Procedimiento : 2018/2112(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0038/2019

Textos presentados :

A8-0038/2019

Debates :

PV 11/02/2019 - 16
CRE 11/02/2019 - 16

Votaciones :

PV 12/02/2019 - 9.16
CRE 12/02/2019 - 9.16
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2019)0077

INFORME     
PDF 228kWORD 70k
28.1.2019
PE 629.770v02-00 A8-0038/2019

sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a la cooperación reforzada

(2018/2112(INI))

Comisión de Asuntos Constitucionales

Ponente: Alain Lamassoure

ENMIENDAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – RESUMEN DE LOS HECHOS Y CONCLUSIONES
 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 OPINIÓN de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
 INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓNEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – RESUMEN DE LOS HECHOS Y CONCLUSIONES

Procedimiento y fuentes

Para la preparación del presente informe de ejecución, el ponente ha recabado información y se ha basado, entre otras, en las siguientes fuentes:

  una audiencia sobre el tema «Estructura institucional y gobernanza de las formas existentes de cooperación reforzada», celebrada en la Comisión de Asuntos Constitucionales el 24 de septiembre de 2018;

  Un estudio sobre «La aplicación de la cooperación reforzada en la UE», encargado por el Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, presentado en la Comisión de Asuntos Constitucionales el 10 de octubre de 2018;

  una evaluación de impacto ex post del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) titulada «The implementation of the Treaty provisions concerning enhanced cooperation» (Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a la cooperación reforzada);

  un análisis en profundidad sobre cooperación intergubernamental en Estados federales, elaborado por el Departamento Temático de la DG de Políticas Exteriores;

  una misión de información a Washington D.C. (Estados Unidos);

  una misión de información a Berna (Suiza);

Principales conclusiones de la investigación

Dimensión interior

Disposiciones del Tratado sobre la cooperación reforzada

De acuerdo con los Tratados, la cooperación reforzada se puede iniciar por al menos nueve Estados miembros dentro del marco de las políticas europeas, excepto para los ámbitos de competencia exclusiva de la Unión. Permite a los Estados participantes organizar una mayor cooperación que la prevista inicialmente por los Tratados en la política correspondiente. La cooperación reforzada se lleva a cabo bajo los auspicios de la Unión Europea, a través de las instituciones y los procedimientos europeos (artículo 20 del TUE y artículo 326 del TFUE).

Cuando se crea, la cooperación reforzada está abierta a todos los Estados miembros y debe permanecer abierta en todo momento, siempre que el Estado miembro que desee unirse a ella cumpla las decisiones adoptadas en ese marco (artículo 20 del TUE y artículos 327, 328 y 331 del TFUE).

El procedimiento para participar en una cooperación reforzada se describe en el artículo 329 del TFUE y requiere el acuerdo del Consejo por votación por mayoría cualificada (todos los Estados miembros, incluso aquellos que no participen en la cooperación reforzada), sobre una propuesta de la Comisión y tras obtener la aprobación del Parlamento.

Los actos aprobados en el marco de una cooperación reforzada no forman parte del acervo de la Unión, solo se aplican por parte de los Estados miembros participantes (artículo 20 del TUE) y no pueden imponerse a los Estados miembros no participantes.

El Consejo y la Comisión garantizan la coherencia de las actividades emprendidas en el marco de una cooperación reforzada con el resto de políticas y actividades de la Unión (artículo 334 del TFUE).

El Tratado de Lisboa permite la aplicación de «cláusulas pasarela» a la cooperación reforzada, excepto en el caso de decisiones relativas a cuestiones de defensa o que tengan repercusiones militares. Las pasarelas permiten pasar de la votación por unanimidad a la votación por mayoría cualificada o del procedimiento legislativo especial al procedimiento legislativo ordinario (artículo 33 del TFUE).

EL Tratado prevé procedimientos específicos aplicables a la cooperación reforzada en la PESC (artículos 22 y 31 del TUE), a la cooperación estructurada permanente en el ámbito de la defensa (artículo 42, apartado 6, y artículo 46 del TUE), a la cooperación en el marco de una misión europea sobre cuestiones de defensa y la cooperación en el marco de la Agencia Europea de Defensa (artículos 44 y 45 del TUE) y a la cooperación en materia penal y policial (artículos 82, 86 y 87 del TFUE).

El artículo 332 del TFUE trata los aspectos financieros de la cooperación reforzada y estipula que los gastos resultantes de la cooperación reforzada que no sean los gastos administrativos ocasionados a las instituciones serán sufragados por los Estados miembros participantes, a menos que todos los miembros del Consejo decidan otra cosa por unanimidad.

De acuerdo con el artículo 330 del TFUE, todos los Estados miembros podrán participar en las deliberaciones, pero solo los que participen en la cooperación reforzada participarán en la votación.

Ejemplos de cooperación reforzada

Las disposiciones especiales del Tratado para Estados miembros concretos o un grupo de miembros encontraron un lugar en el marco jurídico de la Unión en un momento tan temprano como el tratado de Roma, que contiene disposiciones especiales que no impedirían la existencia de uniones regionales entre los países del Benelux. Esta tendencia se mantuvo con la adhesión de Suecia, Finlandia y Dinamarca, que continuaron su participación en el Consejo Nórdico.

La cooperación reforzada, en una forma similar a la actual, ha estado disponible en la Unión desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam en 1999, aunque el Tratado de Lisboa la integró más y la hizo más eficiente, haciendo de ella el procedimiento estándar para una integración diferenciada.

