboración y ejecución de políticas más eficaces y basadas en los resultados, respaldadas por una asistencia técnica efectiva y centradas especialmente en sectores con perspectivas de futuro y con un potencial neto de creación de empleo de calidad, en particular la economía verde y circular, el sector de la asistencia y el sector digital; considera, asimismo, que debería facilitarse el acceso a la financiación a todos los beneficiarios, en particular los agentes de la economía social, las pymes, las ONG, los municipios más pequeños y los trabajadores autónomos;

17.  Pide a los Estados miembros una mayor inversión en las capacidades que mejoran el crecimiento económico, reduciendo el déficit de trabajadores cualificados, la pobreza infantil y la exclusión social; pide a los Estados miembros que presten una mayor atención a las regiones rurales que no se han beneficiado suficientemente del crecimiento económico;

18.  Pide a los Estados miembros, en especial a aquellos con bajos niveles de productividad, que pongan en marcha o prosigan con las reformas estructurales para mejorar la competencia, el entorno empresarial y el potencial de capacidades;

19.  Reitera que es fundamental una contratación pública transparente para fomentar el desarrollo y la competencia leal; considera que la contratación pública es la forma más adecuada de lograr unas inversiones beneficiosas en términos medioambientales y sociales;

20.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que continúen impulsando iniciativas destinadas a reforzar el acceso a una educación y formación públicas inclusivas y de calidad, incluida la enseñanza superior, la educación y formación profesionales y el aprendizaje en el trabajo, así como la adquisición y actualización de capacidades, en especial las capacidades digitales, y el acceso a un empleo sostenible, inclusivo y de calidad, en particular en lo que a los jóvenes y a los trabajadores menos cualificados y de mayor edad se refiere; señala la importancia, a este respecto, de la Nueva Agenda de Capacidades para Europa, y en particular su iniciativa de «Itinerarios de mejora de las capacidades»; señala que los programas de formación financiados con cargo al FSE deberían adaptarse a las necesidades de los trabajadores y los desempleados, tomando al mismo tiempo en consideración las oportunidades del mercado laboral;

21.  Reitera su preocupación por la creciente tendencia hacia el subempleo y el desempleo encubierto, la cada vez mayor cronificación del desempleo de larga duración y el nivel de desempleo juvenil y del desempleo de larga duración; recuerda la importancia de invertir en planes que den prioridad a la reducción del desempleo de larga duración y que combinen la formación profesional con una orientación personalizada;

22.  Aboga por el refuerzo de las líneas presupuestarias que fomentan respuestas efectivas para la acogida e inclusión social de refugiados y migrantes;

23.  Subraya que la convergencia social y fiscal contribuye al objetivo de cohesión y que las prácticas divergentes en este ámbito podrían ocasionar problemas adicionales a los territorios más vulnerables a la globalización;

24.  Subraya la necesidad de mantener las escuelas e instituciones de enseñanza cerca del lugar de residencia y solicita políticas de ámbito nacional en este sentido que cuenten, de ser posible, con el respaldo de los Fondos Estructurales Europeos;

25.  Considera que los fondos de la Unión tienen que respetar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y que deberían seguir fomentando las alternativas a la atención residencial.

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓNEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

21.3.2018

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

34

6

5

Miembros presentes en la votación final

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Renate Weber

Suplentes presentes en la votación final

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Sergio Gutiérrez Prieto, Paloma López Bermejo, Ivari Padar, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Jytte Guteland

VOTACIÓN FINAL NOMINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber

EFDD

Laura Agea

PPE

Georges Bach, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Flavio Zanonato

Verts/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs

NI

Lampros Fountoulis

6

-

PPE

Jeroen Lenaers

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

5

0

PPE

Ádám Kósa

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius

Explicación de los signos utilizados

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones

(1)

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-dbadee96f5fb

(2)

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-adcea3cc347a

(3)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9051&furtherNews=yes, gráfico 14, p. 21.

(4)

Cifras extraídas de «Employment and Social Developments in Europe Quarterly Review» (Evolución social y del empleo en Europa, revisión trimestral), de febrero de 2018.

(5)

Proyecto de informe conjunto sobre el empleo de 2018, sección 1.1.

(6)

Proyecto de informe conjunto sobre el empleo de 2018, sección 3.2.1.

(7)

Proyecto de informe conjunto sobre el empleo de 2018, sección 3.4.1.

(8)

Proyecto de informe conjunto sobre el empleo de 2018, sección 1.2.

