Procedimiento : 2017/0230(COD)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0013/2019

Textos presentados :

A8-0013/2019

Debates :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Votaciones :

PV 16/04/2019 - 8.16
CRE 16/04/2019 - 8.16

Textos aprobados :

P8_TA(2019)0374

INFORME     ***I
PDF 983kWORD 384k
14.1.2019
PE 625.358v02-00 A8-0013/2019

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea); el Reglamento (UE) n.º 1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación); el Reglamento (UE) n.º 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados); el Reglamento (UE) n.º 345/2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos; el Reglamento (UE) n.º 346/2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos; el Reglamento (UE) n.º 600/2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros; el Reglamento (UE) 2015/760, sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos; el Reglamento (UE) 2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión; el Reglamento (UE) 2017/1129, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado; y la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

(COM(2018)0646 – C8-0409/2018 – 2017/0230(COD))

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Coponentes: Othmar Karas, Pervenche Berès

PR_COD_1consamCom

ENMIENDAS
PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
 OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS
 PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea); el Reglamento (UE) n.º 1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación); el Reglamento (UE) n.º 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados); el Reglamento (UE) n.º 345/2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos; el Reglamento (UE) n.º 346/2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos; el Reglamento (UE) n.º 600/2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros; el Reglamento (UE) 2015/760, sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos; el Reglamento (UE) 2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión; el Reglamento (UE) 2017/1129, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado; y la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

(COM(2018)0646 – C8-0409/2018 – 2017/0230(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0646),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0409/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 15 de febrero de 2018(1),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A8-0013/2019),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda    1

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO(2)*

a la propuesta de la Comisión

---------------------------------------------------------

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea); el Reglamento (UE) n.º 1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación); el Reglamento (UE) n.º 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados); el Reglamento (UE) n.º 345/2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos; el Reglamento (UE) n.º 346/2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos; el Reglamento (UE) n.º 600/2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros; el Reglamento (UE) 2015/760, sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos; el Reglamento (UE) 2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión; el Reglamento (UE) 2017/1129, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado; y la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de texto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo(3),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(4),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(5),

Considerando lo siguiente:

(8)  Por lo tanto, es crucial que el sistema financiero desempeñe plenamente su papel en la respuesta a los retos cruciales que plantea la sostenibilidad. Ello requerirá una contribución activa de las AES para crear un marco regulador y de supervisión adecuado ▌.

(11 bis)  Resulta cada vez más importante promover un seguimiento y una evaluación coherentes, sistemáticos y eficaces de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sistema financiero de la Unión. La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es una responsabilidad compartida entre los Estados miembros y las instituciones y órganos de la Unión, dentro de sus respectivos mandatos. Deben establecer mecanismos para reforzar su cooperación, coordinación y asistencia mutua, haciendo un pleno uso de todas las herramientas y medidas disponibles en el marco regulador e institucional existente. Al mismo tiempo, todas las entidades implicadas deben permitir un control y una supervisión adecuados de sus acciones.

(11 bis bis)  Dadas las consecuencias que pueden acarrear para la estabilidad financiera los abusos del sector financiero con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, considerando que es en el sector bancario donde son mayores las probabilidades de que los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tengan un impacto sistémico y partiendo de la experiencia ya adquirida por la ABE en la protección del sector bancario frente a tales abusos como autoridad de control sobre todos los Estados miembros, esta debe desempeñar un papel de liderazgo, de coordinación y de supervisión a escala de la Unión para proteger de forma efectiva el sistema financiero frente a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Por consiguiente, es necesario conferir a la ABE, además de sus competencias actuales, la facultad de actuar en el marco del mandato del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, en la medida en que dicha facultad se refiera a la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y se aplique a los operadores del sector financiero y a las autoridades competentes responsables de su supervisión, que están comprendidos en el ámbito de aplicación de dichos Reglamentos. Además, concentrar en la ABE este mandato para todo el sector financiero optimizaría el uso de sus conocimientos especializados y recursos, y no afectaría a las obligaciones sustantivas establecidas en la Directiva (UE) 2015/849.

(11 ter)  Para que la ABE pueda ejercer con eficacia su mandato, debe hacer pleno uso de todas las competencias y los instrumentos que le otorga el Reglamento, respetando el principio de proporcionalidad. Las medidas que adopte la ABE para promover la integridad, transparencia y seguridad en el sistema financiero y para prevenir y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo no deben exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Reglamento o los actos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, y deben tener debidamente en cuenta la naturaleza, el alcance y la complejidad de los riesgos, las prácticas empresariales, los modelos de negocio y el tamaño de los operadores del sector financiero y de los mercados. En consonancia con su nuevo cometido, es importante que la ABE recopile toda la información oportuna en relación con las actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo descubiertas por las pertinentes autoridades de la Unión y nacionales, sin perjuicio de las funciones asignadas a las autoridades en virtud de la Directiva (UE) 2015/849 y sin crear ninguna duplicación innecesaria. En plena conformidad con las normas en materia de protección de datos, la ABE debe almacenar esa información en una base de datos centralizada y fomentar la cooperación entre autoridades mediante una difusión adecuada de la información pertinente. La ABE también puede transmitir, cuando proceda, a las autoridades judiciales nacionales del Estado miembro afectado y, en su caso, a la Fiscalía Europea pruebas en su poder que podrían dar lugar a procesos penales.

(11 ter bis)  Cuando así lo soliciten las autoridades competentes en el ejercicio de sus funciones de supervisión prudencial, la ABE debe prestar asistencia. La ABE también debe coordinarse estrechamente y, cuando proceda, intercambiar información con las autoridades competentes, incluido el Banco Central Europeo, en su calidad de supervisor, y con las autoridades en las que recaiga la función pública de supervisión de las entidades obligadas enumeradas en los puntos 1) y 2) del artículo 2, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/849, así como con unidades de inteligencia financiera, teniendo debidamente en cuenta los canales existentes para el intercambio de información, como la plataforma de las UIF de la Unión y FIU.net, para garantizar la eficacia y evitar cualquier forma de duplicación o incoherencia en las acciones de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

(11 ter ter)  Asimismo, la ABE debe llevar a cabo evaluaciones de las autoridades competentes, así como ejercicios de valoración de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La ABE debe participar en la tarea de detección de las prácticas y procesos de supervisión y prudenciales de los Estados miembros que perjudican la coherencia y solidez del marco de la Unión para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La ABE debe incoar procedimientos para corregir estas deficiencias y, si es necesario, proponer nuevas normas técnicas de regulación.

(11 ter quater)  Por otra parte, la ABE debe también asumir un papel de liderazgo a la hora de contribuir a facilitar la cooperación entre las autoridades competentes de la Unión y las autoridades pertinentes de terceros países en estos asuntos, con vistas a mejorar la coordinación de la acción a nivel de la Unión en los casos importantes de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo con una dimensión transfronteriza y que implican a terceros países.

(11 quater)  En aras de un control más eficaz por las autoridades de supervisión del cumplimiento de las normas en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y a fin de garantizar una mayor coordinación de la acción coercitiva de las autoridades nacionales competentes frente a las infracciones del Derecho de la Unión directamente aplicable o de sus medidas nacionales de transposición, la ABE debe estar facultada para llevar a cabo análisis de la información recopilada y, si es necesario, investigar alegaciones que hayan sido puestas en su conocimiento en relación con infracciones graves u omisiones de aplicación del Derecho de la Unión y, cuando disponga de pruebas o indicios significativos de infracciones graves, para solicitar a las autoridades competentes que investiguen toda posible infracción de las normas pertinentes, y consideren la posibilidad de adoptar decisiones e imponer sanciones dirigidas a entidades financieras, conminándolas a cumplir sus obligaciones jurídicas. La ABE solo debe hacer uso de esta facultad cuando tenga indicios de infracciones graves. Cuando la ABE disponga de indicios sólidos de infracciones graves, iniciará las acciones anteriormente referidas sin demora injustificada. Además, las solicitudes a que se refiere el presente apartado no deben comprometer las medidas de supervisión en curso de la autoridad competente a la que se dirige la solicitud.

(15 bis)  Dada la trascendencia de garantizar una aplicación efectiva del marco de supervisión de la Unión destinado a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las evaluaciones independientes que ofrezcan una perspectiva objetiva y transparente de las prácticas de supervisión son de vital importancia. A través de estas evaluaciones, la ABE debe examinar las estrategias, las capacidades y los recursos de las autoridades competentes para hacer frente a los riesgos emergentes relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Si tales evaluaciones ponen al descubierto problemas serios, que la autoridad competente no subsana de forma adecuada y tal como sea necesario, resulta oportuno que la ABE emita un informe de seguimiento relativo al cumplimiento de las medidas de seguimiento solicitadas y lo notifique al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión sin demora injustificada.

(15 ter) A la hora de ejercer sus funciones y competencias, la ABE debe poder adoptar decisiones individuales dirigidas a los operadores del sector financiero en el contexto del procedimiento por infracción del Derecho de la Unión y del procedimiento de mediación vinculante, aun cuando las normas sustantivas no sean directamente aplicables a los operadores del sector financiero, tras haber adoptado una decisión dirigida a la autoridad competente. Cuando las normas sustantivas se establezcan en directivas, la ABE debe aplicar la legislación nacional de transposición de dichas directivas, a menos que, tras consultar a la Comisión, la ABE considere que la legislación nacional no transpone adecuadamente las directivas. Cuando el Derecho de la Unión pertinente consista en reglamentos y estos, en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, concedan expresamente determinadas opciones a los Estados miembros, la ABE debe aplicar la legislación nacional en la que se ejerzan dichas opciones.

(15 ter bis)    Con vistas a reforzar el papel de la ABE a la hora de garantizar la eficacia del control de supervisión del cumplimiento en el ámbito del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de hacer frente a las infracciones u omisiones de aplicación del Derecho de la Unión o de sus medidas nacionales de transposición, la ABE debe poner a disposición canales para denunciar las infracciones u omisiones de aplicación del Derecho de la Unión. La ABE debe velar por que la información pueda presentarse de forma anónima y segura. Si la ABE considera que la información presentada contiene pruebas o indicios significativos de infracciones graves, la ABE suministrará un informe al respecto a la persona que la haya presentado.

(24 bis)  A fin de velar por que las decisiones relativas a las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo vengan sustentadas por un nivel adecuado de conocimientos especializados, es necesario crear un comité interno permanente compuesto por los máximos responsables de las autoridades y los organismos que garantizan el cumplimiento de la legislación relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, cuyos conocimientos especializados sobre diferentes modelos de negocio y especificidades sectoriales deben tenerse plenamente en cuenta. Este comité examinará y preparará las decisiones que haya de adoptar la ABE. Para evitar duplicaciones, este nuevo comité sustituirá al actual subcomité de lucha contra el blanqueo de capitales creado en el seno del Comité Mixto de las AES.

(24 bis bis)  Por lo que respecta a las funciones de la ABE relacionadas con la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el Comité Mixto debe actuar como foro en el que la ABE coopere regular y estrechamente con la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados en cuestiones relacionadas con la interacción entre las funciones específicas de la ABE a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra l), y las funciones atribuidas a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados, a fin de garantizar que se tienen plenamente en cuenta diferentes modelos de negocio y las especificidades de los distintos sectores.

(24 bis ter)  La ABE debe contar con recursos y personal adecuados para contribuir de forma efectiva a la prevención sistemática, eficaz y efectiva de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, dentro de sus competencias respectivas en el marco del presente Reglamento. Las competencias adicionales y la carga de trabajo atribuidas a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados también deben ir acompañadas de recursos humanos y financieros suficientes.

(24 bis quater)  De conformidad con el objetivo de lograr un sistema de supervisión de la Unión más coherente y viable para prevenir y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la Comisión, tras consultar a todas las autoridades y partes interesadas pertinentes, debe llevar a cabo una evaluación exhaustiva de la aplicación, el funcionamiento y la efectividad de las funciones específicas atribuidas a la ABE en virtud del artículo 8, apartado 1, letra l), del presente Reglamento. Como parte de su evaluación, la Comisión debe analizar la interacción entre estas funciones y las funciones atribuidas a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Dado que gran parte de la actividad de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tiene lugar fuera del sector de los servicios financieros, la Comisión debe asimismo estudiar concienzudamente, sobre la base de un análisis global de costes y beneficios y de conformidad con el objetivo de garantizar la coherencia, eficacia y efectividad, la posibilidad de atribuir funciones específicas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a una agencia especializada de la Unión existente o nueva. La Comisión debe presentar esta evaluación como parte de su informe de conformidad con el artículo 65 de la Directiva (UE) 2018/843, acompañada, si procede, de propuestas legislativas al Parlamento Europeo y el Consejo antes del 11 de enero de 2022.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1093/2010

El Reglamento (UE) n.º 1093/2010 se modifica como sigue:

1)  El artículo 1 se modifica como sigue:

a)  el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. La Autoridad actuará con arreglo a los poderes otorgados por el presente Reglamento y dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2002/87/CE, la Directiva 2009/110/CE, la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo*, el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo**, la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo***, el Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo****, la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo*****, la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo********* y, en la medida en que dichos actos se apliquen a las entidades de crédito y las entidades financieras y a las autoridades competentes que las supervisan, de las partes correspondientes de la Directiva 2002/65/CE, incluidas todas las directivas, los reglamentos y las decisiones basados en dichos actos, así como de cualquier otro acto jurídicamente vinculante de la Unión que confiera funciones a la Autoridad. La Autoridad también actuará con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo*******.

La Autoridad actuará también con arreglo a los poderes otorgados por el presente Reglamento y dentro del ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo(*****), en la medida en que dicha Directiva se aplique a los operadores del sector financiero y a las autoridades competentes que los supervisan. Exclusivamente a esos efectos, la Autoridad llevará a cabo las funciones atribuidas por cualquier acto de la Unión jurídicamente vinculante a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, creada por el Reglamento (UE) n.º 1094/2010, o a la Autoridad Europea de Valores y Mercados, creada por el Reglamento (UE) n.º 1095/2010. Al llevar a cabo tales funciones, la Autoridad consultará a dichas Autoridades y las mantendrá informadas de sus actividades en relación con cualquier entidad que sea una «entidad financiera», según se define en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1094/2010, o un «participante en los mercados financieros», según se define en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

* Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO L 133 de 22.5.2008, p. 66).

** Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantía de depósitos (texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149).

*** Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas (texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 257 de 28.8.2014, p. 214).

**** Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1781/2006 (DO L 141 de 5.6.2015, p. 1).

***** Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 23.12.2015, p. 35).

****** Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO L 287 de 29.10.2013, p. 63).

******* Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).»;

a bis)    el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. La Autoridad también actuará en el ámbito de las actividades de las entidades de crédito, los conglomerados financieros, las empresas de inversión, las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico, en relación con los asuntos no cubiertos directamente por los actos mencionados en el apartado 2, incluidos los asuntos relacionados con la gobernanza empresarial, la auditoría o la información financiera, teniendo en cuenta los modelos de negocio sostenibles y la integración de los factores medioambientales, sociales y de gobernanza, siempre que la actuación de la Autoridad sea necesaria para garantizar la aplicación efectiva y coherente de dichos actos.»;

a ter)    el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. El objetivo de la Autoridad será proteger el interés público contribuyendo a la estabilidad y eficacia del sistema financiero a corto, medio y largo plazo, para la economía de la Unión, sus ciudadanos y sus empresas. La Autoridad, dentro de sus competencias respectivas, contribuirá a:

a) mejorar el funcionamiento del mercado interior, en particular con un nivel sólido, efectivo y coherente de regulación y supervisión;

b) velar por la integridad, la transparencia, la eficiencia y el correcto funcionamiento de los mercados financieros;

c) reforzar la coordinación de la supervisión internacional;

d) evitar el arbitraje regulatorio y promover la igualdad de condiciones de competencia;

e) garantizar que los riesgos de crédito y otro tipo están regulados y supervisados de la forma adecuada; ▐

f) reforzar la protección del consumidor y el cliente;

f bis) reforzar la convergencia de la supervisión en todo el mercado interior, promoviendo, entre otras medidas, un enfoque basado en el riesgo para la supervisión de la gestión empresarial;

f ter) prevenir la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Con estos fines, la Autoridad contribuirá a la aplicación coherente, eficiente y efectiva de los actos mencionados en el apartado 2, a fomentar la convergencia en la supervisión y a emitir dictámenes, de conformidad con el artículo 16 bis, dirigidos al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión ▌.

En el ejercicio de las funciones que le confiere el presente Reglamento, la Autoridad prestará especial atención a todo riesgo sistémico potencial planteado por las entidades financieras, cuya quiebra o mal funcionamiento pueda socavar el funcionamiento del sistema financiero o de la economía real.

En el desempeño de sus funciones, la Autoridad actuará con independencia y objetividad, así como de forma no discriminatoria y transparente, en interés de la Unión en su conjunto y respetará el principio de proporcionalidad. La Autoridad aplicará los principios de responsabilidad e integridad y deberá garantizar que todas las partes interesadas reciban un trato justo a este respecto.

El contenido y la forma de las acciones y medidas adoptadas por la Autoridad no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Reglamento o los actos mencionados en el apartado 2 y serán proporcionados a la naturaleza, alcance y complejidad de los riesgos inherentes a la actividad de una institución o de los mercados afectada por la actuación de la Autoridad.»;

b)  en el artículo 1, apartado 2, se añade el párrafo siguiente:

«La Autoridad actuará también con arreglo a los poderes otorgados por el presente Reglamento y dentro del ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo*, en la medida en que dicha Directiva se aplique a los operadores del sector financiero y a las autoridades competentes que los supervisan. Exclusivamente a esos efectos, la Autoridad llevará a cabo las funciones atribuidas por cualquier acto de la Unión jurídicamente vinculante a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, creada por el Reglamento (UE) n.º 1094/2010, o a la Autoridad Europea de Valores y Mercados, creada por el Reglamento (UE) n.º 1095/2010. Al llevar a cabo tales funciones, la Autoridad consultará a dichas Autoridades y las mantendrá informadas de sus actividades en relación con cualquier entidad que sea una «entidad financiera», según se define en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1094/2010, o un «participante en los mercados financieros», según se define en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

* Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).».

2)  ▌El artículo 2 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. La Autoridad formará parte de un Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF). El principal objetivo del SESF será garantizar la correcta aplicación de la normativa correspondiente al sector financiero, a fin de preservar la estabilidad financiera y garantizar la confianza en el sistema financiero en su conjunto y una protección eficaz y suficiente para los consumidores de los servicios financieros.»;

b)  el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. De conformidad con el principio de cooperación leal establecido en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, las partes del SESF cooperarán en un clima de confianza y pleno respeto mutuo, en particular para asegurar un flujo de información apropiado y fiable entre ellas y en relación con el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.»;

c)  en el apartado 5, se inserta el párrafo siguiente:

«Las referencias hechas en el presente Reglamento a la supervisión incluyen todas las actividades pertinentes, sin perjuicio de las competencias nacionales, de todas las autoridades competentes que han de llevarse a cabo con arreglo a los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2.».

2 bis)  El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 3

Responsabilidad del Sistema Europeo de Supervisión Financiera

1. Las autoridades a que se refiere el artículo 2, apartado 2, letras a) a e), habrán de responder ante el Parlamento Europeo y el Consejo. El Banco Central Europeo habrá de responder ante el Parlamento Europeo y el Consejo en lo que respecta al desempeño de las funciones de supervisión atribuidas al mismo por el Reglamento (UE) n.º 1024/2013, de conformidad con dicho Reglamento.

2. La Autoridad cooperará plenamente con el Parlamento Europeo en cualquier investigación que este lleve a cabo con arreglo al artículo 226 del TFUE.

3. La Junta de Supervisores adoptará un informe anual de las actividades de la Autoridad, incluyendo el desempeño de las funciones del presidente, y lo transmitirá al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas y al Comité Económico y Social Europeo a más tardar el 15 de junio de cada año. Dicho informe se hará público.

En el informe contemplado en el párrafo primero, la Autoridad incluirá información sobre los acuerdos administrativos celebrados con autoridades de supervisión, organizaciones internacionales o administraciones de terceros países, sobre la asistencia prestada por la Autoridad a la Comisión en la preparación de las decisiones relativas a la equivalencia y sobre la actividad de seguimiento llevada a cabo por la Autoridad de conformidad con el artículo 33.

4. A petición del Parlamento Europeo, el presidente participará en una audiencia ante el Parlamento Europeo sobre el rendimiento de la Autoridad. La audiencia se celebrará como mínimo una vez al año. El presidente efectuará una declaración ante el Parlamento Europeo y responderá a todas las preguntas formuladas por los diputados cuando así se solicite.

5. El presidente presentará al Parlamento Europeo un informe escrito sobre las actividades de la Autoridad siempre que se le solicite y, en cualquier caso, al menos quince días antes de efectuar la declaración a que se refiere el apartado 1 quater.

6. Además de la información a que se refieren los artículos 11 a 18 y los artículos 20 y 33, el informe incluirá asimismo cualquier información pertinente solicitada puntualmente por el Parlamento Europeo.

7. La Autoridad responderá oralmente o por escrito a las preguntas que el Parlamento Europeo o el Consejo le dirijan en el plazo de cinco semanas a partir de la recepción de la pregunta.

8. Si así se le solicita, el presidente mantendrá conversaciones orales confidenciales, a puerta cerrada, con el presidente, los vicepresidentes y los coordinadores de las comisiones competentes del Parlamento Europeo, en caso de que tales conversaciones sean necesarias para el ejercicio de las competencias del Parlamento Europeo en virtud del artículo 226 del TFUE. Todos los participantes respetarán los requisitos de secreto profesional.

9. La Autoridad creará un registro de documentos y de su estado de accesibilidad.

10. La Autoridad facilitará al Parlamento Europeo un resumen significativo de las actas de cualquier reunión del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, del Consejo de Estabilidad Financiera y del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, así como de cualquier otro organismo o institución internacional pertinente en el ámbito de la supervisión bancaria.».

3)  El artículo 4 se modifica como sigue:

a)  el punto 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1) “entidad financiera”: toda empresa regulada y supervisada con arreglo a los actos de la Unión mencionados en el artículo 1, apartado 2;»;

a bis)  se inserta el punto 1 bis siguiente:

«1) “operadores del sector financiero”: cualquier entidad sujeta a lo dispuesto en el artículo 2 de la Directiva (UE) 2015/849 y que sea además una “entidad financiera”, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, del presente Reglamento y en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1094/2010, o un “participante en los mercados financieros”, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.»;

b)  en el punto 2, el inciso i) se sustituye por el texto siguiente:

«i) las autoridades competentes según se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 40, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, incluido el Banco Central Europeo por lo que se refiere a asuntos relativos a las funciones que le confiere el Reglamento (UE) n.º 1024/2013;»;

c)  en el punto 2, el inciso ii) se sustituye por el texto siguiente:

«ii) en relación con la Directiva 2002/65/CE, las autoridades y organismos competentes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de dicha Directiva por parte de las entidades financieras;

ii bis) en relación con la Directiva (UE) 2015/849, las autoridades y organismos que supervisan a las entidades financieras y son competentes para velar por que cumplan los requisitos de dicha Directiva mencionados en su artículo 48;»;

d)  en el punto 2, el inciso iii) se sustituye por el texto siguiente:

«iii) en el caso de los sistemas de garantía de depósitos, los organismos que administran dichos sistemas de conformidad con la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, o, en caso de que el funcionamiento del sistema de garantía de depósitos sea administrado por una sociedad privada, la autoridad pública que supervise dichos sistemas en virtud de dicha Directiva, y las autoridades administrativas pertinentes contempladas en ella; y»;

e)  en el punto 2, se añaden los incisos v) y vi) siguientes:

«v) las autoridades competentes a que se refieren la Directiva 2014/17/UE, el Reglamento 2015/751, la Directiva (UE) 2015/2366, la Directiva 2009/110/CE, el Reglamento (CE) n.º 924/2009 y el Reglamento (UE) n.º 260/2012;

vi) los organismos y autoridades contemplados en el artículo 20 de la Directiva 2008/48/CE.».

4)  El artículo 6 se modifica como sigue:

a)  el punto 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2) un Consejo Ejecutivo, que ejercerá las funciones establecidas en el artículo 47;»;

b)  se suprime el punto 4.

4 bis)  El artículo 7 se modifica como sigue:

«Artículo 7Sede

La Autoridad tendrá su sede en París (Francia).

La ubicación de la sede de la Autoridad no afectará al desempeño de sus funciones y competencias, a la organización de su estructura de gobierno, al funcionamiento de su organización principal ni a la financiación principal de sus actividades, permitiéndose no obstante, donde proceda, la puesta en común con agencias de la Unión de los servicios de apoyo administrativo y gestión de infraestructuras no relacionados con las actividades esenciales de la Autoridad. A más tardar el... [fecha de aplicación del presente Reglamento modificativo], y, posteriormente, cada doce meses, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el cumplimiento de este requisito por parte de las Autoridades Europeas de Supervisión.».

5)  El artículo 8 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se modifica como sigue:

-i)  la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

«a) sobre la base de los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, contribuir al establecimiento de normas y prácticas reguladoras y de supervisión comunes de alta calidad, en particular ▌elaborando ▌proyectos de normas técnicas de regulación y ejecución, directrices, recomendaciones y otras medidas, incluidos dictámenes con arreglo al artículo 16 bis;»;

i)  la letra a bis) se sustituye por el texto siguiente:

«a bis) elaborar y mantener actualizado un manual de supervisión de la Unión relativo a la supervisión de las entidades financieras de la Unión, que establezca las mejores prácticas en materia de supervisión y métodos y procedimientos de alta calidad y tenga en cuenta, entre otros aspectos, la evolución de las prácticas empresariales y los modelos de negocio y el tamaño de las entidades financieras y los mercados;»;

ii)  se inserta la letra a ter) siguiente:

«a ter) elaborar y mantener actualizado un manual de resolución de la Unión relativo a la resolución de las entidades financieras de la Unión, que establezca las mejores prácticas en materia de supervisión y métodos y procedimientos de alta calidad en materia de resolución y tenga en cuenta, entre otros aspectos, la evolución de las prácticas empresariales y los modelos de negocio y el tamaño de las entidades financieras y los mercados;»;

ii bis)  la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) contribuir a la aplicación coherente de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, en particular contribuyendo a la instauración de una cultura de supervisión común, velando por la aplicación coherente, eficaz y efectiva de los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2, evitando el arbitraje regulatorio, impulsando y vigilando la independencia de la supervisión, mediando y resolviendo diferencias entre autoridades competentes, garantizando una supervisión eficaz y coherente de las entidades financieras, así como asegurando un funcionamiento coherente de los colegios de supervisores y adoptando, entre otras, medidas en las situaciones de emergencia;»;

iii)  las letras e) y f) se sustituyen por el texto siguiente:

«e) organizar y llevar a cabo evaluaciones de las autoridades competentes, con el apoyo de las autoridades nacionales competentes, y, en ese contexto, formular ▐ recomendaciones dirigidas a esas autoridades competentes y determinar las mejores prácticas y, en ese contexto, emitir directrices a fin de reforzar la coherencia de los resultados de la supervisión;

f) seguir y evaluar la evolución del mercado en su ámbito de competencia, incluida, cuando proceda, la evolución de las tendencias del crédito, en particular a hogares y pymes, y de los servicios financieros innovadores, así como la evolución de las tendencias de los factores medioambientales, sociales y de gobernanza;

f bis) realizar, junto con las autoridades competentes, ejercicios de comparación de los resultados de los modelos internos con vistas a analizar el intervalo de variabilidad de los parámetros de riesgos, así como su capacidad predictiva y, en ese contexto, formular normas técnicas de regulación, directrices e informes;»;

iii bis)  la letra g) se sustituye por el texto siguiente:

«g) realizar análisis de mercado para sustentar el desempeño de las funciones que le incumben;»;

iv)  la letra h) se sustituye por el texto siguiente:

«h) promover, cuando proceda, la protección de los depositantes, consumidores e inversores, en particular por lo que respecta a las deficiencias en contextos transfronterizos y teniendo en cuenta los riesgos relacionados;»;

iv bis)  se inserta la letra i bis) siguiente:

«i bis) contribuir a instaurar una estrategia común de la Unión en materia de datos financieros;»;

iv ter)  se inserta la letra k bis) siguiente:

«k bis) publicar en su sitio web y actualizar periódicamente todas las normas técnicas de regulación, las normas técnicas de ejecución, las directrices, las recomendaciones y las preguntas y respuestas para cada acto legislativo mencionado en el artículo 1, apartado 2, incluidos una visión general de la situación de los trabajos en curso y el calendario previsto para la adopción de los proyectos de normas técnicas de regulación, los proyectos de normas técnicas de ejecución, las directrices, las recomendaciones y las preguntas y respuestas. Esta información se facilitará en todas las lenguas de trabajo de la Unión;»;

v)  se añade la letra l) siguiente:

«l) contribuir a la prevención sistemática, eficaz y efectiva de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.»;

b)  ▌el apartado 1 bis se modifica como sigue:

i)  la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) con la debida consideración al objetivo de garantizar la seguridad y la solidez de las entidades financieras, tendrá muy en cuenta los diferentes tipos, modelos de negocio y dimensiones de las entidades financieras.»;

ii)  se inserta la letra c) siguiente:

«c) atenderá a la innovación tecnológica, los modelos de negocio innovadores y sostenibles, y la integración de los factores medioambientales, sociales y de gobernanza.»;

c)  el apartado 2 se modifica como sigue:

i) se inserta la letra c bis) siguiente:

«c bis) emitir recomendaciones, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 29 bis y 31 bis;»;

i bis) se inserta la letra d bis) siguiente:

«d bis) formular advertencias de conformidad con el artículo 9, apartado 3;»;

i ter) se insertan las letras g bis), g ter) y g quater) siguientes:

«g bis) emitir dictámenes destinados al Parlamento Europeo, al Consejo o a la Comisión, tal como se prevé en el artículo 16 bis;

g ter) responder a preguntas, tal como se establece en el artículo 16 ter;

g quater) emitir cartas de no acción de duración limitada, tal como se establece en el artículo 9 quater;»;

    ii) la letra h) se sustituye por el texto siguiente:

«h) recopilar la información necesaria respecto de las entidades financieras como estipulan los artículos 35 y 35 ter;»;

c bis)  el apartado 2 bis se sustituye por el texto siguiente:

«2 bis. En el ejercicio de las funciones a que se refiere el presente artículo, la Autoridad respetará estrictamente las leyes de nivel 1 y las medidas de nivel 2 y aplicará los principios de proporcionalidad y de «legislar mejor», incluidos las evaluaciones de impacto, los análisis coste-beneficio y las consultas públicas abiertas.

Las consultas públicas abiertas a que se refieren los artículos 10, 15, 16 y 16 bis se realizarán de la forma más amplia posible para garantizar un enfoque integrador hacia todas las partes interesadas, y otorgarán un plazo de respuesta razonable a las partes interesadas. La Autoridad ofrecerá y publicará información sobre cómo se utilizaron la información y las opiniones recopiladas en la consulta en un proyecto de norma técnica de regulación, en un proyecto de norma técnica de ejecución y en directrices, recomendaciones y dictámenes.

La Autoridad resumirá la contribución recibida de las partes interesadas de tal forma que se puedan comparar los resultados de las consultas públicas sobre cuestiones similares.».

6)  El artículo 9 se modifica como sigue:

-a)  en el apartado 1, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

«a) recopilando y analizando datos e informando sobre las tendencias de los consumidores, tales como la evolución de los gastos y tasas de los productos y servicios financieros minoristas en los Estados miembros;»;

-a bis)  en el apartado 1, se añaden las letras d bis), d ter) y d quater) siguientes:

«d bis)  contribuyendo a la igualdad de condiciones en el mercado único de manera que los consumidores y otros usuarios de servicios financieros tengan un acceso equitativo a servicios y productos financieros y vías de recurso comparables;

d ter)  fomentando nuevos avances en términos de regulación y supervisión que podrían facilitar una mayor armonización e integración a escala de la Unión; a tal fin, la Autoridad, en su ámbito de especialización, supervisará los obstáculos o el impacto en relación con la consolidación transfronteriza y podrá emitir un dictamen o recomendaciones con el fin de determinar las formas adecuadas de abordarlos;

d quater)  coordinando las actividades de compra simulada de las autoridades competentes.»;

a)  el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. La Autoridad hará un seguimiento de las actividades financieras nuevas y existentes, y podrá adoptar directrices y recomendaciones, de conformidad con el artículo 16, con vistas a promover la seguridad y la solidez de los mercados, así como la convergencia y eficacia de las prácticas reguladoras y de supervisión.

2 bis. La Autoridad elaborará, en el marco de sus respectivas competencias, normas para la supervisión de la gestión empresarial dirigidas a las autoridades nacionales competentes, por ejemplo en relación con las facultades y cometidos mínimos.»;

b)  el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. La Autoridad creará, como parte integrante de la Autoridad, un Comité sobre proporcionalidad para garantizar que las diferencias en la naturaleza, el alcance y la complejidad de los riesgos, la evolución de las prácticas empresariales y los modelos de negocio y el tamaño de las entidades financieras y los mercados queden reflejadas en el trabajo de la Autoridad, y un Comité sobre protección de los consumidores e innovación financiera que reúna a todas las autoridades competentes y a las autoridades responsables de la protección de los consumidores que proceda, con vistas a mejorar la protección de los consumidores y alcanzar un enfoque coordinado del tratamiento en materia de regulación y de supervisión de las actividades financieras nuevas o innovadoras, y a prestar asesoramiento a la Autoridad para que lo presente al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. La Autoridad cooperará de manera estrecha con el Comité Europeo de Protección de Datos para evitar duplicaciones, incoherencias e inseguridad jurídica en el ámbito de la protección de datos. La Autoridad podrá incluir también en el Comité a las autoridades nacionales de protección de datos.»;

b bis)  el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. La Autoridad podrá prohibir o restringir temporalmente la comercialización, distribución o venta de determinados productos, instrumentos o actividades financieros que puedan causar daños financieros significativos a los clientes o amenacen el funcionamiento correcto y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad de la totalidad o de parte del sistema financiero de la Unión en casos especificados y en las condiciones establecidas en los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, o, si así se requiere en caso de una situación de emergencia, con arreglo a las condiciones estipuladas en el artículo 18.

La Autoridad revisará la decisión a la que se hace referencia en el párrafo primero con la periodicidad oportuna lo antes posible y al menos cada seis meses. La Autoridad podrá renovar la prohibición o la restricción en dos ocasiones, tras lo cual pasará a tener carácter permanente, a menos que la Autoridad considere lo contrario.

Los Estados miembros podrán pedir a la Autoridad que reconsidere su decisión. En tal caso, la Autoridad decidirá, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 44, apartado 1, párrafo segundo, si mantiene o no su decisión.

La Autoridad podrá evaluar también la necesidad de prohibir o restringir determinados tipos de actividades o prácticas financieras y, cuando exista esa necesidad, informará a la Comisión y a las autoridades competentes con el fin de facilitar la adopción de dicha prohibición o restricción.».

6 bis)  Se insertan los artículos 9 bis y 9 ter siguientes:

«Artículo 9 bisFunciones específicas relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

1.  La Autoridad asumirá, en el marco de sus respectivas competencias, un papel de liderazgo, coordinación y supervisión en la promoción de la integridad, la transparencia y la seguridad del sistema financiero a través de la adopción de medidas para prevenir y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En consonancia con el principio de proporcionalidad, estas medidas no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Reglamento o los actos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, y tendrán debidamente en cuenta la naturaleza, el alcance y la complejidad de los riesgos, las prácticas empresariales, los modelos de negocio y el tamaño de los operadores del sector financiero y de los mercados. Estas medidas para prevenir y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo incluirán:

a)  la recopilación y el análisis de información pertinente de las autoridades competentes y otras fuentes en relación con las deficiencias detectadas en los procesos y procedimientos, los mecanismos de gobernanza, las evaluaciones de idoneidad, los modelos de negocio y las actividades de los operadores del sector financiero para prevenir y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como las medidas adoptadas por las autoridades competentes, sin perjuicio de las funciones atribuidas a las autoridades competentes en virtud de la Directiva (UE) 2015/849; las autoridades competentes facilitarán toda esa información a la Autoridad, además de cumplir cualesquiera obligaciones impuestas por el artículo 35; la Autoridad se coordinará estrechamente con las unidades de inteligencia financiera, sin que se creen duplicaciones innecesarias;

a bis)  la estrecha coordinación y, cuando proceda, el intercambio de información con las autoridades competentes, incluido el Banco Central Europeo, en su calidad de supervisor, y con las autoridades en las que recaiga la función pública de supervisión de las entidades obligadas enumeradas en los puntos 1) y 2) del artículo 2, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/849, así como con unidades de inteligencia financiera, teniendo debidamente en cuenta los canales existentes para el intercambio de información, como la plataforma de las UIF de la Unión y FIU.net, para garantizar la eficacia y evitar cualquier forma de duplicación o incoherencia en las acciones de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;

b)  la elaboración de normas y orientaciones comunes para prevenir y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sector financiero y la promoción de una aplicación sistemática de las mismas, en particular mediante la elaboración de proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución, directrices, recomendaciones y otras medidas, incluidos dictámenes de conformidad con el artículo 16 bis, que se basarán en los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2;

b bis)  la asistencia a las autoridades competentes, a raíz de sus solicitudes específicas;

c)  el seguimiento de la evolución del mercado y la evaluación de los riesgos y los puntos vulnerables al blanqueo de capitales, a la financiación del terrorismo y, cuando proceda, a la buena gobernanza fiscal en el sector financiero.

1 bis.  A efectos del apartado 1, letra a), la Autoridad elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar las modalidades prácticas relativas a la recopilación de información pertinente, incluido el tipo de información que deberán presentar las autoridades competentes en relación con las deficiencias detectadas en los procesos y procedimientos, los mecanismos de gobernanza, las evaluaciones de idoneidad, los modelos de negocio y las actividades de los operadores del sector financiero para prevenir y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como las medidas adoptadas por las autoridades competentes, sin crear ninguna duplicación innecesaria.

La Autoridad presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a más tardar [seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el apartado 1 bis de conformidad con el artículo 290 del TFUE.

2.  De conformidad con las normas en materia de protección de datos, la Autoridad creará y mantendrá actualizada una base de datos central con la información recopilada en virtud del apartado 1, letra a). La Autoridad velará por que la información se analice y se ponga a disposición de las autoridades competentes cuando necesiten tener conocimiento de ella y de manera confidencial. La Autoridad también podrá transmitir, cuando proceda, a las autoridades judiciales nacionales y las autoridades nacionales competentes del Estado miembro afectado y, en su caso, a la Fiscalía Europea pruebas en su poder que podrían dar lugar a procesos penales.

3.  La Autoridad promoverá la convergencia de los procesos de supervisión a que se refiere la Directiva (UE) 2015/849 y evaluará las estrategias, las capacidades y los recursos de las autoridades competentes para hacer frente a los riesgos emergentes relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en su caso mediante evaluaciones▐ , de conformidad con el artículo 30.

Cuando tales evaluaciones pongan de manifiesto graves deficiencias en la detección, la valoración o el tratamiento de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y la autoridad competente no adopte medidas en respuesta a las medidas de seguimiento que se consideren adecuadas y necesarias, según se prevé en el informe a que se refiere el artículo 30, apartado 3, la Autoridad emitirá un informe de seguimiento relativo al cumplimiento de las medidas de seguimiento solicitadas e informará al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4.  La Autoridad, con el apoyo, cuando proceda, del comité interno permanente de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, someterá ▐ a las autoridades competentes a evaluaciones de riesgos, centrándose principalmente en las autoridades competentes a las que se refiere el artículo 4, apartado 2, inciso ii bis), a fin de probar sus estrategias y recursos a la hora de afrontar y vigilar los riesgos más importantes que surjan en relación con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Autoridad informará a la Comisión de los resultados de estas evaluaciones sobre los riesgos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que afectan al sector financiero de la Unión, integrando, en su caso, el análisis de los resultados en el dictamen que debe emitir de conformidad con el artículo 6, apartado 5, de la Directiva (UE) 2015/849.

5.  En los casos importantes de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo que afecten a cuestiones transfronterizas con terceros países, la Autoridad asumirá un papel de liderazgo a la hora de contribuir a facilitar la cooperación entre las autoridades competentes de la Unión y las autoridades pertinentes de terceros países.

6.  La Autoridad creará un comité interno permanente de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para coordinar las medidas destinadas a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y preparar los proyectos de decisiones que deba adoptar la Autoridad de conformidad con el artículo 44.

7.  El comité estará presidido por el presidente de la Junta de Supervisores y estará compuesto por los máximos responsables de las autoridades y organismos competentes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Directiva (UE) 2015/849 por parte de las entidades financieras. Además, la Comisión, la JERS, el Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados podrán nombrar cada uno a un representante de alto nivel para que participe en calidad de observador en las reuniones del comité, cuyos conocimientos especializados de los diferentes modelos de negocio y las especificidades sectoriales deberán tenerse plenamente en cuenta. El comité podrá delegar parte de su labor en un grupo de trabajo interno que prepare sus decisiones.

Artículo 9 terSolicitud de investigación relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

1.  En asuntos relacionados con la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de conformidad con la Directiva (UE) 2015/849, la Junta de Supervisores o el Consejo Ejecutivo podrán, cuando dispongan de pruebas o indicios significativos de infracciones graves, solicitar a una autoridad competente de las contempladas en el artículo 4, apartado 2, inciso ii bis), que investigue las posibles infracciones del Derecho de la Unión y, en el caso de que dicho Derecho de la Unión esté integrado por directivas o conceda expresamente opciones a los Estados miembros, las posibles infracciones de la legislación nacional de transposición de las directivas o de ejercicio de las opciones concedidas a los Estados miembros por el Derecho de la Unión, cometidas por un operador del sector financiero, y que considere la posibilidad de imponer sanciones a dicho operador en relación con tales infracciones. En caso necesario, también podrá solicitar a una autoridad competente de las contempladas en el artículo 4, apartado 2, inciso ii bis), que considere la posibilidad de adoptar una decisión individual dirigida a dicho operador del sector financiero en la que le exija tomar las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión directamente aplicable, o de la legislación nacional de transposición de las directivas o de ejercicio de las opciones concedidas a los Estados miembros por el Derecho de la Unión, incluido el cese de cualquier conducta. Cuando la Autoridad disponga de indicios sólidos de infracciones graves, iniciará las acciones anteriormente referidas sin demora injustificada. Las solicitudes a que se refiere el presente apartado no impedirán la aplicación de las medidas de supervisión en curso de la autoridad competente a la que se dirige la solicitud.

2.  La autoridad competente deberá satisfacer toda solicitud que le sea presentada de conformidad con el apartado 1, e informará a la Autoridad lo antes posible y, a más tardar, en un plazo de diez días laborables de las medidas que haya adoptado o se proponga adoptar para responder a dicha solicitud.

3.  Sin perjuicio de las facultades que el artículo 258 del TFUE confiere a la Comisión y de las obligaciones que le impone, cuando una autoridad competente no cumpla lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, será de aplicación el artículo 17.».

6 bis bis)  Se inserta el artículo 9 quater siguiente:

«Artículo 9 quater

Cartas de no acción de duración limitada

1.  En circunstancias excepcionales, y si se cumplen las condiciones previstas en el presente apartado, la Autoridad podrá, en coordinación con todas las autoridades competentes pertinentes, emitir cartas de no acción de duración limitada por lo que respecta a determinadas disposiciones del Derecho de la Unión basadas en los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2. Estas cartas de no acción constituyen un compromiso temporal por parte de la Autoridad y de todas las autoridades competentes pertinentes de abstenerse de hacer cumplir a las entidades financieras determinadas disposiciones del Derecho de la Unión cuando estas no puedan cumplirlas por al menos una de las razones que se exponen a continuación:

a)   el cumplimiento supondría para las entidades financieras una infracción de otros requisitos legales y regulatorios del Derecho de la Unión;

b)  la Autoridad considera inviable el cumplimiento sin más medidas de nivel 2 o directrices de nivel 3;

c)  el cumplimiento supondría un perjuicio o amenaza grave para cualquiera de los siguientes elementos: la confianza de los mercados, la protección de los consumidores o los inversores, la integridad y el funcionamiento ordenado de los mercados financieros o de los mercados de materias primas, la estabilidad de la totalidad o de parte del sistema financiero de la Unión.

La Autoridad no emitirá cartas de no acción si considera que estas tendrán un efecto perjudicial desproporcionado con respecto a sus beneficios en la eficiencia de los mercados financieros o la protección de los consumidores o los inversores.

2.  En su carta de no acción, la Autoridad especificará las disposiciones concretas del Derecho de la Unión a las que afecta la suspensión del cumplimiento, los motivos por los que considera que se cumplen las condiciones previstas en el apartado 1 y la fecha de expiración de la suspensión del cumplimiento. La duración de esta suspensión no será superior a seis meses.

3.  En caso de que la Autoridad decida emitir una carta de no acción, informará de ello inmediatamente a la Comisión, al Parlamento Europeo y al Consejo. En el plazo de dos semanas desde la recepción de esta información, la Comisión, el Parlamento Europeo o el Consejo podrán solicitar a la Autoridad que reconsidere su decisión. A iniciativa de la Comisión, del Parlamento Europeo o del Consejo, este plazo podrá prorrogarse dos semanas. En caso de que la Comisión, el Parlamento Europeo o el Consejo pidan a la Autoridad que reconsidere su decisión, la Autoridad decidirá, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 44, apartado 1, párrafo segundo, si mantiene o no su decisión.

4.  Cuando la Autoridad emita una carta de no acción con arreglo a los apartados 1 a 3, la publicará de inmediato en su sitio Internet. La Autoridad revisará su decisión de emitir una carta de no acción a intervalos adecuados y solo podrá renovarla por un período de seis meses. Si la decisión de emitir una carta de no acción no se renueva tras el período de seis o doce meses, caducará automáticamente.».

6 bis ter)  El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 10Normas técnicas de regulación

1. Cuando el Parlamento Europeo y el Consejo deleguen poderes en la Comisión para adoptar normas técnicas de regulación mediante actos delegados con arreglo al artículo 290 TFUE, con el fin de garantizar la armonización coherente en los ámbitos previstos específicamente en los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, la Autoridad podrá elaborar proyectos de normas técnicas de regulación. La Autoridad presentará sus proyectos de normas de regulación a la Comisión para su aprobación. Al mismo tiempo, la Autoridad los transmitirá para información al Parlamento Europeo y al Consejo.

Las normas técnicas de regulación serán de carácter técnico, no podrán entrañar decisiones estratégicas o políticas y su contenido estará limitado por los actos legislativos en los que se basen. La Autoridad informará al Parlamento Europeo y al Consejo, tan pronto como sea posible y de forma exhaustiva, de sus avances en la elaboración de los proyectos de normas técnicas de regulación.

Antes de presentarlos a la Comisión, la Autoridad llevará a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación y analizará los costes y beneficios potenciales correspondientes, de conformidad con el artículo 8, apartado 2 bis. La Autoridad recabará asimismo el asesoramiento del Grupo de partes interesadas del sector bancario a que se refiere el artículo 37.

En un plazo de tres meses tras su recepción, la Comisión decidirá si lo aprueba. La Comisión podrá aprobar los proyectos de normas técnicas de regulación solo en parte o con modificaciones cuando el interés de la Unión así lo exija.

En caso de que la Comisión no tome una decisión en un plazo de tres meses tras la recepción del proyecto de norma técnica de regulación sobre si adopta o no dicha norma, informará de ello inmediatamente y, en cualquier caso, antes de que finalice el plazo de tres meses al Parlamento Europeo y al Consejo, indicando los motivos por los que no está en condiciones de tomar una decisión y el calendario previsto para su aprobación, teniendo debidamente en cuenta la fecha de aplicación y de ejecución del acto legislativo aplicable mencionado en el artículo 1, apartado 2. Los retrasos en la adopción del proyecto de norma técnica de regulación no impedirán al Parlamento Europeo y al Consejo ejercer sus competencias de control previstas en el artículo 13.

En caso de que la Comisión tenga la intención de no aprobar un proyecto de norma técnica de regulación, o de aprobarlo en parte o con modificaciones, devolverá el proyecto de norma técnica de regulación a la Autoridad junto con una explicación de por qué no lo aprueba o, en su caso, una explicación de los motivos de sus modificaciones, y remitirá una copia de su carta al Parlamento Europeo y al Consejo. En un plazo de seis semanas, la Autoridad podrá modificar el proyecto de norma técnica de regulación basándose en las modificaciones propuestas por la Comisión y volver a presentarlo en forma de dictamen formal a la Comisión. La Autoridad remitirá una copia de su dictamen formal al Parlamento Europeo y al Consejo.

Si transcurrido el plazo de seis semanas, la Autoridad no ha presentado un proyecto modificado de norma técnica de regulación, o ha presentado un proyecto de norma técnica de regulación que no está modificado de acuerdo con las propuestas de modificación de la Comisión, esta podrá adoptar la norma técnica de regulación con las modificaciones que considere pertinentes, o rechazarla.

La Comisión no podrá cambiar el contenido de un proyecto de norma técnica de regulación elaborado por la Autoridad sin una coordinación previa con ella, según se establece en el presente artículo.

2. Cuando la Autoridad no haya presentado un proyecto de norma técnica de regulación en el plazo previsto en los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, informará de ello inmediatamente al Parlamento Europeo y al Consejo, indicando los motivos por los que no está en condiciones de presentar el proyecto de norma técnica de regulación y el calendario previsto para su aprobación, teniendo debidamente en cuenta la fecha de aplicación y de ejecución del acto legislativo aplicable mencionado en el artículo 1, apartado 2. La Comisión podrá solicitar un proyecto dentro de un nuevo plazo. La Comisión informará sin demora al Parlamento Europeo y al Consejo del nuevo plazo. El Parlamento Europeo podrá pedir al presidente de la Autoridad que explique los motivos por los que no ha podido presentar el proyecto de norma técnica de regulación.

3. Solo cuando la Autoridad no presente a la Comisión un proyecto dentro del plazo previsto en el apartado 2, la Comisión podrá adoptar una norma técnica de regulación mediante un acto delegado sin un proyecto de la Autoridad.

La Comisión llevará a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación y analizará los costes y beneficios potenciales correspondientes, a menos que dichas consultas y análisis sean desproporcionados con respecto al ámbito y la incidencia de los proyectos de normas técnicas de regulación de que se trate o con respecto a la urgencia particular del asunto. La Comisión recabará asimismo ▐ el asesoramiento del Grupo de partes interesadas del sector bancario a que se refiere el artículo 37.

La Comisión remitirá inmediatamente el proyecto de norma técnica de regulación al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Autoridad.

▐ En un plazo de seis semanas, la Autoridad podrá modificar el proyecto de norma técnica de regulación y presentarlo en forma de dictamen formal a la Comisión. La Autoridad remitirá una copia de su dictamen formal al Parlamento Europeo y al Consejo.

Si transcurrido el plazo de seis semanas a que se hace referencia en el párrafo cuarto, la Autoridad no ha presentado un proyecto modificado de norma técnica de regulación, la Comisión podrá adoptar la norma técnica de regulación.

Si la Autoridad presenta un proyecto modificado de norma técnica de regulación en el plazo de seis semanas, la Comisión podrá modificar dicho proyecto basándose en las modificaciones propuestas por la Autoridad o adoptar la norma técnica de regulación con las modificaciones que considere pertinentes. La Comisión no cambiará el contenido del proyecto de norma técnica de regulación elaborado por la Autoridad sin una coordinación previa con ella, según se establece en el presente artículo.

4. Las normas técnicas de regulación se adoptarán por medio de reglamentos o decisiones. En su título aparecerán las palabras “norma técnica de regulación”. Se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrarán en vigor en la fecha prevista en él.».

6 ter)  En el artículo 13, apartado 1, se suprime el párrafo segundo.

6 quater)  El artículo 15 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 15Normas técnicas de ejecución

1. Cuando el Parlamento Europeo y el Consejo otorguen poderes de ejecución a la Comisión para adoptar normas técnicas de ejecución mediante actos de ejecución con arreglo al artículo 291 TFUE, y con el fin de garantizar condiciones uniformes para la aplicación de los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, la Autoridad podrá elaborar proyectos de normas técnicas de ejecución. Las normas técnicas de ejecución tendrán un carácter técnico, no entrañarán decisiones estratégicas o políticas y su contenido establecerá las condiciones de aplicación de dichos actos. La Autoridad presentará sus proyectos de normas técnicas de ejecución a la Comisión para su aprobación. Al mismo tiempo, la Autoridad los transmitirá para información al Parlamento Europeo y al Consejo.

Antes de presentar los proyectos de normas técnicas de ejecución a la Comisión, la Autoridad llevará a cabo consultas públicas y analizará los costes y beneficios potenciales correspondientes, de conformidad con el artículo 8, apartado 2 bis. La Autoridad recabará asimismo el asesoramiento del Grupo de partes interesadas del sector bancario a que se refiere el artículo 37.

En un plazo de tres meses tras la recepción de un proyecto de norma de técnica de ejecución, la Comisión decidirá si lo aprueba. ▌ Podrá aprobar el proyecto de norma técnica de ejecución solo en parte o con modificaciones cuando el interés de la Unión así lo exija. Si la Comisión no se opone total o parcialmente a la norma técnica de ejecución propuesta dentro del período de evaluación, dicha norma se considerará aprobada.

En caso de que la Comisión no tome una decisión en un plazo de tres meses tras la recepción de la norma técnica de ejecución, informará de ello inmediatamente y, en cualquier caso, antes de que finalice el plazo de tres meses al Parlamento Europeo y al Consejo, indicando los motivos por los que no está en condiciones de tomar una decisión y el calendario previsto para su aprobación, teniendo debidamente en cuenta la fecha de aplicación y de ejecución del acto legislativo aplicable mencionado en el artículo 1, apartado 2.

En caso de que la Comisión tenga la intención de no aprobar un proyecto de norma técnica de ejecución, o de aprobarlo en parte o con modificaciones, lo devolverá a la Autoridad, junto con una explicación de por qué no lo aprueba o, en su caso, una explicación de los motivos de sus modificaciones, y remitirá una copia de su carta al Parlamento Europeo y al Consejo. En un plazo de seis semanas, la Autoridad podrá modificar el proyecto de norma de ejecución basándose en las modificaciones propuestas por la Comisión y volver a presentarlo en forma de dictamen formal a la Comisión. La Autoridad remitirá una copia de su dictamen formal al Parlamento Europeo y al Consejo.

Si transcurrido el plazo de seis semanas al que se hace referencia en el párrafo quinto, la Autoridad no ha presentado un proyecto de norma técnica de ejecución modificado, o ha presentado un proyecto de norma técnica de ejecución que no esté modificado de acuerdo con las propuestas de modificación de la Comisión, esta podrá adoptar la norma técnica de ejecución con las modificaciones que considere pertinentes, o rechazar la norma.

La Comisión no cambiará el contenido de un proyecto de norma técnica de ejecución elaborado por la Autoridad sin una coordinación previa con ella, según se establece en el presente artículo.

2. En los casos en que la Autoridad no haya presentado un proyecto de norma técnica de ejecución en el plazo previsto en los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, informará de ello inmediatamente al Parlamento Europeo y al Consejo, indicando los motivos por los que no está en condiciones de presentar el proyecto de norma técnica de ejecución y el calendario previsto para su aprobación, teniendo debidamente en cuenta la fecha de aplicación y de ejecución del acto legislativo aplicable mencionado en el artículo 1, apartado 2. La Comisión podrá solicitar dicho proyecto dentro de un nuevo plazo. La Comisión informará sin demora al Parlamento Europeo y al Consejo del nuevo plazo. El Parlamento Europeo podrá pedir al presidente de la Autoridad que explique los motivos por los que no ha podido presentar el proyecto de norma técnica de ejecución.

3. Solo cuando la Autoridad no presente a la Comisión un proyecto de norma técnica de ejecución dentro de los plazos previstos en el apartado 2, la Comisión podrá adoptar una norma técnica de ejecución mediante un acto de ejecución sin un proyecto de la Autoridad.

La Comisión llevará a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de ejecución y analizará los costes y beneficios potenciales correspondientes, a menos que dichas consultas y análisis sean desproporcionados con respecto al ámbito y la incidencia de los proyectos de normas técnicas de ejecución de que se trate o con respecto a la urgencia particular del asunto. La Comisión recabará asimismo ▐ el asesoramiento del Grupo de partes interesadas del sector bancario a que se refiere el artículo 37.

La Comisión remitirá inmediatamente el proyecto de norma técnica de ejecución al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Autoridad.

▐ En un plazo de seis semanas, la Autoridad podrá modificar el proyecto de norma de ejecución y presentarlo en forma de dictamen formal a la Comisión. La Autoridad remitirá una copia de su dictamen formal al Parlamento Europeo y al Consejo.

Si transcurrido el plazo de seis semanas a que se hace referencia en el párrafo cuarto, la Autoridad no ha presentado un proyecto modificado de norma técnica de ejecución, la Comisión podrá adoptar la norma técnica de ejecución.

Si la Autoridad presenta un proyecto modificado de norma técnica de ejecución en el plazo de seis semanas, la Comisión podrá modificar dicho proyecto basándose en las modificaciones propuestas por la Autoridad o adoptar la norma técnica de ejecución con las modificaciones que considere pertinentes.

La Comisión no cambiará el contenido de los proyectos de normas técnicas de ejecución elaborados por la Autoridad sin una coordinación previa con ella, según se establece en el presente artículo.

4. Las normas técnicas de ejecución se adoptarán por medio de reglamentos o decisiones. En su título aparecerán las palabras “norma técnica de ejecución”. Se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrarán en vigor en la fecha prevista en él.».

7)  El artículo 16 se modifica como sigue:

a)  ▌el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Con objeto de establecer prácticas de supervisión coherentes, eficaces y efectivas dentro del SESF y de garantizar la aplicación común, uniforme y coherente del Derecho de la Unión, la Autoridad emitirá directrices o recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes o a las entidades financieras.

Asimismo, la Autoridad podrá dirigir orientaciones y recomendaciones a las autoridades de los Estados miembros que no se definan como autoridades competentes con arreglo al presente Reglamento pero que estén facultadas para velar por la aplicación de los actos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2.

Las directrices y recomendaciones se ajustarán al mandato de los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2 y tendrán en cuenta el principio de proporcionalidad. La Autoridad no emitirá directrices y recomendaciones sobre cuestiones cubiertas por atribuciones de competencias de nivel 1 para las normas técnicas de regulación o de ejecución.

1 bis. Con objeto de establecer prácticas de supervisión coherentes, eficaces y efectivas dentro del SESF, la Autoridad podrá emitir directrices dirigidas a todas las autoridades competentes o entidades financieras a efectos de los actos legislativos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2, basadas en el procedimiento expuesto en el apartado 3 del presente artículo, que obliga bien a cumplir la directriz, bien a exponer los motivos para no cumplirla. Esas directrices se considerarán adecuadas para el cumplimiento de los requisitos de los actos legislativos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2. En consonancia con lo anterior, las autoridades competentes y las entidades financieras podrán establecer otras prácticas en relación con el método de cumplimiento de los actos legislativos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2.»;

b)  el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Salvo en circunstancias excepcionales, la Autoridad llevará a cabo consultas públicas abiertas sobre las directrices y recomendaciones que emita y, cuando proceda, sobre las preguntas y respuestas correspondientes, y analizará los costes y beneficios potenciales derivados de la formulación de dichas directrices y recomendaciones. Esas consultas y análisis serán proporcionados en relación con el alcance, el carácter y la repercusión de las directrices o recomendaciones. Salvo en circunstancias excepcionales, la Autoridad recabará asimismo ▌ el asesoramiento del Grupo de partes interesadas del sector bancario a que se refiere el artículo 37. Cuando no lleve a cabo consultas públicas abiertas o no recabe el asesoramiento del Grupo de partes interesadas del sector bancario, la Autoridad expondrá los motivos por los que no lo ha hecho.»;

b bis)  se añaden los apartados 2 bis, 2 ter, 2 quater y 2 quinquies siguientes:

«2 bis. A efectos de los actos legislativos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2, la Autoridad podrá formular recomendaciones a una o varias autoridades competentes o a una o varias entidades financieras.

2 ter. La Autoridad especificará en sus directrices y recomendaciones cómo contribuye al establecimiento de prácticas de supervisión coherentes, eficientes y eficaces dentro del SESF, cómo garantiza la aplicación común, uniforme y coherente del Derecho de la Unión y cómo respeta lo dispuesto en los apartados 1, 1 bis y 2 bis.

2 quater. Las directrices y recomendaciones no se limitarán simplemente a reproducir elementos de los actos legislativos o referirse a ellos. Antes de emitir una nueva directriz o recomendación, la Autoridad revisará en primer lugar las directrices y recomendaciones existentes con el fin de evitar cualquier duplicación.

2 quinquies. Tres meses antes de emitir cualquiera de las directrices y recomendaciones a que se hace referencia en el apartado 1 bis y en el apartado 2 bis, la Autoridad informará al Parlamento Europeo y al Consejo del contenido que tiene la intención de incluir en tales directrices y recomendaciones.»;

c)  ▌el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. En el informe a que se refiere el artículo 43, apartado 5, la Autoridad informará al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión de las directrices y recomendaciones formuladas, explicará el modo en que ha justificado la formulación de las directrices con arreglo al apartado 1 bis y las recomendaciones con arreglo al apartado 2 bis, y resumirá la información obtenida en las consultas públicas sobre esas directrices con arreglo al artículo 8, apartado 2 bis. El informe también especificará la autoridad competente que no ▐ ha cumplido las directrices y recomendaciones e indicará de qué forma la Autoridad se propone garantizar que la autoridad competente de que se trate siga sus directrices y recomendaciones ▐ en el futuro.»;

d)  se añaden los apartados 5, 5 bis y 5 ter siguientes:

«5. Cuando dos tercios de los miembros del Grupo de partes interesadas del sector bancario consideren que la Autoridad se ha extralimitado en su competencia al emitir una directriz con arreglo al apartado 1 bis, podrán enviar asesoramiento motivado al respecto al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.

5 bis. Cuando al menos la mitad de los miembros del Grupo de partes interesadas del sector bancario consideren que la Autoridad se ha extralimitado en su competencia al emitir una recomendación con arreglo al apartado 2 bis, podrán enviar asesoramiento motivado al respecto al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.

5 ter. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión podrán pedir a la Autoridad una explicación que justifique la emisión de dichas directrices o recomendaciones. Una vez que haya recibido la explicación de la Autoridad, la Comisión evaluará el alcance de las directrices o recomendaciones teniendo en cuenta la competencia de la Autoridad y remitirá su evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo. Cuando el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión consideren que la Autoridad se ha extralimitado en su competencia, y tras haberle ofrecido a esta la oportunidad de expresar su punto de vista, la Comisión podrá adoptar una decisión ▌ en la que inste a la Autoridad a retirar o modificar las directrices o recomendaciones de que se trate. Antes de adoptar tal decisión, y cuando así lo solicite el Parlamento Europeo, la Comisión efectuará una declaración ante el Parlamento Europeo y responderá a todas las preguntas formuladas por los diputados. El Parlamento Europeo podrá solicitar a la Comisión que adopte una decisión en la que inste a la Autoridad a retirar o modificar las directrices o recomendaciones de que se trate. La decisión de la Comisión se hará pública.».

7 bis)  Se insertan los artículos 16 bis y 16 ter siguientes:

«Artículo 16 bisDictámenes

1. A petición del Parlamento Europeo, del Consejo o de la Comisión, o por su propia iniciativa, la Autoridad emitirá dictámenes dirigidos al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión sobre todos los asuntos relacionados con su ámbito de competencia. Tales dictámenes no se harán públicos a menos que se especifique lo contrario en la solicitud.

2. La solicitud a que se hace referencia en el apartado 1 podrá incluir una consulta pública o un análisis técnico.

3. Por lo que se refiere a las evaluaciones realizadas con arreglo al artículo 22 de la Directiva 2013/36/UE y que, con arreglo a lo dispuesto en ella, precisen la consulta entre las autoridades competentes de dos o más Estados miembros, la Autoridad, a petición de una de las autoridades competentes afectadas, podrá emitir y publicar un dictamen sobre la evaluación. El dictamen se emitirá rápidamente y, en cualquier caso, antes del final del período de evaluación a que se refiere la citada Directiva.

4. La Autoridad, a petición del Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión, podrá proporcionar asesoramiento técnico al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión durante el procedimiento legislativo ordinario y en relación con actos delegados relativos a propuestas legislativas de la Comisión en los ámbitos establecidos en los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2.

Artículo 16 terPreguntas y respuestas

1. Para la interpretación, aplicación práctica o ejecución de las disposiciones de los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, de los actos delegados y de ejecución asociados o de las directrices y recomendaciones adoptadas en virtud de esos actos legislativos, toda persona física o jurídica, incluidas las autoridades competentes y las instituciones de la Unión, podrán plantear una pregunta a la Autoridad en cualquier lengua oficial de la Unión.

Antes de remitir una pregunta a la Autoridad, las entidades financieras evaluarán si procede dirigir la pregunta en primer lugar a su autoridad competente.

La Autoridad publicará en su sitio Internet todas las preguntas admisibles con arreglo al apartado 1, para cada acto legislativo, después de recibirlas y antes de responderlas.

Este proceso no impedirá que cualquier persona física o jurídica, incluidas las autoridades competentes y las instituciones de la Unión, soliciten asesoramiento técnico o aclaraciones a la Autoridad con carácter confidencial.

2. La Autoridad publicará en su sitio Internet respuestas no vinculantes a todas las preguntas admisibles con arreglo al apartado 1, para cada acto legislativo, a menos que la publicación provoque un conflicto con el interés legítimo de la persona física o jurídica que planteó la pregunta o conlleve riesgos para la estabilidad del sistema financiero.

3. Antes de publicar las respuestas a las preguntas admisibles, la Autoridad podrá consultar a las partes interesadas de conformidad con el artículo 16, apartado 2.

4. Las respuestas de la Autoridad se considerarán adecuadas para el cumplimiento de los requisitos de los actos legislativos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2, y de los actos delegados y de ejecución asociados, así como de las directrices y recomendaciones adoptadas con arreglo a esos actos legislativos. Las autoridades competentes y las entidades financieras podrán establecer otras prácticas para el cumplimiento de todos los requisitos jurídicos aplicables.

5. La Autoridad revisará las respuestas a las preguntas tan pronto como se considere necesario y adecuado o en el plazo máximo de veinticuatro meses tras su publicación a fin de, en caso necesario, revisarlas, actualizarlas o retirarlas.

6. Cuando proceda, la Autoridad tendrá en cuenta las respuestas publicadas a la hora de elaborar o actualizar directrices y recomendaciones de conformidad con el artículo 16.».

8)  El artículo 17 se sustituye por el texto siguiente:

«1. En caso de que una autoridad competente no haya aplicado los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2, incluidas las normas técnicas de regulación y las normas técnicas de ejecución establecidas de conformidad con los artículos 10 a 15, o los haya aplicado en una forma que pueda incumplir el Derecho de la Unión, en particular por no asegurarse de que una entidad financiera satisface los requisitos previstos en dichos actos, la Autoridad actuará con arreglo a las competencias previstas en los apartados 2, 3 y 6 del presente artículo.

2. A petición de una o varias autoridades competentes, del Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión, del Grupo de partes interesadas del sector bancario, o sobre la base de información objetiva y bien fundamentada proporcionada por organizaciones o instituciones pertinentes, o por su propia iniciativa, y tras haber informado a la autoridad competente en cuestión, la Autoridad responderá a la petición y, si procede, investigará la supuesta infracción u omisión de aplicación del Derecho de la Unión.

Sin perjuicio de las competencias previstas en el artículo 35, la autoridad competente facilitará sin demora a la Autoridad toda la información que esta considere necesaria para su investigación, incluyendo la que concierna al modo en que los actos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2, son aplicados de conformidad con el Derecho de la Unión.

Sin perjuicio de las competencias previstas en el artículo 35, la Autoridad podrá dirigir directamente una solicitud de información debidamente justificada y motivada a otras autoridades competentes o entidades financieras pertinentes cuando la solicitud de información a la autoridad competente de que se trate se haya revelado o se considere insuficiente para obtener la información necesaria a efectos de investigar una supuesta infracción u omisión de aplicación del Derecho de la Unión. Cuando vaya dirigida a entidades financieras, la solicitud motivada deberá explicar por qué es necesaria la información a efectos de investigar una supuesta infracción u omisión de aplicación del Derecho de la Unión.

El destinatario de tal solicitud facilitará a la Autoridad información clara, exacta y completa, sin demoras injustificadas.

Cuando se haya dirigido una solicitud de información a una entidad financiera, la Autoridad informará de la solicitud a las autoridades competentes pertinentes. Las autoridades competentes ayudarán a la Autoridad a obtener la información, cuando así lo solicite esta.