Hasta ahora, solo se han aprobado cuatro casos de cooperación reforzada: la Fiscalía Europea, la legislación sobre el divorcio, las normas del régimen de propiedad y la patente europea unitaria. De estos cuatro casos, solo uno ha empezado a aplicarse (la legislación sobre el divorcio).

Un caso especial de cooperación reforzada, la cooperación estructurada permanente (CEP), se acordó y aplicó en 2017.

Por último, y también importante, la cooperación reforzada en relación con el impuesto sobre las transacciones financieras está aún pendiente, aunque el expediente ha recibido la autorización del Consejo para que un grupo de Estados miembros avancen en su aplicación.

Además, hay que mencionar los otros tipos de integración diferenciada que existen en la Unión: el Acuerdo de Schengen (el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca tienen una cláusula de exclusión voluntaria y otros Estados miembros están a la espera de unirse a él), la moneda única (el Reino Unido y Dinamarca tienen cláusulas de exclusión voluntaria, Suecia se mantiene fuera por el momento y otros Estados miembros aún están a la espera de adoptar el euro una vez que cumplan los criterios necesarios), cláusulas de exclusión del espacio de libertad, seguridad y justicia (Reino Unido, Irlanda, Dinamarca) y de la PCSD (abstención constructiva en el caso de Dinamarca).

Principales conclusiones de la investigación sobre la aplicación de los casos existentes de cooperación reforzada

•    los casos existentes de cooperación reforzada son muy dispares, con una gran variedad en cuanto al número de Estados miembros participantes, la técnica legislativa utilizada, el tipo de secretaría u otro órgano administrativo elegido para la fase operativa o la financiación y las disposiciones de dotación de personal;

•    todos los casos existentes de cooperación reforzada han surgido de la imposibilidad de alcanzar la unanimidad en el Consejo;

•    con excepción del caso de la CEP, la cooperación reforzada se utiliza como «último recurso» tras un intento fallido de llegar a un acuerdo en el Consejo sobre un proyecto de propuesta legislativa de la Comisión;

•    incluso como «último recurso», la cooperación reforzada es un instrumento que permite superar una parálisis legislativa debida al requisito de unanimidad, excepto en el caso del impuesto sobre las transacciones financieras (ITF), que aún está en fase de negociación;

•    la base jurídica en la mayoría de los casos es un Reglamento del Consejo, con excepción de la CEP, para la que es una Decisión del Consejo;

•    el número de Estados miembros participantes normalmente supera con creces el umbral de nueve y se sitúa entre diecisiete y veintiséis. En cuanto a la participación, también es interesante señalar que Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal y Eslovenia participan en todos los casos de cooperación reforzada desde su creación, que los Estados miembros de la zona del euro están normalmente en el centro de la cooperación reforzada y que los Estados miembros del este y del norte y los que ya tienen una cláusula de exclusión tienen menos probabilidades de participar en una cooperación reforzada;

•    aunque solo votan los Estados miembros participantes, en general todos los Estados miembros pueden intervenir en los debates sobre cooperación reforzada;

•  todos los casos de cooperación reforzada incluyen algún tipo de cláusula de revisión;

•    la Fiscalía Europea tiene con diferencia la estructura operativa más compleja, que cuenta con una cooperación reforzada para la patente unitaria, pero también con un acuerdo intergubernamental subordinado al margen de los Tratados, para el Tribunal Unificado de Patentes;

•    aunque el proceso de cooperación reforzada para el ITF está aún pendiente, el trabajo sobre él no se ha detenido, al continuar los Estados miembros interesados sus intercambios sobre el tema, mientras la Comisión está intentando mantener implicados también a los Estados miembros no participantes;

•    a pesar de que algunos casos de cooperación reforzada (como la Fiscalía Europea) puedan provocar que los Estados miembros no participantes se queden descolgados, en la práctica estos casos cuentan con el mayor número de Estados miembros participantes (26);

Obstáculos y retos para la cooperación reforzada

•    el período para poner en marcha una cooperación reforzada en los casos existentes ha sido bastante largo (4-5 años de media, e incluso 12 años para la patente unitaria europea), excepto en el caso de la CEP, que se desarrolló mucho más rápido durante un período de un año aproximadamente. La larga duración del procedimiento se explica en parte por el requisito de utilizar la cooperación reforzada como último recurso, cuando está claro que no se puede alcanzar la unanimidad en el Consejo, pero también se puede achacar a la falta de voluntad política para avanzar más rápido en los asuntos muy sensibles cubiertos por la cooperación reforzada. Un buen ejemplo es la CEP, en la que la voluntad política estaba muy presente, lo que hizo su adopción y aplicación mucho más rápida que en los otros casos de cooperación reforzada;

•    una cooperación reforzada no puede surgir de la nada, debe seguir una propuesta de la Comisión que no haya conseguido un acuerdo mediante el ciclo legislativo corriente;

•    algunos de los obstáculos principales a la cooperación reforzada son el requisito de unanimidad y las distintas cuestiones de soberanía en los diferentes Estados miembros;

•    está limitada a ámbitos de competencia compartida y no debe socavar el mercado interior, un criterio importante, aunque subjetivo, cuyo cumplimiento evalúa la Comisión a su plena discreción; esto también podría desanimar a los Estados miembros a la hora de poner en marcha una cooperación reforzada en ámbitos vinculados con el mercado interior, ya que tendrían que justificar que su cooperación no lo socavará;

•    la votación por mayoría cualificada con la participación de todos los Estados miembros en la fase de autorización de la cooperación reforzada hace difícil su puesta en marcha solo con el número mínimo de Estados miembros exigido y aún menos probable si la cooperación reforzada se lanza en un ámbito donde ya se haya perdido previamente una votación por mayoría cualificada;