(9)

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171120-1

(10)

Comisión Europea, Séptimo informe sobre la cohesión económica, social y territorial, p. 175.

(11)

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_es.pdf, p. 24.


OPINIÓN de la Comisión de Cultura y Educación (20.3.2018)

para la Comisión de Desarrollo Regional

sobre el refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea: séptimo informe de la Comisión Europea

(2017/2279(INI))

Ponente de opinión: Mircea Diaconu

SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Considera que la cultura, la educación, la juventud y el deporte desempeñan un papel esencial a la hora de fomentar la cohesión social, así como en la configuración del futuro de la Unión, en particular con vistas a construir una comunidad de ciudadanos unidos en la diversidad por los lazos de la solidaridad, y tienen un enorme potencial, entre otras cosas, para generar valor añadido europeo y prosperidad económica en todas las regiones de la Unión, en particular en el marco de la política de cohesión;

2.  Recuerda la importancia de la cultura y del patrimonio cultural, en particular para la prosperidad económica de las ciudades y las regiones; pide, por tanto, a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para salvaguardar de forma efectiva el patrimonio cultural material e inmaterial, y que utilicen a tal fin todas las herramientas disponibles de la política de cohesión; recomienda considerar el patrimonio cultural como una prioridad horizontal para todos los pilares de la política de cohesión en la próxima generación de programas y tener en cuenta las recomendaciones emitidas durante el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 y sus resultados;

3.  Destaca la importancia de velar por la igualdad de oportunidades para las personas en desventaja física o geográfica, a fin de garantizar que tengan un acceso equitativo tanto a la cultura como a la educación;

4.  Subraya que las inversiones en cultura, educación, juventud y deporte mejoran de forma significativa la cohesión social en la Unión, en particular facilitando la integración social de los ciudadanos europeos;

5.  Reconoce la importancia de proteger el patrimonio natural y el patrimonio cultural, y de aprovechar su potencial como motores económicos;

6.  Lamenta que el séptimo informe de la Comisión sobre la cohesión económica, social y territorial no ponga de manifiesto las inversiones realizadas en el ámbito de la cultura y no haga ninguna referencia cuantitativa o cualitativa, desglosada por sectores, a los proyectos relacionados con la cultura, que representaron al menos 11 000 millones de euros del gasto de la política de cohesión para los periodos de programación 2007-2013 y 2014-2020, procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional;

7.  Señala que las políticas de cohesión y desarrollo rural de la Unión pueden contribuir decisivamente al fomento de la restauración del patrimonio cultural, mediante el apoyo a las industrias culturales y creativas y la financiación del desarrollo de las capacidades de los profesionales de la cultura;

8.  Subraya la importancia de la igualdad de acceso a la educación, la formación y las actividades culturales a la hora de alcanzar una auténtica convergencia y reducir las disparidades y desigualdades socioeconómicas entre las regiones europeas;

9.  Insta a la Comisión a que siga invirtiendo en cultura, educación, juventud y deporte, y a que tome como base los resultados positivos de las dos últimas generaciones de programas (2007-2013 y 2014-2020);

10.  Solicita la creación, en el próximo periodo de programación, de posibilidades de financiación de la cultura, la educación, la juventud y el deporte mediante objetivos temáticos específicamente definidos para la inversión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE);

11.  Destaca el potencial del sector cultural y creativo para el empleo juvenil; subraya que promover en mayor medida este sector y aumentar la inversión en él puede contribuir de manera significativa a mejorar la inversión, el crecimiento, la innovación y el empleo; pide, por tanto, a la Comisión que considere las oportunidades únicas que brinda el sector cultural y creativo en su conjunto, incluidas las ONG y las pequeñas asociaciones;

12.  Pide a la Comisión que incluya la cultura y la educación entre los objetivos prioritarios y estratégicos del próximo periodo de programación, ya sea como ámbitos principales o como dimensión transversal de las políticas de desarrollo regional;

13.  Pide a los Estados miembros que desarrollen, en el marco de la política de cohesión, estrategias a largo plazo y sostenibles en los ámbitos de la cultura, la educación, la juventud y el deporte, que puedan servir de base para las inversiones estratégicas durante el periodo de programación 2021-2027;