3. La Autoridad podrá iniciar un proceso de arbitraje con la autoridad competente en cuestión a fin de tratar las medidas que deben adoptarse para cumplir el Derecho de la Unión. La autoridad competente en cuestión cooperará sinceramente en ese arbitraje.

La Autoridad, lo antes posible y a más tardar en el plazo de cuatro meses desde el inicio de su investigación, podrá dirigir a la autoridad competente en cuestión una recomendación en la que expondrá las medidas que deben adoptarse para ajustarse al Derecho de la Unión.

En el plazo de diez días laborables a partir de la recepción de la recomendación, la autoridad competente informará a la Autoridad de las medidas que ha adoptado o se propone adoptar para garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión.

4. Si la autoridad competente no ha cumplido el Derecho de la Unión en el plazo de un mes a partir de la recepción de la recomendación de la Autoridad, la Comisión, tras haber sido informada por la Autoridad, o por propia iniciativa, podrá emitir un dictamen formal instando a la autoridad competente a adoptar las medidas necesarias para cumplir el Derecho de la Unión. El dictamen formal de la Comisión tendrá en cuenta la recomendación de la Autoridad.

La Comisión emitirá este dictamen formal a más tardar tres meses después de la adopción de la recomendación. La Comisión podrá prorrogar un mes dicho plazo.

La Autoridad y las autoridades competentes facilitarán a la Comisión toda la información necesaria.

5. En el plazo de diez días laborables a partir de la recepción del dictamen formal mencionado en el apartado 4, la autoridad competente informará a la Comisión y a la Autoridad de las medidas que ha adoptado o se propone adoptar para atenerse a dicho dictamen formal.

6.  Sin perjuicio de las facultades que el artículo 258 del Tratado confiere a la Comisión y de las obligaciones que le impone, en caso de que una autoridad competente no se atenga al dictamen formal mencionado en el apartado 4 en el plazo en él especificado, y cuando sea necesario subsanar oportunamente dicho incumplimiento con el fin de mantener o restablecer condiciones neutras de competencia en el mercado o garantizar el funcionamiento ordenado y la integridad del sistema financiero, la Autoridad, siempre que los requisitos pertinentes de los actos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, sean directamente aplicables a las entidades financieras o, en asuntos relativos a la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a los operadores del sector financiero, podrá adoptar una decisión individual dirigida a una entidad financiera o un operador del sector financiero en la que le exija tomar las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión, incluido el cese de cualquier conducta.

En asuntos relacionados con la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, cuando los requisitos pertinentes de los actos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, no sean directamente aplicables a los operadores del sector financiero, la Autoridad podrá adoptar una decisión en la que exija a la autoridad competente que se atenga al dictamen formal mencionado en el apartado 4 en el plazo especificado en dicho apartado. Si la autoridad competente no cumple dicha decisión, la Autoridad también podrá adoptar una decisión con arreglo al párrafo primero. A tal efecto, la Autoridad aplicará todo el Derecho de la Unión pertinente y, cuando este esté integrado por directivas, la legislación nacional de transposición de dichas directivas. Cuando el Derecho de la Unión pertinente consista en reglamentos y estos, en la fecha corriente, concedan expresamente opciones a los Estados miembros, la Autoridad aplicará también la legislación nacional en la que se ejerzan dichas opciones.

La decisión de la Autoridad se ajustará al dictamen formal emitido por la Comisión de conformidad con el apartado 4 del presente artículo.

7.  Las decisiones adoptadas de conformidad con el apartado 6 prevalecerán sobre cualquier decisión anterior adoptada por las autoridades competentes con respecto al mismo asunto.

Al tomar medidas en asuntos que sean objeto de un dictamen formal de conformidad con el apartado 4 del presente artículo o de una decisión con arreglo al apartado 6, las autoridades competentes se atendrán al dictamen formal o la decisión, según proceda.

8. En el informe a que se hace referencia en el artículo 43, apartado 5, la Autoridad especificará las autoridades competentes y las entidades financieras que no hayan cumplido los dictámenes formales o las decisiones a que se refieren los apartados 4 y 6 del presente artículo.».

8 bis)  Se inserta el artículo 17 bis siguiente:

«Artículo 17 bis

La Autoridad dispondrá de canales de notificación específicos para la recepción y el tratamiento de la información facilitada por un informante sobre una infracción u omisión de aplicación del Derecho de la Unión. La Autoridad velará por que la información pueda presentarse de forma anónima y segura. Si la Autoridad considera que la información presentada contiene pruebas o indicios significativos de infracciones graves, suministrará un informe a la persona que la haya presentado.».

8 ter)  En el artículo 18, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Si el Consejo ha adoptado una decisión de conformidad con el apartado 2, y en las circunstancias excepcionales en que sea necesaria la actuación coordinada de las autoridades competentes para responder a situaciones adversas que puedan comprometer gravemente el correcto funcionamiento y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad del conjunto o una parte del sistema financiero en la Unión o la protección de los clientes y consumidores, la Autoridad podrá adoptar decisiones individuales instando a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias, de conformidad con la normativa citada en el artículo 1, apartado 2, para abordar tales situaciones, asegurándose de que las entidades financieras y las autoridades competentes satisfacen los requisitos establecidos en dicha normativa.».

9)  El artículo 19 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. En los casos especificados en los actos de la Unión mencionados en el artículo 1, apartado 2, así como en casos de desacuerdo significativo entre dos o más autoridades nacionales competentes sobre la aplicación de dichos actos, y sin perjuicio de las competencias previstas en el artículo 17, la Autoridad podrá ayudar a las autoridades competentes a llegar a un acuerdo de conformidad con el procedimiento establecido en los apartados 2 a 4 en cualquiera de las siguientes circunstancias:

a)  a instancias de una o varias de las autoridades competentes de que se trate, si una autoridad competente no está de acuerdo con el procedimiento, con el contenido de una acción o propuesta de acción o con la inactividad de otra autoridad competente;

b)  por iniciativa propia, cuando, sobre la base de motivos objetivos, también sobre la base de la información proporcionada por participantes en los mercados u organizaciones de consumidores, pueda determinarse la existencia de desacuerdo entre autoridades competentes.

En los casos en que los actos citados en el artículo 1, apartado 2, exijan que las autoridades competentes tomen una decisión conjunta, se presumirá que existe desacuerdo si dichas autoridades no hubieran tomado la decisión conjunta en los plazos establecidos en dichos actos.»;

b)  se insertan los apartados 1 bis y 1 ter siguientes:

«1 bis. Las autoridades competentes de que se trate notificarán en los siguientes casos a la Autoridad, a la mayor brevedad, que no se ha llegado a un acuerdo:

a)  cuando en los actos de la Unión a que se refiere el artículo 1, apartado 2, se haya previsto un plazo para llegar a un acuerdo entre las autoridades competentes y suceda una de las siguientes situaciones, teniéndose en cuenta la que se produzca en primer lugar:

i) que el plazo haya expirado; o

ii) que una o varias de las autoridades competentes de que se trate lleguen a la conclusión, sobre la base de motivos objetivos, de que existe desacuerdo;

b)  cuando en los actos de la Unión a que se refiere el artículo 1, apartado 2, no se haya previsto un plazo para llegar a un acuerdo entre las autoridades competentes y suceda una de las siguientes situaciones, teniéndose en cuenta la que se produzca en primer lugar:

i)  que una o varias de las autoridades competentes de que se trate lleguen a la conclusión, sobre la base de motivos objetivos, de que existe desacuerdo; o

ii)  que hayan transcurrido dos meses desde la fecha de recepción por parte de una autoridad competente de una solicitud de otra autoridad competente para adoptar determinadas medidas a fin de cumplir tales actos de la Unión y que la autoridad requerida aún no haya adoptado una decisión que atienda a la solicitud.

1 ter. El presidente valorará si la Autoridad debe actuar de conformidad con el apartado 1. Cuando la intervención tenga lugar a iniciativa de la Autoridad, esta notificará a las autoridades competentes de que se trate su decisión en lo que respecta a la intervención.

A la espera de la decisión de la Autoridad de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 47, apartado 3 bis, en los casos en que los actos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, exijan una decisión conjunta, todas las autoridades competentes implicadas en dicha decisión conjunta aplazarán sus decisiones individuales. Cuando la Autoridad decida actuar, todas las autoridades competentes implicadas en la decisión conjunta aplazarán sus decisiones hasta que concluya el procedimiento establecido en los apartados 2 y 3.»;

c)  el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«Si las autoridades competentes en cuestión no consiguen llegar a un acuerdo en la fase de conciliación a que se refiere el apartado 2, la Autoridad podrá adoptar una decisión instándolas bien a tomar medidas específicas, bien a abstenerse de toda actuación, a fin de dirimir el asunto, con objeto de garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión. La decisión de la Autoridad tendrá carácter vinculante para las autoridades competentes en cuestión. La decisión de la Autoridad podrá instar a las autoridades competentes a revocar o modificar una decisión que hayan adoptado o a utilizar las competencias que tienen en virtud de la legislación pertinente de la Unión.»;

d)  se inserta el apartado 3 bis siguiente:

«3 bis. La Autoridad notificará a las autoridades competentes implicadas la conclusión de los procedimientos con arreglo a los apartados 2 y 3, junto con, en su caso, la decisión adoptada con arreglo al apartado 3.»;

e)  el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.  Sin perjuicio de las facultades que el artículo 258 del TFUE confiere a la Comisión y de las obligaciones que le impone, en caso de que una autoridad competente no cumpla la decisión de la Autoridad al no asegurarse de que una entidad financiera, o, en asuntos relacionados con la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, un operador del sector financiero, cumple los requisitos que le son directamente aplicables en virtud de los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2, la Autoridad podrá adoptar una decisión individual dirigida a la entidad financiera o al operador del sector financiero instándoles a adoptar las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión, incluido el cese de una práctica.

En asuntos relacionados con la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la Autoridad también podrá adoptar una decisión de conformidad con el párrafo primero cuando los requisitos pertinentes de los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2, no sean directamente aplicables a los operadores del sector financiero. A tal efecto, la Autoridad aplicará todo el Derecho de la Unión pertinente y, cuando este esté integrado por directivas, la legislación nacional de transposición de dichas directivas. Cuando el Derecho de la Unión pertinente consista en reglamentos y estos, en la fecha corriente, concedan expresamente opciones a los Estados miembros, la Autoridad aplicará también la legislación nacional en la que se ejerzan dichas opciones.».

9 bis)  El artículo 21 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 21Colegios de supervisores

1. La Autoridad promoverá y verificará, en el marco de sus competencias, el funcionamiento eficiente, eficaz y coherente de los colegios de supervisores que se establezcan en los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, y fomentará la aplicación coherente del Derecho de la Unión entre los diferentes colegios de supervisores. Con el objetivo de lograr una convergencia entre las mejores prácticas de supervisión, la Autoridad fomentará la realización de planes de supervisión conjuntos y exámenes conjuntos, y el personal de la Autoridad tendrá plenos derechos de participación en los colegios de supervisores y, como tal, podrá participar en las actividades de los colegios de supervisores, incluidos los exámenes in situ, realizadas de forma conjunta por dos o más autoridades competentes y, en casos debidamente justificados, dirigir dichas actividades.

2. La Autoridad deberá desempeñar un papel primordial a la hora de garantizar un funcionamiento coherente de los colegios de supervisores por lo que se refiere a entidades transfronterizas en toda la Unión, teniendo en cuenta el riesgo sistémico planteado por las entidades financieras a las que se refiere el artículo 23, y convocará, si procede, una reunión de un colegio.

A efectos del presente apartado y del apartado 1 del presente artículo, la Autoridad será considerada «autoridad competente» en el sentido de la legislación aplicable.

La Autoridad podrá:

a) recopilar y compartir toda la información pertinente, en cooperación con las autoridades competentes, con el fin de facilitar la labor del colegio y establecer y gestionar un sistema central destinado a poner a disposición de las autoridades competentes en el colegio esta información;

b) iniciar y coordinar las pruebas de solvencia a escala de la Unión con arreglo al artículo 32 para evaluar la capacidad de recuperación de las entidades financieras, en particular el riesgo sistémico planteado por las entidades financieras a que se refiere el artículo 23, ante evoluciones adversas del mercado, y una evaluación de la posibilidad de aumento del riesgo sistémico en situaciones de tensión, garantizando que se aplique a dichas pruebas una metodología coherente a escala nacional y, cuando proceda, dirigir una recomendación a la autoridad competente para que corrija los problemas detectados en la prueba de solvencia, incluida la realización de evaluaciones específicas; podrá solicitar a las autoridades competentes que realicen inspecciones in situ, y podrá participar en tales inspecciones in situ, con objeto de garantizar la comparabilidad y fiabilidad de los métodos, prácticas y resultados de las evaluaciones a escala de la Unión;

c) fomentar actividades de supervisión efectivas y eficientes, incluida la evaluación de los riesgos a los que están expuestas, o pueden estar expuestas, las entidades financieras, tal y como se determina en el proceso de revisión supervisora o en situaciones de tensión;

d) verificar, de acuerdo con las tareas y competencias especificadas en el presente Reglamento, las tareas realizadas por las autoridades competentes; y

e) pedir que un colegio siga deliberando en aquellos casos en los que considere que la decisión tendría como resultado una aplicación incorrecta del Derecho de la Unión o no contribuiría al objetivo de convergencia de las prácticas de supervisión. También podrá solicitar al supervisor del grupo que organice una reunión del colegio o que añada un punto en el orden del día de una reunión.

3. La Autoridad podrá elaborar proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución según se especifica en los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, y conforme al procedimiento establecido en los artículos 10 a 15, para garantizar las mismas condiciones de aplicación respecto de las disposiciones relativas al funcionamiento operativo de los colegios de supervisores, y formular directrices y recomendaciones que se adoptarán de conformidad con el artículo 16 con el fin de fomentar la convergencia de las tareas y las mejores prácticas de supervisión asumidas por los colegios de supervisores.

4. La Autoridad tendrá una función mediadora jurídicamente vinculante para solucionar diferencias entre autoridades competentes de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 19. La Autoridad podrá adoptar decisiones de supervisión directamente aplicables a la institución de que se trate de conformidad con el artículo 19.».

10)  El artículo 22 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 22

Disposiciones generales sobre riesgos sistémicos

1. La Autoridad prestará la debida atención al riesgo sistémico según se define en el Reglamento (UE) n.º 1092/2010. Hará frente a cualquier riesgo de perturbación de los servicios financieros que:

a) esté causado por un trastorno en la totalidad o en parte del sistema financiero, y

b) pueda tener repercusiones negativas graves sobre el mercado interior y la economía real.

La Autoridad tomará en consideración, cuando proceda, la gestión y evaluación del riesgo sistémico que desarrolle la JERS y responderá a las advertencias y recomendaciones de la JERS de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 1092/2010.

2. La Autoridad, en colaboración con la JERS, y de conformidad con el artículo 23, elaborará un conjunto común de indicadores cuantitativos y cualitativos (cuadro de riesgo) para detectar y medir el riesgo sistémico.

La Autoridad elaborará asimismo un régimen adecuado de pruebas de solvencia para ayudar a identificar a las entidades que puedan plantear un riesgo sistémico. Dichas entidades serán objeto de una supervisión reforzada y, en caso necesario, se les aplicarán los procedimientos de rescate y resolución a que se refiere el artículo 25.

3. Sin perjuicio de los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2, la Autoridad elaborará, según se requiera, directrices y recomendaciones adicionales para las entidades financieras, a fin de tener en cuenta el riesgo sistémico que plantean.

La Autoridad garantizará que se tenga en cuenta el riesgo sistémico que plantean las entidades financieras a la hora de desarrollar proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución en los ámbitos establecidos en los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2.

4. A petición de una o más autoridades competentes, del Parlamento Europeo, del Consejo, de los Estados miembros o de la Comisión, o por iniciativa propia, la Autoridad podrá llevar a cabo una investigación sobre un tipo particular de entidad financiera o tipo de producto o tipo de conducta, con el fin de evaluar las posibles amenazas para la estabilidad del sistema financiero o la protección de los clientes o consumidores y realizar las recomendaciones de actuación apropiadas a las autoridades competentes pertinentes.

Para ello, la Autoridad podrá hacer uso de las competencias que se le confieren en virtud del presente Reglamento, con inclusión de los artículos 35 y 35 ter.

5. El Comité Mixto garantizará la coordinación general e intersectorial de las actividades desarrolladas de conformidad con el presente artículo.».

10 bis)  En el artículo 23, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. La Autoridad establecerá, en consulta con la JERS, criterios para la determinación y medición del riesgo sistémico y un régimen adecuado de pruebas de solvencia que incluya una evaluación de la posibilidad de que el riesgo sistémico que plantean las entidades financieras aumente en situaciones de tensión, incluido el riesgo sistémico potencial relacionado con el medio ambiente. Las entidades financieras que puedan plantear un riesgo sistémico serán objeto de una supervisión reforzada y, en caso necesario, se les aplicarán los procedimientos de rescate y resolución mencionados en el artículo 25.».

10 ter)  En el artículo 27, apartado 2, se suprime el párrafo tercero.

11)  El artículo 29 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se modifica como sigue:

i)  se inserta la letra a bis) siguiente:

«a bis) publicar el Plan estratégico de supervisión de la Unión de conformidad con el artículo 29 bis;»;

ii)  la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) promover un intercambio bilateral y multilateral efectivo de información entre las autoridades competentes, en relación con todas las cuestiones pertinentes, entre ellas la ciberseguridad y los ciberataques, ▌respetando plenamente las disposiciones aplicables en materia de confidencialidad y de protección de datos previstas en la legislación pertinente de la Unión;»;

iii) la letra e) se sustituye por el texto siguiente:

«e) elaborar los programas de formación sectoriales e intersectoriales, también en relación con la innovación tecnológica, facilitar los intercambios de personal y alentar a las autoridades competentes a intensificar el recurso a regímenes de comisión de servicio y otras herramientas.»;

iii bis)  se inserta la letra e bis) siguiente:

«e bis) poner en marcha un sistema de seguimiento para evaluar los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza significativos, teniendo en cuenta el Acuerdo de París de la COP 21;»;

b)  ▌el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Cuando resulte apropiado, la Autoridad podrá desarrollar nuevos instrumentos prácticos y herramientas de convergencia para fomentar enfoques y prácticas de supervisión comunes.

A fin de instaurar una cultura común en materia de supervisión, la Autoridad elaborará y mantendrá actualizado un manual de supervisión de la Unión relativo a la supervisión de las entidades financieras de la Unión, teniendo debidamente en cuenta la naturaleza, el alcance y la complejidad de los riesgos, las prácticas empresariales, los modelos de negocio y el tamaño de las entidades financieras y de los mercados. Asimismo, la Autoridad elaborará y mantendrá actualizado un manual de resolución de la Unión relativo a la resolución de entidades financieras en la Unión, teniendo debidamente en cuenta la naturaleza, el alcance y la complejidad de los riesgos, las prácticas empresariales, los modelos de negocio y el tamaño de las entidades financieras y de los mercados. Tanto el manual de supervisión de la Unión como el manual de resolución de la Unión expondrán las mejores prácticas y especificarán métodos y procedimientos de alta calidad.

La Autoridad tendrá debidamente en cuenta el manual de supervisión en el desempeño de sus funciones, incluyendo en la evaluación de posibles infracciones del Derecho de la Unión de conformidad con el artículo 17, en la solución de diferencias de conformidad con el artículo 19, en el establecimiento y evaluación de los objetivos estratégicos en materia de supervisión a escala de la Unión de conformidad con el artículo 29 bis y en la realización de evaluaciones a las autoridades competentes de conformidad con el artículo 30.

La Autoridad, cuando proceda, llevará a cabo consultas públicas abiertas sobre los dictámenes mencionados en el apartado 1, letra a), y las herramientas e instrumentos mencionados en el apartado 2, y analizará los costes y beneficios potenciales correspondientes. Dichas consultas y análisis serán proporcionales al alcance, el carácter y la repercusión de los dictámenes o las herramientas e instrumentos. La Autoridad, cuando proceda, recabará asimismo el dictamen o el asesoramiento del Grupo de partes interesadas del sector bancario.».

12)  Se inserta el artículo 29 bis siguiente:

«Artículo 29 bisPlan estratégico de supervisión

de la Unión

1. Al menos cada tres años y a más tardar el 31 de marzo, la Autoridad, tras un debate en la Junta de Supervisores y atendiendo a las contribuciones recibidas de las autoridades competentes, el trabajo realizado por las instituciones de la Unión y los análisis, alertas y recomendaciones publicados por la JERS, emitirá una recomendación dirigida a las autoridades competentes en la que establecerá las prioridades y objetivos estratégicos a escala de la Unión en materia de supervisión (el «Plan estratégico de supervisión de la Unión»), sin perjuicio de los objetivos y prioridades nacionales específicos de las autoridades competentes. Las autoridades competentes señalarán en sus contribuciones las actividades de supervisión que, en su opinión, la Autoridad debe considerar prioritarias. La Autoridad transmitirá a título informativo el Plan estratégico de supervisión de la Unión al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión y lo hará público en su sitio web.

El Plan estratégico de supervisión de la Unión señalará las prioridades específicas de las actividades de supervisión con el fin de promover prácticas de supervisión coherentes, eficientes y eficaces y una aplicación común, uniforme y coherente del Derecho de la Unión y de abordar las tendencias, los riesgos potenciales y los puntos vulnerables pertinentes a nivel microprudencial, anticipando su evolución e incluyendo nuevos modelos de negocio, detectados de conformidad con el artículo 32. El Plan estratégico de supervisión de la Unión no impedirá a las autoridades nacionales competentes aplicar las mejores prácticas nacionales, actuando con arreglo a las prioridades y evoluciones nacionales adicionales, y considerará las particularidades nacionales.

2. ▌Cada autoridad competente ▌precisará la forma en que su programa de trabajo anual está en consonancia con el Plan estratégico de supervisión de la Unión.

4. ▌Cada autoridad competente dedicará un capítulo de su informe anual a la ejecución del programa de trabajo anual.

El capítulo contendrá como mínimo lo siguiente:

a)  una descripción de las actividades de supervisión y los exámenes de las entidades financieras, los comportamientos y prácticas de mercado y los mercados financieros, y de las sanciones y medidas administrativas impuestas a las entidades financieras responsables de infracciones del Derecho de la Unión y nacional;

b)  una descripción de las actividades que se hayan llevado a cabo y que no estaban previstas en el programa de trabajo anual;

c)  una relación de las actividades previstas en el programa de trabajo anual que no se hayan llevado a cabo y de los objetivos de dicho programa que no se hayan cumplido, así como las razones de que no se hayan llevado a cabo dichas actividades ni cumplido los objetivos.

5. La Autoridad evaluará la información presentada en el capítulo específico a que se refiere el apartado 4. Cuando existan riesgos importantes de que no se cumplan las prioridades establecidas en el Plan estratégico de supervisión de la Unión, la Autoridad dirigirá una recomendación a cada autoridad competente afectada sobre la manera en que pueden subsanar las deficiencias pertinentes que presenten sus actividades.

Sobre la base de los informes y de su propia evaluación de riesgos, la Autoridad determinará las actividades de la autoridad competente que sean esenciales para cumplir el Plan estratégico de supervisión de la Unión y, en su caso, procederá a la evaluación de dichas actividades prevista en el artículo 30.

6. La Autoridad hará públicas las mejores prácticas observadas durante la evaluación de los programas de trabajo anuales.».

13)  El artículo 30 se modifica como sigue:

a)  el título del artículo se sustituye por el texto siguiente:

«Evaluaciones de las autoridades competentes»;

b)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. La Autoridad, a iniciativa propia o previa solicitud del Parlamento Europeo o del Consejo, procederá periódicamente a evaluaciones de algunas o todas las actividades de las autoridades competentes, con el fin de fortalecer aún más la coherencia y la eficacia de los resultados de la supervisión. Para ello, la Autoridad desarrollará métodos que permitan evaluar y comparar objetivamente las actividades de las autoridades competentes examinadas. Al determinar las autoridades competentes que deben ser evaluadas y realizar las evaluaciones, se tendrán en cuenta la información existente y las evaluaciones ya realizadas con respecto a la autoridad competente interesada, incluida ▌ la información pertinente facilitada a la Autoridad de conformidad con el artículo 35 y cualquier información pertinente procedente de las partes interesadas, en particular las posibles deficiencias y conductas indebidas de una autoridad competente.»;

c)  se inserta el apartado siguiente:

«1 bis. A efectos del presente artículo, la Autoridad creará un comité de evaluación ad hoc, presidido por la Autoridad y compuesto por personal de la Autoridad, acompañado y apoyado, de forma voluntaria y rotativa, por hasta cinco representantes de diferentes autoridades competentes, excluida la autoridad competente que es objeto de evaluación.»;

d)  el apartado 2 se modifica como sigue:

i) la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:

«La evaluación analizará, entre otros aspectos:»;

ii)  la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

«a) la idoneidad de los recursos, el grado de independencia y los mecanismos de gobernanza de la autoridad competente, sobre todo en relación con la aplicación efectiva de los actos de la Unión mencionados en el artículo 1, apartado 2, y la capacidad de reaccionar a la evolución del mercado;»;

ii bis)  la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) la eficacia y el grado de convergencia alcanzado en la aplicación del Derecho de la Unión, incluidas las normas técnicas de regulación y las normas técnicas de ejecución, las directrices y las recomendaciones adoptadas de conformidad con los artículos 10 a 16, y en qué medida las prácticas de supervisión alcanzan los objetivos fijados en el Derecho de la Unión, incluidos los objetivos de la cultura de supervisión común de conformidad con el artículo 29 y del Plan estratégico de supervisión de la Unión previsto en el artículo 29 bis;»;

ii ter)  la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

«c) la aplicación de las mejores prácticas desarrolladas por algunas autoridades competentes ▌;»;

e)  el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. La Autoridad elaborará un informe en el que se expongan los resultados de la evaluación. Dicho informe explicará e indicará las medidas de seguimiento que se consideren adecuadas y necesarias como resultado de la evaluación. Esas medidas de seguimiento podrán adoptarse en forma de directrices y recomendaciones con arreglo al artículo 16, y de dictámenes con arreglo al artículo 29, apartado 1, letra a), dirigidos a las autoridades competentes pertinentes.

▌ La Autoridad emitirá un informe de seguimiento relativo al cumplimiento de las medidas de seguimiento solicitadas. ▌

Cuando elabore proyectos de normas técnicas de regulación o de ejecución de conformidad con los artículos 10 a 15, o directrices o recomendaciones de conformidad con el artículo 16, la Autoridad tendrá en cuenta el resultado de la evaluación, junto con cualquier otra información obtenida en el desempeño de sus funciones, para asegurar la convergencia de unas prácticas de supervisión de la máxima calidad.»;

f)  se inserta el apartado 3 bis siguiente:

«3 bis. La Autoridad remitirá un dictamen a la Comisión cuando, a la vista de los resultados de la evaluación o de cualquier otra información obtenida por la Autoridad en el desempeño de sus funciones, considere necesaria una mayor armonización de las normas de la Unión aplicables a las entidades financieras o a las autoridades competentes según el punto de vista de la Unión o cuando considere que una autoridad competente no ha aplicado los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, o los ha aplicado en una forma que puede incumplir el Derecho de la Unión.»;

g)   el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. La Autoridad publicará los informes a que se refiere el apartado 3, incluido cualquier informe de seguimiento, a menos que la publicación entrañe riesgos para la estabilidad del sistema financiero. Antes de la publicación de un informe, la autoridad competente que sea objeto de la evaluación será invitada a presentar sus observaciones. Antes de la publicación, la Autoridad tendrá en cuenta, cuando proceda, dichas observaciones. La Autoridad podrá publicar dichas observaciones como un anexo al informe a menos que la publicación entrañe riesgos para la estabilidad del sistema financiero o la autoridad competente se oponga a dicha publicación. El informe elaborado por la Autoridad a que se hace referencia en el apartado 3 y las directrices, recomendaciones y dictámenes adoptados por la Autoridad a que se hace referencia en el apartado 3 bis se publicarán simultáneamente.».

14)  ▌ El artículo 31 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 1, párrafo primero, la letra e) se sustituye por el texto siguiente:

«e) adoptando ▌las medidas oportunas en caso de evoluciones que puedan poner en peligro el funcionamiento de los mercados financieros con vistas a la coordinación de las acciones emprendidas por las autoridades competentes correspondientes;»;

b)  en el apartado 1, párrafo primero, se inserta la letra e bis) siguiente:

«e bis) adoptando las medidas oportunas para facilitar el uso de innovaciones tecnológicas con vistas a la coordinación de las acciones emprendidas por las autoridades competentes correspondientes;»;

c)  se añade el apartado 1 bis siguiente:

«1 bis. La Autoridad adoptará las medidas oportunas para facilitar la entrada en el mercado de operadores o productos basados en la innovación tecnológica. Para contribuir a la adopción de un enfoque europeo común en relación con la innovación tecnológica, la Autoridad promoverá la convergencia en materia de supervisión, con el apoyo, cuando proceda, del Comité sobre innovación financiera, en particular mediante el intercambio de información y mejores prácticas. Cuando proceda, la Autoridad podrá adoptar directrices o recomendaciones de conformidad con el artículo 16.».

15)  Se inserta el artículo 31 bis siguiente:

«Artículo 31 bisCoordinación de la delegación y externalización de actividades, así como de la transferencia del riesgo

1.  La Autoridad coordinará de forma continua las acciones de supervisión de las autoridades competentes, con vistas a promover la convergencia de la supervisión en los ámbitos de la delegación y la externalización de las actividades de las entidades financieras, así como en relación con las transferencias del riesgo llevadas a cabo por estas a terceros países, para beneficiarse del pasaporte de la UE, aunque básicamente desempeñen funciones o actividades sustanciales fuera de la Unión, de conformidad con los apartados 2 y 3▐. En el marco de sus respectivas competencias, las autoridades competentes son las responsables en última instancia de las decisiones de autorización, supervisión y ejecución relativas a la delegación y la externalización de las actividades y las transferencias del riesgo.

2. Las autoridades competentes notificarán a la Autoridad su intención de proceder a una autorización o registro de una entidad financiera que estaría sometida a la supervisión de la autoridad competente de que se trate de conformidad con los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2, y cuando el plan de negocio de la entidad financiera prevea la externalización o delegación de una parte importante de sus actividades o de cualquiera de sus funciones clave o la transferencia del riesgo de una parte importante de sus actividades a terceros países, para beneficiarse del pasaporte de la UE, aunque básicamente desempeñe funciones o actividades sustanciales fuera de la Unión. Las notificaciones realizadas por las autoridades competentes a la Autoridad deberán ser ▌suficientemente detalladas.

3. Cuando sea de aplicación la legislación de la Unión a que se refiere el artículo 1, apartado 2, y esta no imponga ningún requisito específico a la notificación de la externalización, la delegación o la transferencia del riesgo, las entidades financieras informarán a la autoridad competente de la externalización o delegación de una parte importante de sus actividades o de sus funciones clave y de la transferencia del riesgo de una parte importante de sus actividades a otra entidad o a su propia sucursal establecida en un tercer país. La autoridad competente interesada informará a la Autoridad de dichas notificaciones sobre una base semestral.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35, a petición de la Autoridad, la autoridad competente facilitará información en relación con los acuerdos de externalización, delegación o transferencia del riesgo de las entidades financieras.

La Autoridad controlará si las autoridades competentes interesadas comprueban que los acuerdos de externalización, delegación o transferencia del riesgo contemplados en el párrafo primero se han celebrado de conformidad con el Derecho de la Unión, se atienen a las directrices, recomendaciones o dictámenes de la Autoridad y no impiden una supervisión efectiva por parte de las autoridades competentes ni su ejecución en un tercer país.

3 bis. Si los mecanismos de verificación de una autoridad competente impiden una supervisión o ejecución eficaces y conllevan riesgos de arbitraje regulatorio en los Estados miembros, la Autoridad podrá formular recomendaciones a la autoridad competente de que se trate sobre la forma de mejorar sus mecanismos de verificación, incluido un plazo para la aplicación por parte de la autoridad competente de los cambios recomendados. En caso de que la autoridad competente interesada no siga las recomendaciones, indicará los motivos y la Autoridad hará públicas sus recomendaciones junto con dichos motivos.

3 ter. En el plazo de [un año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], la Comisión elaborará un informe en el que se hará balance de los diferentes enfoques adoptados en la legislación sectorial con respecto a la evaluación y la importancia de la actividad que se ha de externalizar o delegar y se estudiará la posibilidad de aplicar un enfoque más armonizado a este respecto a través de la posible definición de criterios y metodología comunes. La Comisión presentará dicho informe al Parlamento Europeo y al Consejo.

Al hacerlo, la Comisión tendrá en cuenta lo siguiente:

a) la continuidad de la actividad,

b) la capacidad de gestión efectiva,

c) la capacidad efectiva para auditar las actividades delegadas y externalizadas, así como las transferencias del riesgo.».

15 bis)  Se inserta el artículo 31 ter siguiente:

«Artículo 31 terIntercambio de información sobre la idoneidad y la honorabilidad

La Autoridad, junto con la AESPJ y la AEVM, establecerá un sistema de intercambio de la información pertinente para la evaluación, por parte de las autoridades competentes, de la idoneidad y la honorabilidad de los titulares de participaciones cualificadas, administradores y titulares de funciones clave de las entidades financieras, de conformidad con los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2.».

16)  El artículo 32 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 32Evaluación de la evolución del mercado

, incluidas las pruebas de solvencia

1.  La Autoridad deberá seguir de cerca y evaluar la evolución del mercado en su ámbito de competencia e informar, en caso necesario, a las otras dos AES, a la JERS y al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión sobre las tendencias microprudenciales, los riesgos potenciales y los puntos vulnerables pertinentes. La Autoridad incluirá en sus evaluaciones un análisis ▌de los mercados en los que operan las entidades financieras y una evaluación del impacto que la evolución de los mercados pueda tener sobre dichas entidades.

2.  La Autoridad ▌ iniciará y coordinará evaluaciones a escala de la Unión de la resistencia de las entidades financieras frente a evoluciones adversas del mercado de un modo realista. A tal efecto, desarrollará:

a)  metodologías comunes para evaluar el impacto de escenarios económicos en la situación financiera de las entidades;

a bis)  metodologías comunes para determinar qué entidades financieras deben incluirse en las evaluaciones a escala de la Unión;

b)  enfoques comunes de la comunicación de los resultados de estas evaluaciones de la resistencia de las entidades financieras;

c)  métodos comunes para evaluar el efecto de productos o procesos de distribución concretos en una entidad; ▐

d)  métodos comunes para la evaluación de activos que sean necesarios para las pruebas de resistencia; y

d bis)  métodos comunes para evaluar el efecto de los riesgos medioambientales sobre la estabilidad financiera de las entidades.

A efectos del presente apartado, la Autoridad cooperará con la JERS, que evitará cualquier posible conflicto de intereses en relación con las políticas monetarias.

2 bis.  Al menos una vez al año, la Autoridad, en cooperación con el MUS, estudiará la conveniencia de llevar a cabo las evaluaciones a escala de la Unión mencionadas en el apartado 2 e informará al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión de su motivación. Cuando se lleven a cabo dichas evaluaciones, la Autoridad ▌comunicará los resultados relativos a cada entidad financiera participante, a menos que considere dicha comunicación inadecuada teniendo en cuenta la estabilidad financiera de la Unión o de uno o varios de sus Estados miembros, la integridad del mercado o el funcionamiento del mercado interior.

Las obligaciones de secreto profesional de las autoridades competentes no les impedirán publicar los resultados de las evaluaciones a escala de la Unión de la resistencia de las entidades financieras a que se refiere el apartado 2 o transmitir estos resultados a la Autoridad para que los publique.

3.  Sin perjuicio de las funciones de la JERS previstas en el Reglamento (UE) n.º 1092/2010, la Autoridad proporcionará análisis al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a la JERS sobre tendencias, riesgos potenciales y puntos vulnerables en su ámbito de competencia, junto con el cuadro de riesgo mencionado en el artículo 22, apartado 2, una vez al año y con más frecuencia en caso necesario.

La Autoridad incluirá en estos análisis una clasificación de los principales riesgos y puntos vulnerables y, en caso necesario, recomendará medidas preventivas o correctoras.

3 bis.  A fin de llevar a cabo la evaluación a escala de la Unión de la resistencia de las entidades financieras contemplada en el presente artículo, la Autoridad podrá pedir directamente información a dichas entidades financieras, de conformidad con el artículo 35 y con arreglo a las condiciones establecidas en el mismo. También podrá solicitar a las autoridades competentes que lleven a cabo revisiones específicas. Podrá solicitar a las autoridades competentes que lleven a cabo inspecciones in situ, en las que podrá también participar, de conformidad con el artículo 21 y con arreglo a las condiciones establecidas en el mismo, para asegurar la comparabilidad y fiabilidad de los métodos, prácticas y resultados.

3 ter.  La Autoridad podrá solicitar a las autoridades competentes que exijan a las entidades financieras una auditoría independiente de la información que estas deban facilitar en virtud del apartado 3 bis.

4.  La Autoridad asegurará una cobertura adecuada de las evoluciones, riesgos y puntos vulnerables intersectoriales cooperando estrechamente con la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea ▌) a través del Comité Mixto.».

17)  El artículo 33 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 33Relaciones internacionales

, incluida la equivalencia

1. Sin perjuicio de las competencias respectivas de los Estados miembros y de las instituciones de la Unión, la Autoridad podrá entablar contactos y celebrar acuerdos administrativos con las autoridades de regulación, supervisión y, cuando proceda, resolución, organizaciones internacionales y las administraciones de terceros países. Dichos acuerdos no crearán obligaciones jurídicas para la Unión y sus Estados miembros ni impedirán a los Estados miembros y a sus autoridades competentes celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales con dichos terceros países.

Cuando un tercer país, de conformidad con un acto delegado en vigor adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, esté en la lista de países que tienen deficiencias estratégicas en sus sistemas nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo que planteen amenazas importantes para el sistema financiero de la Unión, la Autoridad no celebrará acuerdos de cooperación con las autoridades de regulación, supervisión y, cuando proceda, resolución de dicho tercer país.

2. La Autoridad ayudará a la Comisión en la preparación de decisiones sobre la equivalencia de los regímenes reguladores y de supervisión de terceros países tras una solicitud específica de asesoramiento de la Comisión, por propia iniciativa o cuando así lo requieran los actos a que se refiere el artículo 1, apartado 2.

2 bis. La Autoridad seguirá de cerca, de forma continuada, la evolución de la regulación y la supervisión y, cuando proceda, la resolución, y las prácticas de ejecución, así como la evolución pertinente del mercado en terceros países respecto de los cuales la Comisión haya adoptado decisiones de equivalencia con arreglo a los actos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, a fin de comprobar si se siguen cumpliendo los criterios sobre la base de los cuales se adoptaron dichas decisiones y todas las condiciones establecidas en ellas. La Autoridad presentará ▌un informe confidencial sobre sus conclusiones al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a las otras dos AES cada tres años o con mayor frecuencia cuando proceda o cuando así lo soliciten el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión. El informe se centrará, en particular, en las repercusiones para la estabilidad financiera, la integridad del mercado, la protección de los inversores o el funcionamiento del mercado interior.

Sin perjuicio de los requisitos específicos establecidos en los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, y con arreglo a las condiciones establecidas en la segunda frase del apartado 1, la Autoridad cooperará con las autoridades competentes pertinentes y, cuando proceda, también con las autoridades de resolución, de terceros países cuyos marcos reguladores y de supervisión hayan sido reconocidos como equivalentes. La cooperación se llevará a cabo sobre la base de acuerdos administrativos celebrados con las autoridades pertinentes de dichos terceros países. A la hora de negociar esos acuerdos administrativos, la Autoridad incluirá disposiciones sobre las cuestiones siguientes:

a)  los mecanismos que permitirán a la Autoridad obtener información pertinente, incluida información sobre el régimen regulador, el enfoque de la supervisión, la evolución pertinente del mercado y los posibles cambios que pudieran afectar a la decisión sobre equivalencia;

b)  en la medida en que sea necesario para el seguimiento de estas decisiones sobre equivalencia, los procedimientos relativos a la coordinación de las actividades de supervisión, incluidas ▌ las inspecciones in situ llevadas a cabo bajo la responsabilidad de la Autoridad, cuando proceda, acompañada y apoyada por hasta cinco representantes de diferentes autoridades competentes de forma voluntaria y rotativa, y por la autoridad competente del tercer país.

La Autoridad informará al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a las otras AES en caso de que la autoridad competente de un tercer país se niegue a celebrar tales acuerdos administrativos o cuando se niegue a cooperar de forma efectiva. La Comisión tendrá en cuenta esta información a la hora de revisar las decisiones de equivalencia pertinentes.

2 ter. Cuando la Autoridad descubra circunstancias en relación con la regulación, la supervisión o, cuando proceda, la resolución, o las prácticas de ejecución de los terceros países a que se refiere el apartado 2 bis que pudieran afectar a la estabilidad financiera de la Unión o de uno o varios de sus Estados miembros, a la integridad del mercado, a la protección de los inversores o al funcionamiento del mercado interior, informará de ello al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión con carácter confidencial y sin demora.

2 quater. Las autoridades competentes informarán de antemano a la Autoridad de su intención de celebrar acuerdos administrativos con las autoridades de supervisión de terceros países en cualquiera de los ámbitos regulados por los actos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, en particular en relación con las sucursales de entidades de terceros países. Facilitarán a la Autoridad un proyecto de los acuerdos previstos en el plazo más breve posible.

La Autoridad podrá cooperar con las autoridades competentes con vistas a elaborar modelos de acuerdos administrativos, con vistas a establecer prácticas de supervisión coherentes, eficientes y eficaces dentro de la Unión y a reforzar la coordinación internacional de la supervisión. ▌Las autoridades competentes se atendrán lo máximo posible a esos modelos de acuerdos.

En caso de que la Autoridad, en cooperación con las autoridades competentes, desarrolle dichos mecanismos de acuerdos administrativos, las autoridades competentes no celebrarán acuerdos administrativos con las autoridades de terceros países antes de la conclusión del modelo de acuerdo.

En el informe contemplado en el artículo 43, apartado 5, la Autoridad incluirá información sobre los acuerdos administrativos celebrados con autoridades de supervisión, organizaciones internacionales o administraciones de terceros países, sobre la asistencia prestada por la Autoridad a la Comisión en la preparación de las decisiones relativas a la equivalencia y sobre la actividad de seguimiento llevada a cabo por la Autoridad, de conformidad con el apartado 2 bis.

3 bis. La Autoridad solicitará ser miembro de pleno derecho del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y del Consejo de Estabilidad Financiera y solicitará su participación, en calidad de observador, en el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

Cualquier posición que pueda asumir la Autoridad en foros internacionales deberá ser debatida y aprobada en la Junta de Supervisores.

3 ter. La Autoridad, si procede, seguirá de cerca la evolución de la regulación, la supervisión y, cuando proceda, la resolución y las prácticas de ejecución, así como la evolución pertinente del mercado en terceros países respecto de los cuales se hayan celebrado acuerdos internacionales.

Sin perjuicio de los requisitos específicos de los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, y con arreglo a las condiciones establecidas en la segunda frase del apartado 1 del presente artículo, la Autoridad cooperará con las autoridades competentes pertinentes y, cuando proceda, también con las autoridades de resolución, de los terceros países a que se refiere el párrafo primero del presente apartado.»;

18)  Se suprime el artículo 34.

19)  El artículo 35 se modifica como sigue:

a)  los apartados 1, 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

«1. A petición de la Autoridad, las autoridades competentes le facilitarán toda la información necesaria para el desempeño de las funciones que le asigna el presente Reglamento, siempre que puedan acceder legalmente a la información pertinente.

La información facilitada deberá ser exacta y completa y presentarse en el plazo establecido por la Autoridad.

2. Asimismo, la Autoridad podrá solicitar que se le transmita información a intervalos regulares y en formatos específicos o mediante plantillas comparables aprobadas por la Autoridad. Dichas solicitudes se efectuarán, siempre que sea posible, utilizando formatos comunes de información existentes y respetarán el principio de proporcionalidad previsto en el Derecho nacional y de la Unión, incluido en los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2.

3. A petición de una autoridad competente, la Autoridad facilitará cualquier información que considere necesaria para permitir a la autoridad competente el desempeño de sus funciones▐.»;

b)  el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. Cuando la información solicitada de conformidad con el apartado 1 no esté disponible o no sea facilitada por las autoridades competentes dentro del plazo fijado por la Autoridad, esta podrá enviar una solicitud debidamente justificada y motivada a cualquiera de las siguientes instancias:

a) a otras autoridades con funciones de supervisión;

b) al Ministerio responsable de asuntos financieros del Estado miembro de que se trate cuando disponga de información prudencial;

c) al banco central nacional del Estado miembro de que se trate;

d) al instituto de estadística del Estado miembro de que se trate.

A petición de la Autoridad, las autoridades competentes ayudarán a esta a obtener la información.»;

c)  se suprime el apartado 7 bis.

20)  Se insertan los artículos 35 bis a 35 quinquies siguientes:

«Artículo 35 bisEjercicio de las facultades a que se refiere el artículo 35 ter

Las facultades atribuidas a la Autoridad, a cualquiera de sus agentes o a otras personas acreditadas por ella de conformidad con el artículo 35 no podrán ejercerse para exigir la divulgación de información o de documentos que estén amparados por el secreto profesional.

Los artículos 35 bis y 35 ter se aplicarán sin perjuicio de la legislación nacional.

Artículo 35 terSolicitud de información dirigida a entidades financieras, a sociedades de control o a sucursales de entidades financieras pertinentes y a entidades operativas no reguladas dentro de un grupo o conglomerado financiero

1. Cuando la información solicitada en virtud del artículo 35, apartados 1 o 5, no esté disponible o no se haya facilitado dentro del plazo fijado por la Autoridad, esta podrá, sin crear duplicaciones innecesarias, instar a las siguientes entidades a que le faciliten la información necesaria para permitirle desempeñar sus funciones con arreglo al presente Reglamento:

a) las entidades financieras pertinentes;

b) las sociedades de control o las sucursales de una entidad financiera pertinente;

c) las entidades operativas no reguladas dentro de un grupo o conglomerado financiero que sean importantes respecto de las actividades financieras de las entidades financieras pertinentes.

4. En un plazo razonable establecido por la Autoridad, las entidades pertinentes a que se refiere el apartado 1 o sus representantes legales ▌facilitarán la información solicitada.▌

5. La Autoridad remitirá sin demora una copia de la ▌solicitud ▌a la autoridad competente del Estado miembro donde esté domiciliada o establecida la entidad pertinente contemplada en el apartado 1 a la que se destine la solicitud de información.

6. La Autoridad podrá utilizar la información confidencial transmitida al amparo del presente artículo exclusivamente para llevar a cabo las funciones que le asigna el presente Reglamento.

Artículo 35 quaterNormas de procedimiento para la imposición de multas

1. Cuando, al cumplir las obligaciones que le asigna el presente Reglamento, la Autoridad encuentre indicios serios de la posible existencia de hechos que pudieran constituir una infracción de las enumeradas en el artículo 35 quinquies, apartado 1, solicitará a la Comisión que investigue la cuestión. ▌

Artículo 35 quinquiesMultas

y multas coercitivas

-1. Antes de tomar una adoptar sobre la imposición de una multa o una multa coercitiva, la Comisión ofrecerá a la entidad objeto de la solicitud de información la oportunidad de ser oída.

La Comisión basará su decisión sobre la imposición de una multa o una multa coercitiva solamente en las conclusiones acerca de las cuales las entidades afectadas hayan tenido la oportunidad de expresarse.

1. La Comisión adoptará una decisión por la que se imponga una multa cuando considere que una entidad de las enumeradas en el artículo 35 ter, apartado 1, no ha facilitado, con dolo o por negligencia, información requerida o ha facilitado información incompleta, incorrecta o engañosa▌de conformidad con el artículo 35 ter, apartado 1.

2. ▌La multa de base a que se refiere el apartado 1 ascenderá al menos a [X, menos de 50 000 EUR] y no excederá de [Y, menos de 200 000 EUR] y será de carácter disuasivo, eficaz y proporcional al tamaño de la entidad y al carácter y a la importancia de la infracción.

La Autoridad, junto con la AEVM y la AESPJ, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen la metodología para la imposición de las multas de conformidad con el presente apartado.

▌5. ▌El total de la multa no superará el [X %, menos del 20 %] del volumen de negocios anual de la entidad en cuestión durante el ejercicio anterior, salvo si la entidad ha obtenido algún lucro directo o indirecto de la infracción. En ese caso, el importe total de la multa será como mínimo equivalente a ese beneficio.

5 bis. La Comisión podrá imponer una multa coercitiva hasta que se corrija la infracción. La multa coercitiva será proporcional al tamaño de la entidad y al carácter y a la importancia de la infracción.

5 ter. Los derechos de defensa de la entidad estarán garantizados plenamente en el curso del procedimiento. La entidad tendrá derecho a acceder al expediente de la Autoridad y de la Comisión, sin perjuicio del interés legítimo de otras personas en la protección de sus secretos comerciales. El derecho de acceso al expediente no se extenderá a la información confidencial ni a los documentos preparatorios internos de la Autoridad o de la Comisión.

5 quater. La ejecución de la multa o multa coercitiva solo podrá ser suspendida en virtud de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las entidades a las que se imponga una multa o una multa coercitiva podrán interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra una decisión de la Comisión por la que se imponga una multa o una multa coercitiva. El Tribunal podrá, entre otras cosas, anular, reducir o incrementar la multa o multa coercitiva impuesta por la Comisión.

5 quinquies. La Comisión hará públicas todas las multas y multas coercitivas que se impongan, a menos que dicha divulgación pusiera en grave riesgo los mercados financieros o causara un perjuicio desproporcionado a las partes implicadas.

5 sexies. Los importes de las multas y multas coercitivas se asignarán al presupuesto general de la Unión.».

▌21)  El artículo 36 se modifica como sigue:

a)  se suprime el apartado 3.

b)  el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. Al recibir una alerta o una recomendación de la JERS dirigida a la Autoridad, esta abordará la alerta o la recomendación en la siguiente reunión de la Junta de Supervisores o, cuando proceda, antes de tal reunión, con el fin de evaluar las implicaciones y el posible seguimiento de la alerta o la recomendación para el cumplimiento de sus funciones.

Mediante el procedimiento de toma de decisiones aplicable, decidirá si debe adoptarse alguna medida de conformidad con las competencias que le confiere el presente Reglamento para resolver los problemas señalados en las alertas y recomendaciones y sobre el contenido de tal medida.

Cuando la Autoridad no actúe conforme a una alerta o una recomendación, deberá explicar sus motivos a la JERS. La JERS informará de ello al Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 19, apartado 5, del Reglamento (UE) no 1092/2010. La JERS también informará de ello al Consejo y a la Comisión.»

c)  el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. Al recibir una alerta o una recomendación de la JERS dirigida a una autoridad competente, la Autoridad podrá ejercer, en su caso, las competencias que le confiere el presente Reglamento para asegurar un seguimiento oportuno.

Cuando el destinatario no tenga la intención de seguir la recomendación de la JERS, comunicará y explicará los motivos de su incumplimiento a la Junta de Supervisores.»

d)  Se suprime el apartado 6.

22)  El artículo 37 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 37Grupo de partes interesadas del sector bancario

1. Con el fin de facilitar la consulta con las partes interesadas de los ámbitos relacionados con las funciones de la Autoridad, se creará un Grupo de partes interesadas del sector bancario. Se consultará al Grupo de partes interesadas del sector bancario sobre medidas adoptadas con arreglo a los artículos 10 a 15 referentes a las normas técnicas de regulación y las normas técnicas de ejecución, y, en la medida en que estas no se refieran a entidades financieras individuales, al artículo 16 respecto de directrices y recomendaciones, al artículo 16 bis respecto de dictámenes y al artículo 16 ter respecto de preguntas y respuestas. En caso de que se deban adoptar medidas con urgencia y de que la consulta sea imposible, se informará lo antes posible al Grupo de partes interesadas del sector bancario.

El Grupo de partes interesadas del sector bancario se reunirá por propia iniciativa cuando sea necesario y, en todo caso al menos cuatro veces al año.

2. El Grupo de partes interesadas del sector bancario constará de 30 miembros: trece miembros representarán de manera equilibrada a las entidades de crédito e inversión que operan en la Unión, tres de los cuales representarán a los bancos cooperativos y de ahorro, trece miembros representarán a los representantes de sus asalariados, a los consumidores, a los usuarios de servicios bancarios y a los representantes de las PYME, y cuatro de sus miembros habrán de ser miembros independientes de alto nivel de la comunidad académica.»;

3. Los miembros del Grupo de partes interesadas del sector bancario serán nombrados por la Junta de Supervisores, tras un procedimiento de selección abierto y transparente. A la hora de adoptar sus decisiones, la Junta de Supervisores deberá garantizar, en la medida de lo posible, un reflejo de la diversidad del sector bancario y una representación y un equilibrio geográfico y de género adecuados de las partes interesadas de la Unión. Los miembros del Grupo de partes interesadas del sector bancario serán seleccionados en atención a sus cualificaciones, capacidades, conocimientos pertinentes y experiencia probada.»;

3 bis. Los miembros del Grupo de partes interesadas del sector bancario elegirán al presidente del mismo de entre sus miembros. El presidente asumirá su cargo durante un período de dos años.

El Parlamento Europeo podrá invitar al presidente del Grupo de partes interesadas del sector bancario a efectuar una declaración ante el mismo y a responder a todas las preguntas formuladas por los diputados cuando así se solicite.

4. La Autoridad facilitará toda la información necesaria, sujeta al secreto profesional, como se establece en el artículo 70, y ofrecerá el apoyo de secretaría adecuado al Grupo de partes interesadas del sector bancario. Se ofrecerá una compensación adecuada a los miembros del Grupo de partes interesadas del sector bancario que sean representantes de organizaciones sin ánimo de lucro, con exclusión de los representantes de la industria. Esta compensación tendrá en cuenta los trabajos preparatorios y de seguimiento de los miembros y será, como mínimo, equivalente a las tasas de reembolso de los funcionarios de conformidad con el título V, capítulo 1, sección 2, del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, establecido en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 del Consejo (Estatuto de los funcionarios). El Grupo de partes interesadas del sector bancario podrá crear grupos de trabajo sobre asuntos técnicos. El mandato de los miembros del Grupo de partes interesadas del sector bancario será de cuatro años, al cabo de los cuales tendrá lugar un nuevo procedimiento de selección.

Los miembros del Grupo de partes interesadas del sector bancario podrán ser elegidos para dos mandatos sucesivos.

5. El Grupo de partes interesadas del sector bancario podrá dirigir consejos a la Autoridad sobre cualquier cuestión relacionada con las funciones de la Autoridad, haciendo particular hincapié en las funciones especificadas en los artículos 10 a 16 ter y a los artículos 29, 30, 32 y 35.

Cuando los miembros del Grupo de partes interesadas del sector bancario no puedan acordar un consejo, un tercio de sus miembros o los miembros que representen a un grupo de partes interesadas estarán autorizados a emitir un consejo particular.

El Grupo de partes interesadas del sector bancario, el Grupo de partes interesadas del sector de valores y mercados, el Grupo de partes interesadas del sector de seguros y reaseguros y el Grupo de partes interesadas del sector de pensiones de jubilación podrán emitir consejos conjuntos sobre cuestiones relacionadas con el trabajo de las Autoridades Europeas de Supervisión, con arreglo al artículo 56 del presente Reglamento sobre posiciones conjuntas y actos comunes.

6. El Grupo de partes interesadas del sector bancario adoptará su reglamento interno previo acuerdo por mayoría de dos terceras partes de sus miembros.

7. La Autoridad hará públicos los ▌consejos del Grupo de partes interesadas del sector bancario, los consejos particulares de sus miembros y los resultados de sus consultas así como el modo en que se han tenido en cuenta los consejos y los resultados de las consultas.»;

b)    en el apartado 5, se añaden los párrafos siguientes:

«Cuando los miembros del Grupo de partes interesadas del sector bancario no puedan acordar un dictamen o consejo común, los miembros que representen a un grupo de partes interesadas estarán autorizados a emitir un dictamen o consejo particular.

El Grupo de partes interesadas del sector bancario, el Grupo de partes interesadas del sector de valores y mercados, el Grupo de partes interesadas del sector de seguros y reaseguros y el Grupo de partes interesadas del sector de pensiones de jubilación podrán emitir dictámenes y consejos conjuntos sobre cuestiones relacionadas con el trabajo de las Autoridades Europeas de Supervisión, con arreglo al artículo 56 del presente Reglamento sobre posiciones conjuntas y actos comunes.»;

22 bis)  En el artículo 38, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. La Autoridad velará por que ninguna decisión adoptada al amparo de los artículos 18, 19 o 20 vulnere en modo alguno las competencias presupuestarias de los Estados miembros.»

23)  El artículo 39 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 39Procedimientos decisorios

1. La Autoridad actuará de conformidad con los apartados 2 a 6 al adoptar las decisiones previstas con arreglo a los artículos 17, 18 y 19.

2. La Autoridad informará a cualquier destinatario de una decisión de su intención de adoptar la decisión en la lengua oficial del destinatario, fijando un plazo durante el cual el destinatario podrá expresar sus opiniones sobre el objeto de la decisión, teniendo plenamente en cuenta la urgencia, la complejidad y las posibles consecuencias del asunto. El destinatario podrá expresar sus opiniones en su lengua oficial. La disposición prevista en la primera frase se aplicará mutatis mutandis a las recomendaciones contempladas en el artículo 17, apartado 3.

3. Las decisiones de la Autoridad se motivarán.

4. Se informará a los destinatarios de las decisiones de la Autoridad de las vías de recurso a su disposición previstas en el presente Reglamento.

5. Cuando la Autoridad haya adoptado una decisión de conformidad con el artículo 18, apartados 3 o 4, revisará dicha decisión a intervalos adecuados.

6. La adopción de las decisiones de la Autoridad de conformidad con los artículos ▌18 o 19 se hará pública. La adopción de las decisiones de la Autoridad de conformidad con el artículo 17 podrá hacerse pública. La publicación indicará la identidad de la autoridad competente o de la entidad financiera afectada, así como el contenido principal de la decisión, salvo que dicha publicación entre en conflicto con el interés legítimo de esas entidades financieras o con la protección de sus secretos comerciales o pueda comprometer gravemente el correcto funcionamiento y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad del conjunto o de una parte del sistema financiero de la Unión.»

24)  El artículo 40 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se modifica como sigue:

i)  se insertan las letras a bis) y a ter) siguientes:

«a bis) los miembros a tiempo completo del Consejo Ejecutivo a que se refiere el artículo 45, apartado 1, sin derecho a voto;»;

a ter) el máximo representante de la administración del Estado miembro encargada de negociar y adoptar los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2, con objeto de actuar en el marco del ámbito de aplicación de los artículos 10 a 15»;

i bis)  la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

el máximo representante de la autoridad nacional, competente en materia de supervisión de entidades de crédito de cada Estado miembro con objeto de actuar en el ámbito de cualquier competencia excepto las dispuestas en los artículos 10 a 15, que asistirá a las reuniones personalmente al menos dos veces al año;»

i ter)  la letra e) se sustituye por el texto siguiente:

«e) un representante de la JERS, sin derecho a voto, que se abstendrá de adoptar posiciones inducidas por las políticas monetarias

i ter)  se añade la letra f bis) siguiente:

«f bis) un representante de la JUR, sin derecho a voto;»;

a bis)  el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Cada autoridad ▐será responsable de nombrar a un suplente de alto nivel en el seno de la misma que pueda sustituir al miembro de la Junta de Supervisores mencionado en el apartado 1, letras a ter) y b), en caso de que no pueda asistir.»

a ter)  se suprime el apartado 4 bis;

a quater)  el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6. Con el fin de actuar en el ámbito de aplicación de la Directiva 94/19/CE, el miembro de la Junta de Supervisores a que se refiere el apartado 1, letra b), podrá, en su caso, estar acompañado por un representante de los organismos pertinentes responsables de la gestión de sistemas de garantía de depósitos en cada Estado miembro, sin derecho a voto.

Cuando la autoridad nacional competente mencionada en el apartado 1, letra b), no sea responsable de la resolución, el miembro de la Junta de Supervisores podrá decidir invitar a un representante de la autoridad de resolución, sin derecho a voto.»

a quinquies)  se inserta el apartado siguiente:

«6 bis) A efectos de las medidas que deban adoptarse en el ámbito de los artículos 10 a 15, un representante de la Comisión será un miembro sin derecho a voto de la Junta de Supervisores, un representante del Parlamento Europeo será observador y un representante de las administraciones de cada Estado miembro podrán ser observadores en la Junta de Supervisores.

b)  el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente:

«7. La Junta de Supervisores podrá invitar a observadores.»

c)  se añade el apartado 8 siguiente:

«8. Cuando la autoridad nacional competente mencionada en el apartado 1, letra b), no sea responsable de la ejecución de las normas relativas a la protección de los consumidores, el miembro de la Junta de Supervisores mencionado en dicha letra podrá decidir invitar a un representante de la autoridad responsable de la protección de los consumidores del Estado miembro, que no tendrá derecho a voto. En caso de que varias autoridades de un Estado miembro compartan la responsabilidad de la protección de los consumidores, dichas autoridades convendrán en un representante común.»;

25)  El artículo 41 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 41Comités internos

La Junta de Supervisores podrá crear comités internos para funciones específicas que le sean atribuidas. Podrá delegar en dichos comités internos, en el Consejo Ejecutivo o en el presidente determinadas funciones y decisiones claramente definidas.»;

26)  ▌El artículo 42 ▌se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 42Independencia

de la Junta de Supervisores

En el desempeño de las funciones que le confiere el presente Reglamento, el presidente y los miembros de la Junta de Supervisores ▌actuarán con independencia y objetividad únicamente en interés de la Unión en su conjunto y no pedirán ni aceptarán instrucción alguna de las instituciones u organismos de la Unión, de ningún Gobierno ▌ni de ninguna otra entidad pública o privada.

Ni los Estados miembros, las instituciones u organismos de la Unión, ni ningún otro organismo público o privado tratarán de ejercer su influencia sobre los miembros de la Junta de Supervisores en el ejercicio de sus funciones.

Cuando el grado de independencia mencionado en el artículo 30, apartado 2, letra a), se considere insuficiente de conformidad con el citado artículo, la Junta de Supervisores podrá decidir o bien suspender temporalmente el derecho a voto del miembro particular, o bien suspender temporalmente su pertenencia como miembro de la Autoridad hasta que se remedie la deficiencia.»;

27)  El artículo 43 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. La Junta de Supervisores proporcionará orientaciones para el trabajo de la Autoridad y será el principal órgano de decisión para las decisiones estratégicas y las decisiones políticas de gran calado.

Salvo que se disponga lo contrario en el presente Reglamento, la Junta de Supervisores adoptará ▌las recomendaciones, directrices, dictámenes y decisiones de la Autoridad, y emitirá los consejos mencionados en el capítulo II ▌.»;

b)  se suprimen los apartados 2 y 3.

c)  ▌el apartado 4 ▌se sustituye por el texto siguiente:

«La Junta de Supervisores adoptará, antes del 30 de septiembre de cada año, sobre la base de una propuesta del Consejo Ejecutivo, el programa de trabajo de la Autoridad para el año siguiente y lo transmitirá para información al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.

La Autoridad establecerá sus prioridades en relación con las evaluaciones que identifiquen, en su caso, a las autoridades competentes y actividades sujetas a evaluaciones de conformidad con el artículo 30. Si está debidamente justificado, la Autoridad podrá identificar otras autoridades competentes a las que evaluar.

Este programa se adoptará sin perjuicio del procedimiento presupuestario anual y se hará público.»;

d)    el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. La Junta de Supervisores, sobre la base de una propuesta del Consejo Ejecutivo, adoptará el informe anual de actividades de la Autoridad, incluyendo el desempeño de las funciones del presidente, basado en el proyecto de informe mencionado en el artículo 47, apartado 9, letra f, y lo transmitirá al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas y al Comité Económico y Social Europeo a más tardar el 15 de junio de cada año. Dicho informe se hará público.»;

e)  se suprime el apartado 8.

27 bis)  Se inserta el artículo 43 bis siguiente:

«Artículo 43 bis

Transparencia de las decisiones adoptadas por la Junta de Supervisores

No obstante lo dispuesto en el artículo 70, en un plazo máximo de seis semanas a partir de la fecha en la que se celebre una reunión de la Junta de Supervisores, la Autoridad facilitará al Parlamento Europeo, como mínimo, un registro exhaustivo y significativo de los procedimientos de esa reunión de la Junta de Supervisores que permita comprender plenamente las cuestiones abordadas, incluida una lista comentada de las decisiones.»

28)  El artículo 44 se modifica como sigue:

a)  ▌el apartado 1 ▌se sustituye por el texto siguiente:

«1. Las decisiones de la Junta de Supervisores se tomarán por mayoría simple de sus miembros. Cada miembro dispondrá de un voto. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del presidente.

«Por lo que se refiere a las decisiones en relación con el desarrollo y la adopción de los actos, proyectos e instrumentos especificados en los artículos 10 a 16 y a las medidas y decisiones adoptadas de conformidad con el artículo 9, apartado 5, párrafo tercero, el artículo 9 bis y el capítulo VI, y no obstante lo dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, la Junta de Supervisores adoptará decisiones por mayoría cualificada de sus miembros, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea, incluyendo como mínimo una mayoría simple de los miembros, presentes en la votación, procedentes de las autoridades competentes de los Estados miembros que sean Estados miembros participantes de conformidad con la definición del artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 1024/2013 (en lo sucesivo, «Estados miembros participantes»), y una mayoría simple de los miembros, presentes en la votación, procedentes de las autoridades competentes de los Estados miembros no participantes con arreglo a la definición del artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 1024/2013 (en lo sucesivo, «Estados miembros no participantes»). Los miembros a tiempo completo del Consejo Ejecutivo y el presidente no podrán votar sobre estas decisiones.

En cuanto a la composición del panel de conformidad con el artículo 41, apartado 2, la Junta de Supervisores se esforzará por obtener un consenso. De no alcanzarse el consenso, las decisiones de la Junta de Supervisores serán adoptadas por una mayoría de tres cuartas partes de sus miembros con derecho a voto. Cada miembro con derecho a voto dispondrá de un voto.

a)   se inserta el apartado 1 bis siguiente:

1 bis. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la Junta de Supervisores tendrá competencias para adoptar las decisiones preparadas por el Consejo Ejecutivo a efectos del artículo 22, apartados 1, 2, 3 y 5, del artículo 29 bis, del artículo 31 bis, del artículo 32 y de los artículo 35 ter a 35 nonies, en virtud del artículo 47, apartado 3, por mayoría simple de sus miembros.

En caso de que la Junta de Supervisores no adopte las decisiones preparadas por el Consejo Ejecutivo a efectos del artículo 22, apartados 1, 2, 3 y 5, del artículo 29 bis, del artículo 31 bis, del artículo 32 y de los artículo 35 ter a 35 nonies, podrá modificar dichas decisiones. La Junta de Supervisores tendrá competencias para adoptar estas decisiones modificadas por mayoría de tres cuartos de sus miembros.

En caso de que la Junta de Supervisores no adopte las decisiones modificadas a que se refiere el párrafo segundo lo antes posible y en un plazo de cuatro meses a más tardar, el Consejo Ejecutivo adoptará la decisión.»;

b)  el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. La Junta de Supervisores adoptará y publicará su reglamento interno. En el reglamento interno se detallarán las modalidades de votación.»

c)    el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. Los miembros sin derecho a voto y los observadores no participarán en los debates de la Junta de Supervisores que se refieran a entidades financieras concretas, salvo disposición en contrario del artículo 75, apartado 3, o de los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2.

El párrafo primero no se aplicará al presidente, a los miembros que sean también miembros del Consejo Ejecutivo y al representante del Banco Central Europeo designado por su Consejo de Supervisión.»;

29)  En el capítulo III, el título de la sección 2 se sustituye por el texto siguiente:

«Sección 2

Consejo Ejecutivo»

30)  El artículo 45 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 45Composición

1. El Consejo Ejecutivo estará compuesto por el presidente y cuatro miembros a tiempo completo, que deberán ser nacionales de un Estado miembro. El presidente asignará funciones políticas y de gestión claramente definidas a cada uno de los miembros a tiempo completo, en particular competencias en materia presupuestaria, en asuntos relacionados con el programa de trabajo de la Autoridad y en materia de convergencia. Uno de los miembros a tiempo completo asumirá la Vicepresidencia y desempeñará las funciones del presidente en ausencia de este o en caso de impedimento razonable, de conformidad con el presente Reglamento.