•    es difícil determinar cuál es el plazo razonable contemplado en el artículo 20, apartado 2, del TUE para acordar que no se puede superar el bloqueo de la unanimidad y que, por tanto, debe establecerse una cooperación reforzada;

•    la participación del Parlamento es marginal, aunque se requiere su autorización antes de que el Consejo autorice a los Estados miembros que lo deseen a iniciar una cooperación reforzada;

•    no existe en los Tratados una disposición sobre el tratamiento de un Estado miembro que desee abandonar un caso existente de cooperación reforzada o que ya no cumpla sus requisitos, excepto para el caso especial de la CEP (artículo 46, apartado 4, y artículo 5 del TUE);

•    existe una posible laguna en la organización de la cooperación reforzada ligada al requisito de mantener la exigencia de unanimidad dentro de la misma, a menos que se utilice la pasarela contemplada en el artículo 333 del TFUE para pasar a una votación por mayoría cualificada. Existe el riesgo de que un Estado miembro no interesado pueda entrar en una cooperación reforzada solo con el fin de sabotear su progreso debido al requisito de unanimidad y para evitar el paso a una votación por mayoría cualificada mediante la pasarela;

•    aunque la cooperación reforzada ofrece soluciones a problemas comunes con la ventaja de utilizar el apoyo institucional y administrativo de la Unión, no ha eliminado la posibilidad de que los Estados miembros busquen soluciones fuera de los Tratados europeos;

Dimensión exterior

Formas flexibles de cooperación a nivel subfederal en los Estados miembros de la Unión

Entre los Estados miembros, Alemania e Italia cuentan con disposiciones jurídicas que permiten diferentes formas de cooperación flexible entre los niveles subfederales, comparables en cierta medida con la cooperación reforzada. El artículo 117, párrafo penúltimo, de la Constitución italiana estipula que la ley regional ratificará los acuerdos de una región con otras regiones para mejorar el ejercicio de sus propias funciones, incluida la creación de organismos conjuntos. A menudo, estos acuerdos se adoptan para llevar a cabo proyectos comunes, en particular con dimensiones transfronterizas (sanidad, transporte, digitalización de servicios públicos, etc.) y en sectores que no son competencia exclusiva del Estado. Reciben distintos nombres, como convenios, protocolos o acuerdos.

Los Estados Federados alemanes participan en una coordinación vertical y horizontal con el propósito de resolver problemas prácticos que con frecuencia requieren una cooperación interregional temporal o permanente. Se considera que la cooperación horizontal entre dos o más Estados Federados tiene lugar en una especie de «tercer nivel» extraconstitucional situado entre la Federación y los Estados Federados. Las conferencias de ministros presidentes de los Estados Federados tienen lugar cada tres meses aproximadamente para estudiar las peticiones comunes a la Federación y los ministros competentes de los Estados Federados se reúnen con regularidad para estudiar una amplia variedad de temas, incluidos proyectos legislativos. La conferencia de ministros presidentes cumple diversas funciones, entre otras, la de garante de la continuidad de las acciones de los Gobiernos regionales a pesar de los cambios de mayoría en el Consejo Federal alemán, la de instrumento de control ante la Federación y defensa de los intereses ciudadanos en la política de la Unión, la de centro de intercambio para diversos convenios entre los Estados Federados y la de mediador para sus reuniones ministeriales. La regla de la unanimidad y de la rotación en la jefatura de las conferencias de ministros presidentes desincentiva los planteamientos demasiado partidistas.

El instrumento de cooperación más común y conocido entre los Estados Federados es el convenio interestatal. No se basa en la legislación federal ni en la regional, sino en una «norma de cooperación» (Kooperationsgewohnheitsrecht) existente entre la Federación y los Estados Federados en el «tercer nivel». Existen dos formas de convenio: el «acuerdo administrativo» y el «convenio entre Estados Federados». La diferencia estriba en que la primera forma está restringida a las autoridades ejecutivas regionales, mientras que la segunda, el «convenio entre Estados Federados», obliga a estos como tales y debe recibir la aprobación de los Parlamentos regionales, por ejemplo, en convenios para la creación de algunas redes públicas de radiodifusión y sus tarifas o el convenio que regula la distribución de estudiantes entre diferentes universidades. Los convenios pueden incluir a todos o solo a algunos de los Estados Federados.

Además de los convenios formales, jurídicamente vinculantes, existe el «acuerdo político» (politische Absprache), que en general es el resultado de una conferencia de ministros presidentes que trata asuntos políticos de importancia supranacional. Por ejemplo, la Conferencia Permanente de Ministros de Educación y Asuntos Culturales de los Estados Federados de la República Federal de Alemania (Kultusministerkonferenz) reúne a los ministros y senadores regionales responsables de educación y formación, educación superior e investigación y asuntos culturales. Este organismo adopta resoluciones con la categoría de recomendaciones. Estos «acuerdos» no son jurídicamente vinculantes, aunque sí se los considera política y moralmente vinculantes.

Fuera de la Unión

La cooperación intergubernamental es un concepto que se presenta en grados diferentes y diversas configuraciones en algunos Estados federales fuera de la Unión Europea. El ponente ha estudiado en particular los casos de los Estados Unidos, Suiza, Australia y Canadá.