14.  Insiste en que los proyectos seleccionados deberían complementarse mutuamente y pide a la Comisión que aproveche plenamente las potenciales sinergias entre los Fondos EIE, los instrumentos financieros puestos a disposición por el Banco Europeo de Inversiones (Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, FEIE) y otros programas europeos presentados para el periodo de programación 2014-2020, en particular Erasmus+ y Europa Creativa, mejorando la información facilitada en toda la Unión y mediante una aplicación más decidida en los Estados miembros y sus regiones; resalta que las subvenciones no solo deben tener por objeto desarrollar las infraestructuras, sino también crear «agrupaciones culturales» que combinen varios ámbitos relacionados, como el patrimonio cultural, las industrias culturales y creativas, los programas de formación, el turismo cultural y la artesanía local;

15.  Pide que, en el próximo periodo de programación, se identifiquen acciones específicas y se concedan recursos para las infraestructuras materiales, como las incubadoras, las infraestructuras digitales (por ejemplo, la banda ancha), y las infraestructuras inmateriales para los establecimientos educativos, culturales y de investigación;

16.  Considera que las inversiones en cultura y educación en el marco de la política de cohesión después de 2020 deberían ser más eficientes y eficaces, tanto en lo que respecta a la calidad como a la cantidad de los proyectos ejecutados;

17.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen las alianzas para el conocimiento entre las universidades, los centros escolares, profesionales y de investigación y las entidades culturales, a fin de responder a la creciente demanda de nuevas competencias y reciclaje profesional en el sector cultural y creativo;

18.  Pide a la Comisión que incluya indicadores de calidad para las inversiones relacionadas con el patrimonio cultural en el Reglamento sobre disposiciones comunes revisado, como también exige la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, titulada «Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo»;

19.  Recuerda el papel que desempeñan las industrias culturales y creativas, y reitera su llamamiento a la Comisión para que haga de las industrias culturales y creativas una prioridad horizontal; señala que las regiones han demostrado su capacidad para crear agrupaciones empresariales y desarrollar la cooperación transfronteriza en este ámbito, y destaca los efectos positivos de la especialización inteligente en las industrias culturales y creativas, tal y como demuestran los importantes resultados registrados hasta la fecha; pide a la Comisión y a los Estados miembros que mantengan y refuercen las políticas en este ámbito y que utilicen la financiación disponible en el marco de los programas de la Unión y los Fondos EIE de forma eficaz;

20.  Pide que se incremente el alcance teórico y práctico de los proyectos a medio y a largo plazo en el ámbito cultural, audiovisual y creativo, mediante la posibilidad de utilizar de forma integrada los Fondos EIE y el FEIE;

21.  Pide que se tengan más en cuenta, en la política de cohesión, las inversiones en los sectores cultural y educativo, en especial en las zonas urbanas y periféricas, mediante instrumentos de reciclaje profesional e inclusión;

22.  Pide a la Comisión que aproveche la capacidad del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para apoyar el desarrollo de infraestructuras deportivas y promover actividades sostenibles de deporte y aire libre como medio de desarrollo regional y rural, así como la capacidad del Fondo Social Europeo para mejorar las competencias y la empleabilidad de los trabajadores en el sector del deporte;

23.  Alienta a los Estados miembros a destinar un porcentaje de los fondos de la política de cohesión a proyectos culturales y educativos de calidad que, pese a ser aptos para recibir subvenciones, no reciben financiación de la Unión debido a la falta de recursos financieros;

24.  Pide a los Estados miembros que apoyen los proyectos territoriales integrados con enfoque cultural, como los itinerarios culturales, que fomentan el desarrollo territorial de calidad y la colaboración entre los sectores público y privado en el ámbito del turismo cultural.

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

20.3.2018

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

23

0

4

Miembros presentes en la votación final

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert Matthews, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Yana Toom, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Suplentes presentes en la votación final

Elena Gentile, Liliana Rodrigues, Algirdas Saudargas

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

John Howarth, Luděk Niedermayer

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

23

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Luděk Niedermayer, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Elena Gentile, John Howarth, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Liliana Rodrigues, Krystyna Łybacka

0

-

4

0

ECR

Rupert Matthews, Morten Messerschmidt, John Procter

Verts/ALE

Jill Evans

Explicación de los signos utilizados

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones


INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓNEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

27.3.2018

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

35

4

1

Miembros presentes en la votación final

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Raymond Finch, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Suplentes presentes en la votación final

Daniel Buda, Elena Gentile, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Tonino Picula, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Ricardo Serrão Santos


VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

35

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee, Ángela Vallina

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Ricardo Serrão Santos, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Davor Škrlec

4

-

EFDD

Raymond Finch, Paul Nuttall

ENF

Steeve Briois

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

EFDD

Rosa D'Amato

Explicación de los signos utilizados

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones

Última actualización: 13 de abril de 2018Aviso jurídico