2. Los miembros a tiempo completo serán seleccionados en atención a sus méritos, capacidades, conocimientos y experiencia práctica en materia de entidades en sus diferentes modelos de negocio y mercados financieros, en particular la banca, incluidos los intereses de los consumidores así como a la experiencia pertinente en el ámbito de la supervisión y regulación financieras. Los miembros a tiempo completo deberán disponer de una amplia experiencia de gestión. Al menos uno de los miembros a tiempo completo no debe haber sido empleado por una autoridad nacional competente durante el año anterior a su nombramiento. La selección se basará en una convocatoria pública de candidaturas que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, tras la cual la Comisión elaborará una lista restringida de candidatos cualificados, consultando a la Junta de Supervisores.

La Comisión presentará dicha lista restringida al Parlamento Europeo para su aprobación. Tras la aprobación de la lista restringida, el Consejo adoptará una decisión por la que se nombre a los miembros a tiempo completo del Consejo Ejecutivo ▌. La composición del Consejo Ejecutivo será equilibrada y proporcionada y reflejará al conjunto de la Unión.

3. Cuando un miembro del Consejo Ejecutivo deje de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 46 o haya sido declarado culpable de falta grave, el Parlamento Europeo y el Consejo, ya sea por propia iniciativa o a propuesta de la Comisión aprobada por el Parlamento Europeo, podrán adoptar una decisión por la que sea cesado.

4. La duración del mandato de los miembros a tiempo completo será de cinco años, renovable una sola vez. En el curso de los nueve meses anteriores a la finalización del mandato quinquenal de los miembros a tiempo completo, la Junta de Supervisores evaluará:

a) los resultados conseguidos durante el primer mandato y la manera en que se han logrado;

b) las obligaciones y necesidades de la Autoridad en los años siguientes.

Teniendo en cuenta esta evaluación, la Comisión presentará al Consejo la lista de los miembros a tiempo completo cuyo mandato debe renovarse. Sobre la base de esta lista y teniendo en cuenta la evaluación, el Consejo podrá prorrogar el mandato de los miembros a tiempo completo.»;

31)  Se inserta el artículo 45 bis siguiente:

«Artículo 45 bisToma de decisiones

1. Las decisiones del Consejo Ejecutivo se adoptarán por mayoría simple de sus miembros. Cada miembro dispondrá de un voto. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del presidente. Si así lo solicita el presidente, o al menos tres miembros del Consejo Ejecutivo, las decisiones se remitirán a la Junta de Supervisores.

2. El representante de la Comisión participará en las reuniones del Consejo Ejecutivo sin derecho a voto, salvo en las cuestiones a que se refiere el artículo 63.

3. El Consejo Ejecutivo adoptará y hará público su reglamento interno.

4. Las reuniones del Consejo Ejecutivo serán convocadas por el presidente, por propia iniciativa o a petición de uno de sus miembros, y estarán presididas por el presidente.

El Consejo Ejecutivo se reunirá antes de cada reunión de la Junta de Supervisores y con la frecuencia que el Consejo Ejecutivo considere necesaria. Informará periódicamente a la Junta de Supervisores y se reunirá al menos once veces al año.

5. ▌Los participantes sin derecho a voto no asistirán a los debates del Consejo Ejecutivo que se refieran a entidades financieras concretas.

5 bis. La Junta de Supervisores tendrá derecho a enviar solicitudes de información específicas al Consejo Ejecutivo.»;

32)  Se inserta el artículo 45 ter siguiente:

«Artículo 45 terComités internos

El Consejo Ejecutivo podrá crear comités internos para funciones específicas que le hayan sido asignadas.»;

33)  El artículo 46 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 46Independencia

del Consejo Ejecutivo

Los miembros del Consejo de Administración actuarán con independencia y objetividad únicamente en interés de la Unión en su conjunto y no pedirán ni aceptarán instrucción alguna de las instituciones u organismos de la Unión, de ningún Gobierno ▌ni de ninguna otra entidad pública o privada.

Los miembros del Consejo Ejecutivo no ocuparán ningún cargo a escala nacional, internacional o de la Unión.

Ni los Estados miembros, ni las instituciones u organismos de la Unión, ni ningún otro organismo público o privado tratarán de ejercer su influencia en los miembros del Consejo Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones.»;

34)  El artículo 47 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 47Funciones

1. El Consejo Ejecutivo velará por que la Autoridad cumpla su cometido y lleve a cabo las funciones que le son asignadas de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento. Tomará todas las medidas necesarias, en particular la adopción de instrucciones administrativas internas y la publicación de anuncios, para garantizar el funcionamiento de la Autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.

2. El Consejo Ejecutivo propondrá, para su adopción por la Junta de Supervisores, un programa de trabajo anual y un programa de trabajo plurianual.

3. El Consejo Ejecutivo ejercerá sus competencias presupuestarias de conformidad con los artículos 63 y 64.

A efectos de los artículos 17, 19, 22, apartado 4, y 30 ▌el Consejo Ejecutivo será competente para actuar y tomar decisiones. A efectos de los artículos 22, apartado 1, 22, apartados 2, 3 y 5, 29 bis, 31 bis, 32 y 35 ter a 35 quinquies, el Consejo Ejecutivo será competente para preparar las decisiones que serán sometidas al procedimiento de toma de decisiones previsto en el artículo 44, apartado 1 bis. El Consejo Ejecutivo mantendrá informada a la Junta de Supervisores de todas las decisiones que prepare y tome.

3 bis. El Consejo Ejecutivo examinará ▌y emitirá un dictamen ▌sobre dichas cuestiones.

4. El Consejo Ejecutivo adoptará el plan de política de personal de la Autoridad y, en virtud del artículo 68, apartado 2, las pertinentes medidas de aplicación del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, “el Estatuto de los funcionarios”).

5. El Consejo Ejecutivo adoptará las disposiciones específicas relativas al derecho de acceso a los documentos de la Autoridad, de conformidad con el artículo 72.

6. El Consejo Ejecutivo propondrá un informe anual de las actividades de la Autoridad, incluyendo el desempeño de las funciones del presidente, basado en el proyecto de informe mencionado en el apartado 9, letra f), a la Junta de Supervisores para su aprobación.

7. El Consejo Ejecutivo nombrará y cesará a los miembros de la Sala de Recurso de conformidad con el artículo 58, apartados 3 y 5 teniendo debidamente en cuenta la propuesta de la Junta de Supervisores.

8. Los miembros del Consejo Ejecutivo anunciarán públicamente todas las reuniones celebradas y las indemnizaciones de representación recibidas. Los gastos se harán constar públicamente de conformidad con el Estatuto de los funcionarios.

9. El miembro responsable desempeñará las siguientes funciones específicas:

a) ejecutar el programa de trabajo anual de la Autoridad de acuerdo con las orientaciones de la Junta de Supervisores y bajo el control del Consejo Ejecutivo;

b) tomar todas las medidas necesarias, en particular la adopción de las instrucciones administrativas internas y la publicación de anuncios, para garantizar el funcionamiento de la Autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento;

c) preparar el programa de trabajo plurianual a que se refiere el artículo 47, apartado 2;

d) a más tardar el 30 de junio de cada año, preparar el programa de trabajo para el año siguiente a que se refiere el artículo 47, apartado 2;

e) elaborar un anteproyecto de presupuesto de la Autoridad de conformidad con el artículo 63 y ejecutar el presupuesto de la Autoridad de conformidad con el artículo 64;

f) preparar un proyecto de informe anual con una sección sobre las actividades reguladoras y de supervisión de la Autoridad y otra sobre los aspectos administrativos y financieros;

g) ejercer, con respecto al personal de la Autoridad, las competencias establecidas en el artículo 68 y gestionar los asuntos de personal.»;

35)  El artículo 48 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«El presidente será nacional de un Estado miembro y responsable de preparar el trabajo y de presidir las reuniones de la Junta de Supervisores y del Consejo Ejecutivo.»;

b)  el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Con el fin de seleccionar al presidente, la Comisión creará un Comité de Selección compuesto por seis personas independientes de alto nivel. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión nombrarán cada uno a dos miembros del Comité de Selección. El Comité de Selección elegirá a su presidente de entre sus miembros. El Comité de Selección decidirá por mayoría simple la publicación de la convocatoria de plaza vacante, los criterios de selección y el perfil específico del puesto, la composición de la reserva de solicitantes y el método de selección de la reserva de solicitantes para elaborar una lista restringida de, como mínimo, dos candidatos con equilibrio de género. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del presidente del Comité de Selección.

El presidente será seleccionado en atención a sus méritos, capacidades y conocimientos en materia de entidades y mercados financieros, en particular en el sector bancario, mediante una convocatoria pública de candidaturas que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. El presidente contará con un número considerable de años de experiencia reconocida pertinente en el ámbito de la supervisión y regulación financieras y de experiencia de alta dirección, será capaz de demostrar capacidades de liderazgo y un elevado nivel de eficiencia, capacidad e integridad, y dispondrá de conocimientos contrastados de, como mínimo, dos lenguas oficiales de la Unión.

El Comité de Selección presentará al Parlamento Europeo y al Consejo la lista restringida de candidatos para el puesto de presidente. El Parlamento Europeo podrá invitar a los candidatos seleccionados a audiencias públicas o a puerta cerrada, enviar preguntas por escrito a los candidatos, oponerse a la designación de un candidato y recomendar a su candidato preferido. El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán una decisión conjunta por la que se nombre al presidente de entre la lista restringida de candidatos.

2 bis. Cuando el presidente deje de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus obligaciones, incluidas las establecidas en el artículo 49, o haya sido declarado culpable de falta grave, el Parlamento Europeo o el Consejo, a propuesta de la Comisión o por iniciativa propia, podrá adoptar una decisión conjunta por la que sea cesado. Al elaborar su propuesta, la Comisión Europea consultará a las autoridades nacionales competentes.»;

b bis)  el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. El mandato del presidente tendrá una duración de ocho años y no será renovable

c)  ▌el apartado 4 ▌se sustituye por el texto siguiente:

«4. En el curso de los nueve meses anteriores a la finalización del mandato de ocho años del presidente, la Junta de Supervisores analizará:

a) los resultados obtenidos durante el primer mandato y la manera en que se han conseguido;

b) las obligaciones y necesidades de la Autoridad en los años siguientes.

«A efectos de la evaluación a que se refiere el párrafo primero, la Junta de Supervisores nombrará a un presidente suplente temporal de entre sus miembros.»;

d)  se suprime el apartado 5.

35 bis)  El artículo 49 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 49Independencia

del presidente

Sin perjuicio del papel de la Junta de Supervisores en relación con las funciones del presidente, este no pedirá ni aceptará instrucción alguna de las instituciones u organismos de la Unión, de ningún Gobierno▐ni de ninguna otra entidad pública o privada.

Ni los Estados miembros, las instituciones u organismos de la Unión, ni ningún otro organismo público o privado tratarán de ejercer su influencia sobre el presidente en el ejercicio de sus funciones.

De conformidad con el Estatuto de los funcionarios a que se refiere el artículo 68, el presidente, después de abandonar el cargo, seguirá sujeto al deber de actuar con integridad y discreción en lo que respecta a la aceptación de nombramientos o privilegios.»

36)  El artículo 49 bis se sustituye por el texto siguiente:

Artículo 49 bisGastos

El presidente anunciará públicamente todas las reuniones celebradas con partes interesadas externas en un plazo de dos semanas a partir de la reunión y las indemnizaciones de representación recibidas. Los gastos se harán constar públicamente de conformidad con el Estatuto de los funcionarios.»;

37)  Se suprimen los artículos 50, 51, 52, 52 bis y 53.

38)  El artículo 54 se modifica como sigue:

a)  ▌el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. El Comité Mixto funcionará como foro en el que la Autoridad cooperará de manera regular y estrecha para garantizar la coherencia intersectorial, teniendo plenamente en cuenta las especificidades sectoriales, con la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), especialmente, cuando así lo requiera el Derecho de la Unión, en lo que se refiere a:».

— los conglomerados financieros y las actividades transfronterizas,

— los servicios de contabilidad y auditoría,

— los análisis microprudenciales de las evoluciones, los riesgos y los puntos vulnerables para la estabilidad financiera de ámbito intersectorial,

– los productos de inversión minorista,

la ciberseguridad,

— el intercambio de información y de mejores prácticas con la JERS y ▌las AES;

— las cuestiones relacionadas con los servicios financieros minoristas y con la protección de los consumidores y los inversores;

la aplicación del principio de proporcionalidad.»;

c)  se inserta el apartado 2 bis siguiente:

«2 bis. En relación con las funciones de la Autoridad relacionadas con la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el Comité Mixto actuará como foro en el que la Autoridad cooperará de manera regular y estrecha con la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados en cuestiones relacionadas con la interacción entre las funciones específicas de la Autoridad a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra l), y las funciones atribuidas a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados.

El Comité Mixto podrá asistir a la Comisión en la evaluación de las condiciones y las especificaciones y procedimientos técnicos para garantizar la interconexión segura y eficaz de los mecanismos automatizados centralizados de conformidad con el informe a que se refiere el artículo 32 bis, apartado 5, de la Directiva (UE) 2018/843, así como en la interconexión efectiva de los registros nacionales con arreglo a la Directiva (UE) 2018/843.";

39)  ▌El artículo 55 ▌se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 55Composición

1. El Comité Mixto estará formado por los presidentes de las AES▐.

2. Un miembro del Consejo Ejecutivo, un representante de la Comisión y el segundo presidente de la JERS y, cuando proceda, el presidente de cualquier subcomité del Comité Mixto serán invitados como observadores a las reuniones del Comité Mixto y, cuando proceda, a las de los subcomités mencionados en el artículo 57.

3. La presidencia del Comité Mixto se designará sobre una base rotatoria anual de entre los presidentes de las AES. El presidente del Comité Mixto será el vicepresidente segundo de la JERS.

4. El Comité Mixto adoptará y publicará su reglamento interno. El Comité Mixto podrá invitar a observadores. El Comité Mixto adoptará posiciones comunes por consenso.

El Comité Mixto se reunirá al menos una vez cada tres meses.».

4 bis. El presidente de la Autoridad consultará e informará periódicamente a la Junta de Supervisores sobre cualquier posición adoptada en las reuniones del Comité Mixto y de sus subcomités.»;

39 bis)  El artículo 56 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 56Posiciones conjuntas y actos comunes

En el marco de las funciones que se le asignan en virtud del capítulo II, y en particular con respecto a la aplicación de la Directiva 2002/87/CE, cuando proceda, la Autoridad intentará adoptar posiciones conjuntas con la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) y con la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados).

Cuando así lo requiera el Derecho de la Unión, los actos adoptados con arreglo a los artículos 10 a 19 del presente Reglamento en relación con la aplicación de la Directiva 2002/87/CE y de cualquier otro acto de la Unión mencionado en el artículo 1, apartado 2, que también pertenezca al ámbito de competencia de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) o de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) serán adoptados paralelamente por la Autoridad, la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados).

Cuando la decisión de la Autoridad se desvíe de la posición conjunta mencionada en el párrafo primero, o cuando no pueda adoptar una decisión, la Autoridad comunicará sin demora sus motivos al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.»

39 bis)  El artículo 57 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 57Subcomités

1. El Comité Mixto podrá crear subcomités con objeto de preparar proyectos de posiciones conjuntas y actos comunes con el Comité Mixto.

2. El subcomité se compondrá de los presidentes de las AES, y de un representante de alto nivel del personal actual de la autoridad competente pertinente de cada Estado miembro.

3. El subcomité elegirá a un presidente entre los representantes de las autoridades competentes pertinentes, que también será un observador en el Comité Mixto.

3 bis. A efectos del artículo 56, se creará un subcomité sobre conglomerados financieros en el seno del Comité Mixto.

4. El Comité Mixto publicará en su sitio web todos los subcomités creados, incluidos sus mandatos y una lista de sus miembros con sus respectivas funciones en el subcomité.»

40)  El artículo 58 se modifica como sigue:

-a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Se crea la Sala de Recurso de las Autoridades Europeas de Supervisión.»;

-a bis)  en el apartado 2, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

2. La Sala de Recurso estará compuesta por seis miembros y seis suplentes, todos personas de reconocido prestigio que puedan demostrar que poseen los conocimientos del Derecho de la Unión y experiencia profesional pertinentes a nivel internacional de nivel suficiente en los ámbitos de la banca, los seguros, las pensiones de jubilación, los mercados de valores u otros servicios financieros, quedando excluidos el personal actual de las autoridades competentes o de otras instituciones nacionales o de la Unión que participen en las actividades de la Autoridad y los miembros del Grupo de partes interesadas del sector bancario. Los miembros serán nacionales de un Estado miembro y tendrán un conocimiento exhaustivo de, al menos, dos lenguas oficiales de la Unión. La Sala de Recurso poseerá la experiencia jurídica necesaria para poder ofrecer asesoría jurídica sobre la legalidad y la proporcionalidad del ejercicio de sus funciones por parte de la Autoridad.»

a)  el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. El Consejo Ejecutivo de la Autoridad nombrará a dos miembros de la Sala de Recurso y a dos suplentes a partir de una lista restringida propuesta por la Comisión, tras una convocatoria pública de manifestaciones de interés publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea y previa consulta de la Junta de Supervisores.

Tras la recepción de la lista restringida, el Parlamento Europeo podrá invitar a los candidatos a miembros y suplentes a efectuar una declaración ante el mismo y a responder a todas las preguntas formuladas por los diputados antes de su nombramiento.

El Parlamento Europeo podrá invitar a los miembros de la Sala de Recurso a efectuar una declaración ante el mismo y a responder a todas las preguntas formuladas por los diputados cuando así se solicite.»;

b)  el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. Los miembros de la Sala de Recurso nombrados por el Consejo Ejecutivo de la Autoridad no podrán ser cesados durante su mandato, a no ser que hayan sido declarados culpables de falta grave y el Consejo Ejecutivo, previa consulta a la Junta de Supervisores, tome una decisión al efecto.»;

b bis)  el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente:

«8. Las AES se encargarán de proporcionar apoyo operativo y de Secretaría permanente adecuado a la Sala de Recurso, a través del Comité Mixto.»

41)  En el artículo 59, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1. Los miembros de la Sala de Recurso deberán ser independientes cuando tomen sus decisiones y no obedecerán instrucción alguna. No podrán desempeñar ninguna otra función en la Autoridad, su Consejo Ejecutivo o su Junta de Supervisores.

2. Los miembros de la Sala de Recurso y el personal que ofrece apoyo operativo y de secretaría no podrán participar en procedimiento alguno de recurso si tienen intereses personales en él o si han actuado anteriormente como representantes de una de las partes del procedimiento o participado en la decisión recurrida.»;

42)  En el artículo 60, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1. Cualquier persona física o jurídica, incluidas las autoridades competentes, podrá recurrir una decisión de la Autoridad contemplada en los artículos 16, 16 bis, 17, 18, 19 y 35, incluso en lo relativo a su proporcionalidad, y cualquier otra decisión adoptada por la Autoridad con arreglo a los actos de la Unión mencionados en el artículo 1, apartado 2, de las que sea destinataria, o una decisión que, aunque revista la forma de una decisión destinada a otra persona, le afecte directa e individualmente.

2. «El recurso y la exposición de los motivos se presentarán por escrito ante la Autoridad en el plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación de la decisión al interesado o, a falta de notificación, a partir de la fecha en que la Autoridad publicó su decisión.».

«La Sala de Recurso decidirá sobre el recurso en un plazo de tres meses a partir de su interposición.».

43)  El artículo 62 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Los ingresos de la Autoridad procederán, sin perjuicio de otros tipos de ingresos, de cualquier combinación de las siguientes fuentes:

a) una contribución de equilibrio de la Unión, inscrita en el presupuesto general de la Unión (sección “Comisión”), que ascenderá, como mínimo, al 35 % de los ingresos estimados de la Autoridad;

a bis) las contribuciones obligatorias, de hasta el 65 % de los ingresos estimados de la Autoridad, de las autoridades públicas nacionales competentes en materia de supervisión de las entidades financieras;

b) en función de la evolución del alcance de la supervisión específica a una entidad, las contribuciones anuales de las entidades financieras, basadas en la previsión de gastos anuales relacionados con las actividades previstas en el presente Reglamento y en los actos de la Unión mencionados en el artículo 1, apartado 2, para cada una de las categorías de participantes dentro del ámbito de competencias de la Autoridad;

c) las tasas pagadas a la Autoridad en los casos especificados en los instrumentos aplicables del Derecho de la Unión;

d) las contribuciones▐de los Estados miembros o de los observadores;

e) los ingresos derivados de publicaciones, actividades de formación y otros servicios solicitados por las autoridades competentes.

1 bis. Los ingresos que reciba la Autoridad no deberán comprometer su independencia ni su objetividad.»;

a bis)  en el apartado 4, se añade el párrafo siguiente:

«Las estimaciones se basarán en los objetivos y en los resultados esperados del programa de trabajo anual al que se hace referencia en el artículo 47, apartado 2, y tendrán en cuenta los recursos financieros necesarios para alcanzar dichos objetivos y resultados esperados.»

b)  Se añade el apartado siguiente:

5. Las contribuciones voluntarias de los Estados miembros y los observadores a que se refiere el apartado 1, letra d), no se aceptarán si dicha aceptación arrojara dudas sobre la independencia y la imparcialidad de la Autoridad.»;

45)  El artículo 63 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 63Establecimiento del presupuesto

1.  Cada año, el miembro responsable elaborará un proyecto de documento único de programación provisional de la Autoridad para los tres ejercicios siguientes que establezca la previsión de ingresos y gastos, así como información sobre el personal, a partir de su programación anual y plurianual, y lo transmitirá al Consejo Ejecutivo y a la Junta de Supervisores, junto con la plantilla de personal.

1 bis.  El presidente presentará el proyecto de documento único de programación al Parlamento Europeo y al Consejo, después de lo cual la Junta de Supervisores, sobre la base del proyecto que haya sido aprobado por el Consejo Ejecutivo, adoptará el proyecto de documento único de programación para los tres ejercicios siguientes.

1 ter.  El Consejo Ejecutivo transmitirá el▌documento único de programación a la Comisión, al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas Europeo a más tardar el 31 de enero. Sin perjuicio de la adopción del presupuesto anual, el Parlamento Europeo aprobará el documento único de programación.

2.  Teniendo en cuenta el ▌documento único de programación, la Comisión consignará en el proyecto de presupuesto de la Unión las previsiones que considere necesarias respecto a la plantilla de personal y la cuantía de la contribución de equilibrio con cargo al presupuesto general de la Unión de conformidad con los artículos 313 y 314 del Tratado.

3.  La Autoridad Presupuestaria aprobará la plantilla de personal de la Autoridad. La Autoridad Presupuestaria autorizará los créditos correspondientes a la contribución de equilibrio destinada a la Autoridad y aprobará el límite de gasto total de la Autoridad.

4.  La Junta de Supervisores aprobará el presupuesto de la Autoridad. Este adquirirá carácter definitivo tras la aprobación definitiva del presupuesto general de la Unión. Cuando sea necesario, se adaptará en consecuencia.

5.  El Consejo Ejecutivo notificará sin demora a la Autoridad Presupuestaria su intención de ejecutar cualquier proyecto que pueda tener implicaciones financieras significativas para la financiación de su presupuesto, en particular cualquier proyecto inmobiliario, como el alquiler o la adquisición de inmuebles.

5 bis.  La Autoridad Presupuestaria autorizará cualquier proyecto que pueda tener implicaciones financieras o a largo plazo significativas para la financiación del presupuesto de la Autoridad, en particular cualquier proyecto inmobiliario, como el alquiler o la adquisición de inmuebles, incluidas las cláusulas de protección.»;

46)  El artículo 64 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 64Ejecución y control del presupuesto

«1. El miembro responsable actuará como ordenador de pagos y ejecutará el presupuesto anual de la Autoridad.

2. El contable de la Autoridad, que será independiente, enviará las cuentas provisionales al contable de la Comisión y al Tribunal de Cuentas, a más tardar el 1 de marzo del año siguiente. El artículo 70 no impedirá a la Autoridad facilitar al Tribunal de Cuentas Europeo cualquier información que este solicite y que recaiga en el ámbito de competencia del Tribunal.

3. El contable de la Autoridad enviará, a más tardar el 1 de marzo del año siguiente, la información contable necesaria a efectos de consolidación al contable de la Comisión, de la manera y en el formato establecidos por este.

4. Asimismo, el contable de la Autoridad enviará el informe sobre la gestión presupuestaria y financiera a los miembros de la Junta de Supervisores, al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente.

5. Tras tener en cuenta las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas sobre las cuentas provisionales de la Autoridad, de conformidad con el artículo 148 del Reglamento Financiero, el contable de la Autoridad, bajo su propia responsabilidad, elaborará las cuentas definitivas de la Autoridad. El miembro responsable las remitirá a la Junta de Supervisores, que emitirá un dictamen sobre las mismas.

6. A más tardar el 1 de julio del año siguiente, el contable de la Autoridad enviará las cuentas definitivas, acompañadas del dictamen de la Junta de Supervisores, al contable de la Comisión, al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas.

El contable de la Autoridad también enviará, a más tardar el 1 de julio del año siguiente, un paquete de información al contable de la Comisión, en el formato normalizado establecido por este, a efectos de consolidación.

7. Las cuentas definitivas se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea a más tardar el 15 de noviembre del año siguiente.

8. El miembro responsable enviará al Tribunal de Cuentas una respuesta a sus observaciones, a más tardar el 30 de septiembre. También transmitirá copia de dicha respuesta al Consejo Ejecutivo y a la Comisión.

9. El miembro responsable presentará al Parlamento Europeo, a petición de este y según lo dispuesto en el artículo 165, apartado 3, del Reglamento financiero, toda la información necesaria para el correcto desarrollo del procedimiento de aprobación de la ejecución del presupuesto del ejercicio en cuestión.

10. El Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo por mayoría cualificada, aprobará, antes del 15 de mayo del año N + 2, la gestión de la Autoridad con respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio N.

10 bis. La Autoridad emitirá un dictamen motivado sobre la posición del Parlamento Europeo y sobre cualquier otra observación formulada por el Parlamento Europeo en el procedimiento de aprobación de la gestión.»;

46 bis)  Se inserta el artículo 64 bis siguiente:

«Artículo 64Auditoría interna de la Autoridad

La Autoridad creará un Comité de Auditoría Interna que emitirá un dictamen dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aprobación de la ejecución de la parte del presupuesto que no es financiada con cargo al presupuesto de la Unión.»

47)  El artículo 65 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 65Normas financieras

El Consejo Ejecutivo adoptará las normas financieras aplicables a la Autoridad, previa consulta a la Comisión. Esas normas solo podrán desviarse del Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión* en el caso de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2002 si las exigencias específicas del funcionamiento de la Autoridad así lo requieren, y únicamente con la autorización previa de la Comisión.

*  Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 7.12.2013, p. 42).»;

48)  En el artículo 66, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. A efectos de la lucha contra el fraude, la corrupción y cualesquiera otras prácticas contrarias a Derecho, se aplicará a la Autoridad sin restricciones el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo**.

**Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).»;

49)  El artículo 68 se modifica como sigue:

a)    los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1. El Estatuto de los funcionarios, el Régimen aplicable a otros agentes y las normas adoptadas conjuntamente por las instituciones de la Unión para su aplicación serán aplicables al personal de la Autoridad, incluidos los miembros a tiempo completo del Consejo Ejecutivo y su presidente.

2. El Consejo Ejecutivo, de acuerdo con la Comisión, adoptará las medidas de aplicación necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del Estatuto de los funcionarios.»;

b)  el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. El Consejo Ejecutivo adoptará disposiciones que permitan emplear en la Autoridad a expertos nacionales de los Estados miembros en comisión de servicio.»;

50)  El artículo 70 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Los miembros de la Junta de Supervisores y todos los miembros del personal de la Autoridad, incluidos los funcionarios enviados por los Estados miembros de forma temporal en comisión de servicio y las demás personas que desempeñen funciones para la Autoridad a título contractual, estarán sujetos a las obligaciones de secreto profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 TFUE y las disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión, incluso después de haber cesado en sus cargos.

El artículo 16 del Estatuto de los funcionarios se aplicará a todos los miembros del personal de la Autoridad, incluidos los funcionarios enviados por los Estados miembros de forma temporal en comisión de servicio y todas las demás personas que desempeñen funciones para la Autoridad a título contractual.»;

b)  en el apartado 2, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

▌La obligación prevista en el apartado 1 y en el párrafo primero del presente apartado no impedirá que la Autoridad y las autoridades competentes utilicen la información para la aplicación de los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2, y, en particular, para los procedimientos jurídicos encaminados a la adopción de decisiones.»;

c)  se inserta el apartado 2 bis siguiente:

«2 bis. El Consejo Ejecutivo y la Junta de Supervisores velarán por que las personas que presten cualquier servicio, directa o indirectamente, de forma permanente u ocasional, en relación con las funciones de la Autoridad, incluidos los agentes y demás personas acreditadas por el Consejo Ejecutivo y la Junta de Supervisores o nombradas por las autoridades competentes a tal fin, estén sujetas a requisitos de secreto profesional equivalentes a los contemplados en los apartados anteriores.

Los mismos requisitos de secreto profesional se aplicarán también a los observadores que asistan a las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Junta de Supervisores y que participen en las actividades de la Autoridad.»;

d)  ▌los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:

«3. Los apartados 1 y 2 no impedirán que la Autoridad intercambie información con las autoridades competentes, de conformidad con el presente Reglamento y con la legislación de la Unión ▌.

Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a cualquier persona que notifique o divulgue información sobre una amenaza o un perjuicio al interés público en el contexto de su relación laboral.

La información mencionada en el apartado 2 estará sujeta a las condiciones de secreto profesional a que se refieren los apartados 1 y 2. La Autoridad establecerá en su reglamento interno las modalidades prácticas de aplicación de las normas de confidencialidad mencionadas en los apartados 1 y 2.

4. La Autoridad aplicará la Decisión (UE, Euratom) 2015/44 ▌ de la Comisión

4 bis. La Autoridad dispondrá de canales de notificación específicos para la recepción y el tratamiento de la información facilitada por un informante sobre infracciones reales o potenciales de actos de la Unión, abusos de Derecho o casos de mala administración.»;

51)  El artículo 71 se sustituye por el texto siguiente:

«El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en lo relativo al tratamiento de datos personales que efectúen de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 o las obligaciones de la Autoridad en lo relativo al tratamiento de datos personales que efectúen de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/XXX (Reglamento sobre protección de datos para las instituciones y los organismos de la UE), en el desempeño de sus funciones.»;

52)  En el artículo 72, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. El Consejo Ejecutivo adoptará las disposiciones prácticas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1049/2001.»;

53)  En el artículo 73, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. El Consejo Ejecutivo decidirá respecto al régimen lingüístico interno de la Autoridad.»;

54)  En el artículo 74, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«Las disposiciones necesarias sobre la instalación de la Autoridad en el Estado miembro donde se sitúe la sede y sobre los servicios que dicho Estado deberá prestar, así como las normas especiales aplicables en el Estado miembro al personal de la Autoridad y los miembros de sus familias, se establecerán en un acuerdo de sede entre la Autoridad y el Estado miembro que se celebrará tras su aprobación por el Consejo Ejecutivo.»;

54 bis)  En el artículo 75, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

«2. La Autoridad cooperará con los países a que se hace referencia en el apartado 1 que apliquen un cuerpo legislativo que haya sido reconocido como equivalente en los ámbitos de competencia de la Autoridad a que se refiere el artículo 1, apartado 2, con arreglo a lo dispuesto en los acuerdos internacionales suscritos por la Unión de conformidad con el artículo 218 TFUE.

3. De acuerdo con las disposiciones pertinentes de los acuerdos a que se hace referencia en los apartados 1 y 2, se concertarán acuerdos que especifiquen, especialmente, la naturaleza, el alcance y los procedimientos de la participación de estos países a que se refiere el apartado 1, en particular en relación con los Estados que son miembros del Espacio Económico Europeo, en los trabajos de la Autoridad, incluyendo disposiciones sobre las contribuciones económicas y el personal. Podrán prever que estén representados, como observadores, en la gobernanza de la Autoridad, pero garantizarán que dichos países no asistan a ningún debate que se refiera a entidades financieras concretas, salvo en caso de que exista un interés directo.»

55)  Se inserta el artículo 75 bis siguiente:

«Artículo 75 bisEjercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 35 quinquies, apartado 2, párrafo segundo podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 35 quinquies, apartado 2, párrafo segundo23, apartado 2, párrafo segundo, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.»;

56)  El artículo 76 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 76Relación con el CSBE

La Autoridad será considerada sucesora legal del CSBE. A más tardar en la fecha de creación de la Autoridad, todo el activo y el pasivo, y todas las operaciones pendientes del CSBE serán transferidas automáticamente a la Autoridad. El CSBE formulará una declaración en la que mostrará su situación patrimonial al cierre en la fecha de dicha transferencia. Dicha declaración será auditada y aprobada por el CSBE y por la Comisión.»

57)  Se inserta el artículo 77 bis siguiente:

Artículo 77 bisDisposiciones transitorias

Las funciones y el cargo del director ejecutivo, nombrado de conformidad con el presente Reglamento, cuya última modificación la constituye la Directiva (UE) 2015/2366, y en ejercicio el [OP: insértese la fecha correspondiente a tres meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento] cesarán en esa fecha.

Las funciones y el cargo del presidente, nombrado de conformidad con estos Reglamentos, cuya última modificación la constituye la Directiva (UE) 2015/2366, y en ejercicio el [OP: insértese la fecha correspondiente a tres meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento] continuarán hasta su expiración.

Las funciones y el cargo de los miembros del Consejo de Administración, nombrados de conformidad con el presente Reglamento, cuya última modificación la constituye la Directiva (UE) 2015/2366, y en ejercicio el [OP: insértese la fecha correspondiente a tres meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento] cesarán en esa fecha.».

57 bis)  Se suprime el artículo 79.

57 ter)  Se suprime el artículo 80.

57 quater)  El artículo 81 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 81Revisión

1. A más tardar el ... [Dieciocho meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], y, posteriormente, cada tres años, la Comisión publicará un informe general sobre la experiencia adquirida sobre la base del funcionamiento de la Autoridad y de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento. Este informe evaluará, entre otros elementos:

a) la eficacia y convergencia alcanzada por las autoridades competentes en las prácticas de supervisión:

i) la▐ independencia▐de las autoridades competentes y la convergencia en las normas equivalentes al buen gobierno corporativo,

ii) la imparcialidad, objetividad y autonomía de la Autoridad;

b) el funcionamiento de los colegios de supervisores;

c) los avances registrados hacia el objetivo de convergencia en materia de prevención, gestión y resolución de crisis, con inclusión de los mecanismos de financiación de la Unión;

d) el papel de la Autoridad en lo que se refiere al riesgo sistémico;

e) la aplicación de la cláusula de salvaguardia prevista en el artículo 38;

f) la aplicación de la función mediadora vinculante prevista en el artículo 19.».

f bis) el funcionamiento del proceso de toma de decisiones del Comité Mixto;

f ter) los obstáculos o el impacto en relación con la consolidación transfronteriza con arreglo al artículo 8 del presente Reglamento.

2. El informe mencionado en el apartado 1 también evaluará:

a) la conveniencia de mantener la separación de la supervisión de bancos, seguros, pensiones de jubilación, valores y mercados financieros;

b) la conveniencia de combinar o de mantener separadas la supervisión prudencial y la supervisión de la gestión empresarial;

c) la conveniencia de simplificar y reforzar la arquitectura del SESF con el fin de aumentar la coherencia entre los niveles macroprudencial y microprudencial y entre las AES;

d) si la evolución del SEFS se ajusta a la evolución global;

e) si hay suficiente diversidad y excelencia en el SESF;

f) la adecuación de la responsabilidad y la transparencia en relación con las obligaciones de publicación;

g) si los recursos de la Autoridad se adecuan al ejercicio de sus competencias;

h) la adecuación de la sede de la Autoridad y la posible conveniencia de trasladar a las AES a una única sede para propiciar una mejor coordinación entre ellas.

2 bis. En el informe general a que se refiere el apartado 1, la Comisión, tras consultar a todas las autoridades y partes interesadas pertinentes, llevará a cabo una evaluación exhaustiva de la aplicación, el funcionamiento y la eficacia de la emisión de cartas de no acción conforme al artículo 9 quater del presente Reglamento.

2 ter. A más tardar [dieciocho meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento] la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo las evaluaciones a que se refiere al apartado 2 bis, acompañadas, si procede, de propuestas legislativas.

3. Por lo que atañe a la cuestión de la supervisión directa de entidades o infraestructuras de escala paneuropea, y teniendo en cuenta la evolución del mercado, la estabilidad del mercado interior y la cohesión de la Unión en su conjunto, la Comisión elaborará un informe anual sobre la conveniencia de confiar a la Autoridad otras competencias de supervisión en este ámbito.

4. El informe, junto con cualquier eventual propuesta que lo acompañe, será transmitido al Parlamento Europeo y al Consejo.»

57 quinquies)  Se añade el artículo 81 bis siguiente:

«Artículo 81 bisEvaluación de las funciones específicas atribuidas a la Autoridad en relación con la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

1. Tras consultar a todas las autoridades y partes interesadas pertinentes, la Comisión llevará a cabo una evaluación exhaustiva de la aplicación, el funcionamiento y la efectividad de las funciones específicas atribuidas a la Autoridad en virtud del artículo 8, apartado 1, punto 1), del presente Reglamento. Como parte de su evaluación, la Comisión analizará la interacción entre estas funciones y las funciones atribuidas a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados Además, la Comisión estudiará concienzudamente, sobre la base de un análisis global de costes y beneficios y de conformidad con el objetivo de garantizar la coherencia, eficacia y efectividad, la posibilidad de atribuir funciones específicas en relación con la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a una agencia especializada de la Unión existente o nueva.

2. La Comisión presentará la evaluación a que se refiere el apartado 1 como parte de su informe de conformidad con el artículo 65 de la Directiva (UE) 2018/843 y acompañada, si procede, de propuestas legislativas para el Parlamento Europeo y el Consejo antes del 11 de enero de 2022.»

Artículo 2Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1094/2010

El Reglamento (UE) 1094/2010 se modifica como sigue:

1)  El artículo 1 se modifica como sigue:

a bis)  el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. La Autoridad actuará con arreglo a los poderes otorgados por el presente Reglamento y dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2009/138/CE con excepción de su título IV, de las Directivas 2002/92/CE, 2003/41/CE, 2002/87/CE, 2009/103/CE*, la Directiva 20113/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo** y, en la medida en que dichos actos se apliquen a las empresas de seguros, las empresas de reaseguros, los fondos de pensiones de empleo y los intermediarios de seguros, de las partes correspondientes de las Directivas (UE) 2015/849 y 2002/65/CE, incluidas todas las directivas, los reglamentos y las decisiones basados en dichos actos, así como de cualquier otro acto jurídicamente vinculante de la Unión que confiera funciones a la Autoridad.

*   Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (DO L 263 de 7.10.2009, p. 11).

**  Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19)»;

a ter)    el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. La Autoridad también actuará en el ámbito de las actividades de las empresas de seguros, las empresas de reaseguros, los conglomerados financieros, los fondos de pensiones de empleo y los intermediarios de seguros, en relación con los asuntos no cubiertos directamente por los actos mencionados en el apartado 2, incluidos los asuntos relacionados con la gobernanza empresarial, la auditoría o la información financiera, teniendo en cuenta modelos comerciales sostenibles y la integración de factores ambientales, sociales y de gobernanza relacionados, siempre que la actuación de la Autoridad sea necesaria para garantizar la aplicación efectiva y coherente de dichos actos.»

a quater)  el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6. El objetivo de la Autoridad será proteger el interés público contribuyendo a la estabilidad y eficacia del sistema financiero a corto, medio y largo plazo, para la economía de la Unión, sus ciudadanos y sus empresas. La Autoridad, dentro de sus competencias respectivas, contribuirá a:

a) mejorar el funcionamiento del mercado interior, en particular con un nivel sólido, efectivo y coherente de regulación y supervisión;

b) velar por la integridad, la transparencia, la eficiencia y el correcto funcionamiento de los mercados financieros;

c) reforzar la coordinación de la supervisión internacional;

d) evitar el arbitraje regulatorio y promover la igualdad de condiciones de competencia;

e) garantizar que los riesgos relativos a actividades de seguro, reaseguro y pensiones de jubilación están regulados y supervisados de la forma adecuada;▐

f) reforzar la protección del consumidor y el cliente;

f bis) reforzar la convergencia en la supervisión en todo el mercado interior, promoviendo, entre otras medidas, un enfoque basado en el riesgo para la supervisión de la gestión empresarial.

Con estos fines, la Autoridad contribuirá a garantizar la aplicación coherente, eficiente y efectiva de los actos mencionados en el apartado 2, a fomentar la convergencia en la supervisión, y a emitir dictámenes, de conformidad con el artículo 16 bis, dirigidos al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión▌.

En el ejercicio de las funciones que le confiere el presente Reglamento, la Autoridad prestará especial atención a todo riesgo sistémico potencial planteado por las entidades financieras, cuya quiebra o mal funcionamiento pueda socavar el funcionamiento del sistema financiero o de la economía real.

En el desempeño de sus funciones, la Autoridad actuará con independencia y objetividad, así como de forma no discriminatoria y transparente, en interés de la Unión en su conjunto y respetará el principio de proporcionalidad. La Autoridad aplicará los principios de responsabilidad e integridad y deberá garantizar que todas las partes interesadas reciban un trato justo a este respecto.

El contenido y la forma de las acciones y medidas de la Autoridad no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Reglamento o los actos mencionados en el apartado 2 y serán proporcionados a la naturaleza, el alcance y la complejidad de los riesgos inherentes a la actividad de una institución o de los mercados afectada por la actuación de la Autoridad.»

2)  ▌El artículo 2 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. La Autoridad formará parte de un Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF). El principal objetivo del SESF será garantizar la correcta aplicación de la normativa correspondiente al sector financiero, a fin de preservar la estabilidad financiera y garantizar la confianza en el sistema financiero en su conjunto y una protección eficaz y suficiente para los consumidores de los servicios financieros.»

b)  el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. De conformidad con el principio de cooperación leal establecido en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, las partes del SESF cooperarán en un clima de confianza y pleno respeto mutuo, en particular para asegurar un flujo de información apropiado y fiable entre ellas y en relación con el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión

c)  en el apartado 5, se añade el párrafo siguiente:

Las referencias hechas en el presente Reglamento a la supervisión incluyen todas las actividades pertinentes, sin perjuicio de las competencias nacionales, de todas las autoridades competentes que han de llevarse a cabo con arreglo a los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2.»;

2 bis)  El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 3Responsabilidad del

Sistema Europeo de Supervisión Financiera

1. Las autoridades a que se refiere el artículo 2, apartado 2, letras a) a d), habrán de responder ante el Parlamento Europeo y el Consejo.

2. En el curso de cualquier investigación llevada a cabo por el Parlamento Europeo con arreglo al artículo 226 del TFUE, la Autoridad cooperará plenamente con el Parlamento Europeo.

3. La Junta de Supervisores adoptará un informe anual de las actividades de la Autoridad, incluyendo el desempeño de las funciones del presidente, y lo transmitirá al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas y al Comité Económico y Social Europeo, a más tardar el 15 de junio de cada año. Dicho informe se hará público.

En el informe contemplado en el párrafo primero, la Autoridad incluirá información sobre los acuerdos administrativos celebrados con autoridades de supervisión, organizaciones internacionales o administraciones de terceros países, sobre la asistencia prestada por la Autoridad a la Comisión en la preparación de las decisiones relativas a la equivalencia y sobre la actividad de seguimiento llevada a cabo por la Autoridad, de conformidad con el artículo 33.

4. A petición del Parlamento Europeo, el presidente participará en una audiencia ante el Parlamento Europeo sobre el rendimiento de la Autoridad. La audiencia se celebrará como mínimo una vez al año. El presidente efectuará una declaración ante el Parlamento Europeo y responderá a todas las preguntas formuladas por los diputados cuando así se solicite.

5. El presidente presentará al Parlamento Europeo un informe escrito sobre las principales actividades de la Autoridad siempre que se le solicite y, en cualquier caso, al menos quince días antes de efectuar la declaración a que se refiere el apartado 1 quater.

6. Además de la información a que se refieren los artículos 11 a 18 y los artículos 20 y 33, el informe incluirá asimismo cualquier información pertinente solicitada puntualmente por el Parlamento Europeo.

7. La Autoridad responderá oralmente o por escrito a las preguntas que el Parlamento Europeo o el Consejo le dirijan en el plazo de cinco semanas a partir de la recepción de la pregunta.

8. Si así se le solicita, el presidente mantendrá conversaciones orales confidenciales, a puerta cerrada, con el presidente, los vicepresidentes y los coordinadores de las comisiones competentes del Parlamento Europeo, en caso de que tales conversaciones sean necesarias para el ejercicio de las competencias del Parlamento Europeo en virtud del artículo 226 del TFUE. Todos los participantes respetarán los requisitos de secreto profesional.

9. La Autoridad creará un registro de documentos y de su estado de accesibilidad.

10. La Autoridad facilitará al Parlamento Europeo un resumen significativo de las actas de cualquier reunión de la Asociación Internacional de Inspectores de Seguros, de la Organización Internacional de Supervisores de Pensiones, del Consejo de Estabilidad Financiera y del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, así como de cualquier otro organismo o institución internacional pertinente en el ámbito de la supervisión de los seguros, reaseguros o las pensiones.».

3)  En el artículo 4, punto 2, el inciso ii) se sustituye por el texto siguiente:

en relación con las Directivas 2002/65/CE y (UE) 2015/849, las autoridades y organismos competentes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de dichas Directivas por parte de las entidades financieras▐;»

4)  El artículo 6 se modifica como sigue:

a)    el punto 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2) un Consejo Ejecutivo, que ejercerá las funciones establecidas en el artículo 47;»;

b)    se suprime el punto 4.

4 bis)  en el artículo 7 bis, se añade el nuevo apartado siguiente:

«La ubicación de la sede de la Autoridad no afectará al desempeño de sus funciones y competencias, a la organización de su estructura de gobierno, al funcionamiento de su organización principal ni a la financiación principal de sus actividades, permitiéndose no obstante, donde proceda, la puesta en común con agencias de la Unión de los servicios de apoyo administrativo y gestión de infraestructuras no relacionados con las actividades esenciales de la Autoridad. A más tardar el [fecha de aplicación del presente Reglamento modificativo], y, posteriormente, cada doce meses, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el cumplimiento de este requisito por parte de las Autoridades Europeas de Supervisión.»

5)  El artículo 8 se modifica como sigue:

a)    el apartado 1 se modifica como sigue:

-i)  la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

sobre la base de los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, contribuir al establecimiento de normas y prácticas reguladoras y de supervisión comunes de alta calidad, en particular ▌elaborando ▌proyectos de normas técnicas de regulación y ejecución, directrices, recomendaciones y otras medidas, incluidos dictámenes con arreglo al artículo 16 bis;»;

i)  se inserta la letra a bis) siguiente:

«a bis) elaborar y mantener actualizado un manual de supervisión de la Unión relativo a la supervisión de las entidades financieras de la Unión, que establezca las mejores prácticas en materia de supervisión y métodos y procedimientos de alta calidad y tenga en cuenta, entre otros aspectos, la evolución de las prácticas empresariales y los modelos de negocio y el tamaño de las entidades financieras y los mercados;»;

ii bis)  la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

contribuir a la aplicación coherente de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, en particular contribuyendo a la instauración de una cultura de supervisión común, velando por la aplicación coherente, eficaz y efectiva de los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2, evitando el arbitraje regulatorio, impulsando y vigilando la independencia de la supervisión, mediando y resolviendo diferencias entre autoridades competentes, garantizando una supervisión eficaz y coherente de las entidades financieras, así como asegurando un funcionamiento coherente de los colegios de supervisores y adoptando, entre otras, medidas en las situaciones de emergencia;»

ii)  las letras e) y f) se sustituyen por el texto siguiente:

organizar y llevar a cabo evaluaciones de las autoridades competentes con el apoyo/la contribución de las autoridades nacionales competentes y, en ese contexto, formular recomendaciones▐ dirigidas a esas autoridades competentes y determinar las mejores prácticas y, en ese contexto, emitir directrices, a fin de reforzar la coherencia de los resultados de la supervisión;

f) seguir y evaluar la evolución del mercado en su ámbito de competencia, incluida, cuando proceda, la evolución de las tendencias del crédito ▌de los servicios financieros innovadores, así como la evolución de las tendencias de los factores medioambientales, sociales y de gobernanza;»;

ii bis)  la letra g) se sustituye por el texto siguiente:

realizar análisis de mercado para sustentar el desempeño de las funciones que le incumben;»

iii)  la letra h) se sustituye por el texto siguiente:

«h) promover, cuando proceda, la protección de los titulares de pólizas de seguros, participantes en planes de pensiones y beneficiarios, consumidores e inversores, en particular por lo que respecta a las deficiencias en contextos transfronterizos y teniendo en cuenta los riesgos relacionados»;

iii bis)  se insertan las letras i bis) e i ter) siguientes:

«i bis) coordinar las actividades de control del cumplimiento entre las autoridades competentes;»

«i ter) contribuir a instaurar una estrategia común de la Unión en materia de datos financieros;»;

iii ter)  se inserta la letra k bis) siguiente:

«k bis) publicar en su sitio internet y actualizar periódicamente todas las normas técnicas de regulación, las normas técnicas de ejecución, las directrices, las recomendaciones y las preguntas y respuestas para cada acto legislativo mencionado en el artículo 1, apartado 2, incluidos una visión general de la situación de los trabajos en curso y el calendario previsto para la adopción de los proyectos de normas técnicas de regulación, los proyectos de normas técnicas de ejecución, las directrices, las recomendaciones y las preguntas y respuestas. Esta información se facilitará en todas las lenguas de trabajo de la Unión;»

iv)  se suprime la letra l);

v)  se inserta la letra m) siguiente:

«m) emitir consejo respecto de las solicitudes de uso de modelos internos, con el fin de facilitar la toma de decisiones y prestar la asistencia prevista en el artículo 21 bis;»;

b)  se inserta el apartado 1 bis siguiente:

«1 bis. En el desempeño de sus funciones con arreglo al presente Reglamento, la Autoridad:

a) hará pleno uso de las competencias de que dispone;

b) con la debida consideración al objetivo de garantizar la seguridad y la solidez de las entidades financieras, tendrá muy en cuenta los diferentes tipos, modelos de negocio y dimensiones de las entidades financieras.

c) atenderá a la innovación tecnológica, los modelos de negocio innovadores y sostenibles, como cooperativas y mutuas, por ejemplo, y la integración de los factores medioambientales, sociales y de gobernanza.»;

c)  el apartado 2 se modifica como sigue:

i) se inserta la letra c bis) siguiente:

«c bis) emitir recomendaciones, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 29 bis y 31 bis;»;

i bis) se inserta la letra d bis) siguiente:

«d bis) formular advertencias de conformidad con el artículo 9, apartado 3;»

i ter) se insertan las letras g bis9, g ter) y g quater):

«g bis) emitir dictámenes destinados al Parlamento Europeo, al Consejo o a la Comisión, con arreglo a lo previsto en el artículo 16 bis;

g ter) responder a preguntas, tal como se establece en el artículo 16 ter;

g quater) emitir cartas de no acción de duración limitada, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 bis;»

ii) la letra h) se sustituye por el texto siguiente:

«h) recopilar la información necesaria respecto de las entidades financieras como estipulan los artículos 35 y 35 ter;»;

d)  se añade el apartado 3 siguiente:

«3. En el ejercicio de las funciones a que se refiere el presente artículo, la Autoridad respetará estrictamente las leyes de nivel 1 y las medidas de nivel 2 y aplicará los principios de proporcionalidad y de «legislar mejor», incluidos las evaluaciones de impacto, los análisis coste-beneficio y las consultas públicas abiertas.

Las consultas públicas abiertas a que se refieren los artículos 10, 15, 16 y 16 bis se realizarán de la forma más amplia posible para garantizar un enfoque integrador hacia todas las partes interesadas, y otorgarán un plazo de respuesta razonable a las partes interesadas. La Autoridad ofrecerá y publicará información sobre cómo se utilizó la información y las opiniones recopiladas en la consulta en un proyecto de norma técnica de regulación, en un proyecto de norma técnica de ejecución y en las directrices, recomendaciones y dictámenes.

La Autoridad resumirá la contribución recibida de las partes interesadas de tal forma que se puedan comparar los resultados de las consultas públicas sobre cuestiones similares.»;

6)  El artículo 9 se modifica como sigue:

-a bis)  en el apartado 1, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

«a) recopilando y analizando datos e informando sobre las tendencias de los consumidores, tales como la evolución de los gastos y tasas de los productos y servicios financieros minoristas en los Estados miembros;»

a)  En el apartado 1, se añade la letra a ter siguiente:

a ter) desarrollando indicadores de riesgo minorista para la rápida identificación de posibles causas de perjuicio para el consumidor y el inversor;»;

b bis)  en el apartado 1, se añaden las letras d bis) y d ter) siguientes:

«d bis) contribuyendo a la igualdad de condiciones en el mercado único de manera que los consumidores y otros usuarios de servicios financieros tengan un acceso equitativo a servicios y productos financieros y vías de recurso comparables;

d ter) coordinando las actividades de compra simulada de las autoridades competentes;»

c)  el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. La Autoridad hará un seguimiento de las actividades financieras nuevas y existentes, y podrá adoptar directrices y recomendaciones, de conformidad con el artículo 16, con vistas a promover la seguridad y la solidez de los mercados, así como la convergencia y eficacia de las prácticas reguladoras y de supervisión.

2 bis. La Autoridad, en su ámbito de competencias respectivas, elaborará normas de supervisión de la gestión empresarial dirigidas a las autoridades nacionales competentes, por ejemplo por lo que respecta a las competencias y funciones mínimas.»;

d)  el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. La Autoridad creará, como parte integrante de la Autoridad, un Comité sobre proporcionalidad para garantizar que las diferencias en la naturaleza, el alcance y la complejidad de los riesgos, la evolución de las prácticas empresariales y los modelos de negocio y el tamaño de las entidades financieras y los mercados queden reflejadas en el trabajo de la Autoridad, y un Comité sobre protección de los consumidores e innovación financiera que reúna a todas las autoridades competentes y a las autoridades ▌que proceda, con vistas a mejorar la protección de los consumidores y alcanzar un enfoque coordinado del tratamiento en materia de regulación y de supervisión de las actividades financieras nuevas o innovadoras, y a prestar asesoramiento a la Autoridad para que lo presente al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. La Autoridad cooperará de manera estrecha con el Comité Europeo de Protección de Datos para evitar la duplicación, las inconsistencias y la inseguridad jurídica en el ámbito de la protección de datos. La Autoridad podrá incluir también en el Comité a las autoridades nacionales de protección de datos.».

b bis)  el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. La Autoridad podrá prohibir o restringir temporalmente la comercialización, distribución o venta de determinados productos, instrumentos o actividades de carácter financiero que puedan causar daños financieros significativos a los clientes o que amenacen el funcionamiento correcto y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad de la totalidad o de parte del sistema financiero de la Unión en casos especificados y en las condiciones establecidas en los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, o, si así se requiere en caso de una situación de emergencia, con arreglo a las condiciones estipuladas en el artículo 18.

La Autoridad revisará la decisión a la que se hace referencia en el párrafo primero con la periodicidad oportuna lo antes posible y al menos cada seis meses. La Autoridad podrá renovar la prohibición o la restricción en dos ocasiones, tras lo cual pasará a tener carácter permanente, a menos que la Autoridad considere lo contrario.

Los Estados miembros podrán pedir a la Autoridad que reconsidere su decisión. En tal caso, la Autoridad decidirá, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 44, apartado 1, párrafo segundo, si mantiene o no su decisión.

La Autoridad podrá evaluar también la necesidad de prohibir o restringir determinados tipos de actividades o prácticas financieras y, cuando exista esa necesidad, informará a la Comisión y a las autoridades competentes con el fin de facilitar la adopción de dicha prohibición o restricción.»

6 bis)  Se inserta el artículo 9 bis siguiente:

«Artículo 9 bis

Cartas de no acción de duración limitada

1.  En circunstancias excepcionales, y si se cumplen las condiciones previstas en el presente apartado, la Autoridad podrá, en coordinación con todas las autoridades competentes pertinentes, emitir cartas de no acción de duración limitada por lo que respecta a determinadas disposiciones del Derecho de la Unión basadas en los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2. Estas cartas de no acción constituyen un compromiso temporal por parte de la Autoridad y de todas las autoridades competentes pertinentes de abstenerse de hacer cumplir a los entidades financieras determinadas disposiciones del Derecho de la Unión cuando estas no puedan cumplirlas por al menos una de las razones que se exponen a continuación:

a)   el cumplimiento supondría para las entidades financieras una infracción de otros requisitos legales y regulatorios del Derecho de la Unión;

b)  la Autoridad considera inviable el cumplimiento sin más medidas de nivel 2 o directrices de nivel 3;

c)  el cumplimiento supondría un perjuicio o amenaza grave para cualquiera de los siguientes elementos: la confianza de los mercados, la protección de los consumidores o los inversores, la integridad y el funcionamiento ordenado de los mercados financieros o de los mercados de materias primas, la estabilidad de la totalidad o de parte del sistema financiero de la Unión.

La Autoridad no emitirá cartas de no acción si considera que estas tendrán un efecto perjudicial desproporcionado con respecto a sus beneficios en la eficiencia de los mercados financieros o la protección de los consumidores o los inversores.

2.  En su carta de no acción, la Autoridad especificará las disposiciones concretas del Derecho de la Unión a las que afecta la suspensión del cumplimiento, los motivos por los que considera que se cumplen las condiciones previstas en el apartado 1 y la fecha de expiración de la suspensión del cumplimiento. La duración de esta suspensión no será superior a seis meses.

3.  En caso de que la Autoridad decida emitir una carta de no acción, informará de ello inmediatamente a la Comisión, al Parlamento Europeo y al Consejo. En el plazo de dos semanas desde la recepción de esta información, la Comisión, el Parlamento Europeo o el Consejo podrán solicitar a la Autoridad que reconsidere su decisión. A iniciativa de la Comisión, del Parlamento Europeo o del Consejo, este plazo podrá prorrogarse dos semanas. En caso de que la Comisión, el Parlamento Europeo o el Consejo pidan a la Autoridad que reconsidere su decisión, la Autoridad decidirá, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 44, apartado 1, párrafo segundo, si mantiene o no su decisión.

4.  Cuando la Autoridad emita una carta de no acción con arreglo a los apartados 1 a 3, la publicará de inmediato en su sitio Internet. La Autoridad revisará su decisión de emitir una carta de no acción a intervalos adecuados y solo podrá renovarla por un período de seis meses. Si la decisión de emitir una carta de no acción no se renueva tras el período de seis o doce meses, caducará automáticamente.

6 bis)  el artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 10Normas técnicas de regulación

1. Cuando el Parlamento Europeo y el Consejo deleguen poderes en la Comisión para adoptar normas técnicas de regulación mediante actos delegados con arreglo al artículo 290 TFUE, con el fin de garantizar la armonización coherente en los ámbitos previstos específicamente en los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, la Autoridad podrá elaborar proyectos de normas técnicas de regulación. La Autoridad presentará sus proyectos de normas de regulación a la Comisión para su aprobación. Al mismo tiempo, la Autoridad transmitirá estas normas técnicas para información al Parlamento Europeo y al Consejo.

Las normas técnicas de regulación serán de carácter técnico, no podrán entrañar decisiones estratégicas o políticas y su contenido estará limitado por los actos legislativos en los que se basen. La Autoridad informará al Parlamento Europeo y al Consejo, tan pronto como sea posible y de forma exhaustiva, de sus avances en la elaboración de los proyectos de normas técnicas de regulación.

Antes de presentarlos a la Comisión, la Autoridad llevará a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación y analizará los costes y beneficios potenciales correspondientes, de conformidad con el artículo 8, apartado 2 bis. La Autoridad recabará asimismo el asesoramiento del Grupo de partes interesadas del sector bancario a que se refiere el artículo 37.

En un plazo de tres meses tras la recepción de un proyecto de normas técnicas de regulación, la Comisión decidirá si lo aprueba. La Comisión podrá aprobar los proyectos de normas técnicas de regulación solo en parte o con modificaciones cuando el interés de la Unión así lo exija.

En caso de que la Comisión no tome una decisión en un plazo de tres meses tras la recepción del proyecto de norma técnica de regulación sobre si adopta o no dicha norma, informará de ello inmediatamente y, en cualquier caso, antes de que finalice el plazo de tres meses al Parlamento Europeo y al Consejo, indicando los motivos por los que no está en condiciones de tomar una decisión y el calendario previsto para su aprobación, teniendo debidamente en cuenta la fecha de aplicación y de ejecución del acto legislativo aplicable mencionado en el artículo 1, apartado 2. Cualquier retraso en la aprobación de la norma técnica de regulación no impedirá al Parlamento Europeo y al Consejo ejercer sus competencias de control previstas en el artículo 13.

En caso de que la Comisión tenga la intención de no aprobar un proyecto de norma técnica de regulación, o de aprobarlo en parte o con modificaciones, devolverá el proyecto de norma técnica de regulación a la Autoridad junto con una explicación de por qué no lo aprueba o, en su caso, una explicación de los motivos de sus modificaciones, y remitirá una copia de su carta al Parlamento Europeo y al Consejo. En un plazo de seis semanas, la Autoridad podrá modificar el proyecto de norma técnica de regulación basándose en las modificaciones propuestas por la Comisión y volver a presentarlo en forma de dictamen formal a la Comisión. La Autoridad remitirá una copia de su dictamen formal al Parlamento Europeo y al Consejo.

Si transcurrido el plazo de seis semanas, la Autoridad no ha presentado un proyecto modificado de norma técnica de regulación, o ha presentado un proyecto de norma técnica de regulación que no está modificado de acuerdo con las propuestas de modificación de la Comisión, esta podrá adoptar la norma técnica de regulación con las modificaciones que considere pertinentes, o rechazarla.

La Comisión no podrá cambiar el contenido de un proyecto de norma técnica de regulación elaborado por la Autoridad sin una coordinación previa con ella, según se establece en el presente artículo.

2. Cuando la Autoridad no haya presentado un proyecto de norma técnica de regulación en el plazo previsto en los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, informará de ello inmediatamente al Parlamento Europeo y al Consejo, indicando los motivos por los que no está en condiciones de presentar el proyecto de norma técnica de regulación y el calendario previsto para su aprobación, teniendo debidamente en cuenta la fecha de aplicación y de ejecución del acto legislativo aplicable mencionado en el artículo 1, apartado 2. La Comisión podrá solicitar dicho proyecto dentro de un nuevo plazo. La Comisión informará sin demora al Parlamento Europeo y al Consejo del nuevo plazo. El Parlamento Europeo podrá pedir al presidente de la Autoridad que explique los motivos por los que no ha podido presentar el proyecto de norma técnica de regulación.

3. Solo cuando la Autoridad no presente a la Comisión un proyecto de norma técnica de regulación dentro del plazo previsto en el apartado 2, la Comisión podrá adoptar una norma técnica de regulación mediante un acto delegado sin un proyecto de la Autoridad.

La Comisión llevará a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación y analizará los costes y beneficios potenciales correspondientes, a menos que dichas consultas y análisis sean desproporcionados con respecto al ámbito y la incidencia de los proyectos de normas técnicas de regulación de que se trate o con respecto a la urgencia particular del asunto. La Comisión recabará asimismo▐ el asesoramiento del Grupo de partes interesadas del sector bancario a que se refiere el artículo 37.

La Comisión remitirá inmediatamente el proyecto de norma técnica de regulación al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Autoridad.

▌En un plazo de seis semanas, la Autoridad podrá modificar el proyecto de norma técnica de regulación y presentarlo en forma de dictamen formal a la Comisión. La Autoridad remitirá una copia de su dictamen formal al Parlamento Europeo y al Consejo.

Si transcurrido el plazo de seis semanas a que se hace referencia en el párrafo cuarto, la Autoridad no ha presentado un proyecto modificado de norma técnica de regulación, la Comisión podrá adoptar la norma técnica de regulación.

Si la Autoridad presenta un proyecto modificado de norma técnica de regulación en el plazo de seis semanas, la Comisión podrá modificar dicho proyecto basándose en las modificaciones propuestas por la Autoridad o adoptar la norma técnica de regulación con las modificaciones que considere pertinentes. La Comisión no cambiará el contenido del proyecto de norma técnica de regulación elaborado por la Autoridad sin una coordinación previa con ella, según se establece en el presente artículo.

4. Las normas técnicas de regulación se adoptarán por medio de reglamentos o decisiones. En su título aparecerán las palabras «norma técnica de regulación». Se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrarán en vigor en la fecha prevista en él.».

6 ter)  En el artículo 13, apartado 1, se suprime el párrafo segundo.

6 quater)  El artículo 15 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 15Normas técnicas de ejecución

1. Cuando el Parlamento Europeo y el Consejo otorguen poderes de ejecución a la Comisión para adoptar normas técnicas de ejecución mediante actos de ejecución con arreglo al artículo 291 TFUE, y con el fin de garantizar condiciones uniformes para la aplicación de los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, la Autoridad podrá elaborar proyectos de normas técnicas de ejecución. Las normas técnicas de ejecución tendrán un carácter técnico, no entrañarán decisiones estratégicas o políticas y su contenido establecerá las condiciones de aplicación de dichos actos. La Autoridad presentará sus proyectos de normas técnicas de ejecución a la Comisión para su aprobación. Al mismo tiempo, la Autoridad los transmitirá para información al Parlamento Europeo y al Consejo.

Antes de presentar los proyectos de normas técnicas de ejecución a la Comisión, la Autoridad llevará a cabo consultas públicas y analizará los costes y beneficios potenciales correspondientes, de conformidad con el artículo 8, apartado 2 bis. La Autoridad recabará asimismo el asesoramiento del Grupo de partes interesadas del sector bancario a que se refiere el artículo 37.

En un plazo de tres meses tras su recepción, la Comisión decidirá si lo aprueba. Podrá aprobar el proyecto de norma técnica de ejecución solo en parte o con modificaciones cuando el interés de la Unión así lo exija. Si la Comisión no se opone total o parcialmente a la norma técnica de ejecución propuesta dentro del período de evaluación, dicha norma se considerará aprobada.

En caso de que la Comisión no tome una decisión en un plazo de tres meses tras la recepción de la norma técnica de ejecución, informará de ello inmediatamente y, en cualquier caso, antes de que finalice el plazo de tres meses al Parlamento Europeo y al Consejo, indicando los motivos por los que no está en condiciones de tomar una decisión y el calendario previsto para su aprobación, teniendo debidamente en cuenta la fecha de aplicación y de ejecución del acto legislativo aplicable mencionado en el artículo 1, apartado 2.

En caso de que la Comisión tenga la intención de no aprobar un proyecto de norma técnica de ejecución, o de aprobarlo en parte o con modificaciones, lo devolverá a la Autoridad, junto con una explicación de por qué no lo aprueba o, en su caso, una explicación de los motivos de sus modificaciones, y remitirá una copia de su carta al Parlamento Europeo y al Consejo. En un plazo de seis semanas, la Autoridad podrá modificar el proyecto de norma técnica de ejecución basándose en las modificaciones propuestas por la Comisión y volver a presentarlo en forma de dictamen formal a la Comisión. La Autoridad remitirá una copia de su dictamen formal al Parlamento Europeo y al Consejo.

Si transcurrido el plazo de seis semanas al que se hace referencia en el párrafo quinto, la Autoridad no ha presentado un proyecto de norma técnica de ejecución modificado, o ha presentado un proyecto de norma técnica de ejecución que no esté modificado de acuerdo con las propuestas de modificación de la Comisión, esta podrá adoptar la norma técnica de ejecución con las modificaciones que considere pertinentes, o rechazar la norma.

La Comisión no cambiará el contenido de un proyecto de norma técnica de ejecución elaborado por la Autoridad sin una coordinación previa con ella, según se establece en el presente artículo.

2. En los casos en que la Autoridad no haya presentado un proyecto de norma técnica de ejecución en el plazo previsto en los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, informará de ello inmediatamente al Parlamento Europeo y al Consejo, indicando los motivos por los que no está en condiciones de presentar el proyecto de norma técnica de ejecución y el calendario previsto para su aprobación, teniendo debidamente en cuenta la fecha de aplicación y de ejecución del acto legislativo aplicable mencionado en el artículo 1, apartado 2. La Comisión podrá solicitar dicho proyecto dentro de un nuevo plazo. La Comisión informará sin demora al Parlamento Europeo y al Consejo del nuevo plazo. El Parlamento Europeo podrá pedir al presidente de la Autoridad que explique los motivos por los que no ha podido presentar el proyecto de norma técnica de ejecución.

3. Solo cuando la Autoridad no presente a la Comisión un proyecto de norma técnica de ejecución dentro de los plazos previstos en el apartado 2, la Comisión podrá adoptar una norma técnica de ejecución mediante un acto de ejecución sin un proyecto de la Autoridad.