Estados Unidos

El sistema político y jurídico de los Estados Unidos prevé diferentes formas de cooperación flexible entre Estados (convenios interestatales, leyes uniformes, memorandos de entendimiento) que se asemejarían de alguna forma a la cooperación reforzada en la Unión Europea. No obstante, debido a la naturaleza diferente del federalismo de los Estados Unidos (federalismo competitivo), los ámbitos políticos regulados por los convenios interestatales son muy diferentes de aquellos en los que es más probable la utilización de la cooperación reforzada en la Unión. Muchos de los convenios políticos interestatales en los Estados Unidos se ocupan de políticas ligadas al mercado interior, como la fiscalidad, el reconocimiento mutuo de cualificaciones y el acceso a infraestructuras compartidas (vías navegables, redes de metro y transporte). El objetivo general es facilitar la vida de los ciudadanos y las empresas sin pasar por el nivel federal, que tarda mucho en regular. Algunos convenios interestatales son nacionales, es decir, que todos los Estados participan en ellos sin que intervenga el nivel federal. Normalmente, se eligen los convenios porque aportan resultados más rápido que si interviene el nivel federal.

Por el contrario, la Unión ya ha logrado un importante grado de armonización de las normas del mercado interior y los ámbitos en los que está surgiendo la cooperación reforzada son los más controvertidos políticamente, en los que no se puede conseguir un acuerdo unánime entre todos los Estados miembros. Muchos de los ámbitos en los que la Unión está poniendo en marcha una cooperación reforzada, por ejemplo, la CEP y la Fiscalía Europea, son competencias federales en el sistema de los Estados Unidos.

Respecto a la posición de los convenios interestatales y de la cooperación reforzada en el ordenamiento jurídico, los convenios interestatales son acuerdos entre los Estados y no leyes federales. No obstante, los convenios interestatales adquieren el valor de leyes federales cuando el Congreso considera necesario validarlos, lo que ocurre con bastante frecuencia. En el caso de la cooperación reforzada, por el contrario, toda legislación aprobada por este procedimiento se convierte en Derecho de la Unión.

Los convenios interestatales también parecen ser muy flexibles: los participantes en ellos pueden variar, y la incorporación o la salida de Estados, así como su expulsión, es una práctica habitual.

Al mismo tiempo, existen algunos paralelismos que podrían hacerse entre los dos sistemas; así, por ejemplo, las denominadas leyes uniformes se parecen mucho a los casos de cooperación reforzada de la Unión en materia de legislación sobre el divorcio y régimen patrimonial, mientras que la cooperación reforzada para el ITF, de llegar a culminarse, podría asemejarse a uno de los convenios interestatales relacionados con la fiscalidad.

El ejemplo estadounidense de formas de cooperación entre Estados puede ser útil para la organización práctica de la cooperación reforzada dentro de la Unión. Lo que podría ser especialmente beneficioso sería la creación de una comisión especial para el seguimiento de los ámbitos en los que podría desarrollarse una futura cooperación reforzada. En los Estados Unidos, esto está en manos de la Asociación Nacional de Gobernadores, la Comisión de Normas Uniformes y el Centro Nacional para los Convenios Interestatales, que buscan activamente ámbitos en los que la cooperación interestatal podría ser fructífera. Además, los convenios interestatales suelen tener un contenido muy pormenorizado y adoptar normas de acompañamiento, que regulan el funcionamiento diario del convenio una vez que se ha alcanzado el acuerdo político. Este podría ser otro punto que podría aplicarse a futuros casos de cooperación reforzada, el de unas normas de procedimiento que determinen con precisión la toma de decisiones, el funcionamiento, la administración y el presupuesto de la cooperación reforzada una vez se haya puesto en marcha.

Canadá

En Canadá, las relaciones intergubernamentales están dominadas por el poder ejecutivo y la Constitución canadiense no contiene disposiciones específicas sobre la cooperación intergubernamental entre las provincias, los territorios y el Gobierno federal. Además, el papel de los Parlamentos en la cooperación intergubernamental es prácticamente nulo.

Las relaciones intergubernamentales se institucionalizan a través de las reuniones de primeros ministros (con el primer ministro federal) y del Consejo de la Federación (sin el primer ministro federal). Sin embargo, estos foros no parecen producir ninguna legislación intergubernamental vinculante. Sí que existen acuerdos formales e informales en Canadá, pero no son jurídicamente vinculantes para las partes contratantes, sino meramente orientativos.

Una peculiaridad del sistema canadiense es la posibilidad de que una provincia opte por no participar en un programa de costes compartidos a nivel provincial y federal, o que decida quedarse al margen de futuras enmiendas constitucionales que transfieran competencias legislativas de los órganos legislativos provinciales al Parlamento. La compensación financiera está garantizada para cualquier provincia que opte por mantenerse al margen de una enmienda de este tipo relacionada con la educación u otros asuntos culturales, de conformidad con la Ley constitucional de 1982. De hecho, desde 1965, Quebec se mantiene al margen de algunos programas importantes, como el de los seguros hospitalarios, la formación profesional, la salud pública y la ayuda a las personas mayores y a las personas con discapacidad, a través de la Ley de programas establecidos.

Suiza

El artículo 48 de la Constitución suiza otorga a los cantones el derecho a celebrar «acuerdos intercantonales». La forma más importante de cooperación intercantonal es el concordato, que se utiliza para aplicar la legislación vigente o para elaborar y armonizar las leyes y reglamentaciones en los diferentes cantones. Cada concordato debe seguir el proceso legislativo del cantón correspondiente y se considera jurídicamente vinculante.