La Comisión llevará a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de ejecución y analizará los costes y beneficios potenciales correspondientes, a menos que dichas consultas y análisis sean desproporcionados con respecto al ámbito y la incidencia de los proyectos de normas técnicas de ejecución de que se trate o con respecto a la urgencia particular del asunto. La Comisión recabará asimismo▐ el asesoramiento del Grupo de partes interesadas del sector bancario a que se refiere el artículo 37.

La Comisión remitirá inmediatamente el proyecto de norma técnica de ejecución al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Autoridad.

▌En un plazo de seis semanas, la Autoridad podrá modificar el proyecto de norma de ejecución y presentarlo en forma de dictamen formal a la Comisión. La Autoridad remitirá una copia de su dictamen formal al Parlamento Europeo y al Consejo.

Si transcurrido el plazo de seis semanas a que se hace referencia en el párrafo cuarto, la Autoridad no ha presentado un proyecto modificado de norma técnica de ejecución, la Comisión podrá adoptar la norma técnica de ejecución.

Si la Autoridad presenta un proyecto modificado de norma técnica de ejecución en el plazo de seis semanas, la Comisión podrá modificar dicho proyecto basándose en las modificaciones propuestas por la Autoridad o adoptar la norma técnica de ejecución con las modificaciones que considere pertinentes.

La Comisión no cambiará el contenido de los proyectos de normas técnicas de ejecución elaborados por la Autoridad sin una coordinación previa con ella, según se establece en el presente artículo.

4. Las normas técnicas de ejecución se adoptarán por medio de reglamentos o decisiones. En su título aparecerán las palabras «norma técnica de ejecución». Se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrarán en vigor en la fecha prevista en él.».

7)  El artículo 16 se modifica como sigue:

a)  ▌el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Con objeto de establecer prácticas de supervisión coherentes, eficaces y efectivas dentro del SESF y de garantizar la aplicación común, uniforme y coherente del Derecho de la Unión, la Autoridad emitirá directrices o recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes o a las entidades financieras.

Asimismo, la Autoridad podrá dirigir orientaciones y recomendaciones a todas las autoridades de los Estados miembros que no se definan como autoridades competentes con arreglo al presente Reglamento pero que estén facultadas para velar por la aplicación de los actos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2.

Las directrices y recomendaciones se ajustarán al mandato de los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2 y tendrán en cuenta el principio de proporcionalidad. La Autoridad no emitirá directrices y recomendaciones sobre cuestiones cubiertas por atribuciones de competencias de nivel 1 para las normas técnicas de regulación o de ejecución.

1 bis. Con objeto de establecer prácticas de supervisión coherentes, eficaces y efectivas dentro del SESF, la Autoridad podrá emitir directrices dirigidas a todas las autoridades competentes o entidades financieras a efectos de los actos legislativos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2, basadas en el procedimiento de ejecución según el cual o se cumple o se exponen los motivos de no cumplir una directriz o recomendación, expuesto en el apartado 3 del presente artículo. Esas directrices se considerarán adecuadas para el cumplimiento de los requisitos de los actos legislativos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2. En consonancia con lo anterior, las autoridades competentes y las entidades financieras podrán establecer otras prácticas en relación con el método de cumplimiento de los actos legislativos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2.»;

b)  el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Salvo en circunstancias excepcionales, la Autoridad llevará a cabo consultas públicas abiertas sobre las directrices y recomendaciones, y, cuando proceda, las preguntas y respuestas, que emita y analizará los costes y beneficios potenciales derivados de la formulación de dichas directrices y recomendaciones. Esas consultas y análisis serán proporcionados en relación con el alcance, el carácter y la repercusión de las directrices o recomendaciones. Salvo en circunstancias excepcionales, la Autoridad recabará asimismo ▌el asesoramiento del Grupo de partes interesadas del sector de seguros y reaseguros y del Grupo de partes interesadas del sector de pensiones de jubilación a los que se hace referencia en el artículo 37. La Autoridad expondrá los motivos por los que no lleve a cabo consultas públicas abiertas o no recabe el asesoramiento del Grupo de partes interesadas del sector de seguros y reaseguros y del Grupo de partes interesadas del sector de pensiones de jubilación.»

b bis)  se añaden los apartados 2 bis, 2 ter, 2 quater y 2 quinquies siguientes:

«2 bis. A efectos de los actos legislativos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2, la Autoridad formulará recomendaciones a una o varias autoridades competentes o a una o varias entidades financieras.»;

2 ter. La Autoridad especificará en sus directrices y recomendaciones cómo contribuye al establecimiento de prácticas de supervisión coherentes, eficientes y eficaces en el marco del SESF, cómo garantiza la aplicación común, uniforme y coherente del Derecho de la Unión y cómo respeta lo dispuesto en los apartados 1, 1 bis y 2 bis.

2 quater. Las directrices y recomendaciones no se limitarán simplemente a reproducir o hacer referencia a elementos de los actos legislativos. Antes de emitir una nueva directriz o recomendación, la Autoridad revisará en primer lugar las directrices y recomendaciones existentes, con el fin de evitar cualquier duplicación.

2 quinquies. Tres meses antes de emitir cualquiera de las directrices y recomendaciones a que se hace referencia en el apartado 1 bis y en el apartado 2 bis, la Autoridad informará al Parlamento Europeo y al Consejo del contenido que se tiene la intención de incluir en tales directrices y recomendaciones.»

c)  ▌el apartado 4 ▌se sustituye por el texto siguiente:

«4. En el informe a que se refiere el artículo 43, apartado 5, la Autoridad informará al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión de las directrices y recomendaciones formuladas, explicará el modo en que ha justificado la formulación de las directrices con arreglo al apartado 1 bis y las recomendaciones con arreglo al apartado 2 bis, y resumirá la información obtenida en las consultas públicas sobre esas directrices con arreglo al artículo 8, apartado 2 bis. El informe también especificará la autoridad competente que no ▌ha cumplido las directrices y recomendaciones e indicará de qué forma la Autoridad se propone garantizar que la autoridad competente de que se trate siga sus directrices y recomendaciones en el futuro.»;

d)  se añaden los apartados 5, 5 bis y 5 ter siguientes:

«5. Cuando dos tercios de los miembros del Grupo de partes interesadas del sector de valores y mercados consideren que la Autoridad se ha extralimitado en su competencia al emitir una directriz con arreglo al apartado 1 bis, podrán enviar asesoramiento fundamentado al respecto al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.

5 bis. Cuando al menos la mitad de los miembros del Grupo de partes interesadas del sector de valores y mercados consideren que la Autoridad se ha extralimitado en su competencia al emitir una recomendación con arreglo al apartado 2 bis, podrán enviar asesoramiento fundamentado al respecto al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.

5 ter. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión podrán pedir a la Autoridad una explicación que justifique la emisión de dichas directrices o recomendaciones. Una vez que haya recibido la explicación de la Autoridad, la Comisión evaluará el alcance de las directrices o recomendaciones teniendo en cuenta la competencia de la Autoridad y remitirá su evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo. Cuando consideren que la Autoridad se ha extralimitado en su competencia, y tras haberle ofrecido a esta la oportunidad de expresar su punto de vista, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión podrán adoptar una decisión en la que inste a la Autoridad a retirar o modificar las directrices o recomendaciones de que se trate. Antes de adoptar tal decisión, y cuando así lo solicite el Parlamento Europeo, la Comisión efectuará una declaración ante el Parlamento Europeo y responderá a todas las preguntas formuladas por los diputados. El Parlamento Europeo podrá solicitar a la Comisión que adopte una decisión en la que inste a la Autoridad a retirar o modificar las directrices o recomendaciones de que se trate. La decisión de la Comisión se hará pública.».

7 bis)  Se insertan los artículos 16 bis y 16 ter siguientes:

«Artículo 16 bisDictámenes

1. A petición del Parlamento Europeo, del Consejo o de la Comisión, o por su propia iniciativa, la Autoridad emitirá dictámenes dirigidos al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión sobre todos los asuntos relacionados con su ámbito de competencia. Tales dictámenes no se harán públicos a menos que se especifique lo contrario en la petición.

2. La petición a que se hace referencia en el apartado 1 podrá incluir una consulta pública o un análisis técnico.».

3. Por lo que se refiere a la evaluación prudencial de fusiones y adquisiciones pertenecientes al ámbito de aplicación de la Directiva 2009/138/CE y que, con arreglo a lo dispuesto en dicha Directiva, precisen la consulta entre las autoridades competentes de dos o más Estados miembros, la Autoridad, a instancias de una de las autoridades competentes afectadas, podrá emitir y publicar un dictamen sobre una evaluación prudencial, excepto respecto de los criterios contemplados en el artículo 59, apartado 1, letra e), de la Directiva 2009/138/CE. El dictamen se emitirá rápidamente y, en cualquier caso, antes de que finalice el período de evaluación conforme a la Directiva 2009/138/CE. Se aplicará lo dispuesto en los artículos 35 y 35 ter a aquellos ámbitos sobre los que la Autoridad pueda emitir dictamen.

4. La Autoridad, a petición del Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión podrá proporcionar asesoramiento técnico al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión durante el procedimiento legislativo ordinario en relación con cualquier propuesta legislativa de la Comisión en los ámbitos establecidos en los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2.

Artículo 16 terPreguntas y respuestas

1. Para la interpretación, aplicación práctica o ejecución de las disposiciones de los actos legislativos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2, o de los actos delegados y de ejecución asociados, o directrices y recomendaciones adoptadas en el marco de esos actos legislativos, toda persona física o jurídica, incluidas las autoridades competentes y las instituciones de la Unión, podrán plantear una pregunta a la Autoridad en cualquier lengua oficial de la Unión.

Antes de remitir una pregunta a la Autoridad, las entidades financieras evaluarán si dirigirán la pregunta en primer lugar a su autoridad competente.

La Autoridad publicará en su sitio web todas las preguntas admisibles con arreglo al apartado 1, por cada acto legislativo, después de recopilarlas y antes de responderlas.

Este proceso no impedirá que cualquier persona física o jurídica, incluidas las autoridades competentes y las instituciones de la Unión, soliciten asesoramiento técnico o aclaraciones a la Autoridad con carácter confidencial.

2. La Autoridad publicará en su sitio web respuestas no vinculantes a todas las preguntas admisibles con arreglo al apartado 1, para cada acto legislativo, a menos que la publicación provoque un conflicto con el interés legítimo de la persona física o jurídica que planteó la pregunta o implique riesgos para la estabilidad del sistema financiero.».

3. Antes de publicar las respuestas a las preguntas admisibles, la Autoridad podrá consultar con las partes interesadas de conformidad con el artículo 16, apartado 2.

4. Las respuestas de la Autoridad se considerarán adecuadas para el cumplimiento de los requisitos de los actos legislativos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2, y de los actos delegados y de ejecución asociados, o directrices y recomendaciones adoptadas con arreglo a esos actos legislativos. Las autoridades competentes y las entidades financieras podrán establecer otras prácticas para el cumplimiento de todos los requisitos jurídicos aplicables.

5. La Autoridad revisará las respuestas a las preguntas tan pronto como se considere necesario y apropiado, o en el plazo máximo de 24 meses tras su publicación, con el fin de, en su caso, revisar, actualizar o retirarlas.

6. Cuando proceda, la Autoridad tendrá en cuenta las respuestas publicadas a la hora de elaborar o actualizar directrices y recomendaciones de conformidad con el artículo 16.»

8)  El artículo 17 se sustituye por el texto siguiente:

«1. En caso de que una autoridad competente no haya aplicado los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2, incluidas las normas técnicas de regulación y las normas técnicas de ejecución establecidas de conformidad con los artículos 10 a 15, o los haya aplicado en una forma que pueda incumplir el Derecho de la Unión, en particular por no asegurarse de que una entidad financiera satisface los requisitos previstos en dichos actos, la Autoridad actuará con arreglo a las competencias previstas en los apartados 2, 3 y 6 del presente artículo.

2. «A petición de una o varias autoridades competentes, del Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión, del Grupo de partes interesadas pertinentes, de las entidades financieras relevantes, o sobre la base de información fáctica y bien razonada por parte de las instituciones u organizaciones pertinentes, o por su propia iniciativa, y tras haber informado a la autoridad competente en cuestión, la Autoridad responderá a la petición y, si procede, investigará la supuesta infracción u omisión de aplicación del Derecho de la Unión.

Sin perjuicio de las competencias previstas en el artículo 35, la autoridad competente facilitará sin demora a la Autoridad toda la información que esta considere necesaria para su investigación, incluyendo la que concierna al modo en que los actos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2, son aplicados de conformidad con el Derecho de la Unión.

Sin perjuicio de las competencias previstas en el artículo 35, la Autoridad podrá dirigir directamente una solicitud de información debidamente justificada y motivada a otras autoridades competentes o entidades financieras pertinentes, cuando solicitar información de la autoridad competente ha demostrado ser o se considere insuficiente para obtener la información necesaria a efectos de investigar una supuesta infracción u omisión de aplicación del Derecho de la Unión. Cuando vaya dirigida a entidades financieras, la solicitud motivada deberá explicar por qué es necesaria la información a efectos de investigar una supuesta infracción u omisión de aplicación del Derecho de la Unión.

El destinatario de tal solicitud facilitará a la Autoridad información clara, exacta y completa, sin demoras injustificadas.

Cuando se haya dirigido una solicitud de información a una entidad financiera, la Autoridad informará de la solicitud a las autoridades competentes pertinentes. Las autoridades competentes ayudarán a la Autoridad a obtener la información, cuando así lo solicite esta.

3. La Autoridad podrá iniciar un proceso de arbitraje con la autoridad competente en cuestión a fin de tratar las medidas que deben adoptarse para ajustarse al Derecho de la Unión. La autoridad competente en cuestión cooperará sinceramente en ese arbitraje.

En cuanto sea posible, a más tardar en el plazo de cuatro meses desde el inicio de su investigación, la Autoridad podrá dirigir, tan pronto como sea posible, a la autoridad competente en cuestión una recomendación en la que expondrá las medidas que deben adoptarse para ajustarse al Derecho de la Unión.

En el plazo de diez días laborables a partir de la recepción de la recomendación, la autoridad competente informará a la Autoridad de las medidas que ha adoptado o se propone adoptar para garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión.

4. Si la autoridad u organismo competente no ha cumplido el Derecho de la Unión en el plazo de un mes a partir de la recepción de la recomendación de la Autoridad, la Comisión, tras haber sido informada por la Autoridad o por propia iniciativa, podrá emitir un dictamen formal instando a la autoridad competente a adoptar las medidas necesarias para cumplir el Derecho de la Unión. El dictamen formal de la Comisión tendrá en cuenta la recomendación de la Autoridad.

La Comisión emitirá dicho dictamen formal a más tardar tres meses después de la adopción de la recomendación. La Comisión podrá prorrogar un mes dicho plazo.

La Autoridad y las autoridades competentes facilitarán a la Comisión toda la información necesaria.

5. En el plazo de diez días laborables a partir de la recepción del dictamen formal mencionado en el apartado 4, la autoridad competente informará a la Comisión y a la Autoridad de las medidas que ha adoptado o se propone adoptar para atenerse a dicho dictamen formal.

6. Sin perjuicio de las facultades y obligaciones que el artículo 258 del Tratado confiere a la Comisión, en caso de que una autoridad competente no se atenga al dictamen formal mencionado en el apartado 4 en el plazo en él especificado, y cuando sea necesario subsanar oportunamente dicho incumplimiento con el fin de mantener o restablecer condiciones neutras de competencia en el mercado o garantizar el funcionamiento ordenado y la integridad del sistema financiero, la Autoridad, siempre que los requisitos pertinentes de los actos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, sean directamente aplicables a las entidades financieras o, en asuntos relativos a la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a los operadores del sector financiero, podrá adoptar una decisión individual dirigida a una entidad financiera o un operador del sector financiero en la que le exija tomar las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión, incluido el cese de cualquier conducta.

La decisión de la Autoridad se ajustará al dictamen formal emitido por la Comisión de conformidad con el apartado 4.

7. Las decisiones adoptadas de conformidad con el apartado 6 prevalecerán sobre cualquier decisión anterior adoptada por las autoridades competentes sobre el mismo asunto.

Cuando tomen medidas en relación con los asuntos que sean objeto de un dictamen formal de conformidad con el apartado 4 o una decisión de conformidad con el apartado 6, las autoridades competentes deberán cumplir el dictamen formal o la decisión, según los casos.

8. En el informe a que se hace referencia en el artículo 43, apartado 5, la Autoridad especificará las autoridades competentes y las entidades financieras que no hayan cumplido los dictámenes formales o las decisiones a que se refieren los apartados 4 y 6 del presente artículo.

(8 bis)  En el artículo 18, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Si el Consejo ha adoptado una decisión de conformidad con el apartado 2, y en las circunstancias excepcionales en que sea necesaria la actuación coordinada de las autoridades competentes para responder a situaciones adversas que puedan comprometer gravemente el correcto funcionamiento y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad del conjunto o una parte del sistema financiero en la Unión o del consumidor y protección del consumidor, la Autoridad podrá adoptar decisiones individuales instando a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias, de conformidad con la legislación citada en el artículo 1, apartado 2, para abordar tal evolución, asegurándose de que las entidades financieras y las autoridades competentes satisfacen los requisitos establecidos en dicha legislación.

9)  El artículo 19 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. En los casos especificados en los actos de la Unión mencionados en el artículo 1, apartado 2, así como en todos los casos de desacuerdo significativo entre dos o más autoridades nacionales competentes sobre la aplicación de dichos actos, y sin perjuicio de las competencias previstas en el artículo 17, la Autoridad podrá ayudar a las autoridades competentes a llegar a un acuerdo de conformidad con el procedimiento establecido en los apartados 2 a 4 en cualquiera de las siguientes circunstancias:

a)  a instancias de una o varias de las autoridades competentes de que se trate, si una autoridad competente no está de acuerdo con el procedimiento, con el contenido de una acción o propuesta de acción o con la inactividad de otra autoridad competente;

b)  por iniciativa propia, cuando, sobre la base de motivos objetivos, incluido sobre la base de la información de los participantes en los mercados o de las organizaciones de consumidores, pueda determinarse la existencia de desacuerdo entre autoridades competentes.

En los casos en que los actos citados en el artículo 1, apartado 2, exijan que las autoridades competentes tomen una decisión conjunta, se presumirá que existe desacuerdo si dichas autoridades no hubieran tomado la decisión conjunta en los plazos establecidos en dichos actos.»;

b)  se insertan los apartados 1 bis y 1 ter siguientes:

«1 bis. Las autoridades competentes de que se trate notificarán en los siguientes casos a la Autoridad, a la mayor brevedad, que no se ha llegado a un acuerdo:

a)  cuando en los actos de la Unión a que se refiere el artículo 1, apartado 2, se haya previsto un plazo para llegar a un acuerdo entre las autoridades competentes y suceda una de las siguientes situaciones, teniéndose en cuenta la que se produzca en primer lugar:

i) que el plazo haya expirado; o

ii) que una o varias de las autoridades competentes de que se trate lleguen a la conclusión, sobre la base de motivos objetivos, de que existe desacuerdo;

b)  cuando en los actos de la Unión a que se refiere el artículo 1, apartado 2, no se haya previsto un plazo para llegar a un acuerdo entre las autoridades competentes y suceda una de las siguientes situaciones, teniéndose en cuenta la que se produzca en primer lugar:

i.  que una o varias de las autoridades competentes de que se trate lleguen a la conclusión, sobre la base de motivos objetivos, de que existe desacuerdo; o

ii.  que hayan transcurrido dos meses desde la fecha de recepción por parte de una autoridad competente de una solicitud de otra autoridad competente para adoptar determinadas medidas a fin de cumplir la legislación de la Unión y que la autoridad requerida aún no haya adoptado una decisión que atienda a la solicitud.»;

1 ter. El presidente valorará si la Autoridad debe actuar de conformidad con el apartado 1. Cuando la intervención tenga lugar a iniciativa de la Autoridad, esta notificará a las autoridades competentes de que se trate su decisión en lo que respecta a la intervención.

A la espera de la decisión de la Autoridad de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 47, apartado 3 bis, en los casos en que los actos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, exijan una decisión conjunta, todas las autoridades competentes implicadas en dicha decisión conjunta aplazarán sus decisiones individuales. Cuando la Autoridad decida actuar, todas las autoridades competentes implicadas en la decisión conjunta aplazarán sus decisiones hasta que concluya el procedimiento establecido en los apartados 2 y 3.»;

d)  El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«Si las autoridades competentes en cuestión no consiguen llegar a un acuerdo en la fase de conciliación a que se refiere el apartado 2, la Autoridad podrá adoptar una decisión instándolas bien a tomar medidas específicas, bien a abstenerse de toda actuación, a fin de dirimir el asunto, con objeto de garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión. La decisión de la Autoridad tendrá carácter vinculante para las autoridades competentes en cuestión. La decisión de la Autoridad podrá instar a las autoridades competentes a revocar o modificar una decisión que hayan adoptado o a utilizar las competencias que tienen en virtud de la legislación pertinente de la Unión.»;

e)  se inserta el apartado 3 bis siguiente:

«3 bis. La Autoridad notificará a las autoridades competentes implicadas la conclusión de los procedimientos con arreglo a los apartados 2 y 3, junto con, en su caso, la decisión adoptada con arreglo al apartado 3.»;

f)  el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. Sin perjuicio de las facultades que el artículo 258 TFUE confiere a la Comisión, en caso de que una autoridad competente no cumpla la decisión de la Autoridad al no asegurarse de que una entidad financiera cumple los requisitos que le son directamente aplicables en virtud de los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2, la Autoridad podrá adoptar una decisión individual dirigida a la entidad financiera instándola a adoptar las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión, incluido el cese de una práctica.

10)  El artículo 21 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 21Colegios de supervisores

1. La Autoridad promoverá y seguirá, en el marco de sus competencias, el funcionamiento eficiente, eficaz y coherente de los colegios de supervisores conforme a lo establecido en los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, y fomentará la coherencia y la aplicación coherente del Derecho de la Unión entre los diferentes colegios de supervisores. Con el objetivo de lograr una convergencia entre las mejores prácticas de supervisión, la Autoridad fomentará la realización de planes de supervisión conjuntos y exámenes conjuntos, y el personal de la Autoridad tendrá plenos derechos de participación en los colegios de supervisores y, como tal, podrá participar en y, si fuera necesario, dirigir las actividades de los colegios de supervisores, incluidos los exámenes in situ, realizadas de forma conjunta por dos o más autoridades competentes.

2. La Autoridad deberá desempeñar un papel primordial a la hora de garantizar un funcionamiento consecuente y coherente de los colegios de supervisores por lo que se refiere a entidades transfronterizas en toda la Unión, teniendo en cuenta el riesgo sistémico planteado por las entidades financieras a las que se refiere el artículo 23, y convocará, si procede, una reunión de un colegio.

A efectos del presente apartado y del apartado 1 del presente artículo, la Autoridad será considerada "autoridad competente" o "autoridad de supervisión" en el sentido de la legislación aplicable.

La autoridad podrá:

a) recopilar y compartir toda la información pertinente en cooperación con las autoridades competentes con el fin de facilitar la labor del colegio y establecer y gestionar un sistema central destinado a poner a disposición de las autoridades competentes en el colegio esta información;

b) iniciar y coordinar las pruebas de solvencia a escala de la Unión con arreglo al artículo 32 para evaluar la capacidad de recuperación de las entidades financieras, en particular el riesgo sistémico planteado por las entidades financieras a que se refiere el artículo 23, ante evoluciones adversas del mercado, y una evaluación de la posibilidad de aumento del riesgo sistémico en situaciones de tensión, garantizando que se aplique a dichas pruebas una metodología coherente a escala nacional y, cuando proceda, dirigir una recomendación a la autoridad competente para que corrija los problemas detectados en la prueba de solvencia, incluida la realización de evaluaciones específicas. Podrá solicitar a las autoridades competentes que realicen inspecciones in situ, y podrá participar en tales inspecciones in situ, con objeto de garantizar la comparabilidad y fiabilidad de los métodos, prácticas y resultados de las evaluaciones a escala de la Unión;

c) fomentar actividades de supervisión efectivas y eficientes, incluida la evaluación de los riesgos a los que están expuestas, o pueden estar expuestas, las entidades financieras, tal y como se determina en el proceso de revisión supervisora o en situaciones de tensión;

d) verificar, de acuerdo con las tareas y competencias especificadas en el presente Reglamento, las tareas realizadas por las autoridades competentes, y

e) pedir que un colegio siga deliberando en aquellos casos en los que considere que la decisión tendría como resultado una aplicación incorrecta del Derecho de la Unión o no contribuiría al objetivo de convergencia de las prácticas de supervisión. También podrá solicitar al supervisor del grupo que organice una reunión del colegio o que añada un punto en el orden del día de una reunión.

3. La Autoridad podrá elaborar proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución según se especifica en los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, y conforme al procedimiento estipulado en los artículos 10 a 15, para garantizar las mismas condiciones de aplicación respecto de las disposiciones relativas al funcionamiento operativo de los colegios de supervisores, y formular directrices y recomendaciones que se adoptarán de conformidad con el artículo 16 con el fin de fomentar la convergencia de las tareas y las mejores prácticas de supervisión asumidas por los colegios de supervisores.».

4. La Autoridad tendrá una función mediadora jurídicamente vinculante para solucionar diferencias entre autoridades competentes de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 19. La Autoridad podrá adoptar decisiones de supervisión directamente aplicables a la institución de que se trate de conformidad con el artículo 19.

11)  Se inserta el artículo 21 bis siguiente:

«Artículo 21 bisModelos internos

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 de la Directiva 2009/138/CE, la Autoridad, ▌a instancias de una o varias de las autoridades de supervisión:

a) emitirá asesoramiento destinado a las autoridades de supervisión afectadas sobre la solicitud de uso o de modificación de un modelo interno; a tal fin, la AESPJ podrá solicitar toda la información necesaria a las autoridades de supervisión afectadas; y

b) en caso de desacuerdo en relación con la aprobación de modelos internos, ayudará a las autoridades de supervisión de que se trate a llegar a un acuerdo, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 19.

2. En las circunstancias expuestas en el artículo 231, apartado 6 bis, de la Directiva 2009/138/CE, las empresas podrán solicitar a la AESPJ que ayude a las autoridades competentes a llegar a un acuerdo, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 19.

12)  El artículo 22 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 22

Disposiciones generales sobre riesgos sistémicos

1. La Autoridad prestará la debida atención al riesgo sistémico según se define en el Reglamento (UE) n.º 1092/2010. Hará frente a cualquier riesgo de perturbación de los servicios financieros que:

a) esté causado por un trastorno en la totalidad o en parte del sistema financiero; y

b) tenga potencial para generar consecuencias negativas graves para el mercado interior y la economía real.

La Autoridad tomará en consideración, cuando proceda, la gestión y evaluación del riesgo sistémico que desarrolle la JERS y responderá a las advertencias y recomendaciones de la JERS de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 1092/2010.

2. La Autoridad, en colaboración con la JERS y de conformidad con el artículo 23, apartado 1, establecerá un planteamiento común para la determinación y medición de la importancia sistémica, que incluirá, según corresponda, indicadores cuantitativos y cualitativos.

Dichos indicadores serán fundamentales a la hora de establecer medidas adecuadas de supervisión. La Autoridad controlará el grado de convergencia en las decisiones adoptadas, con el fin de fomentar que se adopte un planteamiento común.

3. Sin perjuicio de los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2, la Autoridad elaborará, según se requiera, directrices y recomendaciones adicionales para las entidades financieras, a fin de tener en cuenta el riesgo sistémico que plantean.

La Autoridad garantizará que se tenga en cuenta el riesgo sistémico que plantean las entidades financieras a la hora de desarrollar proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución en los ámbitos establecidos en los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2.

4. A petición de una o más autoridades competentes, del Parlamento Europeo, del Consejo, de los Estados miembros o de la Comisión, o por iniciativa propia, la Autoridad podrá llevar a cabo una investigación sobre un tipo particular de entidad financiera o tipo de producto o tipo de conducta, con el fin de evaluar las posibles amenazas para la estabilidad del sistema financiero o para la protección de los titulares de pólizas de seguros, participantes en planes de pensiones y beneficiarios y realizar las recomendaciones de actuación apropiadas a las autoridades competentes pertinentes.

Para ello, la Autoridad podrá hacer uso de las competencias ▐ que se le confieren en virtud del presente Reglamento, con inclusión del artículo 35 y 35 ter.

5. El Comité Mixto garantizará la coordinación general e intersectorial de las actividades desarrolladas de conformidad con el presente artículo.

12 bis)  En el artículo 23, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. La Autoridad establecerá, tras consultar a la JERS, criterios para la determinación y medición del riesgo sistémico y un régimen adecuado de pruebas de solvencia que incluya una evaluación de la posibilidad de que el riesgo sistémico que plantean las entidades financieras aumente en situaciones de tensión, incluido el riesgo sistémico potencial relacionado con el medio ambiente. Las entidades financieras que puedan plantear un riesgo sistémico serán objeto de una supervisión reforzada y, en caso necesario, se les aplicarán los procedimientos de rescate y resolución mencionados en el artículo 25.

La Autoridad elaborará un régimen adecuado de pruebas de solvencia para ayudar a identificar a las entidades financieras que puedan plantear un riesgo sistémico. Dichas entidades serán objeto de una supervisión reforzada y, en caso necesario, se les aplicarán los procedimientos de rescate y resolución a que se refiere el artículo 25.

12 ter)  El artículo 27 se modifica como sigue:

a)  En el apartado 1 se suprime la letra g).

b)  En el apartado 1, se suprime el párrafo tercero;

13)  El artículo 29 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se modifica como sigue:

i)  se inserta la letra a bis) siguiente:

publicar el Plan estratégico de supervisión de la Unión de conformidad con el artículo 29 bis;

ii)  la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

promover un intercambio bilateral y multilateral efectivo de información entre las autoridades competentes, en relación con todas las cuestiones pertinentes, entre ellas la ciberseguridad y los ciberataques ▌, respetando plenamente las disposiciones aplicables en materia de confidencialidad y de protección de datos previstas en la legislación pertinente de la Unión;

iii) la letra e) se sustituye por el texto siguiente:

elaborar los programas de formación sectoriales e intersectoriales, también en relación con la innovación tecnológica, diferentes formas de cooperativas y mutuas, facilitar los intercambios de personal y alentar a las autoridades competentes a intensificar el recurso a regímenes de comisión de servicio y otras herramientas.

iii bis) se inserta la letra e bis) siguiente:

«e bis) poner en marcha un sistema de seguimiento para evaluar los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza, teniendo en cuenta el Acuerdo de París de la CP 21;»;

b)  ▌El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Cuando resulte apropiado, la Autoridad podrá desarrollar nuevos instrumentos prácticos y herramientas de convergencia para fomentar enfoques y prácticas de supervisión comunes.

A fin de instaurar una cultura común en materia de supervisión, la Autoridad elaborará y mantendrá actualizado un manual de supervisión de la Unión relativo a la supervisión de las entidades financieras de la Unión, teniendo debidamente en cuenta el carácter, el nivel y la complejidad de los riesgos, ▌las prácticas empresariales, ▌los modelos de negocio y el tamaño de las entidades financieras. El manual de supervisión de la Unión expondrá las mejores prácticas ▌y especificará métodos y procedimientos de alta calidad.

La Autoridad tendrá debidamente en cuenta el manual de supervisión en el desempeño de sus funciones, incluida la evaluación de posibles incumplimientos del Derecho de la Unión de conformidad con el artículo 17, en la solución de conflictos de conformidad con el artículo 19, en el establecimiento y evaluación de los objetivos estratégicos de supervisión a nivel de la Unión de conformidad con el artículo 29 bis y en la realización de evaluaciones a las autoridades competentes de conformidad con el artículo 30.

Cuando corresponda, la Autoridad llevará a cabo consultas públicas abiertas relativas a los dictámenes mencionados en la letra a) del apartado 1 y las herramientas e instrumentos mencionados en el apartado 2 y analizará los costes y beneficios potenciales derivados. Dichas consultas y análisis serán proporcionales al alcance, el carácter y la repercusión de los dictámenes o las herramientas e instrumentos. La Autoridad, cuando proceda, recabará asimismo el asesoramiento del Grupo de partes interesadas pertinente.»;

14)  Se inserta el artículo 29 bis siguiente:

«Artículo 29 bisPlan estratégico de supervisión de la

Unión

1. Al menos cada tres años y a más tardar el 31 de marzo, la Autoridad, tras un debate en la Junta de Supervisores y atendiendo a las contribuciones recibidas de las autoridades competentes, el trabajo existente de las Instituciones de la UE y los análisis, avisos y recomendaciones publicados por la JERS, emitirá una recomendación dirigida a esas autoridades competentes en la que establecerá las prioridades y objetivos estratégicos a escala de la Unión en materia de supervisión (el «Plan estratégico de supervisión de la Unión»), sin perjuicio de los objetivos específicos y las prioridades a nivel nacional de las autoridades competentes. Las autoridades competentes identificarán en sus contribuciones las actividades de supervisión que, en su opinión, la Autoridad debe considerar prioritarias. La Autoridad transmitirá a título informativo el Plan estratégico de supervisión de la Unión al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión y lo hará público en su sitio web.

El Plan estratégico de supervisión de la Unión señalará las prioridades específicas de las actividades de supervisión con el fin de promover prácticas de supervisión coherentes, eficientes y eficaces y una aplicación común, uniforme y coherente del Derecho de la Unión y de abordar las tendencias, los riesgos potenciales y los puntos vulnerables pertinentes a nivel microprudencial, anticipando desarrollos, incluyendo nuevos modelos de negocio, detectados de conformidad con el artículo 32. El Plan estratégico de supervisión de la Unión no impedirá a las autoridades nacionales competentes aplicar las mejores prácticas nacionales, actuando con arreglo a las prioridades y desarrollos nacionales adicionales, y considerará las particularidades nacionales.

2. Cada autoridad competente precisará ▌ específicamente la forma en que su programa de trabajo anual está en consonancia con el Plan estratégico de supervisión de la Unión.

4. Cada autoridad competente dedicará un capítulo de su informe anual a la ejecución del programa de trabajo anual.

El capítulo contendrá como mínimo lo siguiente:

a)  una descripción de las actividades de supervisión y los exámenes de las entidades financieras, los comportamientos y prácticas de mercado y los mercados financieros, y de las sanciones y medidas administrativas impuestas a las entidades financieras responsables de infracciones del Derecho de la Unión y nacional;

b)  una descripción de las actividades que se hayan llevado a cabo y que no estaban previstas en el programa de trabajo anual;

c)  una relación de las actividades previstas en el programa de trabajo anual que no se hayan llevado a cabo y de los objetivos de dicho programa que no se hayan cumplido, así como las razones de que no se hayan llevado a cabo dichas actividades ni cumplido los objetivos.

5. La Autoridad evaluará la información establecida en el capítulo específico a que se refiere el apartado 4. Cuando existan riesgos importantes de que no se cumplan las prioridades establecidas en el Plan estratégico de supervisión de la Unión, la Autoridad dirigirá una recomendación a cada autoridad competente afectada sobre la manera en que pueden subsanar las deficiencias pertinentes que presenten sus actividades.

Sobre la base de los informes y de su propia evaluación de riesgos, la Autoridad determinará las actividades de la autoridad competente que sean esenciales para cumplir el Plan estratégico de supervisión y, en su caso, procederá a la evaluación de dichas actividades prevista en el artículo 30.

6. La Autoridad hará públicas las mejores prácticas observadas durante la evaluación de los programas de trabajo anuales.».

15)  El artículo 30 se modifica como sigue:

a)  el título del artículo se sustituye por el texto siguiente:

«Evaluaciones de las autoridades competentes»;

b)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. La Autoridad, a iniciativa propia o previa solicitud del Parlamento Europeo o del Consejo, procederá periódicamente a evaluaciones de algunas o todas las actividades de las autoridades competentes, con el fin de fortalecer aún más la coherencia y la eficacia de los resultados de la supervisión. Para ello, la Autoridad desarrollará métodos que permitan evaluar y comparar objetivamente las actividades de las autoridades competentes examinadas. Al identificar a las autoridades competentes que deben ser evaluadas y al realizar las evaluaciones, se tendrán en cuenta la información existente y las evaluaciones ya realizadas con respecto a la autoridad competente interesada, incluida la información pertinente facilitada a la Autoridad de conformidad con el artículo 35 y cualquier información pertinente procedente de las partes interesadas, en particular las posibles deficiencias y conducta indebida de una autoridad competente»;

c)  se inserta el apartado 1 bis siguiente:

«1bis. A efectos del presente artículo, la Autoridad creará un comité de evaluación ad hoc, presidido por la Autoridad, y compuesto por personal de la Autoridad, acompañado y apoyado, de forma voluntaria y rotativa, por hasta cinco representantes de diferentes autoridades competentes, excluida la autoridad competente que es objeto de evaluación ▌.»;

d)  el apartado 2 se modifica como sigue:

i)  la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:

«La evaluación analizará, entre otros aspectos:»;

ii)  la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

«a)  la idoneidad de los recursos, el grado de independencia y los mecanismos de gobernanza de la autoridad competente, sobre todo en relación con la aplicación efectiva de los actos de la Unión mencionados en el artículo 1, apartado 2, y la capacidad de reaccionar a la evolución del mercado;»;

ii bis)  la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b)  la eficacia y el grado de convergencia alcanzado en la aplicación del Derecho de la Unión y en las prácticas de supervisión, incluidas las normas técnicas de regulación y las normas técnicas de ejecución, las directrices y las recomendaciones adoptadas de conformidad con los artículos 10 a 16, y en qué medida las prácticas de supervisión alcanzan los objetivos fijados en el Derecho de la Unión, incluidos los objetivos de la cultura de supervisión común de conformidad con el artículo 29 y el Plan estratégico de supervisión de la Unión previsto en el artículo 29 bis;»

ii ter)  la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

«c)  la aplicación de las mejores prácticas desarrolladas por algunas autoridades competentes;»;

e)  El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. La Autoridad elaborará un informe en el que se expongan los resultados de la evaluación. Dicho informe explicará e indicará las medidas de seguimiento que se consideren adecuadas y necesarias como resultado de la evaluación. Esas medidas de seguimiento podrán adoptarse en forma de directrices y recomendaciones con arreglo al artículo 16, y de dictámenes con arreglo al artículo 29, apartado 1, letra a), dirigidas a las autoridades competentes pertinentes.

▌La Autoridad emitirá un informe de seguimiento relativo al cumplimiento de las medidas de seguimiento solicitadas. ▌

Cuando elabore proyectos de normas técnicas de regulación o de ejecución de conformidad con los artículos 10 a 15, o directrices o recomendaciones de conformidad con el artículo 16, la Autoridad tendrá en cuenta el resultado de la evaluación, junto con cualquier otra información obtenida en el desempeño de sus funciones, para asegurar la convergencia de unas prácticas de supervisión de la máxima calidad.»;

f)  se inserta el apartado 3 bis siguiente:

«3 bis. La Autoridad remitirá un dictamen a la Comisión cuando, a la vista de los resultados de la evaluación o de cualquier otra información obtenida por la Autoridad en el desempeño de sus funciones, considere necesaria una mayor armonización de las normas de la Unión aplicables a las entidades financieras o a las autoridades competentes según el punto de vista de la Unión o cuando considere que una autoridad competente no haya aplicado los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, o los haya aplicado en una forma que pueda incumplir el Derecho de la Unión.»;

g)  el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. La Autoridad publicará los informes a que se refiere el apartado 3, incluido cualquier informe de seguimiento, a menos que la publicación entrañe riesgos para la estabilidad del sistema financiero. Antes de la publicación de un informe, la autoridad competente que sea objeto de la evaluación será invitada a presentar sus observaciones. Antes de la publicación, la Autoridad tendrá en cuenta, cuando proceda, dichas observaciones. La Autoridad podrá publicar dichas observaciones como un anexo al informe a menos que la publicación entrañe riesgos para la estabilidad del sistema financiero o la autoridad competente se oponga a la publicación. El informe elaborado por la Autoridad a que se hace referencia en el apartado 3 y las directrices, recomendaciones y dictámenes adoptados por la Autoridad a que se hace referencia en el apartado 3 bis se publicarán simultáneamente.»;

16)  El artículo 31 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. La Autoridad deberá desempeñar una función de coordinación general entre las autoridades competentes, en particular en situaciones en que evoluciones adversas puedan comprometer el correcto funcionamiento y la integridad de los mercados financieros, la estabilidad del sistema financiero o en situaciones que presentan una dimensión transfronteriza significativa que afecte potencialmente la protección de los titulares de pólizas de seguros, participantes en planes de pensiones y beneficiarios de la Unión.»

b)  en el apartado 2, la letra e) se sustituye por el texto siguiente:

adoptando todas las medidas oportunas, incluida la creación y dirección de plataformas de colaboración con arreglo al apartado 3bis, en caso de evoluciones que puedan poner en peligro el funcionamiento de los mercados financieros o, cuando se refieran a situaciones que presentan una dimensión transfronteriza significativa, afectar potencialmente a la protección de los titulares de pólizas de seguros, con vistas a facilitar y coordinar las acciones emprendidas por las autoridades competentes;»

c)  En el apartado 2 se añade la letra e bis):

«e bis) adoptando las medidas oportunas para facilitar el uso de innovaciones tecnológicas con vistas a la coordinación de las acciones emprendidas por las autoridades competentes correspondientes;».

c)  se añaden los apartados 3, 3 bis y 3 ter nuevos:

«3. La Autoridad adoptará las medidas oportunas para facilitar la entrada en el mercado de operadores o productos basados en la innovación tecnológica. Para contribuir al establecimiento de un enfoque común europeo para la innovación tecnológica o social, la Autoridad promoverá la convergencia en materia de supervisión, con el apoyo, cuando proceda, del Comité sobre innovación financiera y, en particular mediante el intercambio de información y mejores prácticas. Cuando proceda, la Autoridad podrá adoptar directrices o recomendaciones de conformidad con el artículo 16.».

3 bis. La autoridad de supervisión del Estado miembro de origen notificará tanto a la Autoridad como a los autoridades de supervisión de los Estados miembros de acogida los casos en los que tenga la intención de expedir una autorización relacionada con una empresa de seguros o reaseguros de cuya supervisión sea responsable de conformidad con los actos contemplados en el artículo 1, apartado 2, cuyo plan de negocios implique qué parte de sus actividades se ejecutará sobre la base de la libertad de prestar servicios o la libertad de establecimiento.

La autoridad de supervisión del Estado miembro de origen también notificará sin demora a la Autoridad y a los autoridades de supervisión de los Estados miembros de acogida los casos en los que detecte un deterioro de las condiciones de financiación u otros riesgos emergentes planteados por una empresa de seguros o reaseguros en las actividades en curso, en particular cuando las actividades de la empresa se ejecuten, en gran parte, sobre la base de la libertad de prestar servicios o la libertad de establecimiento y que ello pueda tener un impacto transfronterizo significativo.

Dichas notificaciones a la Autoridad y a las autoridades de supervisión de los Estados miembros de acogida serán lo suficientemente detalladas como para permitir una evaluación adecuada.

3 ter. En los casos mencionados en los párrafos primero y segundo del apartado 3 bis, la Autoridad podrá, previa solicitud de una o más de las autoridades competentes pertinentes o por propia iniciativa, crear y coordinar una plataforma colaborativa tal como se contempla en el apartado 1, letra e) con el fin de fomentar el intercambio de información y mejorar la colaboración entre las autoridades competentes pertinentes y, en su caso, llegar a una posición común sobre los casos mencionados en el apartado 3 bis, párrafo segundo.

Cuando la Autoridad determine, sobre la base de la información mencionada en el apartado 1, letra f), que una entidad financiera ejerce su actividad principalmente o en su totalidad en otro Estado miembro, informará a las autoridades interesadas y podrá establecer, por propia iniciativa y en coordinación con las autoridades competentes pertinentes, una plataforma colaborativa para facilitar el intercambio de información entre dichas autoridades.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35, las autoridades competentes facilitarán, a petición de la Autoridad, toda la información necesaria para permitir un funcionamiento adecuado de la plataforma colaborativa.

3 quater. En caso de que las autoridades competentes correspondientes no consigan llegar a tener una visión común en la plataforma colaborativa, la Autoridad podrá formular una recomendación a la autoridad competente interesada, incluida la fijación de un plazo dentro del cual la autoridad competente debería aplicar los cambios recomendados. Cuando la autoridad competente no siga la recomendación de la autoridad comunicará sus razones. En caso de que la Autoridad considere que estas razones no son pertinentes, hará pública su recomendación junto con las razones antes mencionadas.»;

17)  Se inserta un nuevo artículo 31 bis:

«Artículo 31 bisCoordinación de la delegación y externalización de actividades, así como de la transferencia del riesgo

1. La Autoridad coordinará de forma continua las acciones de supervisión de las autoridades competentes, con vistas a promover la convergencia de la supervisión en los ámbitos de la delegación y la externalización de las actividades de las entidades financieras, así como en relación con las transferencias del riesgo llevadas a cabo por estas a terceros países, para beneficiarse del pasaporte de la Unión, aunque básicamente desempeñen funciones o actividades sustanciales fuera de la Unión, de conformidad con los apartados 2 y 3▐. En el marco de sus respectivas competencias, las autoridades competentes son las responsables en última instancia de las decisiones de autorización, supervisión y ejecución relativas a la delegación y la externalización de las actividades y las transferencias del riesgo.

2. Las autoridades competentes notificarán a la Autoridad su intención de proceder a una autorización o registro de una entidad financiera que estaría sometida a la supervisión de la autoridad competente de que se trate de conformidad con los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2, y cuando el plan de negocio de la entidad financiera prevea la externalización o delegación de una parte importante de sus actividades o de cualquiera de sus funciones clave o la transferencia del riesgo de una parte importante de sus actividades a terceros países, para beneficiarse del pasaporte de la UE, aunque básicamente desempeñe funciones o actividades sustanciales fuera de la Unión. Las notificaciones realizadas por las autoridades competentes a la Autoridad deberán ser ▌suficientemente detalladas.

3. Cuando sea de aplicación la legislación de la Unión a que se refiere el artículo 1, apartado 2, y esta no imponga ningún requisito específico a la notificación de la externalización, la delegación o la transferencia del riesgo, las entidades financieras informarán a la autoridad competente de la externalización o delegación de una parte importante de sus actividades o de sus funciones clave y de la transferencia del riesgo de una parte importante de sus actividades a otra entidad o a su propia sucursal establecida en un tercer país. La autoridad competente interesada informará a la Autoridad de dichas notificaciones sobre una base semestral.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35, a petición de la Autoridad, la autoridad competente facilitará información en relación con los acuerdos de externalización, delegación o transferencia del riesgo de las entidades financieras.

La Autoridad controlará si las autoridades competentes interesadas comprueban que los acuerdos de externalización, delegación o transferencia del riesgo contemplados en el párrafo primero se han celebrado de conformidad con el Derecho de la Unión, se atienen a las directrices, recomendaciones o dictámenes de la Autoridad y no impiden una supervisión efectiva por parte de las autoridades competentes [ni su ejecución] en un tercer país.

3 bis. Si los mecanismos de verificación de una autoridad competente impiden una supervisión o ejecución eficaces y conllevan riesgos de arbitraje regulatorio en los Estados miembros, la Autoridad podrá formular recomendaciones a la autoridad competente de que se trate sobre la forma de mejorar sus mecanismos de verificación, incluido un plazo para la aplicación de los cambios recomendados por parte de la autoridad competente. Si la autoridad competente interesada no sigue las recomendaciones, indicará los motivos y la Autoridad hará pública sus recomendaciones junto con dichos motivos.

3 ter. En el plazo de [un año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], la Comisión elaborará un informe en el que se hará balance de los diferentes enfoques de la legislación sectorial con respecto a la evaluación, la importancia de la actividad que se ha de subcontratar o delegar, y que investiga la posibilidad de un enfoque más armonizado a este respecto a través de la especificación potencial de criterios y metodología comunes. La Comisión presentará dicho informe al Parlamento Europeo y al Consejo.

Al hacerlo, la Comisión tendrá en cuenta lo siguiente:

a) la continuidad de la actividad,

b) la capacidad de gestión eficaz,

c) la capacidad efectiva para auditar las actividades delegadas y externalizadas, así como las transferencias del riesgo.».

18)  El artículo 32 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 32Evaluación de la evolución del mercado

y de las pruebas de resistencia

1.  La Autoridad deberá seguir de cerca y evaluar la evolución del mercado en su ámbito de competencia e informar, en caso necesario, a las otras dos AES, a la JERS y al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión sobre las tendencias microprudenciales, los riesgos potenciales y los puntos vulnerables pertinentes. La Autoridad incluirá en sus evaluaciones un ▌análisis de los mercados en los que operan las entidades financieras y una evaluación del impacto que la evolución de los mercados pueda tener sobre dichas entidades.»;

2.  La Autoridad ▌ iniciará y coordinará evaluaciones a escala de la Unión de la resistencia de las entidades financieras frente a evoluciones adversas del mercado de un modo realista. A tal efecto, desarrollará, para su aplicación por las autoridades competentes:

a)  metodologías comunes para evaluar el impacto de escenarios económicos en la situación financiera de las entidades;

a bis)  metodologías comunes para identificar entidades financieras que deben incluirse en las evaluaciones a escala de la Unión;

b)  enfoques comunes de la comunicación de los resultados de estas evaluaciones de la resistencia de las entidades financieras;

c)  métodos comunes para evaluar el efecto de productos o procesos de distribución concretos en la posición financiera de una entidad, así como en titulares de pólizas de seguros, en participantes en planes de pensiones, en los beneficiarios y en la información del cliente.

c bis)  metodologías comunes para evaluar el impacto de los riesgos ambientales en la situación financiera de las instituciones.

A efectos del presente apartado, la Autoridad cooperará con la JERS, que evitará cualquier posible conflicto de interés en relación con las políticas monetarias.

2 bis.  Al menos una vez al año, la Autoridad estudiará la conveniencia de llevar a cabo las evaluaciones a escala de la Unión mencionadas en el apartado 2 e informará al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión de su motivación. Cuando se lleven a cabo dichas evaluaciones, la Autoridad ▌comunicará los resultados relativos a cada entidad financiera participante, salvo que considere que tal comunicación es inadecuada teniendo en cuenta la estabilidad financiera de la Unión o de uno o varios de sus Estados miembros, la integridad del mercado o el funcionamiento del mercado interior.

Las obligaciones de secreto profesional de las autoridades competentes no les impedirán publicar los resultados de las evaluaciones a escala de la Unión de la resistencia de las entidades financieras a que se refiere el apartado 2 o transmitir estos resultados a la Autoridad para que los publique.

3.  Sin perjuicio de las funciones de la JERS previstas en el Reglamento (UE) nº 1092/2010, la Autoridad proporcionará análisis al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a la JERS sobre tendencias, riesgos potenciales y puntos vulnerables en su ámbito de competencia, en combinación con el cuadro de riesgo mencionado en el artículo 22, apartado 2, una vez al año y con más frecuencia en caso necesario.

La Autoridad incluirá en estos análisis una clasificación de los principales riesgos y puntos vulnerables y, en caso necesario, recomendará medidas preventivas o correctoras.

4.  La Autoridad asegurará una cobertura adecuada de las evoluciones, riesgos y puntos vulnerables intersectoriales cooperando estrechamente con la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Mercados y Valores), a través del Comité Mixto.

20)  El artículo 33 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 33

Relaciones internacionales, incluida la equivalencia

1. Sin perjuicio de las competencias respectivas de los Estados miembros y de las instituciones de la Unión, la Autoridad podrá entablar contactos y celebrar acuerdos administrativos con las autoridades de regulación, supervisión organizaciones internacionales y las administraciones de terceros países. Dichos acuerdos no crearán obligaciones jurídicas para la Unión y sus Estados miembros ni impedirán a los Estados miembros y a sus autoridades competentes celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales con dichos terceros países.

Cuando un tercer país, de conformidad con un acto delegado en vigor adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, esté en la lista de países que tienen deficiencias estratégicas en sus sistemas nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo que planteen amenazas importantes para el sistema financiero de la Unión, la Autoridad no suscribirá acuerdos de colaboración con las autoridades reguladoras y supervisoras de ese tercer país.

2. La Autoridad ayudará a la Comisión en la preparación de decisiones sobre la equivalencia de los regímenes regulatorios y de supervisión de terceros países tras una solicitud específica de asesoramiento de la Comisión, por iniciativa propia o cuando así lo requieran los actos a que se refiere el artículo 1, apartado 2.

2 bis. La Autoridad seguirá de cerca, de forma continua, la evolución de la regulación y la supervisión y las prácticas de ejecución, así como la evolución pertinente del mercado en terceros países respecto de los cuales la Comisión haya adoptado decisiones de equivalencia con arreglo a los actos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, a fin de comprobar si se siguen cumpliendo los criterios sobre la base de los cuales se adoptaron dichas decisiones y todas las condiciones establecidas en ellas. La Autoridad presentará un informe confidencial sobre sus conclusiones al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a las otras dos EAS cada tres años o con mayor frecuencia cuando proceda o cuando así lo soliciten el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión. El informe se centrará, en particular, en las repercusiones para la estabilidad financiera, la integridad del mercado, la protección de los inversores o el funcionamiento del mercado interior.

Sin perjuicio de los requisitos específicos establecidos en los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, y con arreglo a las condiciones establecidas en la segunda frase del apartado 1, la Autoridad cooperará con las autoridades▌ competentes pertinentes de terceros países cuyos marcos reguladores y de supervisión hayan sido reconocidos como equivalentes. La cooperación se llevará a cabo sobre la base de acuerdos administrativos celebrados con las autoridades pertinentes de dichos terceros países. A la hora de negociar esos acuerdos administrativos, la Autoridad incluirá disposiciones sobre las cuestiones siguientes:

a)  los mecanismos que permitirán a la Autoridad obtener información pertinente, incluida información sobre el régimen regulatorio, el enfoque de la supervisión, la evolución pertinente del mercado y los posibles cambios que pudieran afectar a la decisión sobre equivalencia;

b)  en la medida en que sea necesario para el seguimiento de estas decisiones sobre equivalencia, los procedimientos relativos a la coordinación de las actividades de supervisión, incluidas las inspecciones in situ llevadas a cabo bajo la responsabilidad de la Autoridad, en su caso, acompañada y apoyada por hasta cinco representantes de diferentes autoridades competentes de forma voluntaria y rotativa, y por la autoridad competente del tercer país.

La Autoridad informará al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, y a las otras EAS en caso de que la autoridad competente de un tercer país se niegue a celebrar tales acuerdos administrativos o cuando se niegue a cooperar de forma efectiva. La Comisión tendrá en cuenta esta información a la hora de revisar las decisiones de equivalencia pertinentes.

2 ter. Cuando la Autoridad descubra circunstancias en relación con la regulación, la supervisión o las prácticas de ejecución de los terceros países a que se refiere el apartado 2 bis que pudieran afectar a la estabilidad financiera de la Unión o de uno o varios de sus Estados miembros, a la integridad del mercado, a la protección de los inversores o al funcionamiento del mercado interior, informará de ello al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión con carácter confidencial y sin demora.

2 quater. Las autoridades competentes informarán de antemano a la Autoridad de su intención de celebrar acuerdos administrativos con las autoridades de supervisión de terceros países en cualquiera de los ámbitos regulados por los actos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, en particular en relación con las sucursales de entidades de terceros países. Facilitarán a la Autoridad un proyecto de los acuerdos previstos en el plazo más breve posible.

La Autoridad podrá cooperar con las autoridades competentes para elaborar modelos de acuerdos administrativos, con vistas a establecer prácticas de supervisión coherentes, eficientes y eficaces dentro de la Unión y a reforzar la coordinación internacional de la supervisión. Las autoridades competentes se atendrán lo máximo posible a esos modelos de acuerdos.

En caso de que la Autoridad, en cooperación con las autoridades competentes, desarrolle dichos mecanismos de acuerdos administrativos, las autoridades competentes no celebrarán acuerdos administrativos con las autoridades de terceros países antes de la conclusión del modelo de acuerdo.

En el informe contemplado en el artículo 43, apartado 5, la Autoridad incluirá información sobre los acuerdos administrativos celebrados con autoridades de supervisión, organizaciones internacionales o administraciones de terceros países, sobre la asistencia prestada por la Autoridad a la Comisión en la preparación de las decisiones relativas a la equivalencia y sobre la actividad de seguimiento llevada a cabo por la Autoridad, de conformidad con el apartado 2 bis.

3 bis. La Autoridad solicitará ser miembro de pleno derecho de la Asociación Internacional de Inspectores de Seguros, de la Organización Internacional de Supervisores de Pensiones y del Consejo de Estabilidad Financiera, y solicitará su participación, en calidad de observador, en el Consejo de Supervisión de Normas Internacionales de Contabilidad.

Cualquier posición que pueda asumir la Autoridad en foros internacionales deberá ser debatida y aprobada en la Junta de Supervisores.

3 ter. La Autoridad, si procede, seguirá de cerca la evolución de la regulación, la supervisión y, cuando proceda, la resolución y las prácticas de ejecución, así como la evolución pertinente del mercado en terceros países respecto de los cuales se hayan celebrado acuerdos internacionales.

Sin perjuicio de los requisitos específicos de los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, y con arreglo a las condiciones establecidas en la segunda frase del apartado 1 del presente artículo, la Autoridad cooperará con las autoridades competentes pertinentes y, cuando proceda, también con las autoridades de resolución, de los terceros países a que se refiere el párrafo primero del presente apartado.».

21)  ▐ Se suprime el artículo 34.

22)  El artículo 35 se modifica como sigue:

a)  los apartados 1, 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

«1. A petición de la Autoridad, las autoridades competentes le facilitarán toda la información necesaria para el desempeño de las funciones que le asigna el presente Reglamento, siempre que puedan acceder legalmente a la información pertinente.

La información facilitada deberá ser exacta y completa y presentarse en el plazo establecido por la Autoridad.

2. Asimismo, la Autoridad podrá solicitar que se le transmita información a intervalos regulares y en formatos específicos o mediante plantillas comparables aprobadas por la Autoridad. Dichas solicitudes se efectuarán, siempre que sea posible, utilizando formatos comunes de información existentes y respetarán el principio de proporcionalidad previsto en el Derecho nacional y de la Unión, incluido en los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2.

3. A petición de una autoridad competente, la Autoridad facilitará cualquier información que considere necesaria para permitir a la autoridad competente el desempeño de sus funciones ▐.»;

b)  El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. Cuando la información solicitada de conformidad con el apartado 1 no esté disponible o no sea facilitada por las autoridades competentes dentro del plazo fijado por la Autoridad, esta podrá enviar una solicitud debidamente justificada y motivada a cualquiera de las siguientes instancias:

a) a otras autoridades con funciones de supervisión;

b) al Ministerio responsable de asuntos financieros del Estado miembro de que se trate cuando disponga de información prudencial;

c) al banco central nacional del Estado miembro de que se trate;

d) al instituto de estadística del Estado miembro de que se trate.

A petición de la Autoridad, las autoridades competentes ayudarán a esta a obtener la información.»;

c)   se suprimen los apartados 6 y 7.

23)  Se insertan los artículos 35 bis a 35 quinquies siguientes:

«Artículo 35 bisEjercicio de las facultades a que se refiere el artículo 35 ter

Las facultades atribuidas a la Autoridad, a cualquiera de sus agentes o a otras personas acreditadas por ella de conformidad con el artículo 35 no podrán ejercerse para exigir la divulgación de información o de documentos que estén amparados por el secreto profesional.

Los artículos 35 bis y 35 ter se aplicarán sin perjuicio de la legislación nacional.

Artículo 35 terSolicitud de información a las entidades financieras

1. Cuando la información solicitada en virtud del artículo 35, apartados 1 o 5, no esté disponible o no se haya facilitado dentro del plazo fijado por la Autoridad, esta podrá, sin crear duplicaciones innecesarias, instar a las siguientes entidades a que le faciliten la información necesaria para permitirle desempeñar sus funciones con arreglo al presente Reglamento:

4. Dentro de un plazo razonable establecido por la Autoridad, las instituciones financieras o sus representantes legales ▌ facilitarán la información solicitada. ▌

5. La Autoridad remitirá sin demora una copia de la ▌ solicitud ▌a la autoridad competente del Estado miembro donde esté domiciliada o establecida la entidad pertinente contemplada en el apartado 1 a la que se destine la solicitud de información.

6. La Autoridad podrá utilizar la información confidencial transmitida al amparo del presente artículo exclusivamente para llevar a cabo las funciones que le asigna el presente Reglamento.

Artículo 35 quaterNormas de procedimiento para la imposición de multas

1. Cuando, al cumplir las obligaciones que le asigna el presente Reglamento, la Autoridad encuentre indicios serios de la posible existencia de hechos que pudieran constituir una infracción de las enumeradas en el artículo 35 quinquies, apartado 1, solicitará a la Comisión que investigue la cuestión. ▌

Artículo 35 quinquiesMultas

y multas coercitivas

-1. Antes de tomar una adoptar sobre la imposición de una multa o una multa coercitiva, la Comisión ofrecerá a la entidad objeto de la solicitud de información la oportunidad de ser oída.

La Comisión basará su decisión sobre la imposición de una multa o una multa coercitiva solamente en las conclusiones acerca de las cuales las entidades afectadas hayan tenido la oportunidad de expresarse.

1. La Comisión adoptará una decisión por la que se imponga una multa cuando considere que una entidad de las enumeradas en el artículo 35 ter no ha facilitado, con dolo o por negligencia, información requerida o ha facilitado información incompleta, incorrecta o engañosa de conformidad con el artículo 35 ter, apartado 1.

2. El importe de base de la multa a que se refiere el apartado 1 ascenderá al menos a [X, menos de 50 000 EUR] y no excederá de [Y, menos de 200 000 EUR] y será de carácter disuasivo, eficaz y proporcional al tamaño de la entidad y al carácter y a la importancia de la infracción.

La Autoridad, junto con la AEVM y la AESPJ, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen la metodología para la imposición de las multas de conformidad con el presente apartado.

5. ▌El total de la multa no superará el [X %, menos del 20 %] del volumen de negocios anual de la entidad en cuestión durante el ejercicio anterior, salvo si la entidad ha obtenido algún lucro directo o indirecto de la infracción. En ese caso, el importe total de la multa será como mínimo equivalente a ese beneficio.

5 bis. La Comisión podrá imponer una multa coercitiva hasta que se corrija la infracción. La multa coercitiva será proporcional al tamaño de la entidad y al carácter y a la importancia de la infracción.

5 ter. Los derechos de defensa de la entidad estarán garantizados plenamente en el curso del procedimiento. La entidad tendrá derecho a acceder al expediente de la Autoridad y de la Comisión, sin perjuicio del interés legítimo de otras personas en la protección de sus secretos comerciales. El derecho de acceso al expediente no se extenderá a la información confidencial ni a los documentos preparatorios internos de la Autoridad o de la Comisión.

5 quater. La ejecución de la multa o multa coercitiva solo podrá ser suspendida en virtud de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las entidades a las que se imponga una multa o una multa coercitiva podrán interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra una decisión de la Comisión por la que se imponga una multa o una multa coercitiva. El Tribunal podrá, entre otras cosas, anular, reducir o incrementar la multa o multa coercitiva impuesta por la Comisión.

5 quinquies. La Comisión hará públicas todas las multas y multas coercitivas que se impongan, a menos que dicha divulgación pusiera en grave riesgo los mercados financieros o causara un perjuicio desproporcionado a las partes implicadas.

5 sexies. Los importes de las multas y multas coercitivas se asignarán al presupuesto general de la Unión.».

▌24)  El artículo 36 se modifica como sigue:

a)  se suprime el apartado 3.

b)  el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. Al recibir una alerta o una recomendación de la JERS dirigida a la Autoridad, esta debatirá la alerta o la recomendación en la siguiente reunión de la Junta de Supervisores o, cuando proceda, antes de tal reunión, con el fin de evaluar las implicaciones y el posible seguimiento de la alerta o la recomendación para el cumplimiento de sus funciones.

Mediante el procedimiento de toma de decisiones aplicable, decidirá si debe adoptarse cualquier medida de conformidad con las competencias que le confiere el presente Reglamento para resolver los problemas señalados en las alertas y recomendaciones y sobre el contenido de tal medida.

Cuando la Autoridad no actúe conforme a una alerta o una recomendación, deberá explicar sus motivos a la JERS. La JERS informará de ello al Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 19, apartado 5, del Reglamento (UE) nº 1092/2010. La JERS también informará de ello al Consejo y a la Comisión.»

c)  El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. Al recibir una alerta o una recomendación de la JERS dirigida a una autoridad competente, la Autoridad podrá ejercer, en su caso, las competencias que le confiere el presente Reglamento para asegurar un seguimiento oportuno.

Cuando el destinatario no tenga la intención de seguir la recomendación de la JERS, comunicará y explicará los motivos de su incumplimiento a la Junta de Supervisores.

d)  se suprime el apartado 6.

25)  El artículo 37 se ▐sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 37Grupo de partes interesadas del sector de seguros y reaseguros y Grupo de partes interesadas del sector de pensiones de jubilación

1. Con el fin de facilitar la consulta con las partes interesadas de los ámbitos relacionados con las funciones de la Autoridad, se crearán un Grupo de partes interesadas del sector de seguros y reaseguros y un Grupo de partes interesadas del sector de pensiones de jubilación (denominados conjuntamente en lo sucesivo «los Grupos de partes interesadas»). Se consultará a los Grupos de partes interesadas sobre las medidas adoptadas con arreglo a los artículos 10 a 15 referentes a las normas técnicas de regulación y las normas técnicas de ejecución, y, en la medida en que estas no se refieran a entidades financieras individuales, al artículo 16 respecto de directrices y recomendaciones, al artículo 16 bis respecto de dictámenes y al artículo 16 ter respecto de preguntas y respuestas. En caso de que se deban adoptar medidas con urgencia y de que la consulta sea imposible, se informará lo antes posible a los Grupos de partes interesadas.

Los Grupos de partes interesadas se reunirán como mínimo cuatro veces al año. Podrán debatir conjuntamente ámbitos de interés común y se informarán mutuamente de otras cuestiones que sean objeto de debate.

Los miembros de uno de los Grupos de partes interesadas podrán pertenecer también al otro.

2. El Grupo de partes interesadas del sector de seguros y reaseguros constará de treinta miembros: trece miembros representarán de manera equilibrada a las empresas de seguros y reaseguros y a los intermediarios de seguros que operan en la Unión, tres de los cuales representarán a las sociedades mutuas y cooperativas de seguros y reaseguros, trece miembros representarán a los representantes de sus asalariados, así como a los consumidores, los usuarios de servicios de seguros y reaseguros, y los representantes de las PYME y los representantes de las asociaciones profesionales correspondientes y cuatro de sus miembros habrán de ser miembros independientes de alto nivel de la comunidad académica. ▐

3. El Grupo de las partes interesadas del sector de pensiones de jubilación constará de treinta miembros: trece miembros representarán de manera equilibrada a organismos de pensiones de empleo que operan en la Unión, y trece miembros representarán a los representantes de los asalariados, de los beneficiarios, de las PYME y de las asociaciones profesionales correspondientes y cuatro de sus miembros habrán de ser miembros independientes de alto nivel de la comunidad académica. ▐

4. Los miembros de los Grupos de partes interesadas del sector bancario serán nombrados por la Junta de Supervisores, tras un procedimiento de selección abierto y transparente. A la hora de adoptar sus decisiones, la Junta de Supervisores deberá garantizar, en la medida de lo posible, un reflejo de la diversidad del sector de seguros y reaseguros, así como del sector de pensiones de jubilación, una representación y un equilibrio geográfico y de género adecuados de las partes interesadas de la Unión. Los miembros del Grupo de partes interesadas serán seleccionados en atención a sus cualificaciones, capacidades, conocimientos pertinentes y experiencia probada.

4 bis. Los miembros del Grupo de partes interesadas pertinente elegirán al presidente del mismo de entre sus miembros. El presidente asumirá su cargo durante un período de dos años.

El Parlamento Europeo podrá pedir al presidente del Grupo de partes interesadas que efectúe una declaración ante el mismo y que responda a todas las preguntas formuladas por los diputados cuando así se solicite.

5. La Autoridad facilitará toda la información necesaria sujeta al secreto profesional como se establece en el artículo 70 y ofrecerá el apoyo de secretaría adecuado a los Grupos de partes interesadas. Se ofrecerá una compensación adecuada a los miembros de los Grupos de partes interesadas que sean representantes de organizaciones sin ánimo de lucro, con exclusión de los representantes de la industria. Esta compensación tendrá en cuenta los trabajos preparatorios y de seguimiento de los miembros y será, como mínimo, equivalente a las tasas de reembolso de los funcionarios de conformidad con el título V, capítulo 1, sección 2, del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, establecido en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 del Consejo (Estatuto de los funcionarios). Los Grupos de partes interesadas podrán crear grupos de trabajo sobre asuntos técnicos. «El mandato de los miembros del Grupo de partes interesadas del sector de seguros y reaseguros y del Grupo de partes interesadas del sector de pensiones de jubilación será de cuatro años, al cabo de los cuales tendrá lugar un nuevo procedimiento de selección.»;

Los miembros de los Grupos de partes interesadas podrán ser elegidos para dos mandatos sucesivos.