Otra forma de cooperación horizontal es la de las conferencias intercantonales, que son foros permanentes de relaciones intergubernamentales, en las que los miembros del Consejo de Gobierno responsables de un ámbito determinado de cada cantón se reúnen para intercambiar puntos de vista. Un ejemplo concreto de estas conferencias es la Conferencia de los Gobiernos Cantonales, que se creó principalmente para influir en las políticas relativas a las relaciones internacionales, y en particular a la integración europea.

Australia

Además de los acuerdos intergubernamentales entre las provincias, que son instrumentos importantes y flexibles para abordar cuestiones en las que tanto el nivel federal como el subfederal tienen competencias, las provincias australianas practican en gran medida lo que se conoce como «legislación en espejo». En otras palabras, esto significa que un Estado puede adoptar legislación siguiendo el procedimiento legislativo habitual aplicable a nivel estatal y que, una vez adoptada la legislación, esta es directamente aplicable en cualquier otro Estado que desee retomarla.


PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a la cooperación reforzada

(2018/2112(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las disposiciones del Tratado relativas a la cooperación reforzada, y en particular el artículo 20, el artículo 42, apartado 6, y los artículos 44, 45 y 46 del Tratado de la Unión Europea (TUE), así como los artículos 82, 83, 86, 87, 187, 188, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 y 334 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistas las disposiciones del Tratado sobre otras formas de integración diferenciada existentes, y en particular los artículos 136, 137 y 138 del TFUE relativos a disposiciones específicas para los Estados miembros cuya moneda es el euro,

–  Visto el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (TECG),

–  Vistos el Protocolo n.º 10 sobre la cooperación estructurada permanente establecida por el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea, el Protocolo n.º 14 sobre el Eurogrupo y el Protocolo n.º 19 sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea,

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre la mejora del funcionamiento de la construcción de la Unión Europea aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa(1),

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea(2),

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre la capacidad presupuestaria de la zona del euro(3),

–  Vista su Resolución, de 16 de marzo de 2017, sobre las repercusiones constitucionales, jurídicas e institucionales de una política común de seguridad y defensa: posibilidades que ofrece el Tratado de Lisboa(4),

–  Vista su Resolución, de 17 de enero de 2019, sobre la integración diferenciada(5),

–  Vistos el Libro Blanco de la Comisión de 1 de marzo de 2017 (COM(2017)2025) y los cinco documentos de reflexión posteriores (COM(2017)0206, COM(2017)0240, COM(2017)0291, COM(2017)0315, COM(2017)0358),

–  Vista la Declaración de Roma de 25 de marzo de 2017,

–  Vistos el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, relativa al procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0038/2019),

A.  Considerando que la Unión tiene un interés particular en aplicar una cooperación reforzada en determinados ámbitos de las competencias no exclusivas de la Unión con el fin de avanzar en el proyecto europeo y facilitar la vida de los ciudadanos;

B.  Considerando que, de conformidad con el artículo 20, apartado 2, del TUE, la cooperación reforzada se considera una medida de último recurso, cuando los objetivos perseguidos por la cooperación no pueden ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto;

C.  Considerando que la cooperación reforzada no debería verse como un instrumento de exclusión o división de los Estados miembros, sino como una solución pragmática para avanzar hacia la integración europea;

D.  Considerando que el carácter sensible de determinados ámbitos políticos hace difícil seguir el procedimiento legislativo ordinario, no solo por el requisito de unanimidad, sino también por la práctica establecida en el Consejo de intentar buscar siempre el consenso entre los Estados miembros, aun cuando una mayoría cualificada sea suficiente para tomar una decisión;

E.  Considerando que, a excepción del impuesto sobre las transacciones financieras, todas las iniciativas de cooperación reforzada podrían haber sido adoptadas por el Consejo por mayoría cualificada en caso de que se hubiera establecido esta norma en lugar de la unanimidad;

F.  Considerando que hay una serie de casos en los que distintos subgrupos de Estados miembros establecen una cooperación bilateral o multilateral entre sí al margen del marco del Tratado, por ejemplo en ámbitos como la defensa; que la presión ejercida por la crisis económica y monetaria para adoptar decisiones rápidas y superar el requisito de unanimidad en determinados ámbitos llevó a la adopción de instrumentos intergubernamentales fuera del marco jurídico de la Unión, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (TECG o Pacto Presupuestario);

G.  Considerando que la cooperación reforzada es un procedimiento por el cual se permite a un mínimo de nueve Estados miembros establecer una cooperación avanzada en un ámbito dentro de las estructuras de la Unión, pero sin la participación de los demás Estados miembros; que la cooperación reforzada permite a los Estados miembros participantes alcanzar un objetivo o una iniciativa comunes y superar la parálisis en las negociaciones o un bloqueo por parte de otro Estado miembro o de otros Estados miembros en los casos en que se requiere unanimidad; que, de conformidad con el artículo 20, apartado 4, del TUE, los actos adoptados en el marco de una cooperación reforzada vincularán únicamente a los Estados miembros participantes; que la cooperación reforzada se limita a aquellos ámbitos en los que la Unión no tiene competencias exclusivas;

H.  Considerando que, de conformidad con el artículo 328, apartado 1, del TFUE, «la Comisión y los Estados miembros que participen en una cooperación reforzada procurarán fomentar la participación del mayor número posible de Estados miembros»;

I.  Considerando que la experiencia demuestra que la cooperación reforzada ha dado resultados satisfactorios en materia de legislación sobre el divorcio(6) y ofrece interesantes perspectivas con respecto a las normas relativas al régimen patrimonial(7), la patente unitaria europea y la Fiscalía Europea;

J.  Considerando que las experiencias iniciales de cooperación reforzada han puesto de manifiesto las dificultades asociadas a la aplicación de este concepto, debido a las limitadas disposiciones de los Tratados relativas a su aplicación práctica y a la falta de un seguimiento suficiente por parte de las instituciones de la Unión;

K.  Considerando que el análisis de los diferentes modelos federales que se dan en los Estados miembros de la Unión y en las federaciones fuera de la Unión ha revelado que las entidades subfederales suelen utilizar mecanismos de cooperación flexibles en ámbitos de interés común;

L.   Considerando que, sin cláusulas pasarela para pasar de la unanimidad a la votación por mayoría cualificada en el Consejo, y a falta de una reforma exhaustiva de los Tratados, es posible que, en el futuro, los Estados miembros tengan que recurrir a las disposiciones relativas a la cooperación reforzada para abordar problemas comunes y alcanzar objetivos comunes;

M.  Considerando que, para aplicar correctamente la cooperación reforzada y que esta funcione de forma eficaz, conforme al espíritu y la letra de los Tratados, es importante establecer una lista de cuestiones que deben abordarse y elaborar una hoja de ruta;

Observaciones principales

1.  Manifiesta su preocupación por que, aunque la cooperación reforzada ofrece una solución a un problema común al aprovechar la estructura institucional de la Unión y reducir así los costes administrativos para los Estados miembros participantes, no ha eliminado por completo la necesidad de recurrir a soluciones de subagrupación intergubernamental al margen de los Tratados, con consecuencias negativas para la coherencia en la aplicación del marco jurídico de la Unión y que da lugar, por lo tanto, a una falta de un control democrático adecuado;

2.  Considera que debe mantenerse el marco institucional único de la Unión con el fin de alcanzar sus objetivos comunes y de garantizar el principio de igualdad de todos los ciudadanos; insiste en que debe defenderse el método comunitario o de la Unión;

3.  Subraya que, al contrario de lo que ocurre con los tratados intergubernamentales, la cooperación reforzada proporciona una herramienta para la resolución de problemas que, además de ser legal, también es conveniente, ya que se basa en las disposiciones del Tratado y funciona dentro de la estructura institucional de la Unión;

4.  Señala que, a pesar de que la cooperación reforzada no se ha utilizado ampliamente desde su creación en el Tratado de Ámsterdam, debido a su naturaleza como medida de último recurso, parece tener una importancia creciente y ofrece resultados tangibles;

5.  Constata, sobre la base de la experiencia existente, que la cooperación reforzada se da en su mayoría en ámbitos sujetos a un procedimiento legislativo especial que requiere unanimidad, y que se ha recurrido a ella de forma predominante en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior;

6.  Señala que, hasta ahora, el procedimiento para iniciar y poner en práctica la cooperación reforzada ha sido muy largo, en particular debido a una definición imprecisa del período razonable para determinar que no puede alcanzarse el umbral de voto necesario y a la falta de una fuerte voluntad política para avanzar más rápidamente;

7.  Observa que la falta de directrices operativas claras para el establecimiento y la gestión de una cooperación reforzada, como, por ejemplo, la legislación aplicable a las instituciones comunes o los procedimientos de retirada de una cooperación ya existente, puede haber reducido las probabilidades de que dicha cooperación se concretizara;

8.  Recuerda que, si bien la cooperación reforzada se beneficia del ordenamiento institucional y jurídico de la Unión, no se prevé su integración automática en el acervo;

9.  Opina que, a pesar de que la cooperación reforzada se considera un recurso de segunda mano, no deja de ser un instrumento viable para la resolución de problemas a escala de la Unión y una herramienta para superar algunos de los bloqueos institucionales;

10.  Considera que, para aplicar y organizar efectivamente una cooperación reforzada, se debe encontrar respuesta a una misma serie de preguntas, independientemente del ámbito de intervención de que se trate o de la forma que esta revista;

Recomendaciones

11.  Propone, por tanto, que se dé respuesta a una serie de preguntas y se siga una hoja de ruta conforme a lo expuesto a continuación, a fin de garantizar una aplicación fluida y eficaz de la cooperación reforzada;

Proceso de toma de decisiones

12.  Señala que es a los Estados miembros a quienes corresponde dar un impulso político a la cooperación reforzada, aunque los debates sobre su contenido deben basarse en una propuesta de la Comisión;

13.  Recuerda que el artículo 225 del TFUE otorga al Parlamento el derecho de iniciativa cuasi legislativa, lo que debe interpretarse como la posibilidad de que el Parlamento inicie una cooperación reforzada sobre la base de una propuesta de la Comisión que no haya logrado alcanzar un acuerdo a través del procedimiento ordinario de toma de decisiones en el marco del mandato de dos presidencias consecutivas del Consejo;

14.  Considera que, si durante el período que abarca dos presidencias consecutivas del Consejo, no se ha observado progreso sustancial alguno en el seno de esta institución, debería concluirse que la Unión en su conjunto no puede alcanzar los objetivos de un caso de cooperación, en consonancia con el requisito establecido en el artículo 20 del TUE;

15.  Recomienda que las solicitudes de los Estados miembros para que se establezca una cooperación reforzada entre ellos se base, por principio, en objetivos que sean al menos tan ambiciosos como los presentados por la Comisión, antes de que se concluya que dichos objetivos no pueden ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto;