6. Los Grupos de partes interesadas podrán dirigir dictámenes y consejos a la Autoridad sobre cualquier cuestión relacionada con las funciones de la Autoridad, haciendo particular hincapié en las funciones especificadas en los artículos 10 a 16 ter y en los artículos 29, 30, 32 y 35.

Cuando los miembros de los Grupos de partes interesadas no puedan acordar un consejo, un tercio de sus miembros o los miembros que representen a un grupo de partes interesadas estarán autorizados a emitir un consejo particular.

El Grupo de partes interesadas del sector de seguros y reaseguros, el Grupo de partes interesadas del sector de pensiones de jubilación, el Grupo de partes interesadas del sector bancario y el Grupo de partes interesadas del sector de valores y mercados podrán emitir dictámenes y consejos conjuntos sobre cuestiones relacionadas con el trabajo de las Autoridades Europeas de Supervisión, con arreglo al artículo 56 del presente Reglamento sobre posiciones conjuntas y actos comunes.

7. Los Grupos de partes interesadas adoptarán sus reglamentos internos previo acuerdo por mayoría de dos terceras partes de sus miembros respectivos.

8. La Autoridad hará públicos los consejos del Grupo de partes interesadas, los consejos particulares de sus miembros y los resultados de sus consultas, así como el modo en que se han tenido en cuenta los consejos y los resultados de las consultas.

25 bis)  En el artículo 38, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. La Autoridad velará por que ninguna decisión adoptada al amparo de los artículos 18, 19 o 20 vulnere en modo alguno las competencias presupuestarias de los Estados miembros.».

26)  El artículo 39 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 39Procedimientos decisorios

1. La Autoridad actuará de conformidad con los apartados 2 a 6 al adoptar las decisiones previstas con arreglo a los artículos 17, 18 y 19.

2. La Autoridad informará a cualquier destinatario de una decisión de su intención de adoptar la decisión en la lengua oficial del destinatario, fijando un plazo durante el cual el destinatario podrá expresar sus opiniones sobre el objeto de la decisión, teniendo plenamente en cuenta la urgencia, la complejidad y las posibles consecuencias del asunto. El destinatario podrá expresar sus opiniones en su lengua oficial. La disposición prevista en la primera frase se aplicará mutatis mutandis a las recomendaciones contempladas en el artículo 17, apartado 3.

3. Las decisiones de la Autoridad se motivarán.

4. Se informará a los destinatarios de las decisiones de la Autoridad de las vías de recurso a su disposición previstas en el presente Reglamento.

5. Cuando la Autoridad haya adoptado una decisión de conformidad con el artículo 18, apartados 3 o 4, revisará dicha decisión a intervalos adecuados.

6. La adopción de las decisiones de la Autoridad de conformidad con los artículos ▌ 18 o 19 se hará pública. La adopción de las decisiones de la Autoridad de conformidad con el artículo 17 podrá hacerse pública. La publicación indicará la identidad de la autoridad competente o de la entidad financiera afectada, así como el contenido principal de la decisión, salvo que dicha publicación entre en conflicto con el interés legítimo de esas entidades financieras o con la protección de sus secretos comerciales o pueda comprometer gravemente el correcto funcionamiento y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad del conjunto o de una parte del sistema financiero de la Unión.».

27)  El artículo 40 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se modifica como sigue:

i)  se insertan las letras a bis) y a ter) siguientes:

«a bis) los miembros a tiempo completo del Consejo Ejecutivo a que se refiere el artículo 45, apartado 1, sin derecho a voto;»;

a ter) el máximo representante de la administración del Estado miembro encargada de negociar y adoptar los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2, con objeto de actuar en el marco del ámbito de aplicación de los artículos 10 a 15;»

i bis)  la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

el máximo representante de la autoridad nacional, competente en materia de supervisión de entidades financieras de cada Estado miembro con objeto de actuar dentro del ámbito de cualquier competencia excepto las dispuestas en los artículos 10 a 15, que asistirán a las reuniones personalmente al menos dos veces al año;»;

i ter)  la letra d) se sustituye por el texto siguiente:

«d) un representante de la JERS, sin derecho a voto, que se abstendrá de adoptar posiciones inducidas por las políticas monetarias;

a bis)  El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Cada ▌autoridad competente será responsable de nombrar a un suplente de alto nivel en el seno de la misma que pueda sustituir al miembro de la Junta de Supervisores mencionado en el apartado 1, letras a ter) y b), en caso de que no pueda asistir.»;

a ter)  se inserta el apartado siguiente:

«4 bis. A efectos de las medidas que deban adoptarse dentro del ámbito de aplicación de los artículos 10 a 15, un representante de la Comisión será un miembro sin derecho a voto de la Junta de Supervisores, un representante del Parlamento Europeo será observador y un representante de las administraciones de cada Estado miembro podrán ser observadores en la Junta de Supervisores.

a quater)  El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. «La Junta de Supervisores podrá invitar a observadores.»;

▌c)  se añade el apartado 5 bis siguiente:

«5 bis. Cuando la autoridad nacional competente mencionada en el apartado 1, letra b), no sea responsable de la ejecución de las normas relativas a la protección de los consumidores, el miembro de la Junta de Supervisores mencionado en dicha letra podrá decidir invitar a un representante de la autoridad responsable de la protección de los consumidores del Estado miembro, que no tendrá derecho a voto. En caso de que varias autoridades de un Estado miembro compartan la responsabilidad de la protección de los consumidores, dichas autoridades convendrán en un representante común.».

28)  El artículo 41 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 41Comités internos

La Junta de Supervisores podrá crear comités internos para funciones específicas que le sean atribuidas. Podrá delegar en dichos comités internos, en el Consejo Ejecutivo o en el presidente determinadas funciones y decisiones claramente definidas.».

29)  ▌El artículo 42 ▌se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 42Independencia

de la Junta de Supervisores

En el desempeño de las funciones que le confiere el presente Reglamento, el presidente y los ▌miembros de la Junta de Supervisores actuarán con independencia y objetividad en pro únicamente en interés de la Unión en su conjunto y no pedirán ni aceptarán instrucción alguna de las instituciones u organismos de la Unión, de ningún Gobierno ▌ni de ninguna otra entidad pública o privada.

Ni los Estados miembros, ni las instituciones u organismos de la Unión, ni ninguna otra entidad pública o privada tratarán de ejercer su influencia sobre los miembros de la Junta de Supervisores en el ejercicio de sus funciones.

Cuando el grado de independencia mencionado en el artículo 30, apartado 2, letra a), se considere insuficiente de conformidad con el citado artículo, la Junta de Supervisores podrá decidir o bien suspender temporalmente el derecho a voto del miembro particular, o bien suspender temporalmente su pertenencia como miembro de la Autoridad hasta que se remedie la deficiencia.»;

30)  El artículo 43 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. La Junta de Supervisores proporcionará orientaciones para el trabajo de la Autoridad y será el principal órgano de decisión para las decisiones estratégicas y las decisiones políticas de gran calado.

Salvo que se disponga lo contrario en el presente Reglamento, la Junta de Supervisores adoptará ▌las recomendaciones, directrices, dictámenes y decisiones de la Autoridad, y emitirá los consejos mencionados en el capítulo II ▌.»;

b)  se suprimen los apartados 2 y 3.

c)  ▌el apartado 4 ▌se sustituye por el texto siguiente:

«La Junta de Supervisores adoptará, antes del 30 de septiembre de cada año, sobre la base de una propuesta del Consejo Ejecutivo, el programa de trabajo de la Autoridad para el año siguiente y lo transmitirá para información al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.

«La Autoridad establecerá sus prioridades en relación con las evaluaciones que identifiquen, en su caso, a las autoridades competentes y actividades sujetas a evaluaciones de conformidad con el artículo 30. Si está debidamente justificado, la Autoridad podrá identificar otras autoridades competentes a las que evaluar;

Este programa se adoptará sin perjuicio del procedimiento presupuestario anual y se hará público.

d)  El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. La Junta de Supervisores, sobre la base de una propuesta del Consejo Ejecutivo, adoptará el informe anual de actividades de la Autoridad, incluyendo el desempeño de las funciones del presidente, basado en el proyecto de informe mencionado en el artículo 47, apartado 9, letra f, y lo transmitirá al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas y al Comité Económico y Social Europeo a más tardar el 15 de junio de cada año. Dicho informe se hará público.»;

e)  se suprime el apartado 8.

30 bis)  Se inserta el artículo 43 bis siguiente:

«Artículo 43 bis

Transparencia de las decisiones adoptadas por la Junta de Supervisores

No obstante lo dispuesto en el artículo 70, en un plazo máximo de seis semanas a partir de la fecha en la que se celebre una reunión de la Junta de Supervisores, la Autoridad facilitará al Parlamento Europeo, como mínimo, un registro exhaustivo y significativo de los procedimientos de esa reunión de la Junta de Supervisores que permita comprender plenamente las cuestiones abordadas, incluida una lista comentada de las decisiones.»

31)  El artículo 44 se modifica como sigue:

a)  ▌el apartado 1 ▌se sustituye por el texto siguiente:

«1. Las decisiones de la Junta de Supervisores se tomarán por mayoría simple de sus miembros. Cada miembro dispondrá de un voto. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del presidente.

Por lo que se refiere a las decisiones sobre el desarrollo y a la adopción de actos, proyectos e instrumentos especificados en los artículos 10 a 16 y a las medidas y decisiones adoptadas de conformidad con el artículo 9, apartado 5, párrafo tercero y el capítulo VI y no obstante lo dispuesto en el primer párrafo del presente apartado, la Junta de Supervisores adoptará decisiones por mayoría cualificada de sus miembros, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea y en el artículo 3 del Protocolo (no 36) sobre las disposiciones transitorias. Los miembros a tiempo completo del Consejo Ejecutivo y el presidente no podrán votar sobre estas decisiones.

1 bis. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la Junta de Supervisores tendrá competencias para adoptar las decisiones preparadas por el Consejo Ejecutivo a efectos del artículo 22, apartados 1, 2, 3 y 5, del artículo 29 bis, del artículo 32, del artículo 31 bis y de los artículos 35 ter a 35 nonies, en virtud del artículo 47, apartado 3, por mayoría simple de sus miembros.

En caso de que la Junta de Supervisores no adopte las decisiones preparadas por el Consejo Ejecutivo a efectos del artículo 22, apartados 1, 2, 3 y 5, del artículo 29 bis, del artículo 32, del artículo 31 bis, y de los artículos 35 ter a 35 nonies, podrá modificar dichas decisiones. La Junta de Supervisores tendrá competencias para adoptar estas decisiones modificadas por mayoría de tres cuartos de sus miembros.

En caso de que la Junta de Supervisores no adopte las decisiones modificadas a que se refiere el párrafo segundo lo antes posible y en un plazo de cuatro meses a más tardar, el Consejo Ejecutivo adoptará la decisión.»;

a bis)  se inserta el apartado 1 bis:

1 bis. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la Junta de Supervisores tendrá competencias para adoptar las decisiones preparadas por el Consejo Ejecutivo a efectos del artículo 22, apartados 1, 2, 3 y 5, del artículo 29 bis, del artículo 31 bis, del artículo 32 y de los artículos 35 ter a 35 nonies, en virtud del artículo 47, apartado 3, por mayoría simple de sus miembros.

En caso de que la Junta de Supervisores no adopte las decisiones preparadas por el Consejo Ejecutivo a efectos del artículo 22, apartados 1, 2, 3 y 5, del artículo 29 bis, del artículo 31 bis, del artículo 32 y de los artículos 35 ter a 35 nonies, podrá modificar dichas decisiones. La Junta de Supervisores tendrá competencias para adoptar estas decisiones modificadas por mayoría de tres cuartos de sus miembros.

En caso de que la Junta de Supervisores no adopte las decisiones modificadas a que se refiere el párrafo segundo lo antes posible y en un plazo de cuatro meses a más tardar, el Consejo Ejecutivo adoptará la decisión.»;

b)  el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. La Junta de Supervisores adoptará y publicará su reglamento interno. En el reglamento interno se detallarán las modalidades de votación.»

c)  el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. Los miembros sin derecho a voto y los observadores no participarán en los debates de la Junta de Supervisores que se refieran a entidades financieras concretas, salvo disposición en contrario del artículo 75, apartado 3, o de los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2.

El párrafo primero no se aplicará al presidente y a los miembros que sean también miembros del Consejo Ejecutivo ▌»; ▌».

32)  En el capítulo III, el título de la sección 2 se sustituye por el texto siguiente:

«Sección 2

Consejo Ejecutivo».

33)  El artículo 45 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 45Composición

«1. El Consejo Ejecutivo estará compuesto por el presidente y cuatro miembros a tiempo completo, que deberán ser nacionales de un Estado miembro. El presidente asignará funciones políticas y de gestión claramente definidas a cada uno de los miembros a tiempo completo ▌, en particular competencias en materia presupuestaria, en asuntos relacionados con el programa de trabajo de la Autoridad, y en materia de convergencia. Uno de los miembros a tiempo completo asumirá la Vicepresidencia y desempeñará las funciones del presidente en ausencia de este o en caso de impedimento razonable, de conformidad con el presente Reglamento.

2. Los miembros a tiempo completo serán seleccionados en atención a sus méritos, capacidades, conocimientos y experiencia práctica en materia de entidades financieras en sus diferentes modelos de negocio y mercados, en particular los seguros y pensiones de jubilación, incluidos los intereses de los consumidores, así como a la experiencia pertinente en el ámbito de la supervisión y regulación financieras. Los miembros a tiempo completo deberán disponer de una amplia experiencia de gestión. Al menos uno de los miembros a tiempo completo no debe haber sido empleado por una autoridad nacional competente durante el año anterior a su nombramiento. La selección se basará en una convocatoria pública de candidaturas que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, tras la cual la Comisión elaborará una lista restringida de candidatos cualificados, consultando a la Junta de Supervisores.

La Comisión presentará dicha lista restringida al Parlamento Europeo para su aprobación. Tras la aprobación de la lista restringida, el Consejo adoptará una decisión por la que se nombre a los miembros a tiempo completo del Consejo Ejecutivo ▌. La composición del Consejo Ejecutivo será equilibrada y proporcionada y reflejará al conjunto de la Unión.

3. Cuando un miembro del Consejo Ejecutivo deje de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 46 o haya sido declarado culpable de falta grave, el Parlamento Europeo y el Consejo, ya sea por propia iniciativa o a propuesta de la Comisión aprobada por el Parlamento Europeo, podrán adoptar una decisión por la que sea cesado.

4. La duración del mandato de los miembros a tiempo completo será de cinco años, renovable una sola vez. En el curso de los nueve meses anteriores a la finalización del mandato quinquenal de los miembros a tiempo completo, la Junta de Supervisores evaluará:

a) los resultados conseguidos durante el primer mandato y la manera en que se han logrado;

b) las obligaciones y necesidades de la Autoridad en los años siguientes.

Teniendo en cuenta esta evaluación, la Comisión presentará al Consejo la lista de los miembros a tiempo completo cuyo mandato debe renovarse. Sobre la base de esta lista y teniendo en cuenta la evaluación, el Consejo podrá prorrogar el mandato de los miembros a tiempo completo.».

34)  Se inserta el artículo 45 bis siguiente:

«Artículo 45 bisToma de decisiones

1. Las decisiones del Consejo Ejecutivo se adoptarán por mayoría simple de sus miembros. Cada miembro dispondrá de un voto. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del presidente. Si así lo solicita el presidente, o al menos tres miembros del Consejo Ejecutivo, las decisiones se remitirán a la Junta de Supervisores.

2. El representante de la Comisión participará en las reuniones del Consejo Ejecutivo sin derecho a voto, salvo en las cuestiones a que se refiere el artículo 63.

3. El Consejo Ejecutivo adoptará y hará público su reglamento interno.

4. Las reuniones del Consejo Ejecutivo serán convocadas por el presidente, por propia iniciativa o a petición de uno de sus miembros, y estarán presididas por el presidente.

El Consejo Ejecutivo se reunirá antes de cada reunión de la Junta de Supervisores y con la frecuencia que el Consejo Ejecutivo considere necesaria. Informará periódicamente a la Junta de Supervisores y se reunirá al menos once veces al año.

5. ▌Los participantes sin derecho a voto no asistirán a los debates del Consejo Ejecutivo que se refieran a entidades financieras concretas.

5 bis. La Junta de Supervisores tendrá derecho a enviar solicitudes de información específicas al Consejo Ejecutivo.»;

35)  Se inserta el artículo 45 ter siguiente:

«Artículo 45 terComités internos

El Consejo Ejecutivo podrá crear comités internos para funciones específicas que le hayan sido asignadas.».

36)  El artículo 46 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 46Independencia

del Consejo Ejecutivo

Los miembros del Consejo de Administración actuarán con independencia y objetividad únicamente en interés de la Unión en su conjunto y no pedirán ni aceptarán instrucción alguna de las instituciones u organismos de la Unión, de ningún Gobierno ▌ni de ninguna otra entidad pública o privada.

Los miembros del Consejo Ejecutivo no ocuparán ningún cargo a nivel nacional, internacional o de la Unión.

Ni los Estados miembros, ni las instituciones u organismos de la Unión, ni ningún otro organismo público o privado tratarán de ejercer su influencia en los miembros del Consejo Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones.».

37)  El artículo 47 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 47Funciones

1. El Consejo Ejecutivo velará por que la Autoridad cumpla su cometido y lleve a cabo las funciones que le son asignadas de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento. Tomará todas las medidas necesarias, en particular la adopción de instrucciones administrativas internas y la publicación de anuncios, para garantizar el funcionamiento de la Autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.

2. El Consejo Ejecutivo propondrá, para su adopción por la Junta de Supervisores, un programa de trabajo anual y un programa de trabajo plurianual.

3. El Consejo Ejecutivo ejercerá sus competencias presupuestarias de conformidad con los artículos 63 y 64.

A efectos de los artículos 17, 19, 22, apartado 4, y 30 ▌el Consejo Ejecutivo será competente para actuar y tomar decisiones. A efectos de los artículos 22, apartado 1, 22, apartados 2, 3 y 5, 29 bis, 31 bis, 32 y 35 ter a 35 quinquies, el Consejo Ejecutivo será competente para preparar las decisiones que serán sometidas al procedimiento de toma de decisiones previsto en el artículo 44, apartado 1 bis. El Consejo Ejecutivo mantendrá informada a la Junta de Supervisores de todas las decisiones que prepare y tome.

3 bis. El Consejo Ejecutivo examinará ▌y emitirá un dictamen ▌sobre dichas cuestiones.

4. El Consejo Ejecutivo adoptará el plan de política de personal de la Autoridad y, en virtud del artículo 68, apartado 2, las pertinentes medidas de aplicación del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, “el Estatuto de los funcionarios”).

5. El Consejo Ejecutivo adoptará las disposiciones específicas relativas al derecho de acceso a los documentos de la Autoridad, de conformidad con el artículo 72.

6. El Consejo Ejecutivo propondrá un informe anual de las actividades de la Autoridad, incluyendo el desempeño de las funciones del presidente, basado en el proyecto de informe mencionado en el apartado 9, letra f), a la Junta de Supervisores para su aprobación.

7. El Consejo Ejecutivo nombrará y cesará a los miembros de la Sala de Recurso de conformidad con el artículo 58, apartados 3 y 5, teniendo debidamente en cuenta la propuesta de la Junta de Supervisores.

8. Los miembros del Consejo Ejecutivo anunciarán públicamente todas las reuniones celebradas y las indemnizaciones de representación recibidas. Los gastos se harán constar públicamente de conformidad con el Estatuto de los funcionarios.

9. El Miembro responsable desempeñará las siguientes funciones específicas:

a) ejecutar el programa de trabajo anual de la Autoridad de acuerdo con las orientaciones de la Junta de Supervisores y bajo el control del Consejo Ejecutivo;

b) tomar todas las medidas necesarias, en particular la adopción de las instrucciones administrativas internas y la publicación de anuncios, para garantizar el funcionamiento de la Autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento;

c) preparar el programa de trabajo plurianual a que se refiere el artículo 47, apartado 2;

d) a más tardar el 30 de junio de cada año, preparar el programa de trabajo para el año siguiente a que se refiere el artículo 47, apartado 2;

e) elaborar un anteproyecto de presupuesto de la Autoridad de conformidad con el artículo 63 y ejecutar el presupuesto de la Autoridad de conformidad con el artículo 64;

f) preparar un proyecto de informe anual con una sección sobre las actividades reguladoras y de supervisión de la Autoridad y otra sobre los aspectos administrativos y financieros;

g) ejercer, con respecto al personal de la Autoridad, las competencias establecidas en el artículo 68 y gestionar los asuntos de personal.».

38)  El artículo 48 se modifica como sigue:

a)    en el apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«El presidente será nacional de un Estado miembro y responsable de preparar el trabajo y presidir las reuniones de la Junta de Supervisores y del Consejo Ejecutivo.»;

b)    el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Con el fin de seleccionar al Presidente, la Comisión creará un Comité de Selección compuesto por seis personas independientes de alto nivel. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión nombrarán cada uno a dos miembros del Comité de Selección. El Comité de Selección elegirá a su presidente de entre sus miembros. El Comité de Selección decidirá por mayoría simple la publicación de la convocatoria de plaza vacante, los criterios de selección y el perfil específico del puesto, la composición de la reserva de solicitantes y el método de selección de la reserva de solicitantes para elaborar una lista restringida de, como mínimo, dos candidatos con equilibrio de género. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del presidente del Comité de Selección.

El presidente será seleccionado en atención a sus méritos, capacidades y conocimientos en materia de entidades y mercados financieros, en particular en el sector de los seguros y de las pensiones de jubilación, mediante una convocatoria pública de candidaturas que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. El presidente contará con un número considerable de años de experiencia reconocida pertinente en el ámbito de la supervisión y regulación financieras y de experiencia de alta dirección, será capaz de demostrar capacidades de liderazgo y un elevado nivel de eficiencia, capacidad e integridad, y dispondrá de conocimientos contrastados de, como mínimo, dos lenguas oficiales de la Unión.

El Comité de Selección presentará al Parlamento Europeo y al Consejo la lista restringida de candidatos para el puesto de presidente. El Parlamento Europeo podrá invitar a los candidatos seleccionados a audiencias públicas o a puerta cerrada, enviar preguntas por escrito a los candidatos, oponerse a la designación de un candidato y recomendar a su candidato preferido. El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán una decisión conjunta por la que se nombre al presidente de entre la lista restringida de candidatos.

2 bis. Cuando el presidente deje de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus obligaciones, incluidas las establecidas en el artículo 49, o haya sido declarado culpable de falta grave, el Parlamento Europeo o el Consejo, a propuesta de la Comisión o por iniciativa propia, podrán adoptar una decisión conjunta por la que sea cesado. Al elaborar su propuesta, la Comisión Europea consultará a las autoridades nacionales competentes.».

b bis)  El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. El mandato del presidente tendrá una duración de ocho años y no será renovable

c)    ▌el apartado 4 ▌se sustituye por el texto siguiente:

«4. En el curso de los nueve meses anteriores a la finalización del mandato de ocho años del presidente, la Junta de Supervisores analizará:

a) los resultados obtenidos durante el primer mandato y la manera en que se han conseguido;

b) las obligaciones y necesidades de la Autoridad en los años siguientes.

A efectos de la evaluación a que se refiere el párrafo primero, la Junta de Supervisores nombrará a un presidente suplente temporal de entre sus miembros.»;

d)    se suprime el apartado 5.

38 bis)  El artículo 49 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 49Independencia

del presidente

«Sin perjuicio del papel de la Junta de Supervisores en relación con las funciones del presidente, este no pedirá ni aceptará instrucción alguna de las instituciones u organismos de la Unión, de ningún Gobierno▐ ni de ninguna otra entidad pública o privada.

Ni los Estados miembros, las instituciones u organismos de la Unión, ni ningún otro organismo público o privado tratarán de ejercer su influencia sobre el presidente en el ejercicio de sus funciones.

De conformidad con el Estatuto de los funcionarios a que se refiere el artículo 68, el presidente, después de abandonar el cargo, seguirá sujeto al deber de actuar con integridad y discreción en lo que respecta a la aceptación de determinados nombramientos o privilegios.

39)  Se inserta el artículo 49 bis siguiente:

«Artículo 49 bisGastos

El presidente anunciará públicamente todas las reuniones celebradas con partes interesadas externas dentro de un plazo de dos semanas a partir de la reunión y las indemnizaciones de representación recibidas. Los gastos se harán constar públicamente de conformidad con el Estatuto de los funcionarios.».

40)  Se suprimen los artículos 50, 51, 52 y 53.

41)  El artículo 54 se modifica como sigue:

a)  ▌El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. El Comité Mixto actuará como foro en el que la Autoridad cooperará de manera regular y estrecha para garantizar la coherencia intersectorial, teniendo plenamente en cuenta las especificidades sectoriales, con la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), especialmente, cuando así lo requiera el Derecho de la Unión, en lo que se refiere a.

– los conglomerados financieros y las consolidaciones transfronterizas,

– los servicios de contabilidad y auditoría,

los análisis microprudenciales de las evoluciones, riesgos y puntos vulnerables para la estabilidad financiera,

los productos de inversión al por menor,

la ciberseguridad,

– el intercambio de información y de mejores prácticas con la JERS y ▌las AES;

– las cuestiones relacionadas con los servicios financieros minoristas y con la protección de los consumidores y los inversores;

la aplicación del principio de proporcionalidad.»

c)  se inserta el apartado 2 bis siguiente:

«2 bis.   El Comité Mixto actuará como foro en el que la Autoridad cooperará de manera regular y estrecha con la Autoridad Bancaria Europea y la Autoridad Europea de Valores y Mercados en cuestiones relacionadas con la interacción entre las funciones de la Autoridad y de la Autoridad Europea de Valores y Mercados y las funciones específicas a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra l), del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 conferidas a la Autoridad Bancaria Europea.

42)  ▌El artículo 55 ▌se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 55Composición

1. El Comité Mixto estará formado por los presidentes de las AES ▌.

2. Un miembro del Consejo Ejecutivo, un representante de la Comisión y el segundo presidente de la JERS y, cuando proceda, el presidente de cualquier subcomité del Comité Mixto serán invitados como observadores a las reuniones del Comité Mixto y, cuando proceda, a las de los subcomités mencionados en el artículo 57.

3. La presidencia del Comité Mixto se designará sobre una base rotatoria anual de entre los presidentes de las AES. El presidente del Comité Mixto será el segundo vicepresidente de la JERS.

4. El Comité Mixto adoptará y publicará su reglamento interno. El Comité Mixto podrá invitar a observadores. El Comité Mixto adoptará posiciones comunes por consenso. Dicho reglamento podrá especificar otros posibles participantes en las reuniones del Comité Mixto.

El Comité Mixto se reunirá al menos una vez cada tres meses.

4 bis. El presidente de la Autoridad consultará e informará periódicamente a la Junta de Supervisores sobre cualquier posición adoptada en las reuniones del Comité Mixto y de sus subcomités.».

42 bis)  el artículo 56 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 56Posiciones conjuntas y actos comunes

En el marco de las funciones que se le asignan en virtud del capítulo II, y en particular con respecto a la aplicación de la Directiva 2002/87/CE, cuando proceda, la Autoridad intentará adoptar posiciones conjuntas con la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) y con la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados).

Cuando así lo requiera el Derecho de la Unión, los actos con arreglo a los artículos 10 a▐ 19 del presente Reglamento en relación con la aplicación de la Directiva 2002/87/CE y de cualquier otro acto de la Unión mencionado en el artículo 1, apartado 2, que también pertenezca al ámbito de competencia de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) o la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) serán adoptados paralelamente por la Autoridad, la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), según proceda.

Cuando la decisión de la Autoridad se desvíe de la posición conjunta mencionada en el párrafo primero, o cuando no pueda adoptar una decisión, la Autoridad comunicará sin demora sus motivos al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.».

42 ter)  el artículo 57 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 57Subcomités

1. El Comité Mixto podrá crear subcomités con objeto de preparar proyectos de posiciones conjuntas y actos comunes con el Comité Mixto.

2. El subcomité se compondrá de los presidentes de las AES, y de un representante de alto nivel del personal actual de la autoridad competente pertinente de cada Estado miembro.».

3. El subcomité elegirá a un presidente entre los representantes de las autoridades competentes pertinentes, que también será un observador en el Comité Mixto.

3 bis. A efectos del artículo 56, se creará un subcomité sobre conglomerados financieros dentro del Comité Mixto.

4. El Comité Mixto publicará en su sitio web todos los subcomités creados, incluidos sus mandatos y una lista de sus miembros con sus respectivas funciones en el subcomité

43)  El artículo 58 se modifica como sigue:

-a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Se crea la Sala de Recurso de las Autoridades Europeas de Supervisión.»;

-a bis)  en el apartado 2, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

2. La Sala de Recurso estará compuesta por seis miembros y seis suplentes, todos personas de reconocido prestigio que puedan demostrar que poseen los conocimientos pertinentes del Derecho de la Unión y experiencia profesional a nivel internacional de nivel suficiente en los ámbitos de la banca, los seguros, las pensiones de jubilación, los mercados de valores u otros servicios financieros, quedando excluidos el personal actual de las autoridades competentes o de otras instituciones nacionales o de la Unión que participen en las actividades de la Autoridad y los miembros del Grupo de partes interesadas del sector de seguros y reaseguros y del Grupo de partes interesadas del sector de pensiones de jubilación. Los miembros serán nacionales de un Estado miembro y tendrán un conocimiento exhaustivo de, al menos, dos lenguas oficiales de la Unión. La Sala de Recurso poseerá la experiencia jurídica necesaria para poder ofrecer asesoría jurídica sobre la legalidad y la proporcionalidad del ejercicio de sus funciones por parte de la Autoridad.»;

a)  El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. El Consejo Ejecutivo de la Autoridad nombrará a dos miembros de la Sala de Recurso y a dos suplentes a partir de una lista restringida propuesta por la Comisión, tras una convocatoria pública de manifestaciones de interés publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea y previa consulta de la Junta de Supervisores.

Tras la recepción de la lista restringida, el Parlamento Europeo podrá invitar a los candidatos a miembros y suplentes a efectuar una declaración ante el mismo y a responder a todas las preguntas formuladas por los diputados antes de su nombramiento.

El Parlamento Europeo podrá invitar a los miembros de la Sala de Recurso a efectuar una declaración ante el mismo y a responder a todas las preguntas formuladas por los diputados cuando así se solicite»;

b)  El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. Los miembros de la Sala de Recurso nombrados por el Consejo Ejecutivo de la Autoridad no podrán ser cesados durante su mandato, a no ser que hayan sido declarados culpables de falta grave y el Consejo Ejecutivo, previa consulta a la Junta de Supervisores, tome una decisión al efecto.».

b bis)  El apartado 8 se sustituye por el texto siguiente:

«8. Las AES se encargarán de proporcionar apoyo operativo y de Secretaría permanente adecuado a la Sala de Recurso, a través del Comité Mixto.».

44)  En el artículo 59, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1. Los miembros de la Sala de Recurso deberán ser independientes en la toma de decisiones Dichos miembros no obedecerán instrucción alguna. No podrán desempeñar ninguna otra función en la Autoridad, su Consejo Ejecutivo o su Junta de Supervisores.

2. Los miembros de la Sala de Recurso y el personal de la Autoridad que ofrece apoyo operativo y de secretaría no participarán en procedimiento alguno de recurso si tienen intereses personales en él o si han actuado anteriormente como representantes de una de las partes del procedimiento o participado en la decisión recurrida.».

45)  En el artículo 60, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1. Cualquier persona física o jurídica, incluidas las autoridades competentes, podrá recurrir una decisión de la Autoridad contemplada en los artículos 16, 16 bis, 17, 18, 19 y 35, incluso en lo relativo a su proporcionalidad, y cualquier otra decisión adoptada por la Autoridad con arreglo a los actos de la Unión mencionados en el artículo 1, apartado 2, de las que sea destinataria, o una decisión que, aunque revista la forma de una decisión destinada a otra persona, le afecte directa e individualmente.

2. «El recurso y la exposición de los motivos se presentarán por escrito ante la Autoridad en el plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación de la decisión al interesado o, a falta de notificación, a partir de la fecha en que la Autoridad publicó su decisión.».

«La Sala de Recurso decidirá sobre el recurso en un plazo de tres meses a partir de su interposición.».

46)  El artículo 62 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Los ingresos de la Autoridad procederán, sin perjuicio de otros tipos de ingresos, de cualquier combinación de las siguientes fuentes:

a) una contribución de equilibrio de la Unión, inscrita en el presupuesto general de la Unión (sección “Comisión”), que ascenderá, como mínimo, al 35 % de los ingresos estimados de la Autoridad;

a bis) las contribuciones obligatorias, de hasta el 65 % de los ingresos estimados de la Autoridad, de las autoridades públicas nacionales competentes en materia de supervisión de las entidades financieras;

b) en función de la evolución del alcance de la supervisión específica a una entidad, las contribuciones anuales de las entidades financieras, basadas en la previsión de gastos anuales relacionados con las actividades previstas en el presente Reglamento y en los actos de la Unión mencionados en el artículo 1, apartado 2, para cada una de las categorías de participantes dentro del ámbito de competencias de la Autoridad;

c) las tasas pagadas a la Autoridad en los casos especificados en los instrumentos aplicables del Derecho de la Unión;

d) las contribuciones de los Estados miembros o de los observadores;

e) los ingresos derivados de publicaciones, actividades de formación y otros servicios solicitados por las autoridades competentes.

1 bis. Los ingresos que reciba la Autoridad no deberán comprometer su independencia ni su objetividad.»;

a bis)  en el apartado 4, se añade el párrafo siguiente:

«Las estimaciones se basarán en los objetivos y en los resultados esperados del programa de trabajo anual al que se hace referencia en el artículo 47, apartado 2, y tendrán en cuenta los recursos financieros necesarios para alcanzar dichos objetivos y resultados esperados.»

b)  se añade el apartado siguiente:

5. Las contribuciones voluntarias de los Estados miembros y los observadores a que se refiere el apartado 1, letra d), no se aceptarán si dicha aceptación pudiera arrojar dudas sobre la independencia y la imparcialidad de la Autoridad.».

48)  El artículo 63 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 63Establecimiento del presupuesto

1. Cada año, el Miembro responsable elaborará un proyecto de documento único de programación provisional de la Autoridad para los tres ejercicios siguientes que establezca la previsión de ingresos y gastos, así como información sobre el personal, a partir de su programación anual y plurianual, y lo transmitirá al Consejo Ejecutivo y a la Junta de Supervisores, junto con la plantilla de personal.

1 bis. El presidente presentará el proyecto de documento único de programación al Parlamento Europeo y al Consejo, después de lo cual la Junta de Supervisores, sobre la base del proyecto que haya sido aprobado por el Consejo Ejecutivo, adoptará el proyecto de documento único de programación para los tres ejercicios siguientes.

1 ter. El Consejo Ejecutivo transmitirá el ▌documento único de programación a la Comisión, al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas Europeo a más tardar el 31 de enero. Sin perjuicio de la adopción del presupuesto anual, el Parlamento Europeo aprobará el documento único de programación.

2. Teniendo en cuenta ▌el documento único de programación, la Comisión consignará en el proyecto de presupuesto de la Unión las previsiones que considere necesarias respecto a la plantilla de personal y la cuantía de la contribución de equilibrio con cargo al presupuesto general de la Unión de conformidad con los artículos 313 y 314 del Tratado.

3. La Autoridad Presupuestaria aprobará la plantilla de personal de la Autoridad. La Autoridad Presupuestaria autorizará los créditos correspondientes a la contribución de equilibrio destinada a la Autoridad y aprobará el límite de gasto total de la Autoridad.

4. La Junta de Supervisores aprobará el presupuesto de la Autoridad. Este adquirirá carácter definitivo tras la aprobación definitiva del presupuesto general de la Unión. Cuando sea necesario, se adaptará en consecuencia.

5. El Consejo Ejecutivo notificará sin demora a la Autoridad Presupuestaria su intención de ejecutar cualquier proyecto que pueda tener implicaciones financieras significativas para la financiación de su presupuesto, en particular cualquier proyecto inmobiliario, como el alquiler o la adquisición de inmuebles.

5 bis.  La Autoridad Presupuestaria autorizará cualquier proyecto que pueda tener implicaciones financieras o a largo plazo significativas para la financiación del presupuesto de la Autoridad, en particular cualquier proyecto inmobiliario, como el alquiler o la adquisición de inmuebles, incluidas las cláusulas de protección.»;

49)  El artículo 64 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 64Ejecución y control del presupuesto

«1. El miembro responsable actuará como ordenador de pagos y ejecutará el presupuesto anual de la Autoridad.

2. El contable de la Autoridad, que será independiente, enviará las cuentas provisionales al contable de la Comisión y al Tribunal de Cuentas, a más tardar el 1 de marzo del año siguiente. El artículo 70 no impedirá a la Autoridad facilitar al Tribunal de Cuentas Europeo cualquier información que este solicite y que recaiga en el ámbito de competencia del Tribunal.

3. El contable de la Autoridad enviará, a más tardar el 1 de marzo del año siguiente, la información contable necesaria a efectos de consolidación al contable de la Comisión, de la manera y en el formato establecidos por este.

4. El contable de la Autoridad enviará el informe sobre la gestión presupuestaria y financiera a los miembros de la Junta de Supervisores, al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente.

5. Tras tener en cuenta las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas sobre las cuentas provisionales de la Autoridad, de conformidad con el artículo 148 del Reglamento Financiero, el contable de la Autoridad, bajo su propia responsabilidad, elaborará las cuentas definitivas de la Autoridad. El Miembro responsable las remitirá a la Junta de Supervisores, que emitirá un dictamen sobre las mismas.

6. A más tardar el 1 de julio del año siguiente, el contable de la Autoridad enviará las cuentas definitivas, acompañadas del dictamen de la Junta de Supervisores, al contable de la Comisión, al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas.

El contable de la Autoridad también enviará, a más tardar el 1 de julio del año siguiente, un paquete de información al contable de la Comisión, en el formato normalizado establecido por este, a efectos de consolidación.

7. Las cuentas definitivas se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea a más tardar el 15 de noviembre del año siguiente.

8. El Miembro responsable enviará al Tribunal de Cuentas una respuesta a sus observaciones, a más tardar el 30 de septiembre. También transmitirá copia de dicha respuesta al Consejo Ejecutivo y a la Comisión.

9. El Miembro responsable presentará al Parlamento Europeo, a petición de este y según lo dispuesto en el artículo 165, apartado 3, del Reglamento financiero, toda la información necesaria para el correcto desarrollo del procedimiento de aprobación de la ejecución del presupuesto del ejercicio en cuestión.

10. El Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo por mayoría cualificada, aprobará, antes del 15 de mayo del año N + 2, la gestión de la Autoridad con respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio N.

10 bis. La Autoridad emitirá un dictamen motivado sobre la posición del Parlamento Europeo y sobre cualquier otra observación formulada por el Parlamento Europeo en el procedimiento de aprobación de la gestión.»;

49 bis)  Se inserta el artículo 64 bis siguiente:

«Artículo 64Auditoría interna de la Autoridad

La Autoridad creará un Comité de Auditoría Interna que emitirá un dictamen dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aprobación de la ejecución de la parte del presupuesto que no es financiada con cargo al presupuesto de la Unión.».

50)  El artículo 65 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 65Normas financieras

El Consejo Ejecutivo adoptará las normas financieras aplicables a la Autoridad, previa consulta a la Comisión. Esas normas solo podrán desviarse del Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión* en el caso de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2002 si las exigencias específicas del funcionamiento de la Autoridad así lo requieren, y únicamente con la autorización previa de la Comisión.

*Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 7.12.2013, p. 42).».

51)  En el artículo 66, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. A efectos de la lucha contra el fraude, la corrupción y cualesquiera otras prácticas contrarias a Derecho, se aplicará a la Autoridad sin restricciones el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo*.

*Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).».

52)  El artículo 68 se modifica como sigue:

a)  los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1. El Estatuto de los funcionarios, el Régimen aplicable a otros agentes y las normas adoptadas conjuntamente por las instituciones de la Unión para su aplicación serán aplicables al personal de la Autoridad, incluidos los miembros a tiempo completo del Consejo Ejecutivo y su presidente.  

2. El Consejo Ejecutivo, de acuerdo con la Comisión, adoptará las medidas de aplicación necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del Estatuto de los funcionarios.»;

b)  el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. El Consejo Ejecutivo adoptará disposiciones que permitan emplear en la Autoridad a expertos nacionales de los Estados miembros en comisión de servicio.».

53)  El artículo 70 se modifica como sigue:

a)  ▌el apartado 1 ▌se sustituye por el texto siguiente:

«1. Los miembros de la Junta de Supervisores y todos los miembros del personal de la Autoridad, incluidos los funcionarios enviados por los Estados miembros de forma temporal en comisión de servicio y las demás personas que desempeñen funciones para la Autoridad a título contractual, estarán sujetos a las obligaciones de secreto profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 TFUE y las disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión, incluso después de haber cesado en sus cargos.

El artículo 16 del Estatuto de los funcionarios se aplicará a todos los miembros del personal de la Autoridad, incluidos los funcionarios enviados por los Estados miembros de forma temporal en comisión de servicio y todas las demás personas que desempeñen funciones para la Autoridad a título contractual.»;

b)  en el apartado 2, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

La obligación prevista en el apartado 1 y en el párrafo primero del presente apartado no impedirá que la Autoridad y las autoridades competentes utilicen la información para la aplicación de los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2, y, en particular, para los procedimientos jurídicos encaminados a la adopción de decisiones.

c)  se inserta el apartado 2 bis siguiente:

«2 bis. El Consejo Ejecutivo y la Junta de Supervisores velarán por que las personas que presten cualquier servicio, directa o indirectamente, de forma permanente u ocasional, en relación con las funciones de la Autoridad, incluidos los agentes y demás personas acreditadas por el Consejo Ejecutivo y la Junta de Supervisores o nombradas por las autoridades competentes a tal fin, estén sujetas a requisitos de secreto profesional equivalentes a los contemplados en los apartados anteriores.

Los mismos requisitos de secreto profesional se aplicarán también a los observadores que asistan a las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Junta de Supervisores y que participen en las actividades de la Autoridad.»;

d)  ▌los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:

«3. Los apartados 1 y 2 no impedirán que la Autoridad intercambie información con las autoridades competentes, de conformidad con el presente Reglamento y con la legislación de la Unión ▌.

Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a cualquier persona que notifique o divulgue información sobre una amenaza o un perjuicio al interés público en el contexto de su relación laboral.

La información mencionada en el apartado 2estará sujeta a las condiciones de secreto profesional a que se refieren los apartados 1 y 2. La Autoridad establecerá en su reglamento interno las modalidades prácticas de aplicación de las normas de confidencialidad mencionadas en los apartados 1 y 2.

4. La Autoridad aplicará la Decisión (UE, Euratom) 2015/44 ▌ de la Comisión

4 bis. La Autoridad dispondrá de canales de notificación específicos para la recepción y el tratamiento de la información facilitada por un informante sobre infracciones reales o potenciales de actos de la Unión, abusos de Derecho o casos de mala administración.»;

54)  ▌El artículo 71 se sustituye por el texto siguiente:

«El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en lo relativo al tratamiento de datos personales que efectúen de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 o las obligaciones de la Autoridad en lo relativo al tratamiento de datos personales que efectúen de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/XXX (Reglamento sobre protección de datos para las instituciones y los organismos de la UE), en el desempeño de sus funciones.».

55)  En el artículo 72, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. El Consejo Ejecutivo adoptará las disposiciones prácticas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1049/2001.».

56)  En el artículo 73, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. El Consejo Ejecutivo decidirá respecto al régimen lingüístico interno de la Autoridad.».

57)  En el artículo 74, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«Las disposiciones necesarias sobre la instalación de la Autoridad en el Estado miembro donde se sitúe la sede y sobre los servicios que dicho Estado deberá prestar, así como las normas especiales aplicables en el Estado miembro al personal de la Autoridad y los miembros de sus familias, se establecerán en un acuerdo de sede entre la Autoridad y el Estado miembro que se celebrará tras su aprobación por el Consejo Ejecutivo.».

57 bis)  En el artículo 75, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

«2. La Autoridad cooperará con los países a que se hace referencia en el apartado 1 que apliquen un cuerpo legislativo que haya sido reconocido como equivalente en los ámbitos de competencia de la Autoridad a que se refiere el artículo 1, apartado 2, con arreglo a lo dispuesto en los acuerdos internacionales suscritos por la Unión de conformidad con el artículo 218 TFUE.».

3. De acuerdo con las disposiciones pertinentes de los acuerdos a que se hace referencia en los apartados 1 y 2, se concertarán acuerdos que especifiquen, especialmente, la naturaleza, el alcance y los procedimientos de la participación de estos países a que se refiere el apartado 1, en particular en relación con los países que son miembros del Espacio Económico Europeo, en los trabajos de la Autoridad, incluyendo disposiciones sobre las contribuciones económicas y el personal. Podrán prever que estén representados, como observadores, en la gobernanza de la Autoridad, pero garantizarán que dichos países no asistan a ningún debate que se refiera a entidades financieras concretas, salvo en caso de que exista un interés directo.».

58)  Se inserta el artículo 75 bis siguiente:

«Artículo 75 bisEjercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 35 quinquies, apartado 2, párrafo segundo podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 35 quinquies, apartado 2, párrafo segundo, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.».

59)  El artículo 76 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 76Relación con el CESSPJ

La Autoridad será considerada sucesora legal del CESSPJ. A más tardar en la fecha de creación de la Autoridad, todo el activo y el pasivo, y todas las operaciones pendientes del CESSPJ serán transferidas automáticamente a la Autoridad. El CESSPJ formulará una declaración en la que mostrará su situación patrimonial al cierre en la fecha de dicha transferencia. Dicha declaración será auditada y aprobada por el CESSPJ y por la Comisión.».

60)  Se inserta el artículo 77 bis siguiente:

Artículo 77 bisDisposiciones transitorias

Las funciones y el cargo del director ejecutivo, nombrado de conformidad con el presente Reglamento, cuya última modificación la constituye la Directiva 2014/51/UE, y en ejercicio el [OP: insértese la fecha correspondiente a tres meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento] cesarán en esa fecha.

Las funciones y el cargo del Presidente, nombrado de conformidad con el presente Reglamento, cuya última modificación la constituye la Directiva 2014/51/UE, y en ejercicio el [OP: insértese la fecha correspondiente a tres meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento] continuarán hasta su expiración.

Las funciones y el cargo de los miembros del Consejo de Administración, nombrados de conformidad con el presente Reglamento, cuya última modificación la constituye la Directiva 2014/51/UE, y en ejercicio el [OP: insértese la fecha correspondiente a tres meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento] cesarán en esa fecha.».

60 bis)  Se suprime el artículo 79.

60 ter)  Se suprime el artículo 80.

60 quater)  El artículo 81 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 81

Revisión

1. A más tardar ... [dieciocho meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], y, posteriormente, cada tres años, la Comisión publicará un informe general sobre la experiencia adquirida sobre la base del funcionamiento de la Autoridad y de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento. Este informe evaluará, entre otros elementos:

a) la eficacia y convergencia alcanzada por las autoridades competentes en las prácticas de supervisión:

i) la independencia ▐ de las autoridades competentes y la convergencia en las normas equivalentes al buen gobierno corporativo,

ii) la imparcialidad, objetividad y autonomía de la Autoridad;

b) el funcionamiento de los colegios de supervisores;

c) los avances registrados hacia el objetivo de convergencia en materia de prevención, gestión y resolución de crisis, con inclusión de los mecanismos de financiación de la Unión;

d) el papel de la Autoridad en lo que se refiere al riesgo sistémico;

e) la aplicación de la cláusula de salvaguardia prevista en el artículo 38;

f) la aplicación de la función mediadora vinculante prevista en el artículo 19;

f bis) el funcionamiento del proceso de toma de decisiones del Comité Mixto.

2. El informe mencionado en el apartado 1 también evaluará:

a) la conveniencia de mantener la separación de la supervisión de bancos, seguros, pensiones de jubilación, valores y mercados financieros;

b) la conveniencia de combinar o de mantener separadas la supervisión prudencial y la supervisión de la gestión empresarial;

c) la conveniencia de simplificar y reforzar la arquitectura del SESF con el fin de aumentar la coherencia entre los niveles macroprudencial y microprudencial y entre las AES;

d) si la evolución del SEFS se ajusta a la evolución global;

e) si hay suficiente diversidad y excelencia en el SESF;

f) la adecuación de la responsabilidad y la transparencia en relación con las obligaciones de publicación;

g) si los recursos de la Autoridad se adecuan al ejercicio de sus competencias;

h) la adecuación de la sede de la Autoridad y la posible conveniencia de trasladar a las AES a una única sede para propiciar una mejor coordinación entre ellas.

2 bis. En el informe general a que se refiere el apartado 1, la Comisión, tras consultar a todas las autoridades y partes interesadas pertinentes, llevará a cabo una evaluación exhaustiva de la aplicación, el funcionamiento y la eficacia de la emisión de cartas de no acción conforme al artículo 9 bis del presente Reglamento.

2 ter. A más tardar [dieciocho meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento] la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo las evaluaciones a que se refiere al apartado 2 bis, acompañadas, si procede, de propuestas legislativas.

3. Por lo que atañe a la cuestión de la supervisión directa de entidades o infraestructuras de escala paneuropea, y teniendo en cuenta la evolución del mercado, la estabilidad del mercado interior y la cohesión de la Unión en su conjunto, la Comisión elaborará un informe anual sobre la conveniencia de confiar a la Autoridad otras competencias de supervisión en este ámbito.

4. El informe, junto con cualquier eventual propuesta que lo acompañe, será transmitido al Parlamento Europeo y al Consejo.».

Artículo 3

Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1095/2010

El Reglamento (UE) 1095/2010 se modifica como sigue:

1)  El artículo 1 se modifica como sigue:

a)    el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. La Autoridad actuará con arreglo a los poderes otorgados por el presente Reglamento y dentro del ámbito de aplicación de las Directivas 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2009/65/CE, de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo*, del Reglamento (CE) n.º 1606/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo**, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo***, y del Reglamento (CE) n.º 1060/2009, el Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo****, el Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo*****, la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo****** y el Reglamento (UE) n.º 648/2012, y, en la medida en que estos actos se apliquen a las sociedades que ofrecen servicios de inversión o a los organismos de inversión colectiva que comercialicen sus participaciones o acciones y a las autoridades competentes que las supervisan, en el marco de las partes pertinentes de las Directivas 2002/87/CE, (UE) 2015/849 y 2002/65/CE, incluidas todas las directivas, los reglamentos y las decisiones basados en dichos actos, así como de cualquier otro acto jurídicamente vinculante de la Unión que confiera funciones a la Autoridad.

*Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).

**Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad (DO L 243 de 11.9.2002, p. 1).

***Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).»;

****Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.º 236/2012 (DO L 257 de 28.8.2014, pp. 1-72).

*****Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 173 de 12.6.2014, pp. 84-148).

******Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, pp. 349-496).

a bis)    el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. La Autoridad también actuará en el ámbito de las actividades de los participantes en los mercados en relación con los asuntos no cubiertos directamente por los actos mencionados en el apartado 2, incluidos los asuntos relacionados con la gobernanza empresarial, la auditoría o la información financiera, teniendo en cuenta los modelos de negocio sostenibles y la integración de los factores medioambientales, sociales y de gobernanza, siempre que la actuación de la Autoridad sea necesaria para garantizar la aplicación efectiva y coherente de dichos actos. Asimismo, la Autoridad tomará las medidas adecuadas en lo que se refiere a las ofertas públicas de adquisición, la compensación y liquidación y los derivados crediticios.»;

b)    se inserta el apartado 3 bis siguiente:

«3 bis. El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de otros actos de la Unión que confieran funciones de autorización o supervisión y las competencias correspondientes a la Autoridad.»;

b bis)    El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. El objetivo de la Autoridad será proteger el interés público contribuyendo a la estabilidad y eficacia del sistema financiero a corto, medio y largo plazo, para la economía de la Unión, sus ciudadanos y sus empresas. La Autoridad, dentro de sus competencias respectivas, contribuirá a:

a) mejorar el funcionamiento del mercado interior, en particular con un nivel sólido, efectivo y coherente de regulación y supervisión;

b) velar por la integridad, la transparencia, la eficiencia y el correcto funcionamiento de los mercados financieros;

c) reforzar la coordinación de la supervisión internacional;

d) evitar el arbitraje regulatorio y promover la igualdad de condiciones entre los participantes;

e) garantizar que los riesgos de inversión y otro tipo estén regulados y supervisados de forma adecuada; ▐

f) reforzar la protección del consumidor y el inversor;

f bis) reforzar la convergencia en la supervisión en todo el mercado interior, promoviendo, entre otras medidas, un enfoque basado en el riesgo para la supervisión de la gestión empresarial.

Con estos fines, la Autoridad contribuirá a garantizar la aplicación coherente, eficiente y efectiva de los actos mencionados en el apartado 2, a fomentar la convergencia en la supervisión y a emitir dictámenes, de conformidad con el artículo 16 bis, dirigidos al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión ▌.

En el ejercicio de las funciones que le confiere el presente Reglamento, la Autoridad prestará especial atención a todo riesgo sistémico planteado por las entidades financieras cuya quiebra o mal funcionamiento pueda socavar el funcionamiento del sistema financiero o de la economía real.

En el desempeño de sus funciones, la Autoridad actuará con independencia y objetividad, así como de forma no discriminatoria y transparente, en interés de la Unión en su conjunto y respetará el principio de proporcionalidad. La Autoridad aplicará los principios de responsabilidad e integridad y deberá garantizar que todas las partes interesadas reciban un trato equitativo a este respecto.

El contenido y la forma de las acciones y medidas de la Autoridad no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Reglamento o los actos mencionados en el apartado 2 y serán proporcionados a la naturaleza, el alcance y la complejidad de los riesgos inherentes a la actividad de una institución o de los mercados afectada por la actuación de la Autoridad.».

2)  ▌El artículo 2 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. La Autoridad formará parte de un Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF). El principal objetivo del SESF será garantizar la correcta aplicación de la normativa aplicable al sector financiero, a fin de preservar la estabilidad financiera y garantizar la confianza en el sistema financiero en su conjunto y una protección efectiva y suficiente para los clientes de los servicios financieros.»;

b)  el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. De conformidad con el principio de cooperación leal establecido en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, las partes del SESF cooperarán en un clima de confianza y pleno respeto mutuo, en particular para asegurar un flujo de información apropiado y fiable entre ellas y en relación con el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.»;

c)  en el apartado 5, se inserta el párrafo siguiente:

Las referencias hechas en el presente Reglamento a la supervisión incluyen todas las actividades pertinentes, sin perjuicio de las competencias nacionales, de todas las autoridades competentes que han de llevarse a cabo con arreglo a los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2.».

2 bis)  El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 3Responsabilidad del

Sistema Europeo de Supervisión Financiera

1. Las autoridades a que se refiere el artículo 2, apartado 2, letras a) a e), habrán de responder ante el Parlamento Europeo y el Consejo.

2. La Autoridad cooperará plenamente con el Parlamento Europeo en cualquier investigación que este lleve a cabo con arreglo al artículo 226 del TFUE.

3. La Junta de Supervisores adoptará un informe anual sobre las actividades de la Autoridad, incluido el desempeño de las funciones del presidente, y lo transmitirá al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas y al Comité Económico y Social Europeo a más tardar el 15 de junio de cada año. Dicho informe se hará público.

En el informe contemplado en el párrafo primero, la Autoridad incluirá información sobre los acuerdos administrativos celebrados con autoridades de supervisión, organizaciones internacionales o administraciones de terceros países, sobre la asistencia prestada por la Autoridad a la Comisión en la preparación de las decisiones relativas a la equivalencia y sobre la actividad de seguimiento llevada a cabo por la Autoridad, de conformidad con el artículo 33.

4. A petición del Parlamento Europeo, el presidente participará en una audiencia ante esta institución sobre el rendimiento de la Autoridad. La audiencia se celebrará como mínimo una vez al año. El presidente efectuará una declaración ante el Parlamento Europeo y responderá a todas las preguntas formuladas por los diputados cuando así se solicite.

5. El presidente presentará al Parlamento Europeo un informe escrito sobre las actividades de la Autoridad siempre que se le solicite y, en cualquier caso, al menos quince días antes de efectuar la declaración a que se refiere el apartado 1 quater.

6. Además de la información a que se refieren los artículos 11 a 18 y los artículos 20 y 33, el informe incluirá asimismo cualquier información pertinente solicitada puntualmente por el Parlamento Europeo.

7. La Autoridad responderá oralmente o por escrito a las preguntas que el Parlamento Europeo o el Consejo le dirijan en el plazo de cinco semanas a partir de la recepción de la pregunta.

8. Si así se le solicita, el presidente mantendrá conversaciones orales confidenciales, a puerta cerrada, con el presidente, los vicepresidentes y los coordinadores de las comisiones competentes del Parlamento Europeo, en caso de que tales conversaciones sean necesarias para el ejercicio de las competencias del Parlamento Europeo en virtud del artículo 226 del TFUE. Todos los participantes respetarán las obligaciones de secreto profesional.

9. La Autoridad creará un registro de documentos y de su estado de accesibilidad.

10. La Autoridad facilitará al Parlamento Europeo un resumen significativo de las actas de cualquier reunión de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, del Consejo de Estabilidad Financiera y del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, así como de cualquier otro organismo o institución internacional pertinente que atañan o afecten a la supervisión de los mercados y valores.».

3)  En el artículo 4, punto 3, el inciso ii) se sustituye por el texto siguiente:

«ii) en relación con las Directivas 2002/65/CE y (UE) 2015/849, las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de dichas Directivas por las empresas que prestan servicios de inversión o por las empresas de inversión colectiva que negocien sus participaciones o acciones;».

4)  El artículo 6 se modifica como sigue:

a)    el punto 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2) un Consejo Ejecutivo, que ejercerá las funciones establecidas en el artículo 47;»;

b)    se suprime el punto 4.

4 bis)  El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 7Sede

La Autoridad tendrá su sede en París (Francia).

La ubicación de la sede de la Autoridad no afectará al desempeño de sus funciones y competencias, a la organización de su estructura de gobierno, al funcionamiento de su organización principal ni a la financiación principal de sus actividades, permitiéndose no obstante, cuando proceda, la puesta en común con agencias de la Unión de los servicios de apoyo administrativo y gestión de infraestructuras no relacionados con las actividades esenciales de la Autoridad. A más tardar el [fecha de aplicación del presente Reglamento modificativo], y, posteriormente, cada doce meses, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el cumplimiento de este requisito por parte de las Autoridades Europeas de Supervisión.».

5)  El artículo 8 se modifica como sigue:

a)    el apartado 1 se modifica como sigue:

-i)  la letra a) se modifica como sigue:

«a) sobre la base de los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, contribuir al establecimiento de normas y prácticas reguladoras y de supervisión comunes de alta calidad, en particular ▌elaborando ▌proyectos de normas técnicas de regulación y ejecución, directrices, recomendaciones y otras medidas, incluidos dictámenes con arreglo al artículo 16 bis;»;

i)  se inserta la letra a bis) siguiente:

«a bis) elaborar y mantener actualizado un manual de supervisión de la Unión relativo a la supervisión de los participantes en los mercados financieros de la Unión que establezca las mejores prácticas en materia de supervisión y métodos y procedimientos de alta calidad y tenga en cuenta, entre otros aspectos, la evolución de las prácticas empresariales y los modelos de negocio y el tamaño de los mercados financieros y de los participantes en los mercados financieros;»;

ii bis)  la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) contribuir a la aplicación coherente de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, en particular contribuyendo a la instauración de una cultura de supervisión común, velando por la aplicación coherente, eficaz y efectiva de los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2, evitando el arbitraje regulatorio, impulsando y vigilando la independencia de la supervisión, mediando y resolviendo diferencias entre autoridades competentes, garantizando una supervisión eficaz y coherente de los participantes en los mercados financieros, así como asegurando un funcionamiento coherente de los colegios de supervisores y adoptando, entre otras, medidas en las situaciones de emergencia;»;

ii)  las letras e) y f) se sustituyen por el texto siguiente:

«organizar y llevar a cabo evaluaciones de las autoridades competentes, con el apoyo de las autoridades nacionales competentes, y, en ese contexto, formular ▐ recomendaciones dirigidas a esas autoridades competentes y determinar las mejores prácticas y, en ese contexto, emitir directrices, a fin de reforzar la coherencia de los resultados de la supervisión;

f) seguir y evaluar la evolución del mercado en su ámbito de competencia, incluida, cuando proceda, la evolución de las tendencias del crédito, en particular a hogares y pymes, y de los servicios financieros innovadores, así como la evolución de las tendencias de los factores medioambientales, sociales y de gobernanza;»;

ii bis)  la letra g) se sustituye por el texto siguiente:

«g) realizar análisis de mercado para sustentar el desempeño de las funciones que le incumben;»;

iii)  la letra h) se sustituye por el texto siguiente:

«h) promover, cuando proceda, la protección de los consumidores y los inversores, en particular por lo que respecta a las deficiencias en contextos transfronterizos y teniendo en cuenta los riesgos relacionados;»;

iii bis)  se insertan las letras i bis) e i ter) siguientes:

«i bis) coordinar las actividades de control del cumplimiento entre las autoridades competentes;

i ter) contribuir a instaurar una estrategia común de la Unión en materia de datos financieros;»;

iii ter)  se inserta la letra k bis) siguiente:

«k bis) publicar en su sitio web y actualizar periódicamente todas las normas técnicas de regulación, las normas técnicas de ejecución, las directrices, las recomendaciones y las preguntas y respuestas para cada acto legislativo mencionado en el artículo 1, apartado 2, incluyendo una visión general de la situación de los trabajos en curso y el calendario previsto para la adopción de los proyectos de normas técnicas de regulación, los proyectos de normas técnicas de ejecución, las directrices, las recomendaciones y las preguntas y respuestas. Esta información se facilitará en todas las lenguas de trabajo de la Unión.»;

iv)  se suprime la letra l);

b)  se inserta el apartado 1 bis siguiente:

«1 bis. En el desempeño de sus funciones de conformidad con el presente Reglamento, la Autoridad:

a) hará pleno uso de las competencias de que dispone; y

b) con la debida consideración del objetivo de garantizar la seguridad y la solidez de los participantes en los mercados financieros, tendrá plenamente en cuenta los diferentes tipos, modelos de negocio y tamaños de dichos participantes;

c) atenderá a la innovación tecnológica, los modelos de negocio innovadores y sostenibles, y la integración de los factores medioambientales, sociales y de gobernanza.»;

c)  el apartado 2 se modifica como sigue:

i)  se inserta la letra c bis) siguiente:

«c bis) emitir recomendaciones, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 29 bis y 31 bis;»;

i bis) se inserta la letra d bis) siguiente:

«d bis) formular advertencias de conformidad con el artículo 9, apartado 3;»;

i ter) se insertan las letras g bis), g ter) y g quater):

«g bis) emitir dictámenes destinados al Parlamento Europeo, al Consejo o a la Comisión, como estipula el artículo 16 bis;

g ter) responder a preguntas, como se establece en el artículo 16 ter;

g quater) emitir cartas de no acción de duración limitada, como se establece en el artículo 9 bis;»;

ii)  la letra h) se sustituye por el texto siguiente:

«h) recopilar la información necesaria respecto de las entidades financieras como estipulan los artículos 35 y 35 ter;»;

d)  se añade el apartado 3 siguiente:

«3. En el ejercicio de las funciones a que se refiere el presente artículo, la Autoridad respetará estrictamente la legislación de nivel 1 y las medidas de nivel 2 y aplicará los principios de proporcionalidad y de «legislar mejor», incluidos las evaluaciones de impacto, los análisis coste-beneficio y las consultas públicas abiertas.

Las consultas públicas abiertas a que se refieren los artículos 10, 15, 16 y 16 bis se realizarán de la forma más amplia posible para garantizar un enfoque integrador hacia todas las partes interesadas y otorgarán a estas un plazo de respuesta razonable. La Autoridad ofrecerá y publicará información sobre el modo en que la información y las opiniones recopiladas en la consulta se utilizaron en un proyecto de norma técnica de regulación, un proyecto de norma técnica de ejecución y directrices, recomendaciones y dictámenes.

La Autoridad resumirá la contribución recibida de las partes interesadas de tal forma que se puedan comparar los resultados de las consultas públicas sobre cuestiones similares.»;

6)  El artículo 9 se modifica como sigue:

-a)  en el apartado 1, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

«a) recopilando y analizando datos e informando sobre las tendencias de los consumidores, tales como la evolución de los gastos y tasas de los productos y servicios financieros minoristas en los Estados miembros;»;

-a bis)  en el apartado 1, se añaden las letras d bis) y d ter) siguientes:

«d bis)  contribuyendo a la igualdad de condiciones en el mercado único de manera que los consumidores y otros usuarios de servicios financieros tengan un acceso equitativo a servicios y productos financieros y vías de recurso comparables;

d ter)  coordinando las actividades de compra simulada de las autoridades competentes;»;

b)    el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. La Autoridad hará un seguimiento de las actividades financieras nuevas y existentes, y podrá adoptar directrices y recomendaciones, de conformidad con el artículo 16, con vistas a promover la seguridad y la solidez de los mercados, así como la convergencia y eficacia de las prácticas reguladoras y de supervisión.

2 bis. La Autoridad, en el marco de sus competencias respectivas, elaborará normas de supervisión de la gestión empresarial dirigidas a las autoridades nacionales competentes, por ejemplo por lo que respecta a las competencias y funciones mínimas.»;

c)    el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. La Autoridad creará, como parte integrante de la Autoridad, un Comité sobre proporcionalidad para garantizar que las diferencias en la naturaleza, el alcance y la complejidad de los riesgos, la evolución de las prácticas empresariales y los modelos de negocio y el tamaño de las entidades financieras y los mercados queden reflejadas en el trabajo de la Autoridad, y un Comité sobre protección de los consumidores e innovación financiera que reúna a todas las autoridades competentes y a las autoridades responsables de la protección de los consumidores que proceda, con vistas a mejorar la protección de los consumidores y alcanzar un enfoque coordinado del tratamiento en materia de regulación y de supervisión de las actividades financieras nuevas o innovadoras, y a prestar asesoramiento a la Autoridad para que lo presente al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. La Autoridad cooperará de manera estrecha con el Comité Europeo de Protección de Datos para evitar la duplicación, las inconsistencias y la inseguridad jurídica en el ámbito de la protección de datos. La Autoridad podrá incluir también en el Comité a las autoridades nacionales de protección de datos.».

b bis)  El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. La Autoridad podrá prohibir o restringir temporalmente la comercialización, distribución o venta de determinados productos, instrumentos o actividades financieros que puedan causar daños financieros significativos a los clientes o amenacen el funcionamiento correcto y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad de la totalidad o de parte del sistema financiero de la Unión en casos especificados y en las condiciones establecidas en los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, o, si así se requiere en caso de una situación de emergencia, con arreglo a las condiciones estipuladas en el artículo 18.

La Autoridad revisará la decisión a la que se hace referencia en el párrafo primero con la periodicidad oportuna lo antes posible y al menos cada seis meses. La Autoridad podrá renovar la prohibición o la restricción en dos ocasiones, tras lo cual pasará a tener carácter permanente, a menos que la Autoridad considere lo contrario.

Los Estados miembros podrán pedir a la Autoridad que reconsidere su decisión. En tal caso, la Autoridad decidirá, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 44, apartado 1, párrafo segundo, si mantiene o no su decisión.

La Autoridad podrá evaluar también la necesidad de prohibir o restringir determinados tipos de actividades o prácticas financieras y, cuando exista esa necesidad, informará a la Comisión y a las autoridades competentes con el fin de facilitar la adopción de dicha prohibición o restricción.».

6 bis)  Se inserta el artículo 9 bis siguiente:

«Artículo 9 bis

Cartas de no acción de duración limitada

1.  En circunstancias excepcionales, y si se cumplen las condiciones previstas en el presente apartado, la Autoridad podrá, en coordinación con todas las autoridades competentes pertinentes, emitir cartas de no acción de duración limitada por lo que respecta a determinadas disposiciones del Derecho de la Unión basadas en los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2. Estas cartas de no acción constituyen un compromiso temporal por parte de la Autoridad y de todas las autoridades competentes pertinentes de abstenerse de hacer cumplir a los participantes en los mercados financieros determinadas disposiciones del Derecho de la Unión cuando estos no puedan cumplirlas por al menos una de las razones que se exponen a continuación:

a)   el cumplimiento supondría para los participantes en los mercados financieros una infracción de otros requisitos legales y regulatorios del Derecho de la Unión;

b)  la Autoridad considera inviable el cumplimiento sin más medidas de nivel 2 o directrices de nivel 3;

c)  el cumplimiento supondría un perjuicio o amenaza grave para cualquiera de los siguientes elementos: la confianza de los mercados, la protección de los consumidores o los inversores, la integridad y el funcionamiento ordenado de los mercados financieros o de los mercados de materias primas, la estabilidad de la totalidad o de parte del sistema financiero de la Unión.

La Autoridad no emitirá cartas de no acción si considera que estas tendrán un efecto perjudicial desproporcionado con respecto a sus beneficios en la eficiencia de los mercados financieros o la protección de los consumidores o los inversores.

2.  En la carta de no acción, la Autoridad especificará las disposiciones concretas del Derecho de la Unión a las que afecta la suspensión del cumplimiento, los motivos por los que considera que se cumplen las condiciones previstas en el apartado 1 y la fecha de expiración de la suspensión del cumplimiento. La duración de esta suspensión no será superior a seis meses.

3.  En caso de que la Autoridad decida emitir una carta de no acción, informará de ello inmediatamente a la Comisión, al Parlamento Europeo y al Consejo. En el plazo de dos semanas desde la recepción de esta información, la Comisión, el Parlamento Europeo o el Consejo podrán solicitar a la Autoridad que reconsidere su decisión. A iniciativa de la Comisión, del Parlamento Europeo o del Consejo este plazo podrá prorrogarse dos semanas. En caso de que la Comisión, el Parlamento Europeo o el Consejo pidan a la Autoridad que reconsidere su decisión, la Autoridad decidirá, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 44, apartado 1, párrafo segundo, si mantiene o no su decisión.

4.  Cuando la Autoridad emita una carta de no acción con arreglo a los apartados 1 a 3, la publicará de inmediato en su sitio web. La Autoridad revisará su decisión de emitir una carta de no acción a intervalos adecuados y solo podrá renovarla por un período de seis meses. Si la decisión de emitir una carta de no acción no se renueva tras el período de seis o doce meses, caducará automáticamente.».

6 bis)  El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 10Normas técnicas de regulación

1. Cuando el Parlamento Europeo y el Consejo deleguen poderes en la Comisión para adoptar normas técnicas de regulación mediante actos delegados con arreglo al artículo 290 TFUE, con el fin de garantizar la armonización coherente en los ámbitos previstos específicamente en los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, la Autoridad podrá elaborar proyectos de normas técnicas de regulación. La Autoridad presentará sus proyectos de normas de regulación a la Comisión para su aprobación. Al mismo tiempo, la Autoridad los transmitirá para información al Parlamento Europeo y al Consejo.

Las normas técnicas de regulación serán de carácter técnico, no podrán entrañar decisiones estratégicas o políticas y su contenido estará limitado por los actos legislativos en los que se basen. La Autoridad informará al Parlamento Europeo y al Consejo, tan pronto como sea posible y de forma exhaustiva, de sus avances en la elaboración de los proyectos de normas técnicas de regulación.

Antes de presentarlos a la Comisión, la Autoridad llevará a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación y analizará los costes y beneficios potenciales correspondientes, de conformidad con el artículo 8, apartado 2 bis. La Comisión recabará asimismo el asesoramiento del Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados a que se refiere el artículo 37.

En un plazo de tres meses tras la recepción de un proyecto de normas técnicas de regulación, la Comisión decidirá si lo aprueba. La Comisión podrá aprobar los proyectos de normas técnicas de regulación solo en parte o con modificaciones cuando el interés de la Unión así lo exija.

En caso de que la Comisión, en un plazo de tres meses tras la recepción del proyecto de norma técnica de regulación, no tome una decisión sobre si adopta o no dicha norma, informará de ello inmediatamente y, en cualquier caso, antes de que finalice el plazo de tres meses al Parlamento Europeo y al Consejo, indicando los motivos por los que no está en condiciones de tomar una decisión y el calendario previsto para su aprobación, teniendo debidamente en cuenta la fecha de aplicación y de ejecución del acto legislativo aplicable mencionado en el artículo 1, apartado 2. Los retrasos en la adopción del proyecto de norma técnica de regulación no impedirán al Parlamento Europeo y al Consejo ejercer sus competencias de control previstas en el artículo 13.

En caso de que la Comisión tenga la intención de no aprobar un proyecto de norma técnica de regulación, o de aprobarlo en parte o con modificaciones, devolverá el proyecto de norma técnica de regulación a la Autoridad, explicando la razón por la cual no lo aprueba, o, según proceda, explicando los motivos de sus modificaciones, y remitirá una copia de su carta al Parlamento Europeo y al Consejo. En un plazo de seis semanas, la Autoridad podrá modificar el proyecto de norma técnica de regulación basándose en las modificaciones propuestas por la Comisión y volver a presentarlo en forma de dictamen formal a la Comisión. La Autoridad remitirá una copia de su dictamen formal al Parlamento Europeo y al Consejo.

Si transcurrido el plazo de seis semanas, la Autoridad no ha presentado un proyecto modificado de norma técnica de regulación, o ha presentado un proyecto de norma técnica de regulación que no está modificado de acuerdo con las propuestas de modificación de la Comisión, esta podrá adoptar la norma técnica de regulación con las modificaciones que considere pertinentes, o rechazarla.

La Comisión no podrá cambiar el contenido de un proyecto de norma técnica de regulación elaborado por la Autoridad sin una coordinación previa con ella, según se establece en el presente artículo.

2. Cuando la Autoridad no haya presentado un proyecto de norma técnica de regulación en el plazo previsto en los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, informará de ello inmediatamente al Parlamento Europeo y al Consejo, indicando los motivos por los que no está en condiciones de presentar el proyecto de norma técnica de regulación y el calendario previsto para su aprobación, teniendo debidamente en cuenta la fecha de aplicación y de ejecución del acto legislativo aplicable mencionado en el artículo 1, apartado 2. La Comisión podrá solicitar un proyecto dentro de un nuevo plazo. La Comisión informará sin demora al Parlamento Europeo y al Consejo del nuevo plazo. El Parlamento Europeo podrá pedir al presidente de la Autoridad que explique los motivos por los que no ha podido presentar el proyecto de norma técnica de regulación.

3. Solo cuando la Autoridad no presente a la Comisión un proyecto de norma técnica de regulación dentro del plazo previsto en el apartado 2, la Comisión podrá adoptar una norma técnica de regulación mediante un acto delegado sin un proyecto de la Autoridad.

La Comisión llevará a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación y analizará los costes y beneficios potenciales correspondientes, a menos que dichas consultas y análisis sean desproporcionados con respecto al ámbito y la incidencia de los proyectos de normas técnicas de regulación de que se trate o con respecto a la urgencia particular del asunto. La Comisión recabará asimismo el asesoramiento del Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados a que se refiere el artículo 37.

La Comisión remitirá inmediatamente el proyecto de norma técnica de regulación al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Autoridad.

▌En un plazo de seis semanas, la Autoridad podrá modificar el proyecto de norma técnica de regulación y presentarlo en forma de dictamen formal a la Comisión. La Autoridad remitirá una copia de su dictamen formal al Parlamento Europeo y al Consejo.

Si, transcurrido el plazo de seis semanas a que se hace referencia en el párrafo cuarto, la Autoridad no ha presentado un proyecto modificado de norma técnica de regulación, la Comisión podrá adoptar la norma técnica de regulación.

Si la Autoridad presenta un proyecto modificado de norma técnica de regulación en el plazo de seis semanas, la Comisión podrá modificar dicho proyecto basándose en las modificaciones propuestas por la Autoridad o adoptar la norma técnica de regulación con las modificaciones que considere pertinentes. La Comisión no cambiará el contenido del proyecto de norma técnica de regulación elaborado por la Autoridad sin una coordinación previa con ella, según se establece en el presente artículo.

4. Las normas técnicas de regulación se adoptarán por medio de reglamentos o decisiones. En su título aparecerán las palabras “norma técnica de regulación”. Se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrarán en vigor en la fecha prevista en él.».

6 ter)  En el artículo 13, apartado 1, se suprime el párrafo segundo.

6 quater)  El artículo 15 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 15Normas técnicas de ejecución

1. Cuando el Parlamento Europeo y el Consejo otorguen poderes de ejecución a la Comisión para adoptar normas técnicas de ejecución mediante actos de ejecución con arreglo al artículo 291 TFUE, y con el fin de garantizar condiciones uniformes para la aplicación de los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, la Autoridad podrá elaborar proyectos de normas técnicas de ejecución. Las normas técnicas de ejecución tendrán un carácter técnico, no entrañarán decisiones estratégicas ni opciones políticas y su contenido se limitará a establecer las condiciones de aplicación de dichos actos. La Autoridad presentará sus proyectos de normas técnicas de ejecución a la Comisión para su aprobación. Al mismo tiempo, la Autoridad los transmitirá para información al Parlamento Europeo y al Consejo.

Antes de presentar los proyectos de normas técnicas de ejecución a la Comisión, la Autoridad llevará a cabo consultas públicas y analizará los costes y beneficios potenciales correspondientes, de conformidad con el artículo 8, apartado 2 bis. La Autoridad solicitará asimismo asesoramiento al Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados a que se refiere el artículo 37.

En un plazo de tres meses tras su recepción, la Comisión decidirá si lo aprueba. Podrá aprobar el proyecto de norma técnica de ejecución solo en parte o con modificaciones cuando el interés de la Unión así lo exija. Si la Comisión no se opone total o parcialmente a la norma técnica de ejecución propuesta dentro del período de evaluación, dicha norma se considerará aprobada.

En caso de que la Comisión no tome una decisión en un plazo de tres meses tras la recepción de la norma técnica de ejecución, informará de ello inmediatamente y, en cualquier caso, antes de que finalice el plazo de tres meses al Parlamento Europeo y al Consejo, indicando los motivos por los que no está en condiciones de tomar una decisión y el calendario previsto para su aprobación, teniendo debidamente en cuenta la fecha de aplicación y de ejecución del acto legislativo aplicable mencionado en el artículo 1, apartado 2.

En caso de que la Comisión tenga la intención de no aprobar un proyecto de norma técnica de ejecución, o de aprobarlo en parte o con modificaciones, lo devolverá a la Autoridad, explicando la razón por la cual no tiene intención de aprobarlo, o, según proceda, explicando los motivos de sus modificaciones, y remitirá una copia de su carta al Parlamento Europeo y al Consejo. En un plazo de seis semanas, la Autoridad podrá modificar el proyecto de norma técnica de ejecución basándose en las modificaciones propuestas por la Comisión y volver a presentarlo en forma de dictamen formal a la Comisión. La Autoridad remitirá una copia de su dictamen formal al Parlamento Europeo y al Consejo.

Si, transcurrido el plazo de seis semanas al que se hace referencia en el párrafo quinto, la Autoridad no ha presentado un proyecto de norma técnica de ejecución modificado, o ha presentado un proyecto de norma técnica de ejecución que no está modificado de acuerdo con las propuestas de modificación de la Comisión, esta podrá adoptar la norma técnica de ejecución con las modificaciones que considere pertinentes, o rechazarla.

La Comisión no cambiará el contenido de un proyecto de norma técnica de ejecución elaborado por la Autoridad sin una coordinación previa con ella, según se establece en el presente artículo.

2. En los casos en que la Autoridad no haya presentado un proyecto de norma técnica de ejecución en el plazo previsto en los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, informará de ello inmediatamente al Parlamento Europeo y al Consejo, indicando los motivos por los que no está en condiciones de presentar el proyecto de norma técnica de ejecución y el calendario previsto para su aprobación, teniendo debidamente en cuenta la fecha de aplicación y de ejecución del acto legislativo aplicable mencionado en el artículo 1, apartado 2. La Comisión podrá solicitar un proyecto dentro de un nuevo plazo. La Comisión informará sin demora al Parlamento Europeo y al Consejo del nuevo plazo. El Parlamento Europeo podrá pedir al presidente de la Autoridad que explique los motivos por los que no ha podido presentar el proyecto de norma técnica de ejecución.

3. Solo cuando la Autoridad no presente a la Comisión un proyecto de norma técnica de ejecución dentro de los plazos previstos en el apartado 2, la Comisión podrá adoptar una norma técnica de ejecución mediante un acto de ejecución sin un proyecto de la Autoridad.

La Comisión llevará a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de ejecución y analizará los costes y beneficios potenciales correspondientes, a menos que dichas consultas y análisis sean desproporcionados con respecto al ámbito y la incidencia de los proyectos de normas técnicas de ejecución de que se trate o con respecto a la urgencia particular del asunto. La Comisión recabará asimismo el asesoramiento del Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados a que se refiere el artículo 37.

La Comisión remitirá inmediatamente el proyecto de norma técnica de ejecución al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Autoridad.

▌En un plazo de seis semanas, la Autoridad podrá modificar el proyecto de norma de ejecución y presentarlo en forma de dictamen formal a la Comisión. La Autoridad remitirá una copia de su dictamen formal al Parlamento Europeo y al Consejo.

Si transcurrido el plazo de seis semanas a que se hace referencia en el párrafo cuarto, la Autoridad no ha presentado un proyecto modificado de norma técnica de ejecución, la Comisión podrá adoptar la norma técnica de ejecución.

Si la Autoridad presenta un proyecto modificado de norma técnica de ejecución en el plazo de seis semanas, la Comisión podrá modificar dicho proyecto basándose en las modificaciones propuestas por la Autoridad o adoptar la norma técnica de ejecución con las modificaciones que considere pertinentes.

La Comisión no cambiará el contenido de los proyectos de normas técnicas de ejecución elaborados por la Autoridad sin una coordinación previa con ella, según se establece en el presente artículo.

4. Las normas técnicas de ejecución serán adoptadas mediante reglamentos o decisiones. En su título aparecerán las palabras “norma técnica de ejecución”. Se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrarán en vigor en la fecha prevista en él.».

7)  El artículo 16 se modifica como sigue:

a)  ▌El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Con objeto de establecer prácticas de supervisión coherentes, eficaces y efectivas dentro del SESF y de garantizar la aplicación común, uniforme y coherente del Derecho de la Unión, la Autoridad emitirá directrices o recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes o a los participantes en los mercados financieros.

Asimismo, la Autoridad podrá dirigir directrices y recomendaciones a las autoridades de los Estados miembros que no se definan como autoridades competentes con arreglo al presente Reglamento pero que estén facultadas para velar por la aplicación de los actos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2.

Las directrices y recomendaciones se ajustarán al mandato de los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2 y tendrán en cuenta el principio de proporcionalidad. La Autoridad no emitirá directrices y recomendaciones sobre cuestiones cubiertas por atribuciones de competencias de nivel 1 para las normas técnicas de regulación o de ejecución.

1 bis. Con objeto de establecer prácticas de supervisión coherentes, eficientes y eficaces dentro del SESF, la Autoridad podrá emitir directrices dirigidas a todas las autoridades competentes o todos los participantes en los mercados financieros a efectos de los actos legislativos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2, basadas en el procedimiento expuesto en el apartado 3 del presente artículo, que obliga bien a cumplir la directriz, bien a exponer los motivos para no cumplirla. Esas directrices se considerarán adecuadas para el cumplimiento de los requisitos de los actos legislativos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2. En consonancia con lo anterior, las autoridades competentes y los participantes en los mercados financieros podrán establecer otras prácticas en relación con el método de cumplimiento de los actos legislativos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2.»;

b)    el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Salvo en circunstancias excepcionales, la Autoridad llevará a cabo consultas públicas abiertas sobre las directrices y recomendaciones que emita y, cuando proceda, sobre las preguntas y respuestas, y analizará los costes y beneficios potenciales derivados de la formulación de dichas directrices y recomendaciones. Esas consultas y análisis serán proporcionados en relación con el alcance, el carácter y la repercusión de las directrices o recomendaciones. Salvo en circunstancias excepcionales, la Autoridad recabará asimismo ▌el asesoramiento del Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados a que se refiere el artículo 37. Cuando no lleve a cabo consultas públicas abiertas o no recabe el asesoramiento del Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados, la Autoridad expondrá los motivos por los que no lo ha hecho.»;

b bis)  se añaden los apartados 2 bis, 2 ter, 2 quater y 2 quinquies siguientes:

«2 bis. A efectos de los actos legislativos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2, la Autoridad formulará recomendaciones a una o varias autoridades competentes o a uno o varios participantes en los mercados financieros.

2 ter. La Autoridad especificará en sus directrices o recomendaciones cómo contribuye al establecimiento de prácticas de supervisión coherentes, eficientes y eficaces dentro del SESF, cómo garantiza la aplicación común, uniforme y coherente del Derecho de la Unión y cómo respeta lo dispuesto en los apartados 1, 1 bis y 2 bis.

2 quater. Las directrices y recomendaciones no se limitarán simplemente a reproducir elementos de los actos legislativos o referirse a ellos. Antes de emitir una nueva directriz o recomendación, la Autoridad revisará en primer lugar las directrices y recomendaciones existentes con el fin de evitar cualquier duplicación.

2 quinquies. Tres meses antes de emitir cualquiera de las directrices y recomendaciones a que se hace referencia en el apartado 1 bis y en el apartado 2 bis, la Autoridad informará al Parlamento Europeo y al Consejo del contenido que tiene la intención de incluir en ellas.»;

c)  ▌el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. En el informe a que se refiere el artículo 43, apartado 5, la Autoridad informará al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión de las directrices y recomendaciones formuladas, explicará el modo en que ha justificado la formulación de las directrices con arreglo al apartado 1 bis y las recomendaciones con arreglo al apartado 2 bis, y resumirá la información obtenida en las consultas públicas sobre esas directrices con arreglo al artículo 8, apartado 2 bis. El informe también especificará qué autoridad competente no ha cumplido las directrices y recomendaciones e indicará de qué forma la Autoridad se propone asegurar que la autoridad competente de que se trate siga sus directrices y recomendaciones en el futuro.»;

d)  se añaden los apartados 5, 5 bis y 5 ter siguientes:

«5. Cuando dos tercios de los miembros del Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados consideren que la Autoridad se ha extralimitado en su competencia al emitir una directriz con arreglo al apartado 1 bis, podrán enviar asesoramiento fundamentado al respecto al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.

5 bis. Cuando al menos la mitad de los miembros del Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados consideren que la Autoridad se ha extralimitado en su competencia al emitir una recomendación con arreglo al apartado 2 bis, podrán enviar asesoramiento fundamentado al respecto al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.

5 ter. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión podrán pedir a la Autoridad una explicación que justifique la emisión de dichas directrices o recomendaciones de la Autoridad. Una vez que haya recibido la explicación de la Autoridad, la Comisión evaluará el alcance de las directrices o recomendaciones teniendo en cuenta la competencia de la Autoridad y remitirá su evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo. Cuando el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión consideren que la Autoridad se ha extralimitado en su competencia, y tras haberle ofrecido a esta la oportunidad de expresar su punto de vista, la Comisión podrá adoptar una decisión ▌ en la que inste a la Autoridad a retirar o modificar las directrices o recomendaciones de que se trate. Antes de adoptar tal decisión, y cuando así lo solicite el Parlamento Europeo, la Comisión efectuará una declaración ante el Parlamento Europeo y responderá a todas las preguntas formuladas por los diputados. El Parlamento Europeo podrá solicitar a la Comisión que adopte una decisión en la que inste a la Autoridad a retirar o modificar las directrices o recomendaciones de que se trate. La decisión de la Comisión se hará pública.».

7 bis)  Se insertan los artículos 16 bis y 16 ter siguientes:

«Artículo 16 bisDictámenes

1. A petición del Parlamento Europeo, del Consejo o de la Comisión, o por su propia iniciativa, la Autoridad emitirá dictámenes dirigidos al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión sobre todos los asuntos relacionados con su ámbito de competencia. Tales dictámenes no se harán públicos a menos que se especifique lo contrario en la solicitud.

2. La solicitud a que se hace referencia en el apartado 1 podrá incluir una consulta pública o un análisis técnico.

3. Por lo que se refiere a la evaluación prudencial de fusiones y adquisiciones pertenecientes al ámbito de aplicación de la Directiva 2009/138/CE y que, con arreglo a lo dispuesto en dicha Directiva, precisen la consulta entre las autoridades competentes de dos o más Estados miembros, la Autoridad, a instancias de una de las autoridades competentes afectadas, podrá emitir y publicar un dictamen sobre una evaluación prudencial, excepto respecto de los criterios contemplados en el artículo 59, apartado 1, letra e), de la Directiva 2009/138/CE. El dictamen se emitirá rápidamente y, en cualquier caso, antes de que finalice el plazo de evaluación con arreglo a la Directiva 2009/138/CE. Se aplicará lo dispuesto en los artículos 35 y 35 ter a aquellos ámbitos respecto de los que la Autoridad pueda emitir dictamen.

4. La Autoridad, a petición del Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión, podrá proporcionar asesoramiento técnico al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión durante el procedimiento legislativo ordinario y en relación con actos delegados relativos a propuestas legislativas de la Comisión en los ámbitos establecidos en los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2.

Artículo 16 terPreguntas y respuestas

1. Para la interpretación, aplicación práctica o ejecución de las disposiciones de los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, de los actos delegados y de ejecución asociados o de las directrices y recomendaciones adoptadas en virtud de esos actos legislativos, toda persona física o jurídica, incluidas las autoridades competentes y las instituciones de la Unión, podrá plantear una pregunta a la Autoridad en cualquier lengua oficial de la Unión.

Antes de remitir una pregunta a la Autoridad, los participantes en los mercados financieros evaluarán si procede dirigir la pregunta en primer lugar a su autoridad competente.

La Autoridad publicará en su sitio web todas las preguntas admisibles con arreglo al apartado 1, para cada acto legislativo, después de recibirlas y antes de responderlas.

Este proceso no impedirá que cualquier persona física o jurídica, incluidas las autoridades competentes y las instituciones de la Unión, soliciten asesoramiento técnico o aclaraciones a la Autoridad con carácter confidencial.

2. La Autoridad publicará en su sitio web respuestas no vinculantes a todas las preguntas admisibles con arreglo al apartado 1, para cada acto legislativo, a menos que la publicación provoque un conflicto con el interés legítimo de la persona física o jurídica que planteó la pregunta o conlleve riesgos para la estabilidad del sistema financiero.

3. Antes de publicar las respuestas a las preguntas admisibles, la Autoridad podrá consultar con las partes interesadas de conformidad con el artículo 16, apartado 2.

4. Las respuestas de la Autoridad se considerarán adecuadas para el cumplimiento de los requisitos de los actos legislativos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2, y de los actos delegados y de ejecución asociados y las directrices y recomendaciones adoptadas con arreglo a esos actos legislativos. Las autoridades competentes y los participantes en los mercados financieros podrán establecer otras prácticas para el cumplimiento de todos los requisitos jurídicos aplicables.

5. La Autoridad revisará las respuestas a las preguntas tan pronto como se considere necesario y adecuado o en el plazo máximo de veinticuatro meses tras su publicación a fin de, en caso necesario, revisarlas, actualizarlas o retirarlas.

6. Cuando proceda, la Autoridad tendrá en cuenta las respuestas publicadas a la hora de elaborar o actualizar directrices y recomendaciones de conformidad con el artículo 16.».

8)  El artículo 17 se sustituye por el texto siguiente:

«1. En caso de que una autoridad competente no haya aplicado los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2, o los haya aplicado en una forma que pueda incumplir el Derecho de la Unión, incluidas las normas técnicas de regulación y las normas técnicas de ejecución establecidas de conformidad con los artículos 10 a 15, en particular por no asegurarse de que los participantes en los mercados financieros satisfacen los requisitos previstos en dichos actos, la Autoridad actuará con arreglo a las competencias previstas en los apartados 2, 3 y 6 del presente artículo.

2. A petición de una o varias autoridades competentes, del Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión, del Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados, o sobre la base de información objetiva y bien fundamentada proporcionada por organizaciones o instituciones pertinentes, o por propia iniciativa, y tras haber informado a la autoridad competente en cuestión, la Autoridad responderá a la petición y, si procede, investigará el supuesto incumplimiento o no aplicación del Derecho de la Unión..

Sin perjuicio de las competencias previstas en el artículo 35, la autoridad competente facilitará sin demora a la Autoridad toda la información que esta considere necesaria para su investigación, incluyendo la que concierna al modo en que los actos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2, son aplicados de conformidad con el Derecho de la Unión.

Sin perjuicio de las competencias previstas en el artículo 35, la Autoridad podrá dirigir directamente una solicitud de información debidamente justificada y motivada a otras autoridades competentes o participantes en los mercados financieros pertinentes, cuando la solicitud de información a la autoridad competente en cuestión resulte ser o se considere insuficiente para obtener la información necesaria a efectos de investigar el supuesto incumplimiento o no aplicación del Derecho de la Unión. Cuando vaya dirigida a participantes en los mercados financieros, la solicitud motivada deberá explicar por qué es necesaria la información a efectos de investigar una supuesta infracción u omisión de aplicación del Derecho de la Unión.

El destinatario de tal solicitud facilitará a la Autoridad información clara, exacta y completa, sin demoras injustificadas.

Cuando se haya dirigido una solicitud de información a un participante en los mercados financieros, la Autoridad informará de la solicitud a las autoridades competentes pertinentes. Las autoridades competentes ayudarán a la Autoridad a obtener la información, cuando así lo solicite esta.

3. La Autoridad podrá iniciar un proceso de arbitraje con la autoridad competente en cuestión a fin de tratar las medidas que deben adoptarse para ajustarse al Derecho de la Unión. La autoridad competente en cuestión cooperará sinceramente en ese arbitraje.

La Autoridad, lo antes posible y a más tardar en el plazo de cuatro meses desde el inicio de su investigación, podrá dirigir a la autoridad competente en cuestión una recomendación en la que expondrá las medidas que deben adoptarse para ajustarse al Derecho de la Unión.

En el plazo de diez días laborables a partir de la recepción de la recomendación, la autoridad competente informará a la Autoridad de las medidas que ha adoptado o se propone adoptar para garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión.

4. Si la autoridad u organismo competente no ha cumplido el Derecho de la Unión en el plazo de un mes a partir de la recepción de la recomendación de la Autoridad, la Comisión, tras haber sido informada por la Autoridad o por propia iniciativa, podrá emitir un dictamen formal instando a la autoridad competente a adoptar las medidas necesarias para cumplir el Derecho de la Unión. El dictamen formal de la Comisión tendrá en cuenta la recomendación de la Autoridad.

La Comisión emitirá dicho dictamen formal a más tardar tres meses después de la adopción de la recomendación. La Comisión podrá prorrogar un mes dicho plazo.

La Autoridad y las autoridades competentes facilitarán a la Comisión toda la información necesaria.

5. En el plazo de diez días laborables a partir de la recepción del dictamen formal mencionado en el apartado 4, la autoridad competente informará a la Comisión y a la Autoridad de las medidas que ha adoptado o se propone adoptar para atenerse a dicho dictamen formal.

6. Sin perjuicio de las facultades y obligaciones de la Comisión de conformidad con el artículo 258 TFUE, en caso de que una autoridad competente no cumpla el dictamen formal mencionado en el apartado 4 en el plazo especificado en el mismo, y de que sea necesario resolver dicho incumplimiento en un plazo determinado para mantener o restaurar condiciones neutras de competencia en el mercado o garantizar el correcto funcionamiento y la integridad del sistema financiero, la Autoridad podrá adoptar, cuando los requisitos aplicables de los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2, sean directamente aplicables a los participantes en los mercados financieros, una decisión individual dirigida a un participante en los mercados financieros instándolo a adoptar las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión, incluido el cese de una práctica.

La decisión de la Autoridad se ajustará al dictamen formal emitido por la Comisión de conformidad con el apartado 4.

7. Las decisiones adoptadas de conformidad con el apartado 6 prevalecerán sobre cualquier decisión anterior adoptada por las autoridades competentes sobre el mismo asunto.

Cuando tomen medidas en relación con los asuntos que sean objeto de un dictamen formal de conformidad con el apartado 4 o una decisión de conformidad con el apartado 6, las autoridades competentes deberán cumplir el dictamen formal o la decisión, según corresponda.

8. En el informe a que se hace referencia en el artículo 43, apartado 5, la Autoridad especificará las autoridades competentes y los participantes en los mercados financieros que no hayan cumplido los dictámenes formales o las decisiones a que se refieren los apartados 4 y 6 del presente artículo.».

8 bis)  En el artículo 18, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Si el Consejo ha adoptado una decisión de conformidad con el apartado 2, y en las circunstancias excepcionales en que sea necesaria la actuación coordinada de las autoridades competentes para responder a situaciones adversas que puedan comprometer gravemente el correcto funcionamiento y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad del conjunto o una parte del sistema financiero en la Unión o la protección de los clientes y los consumidores, la Autoridad podrá adoptar decisiones individuales instando a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias, de conformidad con la legislación mencionada en el artículo 1, apartado 2, para abordar cualquiera de dichas situaciones, asegurándose de que los participantes en los mercados financieros y las autoridades competentes satisfacen los requisitos establecidos en dicha legislación.».

9)  El artículo 19 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. En los casos especificados en los actos de la Unión mencionados en el artículo 1, apartado 2, así como en casos de desacuerdo significativo entre dos o más autoridades nacionales competentes sobre la aplicación de dichos actos, y sin perjuicio de las competencias previstas en el artículo 17, la Autoridad podrá ayudar a las autoridades competentes a llegar a un acuerdo de conformidad con el procedimiento establecido en los apartados 2 a 4 en cualquiera de las siguientes circunstancias:

a)  a instancias de una o varias de las autoridades competentes de que se trate, si una autoridad competente no está de acuerdo con el procedimiento, con el contenido de una acción o propuesta de acción o con la inactividad de otra autoridad competente;

b)  por iniciativa propia, cuando, sobre la base de motivos objetivos, como, por ejemplo, sobre la base de información proporcionada por participantes en los mercados u organizaciones de consumidores, pueda determinarse la existencia de desacuerdo entre autoridades competentes.

En los casos en que los actos citados en el artículo 1, apartado 2, exijan que las autoridades competentes tomen una decisión conjunta, se presumirá que existe desacuerdo si dichas autoridades no hubieran tomado la decisión conjunta en los plazos establecidos en dichos actos.»;

b)  se insertan los apartados 1 bis y 1 ter siguientes:

«1 bis. Las autoridades competentes de que se trate notificarán en los siguientes casos a la Autoridad, a la mayor brevedad, que no se ha llegado a un acuerdo:

a)  cuando en los actos de la Unión a que se refiere el artículo 1, apartado 2, se haya previsto un plazo para llegar a un acuerdo entre las autoridades competentes y suceda una de las siguientes situaciones, teniéndose en cuenta la que se produzca en primer lugar:

i) que el plazo haya expirado; o

ii) que una o varias de las autoridades competentes lleguen a la conclusión, sobre la base de motivos objetivos, de que existe desacuerdo;

b)  cuando en los actos de la Unión a que se refiere el artículo 1, apartado 2, no se haya previsto un plazo para llegar a un acuerdo entre las autoridades competentes y suceda una de las siguientes situaciones, teniéndose en cuenta la que se produzca en primer lugar:

i)  que una o varias de las autoridades competentes de que se trate lleguen a la conclusión, sobre la base de motivos objetivos, de que existe desacuerdo; o

ii)  que hayan transcurrido dos meses desde la fecha de recepción por parte de una autoridad competente de una solicitud de otra autoridad competente para adoptar determinadas medidas a fin de cumplir la legislación de la Unión y que la autoridad requerida aún no haya adoptado una decisión que atienda a la solicitud.

1 ter. El presidente valorará si la Autoridad debe actuar de conformidad con el apartado 1. Cuando la intervención tenga lugar a iniciativa de la Autoridad, esta notificará a las autoridades competentes de que se trate su decisión en lo que respecta a la intervención.

A la espera de la decisión de la Autoridad de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 47, apartado 3 bis, en los casos en que los actos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, exijan una decisión conjunta, todas las autoridades competentes implicadas en dicha decisión conjunta aplazarán sus decisiones individuales. Cuando la Autoridad decida actuar, todas las autoridades competentes implicadas en la decisión conjunta aplazarán sus decisiones hasta que concluya el procedimiento establecido en los apartados 2 y 3.»;

c)  el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«Si las autoridades competentes en cuestión no consiguen llegar a un acuerdo en la fase de conciliación a que se refiere el apartado 2, la Autoridad podrá adoptar una decisión instándolas bien a tomar medidas específicas, bien a abstenerse de toda actuación, a fin de dirimir el asunto, con objeto de garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión. La decisión de la Autoridad tendrá carácter vinculante para las autoridades competentes en cuestión. La decisión de la Autoridad podrá instar a las autoridades competentes a revocar o modificar una decisión que hayan adoptado o a utilizar las competencias que tienen en virtud de la legislación pertinente de la Unión.»;

d)  se inserta el apartado 3 bis siguiente:

«3 bis. La Autoridad notificará a las autoridades competentes implicadas la conclusión de los procedimientos con arreglo a los apartados 2 y 3, junto con, en su caso, la decisión adoptada de conformidad con arreglo al apartado 3.»;

e)  el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. Sin perjuicio de las facultades que el artículo 258 del TFUE confiere a la Comisión, en caso de que una autoridad competente no cumpla la decisión de la Autoridad al no asegurarse de que una entidad financiera cumple los requisitos que le son directamente aplicables en virtud de los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2, la Autoridad podrá adoptar una decisión individual dirigida a una entidad financiera instándola a adoptar las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión, incluido el cese de una práctica.».

9 bis)  El artículo 21 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 21Colegios de supervisores

1. La Autoridad promoverá y verificará, en el marco de sus competencias, el funcionamiento eficiente, eficaz y coherente de los colegios de supervisores que se establezcan en los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, y fomentará la aplicación coherente y consecuente del Derecho de la Unión entre los diferentes colegios de supervisores. Con el objetivo de lograr una convergencia entre las mejores prácticas de supervisión, la Autoridad fomentará la realización de planes de supervisión conjuntos y exámenes conjuntos, y el personal de la Autoridad tendrá plenos derechos de participación en los colegios de supervisores y, como tal, podrá participar en las actividades de los colegios de supervisores, incluidos los exámenes in situ, realizadas de forma conjunta por dos o más autoridades competentes y, en casos debidamente justificados, dirigir dichas actividades.

2. La Autoridad deberá desempeñar un papel primordial a la hora de garantizar un funcionamiento consecuente y coherente de los colegios de supervisores por lo que se refiere a entidades transfronterizas en toda la Unión, teniendo en cuenta el riesgo sistémico planteado por los participantes en los mercados financieros a los que se refiere el artículo 23, y convocará, si procede, una reunión de un colegio.

A efectos del presente apartado y del apartado 1 del presente artículo, la Autoridad será considerada «autoridad competente» en el sentido de la legislación aplicable.

La Autoridad podrá:

a) recopilar y compartir toda la información pertinente en cooperación con las autoridades competentes con el fin de facilitar la labor del colegio y establecer y gestionar un sistema central destinado a poner a disposición de las autoridades competentes en el colegio esta información;

b) iniciar y coordinar las pruebas de solvencia a escala de la Unión de conformidad con el artículo 32 para evaluar la capacidad de recuperación de los participantes en los mercados financieros, en particular el riesgo sistémico planteado por los participantes en los mercados financieros a que hace referencia el artículo 23, ante evoluciones adversas del mercado, y hacer una evaluación de la posibilidad de aumento del riesgo sistémico en situaciones de tensión, garantizando que se aplique a dichas pruebas una metodología coherente a escala nacional, y, cuando proceda, dirigir una recomendación a la autoridad competente para que corrija los problemas detectados en la prueba de solvencia, incluida la realización de evaluaciones específicas. Podrá solicitar a las autoridades competentes que realicen inspecciones in situ, y podrá participar en tales inspecciones in situ, con objeto de garantizar la comparabilidad y fiabilidad de los métodos, prácticas y resultados de las evaluaciones a escala de la Unión;

c) fomentar actividades de supervisión efectivas y eficientes, incluida la evaluación de los riesgos a los que están expuestos o pueden estar expuestos los participantes en los mercados financieros en situaciones de tensión;

d) verificar, de acuerdo con las tareas y competencias especificadas en el presente Reglamento, las tareas realizadas por las autoridades competentes, y

e) pedir que un colegio siga deliberando en aquellos casos en los que considere que la decisión tendría como resultado una aplicación incorrecta del Derecho de la Unión o no contribuiría al objetivo de convergencia de las prácticas de supervisión. También podrá solicitar al supervisor de la consolidación que organice una reunión del colegio o que añada un punto en el orden del día de una reunión.

3. La Autoridad podrá elaborar proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución según se especifica en los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, y conforme al procedimiento estipulado en los artículos 10 a 15, para garantizar las mismas condiciones de aplicación respecto de las disposiciones relativas al funcionamiento operativo de los colegios de supervisores, y formular directrices y recomendaciones que se adoptarán de conformidad con el artículo 16, con el fin de fomentar la convergencia de las tareas y las mejores prácticas de supervisión adoptadas por los colegios de supervisores.

4. La Autoridad tendrá una función mediadora jurídicamente vinculante para solucionar diferencias entre autoridades competentes de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 19. La Autoridad podrá adoptar decisiones de supervisión directamente aplicables al participante en los mercados financieros de que se trate, de conformidad con el artículo 19.».

10)  El artículo 22 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 22

Disposiciones generales sobre riesgos sistémicos

1. La Autoridad prestará la debida atención al riesgo sistémico según se define en el Reglamento (UE) no 1092/2010. Hará frente a cualquier riesgo de perturbación de los servicios financieros que:

a) esté causado por un daño en la totalidad o en partes del sistema financiero, y

b) tenga potencial para generar consecuencias negativas graves para el mercado interior y la economía real.

La Autoridad tomará en consideración, cuando proceda, la gestión y evaluación del riesgo sistémico que desarrolle la JERS y responderá a las advertencias y recomendaciones de la JERS de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 1092/2010.

2. La Autoridad, en colaboración con la JERS, y de conformidad con el artículo 23, elaborará un planteamiento común para la determinación y medición del riesgo sistémico que plantean los participantes en los mercados financieros, que incluirá, en su caso, indicadores cuantitativos y cualitativos.

Dichos indicadores serán fundamentales a la hora de establecer medidas adecuadas de supervisión. La Autoridad controlará el grado de convergencia en las decisiones adoptadas, con el fin de fomentar que se adopte un planteamiento común.

3. Sin perjuicio de los actos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, la Autoridad elaborará, según se requiera, directrices y recomendaciones adicionales para los participantes fundamentales en los mercados financieros, a fin de tener en cuenta el riesgo sistémico que plantean.

La Autoridad velará por que se tenga en cuenta el riesgo sistémico que plantean los participantes fundamentales en los mercados financieros a la hora de desarrollar proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución en los ámbitos establecidos en los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2.

4. A petición de una o más autoridades competentes, del Parlamento Europeo, del Consejo, de los Estados miembros o de la Comisión, o por iniciativa propia, la Autoridad podrá llevar a cabo una investigación sobre un tipo particular de actividad financiera, tipo de producto o tipo de conducta, con el fin de evaluar las posibles amenazas para la integridad de los mercados financieros o la protección de los clientes o consumidores y realizar las recomendaciones de actuación apropiadas a las autoridades competentes pertinentes.

Para ello, la Autoridad podrá hacer uso de las competencias ▌que se le confieren en virtud del presente Reglamento, con inclusión del artículo 35 y 35 ter.

5. El Comité Mixto garantizará la coordinación general e intersectorial de las actividades desarrolladas de conformidad con el presente artículo.».

10 bis)  En el artículo 23, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. La Autoridad establecerá, tras consultar a la JERS, criterios para la determinación y medición del riesgo sistémico y un régimen adecuado de pruebas de solvencia que incluya una evaluación de la posibilidad de que el riesgo sistémico que plantean o al que están sometidos los participantes en los mercados financieros aumente en situaciones de tensión, incluido el riesgo sistémico potencial relacionado con el medio ambiente. Los participantes en mercados financieros que pueden plantear un riesgo sistémico serán objeto de una supervisión reforzada y, en caso necesario, se les aplicarán los procedimientos de rescate y resolución a que se refiere el artículo 25.».

10 ter)  En el artículo 26, se suprime el apartado 4.

10 quater)  En el artículo 27, apartado 2, se suprimen los párrafos segundo y tercero.

11)  El artículo 29 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se modifica como sigue:

i)  se inserta la letra a bis) siguiente:

«a bis) publicar el Plan estratégico de supervisión de la Unión de conformidad con el artículo 29 bis;»;

ii)  la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) promover un intercambio bilateral y multilateral efectivo de información entre las autoridades competentes, en relación con todas las cuestiones pertinentes, entre ellas la ciberseguridad y los ciberataques, ▌respetando plenamente las disposiciones aplicables en materia de confidencialidad y de protección de datos previstas en la legislación pertinente de la Unión;»;

iii)  la letra e) se sustituye por el texto siguiente:

«e) elaborar los programas de formación sectoriales e intersectoriales, también en relación con la innovación tecnológica, facilitar los intercambios de personal y alentar a las autoridades competentes a intensificar el recurso a regímenes de comisión de servicio y otras herramientas.»;

iii bis)  se inserta la letra e bis) siguiente:

«e bis) poner en marcha un sistema de seguimiento para evaluar los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza significativos, teniendo en cuenta el Acuerdo de París de la COP 21;»;

b)  ▌el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Cuando resulte apropiado, la Autoridad podrá desarrollar nuevos instrumentos prácticos y herramientas de convergencia para fomentar enfoques y prácticas de supervisión comunes.

A fin de instaurar una cultura común en materia de supervisión, la Autoridad elaborará y mantendrá actualizado un manual de supervisión de la Unión relativo a la supervisión de los participantes en los mercados financieros de la Unión, teniendo debidamente en cuenta la naturaleza, el alcance y la complejidad de los riesgos, ▌las prácticas empresariales, ▌los modelos de negocio y el tamaño de los participantes en los mercados financieros y de los mercados, incluidos los cambios que tengan lugar como resultado de la innovación tecnológica. El manual de supervisión de la Unión expondrá las mejores prácticas y métodos y procedimientos de alta calidad.

La Autoridad tendrá debidamente en cuenta el manual de supervisión en el desempeño de sus funciones, en particular en la evaluación de posibles infracciones del Derecho de la Unión de conformidad con el artículo 17, en la solución de diferencias de conformidad con el artículo 19, en el establecimiento y la evaluación de los objetivos estratégicos en materia de supervisión a escala de la Unión de conformidad con el artículo 29 bis y en la realización de evaluaciones de las autoridades competentes de conformidad con el artículo 30.

La Autoridad, cuando proceda, llevará a cabo consultas públicas abiertas sobre los dictámenes mencionados en el apartado 1, letra a), y las herramientas e instrumentos mencionados en el apartado 2, y analizará los costes y beneficios potenciales correspondientes. Dichas consultas y análisis serán proporcionales al alcance, el carácter y la repercusión de los dictámenes o las herramientas e instrumentos. La Autoridad, cuando proceda, recabará asimismo el dictamen o el asesoramiento del Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados.».

12)  Se inserta el artículo 29 bis siguiente:

«Artículo 29 bisPlan estratégico de supervisión

de la Unión

1. Al menos cada tres años y a más tardar el 31 de marzo, la Autoridad, tras un debate en la Junta de Supervisores y atendiendo a las contribuciones recibidas de las autoridades competentes, el trabajo existente de las instituciones de la UE y los análisis, alertas y recomendaciones publicados por la JERS, emitirá una recomendación dirigida a esas autoridades competentes en la que establecerá las prioridades y objetivos estratégicos a escala de la Unión en materia de supervisión (el «Plan estratégico de supervisión de la Unión»), sin perjuicio de los objetivos y las prioridades específicos a nivel nacional de las autoridades competentes. Las autoridades competentes señalarán en sus contribuciones las actividades de supervisión que, en su opinión, la Autoridad debe considerar prioritarias. La Autoridad transmitirá a título informativo el Plan estratégico de supervisión de la Unión al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión y lo hará público en su sitio web.

El Plan estratégico de supervisión de la Unión señalará las prioridades específicas de las actividades de supervisión con el fin de promover prácticas de supervisión coherentes, eficientes y eficaces y una aplicación común, uniforme y coherente del Derecho de la Unión y de abordar las tendencias, los riesgos potenciales y los puntos vulnerables pertinentes a nivel microprudencial, anticipando su evolución e incluyendo nuevos modelos de negocio, detectados de conformidad con el artículo 32. El Plan estratégico de supervisión de la Unión no impedirá a las autoridades nacionales competentes aplicar las mejores prácticas nacionales, atendiendo a prioridades y acontecimientos adicionales a escala nacional, y considerará las particularidades nacionales.

2. ▌Cada autoridad competente ▌precisará la forma en que su programa de trabajo anual está en consonancia con el Plan estratégico de supervisión de la Unión.

4. ▌Cada autoridad competente dedicará un capítulo de su informe anual a la ejecución del programa de trabajo anual.

El capítulo contendrá como mínimo lo siguiente:

a)  una descripción de las actividades de supervisión y los exámenes de los participantes en los mercados financieros, los comportamientos y prácticas del mercado y los participantes en los mercados financieros, y de las sanciones y medidas administrativas impuestas a las entidades financieras responsables de infracciones del Derecho de la Unión y nacional;

b)  una descripción de las actividades que se hayan llevado a cabo y que no estaban previstas en el programa de trabajo anual;

c)  una relación de las actividades previstas en el programa de trabajo anual que no se hayan llevado a cabo y de los objetivos de dicho programa que no se hayan cumplido, así como las razones de que no se hayan llevado a cabo dichas actividades ni cumplido los objetivos.

5. La Autoridad evaluará la información presentada en el capítulo específico a que se refiere el apartado 4. Cuando existan riesgos importantes de que no se cumplan las prioridades establecidas en el Plan estratégico de supervisión de la Unión, la Autoridad dirigirá una recomendación a cada autoridad competente afectada sobre la manera en que pueden subsanar las deficiencias pertinentes que presenten sus actividades.

Sobre la base de los informes y de su propia evaluación de riesgos, la Autoridad determinará las actividades de la autoridad competente que sean esenciales para cumplir el Plan estratégico de supervisión de la Unión y, en su caso, procederá a la evaluación de dichas actividades prevista en el artículo 30.

6. La Autoridad hará públicas las mejores prácticas observadas durante la evaluación de los programas de trabajo anuales.».

13)  El artículo 30 se modifica como sigue:

a)  el título del artículo se sustituye por el texto siguiente:

«Evaluaciones de las autoridades competentes»;

b)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. La Autoridad, a iniciativa propia o previa solicitud del Parlamento Europeo o del Consejo, procederá periódicamente a evaluaciones de algunas o todas las actividades de las autoridades competentes, con el fin de fortalecer aún más la coherencia y la eficacia de los resultados de la supervisión. Para ello, la Autoridad desarrollará métodos que permitan evaluar y comparar objetivamente las actividades de las autoridades competentes examinadas. Al identificar a las autoridades competentes que deben ser evaluadas y al realizar las evaluaciones, se tendrán en cuenta la información existente y las evaluaciones ya realizadas con respecto a la autoridad competente interesada, incluida la información pertinente facilitada a la Autoridad de conformidad con el artículo 35 y cualquier información pertinente procedente de las partes interesadas, en particular las posibles deficiencias y conducta indebida de una autoridad competente.

c)  se inserta el apartado 1 bis siguiente:

«1 bis. A efectos del presente artículo, la Autoridad creará un comité de evaluación ad hoc, presidido por la Autoridad, y compuesto por personal de la Autoridad, acompañado y apoyado, de forma voluntaria y rotativa, por hasta cinco representantes de diferentes autoridades competentes, excluida la autoridad competente que es objeto de evaluación.»;

d)  el apartado 2 se modifica como sigue:

i)  la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:

«La evaluación analizará, entre otros aspectos:»;

ii)  la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

«a) la idoneidad de los recursos, el grado de independencia y los mecanismos de gobernanza de la autoridad competente, sobre todo en relación con la aplicación efectiva de los actos de la Unión mencionados en el artículo 1, apartado 2, y la capacidad de reaccionar a la evolución del mercado;»;

ii bis)  la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) la eficacia y el grado de convergencia alcanzado en la aplicación del Derecho de la Unión y en las prácticas de supervisión, incluidas las normas técnicas de regulación y las normas técnicas de ejecución, las directrices y las recomendaciones adoptadas de conformidad con los artículos 10 a 16, y en qué medida las prácticas de supervisión alcanzan los objetivos fijados en el Derecho de la Unión, incluidos los objetivos de la cultura de supervisión común de conformidad con el artículo 29 y del Plan estratégico de supervisión de la Unión previsto en el artículo 29 bis;»;

ii ter)  la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

«c) la aplicación de las mejores prácticas desarrolladas por algunas autoridades competentes;»;

e)  el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. La Autoridad elaborará un informe en el que se expongan los resultados de la evaluación. Dicho informe explicará e indicará las medidas de seguimiento que se consideren adecuadas y necesarias como resultado de la evaluación. Esas medidas de seguimiento podrán adoptarse en forma de directrices y recomendaciones con arreglo al artículo 16 y de dictámenes con arreglo al artículo 29, apartado 1, letra a), dirigidos a las autoridades competentes pertinentes.

▌La Autoridad emitirá un informe de seguimiento relativo al cumplimiento de las medidas de seguimiento solicitadas. ▌

Cuando elabore proyectos de normas técnicas de regulación o de ejecución de conformidad con los artículos 10 a 15, o directrices o recomendaciones de conformidad con el artículo 16, la Autoridad tendrá en cuenta el resultado de las evaluaciones realizadas de conformidad con el presente artículo, junto con cualquier otra información obtenida en el desempeño de sus funciones, para asegurar la convergencia de unas prácticas de supervisión de la máxima calidad.»;

f)  se inserta el apartado 3 bis siguiente:

«3 bis. La Autoridad remitirá un dictamen a la Comisión cuando, a la vista de los resultados de la evaluación o de cualquier otra información obtenida por la Autoridad en el desempeño de sus funciones, considere necesaria una mayor armonización de las normas de la Unión aplicables a los participantes en los mercados financieros o a las autoridades competentes según el punto de vista de la Unión o cuando considere que una autoridad competente no haya aplicado los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, o los haya aplicado en una forma que parezca incumplir el Derecho de la Unión.

g)  el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. La Autoridad publicará los informes a que se refiere el apartado 3, incluido cualquier informe de seguimiento, a menos que la publicación entrañe riesgos para la estabilidad del sistema financiero. Antes de la publicación de un informe, la autoridad competente que sea objeto de la evaluación será invitada a presentar sus observaciones. Antes de la publicación, la Autoridad tendrá en cuenta, cuando proceda, dichas observaciones. La Autoridad podrá publicar dichas observaciones como un anexo al informe a menos que la publicación entrañe riesgos para la estabilidad del sistema financiero o la autoridad competente se oponga a la publicación. El informe elaborado por la Autoridad a que se hace referencia en el apartado 3 y las directrices, las recomendaciones y los dictámenes adoptados por la Autoridad a que se hace referencia en el apartado 3 bis se publicarán simultáneamente.»;

14)  ▌ El artículo 31 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 1, párrafo primero, la letra e) se sustituye por el texto siguiente:

«e) adoptando ▌las medidas oportunas en caso de evoluciones que puedan comprometer el funcionamiento de los mercados financieros para facilitar la coordinación de las acciones emprendidas por las autoridades competentes pertinentes;»;

b)  en el apartado 1, párrafo primero, se inserta la letra e bis) siguiente:

«e bis) adoptando las medidas oportunas para facilitar el uso de innovaciones tecnológicas con vistas a la coordinación de las acciones emprendidas por las autoridades competentes correspondientes;»;

c)  se añade el apartado 1 bis siguiente:

«1 bis. La Autoridad adoptará las medidas oportunas para facilitar la entrada en el mercado de operadores o productos basados en la innovación tecnológica. Para contribuir al establecimiento de un enfoque común europeo para la innovación tecnológica, la Autoridad promoverá la convergencia en materia de supervisión, con el apoyo, cuando proceda, del Comité sobre innovación financiera y, en particular mediante el intercambio de información y mejores prácticas. Cuando proceda, la Autoridad podrá adoptar directrices o recomendaciones de conformidad con el artículo 16.».

15)  Se inserta el artículo 31 bis siguiente:

«Artículo 31 bisCoordinación de la delegación y externalización de actividades, así como de la transferencia del riesgo

«1. La Autoridad coordinará de forma continua las acciones de supervisión de las autoridades competentes, con vistas a promover la convergencia de la supervisión en los ámbitos de la delegación y la externalización de las actividades de los participantes en los mercados financieros, así como en relación con las transferencias del riesgo llevadas a cabo por estos a terceros países para beneficiarse del pasaporte de la Unión, aunque básicamente desarrollen actividades o funciones sustanciales fuera de la Unión, de conformidad con los apartados 2 y 3▐. En el marco de sus respectivas competencias, las autoridades competentes son las responsables en última instancia de las decisiones de autorización, supervisión y ejecución relativas a la delegación y la externalización de las actividades y las transferencias del riesgo.

2. Las autoridades competentes notificarán a la Autoridad su intención de proceder a una autorización o registro de un participante en los mercados financieros, que quedará sometido a la supervisión de la autoridad competente de que se trate de conformidad con los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2, y cuando el plan de negocio del participante en los mercados financieros prevea la externalización o delegación de una parte importante de sus actividades o de cualquiera de sus funciones clave o la transferencia del riesgo de una parte importante de sus actividades a terceros países para beneficiarse del pasaporte de UE, aunque básicamente desarrolle actividades o funciones sustanciales fuera de la Unión. Las notificaciones realizadas por las autoridades competentes a la Autoridad deberán ser ▌suficientemente detalladas.

3. Cuando sea de aplicación la legislación de la Unión a que se refiere el artículo 1, apartado 2, y esta no imponga ningún requisito específico a la notificación de la externalización, la delegación o la transferencia del riesgo, los participantes en los mercados financieros informarán a la autoridad competente de la externalización o delegación de una parte importante de sus actividades o de sus funciones clave y de la transferencia del riesgo de una parte importante de sus actividades a otra entidad o a su propia sucursal establecida en un tercer país. La autoridad competente interesada informará a la Autoridad de dichas notificaciones sobre una base semestral.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35, a petición de la Autoridad, la autoridad competente facilitará información en relación con los acuerdos de externalización, delegación o transferencia del riesgo de los participantes en los mercados financieros.

La Autoridad controlará si las autoridades competentes interesadas comprueban que los acuerdos de externalización, delegación o transferencia del riesgo contemplados en el párrafo primero se han celebrado de conformidad con el Derecho de la Unión, se atienen a las directrices, recomendaciones o dictámenes de la Autoridad y no impiden una supervisión efectiva por parte de las autoridades competentes ni su ejecución en un tercer país.

3 bis. Si los mecanismos de verificación de una autoridad competente impiden una supervisión o ejecución efectivas y conllevan riesgos de arbitraje regulatorio en los Estados miembros, la Autoridad podrá formular recomendaciones a la autoridad competente de que se trate sobre la forma de mejorar sus mecanismos de verificación, incluido un plazo para la aplicación de los cambios recomendados por parte de la autoridad competente. En caso de que la autoridad competente interesada no siga las recomendaciones, indicará los motivos y la Autoridad hará públicas sus recomendaciones junto con dichos motivos.

3 ter. En el plazo de [un año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], la Comisión elaborará un informe en el que se hará balance de los diferentes enfoques adoptados en la legislación sectorial con respecto a la evaluación y la importancia de la actividad que se ha de externalizar o delegar y se estudiará la posibilidad de aplicar un enfoque más armonizado a este respecto a través de la posible definición de criterios y metodología comunes. La Comisión presentará dicho informe al Parlamento Europeo y al Consejo.

Al hacerlo, la Comisión tendrá en cuenta lo siguiente:

a) la continuidad de la actividad,

b) la capacidad de gestión eficaz,

c) la capacidad efectiva para auditar actividades delegadas y externalizadas, así como las transferencias del riesgo.».

16)  Se inserta el artículo 31 ter siguiente:

«Artículo 31 terFunción de coordinación en relación con las órdenes, operaciones y actividades con efectos transfronterizos significativos

1. Cuando la Autoridad tenga pruebas o indicios claros procedentes de distintas fuentes para sospechar que las órdenes, operaciones o cualquier otro tipo de actividad con efectos transfronterizos significativos suponen una amenaza para el funcionamiento ordenado y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad financiera de la Unión, recomendará a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados que inicien una investigación y les facilitará la información pertinente.

2. Cuando una autoridad competente tenga pruebas o indicios claros procedentes de distintas fuentes para sospechar que las órdenes, operaciones o cualquier otro tipo de actividad con efectos transfronterizos significativos suponen una amenaza para el funcionamiento ordenado y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad financiera de la Unión, lo notificará sin demora a la Autoridad y le facilitará toda la información pertinente. Después de transmitir la información pertinente a las autoridades competentes de los Estados miembros donde se haya producido la actividad sospechosa, la Autoridad podrá recomendar a esas autoridades que tomen medidas.

3. La Autoridad facilitará el intercambio electrónico de información entre la Autoridad y las autoridades competentes y establecerá y mantendrá una instalación de almacenamiento de datos a tal efecto a fin de garantizar la eficiencia y evitar cualquier tipo de duplicación en los flujos de datos, las obligaciones de información o las notificaciones, teniendo en cuenta las disposiciones existentes, como el artículo 26 del Reglamento relativo a los mercados de instrumentos financieros y el artículo 4 del Reglamento sobre abuso de mercado.».

17)  ▌El artículo 32 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 32Evaluación de la evolución del mercado

, incluidas las pruebas de solvencia

1.  La Autoridad deberá seguir de cerca y evaluar la evolución del mercado en su ámbito de competencia e informar, en caso necesario, a las otras dos AES, a la JERS y al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión sobre las tendencias microprudenciales, los riesgos potenciales y los puntos vulnerables pertinentes. La Autoridad incluirá en sus evaluaciones un análisis ▌de los mercados en los que operan los participantes en los mercados financieros y una evaluación del impacto que la evolución potencial de los mercados pueda tener sobre dichas entidades.

2.  La Autoridad ▌ iniciará y coordinará evaluaciones a escala de la Unión de la resistencia de los participantes en los mercados financieros frente a evoluciones adversas del mercado de un modo realista. A tal efecto, desarrollará, para su aplicación por las autoridades competentes:

a)  metodologías comunes para evaluar el impacto de la coyuntura económica en la situación financiera de los participantes en los mercados financieros;

a bis)  metodologías comunes para determinar qué entidades financieras deben incluirse en las evaluaciones a escala de la Unión;

b)  enfoques comunes de la comunicación de los resultados de estas evaluaciones de la resistencia de los participantes en los mercados financieros;

c)  métodos comunes para evaluar el efecto de productos o procesos de distribución concretos en la situación financiera de los participantes en los mercados financieros y en la información a inversores y clientes; y

c bis)  métodos comunes para evaluar el efecto de los riesgos medioambientales sobre la estabilidad financiera de las entidades.

A efectos del presente apartado, la Autoridad cooperará con la JERS, que evitará cualquier posible conflicto de interés en relación con las políticas monetarias.

2 bis.  Al menos una vez al año, la Autoridad estudiará la conveniencia de llevar a cabo las evaluaciones a escala de la Unión mencionadas en el apartado 2 e informará al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión de su motivación. Cuando se lleven a cabo dichas evaluaciones, la Autoridad ▌comunicará los resultados relativos a cada participante en los mercados financieros, a menos que considere dicha comunicación inadecuada teniendo en cuenta la estabilidad financiera de la Unión o de uno o varios de sus Estados miembros, la integridad del mercado o el funcionamiento del mercado interior.

Las obligaciones de secreto profesional de las autoridades competentes no les impedirán publicar los resultados de las evaluaciones a escala de la Unión de la resistencia de los participantes en los mercados financieros a que se refiere el apartado 2 o transmitir estos resultados a la Autoridad para que los publique.

3.  Sin perjuicio de las funciones de la JERS previstas en el Reglamento (UE) nº 1092/2010, la Autoridad proporcionará análisis al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a la JERS sobre tendencias, riesgos potenciales y puntos vulnerables en su ámbito de competencia, en combinación con los indicadores mencionados en el artículo 22, apartado 2, una vez al año y con más frecuencia en caso necesario.

La Autoridad incluirá en estos análisis una clasificación de los principales riesgos y puntos vulnerables y, en caso necesario, recomendará medidas preventivas o correctoras.

4.  La Autoridad asegurará una cobertura adecuada de las evoluciones, riesgos y puntos vulnerables intersectoriales cooperando estrechamente con la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad de Seguros y Pensiones de Jubilación) a través del Comité Mixto.».

18)  El artículo 33 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 33

Relaciones internacionales, incluida la equivalencia

1. Sin perjuicio de las competencias respectivas de los Estados miembros y de las instituciones de la Unión, la Autoridad podrá entablar contactos y celebrar acuerdos administrativos con las autoridades de regulación y supervisión, con organizaciones internacionales y con las administraciones de terceros países. Dichos acuerdos no crearán obligaciones jurídicas para la Unión y sus Estados miembros ni impedirán a los Estados miembros y a sus autoridades competentes celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales con dichos terceros países.

Cuando un tercer país, de conformidad con un acto delegado en vigor adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, esté en la lista de países que tienen deficiencias estratégicas en sus sistemas nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo que plantean amenazas importantes para el sistema financiero de la Unión, la Autoridad no celebrará acuerdos de cooperación con las autoridades de regulación y supervisión de dicho tercer país.

2. La Autoridad ayudará a la Comisión en la preparación de decisiones sobre la equivalencia de los regímenes regulatorios y de supervisión de terceros países tras una solicitud específica de asesoramiento de la Comisión, por iniciativa propia o cuando así lo requieran los actos a que se refiere el artículo 1, apartado 2.

2 bis. La Autoridad seguirá de cerca y de forma continuada la evolución de la regulación y la supervisión y las prácticas de ejecución, así como la evolución pertinente del mercado en terceros países respecto de los cuales la Comisión haya adoptado decisiones de equivalencia con arreglo a los actos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, a fin de comprobar si se siguen cumpliendo los criterios sobre la base de los cuales se adoptaron dichas decisiones y todas las condiciones establecidas en ellas. La Autoridad presentará un informe confidencial sobre sus conclusiones al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a las otras dos Autoridades Europeas de Supervisión cada tres años o con mayor frecuencia cuando proceda o cuando así lo soliciten el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión. El informe se centrará, en particular, en las repercusiones para la estabilidad financiera, la integridad del mercado, la protección de los inversores o el funcionamiento del mercado interior.

Sin perjuicio de los requisitos específicos establecidos en los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, y con arreglo a las condiciones establecidas en la segunda frase del apartado 1, la Autoridad cooperará con las autoridades competentes pertinentes y, cuando proceda, también con las autoridades de resolución, de terceros países cuyos marcos reguladores y de supervisión hayan sido reconocidos como equivalentes. La cooperación se llevará a cabo sobre la base de acuerdos administrativos celebrados con las autoridades pertinentes de dichos terceros países. A la hora de negociar esos acuerdos administrativos, la Autoridad incluirá disposiciones sobre las cuestiones siguientes:

a)  los mecanismos que permitirán a la Autoridad obtener información pertinente, incluida información sobre el régimen regulador, así como el enfoque de la supervisión, la evolución pertinente del mercado y los posibles cambios que pudieran afectar a la decisión sobre equivalencia;

b)  en la medida en que sea necesario para el seguimiento de estas decisiones sobre equivalencia, los procedimientos relativos a la coordinación de las actividades de supervisión, incluidas las inspecciones in situ llevadas a cabo bajo la responsabilidad de la Autoridad, en su caso, acompañada y apoyada por hasta cinco representantes de diferentes autoridades competentes de forma voluntaria y rotativa, y por la autoridad competente del tercer país.

La Autoridad informará al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a las otras Autoridades Europeas de Supervisión en caso de que la autoridad competente de un tercer país se niegue a celebrar tales acuerdos administrativos o cuando se niegue a cooperar de forma efectiva. La Comisión tendrá en cuenta esta información a la hora de revisar las decisiones de equivalencia pertinentes.

2 ter. Cuando la Autoridad descubra circunstancias en relación con la regulación, la supervisión o, cuando proceda, la resolución, o las prácticas de ejecución de los terceros países a que se refiere el apartado 2 bis que pudieran afectar a la estabilidad financiera de la Unión o de uno o varios de sus Estados miembros, a la integridad del mercado, a la protección de los inversores o al funcionamiento del mercado interior, informará de ello al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión con carácter confidencial y sin demora.

2 quater. Las autoridades competentes informarán de antemano a la Autoridad de su intención de celebrar acuerdos administrativos con las autoridades de supervisión de terceros países en cualquiera de los ámbitos regulados por los actos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, en particular en relación con las sucursales de entidades de terceros países. Facilitarán a la Autoridad un proyecto de los acuerdos previstos en el plazo más breve posible.

La Autoridad podrá cooperar con las autoridades competentes para elaborar modelos de acuerdos administrativos, con vistas a establecer prácticas de supervisión coherentes, eficientes y eficaces dentro de la Unión y a reforzar la coordinación internacional de la supervisión. Las autoridades competentes se atendrán lo máximo posible a esos modelos de acuerdos.

En caso de que la Autoridad, en cooperación con las autoridades competentes, elabore dichos modelos de acuerdos administrativos, las autoridades competentes no celebrarán acuerdos administrativos con las autoridades de terceros países antes de la conclusión del modelo de acuerdo.

En el informe contemplado en el artículo 43, apartado 5, la Autoridad incluirá información sobre los acuerdos administrativos celebrados con autoridades de supervisión, organizaciones internacionales o administraciones de terceros países, sobre la asistencia prestada por la Autoridad a la Comisión en la preparación de las decisiones relativas a la equivalencia y sobre la actividad de seguimiento llevada a cabo por la Autoridad, de conformidad con el apartado 2 bis.

3 bis. La Autoridad solicitará ser miembro de pleno derecho de la Organización Internacional de Comisiones de Valores y del Consejo de Estabilidad Financiera y solicitará su participación, en calidad de observador, en el Consejo de Supervisión de las Normas Internacionales de Contabilidad.

Cualquier posición que pueda asumir la Autoridad en foros internacionales deberá ser debatida y aprobada en primer lugar en la Junta de Supervisores.

3 ter. La Autoridad, si procede, seguirá de cerca la evolución de la regulación, la supervisión y, cuando proceda, la resolución y las prácticas de ejecución, así como la evolución pertinente del mercado en terceros países respecto de los cuales se hayan celebrado acuerdos internacionales.

Sin perjuicio de los requisitos específicos de los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, y con arreglo a las condiciones establecidas en la segunda frase del apartado 1 del presente artículo, la Autoridad cooperará con las autoridades competentes pertinentes, y, cuando proceda, también con las autoridades de resolución, de los terceros países a que se refiere el párrafo primero del presente apartado.».

19)  Se suprime el artículo 34.

20)  El artículo 35 se modifica como sigue:

a)  los apartados 1, 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

«1. A petición de la Autoridad, las autoridades competentes le facilitarán toda la información necesaria para el desempeño de las funciones que le asigna el presente Reglamento, siempre que puedan acceder legalmente a la información pertinente.

La información facilitada deberá ser exacta y completa y presentarse en el plazo establecido por la Autoridad.

2. Asimismo, la Autoridad podrá solicitar que se le transmita información a intervalos regulares y en formatos específicos o mediante plantillas comparables aprobadas por la Autoridad. Dichas solicitudes se efectuarán, siempre que sea posible, utilizando formatos comunes de información existentes y respetarán el principio de proporcionalidad previsto en el Derecho nacional y de la Unión, incluidos los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2.

3. Previa solicitud ▌ de una autoridad competente, la Autoridad facilitará cualquier información que obre en su poder que sea necesaria para permitir a la autoridad competente el desempeño de sus funciones, con arreglo a las obligaciones de secreto profesional establecidas en la legislación sectorial y en el artículo 70.»;

b)  el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. Cuando la información solicitada de conformidad con el apartado 1 no esté disponible o no sea facilitada por las autoridades competentes dentro del plazo fijado por la Autoridad, esta podrá enviar una solicitud debidamente justificada y motivada a cualquiera de las siguientes instancias:

a)  a otras autoridades con funciones de supervisión;

b)  al Ministerio responsable de asuntos financieros del Estado miembro de que se trate cuando disponga de información prudencial;

c)  al banco central nacional o al instituto de estadística del Estado miembro de que se trate;

d)  al instituto de estadística del Estado miembro de que se trate.

A petición de la Autoridad, las autoridades competentes ayudarán a esta a obtener la información.»;

c)  se suprimen los apartados 6 y 7.