16.  Recomienda encarecidamente que, inmediatamente después de que el Consejo apruebe un acuerdo sobre el inicio de la cooperación reforzada, se active la «cláusula pasarela» consagrada en el artículo 333 del TFUE para pasar de la unanimidad a la votación por mayoría cualificada, y de un procedimiento especial al procedimiento legislativo ordinario, a fin de evitar nuevos bloqueos si el número de Estados miembros participantes fuera significativo;

17.  Considera necesario que la decisión por la que se autoriza una cooperación reforzada especifique el marco de las relaciones con los Estados miembros no participantes; opina, no obstante, que los Estados miembros que no participen en dicha cooperación reforzada sí que deberían participar en las deliberaciones sobre el tema que aborda;

18.  Recuerda que las secretarías de la Comisión y del Consejo tienen un importante papel que desempeñar a la hora de garantizar que no se deje de lado a los Estados miembros que no participan en una cooperación reforzada, de modo que no se dificulte su participación en una fase posterior;

Administración

19.  Recomienda que la Comisión desempeñe un papel activo en todas las fases de la cooperación reforzada, desde su propuesta hasta su aplicación, pasando por las deliberaciones;

20.  Afirma que debería mantenerse la unidad de las instituciones de la Unión y que la cooperación reforzada no debería conducir a la creación de acuerdos institucionales paralelos, y sí permitir en cambio, dentro del marco jurídico de la Unión, la creación de órganos específicos cuando proceda, sin perjuicio de las competencias y el papel de las instituciones y los órganos de la Unión;

Examen parlamentario

21.  Recuerda que el Parlamento es el encargado del control parlamentario de la cooperación reforzada; aboga por una mayor participación de los Parlamentos nacionales, y, en aquellos Estados miembros en los que sea pertinente, de los parlamentos regionales, junto con el Parlamento Europeo, en el control democrático de la cooperación reforzada cuando se refiera a ámbitos políticos de competencia compartida; destaca la posibilidad de crear un foro interparlamentario, similar, por ejemplo, a la conferencia interparlamentaria creada en virtud del artículo 13 del TECG, y a la Conferencia Interparlamentaria para la política exterior y de seguridad común (PESC) y la política común de seguridad y defensa (PESC/PCSD), cuando ello sea necesario y sin perjuicio de las competencias de Parlamento;

22.  Destaca la necesidad de que los Estados miembros que participen en una cooperación reforzada incorporen a aquellas regiones que disponen de competencias legislativas en las materias que les afectan, de manera que se respete el reparto competencial interno y se refuerce la legitimación social de dicha cooperación reforzada;

23.  Recomienda que el Parlamento desempeñe un papel más importante en la cooperación reforzada, proponiendo a la Comisión nuevas formas de cooperación en virtud del artículo 225 del TFUE, y haciendo un seguimiento de las propuestas o de la cooperación existente; está convencido de que el Parlamento debería participar en cada fase del procedimiento, en lugar de limitarse a conceder su aprobación, y de que debería recibir informes regulares y hacer observaciones sobre la aplicación de la cooperación reforzada;

24.  Pide al Consejo que, en futuros procedimientos de cooperación reforzada, entable una colaboración con el Parlamento antes de solicitarle que apruebe el texto final, de modo que se garantice la máxima cooperación entre los colegisladores de la Unión;

25.  Lamenta, no obstante, que, pese a la actitud constructiva y moderada del Parlamento en el contexto del procedimiento de cooperación reforzada, el Consejo haya mostrado escaso interés en entablar una relación de colaboración formal con el Parlamento antes de solicitar su aprobación del texto negociado final;

26.  Considera necesario que el Parlamento mejore su organización interna en relación con la cooperación reforzada; opina que, para ello, cada caso de cooperación reforzada debe ser objeto de seguimiento por parte de la comisión permanente pertinente, y recomienda, por tanto, que el Reglamento del Parlamento autorice la creación de subcomités ad hoc en los que sean miembros de pleno derecho principalmente los diputados al PE elegidos en los Estados miembros que participan en dicha cooperación reforzada;

Presupuesto

27.  Opina que deberían ser los Estados miembros participantes quienes asuman los gastos de funcionamiento vinculados a la cooperación reforzada y que, en caso de que estos gastos corran a cargo del presupuesto de la Unión, los Estados miembros no participantes deberían ser reembolsados, a menos que el Consejo, tras consultar al Parlamento, decida, de conformidad con el artículo 332 del TFUE, que dicha cooperación se ha de financiar con cargo al presupuesto de la Unión, haciendo así que este gasto forme parte del presupuesto y esté, por lo tanto, sujeto al procedimiento presupuestario anual;

28.  Considera que, si la actividad regulada por la cooperación reforzada genera ingresos, estos deberían destinarse a cubrir los gastos de funcionamiento vinculados a dicha cooperación;

Competencia

29.  Opina que la cooperación reforzada debería ser competencia directa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sin perjuicio de la posibilidad de establecer un procedimiento de arbitraje o de crear un tribunal de primera instancia para la resolución de litigios que pudiera ser necesario para el funcionamiento de un caso particular de cooperación reforzada, salvo que el Tratado prevea lo contrario, lo que debería especificarse en el acto jurídico por el que se establece dicha cooperación reforzada;

30.  Señala que, si un caso de cooperación reforzada requiere el recurso a un mecanismo especial de arbitraje o a un tribunal especial, la última instancia de arbitraje debería ser siempre el TJUE;

Adaptaciones a la estructura institucional de la Unión

31.  Propone que se cree una unidad especial de cooperación reforzada en la Comisión, bajo el liderazgo del comisario responsable de las relaciones interinstitucionales, para coordinar y racionalizar el establecimiento institucional de iniciativas de cooperación reforzada;