21)  Se insertan los artículos 35 bis a 35 quinquies bis siguientes:

«Artículo 35 bisEjercicio de las facultades a que se refiere el artículo 35 ter

Las facultades atribuidas a la Autoridad, a cualquiera de sus agentes o a otras personas acreditadas por ella de conformidad con el artículo 35 no podrán ejercerse para exigir la divulgación de información o de documentos que estén amparados por el secreto profesional.

Los artículos 35 bis y 35 ter se aplicarán sin perjuicio de la legislación nacional.

Artículo 35 terSolicitud de información a los participantes en los mercados financieros

1. Cuando la información solicitada en virtud del artículo 35, apartados 1 o 5, no esté disponible o no se haya facilitado dentro del plazo fijado por la Autoridad, esta podrá, sin crear duplicaciones innecesarias, instar a los participantes en los mercados financieros pertinentes a que le faciliten la información necesaria para permitirle desempeñar sus funciones con arreglo al presente Reglamento:

▌4. Dentro de un plazo razonable establecido por la Autoridad, los participantes en los mercados financieros pertinentes o sus representantes legales ▌facilitarán la información solicitada. ▌

5. La Autoridad remitirá sin demora una copia de la ▌ solicitud ▌a la autoridad competente del Estado miembro donde esté domiciliado o establecido el participante en los mercados financieros pertinente al que se destine la solicitud de información.

6. La Autoridad podrá utilizar la información confidencial transmitida al amparo del presente artículo exclusivamente para llevar a cabo las funciones que le asigna el presente Reglamento.

Artículo 35 quaterNormas de procedimiento para la imposición de multas

1. Cuando, al cumplir las obligaciones que le asigna el presente Reglamento, la Autoridad encuentre indicios serios de la posible existencia de hechos que pudieran constituir una infracción de las enumeradas en el artículo 35 quinquies, apartado 1, solicitará a la Comisión que investigue la cuestión. ▌

Artículo 35 quinquiesMultas

y multas coercitivas

-1. Antes de tomar una decisión sobre la imposición de una multa o una multa coercitiva, la Comisión ofrecerá a la entidad objeto de la solicitud de información la oportunidad de ser oída.

La Comisión basará su decisión sobre la imposición de una multa o una multa coercitiva en conclusiones acerca de las cuales las entidades afectadas hayan tenido la oportunidad de expresarse.

1. La Comisión adoptará una decisión por la que se imponga una multa cuando considere que un participante en los mercados financieros no ha facilitado, con dolo o por negligencia, información exigida o ha facilitado información incompleta, incorrecta o engañosa en respuesta a una simple solicitud de información ▌de conformidad con el artículo 35 ter, apartado 1 .

2. El importe de base de la multa a que se refiere el apartado 1 ascenderá al menos a 50 000 EUR y no excederá de 200 000 EUR.

2. ▌ La multa de base a que se refiere el apartado 1 ascenderá al menos a [X, menos de 50 000 EUR] y no excederá de [Y, menos de 200 000 EUR] y será de carácter disuasivo, eficaz y proporcional al tamaño de la entidad y al carácter y a la importancia de la infracción.

La Autoridad, junto con la ABE y la AESPJ, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen la metodología para el cálculo de las multas de conformidad con el presente apartado.

5. ▌El total de la multa no superará el [X %, menos del 20 %] del volumen de negocios anual del participante en los mercados financieros en cuestión durante el ejercicio anterior, salvo si el participante en los mercados financieros ha obtenido algún lucro directo o indirecto de la infracción. En ese caso, el importe total de la multa será como mínimo equivalente a ese beneficio.

5 bis. La Comisión podrá imponer una multa coercitiva hasta que se corrija la infracción. La multa coercitiva será proporcional al tamaño de la entidad y al carácter y a la importancia de la infracción.

5 ter. Los derechos de defensa de la entidad estarán garantizados plenamente en el curso del procedimiento. La entidad tendrá derecho a acceder al expediente de la Autoridad y de la Comisión, sin perjuicio del interés legítimo de otras personas en la protección de sus secretos comerciales. El derecho de acceso al expediente no se extenderá a la información confidencial ni a los documentos preparatorios internos de la Autoridad o de la Comisión.

5 quater. La ejecución de la multa o multa coercitiva solo podrá ser suspendida en virtud de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las entidades a las que se imponga una multa o una multa coercitiva podrán interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra una decisión de la Comisión por la que se imponga una multa o una multa coercitiva. El Tribunal podrá, entre otras cosas, anular, reducir o incrementar la multa o multa coercitiva impuesta por la Comisión.

5 quinquies. La Comisión hará públicas todas las multas y multas coercitivas que se impongan, a menos que dicha divulgación pusiera en grave riesgo los mercados financieros o causara un perjuicio desproporcionado a las partes implicadas.

5 sexies. Los importes de las multas y multas coercitivas se asignarán al presupuesto general de la Unión.

Artículo 35 quinquies bisMultas específicas para las ECC

Sin perjuicio de las multas a que se refiere el artículo 35 quinquies, podrán imponerse multas a las ECC de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 648/2012, en particular con arreglo a los artículos 25 septies, 25 octies, 25 nonies, 25 decies y 25 undecies y a los anexos III y IV.».

▌22)  El artículo 36 se modifica como sigue:

a)  se suprime el apartado 3.

b)  el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. Al recibir una alerta o una recomendación de la JERS dirigida a la Autoridad, esta abordará la alerta o la recomendación en la siguiente reunión de la Junta de Supervisores o, cuando proceda, antes de tal reunión, con el fin de evaluar las implicaciones y el posible seguimiento de la alerta o la recomendación para el cumplimiento de sus funciones.

Mediante el procedimiento de toma de decisiones aplicable, decidirá si debe adoptarse alguna medida de conformidad con las competencias que le confiere el presente Reglamento para resolver los problemas señalados en las alertas y recomendaciones y sobre el contenido de tal medida.

Si la Autoridad no actúa ante una alerta o recomendación, deberá explicar sus motivos a la JERS. La JERS informará de ello al Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 19, apartado 5, del Reglamento (UE) nº 1092/2010. La JERS informará de ello asimismo al Consejo y a la Comisión.»;

c)  el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. Al recibir una alerta o una recomendación de la JERS dirigida a una autoridad competente, la Autoridad podrá ejercer, en su caso, las competencias que le confiere el presente Reglamento para asegurar un seguimiento oportuno.

Cuando el destinatario no tenga la intención de seguir la recomendación de la JERS, comunicará y explicará sus motivos a la Junta de Supervisores.

d)  se suprime el apartado 6.

23)  El artículo 37 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 37Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados

1. Con el fin de facilitar la consulta con las partes interesadas de los ámbitos relacionados con las funciones de la Autoridad, se creará un Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados. Se consultará al Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados sobre medidas adoptadas con arreglo a los artículos 10 a 15 referentes a las normas técnicas de regulación y las normas técnicas de ejecución, y, en la medida en que estas no se refieran a participantes individuales en los mercados financieros, al artículo 16 respecto de directrices y recomendaciones, al artículo 16 bis respecto de dictámenes y al artículo 16 ter respecto de preguntas y respuestas. En caso de que se deban adoptar medidas con urgencia y de que la consulta sea imposible, se informará lo antes posible al Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados.

El Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados se reunirá al menos cuatro veces al año.

2. El Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados constará de treinta miembros: trece miembros representarán de manera equilibrada a los participantes en los mercados financieros que operan en la Unión, trece miembros representarán a los representantes de sus asalariados, así como a los consumidores, a los usuarios de los servicios financieros y a los representantes de las PYME, y cuatro de sus miembros habrán de ser miembros independientes de alto nivel de la comunidad académica. ▐

3. Los miembros del Grupo serán nombrados por la Junta de Supervisores, tras un procedimiento de selección abierto y transparente. A la hora de decidir los nombramientos, la Junta de Supervisores deberá garantizar, en la medida de lo posible, un reflejo de la diversidad del sector de los valores y mercados y una representación y un equilibrio geográfico y de género adecuados de las partes interesadas de la Unión. Los miembros del Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados serán seleccionados en atención a sus cualificaciones, capacidades, conocimientos pertinentes y experiencia probada.

3 bis. Los miembros del Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados elegirán al presidente del Grupo de entre sus miembros. El presidente ocupará el cargo durante un período de dos años.

El Parlamento Europeo podrá pedir al presidente del Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados que efectúe una declaración ante el Parlamento Europeo y que responda a todas las preguntas formuladas por los diputados cuando así se solicite.

4. La Autoridad facilitará toda la información necesaria, sujeta al secreto profesional como se establece en el artículo 70, y ofrecerá el apoyo de secretaría adecuado al Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados. Se ofrecerá una compensación adecuada a los miembros del Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados que representen a organizaciones sin ánimo de lucro, con exclusión de los representantes de la industria. Esta compensación tendrá en cuenta los trabajos preparatorios y de seguimiento de los miembros y será, como mínimo, equivalente a las tasas de reembolso de los funcionarios de conformidad con el título V, capítulo 1, sección 2, del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, establecido en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 del Consejo( 13 ) (Estatuto de los funcionarios). El Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados podrá crear grupos de trabajo sobre asuntos técnicos. El mandato de los miembros del Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados será de cuatro años, al cabo de los cuales tendrá lugar un nuevo procedimiento de selección.

Los miembros del Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados podrán ser elegidos para dos mandatos sucesivos.

5. El Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados podrá dirigir dictámenes y consejos a la Autoridad sobre cualquier cuestión relacionada con las funciones de la Autoridad, haciendo particular hincapié en las funciones establecidas en los artículos 10 a 16 ter y en los artículos 29, 30, 32 y 35.

Cuando los miembros del Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados no puedan acordar un consejo, un tercio de sus miembros o los miembros que representen a un grupo de partes interesadas estarán autorizados a emitir un consejo particular.

El Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados, el Grupo de partes interesadas del sector bancario, el Grupo de partes interesadas del sector de seguros y reaseguros y el Grupo de partes interesadas del sector de pensiones de jubilación podrán emitir dictámenes y consejos conjuntos sobre cuestiones relacionadas con el trabajo de las Autoridades Europeas de Supervisión, con arreglo al artículo 56 del presente Reglamento sobre posiciones conjuntas y actos comunes.

6. El Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados adoptará su reglamento interno previo acuerdo por mayoría de dos terceras partes de sus miembros.

7. La Autoridad hará públicos los dictámenes y consejos del Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados, los consejos particulares de sus miembros y los resultados de sus consultas así como el modo en que se han tenido en cuenta los consejos y los resultados de las consultas.

23 bis)  En el artículo 38, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. La Autoridad velará por que ninguna decisión adoptada al amparo de los artículos 18, 19 o 20 vulnere en modo alguno las competencias presupuestarias de los Estados miembros.».

24)  El artículo 39 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 39Procedimientos decisorios

1. La Autoridad actuará de conformidad con los apartados 2 a 6 al adoptar las decisiones previstas con arreglo a los artículos 17, 18 y 19.

2. La Autoridad informará a cualquier destinatario de una decisión de su intención de adoptar la decisión en la lengua oficial del destinatario, fijando un plazo durante el cual el destinatario podrá expresar sus opiniones sobre el objeto de la decisión, teniendo plenamente en cuenta la urgencia, la complejidad y las posibles consecuencias del asunto. El destinatario podrá expresar sus opiniones en su lengua oficial. La disposición prevista en la primera frase se aplicará mutatis mutandis a las recomendaciones contempladas en el artículo 17, apartado 3.

3. Las decisiones de la Autoridad se motivarán.

4. Se informará a los destinatarios de las decisiones de la Autoridad de las vías de recurso a su disposición previstas en el presente Reglamento.

5. Cuando la Autoridad haya adoptado una decisión de conformidad con el artículo 18, apartados 3 o 4, revisará dicha decisión a intervalos adecuados.

6. La adopción de las decisiones de la Autoridad de conformidad con los artículos ▌18 o 19 se hará pública. La adopción de las decisiones de la Autoridad de conformidad con el artículo 17 podrá hacerse pública. La publicación indicará la identidad de la autoridad competente o del participante en los mercados financieros afectado, así como el contenido principal de la decisión, salvo que dicha publicación entre en conflicto con el interés legítimo de los participantes en los mercados financieros o con la protección de sus secretos comerciales o pueda comprometer gravemente el correcto funcionamiento y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad del conjunto o de una parte del sistema financiero de la Unión.».

25)  El artículo 40 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se modifica como sigue:

i)  se insertan las letras a bis) y a ter) siguientes:

«a bis) los miembros a tiempo completo del Consejo Ejecutivo a que se refiere el artículo 45, apartado 1, sin derecho a voto;»;

a ter) el máximo representante de la administración del Estado miembro encargada de negociar y adoptar los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2, con objeto de actuar en el ámbito de aplicación de los artículos 10 a 15;»;

i bis)  la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) el máximo representante de la autoridad pública nacional competente en materia de supervisión de los participantes en los mercados financieros de cada Estado miembro con objeto de actuar en el ámbito de cualquier competencia excepto las dispuestas en los artículos 10 a 15, que asistirán a las reuniones personalmente al menos dos veces al año;»;

i ter)  la letra d) se sustituye por el texto siguiente:

«d) un representante de la JERS, sin derecho a voto, que se abstendrá de adoptar posiciones inducidas por las políticas monetarias;»;

a bis)  el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Cada autoridad ▌será responsable de nombrar a un suplente de alto nivel en el seno de la misma, que pueda sustituir al miembro de la Junta de Supervisores mencionado en el apartado 1, letras a bis) y ter), en caso de que no pueda asistir.»;

a ter)  se inserta el apartado siguiente:

«4 bis. A efectos de las medidas que deban adoptarse dentro del ámbito de aplicación de los artículos 10 a 15, un representante de la Comisión será miembro sin derecho a voto de la Junta de Supervisores, y un representante del Parlamento Europeo será observador y un representante de las administraciones de cada Estado miembro podrán ser observadores en la Junta de Supervisores.»;

b)  el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6. «La Junta de Supervisores podrá invitar a observadores.»;

c)  se añade el apartado 7 siguiente:

«7. Cuando la autoridad nacional competente mencionada en el apartado 1, letra b), no sea responsable de la ejecución de las normas relativas a la protección de los consumidores, el miembro de la Junta de Supervisores mencionado en dicha letra podrá decidir invitar a un representante de la autoridad responsable de la protección de los consumidores del Estado miembro, que no tendrá derecho a voto. En caso de que varias autoridades de un Estado miembro compartan la responsabilidad de la protección de los consumidores, dichas autoridades convendrán en un representante común.».

26)  El artículo 41 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 41Comités internos

27)  La Junta de Supervisores podrá crear comités internos para funciones específicas que le sean atribuidas. Podrá delegar en dichos comités internos, en el Consejo Ejecutivo o en el Presidente determinadas funciones y decisiones claramente definidas.».

28)  ▌El artículo 42 ▌se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 42Independencia

de la Junta de Supervisores

En el desempeño de las funciones que le confiere el presente Reglamento, el presidente y los miembros de la Junta de Supervisores ▌, así como los miembros permanentes con derecho a voto y los miembros específicos de cada ECC con derecho a voto que formen parte del Comité de Supervisión de las ECC, actuarán con independencia y objetividad únicamente en interés de la Unión en su conjunto y no pedirán ni aceptarán instrucción alguna de las instituciones u organismos de la Unión, de ningún Gobierno ▌ni de ninguna otra entidad pública o privada.

Ni los Estados miembros, ni las instituciones u organismos de la Unión, ni ninguna otra entidad pública o privada tratarán de ejercer su influencia sobre los miembros de la Junta de Supervisores en el ejercicio de sus funciones.

Cuando el grado de independencia mencionado en el artículo 30, apartado 2, letra a), se considere insuficiente de conformidad con el citado artículo, la Junta de Supervisores podrá decidir o bien suspender temporalmente el derecho a voto del miembro particular, o bien suspender temporalmente su participación como miembro en la Autoridad hasta que se remedie la deficiencia.».

29)  El artículo 43 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«La Junta de Supervisores proporcionará orientaciones para el trabajo de la Autoridad y será el principal órgano decisorio para las decisiones estratégicas y las decisiones políticas de gran calado.

Adoptará ▌las recomendaciones, las directrices, los dictámenes y las decisiones de la Autoridad, y emitirá los consejos mencionados en el capítulo II, excepto en el caso de las funciones y competencias de las que el Comité de Supervisión de las ECC sea responsable en virtud del artículo 44 bis.»;

b)  se suprimen los apartados 2 y 3.

c)  ▌el apartado 4 ▌se sustituye por el texto siguiente:

«La Junta de Supervisores adoptará, antes del 30 de septiembre de cada año, sobre la base de una propuesta del Consejo Ejecutivo, el programa de trabajo de la Autoridad para el año siguiente y lo transmitirá para información al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.

La Autoridad establecerá sus prioridades en relación con las evaluaciones identificando, cuando proceda, las autoridades competentes y actividades que serán objeto de evaluación de conformidad con el artículo 30. En casos debidamente justificados, la Autoridad podrá identificar otras autoridades competentes a las que evaluar.»;

Este programa se adoptará sin perjuicio del procedimiento presupuestario anual y se hará público.»;

d)  el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. La Junta de Supervisores, sobre la base de una propuesta del Consejo Ejecutivo, adoptará el informe anual de actividades de la Autoridad, incluyendo el desempeño de las funciones del presidente, basado en el proyecto de informe mencionado en el artículo 47, apartado 9, letra f, y lo transmitirá al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas y al Comité Económico y Social Europeo a más tardar el 15 de junio de cada año. Dicho informe se hará público.»;

e)  se suprime el apartado 8.

29 bis)  Se inserta el artículo 43 bis siguiente:

«Artículo 43 bis

Transparencia de las decisiones adoptadas por la Junta de Supervisores

No obstante lo dispuesto en el artículo 70, dentro de un plazo máximo de seis semanas a partir de la fecha en la que se celebre una reunión de la Junta de Supervisores, la Autoridad, como mínimo, facilitará al Parlamento Europeo un registro exhaustivo y significativo de los procedimientos de esa reunión de la Junta de Supervisores que permita comprender plenamente las cuestiones abordadas, incluida una lista comentada de las decisiones.»;30)  El artículo 44 se modifica como sigue:

a)  ▌el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Las decisiones de la Junta de Supervisores se tomarán por mayoría simple de sus miembros. Cada miembro dispondrá de un voto. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del presidente.

Por lo que se refiere a las decisiones sobre el desarrollo y a la adopción de actos, proyectos e instrumentos especificados en los artículos 10 a 16 y a las medidas y decisiones adoptadas de conformidad con el artículo 9, apartado 5, párrafo tercero y el capítulo VI y no obstante lo dispuesto en el primer párrafo del presente apartado, la Junta de Supervisores adoptará decisiones por mayoría cualificada de sus miembros, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea y en el artículo 3 del Protocolo (n.º 36) sobre las disposiciones transitorias. Los miembros a tiempo completo del Consejo Ejecutivo y el presidente no votarán sobre esas decisiones.

a bis)  se inserta el apartado 1 bis:

1 bis. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la Junta de Supervisores tendrá competencias para adoptar las decisiones preparadas por el Consejo Ejecutivo a efectos del artículo 22, apartados 1, 2, 3 y 5, del artículo 29 bis, del artículo 31 bis, del artículo 32 y de los artículo 35 ter a 35 nonies, en virtud del artículo 47, apartado 3, por mayoría simple de sus miembros.

En caso de que la Junta de Supervisores no adopte las decisiones preparadas por el Consejo Ejecutivo a efectos del artículo 22, apartados 1, 2, 3 y 5, del artículo 29 bis, del artículo 31 bis, del artículo 32 y de los artículo 35 ter a 35 nonies, podrá modificar dichas decisiones. La Junta de Supervisores tendrá competencias para adoptar estas decisiones modificadas por mayoría de tres cuartos de sus miembros.

En caso de que la Junta de Supervisores no adopte las decisiones modificadas a que se refiere el párrafo segundo lo antes posible y en un plazo de cuatro meses a más tardar, el Consejo Ejecutivo adoptará la decisión.»;

b)  el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. La Junta de Supervisores adoptará y hará público su reglamento interno. En el reglamento interno se detallarán las modalidades de votación.»

c)  el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. Los miembros sin derecho a voto y los observadores no participarán en los debates de la Junta de Supervisores que se refieran a entidades financieras concretas, salvo disposición en contrario del artículo 75, apartado 3, o de los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2.

El párrafo primero no se aplicará al presidente y a los miembros que sean también miembros del Consejo Ejecutivo ▌»;

30 bis)  Se inserta el artículo 44 bis siguiente:

«Artículo 44 bis

Comité de Supervisión de las ECC de la AEVM

La AEVM creará un comité interno permanente, de conformidad con el artículo 41, encargado de elaborar las decisiones y realizar las funciones relacionadas con la supervisión de las ECC de la Unión y de terceros países (Comité de Supervisión de las ECC).»;

31)  En el capítulo III, el título de la sección 2 se sustituye por el texto siguiente:

«Consejo Ejecutivo»;

32)  El artículo 45 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 45Composición

1. El Consejo Ejecutivo estará compuesto por el presidente y cuatro miembros a tiempo completo, que deberán ser nacionales de un Estado miembro. El presidente asignará funciones políticas y de gestión claramente definidas a cada uno de los miembros a tiempo completo, en particular competencias en materia presupuestaria, en asuntos relacionados con el programa de trabajo de la Autoridad y en materia de convergencia. Uno de los miembros a tiempo completo asumirá la Vicepresidencia y desempeñará las funciones del presidente en ausencia de este o en caso de impedimento razonable, de conformidad con el presente Reglamento. ▐

2. Los miembros a tiempo completo serán seleccionados en atención a sus méritos, capacidades, conocimientos y experiencia práctica en materia de participantes en mercados financieros y mercados financieros, en particular en valores y mercados, incluidos los intereses de los consumidores, así como a la experiencia pertinente en el ámbito de la supervisión y regulación financieras. Los miembros a tiempo completo deberán disponer de una amplia experiencia de gestión. Al menos uno de los miembros a tiempo completo no debe haber sido empleado por una autoridad nacional competente durante el año anterior a su nombramiento. La selección se basará en una convocatoria pública de candidaturas que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, tras la cual la Comisión elaborará una lista restringida de candidatos cualificados, consultando a la Junta de Supervisores.

La Comisión presentará dicha lista restringida al Parlamento Europeo para su aprobación. Tras la aprobación de la lista restringida, el Consejo adoptará una decisión por la que se nombre a los miembros a tiempo completo del Consejo Ejecutivo ▌. La composición del Consejo Ejecutivo será equilibrada y proporcionada y reflejará al conjunto de la Unión.

3. Cuando un miembro del Consejo Ejecutivo deje de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 46 o haya sido declarado culpable de falta grave, el Parlamento Europeo y el Consejo, ya sea por propia iniciativa o a propuesta de la Comisión aprobada por el Parlamento Europeo, podrán adoptar una decisión por la que sea cesado.

4. La duración del mandato de los miembros a tiempo completo será de cinco años, renovable una sola vez. En el curso de los nueve meses anteriores a la finalización del mandato quinquenal de los miembros a tiempo completo, la Junta de Supervisores evaluará:

a)  los resultados conseguidos durante el primer mandato y la manera en que se han logrado;

b)  las obligaciones y necesidades de la Autoridad en los años siguientes.

Teniendo en cuenta esta evaluación, la Comisión presentará al Consejo la lista de los miembros a tiempo completo cuyo mandato debe renovarse. Sobre la base de esta lista y teniendo en cuenta la evaluación, el Consejo podrá prorrogar el mandato de los miembros a tiempo completo.»;

33)  Se inserta el artículo 45 bis siguiente:

«Artículo 45 bisToma de decisiones

1. Las decisiones del Consejo Ejecutivo se adoptarán por mayoría simple de sus miembros. Cada miembro dispondrá de un voto. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del presidente. Si así lo solicita el presidente, o al menos tres miembros del Consejo Ejecutivo, las decisiones se remitirán a la Junta de Supervisores.

2. El representante de la Comisión participará en las reuniones del Consejo Ejecutivo sin derecho a voto, salvo en las cuestiones a que se refiere el artículo 63.

3. El Consejo Ejecutivo adoptará y hará público su reglamento interno.

4. Las reuniones del Consejo Ejecutivo serán convocadas por el presidente, por propia iniciativa o a petición de uno de sus miembros, y estarán presididas por el presidente.

El Consejo Ejecutivo se reunirá antes de cada reunión de la Junta de Supervisores y con la frecuencia que el Consejo Ejecutivo considere necesaria. Informará periódicamente a la Junta de Supervisores y se reunirá al menos once veces al año.

5. ▌Los participantes sin derecho a voto no asistirán a los debates del Consejo Ejecutivo que se refieran a participantes en los mercados financieros concretos.

5 bis. La Junta de Supervisores tendrá derecho a enviar solicitudes de información específicas al Consejo Ejecutivo.»;

34)  Se inserta el artículo 45 ter siguiente:

«Artículo 45 terComités internos

El Consejo Ejecutivo podrá crear comités internos para funciones específicas que le hayan sido asignadas.»;

35)  El artículo 46 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 46 Independencia del Consejo Ejecutivo

Los miembros del Consejo Ejecutivo actuarán con independencia y objetividad únicamente en interés de la Unión en su conjunto y no pedirán ni aceptarán instrucción alguna de las instituciones u organismos de la Unión, de ningún Gobierno ▌ni de ninguna otra entidad pública o privada.

Los miembros del Consejo Ejecutivo no ocuparán ningún cargo a escala nacional, internacional o de la Unión.

Ni los Estados miembros, ni las instituciones u organismos de la Unión, ni ningún otro organismo público o privado tratarán de ejercer su influencia en los miembros del Consejo Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones.»;

36)  El artículo 47 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 47Funciones

1. El Consejo Ejecutivo velará por que la Autoridad cumpla su cometido y lleve a cabo las funciones que le son asignadas de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento. Tomará todas las medidas necesarias, en particular la adopción de instrucciones administrativas internas y la publicación de anuncios, para garantizar el funcionamiento de la Autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.

2. El Consejo Ejecutivo propondrá, para su adopción por la Junta de Supervisores, un programa de trabajo anual y un programa de trabajo plurianual, que incluirán una parte sobre cuestiones relativas a las ECC.

3. El Consejo Ejecutivo ejercerá sus competencias presupuestarias de conformidad con los artículos 63 y 64.

A efectos de los artículos 17, 19, 22, apartado 4, y 30, ▌el Consejo Ejecutivo será competente para actuar y tomar decisiones, excepto en cuestiones relativas a las ECC, para las cuales será competente el Comité de Supervisión de las ECC. A efectos de los artículos 22, apartado 1, 22, apartados 2, 3 y 5, 29 bis, 31 bis, 32 y 35 ter a 35 quinquies, el Consejo Ejecutivo será competente para preparar las decisiones que serán sometidas al procedimiento de toma de decisiones previsto en el artículo 44, apartado 1 bis. El Consejo Ejecutivo mantendrá informada a la Junta de Supervisores de todas las decisiones que prepare y tome.

3 bis. El Consejo Ejecutivo examinará ▌y emitirá un dictamen ▌sobre dichas cuestiones.

4. El Consejo Ejecutivo examinará y preparará decisiones para su adopción por la Junta de Supervisores, sobre todas las cuestiones en las que los actos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, hayan conferido a la Autoridad funciones de autorización o supervisión y las competencias correspondientes. El Consejo Ejecutivo adoptará el plan de política de personal de la Autoridad y, en virtud del artículo 68, apartado 2, las pertinentes medidas de aplicación del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, “el Estatuto de los funcionarios”).

5. El Consejo Ejecutivo adoptará las disposiciones específicas relativas al derecho de acceso a los documentos de la Autoridad, de conformidad con el artículo 72.

6. El Consejo Ejecutivo propondrá un informe anual de las actividades de la Autoridad, incluyendo el desempeño de las funciones del presidente, basado en el proyecto de informe mencionado en el apartado 9, letra f), a la Junta de Supervisores para su aprobación.

7. El Consejo Ejecutivo nombrará y cesará a los miembros de la Sala de Recurso de conformidad con el artículo 58, apartados 3 y 5 teniendo debidamente en cuenta la propuesta de la Junta de Supervisores.

8. Los miembros del Consejo Ejecutivo anunciarán públicamente todas las reuniones celebradas y las indemnizaciones de representación recibidas. Los gastos se harán constar públicamente de conformidad con el Estatuto de los funcionarios.

9. El miembro responsable desempeñará las siguientes funciones:

a)  ejecutar el programa de trabajo anual de la Autoridad de acuerdo con las orientaciones de la Junta de Supervisores y el Comité de Supervisión de las ECC, y bajo el control del Consejo Ejecutivo;

b)  tomar todas las medidas necesarias, en particular la adopción de las instrucciones administrativas internas y la publicación de anuncios, para garantizar el funcionamiento de la Autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento;

c)  preparar el programa de trabajo plurianual a que se refiere el apartado 2;

d)  a más tardar el 30 de junio de cada año, preparar el programa de trabajo para el año siguiente a que se refiere el artículo 47, apartado 2;

e)  elaborar un anteproyecto de presupuesto de la Autoridad de conformidad con el artículo 63 y ejecutar el presupuesto de la Autoridad de conformidad con el artículo 64;

f)  preparar un proyecto de informe anual con una sección sobre las actividades reguladoras y de supervisión de la Autoridad y otra sobre los aspectos administrativos y financieros;

g)  ejercer, con respecto al personal de la Autoridad, las competencias establecidas en el artículo 68 y gestionar los asuntos de personal.

No obstante, en relación con la parte sobre cuestiones relativas a las ECC mencionada en el apartado 2, el Comité de Supervisión de las ECC desempeñará las funciones a que se refiere el párrafo primero, letras c) y d).

En relación con el proyecto de informe anual mencionado en el párrafo primero, letra f), el Comité de Supervisión de las ECC desempeñará las funciones ahí indicadas por lo que se refiere a las cuestiones relativas a las ECC.»;

37)  En el capítulo III, el título de la sección 3 se sustituye por el texto siguiente:

«Presidente▐»;

38)  El artículo 48 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«El presidente será nacional de un Estado miembro y responsable de preparar el trabajo y presidir las reuniones de la Junta de Supervisores y del Consejo Ejecutivo.»;

b)  el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Con el fin de seleccionar al presidente, la Comisión creará un Comité de Selección compuesto por seis personas independientes de alto nivel. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión nombrarán cada uno a dos miembros del Comité de Selección. El Comité de Selección elegirá a su presidente de entre sus miembros. El Comité de Selección decidirá por mayoría simple la publicación de la convocatoria de plaza vacante, los criterios de selección y el perfil específico del puesto, la composición de la reserva de solicitantes y el método de selección de la reserva de solicitantes para elaborar una lista restringida de, como mínimo, dos candidatos con equilibrio de género. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del presidente del Comité de Selección.

El presidente será seleccionado en atención a sus méritos, capacidades y conocimientos en materia de participantes en mercados financieros y mercados financieros, en particular en valores y mercados, mediante una convocatoria pública de candidaturas que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. El presidente contará con un número considerable de años de experiencia reconocida pertinente en el ámbito de la supervisión y regulación financieras y de experiencia de alta dirección, será capaz de demostrar capacidades de liderazgo y un elevado nivel de eficiencia, capacidad e integridad, y dispondrá de conocimientos contrastados de, como mínimo, dos lenguas oficiales de la Unión.

El Comité de Selección presentará al Parlamento Europeo y al Consejo la lista restringida de candidatos para el puesto de presidente. El Parlamento Europeo podrá invitar a los candidatos seleccionados a audiencias públicas o a puerta cerrada, enviar preguntas por escrito a los candidatos, oponerse a la designación de un candidato y recomendar a su candidato preferido. El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán una decisión conjunta por la que se nombre al presidente de entre la lista restringida de candidatos.

2 bis. Cuando el presidente deje de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus obligaciones, incluidas las establecidas en el artículo 49, o haya sido declarado culpable de falta grave, el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión o por iniciativa propia, podrán adoptar una decisión conjunta por la que sea cesado. Al elaborar su propuesta, la Comisión Europea consultará a las autoridades nacionales competentes.»;

b bis)  el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. El mandato del presidente tendrá una duración de ocho años y no será renovable.»;

c)  ▌el apartado 4 ▌se sustituye por el texto siguiente:

«4. En el curso de los nueve meses anteriores a la finalización del mandato de ocho años del presidente, la Junta de Supervisores evaluará:

a) los resultados conseguidos durante el primer mandato y la manera en que se han logrado;

b) las obligaciones y necesidades de la Autoridad en los años siguientes.

«A efectos de la evaluación a que se refiere el párrafo primero, la Junta de Supervisores nombrará a un presidente suplente temporal de entre sus miembros.»;

d)  se suprime el apartado 5;

38 bis)  El artículo 49 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 49Independencia

del presidente

Sin perjuicio del papel de la Junta de Supervisores en relación con las funciones del presidente, este no pedirá ni aceptará instrucción alguna de las instituciones u organismos de la Unión, de ningún Gobierno▐ ni de ninguna otra entidad pública o privada.

Ni los Estados miembros, ni las instituciones u organismos de la Unión, ni ningún otro organismo público o privado tratarán de ejercer su influencia sobre el presidente en el ejercicio de sus funciones.

De conformidad con el Estatuto de los funcionarios a que se refiere el artículo 68, el presidente, después de abandonar el cargo, seguirá sujeto al deber de actuar con integridad y discreción en lo que respecta a la aceptación de nombramientos o privilegios.»;

39)  Se inserta el artículo 49 bis siguiente:

«Artículo 49 bisGastos

El presidente anunciará públicamente todas las reuniones celebradas con partes interesadas externas dentro de un plazo de dos semanas a partir de la reunión y las indemnizaciones de representación recibidas. Los gastos se harán constar públicamente de conformidad con el Estatuto de los funcionarios.»;

40)  Se suprimen los artículos 50, 51, 52 y 53;

41)  El artículo 54 se modifica como sigue:

a)  ▌el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. El Comité Mixto actuará como foro en el que la Autoridad cooperará de manera regular y estrecha para garantizar la coherencia intersectorial, teniendo plenamente en cuenta las especificidades sectoriales, con la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), especialmente, cuando así lo requiera el Derecho de la Unión, en lo que se refiere a:

– los conglomerados financieros y las consolidaciones transfronterizas,

– los servicios de contabilidad y auditoría,

– los análisis microprudenciales de las evoluciones, los riesgos y los puntos vulnerables para la estabilidad financiera de ámbito intersectorial,

– los productos de inversión minorista,

– la ciberseguridad,

– el intercambio de información y de mejores prácticas con la JERS y ▌las AES,

– las cuestiones relacionadas con los servicios financieros minoristas y con la protección de los consumidores y los inversores,

la aplicación del principio de proporcionalidad.»;

c)  se inserta el apartado 2 bis siguiente:

«2 bis.  El Comité Mixto actuará como foro en el que la Autoridad cooperará de manera regular y estrecha con la Autoridad Bancaria Europea y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación en cuestiones relacionadas con la interacción entre las funciones de la Autoridad y de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y las funciones específicas a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra l), del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 conferidas a la Autoridad Bancaria Europea;

42)  ▌El artículo 55 ▌se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 55Composición

1. El Comité Mixto estará formado por los presidentes de las AES ▌.

2. Un miembro del Consejo Ejecutivo, un representante de la Comisión y el segundo presidente de la JERS y, cuando proceda, el presidente de cualquier subcomité del Comité Mixto serán invitados como observadores a las reuniones del Comité Mixto y, cuando proceda, a las de los subcomités mencionados en el artículo 57.

3. La presidencia del Comité Mixto se designará sobre una base rotatoria anual de entre los presidentes de las AES. El presidente del Comité Mixto será el segundo vicepresidente de la JERS.

4. El Comité Mixto adoptará y publicará su reglamento interno. El Comité Mixto podrá invitar a observadores. El Comité Mixto adoptará posiciones comunes por consenso. Dicho reglamento podrá especificar otros posibles participantes en las reuniones del Comité Mixto.

El Comité Mixto se reunirá al menos una vez cada tres meses.

4 bis. El presidente de la Autoridad consultará e informará periódicamente a la Junta de Supervisores sobre cualquier posición adoptada en las reuniones del Comité Mixto y de sus subcomités.»;

42 bis)  El artículo 56 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 56Posiciones conjuntas y actos comunes

En el marco de las funciones que se le asignan en virtud del capítulo II, y en particular con respecto a la aplicación de la Directiva 2002/87/CE, cuando proceda, la Autoridad intentará adoptar posiciones conjuntas con la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) y con la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), según proceda.

Cuando así lo requiera el Derecho de la Unión, los actos con arreglo a los artículos 10 a▐ 19 del presente Reglamento en relación con la aplicación de la Directiva 2002/87/CE y de cualquier otro acto de la Unión mencionado en el artículo 1, apartado 2, que también pertenezca al ámbito de competencia de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) o la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) serán adoptados paralelamente por la Autoridad, la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), según proceda.

Cuando la decisión de la Autoridad se desvíe de la posición conjunta mencionada en el párrafo primero, o cuando no pueda adoptar una decisión, la Autoridad comunicará sin demora sus motivos al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.»;

42 ter)  El artículo 57 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 57Subcomités

1. El Comité Mixto podrá crear subcomités con objeto de preparar proyectos de posiciones conjuntas y actos comunes con el Comité Mixto.

2. El subcomité se compondrá de los presidentes de las AES, y de un representante de alto nivel del personal actual de la autoridad competente pertinente de cada Estado miembro.

3. El subcomité elegirá a un presidente entre los representantes de las autoridades competentes pertinentes, que también será un observador en el Comité Mixto.

3 bis. A efectos del artículo 56, se creará un subcomité sobre conglomerados financieros en el seno del Comité Mixto.

4. El Comité Mixto publicará en su sitio web todos los subcomités creados, incluidos sus mandatos y una lista de sus miembros con sus respectivas funciones en el subcomité.»;

43)  El artículo 58 se modifica como sigue:

-a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Se crea la Sala de Recurso de las Autoridades Europeas de Supervisión.»;

-a bis)  en el apartado 2, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

2. «La Sala de Recurso estará compuesta por seis miembros y seis suplentes, de reconocido prestigio, que puedan demostrar que poseen los correspondientes conocimientos del Derecho de la Unión y experiencia profesional internacional de un grado suficientemente alto en los ámbitos de la banca, los seguros, las pensiones de jubilación, los mercados de valores u otros servicios financieros, quedando excluidos el personal actual de las autoridades competentes o de otras instituciones nacionales o de la Unión que participen en las actividades de la Autoridad y los miembros del Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados. Los miembros serán nacionales de un Estado miembro y tendrán un conocimiento exhaustivo de, al menos, dos lenguas oficiales de la Unión. La Sala de Recurso poseerá la experiencia jurídica necesaria para poder ofrecer asesoría jurídica sobre la legalidad y la proporcionalidad del ejercicio de sus funciones por parte de la Autoridad.»;

a)  el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. El Consejo Ejecutivo de la Autoridad nombrará a dos miembros de la Sala de Recurso y a dos suplentes a partir de una lista restringida propuesta por la Comisión, tras una convocatoria pública de manifestaciones de interés publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea y previa consulta de la Junta de Supervisores.

Tras la recepción de la lista restringida, el Parlamento Europeo podrá invitar a los candidatos a miembros y suplentes a efectuar una declaración ante el mismo y a responder a todas las preguntas formuladas por los diputados antes de su nombramiento.

El Parlamento Europeo podrá invitar a los miembros de la Sala de Recurso a efectuar una declaración ante el mismo y a responder a todas las preguntas formuladas por los diputados cuando así se solicite.»;

b)  el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. Los miembros de la Sala de Recurso nombrados por el Consejo Ejecutivo de la Autoridad no podrán ser cesados durante su mandato, a no ser que hayan sido declarados culpables de falta grave y el Consejo Ejecutivo, previa consulta a la Junta de Supervisores, tome una decisión al efecto.»;

b bis)  el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente:

«8. Las AES se encargarán de proporcionar apoyo operativo y de Secretaría permanente adecuado a la Sala de Recurso, a través del Comité Mixto.»;

44)  En el artículo 59, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1. Los miembros de la Sala de Recurso deberán ser independientes cuando tomen sus decisiones y no obedecerán instrucción alguna. No podrán desempeñar ninguna otra función en la Autoridad, su Consejo Ejecutivo o su Junta de Supervisores.

2. Los miembros de la Sala de Recurso y el personal que ofrece apoyo operativo y de secretaría no podrán participar en procedimiento alguno de recurso si tienen intereses personales en él o si han actuado anteriormente como representantes de una de las partes del procedimiento o participado en la decisión recurrida.»;

45)  En el artículo 60, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1. Cualquier persona física o jurídica, incluidas las autoridades competentes, podrá recurrir una decisión de la Autoridad contemplada en los artículos 16, 16 bis, 17, 18, 19 y 35, incluso en lo relativo a su proporcionalidad, y cualquier otra decisión adoptada por la Autoridad con arreglo a los actos de la Unión mencionados en el artículo 1, apartado 2, de las que sea destinataria, o una decisión que, aunque revista la forma de una decisión destinada a otra persona, le afecte directa e individualmente.

2. El recurso y la exposición de los motivos se presentarán por escrito ante la Autoridad en el plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación de la decisión al interesado o, a falta de notificación, a partir de la fecha en que la Autoridad publicó su decisión.

La Sala de Recurso decidirá sobre el recurso en un plazo de tres meses a partir de su interposición.»;

46)  El artículo 62 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Los ingresos de la Autoridad procederán, sin perjuicio de otros tipos de ingresos, de cualquier combinación de las siguientes fuentes:

a)  una contribución de equilibrio de la Unión, inscrita en el presupuesto general de la Unión (sección “Comisión”), que ascenderá, como mínimo, al 35 % de los ingresos estimados de la Autoridad;

a bis)  las contribuciones obligatorias, de hasta el 65 % de los ingresos estimados de la Autoridad, de las autoridades públicas nacionales competentes en materia de supervisión de las entidades financieras;

b)  en función de la evolución del alcance de la supervisión específica a una entidad, las contribuciones anuales de las entidades financieras, basadas en la previsión de gastos anuales relacionados con las actividades previstas en el presente Reglamento y en los actos de la Unión mencionados en el artículo 1, apartado 2, para cada una de las categorías de participantes dentro del ámbito de competencias de la Autoridad;

c)  las tasas pagadas a la Autoridad en los casos especificados en los instrumentos aplicables del Derecho de la Unión;

d)  las contribuciones de los Estados miembros o de los observadores;

e)  los ingresos derivados de publicaciones, actividades de formación y otros servicios solicitados por las autoridades competentes.»;

1 bis. Los ingresos que reciba la Autoridad no deberán comprometer su independencia ni su objetividad.;

a bis)  en el apartado 4, se añade el párrafo siguiente:

«Las estimaciones se basarán en los objetivos y en los resultados esperados del programa de trabajo anual al que se hace referencia en el artículo 47, apartado 2, y tendrán en cuenta los recursos financieros necesarios para alcanzar dichos objetivos y resultados esperados.»;

b)  se añade el apartado siguiente:

5. Las contribuciones voluntarias de los Estados miembros y los observadores a que se refiere el apartado 1, letra d), no se aceptarán si dicha aceptación arrojara dudas sobre la independencia y la imparcialidad de la Autoridad.»;

47 bis)  se inserta el artículo 62 ter siguiente:

“Artículo 62 ter

Tasas de supervisión para las ECC

1. La Autoridad cobrará, de conformidad con el presente Reglamento y con los actos delegados adoptados con arreglo al apartado 3, las siguientes tasas:

a) tasas vinculadas a las solicitudes de autorización a que se refiere el artículo 17 o a las solicitudes de reconocimiento de conformidad con el artículo 25; y

b) tasas anuales vinculadas a las funciones que el presente Reglamento atribuye a la Autoridad.

2. Las tasas a que se refiere el apartado 1 guardarán proporción con el volumen de negocios de la ECC de que se trate y cubrirán íntegramente los gastos que deba realizar la Autoridad para la autorización o el reconocimiento de la ECC, según proceda, y para el ejercicio de sus funciones de conformidad con el presente Reglamento.

3. La Comisión adoptará, de conformidad con el artículo 82, un acto delegado para especificar lo siguiente:

a) el tipo de tasas;

b) los conceptos por los que las tasas serán exigibles;

c) el importe de las tasas;

d) las modalidades de pago de las tasas por parte de las siguientes entidades:

i) las ECC establecidas en la Unión que estén autorizadas o soliciten autorización;

ii) las ECC establecidas en un tercer país que estén reconocidas de conformidad con el artículo 25, apartado 2, del Reglamento 648/2012;»;

48)  El artículo 63 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 63Establecimiento del presupuesto

1. Cada año, el miembro responsable elaborará un proyecto de documento único de programación provisional de la Autoridad para los tres ejercicios siguientes que establezca la previsión de ingresos y gastos, así como información sobre el personal, a partir de su programación anual y plurianual, y lo transmitirá al Consejo Ejecutivo y a la Junta de Supervisores, junto con la plantilla de personal.

Los gastos y tasas de la Autoridad en relación con las funciones y competencias a que se refiere el artículo 44 ter, apartado 1, deberán poder identificarse por separado en el estado de previsiones a que se refiere el párrafo primero. Antes de la adopción de dicho estado de previsiones, el proyecto elaborado por el miembro responsable respecto de esos gastos y tasas deberá ser aprobado por el Comité de Supervisión de las ECC.

Las cuentas anuales de la AEVM elaboradas y publicadas de conformidad con el artículo 64, apartado 6, incluirán los ingresos y gastos relativos a las funciones a que se refiere el artículo 44 ter, apartado 1.

1 bis. El presidente presentará el proyecto de documento único de programación al Parlamento Europeo y al Consejo, después de lo cual la Junta de Supervisores, sobre la base del proyecto que haya sido aprobado por el Consejo Ejecutivo y por el Comité de Supervisión de▌ las ECC en el caso de los gastos y tasas correspondientes a las funciones y competencias a que se refiere el artículo 44 ter, apartado 1, aprobará el proyecto de documento único de programación para los tres ejercicios siguientes.

1 ter. El Consejo Ejecutivo transmitirá el ▌ documento único de programación a la Comisión, al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas Europeo a más tardar el 31 de enero. Sin perjuicio de la adopción del presupuesto anual, el Parlamento Europeo aprobará el documento único de programación.

2. Teniendo en cuenta el ▌documento único de programación, la Comisión consignará en el proyecto de presupuesto de la Unión las previsiones que considere necesarias respecto a la plantilla de personal y la cuantía de la contribución de equilibrio con cargo al presupuesto general de la Unión de conformidad con los artículos 313 y 314 del Tratado.

3. La Autoridad Presupuestaria aprobará la plantilla de personal de la Autoridad. La Autoridad Presupuestaria autorizará los créditos correspondientes a la contribución de equilibrio destinada a la Autoridad y aprobará el límite de gasto total de la Autoridad.

4. La Junta de Supervisores aprobará el presupuesto de la Autoridad. Este adquirirá carácter definitivo tras la aprobación definitiva del presupuesto general de la Unión. Cuando sea necesario, se adaptará en consecuencia.

5. El Consejo Ejecutivo notificará sin demora a la Autoridad Presupuestaria su intención de ejecutar cualquier proyecto que pueda tener implicaciones financieras significativas para la financiación de su presupuesto, en particular cualquier proyecto inmobiliario, como el alquiler o la adquisición de inmuebles.

5 bis.  La Autoridad Presupuestaria autorizará cualquier proyecto que pueda tener implicaciones financieras o a largo plazo significativas para la financiación del presupuesto de la Autoridad, en particular cualquier proyecto inmobiliario, como el alquiler o la adquisición de inmuebles, incluidas las cláusulas de protección.»;

49)  El artículo 64 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 64Ejecución y control del presupuesto

«1. El miembro responsable actuará como ordenador de pagos y ejecutará el presupuesto anual de la Autoridad.

2. El contable de la Autoridad, que será independiente, enviará las cuentas provisionales al contable de la Comisión y al Tribunal de Cuentas, a más tardar el 1 de marzo del año siguiente. El artículo 70 no impedirá a la Autoridad facilitar al Tribunal de Cuentas Europeo cualquier información que este solicite y que recaiga en el ámbito de competencia del Tribunal.

3. El contable de la Autoridad enviará, a más tardar el 1 de marzo del año siguiente, la información contable necesaria a efectos de consolidación al contable de la Comisión, de la manera y en el formato establecidos por este.

4. El contable de la Autoridad enviará el informe sobre la gestión presupuestaria y financiera a los miembros de la Junta de Supervisores, al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente.

5. Tras tener en cuenta las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas sobre las cuentas provisionales de la Autoridad, de conformidad con el artículo 148 del Reglamento Financiero, el contable de la Autoridad, bajo su propia responsabilidad, elaborará las cuentas definitivas de la Autoridad. El miembro responsable las remitirá a la Junta de Supervisores, que emitirá un dictamen sobre las mismas.

6. A más tardar el 1 de julio del año siguiente, el contable de la Autoridad enviará las cuentas definitivas, acompañadas del dictamen de la Junta de Supervisores, al contable de la Comisión, al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas.

El contable de la Autoridad también enviará, a más tardar el 1 de julio del año siguiente, un paquete de información al contable de la Comisión, en el formato normalizado establecido por este, a efectos de consolidación.

7. Las cuentas definitivas se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea a más tardar el 15 de noviembre del año siguiente.

8. El miembro responsable enviará al Tribunal de Cuentas una respuesta a sus observaciones, a más tardar el 30 de septiembre. También transmitirá copia de dicha respuesta al Consejo Ejecutivo y a la Comisión.

9. El miembro responsable presentará al Parlamento Europeo, a petición de este y según lo dispuesto en el artículo 165, apartado 3, del Reglamento financiero, toda la información necesaria para el correcto desarrollo del procedimiento de aprobación de la ejecución del presupuesto del ejercicio en cuestión.

10. El Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo por mayoría cualificada, aprobará, antes del 15 de mayo del año N + 2, la gestión de la Autoridad con respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio N.

10 bis. La Autoridad emitirá un dictamen motivado sobre la posición del Parlamento Europeo y sobre cualquier otra observación formulada por el Parlamento Europeo en el procedimiento de aprobación de la gestión.»;

49 bis)  Se inserta el artículo 64 bis siguiente:

«Artículo 64Auditoría interna de la Autoridad

La Autoridad creará un Comité de Auditoría Interna que emitirá un dictamen dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aprobación de la ejecución de la parte del presupuesto que no es financiada con cargo al presupuesto de la Unión.»

50)  El artículo 65 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 65Normas financieras

El Consejo Ejecutivo adoptará las normas financieras aplicables a la Autoridad, previa consulta a la Comisión. Esas normas solo podrán desviarse del Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión* en el caso de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 si las exigencias específicas del funcionamiento de la Autoridad así lo requieren, y únicamente con la autorización previa de la Comisión.

*Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 7.12.2013, p. 42).»;

51)  En el artículo 66, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. A efectos de la lucha contra el fraude, la corrupción y cualesquiera otras prácticas contrarias a Derecho, se aplicará a la Autoridad sin restricciones el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo*.

*Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).»;

52)  El artículo 68 se modifica como sigue:

a)  los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1. El Estatuto de los funcionarios, el Régimen aplicable a otros agentes y las normas adoptadas conjuntamente por las instituciones de la Unión para su aplicación serán aplicables al personal de la Autoridad, incluidos los miembros a tiempo completo del Consejo Ejecutivo, el presidente, el director general del Comité de Supervisión de las ECC y los directores a que se refiere el artículo 44 bis, apartado 1, letra a), inciso i).

2. El Consejo Ejecutivo, de acuerdo con la Comisión, adoptará las medidas de aplicación necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del Estatuto de los funcionarios.»;

b)  el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. El Consejo Ejecutivo adoptará disposiciones que permitan emplear en la Autoridad a expertos nacionales de los Estados miembros en comisión de servicio.»;

53)  El artículo 70 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Los miembros de la Junta de Supervisores y todos los miembros del personal de la Autoridad, incluidos los funcionarios enviados por los Estados miembros de forma temporal en comisión de servicio y las demás personas que desempeñen funciones para la Autoridad a título contractual, estarán sujetos a las obligaciones de secreto profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 TFUE y las disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión, incluso después de haber cesado en sus cargos.

El artículo 16 del Estatuto de los funcionarios se aplicará a todos los miembros del personal de la Autoridad, incluidos los funcionarios enviados por los Estados miembros de forma temporal en comisión de servicio y todas las demás personas que desempeñen funciones para la Autoridad a título contractual.»;

b)  en el apartado 2, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«▌La obligación prevista en el apartado 1 y en el párrafo primero del presente apartado no impedirá que la Autoridad y las autoridades competentes utilicen la información para la aplicación de los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2, y, en particular, para los procedimientos jurídicos encaminados a la adopción de decisiones.»;

c)  se inserta el apartado 2 bis siguiente:

«2 bis. El Consejo Ejecutivo, el Comité de Supervisión de las ECC y la Junta de Supervisores velarán por que las personas que presten cualquier servicio, directa o indirectamente, de forma permanente u ocasional, en relación con las funciones de la Autoridad, incluidos los agentes y demás personas acreditadas por el Consejo Ejecutivo y la Junta de Supervisores o nombradas por las autoridades competentes a tal fin, estén sujetas a requisitos de secreto profesional equivalentes a los contemplados en los apartados anteriores.

Los mismos requisitos de secreto profesional se aplicarán también a los observadores que asistan a las reuniones del Consejo Ejecutivo, del Comité de Supervisión de las ECC y de la Junta de Supervisores que participen en las actividades de la Autoridad.»;

d)  ▌los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:

«3. Los apartados 1 y 2 no impedirán que la Autoridad intercambie información con las autoridades competentes, de conformidad con el presente Reglamento y con la legislación de la Unión aplicable a las entidades financieras.

Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a cualquier persona que notifique o divulgue información sobre una amenaza o un perjuicio al interés público en el contexto de su relación laboral.

La información mencionada en el apartado 2 estará sujeta a las condiciones de secreto profesional a que se refieren los apartados 1 y 2. La Autoridad establecerá en su reglamento interno las modalidades prácticas de aplicación de las normas de confidencialidad mencionadas en los apartados 1 y 2.

4. La Autoridad aplicará la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión.

4 bis. La Autoridad dispondrá de canales de notificación específicos para la recepción y el tratamiento de la información facilitada por un informante sobre infracciones reales o potenciales de actos de la Unión, abusos de Derecho o casos de mala administración.»;

54)  El artículo 71 se sustituye por el texto siguiente:

«El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en lo relativo al tratamiento de datos personales que efectúen de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 o las obligaciones de la Autoridad en lo relativo al tratamiento de datos personales que efectúen de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/XXX (Reglamento sobre protección de datos para las instituciones y los organismos de la UE), en el desempeño de sus funciones.»;

55)  En el artículo 72, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. El Consejo Ejecutivo adoptará las disposiciones prácticas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1049/2001.»;

56)  En el artículo 73, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. El Consejo Ejecutivo decidirá respecto al régimen lingüístico interno de la Autoridad.»;

57)  En el artículo 74, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«Las disposiciones necesarias sobre la instalación de la Autoridad en el Estado miembro donde se sitúe la sede y sobre los servicios que dicho Estado deberá prestar, así como las normas especiales aplicables en el Estado miembro al personal de la Autoridad y los miembros de sus familias, se establecerán en un acuerdo de sede entre la Autoridad y el Estado miembro que se celebrará tras su aprobación por el Consejo Ejecutivo.»;

57 bis)  En el artículo 75, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

«2. La Autoridad cooperará con los países a que se hace referencia en el apartado 1 que apliquen un cuerpo legislativo que haya sido reconocido como equivalente en los ámbitos de competencia de la Autoridad a que se refiere el artículo 1, apartado 2, con arreglo a lo dispuesto en los acuerdos internacionales suscritos por la Unión de conformidad con el artículo 218 TFUE.

3. De acuerdo con las disposiciones pertinentes de los acuerdos a que se hace referencia en los apartados 1 y 2, se concertarán acuerdos que especifiquen, especialmente, la naturaleza, el alcance y los procedimientos de la participación de estos países a que se refiere el apartado 1, en particular en relación con los Estados que son miembros del Espacio Económico Europeo, en los trabajos de la Autoridad, incluyendo disposiciones sobre las contribuciones económicas y el personal. Podrán prever que estén representados, como observadores, en la gobernanza de la Autoridad, pero garantizarán que dichos países no asistan a ningún debate que se refiera a entidades financieras concretas, salvo en caso de que exista un interés directo.»

58)  Se inserta el artículo 75 bis siguiente:

«Artículo 75 bisEjercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 35 quinquies, apartado 2, párrafo segundo podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 35 quinquies, apartado 2, párrafo segundo, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.»;

59)  El artículo 76 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 76Relación con el CERV

La Autoridad será considerada sucesora legal del CERV. A más tardar en la fecha de creación de la Autoridad, todo el activo y pasivo y todas las operaciones pendientes del CERV serán transferidos automáticamente a la Autoridad. El CERV formulará una declaración en la que mostrará su situación patrimonial al cierre a partir de la fecha de dicha transferencia. Dicha declaración será auditada y aprobada por el CERV y por la Comisión.»;

60)  Se inserta el artículo 77 bis siguiente:

Artículo 77 bisDisposiciones transitorias

Las funciones y el cargo del director ejecutivo, nombrado de conformidad con el presente Reglamento, cuya última modificación la constituye la Directiva 2014/51/UE, y en ejercicio el [OP: insértese la fecha correspondiente a tres meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento] cesarán en esa fecha.

Las funciones y el cargo del presidente, nombrado de conformidad con el presente Reglamento, cuya última modificación la constituye la Directiva 2014/51/UE, y en ejercicio el [OP: insértese la fecha correspondiente a tres meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento] continuarán hasta su expiración.

Las funciones y el cargo de los miembros del Consejo de Administración, nombrados de conformidad con el presente Reglamento, cuya última modificación la constituye la Directiva 2014/51/UE, y en ejercicio el [OP: insértese la fecha correspondiente a tres meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento] cesarán en esa fecha.»;

60 bis)  Se suprime el artículo 79.

60 ter)  Se suprime el artículo 80.

60 quater)  El artículo 81 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 81Revisión

1. A más tardar ... [dieciocho meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], y, posteriormente, cada tres años, la Comisión publicará un informe general sobre la experiencia adquirida sobre la base del funcionamiento de la Autoridad y de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento. Este informe evaluará, entre otros elementos:

a) la eficacia y convergencia alcanzada por las autoridades competentes en las prácticas de supervisión:

i) la▐ independencia▐de las autoridades competentes y la convergencia en las normas equivalentes al buen gobierno corporativo;

ii) la imparcialidad, objetividad y autonomía de la Autoridad;

b) el funcionamiento de los colegios de supervisores;

c) los avances registrados hacia el objetivo de convergencia en materia de prevención, gestión y resolución de crisis, con inclusión de los mecanismos de financiación de la Unión;

d) el papel de la Autoridad en lo que se refiere al riesgo sistémico;

e) la aplicación de la cláusula de salvaguardia prevista en el artículo 38;

f) la aplicación de la función mediadora vinculante prevista en el artículo 19;

f bis) el funcionamiento del proceso de toma de decisiones del Comité Mixto.

2. El informe mencionado en el apartado 1 también evaluará:

a) la conveniencia de mantener la separación de la supervisión de bancos, seguros, pensiones de jubilación, valores y mercados financieros;

b) la conveniencia de combinar o de mantener separadas la supervisión prudencial y la supervisión de la gestión empresarial;

c) la conveniencia de simplificar y reforzar la arquitectura del SESF con el fin de aumentar la coherencia entre los niveles macroprudencial y microprudencial y entre las AES;

d) si la evolución del SEFS se ajusta a la evolución global;

e) si hay suficiente diversidad y excelencia en el SESF;

f) la adecuación de la responsabilidad y la transparencia en relación con las obligaciones de publicación;

g) si los recursos de la Autoridad se adecuan al ejercicio de sus competencias;

h) la adecuación de la sede de la Autoridad y la posible conveniencia de trasladar a las AES a una única sede para propiciar una mejor coordinación entre ellas.

2 bis. En el informe general a que se refiere el apartado 1, la Comisión, tras consultar a todas las autoridades y partes interesadas pertinentes, llevará a cabo una evaluación exhaustiva de la aplicación, el funcionamiento y la eficacia de la emisión de cartas de no acción conforme al artículo 9 bis del presente Reglamento.

2 ter. En el informe general a que se refiere el apartado 1, la Comisión, tras consultar a todas las autoridades y partes interesadas pertinentes, llevará a cabo una evaluación exhaustiva de la posible supervisión de los centros de negociación de terceros países por parte de la AEVM, examinando aspectos como el reconocimiento basado en la importancia sistémica, los requisitos organizativos, el cumplimiento permanente, las multas y las multas coercitivas, así como el personal y los recursos. En su evaluación, la Comisión tendrá en cuenta los efectos en la liquidez, incluida la disponibilidad del mejor precio para los inversores, la mejor ejecución para los clientes de la Unión, las barreras de acceso y los beneficios económicos para las contrapartes de la Unión en el comercio mundial, así como el desarrollo de la Unión de los Mercados de Capitales.

2 quater. En el informe general a que se refiere el apartado 1, la Comisión, tras consultar a todas las autoridades y partes interesadas pertinentes, llevará a cabo una evaluación exhaustiva de la posible supervisión de los DCV de terceros países por parte de la AEVM, examinando aspectos como el reconocimiento basado en la importancia sistémica, los requisitos organizativos, el cumplimiento permanente, las multas y las multas coercitivas, así como el personal y los recursos.

2 quinquies. A más tardar [dieciocho meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento] la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo las evaluaciones a que se refieren los apartados 2 bis, 2 ter y 2 quater acompañadas, si procede, de propuestas legislativas.

3. Por lo que atañe a la cuestión de la supervisión directa de entidades o infraestructuras de escala paneuropea, y teniendo en cuenta la evolución del mercado, la estabilidad del mercado interior y la cohesión de la Unión en su conjunto, la Comisión elaborará un informe anual sobre la conveniencia de confiar a la Autoridad otras competencias de supervisión en este ámbito.

4. El informe, junto con cualquier eventual propuesta que lo acompañe, será transmitido al Parlamento Europeo y al Consejo.»

Artículo 6Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 600/2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros

El Reglamento (UE) n.º 600/2014 se modifica como sigue:

25)  El artículo 1 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 1, se añade la letra g) siguiente:

«g) autorización y supervisión de proveedores de servicios de suministro de datos;»;

b)  en el artículo 1, se inserta el apartado 5 bis siguiente:

«5 bis. Los artículos 40 y 42 se aplicarán también en relación con las sociedades de gestión de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y las sociedades de inversión de OICVM autorizadas de conformidad con la Directiva 2009/65/CE, y con los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA) autorizados de conformidad con la Directiva 2011/61/UE.»;

26)  El artículo 2, apartado 1, se modifica como sigue:

a)  los puntos 34, 35 y 36 se sustituyen por el texto siguiente:

«34)  «agente de publicación autorizado» o «APA»: una persona autorizada con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento para prestar el servicio de publicación de informes de operaciones en nombre de las empresas de servicios de inversión de conformidad con los artículos 20 y 21;

35) «proveedor de información consolidada» o «PIC»: una persona autorizada con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento para prestar el servicio de recopilación de informes de operaciones realizadas en mercados regulados, SMN, SOC y agentes de publicación autorizados, con los instrumentos financieros mencionados en los artículos 6, 7, 10, 12 y 13, 20 y 21, y su consolidación en un flujo de datos electrónicos continuos en directo que proporcionen datos sobre precios y volúmenes para cada instrumento financiero;

36) «sistema de información autorizado» o «SIA»: una persona autorizada con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento para prestar el servicio de notificar detalles de operaciones a las autoridades competentes o a la AEVM en nombre de las empresas de servicios de inversión;»;

b)  se inserta el punto 36 bis siguiente:

«36 bis) «proveedores de servicios de suministro de datos»: las personas a las que se hace referencia en los puntos 34 a 36 y las personas a las que se hace referencia en el artículo 38 bis, 27 bis, apartado 2;»;

27)  El artículo 22 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 22Información a efectos de transparencia y de otros cálculos

1. Con objeto de llevar a cabo los cálculos para determinar los requisitos de transparencia pre-negociación y post-negociación y los sistemas de obligación de negociación mencionados en los artículos 3 a 11, los artículos 14 a 21 y el artículo 32, que son aplicables a los instrumentos financieros, así como para determinar si una empresa de servicios de inversión es un internalizador sistemático, la AEVM y las autoridades competentes podrán solicitar información a:

a)  centros de negociación;

b)  APA; y

c)  PIC.

2. Los centros de negociación, APA y PIC almacenarán los datos necesarios durante un período de tiempo suficiente.

3. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar el contenido y la frecuencia de las solicitudes de información y los formatos y el calendario en que los centros de negociación, APA y PIC deberán atender las solicitudes de información a las que se hace referencia en el apartado 1, y para especificar el tipo de datos que deberán almacenarse y el período mínimo durante el cual los centros de negociación, APA y PIC deberán almacenar los datos para poder atender dichas solicitudes de conformidad con el apartado 2.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el presente apartado, con arreglo a los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.»;

28)  El artículo 26 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 26Obligación de comunicar las operaciones

1.  Las empresas de servicios de inversión que ejecuten operaciones con instrumentos financieros deberán comunicar los datos completos y exactos de esas operaciones a la autoridad competente con la mayor brevedad, y a más tardar al cierre del siguiente día hábil.

Las autoridades competentes establecerán, de conformidad con el artículo 85 de la Directiva 2014/65/UE, las medidas necesarias para garantizar que la autoridad competente del mercado más importante en términos de liquidez para dichos instrumentos financieros reciba asimismo esa información.

Las autoridades competentes pondrán a disposición de la AEVM, sin demora, cualquier información comunicada con arreglo al presente artículo.

2.  La obligación prevista en el apartado 1 se aplicará a:

a) los instrumentos financieros admitidos a negociación o negociados en un centro de negociación o para los que se haya solicitado la admisión a negociación;

b) los instrumentos financieros en los que el subyacente sea un instrumento financiero negociado en un centro de negociación; y

c) los instrumentos financieros en los que el subyacente sea un índice o una cesta compuesta de instrumentos financieros negociados en un centro de negociación.

La obligación se aplicará a las operaciones con los instrumentos financieros contemplados en las letras a) a c) con independencia de que esas operaciones se ejecuten o no en el centro de negociación.

3.  Las comunicaciones incluirán, en particular, los datos siguientes: la denominación y número de los instrumentos comprados o vendidos, la cantidad, las fechas y horas de ejecución, los precios de la operación, un identificador de los clientes en cuyo nombre la empresa de servicios de inversión haya ejecutado esa operación, un identificador de las personas y los algoritmos informáticos dentro de la empresa de servicios de inversión responsables de la decisión de invertir y de la ejecución de la operación, un identificador de la exención aplicable con arreglo a la cual haya tenido lugar la negociación, los medios de identificación de las empresas de servicios de inversión de que se trate, y un identificador de las ventas en corto, tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 236/2012, de acciones y deuda soberana incluidas en el ámbito de aplicación de los artículos 12, 13 y 17 de dicho Reglamento. Para las operaciones que no se ejecuten en un centro de negociación, las comunicaciones incluirán asimismo un identificador de los tipos de operaciones, de conformidad con las medidas que deberán adoptarse en virtud del artículo 20, apartado 3, letra a), y del artículo 21, apartado 5, letra a). En el caso de los derivados sobre materias primas, las comunicaciones indicarán si la operación reduce el riesgo de forma objetivamente cuantificable, de conformidad con el artículo 57 de la Directiva 2014/65/UE.

4.  Las empresas de servicios de inversión que transmitan órdenes incluirán en la transmisión de cada orden todos los datos indicados en los apartados 1 y 3. En lugar de consignar los datos mencionados al transmitir las órdenes, la empresa de servicios de inversión también podrá optar por comunicar la orden transmitida, en caso de ejecutarse, como una operación de conformidad con los requisitos del apartado 1. En tal caso, la comunicación de operación de la empresa de servicios de inversión mencionará que corresponde a una orden transmitida.

5.  El gestor de un centro de negociación comunicará, de conformidad con los apartados 1 y 3, los datos de las operaciones con instrumentos negociados en su plataforma que haya ejecutado por medio de sus sistemas una empresa que no esté sujeta al presente Reglamento.

6.  A la hora de comunicar el identificador de los clientes con arreglo a lo establecido en los apartados 3 y 4, las empresas de servicios de inversión utilizarán un código identificador de entidades jurídicas establecido para identificar a clientes que tengan tal condición.

La AEVM elaborará a más tardar [OP: insértese la fecha correspondiente a veinticuatro meses después de la fecha de entrada en vigor] directrices, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, para garantizar que la aplicación en la Unión de identificadores de entidades jurídicas se atenga a las normas internacionales, en particular a las establecidas por el Consejo de Estabilidad Financiera.

7.  La comunicación a la autoridad competente podrá ser efectuada por la propia empresa de servicios de inversión, por un SIA que actúe en su nombre o por el centro de negociación por medio de cuyo sistema se haya llevado a cabo la operación, de conformidad con los apartados 1, 3 y 9.

Las empresas de servicios de inversión serán responsables de que las comunicaciones presentadas a la autoridad competente están completas, son exactas y han sido transmitidas a su debido tiempo.

Como excepción a dicha responsabilidad, cuando una empresa de servicios de inversión comunique detalles de esas operaciones a través de un SIA que actúe en su nombre o de un centro de negociación, dicha empresa no será responsable de que las comunicaciones atribuibles al SIA o al centro de negociación no estén completas, no sean exactas o no hayan sido transmitidas a su debido tiempo. En esos casos, y a reserva de lo dispuesto en el artículo 66, apartado 4, de la Directiva 2014/65/UE, los responsables de dichas faltas serán el SIA o el centro de negociación.

No obstante lo anterior, las empresas de servicios de inversión deberán tomar medidas razonables para verificar si las comunicaciones de operaciones presentadas en su nombre están completas, son exactas y han sido transmitidas a su debido tiempo.

El Estado miembro de origen exigirá que el centro de negociación que presente declaraciones en nombre de la empresa de servicios de inversión disponga de sólidos mecanismos de seguridad que garanticen la seguridad y autenticación de los medios de transmisión de información, minimicen el riesgo de alteración de datos y de acceso no autorizado e impidan las fugas de información, manteniendo en todo momento la confidencialidad de los datos. El Estado miembro de origen exigirá que los centros de negociación dispongan de recursos suficientes y de sistemas de seguridad que les permitan ofrecer y mantener sus servicios en todo momento.

La autoridad competente podrá aprobar como SIA los sistemas de case de operaciones o de comunicación, incluidos los registros de operaciones inscritos o reconocidos de conformidad con el título VI del Reglamento (UE) n.º 648/2012, a efectos de la transmisión de comunicaciones de operaciones a la autoridad competente de conformidad con los apartados 1, 3 y 9.

En caso de que las operaciones hayan sido comunicadas a un registro de operaciones de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 648/2012 y de que dicha comunicación incluya los datos exigidos con arreglo a los apartados 1, 3 y 9, y sea transmitida a la autoridad competente por el registro de operaciones en el plazo mencionado en el apartado 1, se considerará que la empresa de servicios de inversión ha cumplido la obligación que establece dicho apartado.

Cuando las comunicaciones de operaciones presenten errores u omisiones, el SIA, la empresa de servicios de inversión o el centro de negociación que comunique la operación deberá presentar una corregida a la autoridad competente.

8.  Cuando, de conformidad con el artículo 35, apartado 8, de la Directiva 2014/65/UE, las comunicaciones a que se refiere el presente artículo sean transmitidas a la autoridad competente, esta las transmitirá a las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la empresa de servicios de inversión, a no ser que las autoridades competentes del Estado miembro de origen decidan que no desean recibirlas.

9.  La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar:

a)  las normas y formatos de los datos que han de comunicarse de conformidad con los apartados 1 y 3, incluidos los métodos y disposiciones de comunicación de operaciones financieras, así como la forma y el contenido de las mismas;

b)  los criterios para definir un mercado importante a efectos del apartado 1;

c)  las referencias de los instrumentos financieros comprados o vendidos, la cantidad, las fechas y horas de ejecución, los precios de la operación, la información y los datos sobre la identidad del cliente, un identificador de los clientes en cuyo nombre la empresa de servicios de inversión haya ejecutado esa operación, un identificador de las personas y los algoritmos informáticos dentro de la empresa de servicios de inversión responsables de la decisión de invertir y de la ejecución de la operación, un identificador de la exención aplicable con arreglo a la cual haya tenido lugar la negociación, los medios de identificación de las empresas de servicios de inversión de que se trate, la forma en que se ejecutó la operación, los campos de datos necesarios para tratar y analizar las comunicaciones de operaciones de conformidad con el apartado 3; y

d)  el identificador de las ventas en corto de acciones y deuda soberana a que se refiere el apartado 3;

e)  las categorías pertinentes de instrumentos financieros que deban comunicarse de acuerdo con el apartado 2;

f)  las condiciones con arreglo a las cuales los Estados miembros desarrollan, atribuyen y mantienen los identificadores de entidades jurídicas, de conformidad con el apartado 6, así como las condiciones con arreglo a las cuales las empresas de servicios de inversión utilizan esos identificadores de entidades jurídicas con objeto de proporcionar, de conformidad con los apartados 3, 4 y 5, los identificadores de los clientes en las comunicaciones de operaciones que deben elaborar de conformidad con el apartado 1;

g)  la aplicación de las obligaciones de comunicación de operaciones a las sucursales de las empresas de servicios de inversión;

h)  qué constituye una operación y la ejecución de una operación a efectos del presente artículo;

i)  cuándo se considera que una empresa de servicios de inversión ha transmitido una orden a efectos del apartado 4.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

10.  A más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a veinticuatro meses después de la fecha de entrada en vigor], la AEVM presentará un informe a la Comisión sobre el funcionamiento del presente artículo, indicando su interacción con los requisitos de información conexos previstos en el Reglamento (UE) n.º 648/2012 y si el contenido y el formato de las comunicaciones sobre operaciones recibidas e intercambiadas entre autoridades competentes permiten supervisar de forma exhaustiva las actividades de las empresas de servicios de inversión, de conformidad con el artículo 24 del presente Reglamento. La Comisión podrá tomar medidas para proponer cambios al respecto, y podrá incluso prever que las operaciones se transmitan solamente al sistema único. La Comisión transmitirá el informe de la AEVM al Parlamento Europeo y al Consejo.»;

29)  El artículo 27 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 27Obligación de facilitar datos de referencia sobre los instrumentos financieros

1.  Por lo que se refiere a los instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado regulado, o negociados en un SMN o un SOC, los centros de negociación facilitarán a la AEVM datos de referencia identificativos a efectos de la comunicación de operaciones contemplada en el artículo 26.

Por lo que se refiere a los demás instrumentos financieros contemplados en el artículo 26, apartado 2, cada internalizador sistemático facilitará a la AEVM los datos de referencia relativos a dichos instrumentos financieros negociados en su sistema.

Los datos de referencia identificativos estarán disponibles para su transmisión a la AEVM en un formato electrónico normalizado antes de que se inicie la negociación del instrumento financiero a que se refieran. Los datos de referencia del instrumento financiero se actualizarán siempre que se produzcan cambios en los datos relativos a un instrumento financiero. La AEVM publicará esos datos de referencia inmediatamente en su sitio web. La AEVM permitirá el acceso sin dilaciones de las autoridades competentes a dichos datos de referencia.

2.  Con objeto de que, de conformidad con el artículo 26, las autoridades competentes puedan supervisar las actividades de las empresas de servicios de inversión para asegurarse de que actúan con honestidad, imparcialidad y profesionalidad, fomentando la integridad del mercado, la AEVM, previa consulta con las autoridades competentes, establecerá las disposiciones necesarias para garantizar que:

a)  la AEVM recibe efectivamente los datos de referencia sobre los instrumentos financieros de conformidad con el apartado 1;

b)  la calidad de los datos así recibidos es adecuada a efectos de la comunicación de operaciones contemplada en el artículo 26;

c)  los datos de referencia sobre los instrumentos financieros recibidos de conformidad con el apartado 1 se transmiten de manera eficiente y sin dilación a las autoridades competentes;

d)  se aplican mecanismos efectivos entre la AEVM y las autoridades competentes para resolver los problemas de transmisión o calidad de los datos.

3.  La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar:

a)  las normas y los formatos para los datos de referencia sobre los instrumentos financieros de conformidad con el apartado 1, incluidos los métodos y las modalidades de comunicación de los datos y cualquier actualización de los mismos a la AEVM, así como para su transmisión a las autoridades competentes de conformidad con el apartado 1, y la forma y el contenido de dichos datos;

b)  las medidas técnicas necesarias en relación con las disposiciones que han de tomar la AEVM y las autoridades competentes de conformidad con el apartado 2.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

3 bis.  La AEVM podrá suspender las obligaciones de información que se especifican en el apartado 1 para algunos o todos los instrumentos financieros cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

a)  La suspensión es necesaria a fin de preservar la integridad y la calidad de los datos de referencia sujetos a la obligación de información que se establece en el artículo 27, apartado 1, del MiFIR, que pueden peligrar debido a uno de los siguientes motivos:

i) omisión, inexactitud o corrupción grave de los datos presentados; o

ii) no disponibilidad de manera oportuna, perturbación o perjuicio del funcionamiento de los sistemas utilizados para la presentación, recogida, procesado o almacenamiento de los datos de referencia correspondientes por la AEVM, las autoridades nacionales competentes, las infraestructuras de mercado, los sistemas de compensación y liquidación y los participantes importantes en el mercado.

b)  Los requisitos reglamentarios aplicables con arreglo al Derecho de la Unión no responden a la amenaza.

c)  La suspensión no tiene un efecto perjudicial para la eficiencia de los mercados financieros o para los inversores que resulta desproporcionado con respecto a sus beneficios.

d)  La suspensión no crea un arbitraje regulatorio.

Al adoptar la medida a que se refiere el párrafo primero, la AEVM tendrá en cuenta hasta qué punto esta garantiza la exactitud y exhaustividad de los datos comunicados a los efectos especificados en el apartado 2.

Antes de decidir adoptar la medida a que se refiere el párrafo primero, la AEVM notificará a las autoridades competentes pertinentes.

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 50 que especifiquen los criterios y factores que la AEVM deberá tener en cuenta a la hora de determinar en qué casos podrá adoptarse y dejar de aplicarse la medida a que se refiere el párrafo primero.»;

30)  Se inserta el título IV bis siguiente:

«TÍTULO IV bis

SERVICIOS DE SUMINISTRO DE DATOS

CAPÍTULO 1

Autorización de los proveedores de servicios de suministro de datos

Artículo 27 bisRequisito de autorización

1. La gestión de un APA, un PIC o un SIA como profesión o actividad habitual estará sujeta a la autorización previa de la AEVM, de conformidad con el presente título.

2. Una empresa de servicios de inversión o un organismo rector del mercado que gestione un centro de negociación podrá prestar también los servicios de un APA, un PIC o un SIA, previa verificación por la AEVM de que la empresa de servicios de inversión o el organismo rector del mercado cumple lo dispuesto en el presente título. La prestación de esos servicios se incluirá en su autorización.

3. La AEVM elaborará un registro de todos los proveedores de servicios de suministro de datos de la Unión. El registro será público, contendrá información sobre los servicios respecto a los cuales esté autorizado el proveedor de servicios de suministro de datos y se actualizará de manera periódica.

Cuando la AEVM haya revocado una autorización de conformidad con el artículo 27 quinquies, dicha revocación será publicada en el registro durante un período de cinco años.

4. Los proveedores de servicios de suministro de datos prestarán sus servicios bajo la supervisión de la AEVM. La AEVM revisará periódicamente el cumplimiento de lo dispuesto en el presente título por los proveedores de servicios de suministro de datos. La AEVM verificará que los proveedores de servicios de suministro de datos cumplan en todo momento las condiciones de la autorización inicial establecidas en el presente título.

Artículo 27 terAutorización de los proveedores de servicios de suministro de datos

1. Los proveedores de servicios de suministro de datos serán autorizados por la AEVM a efectos del título IV bis en caso de que:

a)  el proveedor de servicios de datos sea una persona jurídica establecida en la Unión; y

b)  el proveedor de servicios de datos cumpla los requisitos establecidos en el título IV bis.

2. En la autorización a la que se hace referencia en el apartado 1 se especificará el servicio de suministro de datos que el proveedor de servicios de suministro de datos está autorizado a prestar. Cuando un proveedor de servicios de suministro de datos autorizado se proponga ampliar sus actividades a otros servicios de suministro de datos deberá presentar a la AEVM una solicitud de ampliación de su autorización.

3. Los proveedores de servicios de suministro de datos autorizados deberán cumplir en todo momento las condiciones de autorización mencionadas en el título IV bis. Los proveedores de servicios de suministro de datos autorizados notificarán a la AEVM, sin retrasos injustificados, toda modificación significativa de las condiciones de autorización.

4. La autorización a la que se hace referencia en el apartado 1 será efectiva y válida para todo el territorio de la Unión y permitirá al proveedor de servicios de suministro de datos prestar en toda la Unión los servicios respecto a los cuales haya sido autorizado.

Artículo 27 quaterProcedimientos para conceder y denegar solicitudes de autorización

1. El proveedor de servicios de suministro de datos solicitante facilitará en su solicitud toda la información necesaria para que la AEVM pueda confirmar que el proveedor de servicios de suministro de datos ha adoptado, en el momento de la autorización inicial, todas las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones con arreglo a las disposiciones del presente título, incluido un programa de actividades en el que se especifiquen, entre otras cosas, los tipos de servicios previstos y la estructura organizativa.

2. En un plazo de 20 días hábiles tras la recepción de la solicitud de autorización, la AEVM evaluará si esta está completa.

Si la solicitud no está completa, la AEVM fijará un plazo para que el proveedor de servicios de suministro de datos facilite información adicional.

Una vez que se haya estimado que una solicitud está completa, la AEVM lo notificará al proveedor de servicios de suministro de datos.

3. La AEVM, en un plazo de seis meses a partir de la recepción de una solicitud completa, evaluará el cumplimiento por el proveedor de servicios de suministro de datos de lo dispuesto en el presente título y adoptará una decisión plenamente motivada por la que se conceda o se deniegue la autorización, y se la notificará al proveedor de servicios de datos solicitante en el plazo de cinco días hábiles.

4. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de determinar:

a)  la información que debe proporcionarse a la AEVM con arreglo al apartado 6, incluido el programa de actividades;

b)  la información contenida en las notificaciones con arreglo al artículo 27 ter, apartado 3.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

8. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para establecer modelos de formularios, plantillas y procedimientos para la transmisión de la información prevista en el apartado 2 del presente artículo y en el artículo 27 sexies, apartado 3.

Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 27 quinquiesRevocación de la autorización

1. La AEVM podrá revocar la autorización de un proveedor de servicios de suministro de datos cuando este:

a)  no haya utilizado la autorización en un plazo de doce meses, renuncie expresamente a la misma o no haya prestado servicios durante los seis meses anteriores;

b)  haya obtenido la autorización valiéndose de declaraciones falsas o de cualquier otro medio irregular;

c)  deje de cumplir las condiciones iniciales de autorización;

d)  haya infringido de forma grave y sistemática las disposiciones adoptadas de conformidad con el presente Reglamento.

2. La AEVM, sin retrasos injustificados, notificará a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el proveedor de servicios de suministro de datos toda decisión de revocación de la autorización de un proveedor de servicios de suministro de datos.»;

Artículo 27 sexiesRequisitos aplicables al órgano de dirección de los proveedores de servicios de suministro de datos

1. El órgano de dirección de un proveedor de servicios de suministro de datos poseerá en todo momento la honorabilidad suficiente, así como los conocimientos, competencias y experiencia suficientes, y dedicará el tiempo suficiente al desempeño de su cometido.

El órgano de dirección poseerá colectivamente los conocimientos, competencias y experiencia oportunos para poder comprender las actividades del proveedor de servicios de suministro de datos. Cada uno de los miembros del órgano de dirección actuará con honestidad, integridad e independencia de espíritu, impugnando de manera efectiva las decisiones de la alta dirección, cuando sea necesario, y vigilando y controlando de manera efectiva el proceso decisorio de la dirección, cuando sea necesario.

Cuando un organismo rector del mercado solicite autorización para gestionar un APA, un PIC o un SIA de conformidad con el artículo 27 quater y los miembros del órgano de dirección del APA, el PIC o el SIA sean los mismos que los miembros del órgano de dirección del mercado regulado, se considerará que dichas personas cumplen el requisito establecido en el párrafo primero.

2. Los proveedores de servicios de suministro de datos notificarán a la AEVM la identidad de todos los miembros de su órgano de dirección y cualquier cambio relativo a la composición de este, junto con toda la información necesaria para valorar si la entidad cumple lo establecido en el apartado 1.

3. El órgano de dirección del proveedor de servicios de suministro de datos definirá y vigilará la aplicación de un sistema de gobierno que garantice una gestión eficaz y prudente de una organización —que incluya el reparto de funciones en la organización y la prevención de conflictos de intereses—, promoviendo la integridad del mercado y el interés de sus clientes.

4. La AEVM denegará la autorización si no está convencida de que la persona o personas que dirigirán efectivamente las actividades del proveedor de servicios de suministro de datos gozan de la honorabilidad suficiente, o cuando existan motivos objetivos y demostrables para creer que los cambios propuestos en la dirección del proveedor suponen una amenaza para su gestión adecuada y prudente y para la debida consideración del interés de sus clientes y de la integridad del mercado.

5. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación [OP: insértese la fecha correspondiente a veinticuatro meses después de la entrada en vigor] para evaluar la idoneidad de los miembros del órgano de dirección a que se refiere el apartado 1, teniendo en cuenta los diferentes papeles y funciones que desempeñen y la necesidad de evitar conflictos de intereses entre los miembros del órgano de dirección y los usuarios del APA, PIC o SIA.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el presente apartado, con arreglo a los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Capítulo 2

CONDICIONES APLICABLES A LOS APA, LOS PIC Y LOS SIA

Artículo 27 septiesRequisitos organizativos aplicables a los APA

1. Los APA establecerán políticas y disposiciones adecuadas para hacer pública la información requerida con arreglo a los artículos 20 y 21 tan cerca del tiempo real como sea posible técnicamente y en condiciones comerciales razonables. La información se facilitará gratuitamente quince minutos después de que el APA la haya publicado. Los APA divulgarán dicha información con eficiencia y coherencia, de manera que se garantice un acceso rápido a la información, en condiciones no discriminatorias y en un formato que facilite la consolidación de la información con datos similares de otras fuentes.

2. La información hecha pública por los APA de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 incluirá, como mínimo, los datos siguientes:

a)  el identificador del instrumento financiero;

b)  el precio al que se haya concluido la operación;

c)  el volumen de la operación;

d)  la hora de la operación;

e)  la hora a la que se haya comunicado la operación;

f)  la divisa de la operación;

g)  el código del centro de negociación en el que se haya ejecutado la operación, o bien, si la operación se ha ejecutado mediante un internalizador sistemático, el código “SI”, o bien el código “OTC”;

h)  si procede, un indicador de que la operación ha estado sujeta a condiciones específicas.

3. Los APA gestionarán y mantendrán dispositivos administrativos eficaces para evitar conflictos de intereses con sus clientes. En particular, un APA que sea también un organismo rector del mercado o una empresa de servicios de inversión tratará toda la información recopilada de forma no discriminatoria y gestionará y mantendrá dispositivos adecuados para separar las diferentes funciones comerciales.

4. Los APA establecerán mecanismos de seguridad sólidos para garantizar la seguridad de los medios de transmisión de la información, reducir al mínimo el riesgo de corrupción de datos y de acceso no autorizado y evitar fugas de información antes de la publicación. Los APA mantendrán recursos adecuados y establecerán instalaciones de reserva a fin de ofrecer y mantener sus servicios en todo momento.

5. Los APA establecerán sistemas que permitan controlar de manera efectiva la exhaustividad de los informes de negociación, detectar omisiones y errores manifiestos y solicitar la retransmisión de los informes erróneos.

6. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para determinar formatos comunes, normas sobre datos y disposiciones técnicas que faciliten la consolidación de la información contemplada en el apartado 1.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

7. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 50 que especifiquen qué se entiende por condiciones comerciales razonables en la publicación de información a tenor del apartado 1 del presente artículo.

8. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar:

a)  los medios por los cuales los APA pueden cumplir la obligación de información contemplada en el apartado 1;

b)  el contenido de la información publicada con arreglo al apartado 1, incluyendo como mínimo la información mencionada en el apartado 2 de tal forma que permita la publicación de información exigida en virtud del presente artículo;

c)  los requisitos concretos de organización establecidos en los apartados 3, 4 y 5.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 27 octiesRequisitos organizativos aplicables a los PIC

1. Los PIC establecerán políticas y disposiciones adecuadas para recopilar la información publicada de conformidad con los artículos 6 y 20, consolidarla en un flujo electrónico continuo de datos y ponerla a disposición del público lo más cerca al tiempo real que sea posible técnicamente y en condiciones comerciales razonables.

Dicha información incluirá como mínimo los siguientes datos:

a)  el identificador del instrumento financiero;

b)  el precio al que se haya concluido la operación;

c)  el volumen de la operación;

d)  la hora de la operación;

e)  la hora a la que se haya comunicado la operación;

f)  la divisa de la operación;

g)  el código del centro de negociación en el que se haya ejecutado la operación, o bien, si la operación se ha ejecutado mediante un internalizador sistemático, el código “SI”, o bien el código “OTC”;

h)  si procede, el hecho de que un algoritmo informático en el interior de la empresa de servicios de inversión haya sido responsable de la decisión de inversión y de la ejecución de la operación;

i)  si procede, un indicador de que la operación ha estado sujeta a condiciones específicas;

j)  en caso de exención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letras a) o b), de la obligación de hacer pública la información a que hace referencia el artículo 3, apartado 1, un señalizador que indique a cuál de dichas exenciones ha estado sujeta la operación.

La información se facilitará gratuitamente quince minutos después de que el PIC la haya publicado. Los PIC estarán en condiciones de divulgar dicha información con eficiencia y coherencia, de manera que se garantice un acceso rápido a la información, en condiciones no discriminatorias y en formatos de fácil acceso y utilización para los participantes en el mercado.

2. Los PIC establecerán políticas y disposiciones adecuadas para recopilar la información publicada de conformidad con los artículos 10 y 21, consolidarla en un flujo electrónico continuo de datos y poner a disposición del público lo más cerca al tiempo real que sea posible técnicamente y en condiciones comerciales razonables, como mínimo los siguientes datos:

a)  el identificador o los elementos identificativos del instrumento financiero;

b)  el precio al que se haya concluido la operación;

c)  el volumen de la operación;

d)  la hora de la operación;

e)  la hora a la que se haya comunicado la operación;

f)  la divisa de la operación;

g)  el código del centro de negociación en el que se haya ejecutado la operación, o bien, si la operación se ha ejecutado mediante un internalizador sistemático, el código “SI”, o bien el código “OTC”;

h)  si procede, un indicador de que la operación ha estado sujeta a condiciones específicas.

La información se facilitará gratuitamente quince minutos después de que el PIC la haya publicado. Los PIC estarán en condiciones de divulgar dicha información con eficiencia y coherencia, de manera que se garantice un acceso rápido a la información, en condiciones no discriminatorias y en formatos generalmente aceptados que sean interoperables y de fácil acceso y utilización para los participantes en el mercado.

3. Los PIC garantizarán que los datos facilitados estén consolidados a partir de los relativos a los mercados regulados, SMN, SOC y APA y con respecto a los instrumentos financieros especificados por las normas técnicas de regulación con arreglo al apartado 8, letra c).

4. Los PIC gestionarán y mantendrán dispositivos administrativos eficaces para evitar conflictos de intereses. En particular, un organismo rector del mercado o un APA que gestione también un servicio de información consolidada tratará toda la información recopilada de manera no discriminatoria y gestionará y mantendrá dispositivos adecuados para separar las distintas funciones comerciales.

5. Los PIC establecerán mecanismos de seguridad sólidos para garantizar la seguridad de los medios de transmisión de la información y reducir al mínimo el riesgo de corrupción de datos y de acceso no autorizado. Los PIC mantendrán recursos adecuados y establecerán instalaciones de reserva a fin de ofrecer y mantener sus servicios en todo momento.

La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para determinar normas de datos y formatos respecto a la información que deberá publicarse de conformidad con los artículos 6, 10, 20 y 21 —identificador del instrumento financiero, precio, cantidad, hora, divisa, identificador del centro de negociación e indicadores de las condiciones específicas de las operaciones—, así como disposiciones técnicas que promuevan una divulgación eficiente y coherente de la información de una manera que garantice que sea de fácil acceso y utilización para los participantes en el mercado de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1 y 2, lo que incluirá la determinación de otros servicios que podría prestar el PIC para elevar el grado de eficiencia del mercado.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

6. La Comisión adoptará actos delegados con arreglo al artículo 89 que clarifiquen qué se entiende por condiciones comerciales razonables en el acceso a los flujos de datos a tenor de los apartados 1 y 2 del presente artículo.

7. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar:

a)  los medios por los cuales los PIC pueden cumplir la obligación de información contemplada en los apartados 1 y 2;

b)  el contenido de la información publicada con arreglo a los apartados 1 y 2;

c)  los datos de los instrumentos financieros que deben facilitarse en el flujo de datos y, para los instrumentos financieros distintos de acciones y de instrumentos asimilados, las plataformas de negociación y los APA que deban incluirse;

d)  otros medios para garantizar que los datos publicados por los distintos PIC son coherentes y permiten establecer un inventario global y referencias cruzadas con datos similares de otras fuentes, y que pueden agregarse al nivel de la Unión;

e)  los requisitos concretos de organización establecidos en los apartados 4 y 5.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 27 noniesRequisitos organizativos aplicables a los SIA

1. Los SIA establecerán políticas y disposiciones adecuadas para comunicar la información requerida con arreglo al artículo 26 con la mayor brevedad, y a más tardar al finalizar el día hábil siguiente al día en que tuvo lugar la operación.

2. Los SIA gestionarán y mantendrán dispositivos administrativos eficaces para evitar conflictos de intereses con sus clientes. En particular, los SIA que sean también organismos rectores del mercado o empresas de servicios de inversión tratarán toda la información recopilada de forma no discriminatoria y gestionarán y mantendrán dispositivos adecuados para separar las diferentes funciones comerciales.

3. Los SIA establecerán mecanismos de seguridad sólidos para garantizar la seguridad y autenticación de los medios de transmisión de la información, reducir al mínimo el riesgo de corrupción de datos y de acceso no autorizado y evitar fugas de información, manteniendo en todo momento la confidencialidad de los datos. Los SIA mantendrán recursos adecuados y establecerán instalaciones de reserva a fin de ofrecer y mantener sus servicios en todo momento.

4. Los SIA establecerán sistemas que permitan controlar de manera efectiva la exhaustividad de los informes de operaciones, detectar omisiones y errores manifiestos causados por la empresa de servicios de inversión y, en caso de que se produzca uno de estos errores u omisiones, comunicar los datos del error u omisión a la empresa de servicios de inversión y solicitar que vuelvan a transmitirse los informes erróneos.

Los SIA establecerán sistemas que les permitan detectar errores u omisiones causadas por el propio SIA, y corregir y transmitir o volver a transmitir, en su caso, a la autoridad competente informes de operaciones correctos y exhaustivos.

5. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar:

a)  los medios por los cuales los SIA pueden cumplir la obligación de información contemplada en el apartado 1; y

b)  los requisitos concretos de organización establecidos en los apartados 2, 3 y 4.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

31)  Se inserta el título VI bis siguiente:

«TÍTULO VI bis

Facultades y competencias de la AEVM

CAPÍTULO 1

COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTOS

Artículo 38 bisEjercicio de las facultades de la AEVM

Las facultades conferidas en virtud de los artículos 38 ter a 38 sexies a la AEVM o a cualquiera de sus agentes o demás personas acreditadas por ella no podrán ejercerse para exigir la divulgación de información o de documentos que estén amparados por el secreto profesional.

Artículo 38terSolicitud de información

1. La AEVM, mediante simple solicitud o mediante decisión, podrá instar a las siguientes personas a que le faciliten cuanta información sea necesaria para permitirle desempeñar sus funciones con arreglo al presente Reglamento:

a) los APA, los PIC y los SIA, y las empresas de servicios de inversión o los organismos rectores del mercado que gestionen un centro de negociación para gestionar los servicios de suministro de datos de un APA, un PIC o un SIA, así como las personas que los controlen o que sean controladas por ellos;

  b) los gestores de las personas a las que se hace referencia en la letra a);

c) los auditores y asesores de las personas a las que se hace referencia en la letra a);

2. Cualquier simple solicitud de información como la mencionada en el apartado 1:

a) hará referencia al presente artículo como base jurídica de la solicitud;

b) indicará el propósito de la solicitud;

c) especificará la información requerida;

d) incluirá el plazo en el que habrá de facilitarse la información;

e) incluirá una declaración indicando que, si bien la persona a quien se solicita la información no está obligada a facilitarla, en caso de responder voluntariamente a la solicitud, la información que facilite no deberá ser incorrecta ni engañosa;

f) indicará el importe de la multa que se impondrá de conformidad con el artículo 38 sexies en caso de que la información facilitada sea incorrecta o engañosa.

3. Cuando solicite que se facilite información con arreglo al apartado 1 mediante decisión, la AEVM:

a) hará referencia al presente artículo como base jurídica de la solicitud;

b) indicará el propósito de la solicitud;

c) especificará la información requerida;

d) fijará el plazo en el que habrá de serle facilitada la información;

e) indicará las multas coercitivas previstas en el artículo 38 octies en caso de que no se facilite toda la información exigida;

f) indicará la multa prevista en el artículo 38 septies por responder con información incorrecta o engañosa a las preguntas formuladas;

g) indicará el derecho de recurrir la decisión ante la Sala de Recurso de la AEVM y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el Tribunal de Justicia») de conformidad con los artículos 60 y 61 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

4. Las personas a que se refiere el apartado 1 o sus representantes y, en el caso de las personas jurídicas o de las asociaciones sin personalidad jurídica, las personas facultadas por ley o por sus estatutos para representarlas, facilitarán la información solicitada. Los abogados debidamente habilitados podrán facilitar la información en nombre de sus clientes. Estos últimos seguirán siendo plenamente responsables si la información presentada es incompleta, incorrecta o engañosa.

5. La AEVM remitirá sin demora una copia de la simple solicitud o de su decisión a la autoridad competente del Estado miembro donde estén domiciliadas o establecidas las personas contempladas en el apartado 1 a las que se destine la solicitud de información.

Artículo 38 quaterInvestigaciones generales

1. A efectos del desempeño de sus funciones de conformidad con el presente Reglamento, la AEVM podrá realizar las investigaciones necesarias sobre las personas a que se refiere el artículo 38 ter, apartado 1. A tal fin, los agentes de la AEVM y demás personas acreditadas por ella estarán facultados para:

a) examinar todos los registros, datos, procedimientos y cualquier otra documentación pertinente para la realización del cometido de la AEVM, independientemente del medio utilizado para almacenarlos;

b) hacer u obtener copias certificadas o extractos de dichos registros, datos, procedimientos y otra documentación;

c) convocar y pedir a las personas contempladas en el artículo 38 ter, apartado 1, o a sus representantes o a miembros de su personal que den explicaciones orales o escritas sobre los hechos o documentos que guarden relación con el objeto y el propósito de la inspección, y registrar las respuestas;

d) entrevistar a cualquier otra persona física o jurídica que acepte ser entrevistada a fin de recabar información relacionada con el objeto de una investigación;

e) requerir una relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos.

2. Los agentes de la AEVM y demás personas acreditadas por ella para realizar las investigaciones a que se refiere el apartado 1 ejercerán sus facultades previa presentación de una autorización escrita que especifique el objeto y el propósito de la investigación. Esa autorización indicará, asimismo, las multas coercitivas previstas en el artículo 38 decies cuando los registros, datos, procedimientos o cualquier otra documentación que se haya exigido, o las respuestas a las preguntas formuladas a las personas contempladas en el artículo 38 ter, apartado 1, no se faciliten o sean incompletos, así como las multas previstas en el artículo 38 nonies, cuando las respuestas a las preguntas formuladas a las personas contempladas en el artículo 38 ter, apartado 1, sean incorrectas o engañosas.

3. Las personas a que se refiere el artículo 38 ter, apartado 1, deberán someterse a las investigaciones iniciadas por decisión de la AEVM. La decisión precisará el objeto y el propósito de la investigación, las multas coercitivas previstas en el artículo 38 decies, las vías de recurso posibles con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1095/2010, así como el derecho a recurrir contra la decisión ante el Tribunal de Justicia.

4. La AEVM informará, con suficiente antelación, de la investigación mencionada en el apartado 1 y de la identidad de las personas acreditadas a la autoridad competente del Estado miembro en cuyo territorio aquella se vaya a llevar a cabo. A petición de la AEVM, los agentes de la autoridad competente prestarán asistencia a dichas personas acreditadas en el desempeño de su cometido. Los agentes de la autoridad competente también podrán asistir a las investigaciones si así lo solicitan.

5. Cuando, de acuerdo con el Derecho nacional aplicable, la solicitud de una relación de comunicaciones telefónicas o tráfico de datos contemplada en el apartado 1, letra e), requiera de una autorización judicial, se solicitará esta. También podrá solicitarse dicha autorización como medida cautelar.

6. Cuando una autoridad judicial nacional reciba una solicitud de autorización de una relación de comunicaciones telefónicas o tráfico de datos contemplada en el apartado 1, letra e), dicha autoridad deberá verificar lo siguiente:

a) que la decisión adoptada por la AEVM a que se hace referencia en el apartado 3 es auténtica;

b) que las medidas que se van a tomar son proporcionadas y no arbitrarias ni excesivas.

A efectos de lo dispuesto en la letra b), la autoridad judicial nacional podrá pedir a la AEVM explicaciones detalladas, en particular sobre los motivos que tenga la AEVM para sospechar que se ha infringido lo dispuesto en el presente Reglamento y sobre la gravedad de la presunta infracción y la naturaleza de la implicación de la persona sujeta a medidas coercitivas. No obstante, la autoridad judicial nacional no revisará la necesidad de proceder a la investigación ni exigirá que se le facilite la información que conste en el expediente de la AEVM. Se reserva al Tribunal de Justicia el control único de la legalidad de la decisión de la AEVM con arreglo al procedimiento establecido en el Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 38 quinquiesInspecciones in situ

1. A efectos del desempeño de sus funciones de conformidad con el presente Reglamento, la AEVM podrá realizar cuantas inspecciones in situ sean necesarias en los locales de uso profesional de las personas a que se refiere el artículo 38 ter, apartado 1.

2. Los agentes de la AEVM y demás personas acreditadas por ella para realizar inspecciones in situ podrán acceder a cualesquiera locales de uso profesional de las personas objeto de una decisión de investigación adoptada por la AEVM y tendrán todas las facultades establecidas en el artículo 38 ter, apartado 1. Asimismo, estarán facultados para precintar todos los locales y libros o registros profesionales durante el tiempo y en la medida necesarios para la inspección.

3. La AEVM anunciará la inspección a la autoridad competente del Estado miembro en el que se vaya a llevar a cabo con suficiente antelación. Cuando así lo requieran la correcta realización y la eficacia de la inspección, la AEVM, tras informar a la autoridad competente pertinente, podrá efectuar la inspección in situ sin previo aviso. Las inspecciones contempladas en el presente artículo se llevarán a cabo siempre que la autoridad pertinente confirme que no se opone a ellas.

4. Los agentes de la AEVM y demás personas acreditadas por ella para realizar inspecciones in situ ejercerán sus facultades previa presentación de una autorización escrita en la que se especifiquen el objeto y el propósito de la inspección, así como las multas coercitivas previstas en el artículo 38 octies en el supuesto de que las personas de que se trate no se sometan a la inspección.

5. Las personas a que se refiere el artículo 38 ter, apartado 1, deberán someterse a las inspecciones in situ ordenadas por decisión de la AEVM. La decisión especificará el objeto y el propósito de la inspección, fijará la fecha de su comienzo e indicará las multas coercitivas previstas en el artículo 38 decies, las vías de recurso posibles con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1095/2010, así como el derecho a recurrir contra la decisión ante el Tribunal de Justicia.

6. A petición de la AEVM, los agentes de la autoridad competente del Estado miembro en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo la inspección, así como las demás personas acreditadas o designadas por dicha autoridad, prestarán activamente asistencia a los agentes de la AEVM y demás personas acreditadas por ella. Los agentes de la autoridad competente del Estado miembro interesado también podrán asistir a las inspecciones in situ.

7. La AEVM podrá, asimismo, exigir a las autoridades competentes que lleven a cabo, por cuenta de la AEVM, tareas de investigación e inspecciones in situ específicas, con arreglo a lo previsto en el presente artículo y en el artículo 38 ter, apartado 1.

8. Cuando los agentes de la AEVM y las demás personas acreditadas por ella que los acompañen constaten que una persona se opone a una inspección ordenada en virtud del presente artículo, la autoridad competente del Estado miembro afectado les prestará la asistencia necesaria, requiriendo si es preciso la acción de la policía o de una fuerza pública equivalente, para permitirles realizar su inspección in situ.

9. Cuando, de acuerdo con el Derecho nacional, la inspección in situ prevista en el apartado 1 o la asistencia prevista en el apartado 7 requieran una autorización judicial, se presentará la correspondiente solicitud. También podrá solicitarse dicha autorización como medida cautelar.

10. Cuando una autoridad judicial nacional reciba una solicitud de autorización de una inspección in situ prevista en el apartado 1 o de la asistencia prevista en el apartado 7, dicha autoridad verificará lo siguiente:

a)  que la decisión adoptada por la AEVM a que se hace referencia en el apartado 5 es auténtica;

b)  que las medidas que se van a tomar son proporcionadas y no arbitrarias ni excesivas.

A efectos de lo dispuesto en la letra b), la autoridad judicial nacional podrá pedir a la AEVM explicaciones detalladas, en particular sobre los motivos que tenga la AEVM para sospechar que se ha infringido lo dispuesto en el presente Reglamento y sobre la gravedad de la presunta infracción y la naturaleza de la implicación de la persona sujeta a medidas coercitivas. No obstante, la autoridad judicial nacional no revisará la necesidad de proceder a la investigación ni exigirá que se le facilite la información que conste en el expediente de la AEVM. Se reserva al Tribunal de Justicia el control único de la legalidad de la decisión de la AEVM con arreglo al procedimiento establecido en el Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 38 sexiesIntercambio de información

La AEVM y las autoridades competentes se suministrarán mutuamente y sin dilaciones indebidas la información necesaria para el desempeño de sus funciones con arreglo al presente Reglamento.

Artículo 38 septiesSecreto profesional

Estarán sujetas a la obligación de secreto profesional a la que se refiere el artículo 76 de la Directiva 2014/65/UE la AEVM y todas las personas que trabajen o hayan trabajado para la AEVM o para cualquier otra persona en la que la AEVM haya delegado tareas, incluidos los auditores y expertos contratados por la AEVM.

Artículo 38 octiesMedidas de supervisión de la AEVM

1. Cuando la AEVM considere que una persona de las enumeradas en el artículo 38 bis, apartado 1, letra a) ha cometido una de las infracciones enumeradas en el título IV bis, adoptará una o varias de las siguientes medidas:

a) adoptar una decisión por la que se exija a la persona que ponga fin a la infracción;

b) adoptar una decisión por la que se impongan multas de conformidad con los artículos 38 nonies y 38 decies;

c) publicar avisos.

2. Cuando adopte las medidas a que se refiere el apartado 1, la AEVM tendrá en cuenta la naturaleza y la gravedad de la infracción, atendiendo a los siguientes criterios:

a) la duración y frecuencia de la infracción;

b) si la infracción ha provocado o facilitado un delito financiero o contribuido de cualquier otro modo a su comisión;

c) si la infracción ha sido cometida con dolo o por negligencia;

d) el grado de responsabilidad de la persona responsable de la infracción;

e) la solvencia financiera de la persona responsable de la infracción, reflejada en el volumen de negocios total, si se trata de una persona jurídica, o en los ingresos anuales y el patrimonio neto, si se trata de una persona física;

f) las consecuencias de la infracción para los intereses de los pequeños inversores;

g) la importancia de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas por la persona responsable de la infracción, o las pérdidas incurridas por terceros a raíz de la misma, en la medida en que puedan determinarse;

h) el grado de cooperación con la AEVM de la persona responsable de la infracción, sin perjuicio de la necesidad de garantizar la restitución de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas por dicha persona;

i) las demás infracciones cometidas anteriormente por la persona responsable de la infracción;

j) las medidas adoptadas después de la infracción por la persona responsable de la infracción para evitar su repetición.

3. Sin dilaciones indebidas, la AEVM notificará cualquier medida que adopte de conformidad con el apartado 1 a la persona responsable de la infracción, y la comunicará a las autoridades competentes de los Estados miembros y a la Comisión. Publicará tal decisión en su sitio web en los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se haya adoptado.

La publicación contemplada en el párrafo primero incluirá lo siguiente:

a)   una declaración en la que se reconozca el derecho de la persona responsable de la infracción a recurrir la decisión;

b)   en su caso, una declaración en la que se confirme que se ha presentado un recurso y se especifique que tal recurso no tendrá efecto suspensivo;

c)   una declaración en la que se ratifique que la Sala de Recurso de la AEVM puede suspender la aplicación de la decisión recurrida de conformidad con el artículo 60, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

CAPÍTULO 2

SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS MEDIDAS

Artículo 38 noniesMultas

1. La AEVM adoptará una decisión por la que se imponga una multa, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, si considera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 duodecies, apartado 5, que una persona ha cometido, con dolo o por negligencia, una de las infracciones enumeradas en el título IV bis.

La infracción cometida por una persona se considerará dolosa en caso de que la AEVM descubra elementos objetivos que prueben que la persona actuó deliberadamente al cometer la infracción.

2. El importe máximo de la multa a la que se hace referencia en el apartado 1 será de 200 000 EUR o, en los Estados miembros cuya moneda oficial no sea el euro, el valor correspondiente en la moneda nacional.

3. Al determinar la cuantía de una multa con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, la AEVM tendrá en cuenta los criterios establecidos en el artículo 38 octies, apartado 2.

Artículo 38 deciesMultas coercitivas

1. La AEVM impondrá, mediante decisión, multas coercitivas a fin de obligar:

a) a una persona a poner fin a una infracción, de conformidad con una decisión adoptada en virtud del artículo 38 ter, apartado 1, letra a);

b) a una persona de las contempladas en el artículo 38 ter, apartado 1:

– a suministrar de forma completa la información solicitada mediante decisión de conformidad con el artículo 38 ter;

– a someterse a una investigación y, en particular, a presentar de forma completa los registros, datos, procedimientos o cualquier otra documentación que se haya exigido, así como a completar y corregir otra información facilitada en una investigación iniciada mediante decisión adoptada de conformidad con el artículo 38 quater;

– a someterse a una inspección in situ ordenada mediante decisión en virtud del artículo 38 quinquies.

2. Las multas coercitivas serán efectivas y proporcionadas. La multa coercitiva se impondrá por día de demora.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el importe de las multas coercitivas será del 3 % del volumen de negocios diario medio del ejercicio anterior o, en el caso de las personas físicas, del 2 % de sus ingresos diarios medios del año civil anterior. Este importe se calculará a partir de la fecha indicada en la decisión por la que se imponga la multa coercitiva.

4. Las multas coercitivas se impondrán por un período máximo de seis meses a partir de la notificación de la decisión de la AEVM. La AEVM reexaminará la medida al final de dicho período.

Artículo 38 undeciesDivulgación, naturaleza, garantía de cumplimiento y afectación de multas y multas coercitivas

1. La AEVM hará públicas todas las multas y multas coercitivas que se impongan de conformidad con los artículos 38 nonies y 38 decies, a menos que dicha divulgación pusiera en grave riesgo los mercados financieros o causara un perjuicio desproporcionado a las partes implicadas. La divulgación no comprenderá los datos personales a efectos del Reglamento (CE) n.º 45/2001.

2. Las multas y multas coercitivas impuestas en virtud de los artículos 38 nonies y 38 decies serán de carácter administrativo.

3. En caso de que la AEVM decida no imponer multas ni multas coercitivas, informará de ello al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a las autoridades competentes del Estado miembro afectado y expondrá los motivos de su decisión.

4. Las multas y multas coercitivas impuestas en virtud de los artículos 38 nonies y 38 decies tendrán carácter ejecutivo.

5. La ejecución forzosa se regirá por las normas de enjuiciamiento civil vigentes en el Estado en cuyo territorio tenga lugar.

6. Los importes de las multas y multas coercitivas se asignarán al presupuesto general de la Unión Europea.

Artículo 38 duodeciesNormas de procedimiento para la adopción de medidas de supervisión y la imposición de multas

1. Cuando, al cumplir las obligaciones que le asigna el presente Reglamento, la AEVM encuentre indicios serios de la posible existencia de hechos que pudieran constituir una o varias de las infracciones enumeradas en el título IV bis, nombrará a un agente de investigación independiente perteneciente a la AEVM a fin de investigar la cuestión. El agente nombrado no estará ni habrá estado implicado directa o indirectamente en la supervisión ni en el proceso de autorización del proveedor de servicios de suministro de datos de que se trate, y ejercerá sus funciones con independencia de la AEVM.

2. El agente de investigación mencionado en el apartado 1 investigará las presuntas infracciones, teniendo en cuenta cualquier observación que presenten las personas objeto de la investigación, y presentará a la AEVM un expediente completo de conclusiones.

3. A fin de realizar su cometido, el agente de investigación podrá hacer uso de la facultad de solicitar información de conformidad con el artículo 38 ter y de realizar investigaciones e inspecciones in situ de conformidad con los artículos 38 quater y 38 quinquies.

4. En el desempeño de su cometido, el agente de investigación tendrá acceso a todos los documentos y toda la información que haya recabado la AEVM al ejercer sus actividades de supervisión.

5. Tras completar su investigación y antes de presentar a la AEVM su expediente de conclusiones, el agente de investigación dará a las personas objeto de la investigación la oportunidad de ser oídas acerca de las cuestiones objeto de la investigación. El agente de investigación basará sus conclusiones exclusivamente en hechos acerca de los cuales las personas afectadas hayan tenido la oportunidad de expresarse.

6. Los derechos de defensa de las personas investigadas estarán garantizados plenamente en el curso de la investigación prevista en el presente artículo.

7. Cuando presente a la AEVM su expediente de conclusiones, el agente de investigación lo notificará a las personas investigadas. Estas tendrán derecho a acceder al expediente, sin perjuicio del interés legítimo de terceros en la protección de sus secretos comerciales. El derecho de acceso al expediente no se extenderá a la información confidencial que afecte a terceros.

8. Sobre la base del expediente de conclusiones del agente de investigación y, cuando así lo pidieran las personas investigadas, tras haber sido oídas de conformidad con el artículo 38 terdecies, la AEVM decidirá si las personas investigadas han cometido una o varias de las infracciones enumeradas en el título IV bis y, en tal caso, adoptará una medida de supervisión con arreglo a lo dispuesto el artículo 38 quaterdecies.

9. El agente de investigación no participará en las deliberaciones de la AEVM ni intervendrá de ninguna otra manera en el proceso decisorio de esta.

10. La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 50, a más tardar [OP: insértese la fecha correspondiente a veinticuatro meses después de la entrada en vigor], a fin de especificar más detalladamente las normas de procedimiento para el ejercicio de la facultad de imponer multas o multas coercitivas, incluidas disposiciones sobre derechos de defensa, disposiciones temporales y disposiciones sobre la percepción de las multas o multas coercitivas, así como los plazos de prescripción para la imposición y ejecución de las multas y las multas coercitivas.

11. La AEVM someterá a las autoridades nacionales pertinentes los asuntos propios de un proceso penal cuando, al cumplir las obligaciones que le asigna el presente Reglamento, encuentre indicios serios de la posible existencia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito. Además, la AEVM se abstendrá de imponer multas o multas coercitivas cuando una sentencia absolutoria o condenatoria anterior, resultante de un hecho idéntico o de hechos que sean sustancialmente iguales, haya adquirido carácter de cosa juzgada como resultado de un proceso penal con arreglo al Derecho nacional.

Artículo 38 terdeciesAudiencia de las personas afectadas

1. Antes de decidir de conformidad con los artículos 38 octies, 38 nonies y 38 decies, la AEVM ofrecerá a las personas objeto del procedimiento la oportunidad de ser oídas en relación con sus conclusiones. La AEVM basará su decisión exclusivamente en conclusiones acerca de las cuales las personas objeto del procedimiento hayan tenido la oportunidad de expresarse.

El párrafo primero no se aplicará cuando sea necesaria una actuación urgente para prevenir un daño significativo e inminente del sistema financiero. En tal caso, la AEVM podrá adoptar una decisión provisional, y dará a las personas interesadas la oportunidad de ser oídas lo antes posible una vez adoptada su decisión.

2. Los derechos de defensa de las personas investigadas estarán garantizados plenamente en el curso del procedimiento. Dichas personas tendrán derecho a acceder al expediente de la AEVM, sin perjuicio del interés legítimo de otras personas en la protección de sus secretos comerciales. El derecho de acceso al expediente no se extenderá a la información confidencial ni a los documentos preparatorios internos de la AEVM.

Artículo 38 quaterdeciesControl del Tribunal de Justicia

El Tribunal de Justicia gozará de competencia jurisdiccional plena para resolver los recursos interpuestos contra las decisiones por las cuales la AEVM haya impuesto una multa o una multa coercitiva. Podrá anular, reducir o incrementar la multa o multa coercitiva impuesta.

Artículo 38 quindeciesTasas de autorización y de supervisión

1. La AEVM cobrará tasas a los proveedores de servicios de suministro de datos de conformidad con el presente Reglamento y con los actos delegados adoptados con arreglo al apartado 3. Dichas tasas cubrirán íntegramente los gastos que deba efectuar la AEVM para la autorización y la supervisión de los proveedores de servicios de suministro de datos y para el reembolso de cualquier gasto en que puedan incurrir las autoridades competentes en el desarrollo de su labor con arreglo al presente Reglamento, en particular como resultado de cualquier delegación de tareas de conformidad con el artículo 38 sexdecies.

2. El importe de la tasa impuesta a un proveedor de servicios de suministro de datos concreto cubrirá todos los gastos administrativos en que incurra la AEVM por sus actividades en relación con el folleto, incluidos sus suplementos, elaborado por dicho emisor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización en un mercado regulado. Será proporcional al volumen de negocios del emisor, del oferente o de la persona que solicite la admisión a cotización en un mercado regulado.

3. La Comisión adoptará un acto delegado de conformidad con el artículo 50, a más tardar [OP: insértese la fecha correspondiente a veinticuatro meses después de la entrada en vigor] para especificar el tipo de tasas, los conceptos por los que serán exigibles, el importe de las tasas y las modalidades de pago.»;

Artículo 38 sexdeciesDelegación de tareas de la AEVM en las autoridades competentes

1. Cuando sea necesario para el correcto cumplimiento de la tarea supervisora, la AEVM podrá delegar tareas de supervisión específicas en la autoridad competente de un Estado miembro, con arreglo a las directrices emitidas por la AEVM según lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010. En particular, esas tareas de supervisión específicas podrán incluir la facultad de solicitar información con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38 ter y de realizar investigaciones e inspecciones in situ con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38 quater y en el artículo 38 quinquies.

2. Antes de delegar una tarea, la AEVM consultará a la autoridad competente pertinente sobre:

a) el alcance de la tarea que vaya a delegarse;

b) el calendario para realizar la tarea; y

c) la transmisión, por y a la AEVM, de la información necesaria.

3. De acuerdo con el reglamento sobre tasas que adopte la Comisión según lo dispuesto en el artículo 38 quindecies, apartado 3, la AEVM reembolsará a la autoridad competente los gastos derivados del desempeño de las tareas delegadas.

4. La AEVM revisará, a intervalos apropiados, la decisión a la que se refiere el apartado 1. La delegación de tareas podrá revocarse en cualquier momento.

32)  5. La delegación de tareas no afectará a la responsabilidad de la AEVM ni limitará su facultad de dirigir y supervisar la actividad delegada.»; El artículo 50 se modifica como sigue:

a)    el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 1, apartado 9, el artículo 2, apartado 2, el artículo 13, apartado, 2, el artículo 15, apartado 5, el artículo 17, apartado 3, el artículo 19, apartados 2 y 3, el artículo 27, apartado 3 bis, el artículo 27 quater, el artículo 31, apartado 4, el artículo 40, apartado 8, el artículo 41, apartado 8, el artículo 42, apartado 7, el artículo 45, apartado 10, y el artículo 52, apartados 10 y 12, se otorgan por un período de tiempo indefinido a partir del 2 de julio de 2014.»;

b)    en el apartado 3, la primera frase se sustituye por el texto siguiente:

«La delegación de poderes mencionada en el artículo 1, apartado 9, el artículo 2, apartado 2, el artículo 13, apartado, 2, el artículo 15, apartado 5, el artículo 17, apartado 3, el artículo 19, apartados 2 y 3, el artículo 27, apartado 3 bis, el artículo 27 quater, el artículo 31, apartado 4, el artículo 40, apartado 8, el artículo 41, apartado 8, el artículo 42, apartado 7, el artículo 45, apartado 10, y el artículo 52, apartados 10 y 12, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo.»;

c)  en el apartado 5, la primera frase se sustituye por el texto siguiente:

«Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 1, apartado 9, del artículo 2, apartado 2, del artículo 13, apartado 2, del artículo 15, apartado 5, del artículo 17, apartado 3, del artículo 19, apartados 2 y 3, del artículo 27, apartado 3 bis, del artículo 27 quater, del artículo 31, apartado 4, del artículo 40, apartado 8, del artículo 41, apartado 8, del artículo 42, apartado 7, del artículo 45, apartado 10 y del artículo 52, apartados 10 o 12 entrarán en vigor únicamente si, en el plazo de tres meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán.»;

32 bis)  En el artículo 39, se añade un nuevo apartado 2 bis:

«2 bis. De conformidad con el artículo 9, letra d quater), del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y el artículo 9, letra d ter), del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, la ABE y la AEVM podrán coordinar las actividades de compra simulada de las autoridades competentes en relación con las investigaciones que se lleven a cabo sobre un determinado tipo de entidad financiera o tipo de producto o tipo de conducta, incluidas entidades financieras que asuman el papel de un potencial consumidor. La información que se obtenga de dichas investigaciones podrá utilizarse en apoyo de las tareas relacionadas con la protección de los consumidores, las actividades financieras y la innovación financiera.».

32 ter)  En el artículo 40, el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6. La AEVM revisará la prohibición o restricción impuesta con arreglo al apartado 1 a intervalos apropiados tan pronto como sea posible y, como mínimo, cada seis meses. La Autoridad podrá renovar la prohibición o la restricción en dos ocasiones, tras lo cual pasará a tener carácter permanente, a menos que la Autoridad considere lo contrario.».

32 quater)  En el artículo 41, el apartado 6 se modifica como sigue:

«6. La AEVM revisará la prohibición o restricción impuesta con arreglo al apartado 1 a intervalos apropiados tan pronto como sea posible y, como mínimo, cada seis meses. La Autoridad podrá renovar la prohibición o la restricción en dos ocasiones, tras lo cual pasará a tener carácter permanente, a menos que la Autoridad considere lo contrario.».

33)  En el artículo 52, se añaden los apartados 13 y 14 siguientes:

«13.   Tras consultar con la AEVM, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo informes sobre el funcionamiento del sistema de información consolidada establecido de conformidad con el título IV bis. El informe relativo al artículo 27 quinquies, apartado 1, se presentará a más tardar el 3 de septiembre de 2019. El informe relativo al artículo 27 quinquies, apartado 2, se presentará a más tardar el 3 de septiembre de 2021.

Los informes a que se refiere el párrafo primero evaluarán el funcionamiento del sistema de información consolidada con arreglo a los siguientes criterios:

a)   la disponibilidad y la puntualidad de información post-negociación en un formato consolidado que comprenda la totalidad de las operaciones, con independencia de que se realicen o no en centros de negociación;

b)   la disponibilidad y la puntualidad de información post-negociación parcial y total que sea de gran calidad, en formatos fácilmente accesibles y utilizables por los participantes en el mercado, y que estén disponibles en condiciones comerciales razonables.

En caso de que la Comisión concluya que los PIC no han facilitado información de manera que cumpla los criterios establecidos en el párrafo segundo, la Comisión adjuntará a su informe una solicitud a la AEVM para que esta inicie un procedimiento negociado para designar, mediante un proceso de contratación pública gestionado por la AEVM, una entidad comercial que gestione un servicio de información consolidada. La AEVM iniciará dicho procedimiento tras recibir la solicitud de la Comisión en las condiciones especificadas en dicha solicitud y de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (**).

14.   En caso de que se inicie el procedimiento descrito en el apartado 13, la Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 50 en los que especifique medidas destinadas a:

a)   establecer la duración del contrato de la entidad comercial que gestione un servicio de información consolidada y el proceso y las condiciones para renovar el contrato y para iniciar un nuevo proceso de contratación pública;

b)   disponer que la entidad comercial que gestione un servicio de información consolidada lo haga de manera exclusiva, y que no se autorice a ninguna otra entidad como PIC de conformidad con el artículo 27 bis;

c)   facultar a la AEVM para que garantice el cumplimiento de las condiciones del contrato por la entidad comercial que gestione un servicio de información consolidada tras haber sido designada mediante un proceso de contratación pública;

d)   garantizar que la información post-negociación facilitada por la entidad comercial que gestione un servicio de información consolidada sea de gran calidad y se presente en formatos que sean fácilmente accesibles y utilizables por los participantes en el mercado y en un formato consolidado que comprenda la totalidad del mercado;

e)   garantizar que la información post-negociación se facilite en condiciones comerciales razonables, de forma tanto consolidada como no consolidada, y que dicha información atienda a las necesidades de los usuarios de la misma en toda la Unión;

f)   garantizar que las plataformas de negociación y los APA faciliten sus datos sobre la negociación, a un precio razonable, a la entidad comercial que gestione un servicio de información consolidada tras haber sido designada mediante un proceso de contratación pública organizado por la AEVM;

g)   especificar las disposiciones aplicables en caso de incumplimiento de las condiciones del contrato por la entidad comercial que gestione un servicio de información consolidada tras haber sido designada mediante un proceso de contratación pública;

h)   especificar las disposiciones aplicables con arreglo a las cuales los PIC autorizados en virtud del artículo 27 bis puedan seguir gestionando un servicio de información consolidada, en caso de que no se haga uso de la facultad prevista en la letra b) del presente apartado o de que no se designe a ninguna entidad mediante un proceso de contratación pública, hasta que se lleve a término un nuevo proceso de contratación pública y se designe una entidad comercial para que gestione un servicio de información consolidada.

*  Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).

**  Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).».

34)  Se insertan los artículos 54 bis y 54 ter siguientes:

«Artículo 54 bisMedidas transitorias relativas a la AEVM

1.  Todas las competencias y funciones relacionadas con la actividad de supervisión y ejecución en el sector de los proveedores de servicios de suministro de datos que se hayan conferido a las autoridades competentes de conformidad con el artículo 67 de la Directiva 2014/65/UE dejarán de ser efectivas el [OP: insértese la fecha correspondiente a treinta y seis meses después de la entrada en vigor]. Esas competencias y funciones serán asumidas por la AEVM en la misma fecha.

2.  En la fecha establecida en el apartado 1, la AEVM se hará cargo de cualesquiera expedientes y documentos de trabajo relacionados con la actividad de supervisión y ejecución en el sector de los proveedores de servicios de suministro de datos, incluidas, en su caso, las investigaciones y actuaciones ejecutivas en curso, o bien de copias certificadas de dichos expedientes y documentos.

No obstante, las solicitudes de autorización que las autoridades competentes hayan recibido antes del [OP: insértese la fecha correspondiente a treinta meses después de la entrada en vigor] no se traspasarán a la AEVM, y serán dichas autoridades quienes tomen la decisión de registro o de denegación del registro.

3.  Las autoridades competentes a que se refiere el apartado 1 velarán por que todos los archivos y documentos de trabajo existentes, o bien copias certificadas de ellos, se transfieran a la AEVM cuanto antes y, en cualquier caso, a más tardar el [] por los proveedores de servicios de suministro de datos. Dichas autoridades competentes proporcionarán asimismo a la AEVM toda la asistencia y el asesoramiento necesarios para facilitar la transferencia y asunción efectivas y eficientes de la actividad de supervisión y ejecución en el sector de los proveedores de servicios de suministro de datos.

4.  La AEVM asumirá la sucesión legal de las autoridades competentes a que se refiere el apartado 1 en cualesquiera procedimientos administrativos o judiciales que se deriven de la actividad de supervisión y ejecución desempeñada por dichas autoridades en la materia regulada por el presente Reglamento.

5.  Toda autorización de un proveedor de servicios de suministro de datos por una autoridad competente mencionada en el apartado 1 del presente artículo seguirá siendo válida después del traspaso de competencias a la AEVM.

Artículo 54 terRelaciones con los auditores

1.   Cualquier persona autorizada a efectos de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(*), que desempeñe en un proveedor de servicios de suministro de datos la función descrita en el artículo 34 de la Directiva 2013/34/UE o en el artículo 73 de la Directiva 2009/65/CE o cualquier otra función prescrita por la legislación, tendrá el deber de informar puntualmente a la AEVM de cualquier hecho o decisión referente a esa empresa del que haya tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que pueda:

a)   constituir una infracción grave de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que fijan las condiciones que rigen la autorización o que rigen específicamente el desarrollo de las actividades del proveedor de servicios de suministro de datos;

b)   afectar a la continuidad de las actividades del proveedor de servicios de suministro de datos;

c)   dar lugar a la denegación de la certificación de las cuentas o a la formulación de reservas.

Esa persona tendrá igualmente el deber de informar acerca de todo hecho o decisión de los que haya tenido conocimiento en el ejercicio de una de las funciones descritas en el párrafo primero en una empresa que tenga vínculos estrechos con el proveedor de servicios de suministro de datos en el que esté desempeñando esa función.

2.    La divulgación de buena fe a las autoridades competentes, por personas autorizadas a tenor de la Directiva 2006/43/CE, de los hechos o decisiones mencionados en el apartado 1 no constituirá una infracción de ninguna restricción contractual o legal a la divulgación de información ni hará incurrir a esas personas en responsabilidad de ninguna clase.

*   Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87).».

Artículo 8Modificaciones del Reglamento (UE) 2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión

El Reglamento (UE) 2016/1011 se modifica como sigue:

-1)  En el artículo 3, apartado 1, punto 24), letra a), la parte introductoria se modifica como sigue:

  «a) los datos de cálculo aportados totalmente por:»;

-1 bis)  En el artículo 3, apartado 1, punto 24), letra a), el inciso vii) se modifica como sigue:

  «vii) un proveedor de servicios a quien haya externalizado la recopilación de datos el administrador de índices de referencia, de conformidad con el artículo 10, con la excepción del artículo 10, apartado 3, letra f), siempre y cuando dicho proveedor de servicios reciba los datos íntegramente de alguna entidad recogida en los incisos i) a vi);»;

1)  En el artículo 4 se añade el apartado siguiente:

«9.  La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 49 a fin de especificar los requisitos para garantizar que los mecanismos de gobernanza mencionados en el apartado 1 son suficientemente sólidos.».

2)  En el artículo 12 se añade el apartado siguiente:

«4.  La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 49 a fin de especificar las condiciones para garantizar que la metodología mencionada en el apartado 1 cumple lo dispuesto en las letras a) a e) de dicho apartado.».

3)  En el artículo 14 se añade el apartado siguiente:

«4.  La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 49 a fin de especificar las características de los sistemas y controles mencionados en el apartado 1.».

4)  El artículo 20 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 20Índices de referencia cruciales

1.  La Comisión calificará de índice de referencia crucial cualquier índice de referencia elaborado por un administrador radicado en la Unión y utilizado directa o indirectamente dentro de una combinación de índices como referencia para instrumentos financieros o contratos financieros o para medir la rentabilidad de fondos de inversión, con un valor total de como mínimo 500 000 millones EUR sobre la base de toda la gama de plazos de vencimiento del índice de referencia, cuando proceda.

Cuando, en opinión de una autoridad competente de un Estado miembro o de la AEVM, un índice de referencia deba ser considerado índice de referencia crucial con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero, dicha autoridad competente o la AEVM, según proceda, lo notificará a la Comisión y justificará su opinión por escrito.

La Comisión revisará su evaluación del carácter crucial del índice de referencia cada dos años como mínimo.

2.  La AEVM considerará crucial cualquier índice de referencia empleado por instrumentos financieros o contratos financieros o para medir la rentabilidad de fondos de inversión con un valor total de como máximo 500 000 millones EUR, según se establece en el apartado 1, que cumpla el criterio establecido en la letra a) y el criterio establecido en la letra b) o el establecido en la letra c) siguientes:

a)  el índice de referencia carece de sustitutos adecuados orientados al mercado o tiene muy pocos;

b)  se registrarían consecuencias significativas y adversas para la integridad de los mercados, la estabilidad financiera, los consumidores, la economía real o la financiación de los hogares y las empresas en uno o varios Estados miembros si el índice de referencia dejara de elaborarse o se elaborara sobre la base de datos de cálculo que ya no fueran plenamente representativos del mercado subyacente o la realidad económica, o sobre la base de datos de cálculo poco fiables;

c) i)  el índice de referencia se basa en las aportaciones de contribuidores que, en su mayoría, están radicados en ese Estado miembro; y

c) ii)  se registrarían consecuencias significativas y adversas para la integridad de los mercados, la estabilidad financiera, los consumidores, la economía real o la financiación de los hogares y las empresas en un Estado miembro si el índice de referencia dejara de elaborarse o se elaborara sobre la base de datos de cálculo que ya no fueran plenamente representativos del mercado subyacente o la realidad económica, o sobre la base de datos de cálculo poco fiables.

3.  Al evaluar si se cumplen los criterios establecidos en las letras a) y b), la AEVM tendrá en cuenta todas las consideraciones siguientes:

i)  el valor de los instrumentos financieros y de los contratos financieros que tengan el índice por referencia, así como el valor de los fondos de inversión que lo tienen por referencia para medir su rentabilidad y su pertinencia en términos del valor total de los instrumentos financieros y de los contratos financieros pendientes, y del valor total de los fondos de inversión, en los Estados miembros de que se trate;

ii)  el valor de los instrumentos financieros y de los contratos financieros que tengan el índice por referencia, así como el valor de los fondos de inversión que lo tienen por referencia para medir su rentabilidad dentro de los Estados miembros de que se trate y su pertinencia en términos de producto nacional bruto de esos Estados miembros;

iii)  cualquier otra cifra para evaluar, sobre una base objetiva, el posible impacto de la discontinuidad o de la falta de fiabilidad del índice de referencia para la integridad de los mercados, la estabilidad financiera, los consumidores, la economía real o la financiación de hogares y empresas en los Estados miembros de que se trate.

4.  Antes de designar un índice de referencia como índice de referencia crucial, la AEVM consultará a la autoridad competente del administrador de ese índice de referencia y tendrá en cuenta la evaluación realizada por dicha autoridad competente.

La AEVM revisará su evaluación del carácter crucial del índice de referencia cada dos años como mínimo.

La AEVM notificará sin demora indebida a la Comisión cualquier designación de un índice de referencia como índice de referencia crucial así como cualquier decisión de revisar una designación de un índice de referencia como índice de referencia crucial en caso de que la revisión a que se refiere el párrafo cuarto del presente apartado lleve a la conclusión de que un índice de referencia que la AEVM hubiera designado como crucial ya no se valore como tal.

Cuando, en opinión de una autoridad competente de un Estado miembro, un índice de referencia deba ser considerado índice de referencia crucial con arreglo a lo dispuesto en el presente apartado, dicha autoridad competente lo notificará a la AEVM y justificará su opinión por escrito. Si la AEVM decidiera no considerar ese índice de referencia índice de referencia crucial, facilitará a dicha autoridad competente un dictamen motivado.

3.  La Comisión adoptará actos de ejecución de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 50, apartado 2, para establecer una lista de los índices de referencia que hayan sido designados como índices de referencia cruciales de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2. La Comisión adoptará actos de ejecución de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 50, apartado 2, para actualizar sin demora injustificada dicha lista en las siguientes situaciones:

a)  si la Comisión designa un índice de referencia como índice de referencia crucial o revisa esa designación de conformidad con el apartado 1;

b)  si la Comisión recibe notificaciones de la AEVM como las mencionadas en el apartado 2, párrafo quinto.

4.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 49 con objeto de:

a)  especificar cómo se han de evaluar el importe nominal de los instrumentos financieros distintos de los derivados, el importe nocional de los derivados y el valor neto de los activos de los fondos de inversión, incluido en el caso de una referencia indirecta a un índice de referencia dentro de una combinación de índices de referencia, a fin de compararlos con los umbrales contemplados en el apartado 1 del presente artículo y en el artículo 24, apartado 1, letra a);

b)  revisar el método de cálculo utilizado para determinar los umbrales mencionados en el apartado 1 del presente artículo a la luz de la evolución del mercado, los precios y la regulación, así como la idoneidad de la clasificación de los índices de referencia cuando el valor total de los instrumentos financieros, contratos financieros o fondos de inversión que los tienen por referencia se acerca al umbral; dicha revisión se realizará como mínimo cada dos años a partir del ... [18 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento];

c)  especificar cómo se han de aplicar los criterios establecidos en el apartado 2, pár