32.  Considera necesario lograr que el papel de las secretarías de la Comisión y del Consejo sea más proactivo en el contexto de la cooperación reforzada, por lo que propone que estas busquen activamente, en conjunción con el Comité de las Regiones y, en particular, con su Plataforma de las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT), ámbitos en los que la cooperación reforzada pueda ser útil para el avance del proyecto europeo o ámbitos cercanos a formas existentes de cooperación reforzada, con el fin de evitar solapamientos o contradicciones;

Retirada o expulsión de Estados miembros

33.  Señala que los Tratados no contienen disposiciones sobre la posibilidad de que los Estados miembros se retiren o sean expulsados de los casos existentes de cooperación reforzada, a excepción de la cooperación estructurada permanente (CEP);

34.  Opina que deberían establecerse normas claras en todos los casos de cooperación reforzada sobre la retirada de un Estado miembro que no desee seguir participando y sobre la expulsión de un Estado miembro que deje de cumplir las condiciones necesarias para tomar parte en dicha cooperación; recomienda que las condiciones de la posible retirada o expulsión de un Estado miembro se especifiquen en el acto por el que se establece la cooperación reforzada;

Recomendaciones para la evolución de la cooperación reforzada en el futuro

35.  Considera necesario establecer un procedimiento para la autorización acelerada de una cooperación reforzada en ámbitos de gran importancia política, de modo que pueda obtenerse en un período de tiempo inferior a la duración de dos presidencias consecutivas del Consejo;

36.  Insta a los Estados miembros que participan en la cooperación reforzada a que trabajen en pro de la integración de la cooperación reforzada en el acervo comunitario;

37.  Pide a la Comisión que proponga una reglamentación basada en el artículo 175, párrafo tercero, o en el artículo 325 del TFUE para simplificar y unificar el marco jurídico aplicable a la cooperación reforzada (por ejemplo, los principios rectores sobre la legislación aplicable a las instituciones comunes o a la retirada de un miembro), y facilitar así la conclusión de dicha cooperación;

38.  Propone que, con ocasión de la próxima revisión de los Tratados, se estudie la posibilidad de que las regiones o entidades subnacionales desempeñen un papel en la cooperación reforzada cuando esta esté relacionada con un ámbito de competencia exclusiva al nivel en cuestión y de conformidad con las constituciones nacionales;

°

°  °

39.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

(1)

DO C 252 de 18.7.2018, p. 215.

(2)

DO C 252 de 18.7.2018, p. 201.

(3)

DO C 252 de 18.7.2018, p. 235.

(4)

DO C 263 de 25.7.2018, p. 125.

(5)

Textos Aprobados, P8_TA(2019)0044.

(6)

Reglamento (UE) n.º 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial.

(7)

Reglamento (UE) n.º 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales.


OPINIÓN de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (11.1.2019)

para la Comisión de Asuntos Constitucionales

sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a la cooperación reforzada

(2018/2112(INI))

Ponente de opinión: Tomáš Zdechovský

SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A.  Considerando que el artículo 86 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece una base formal explícita para la creación de una Fiscalía Europea y determina el procedimiento legislativo y el instrumento aplicables, así como el alcance y la competencia de la futura Fiscalía Europea;

B.  Considerando que es importante que la Unión y todos sus Estados miembros detecten y persigan de forma eficaz y disuasoria el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión, a fin de proteger la aportación de los contribuyentes de todos los Estados miembros al presupuesto de la Unión;

C.  Considerando que el artículo 86 del TFUE prevé explícitamente la posibilidad de establecer una cooperación reforzada en caso de desacuerdo;

D.  Considerando que la cooperación reforzada es un procedimiento por el cual se permite a un mínimo de nueve Estados miembros establecer una cooperación avanzada en un ámbito dentro de las estructuras de la Unión, pero sin la participación de los demás Estados miembros; que la cooperación reforzada permite a los Estados miembros participantes alcanzar un objetivo o una iniciativa comunes y superar la parálisis en las negociaciones o un bloqueo por parte de otro Estado miembro o de otros Estados miembros en los casos en que se requiere unanimidad; que, de conformidad con el artículo 20, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea, los actos adoptados en el marco de una cooperación reforzada vincularán únicamente a los Estados miembros participantes; que la cooperación reforzada se limita a aquellos ámbitos en los que la Unión no tiene competencias exclusivas;

E.  Considerando que, de conformidad con el artículo 328, apartado 1, del TFUE, «la Comisión y los Estados miembros que participen en una cooperación reforzada procurarán fomentar la participación del mayor número posible de Estados miembros»;

1.  Reitera el firme apoyo del Parlamento a la creación de una Fiscalía Europea eficaz e independiente, con el fin de reducir la actual fragmentación de los esfuerzos de las autoridades judiciales y policiales de los Estados miembros para proteger el presupuesto de la Unión y de reforzar la lucha contra el fraude en la Unión Europea;

2.  Recuerda que el Parlamento ha aprobado tres Resoluciones en relación con la creación de la Fiscalía Europea, a saber, el 29 de abril de 2015(1), el 5 de octubre de 2016(2) y el 5 de octubre de 2017(3); reconoce que algunas de las preocupaciones expresadas por el Parlamento en estas Resoluciones han sido abordadas, en cierta medida, en el texto negociado final adoptado por el Consejo; pide al Consejo que, en futuros procedimientos de cooperación reforzada, entable una colaboración con el Parlamento antes de solicitarle que apruebe el texto final a fin de garantizar la máxima cooperación entre los colegisladores de la Unión;

3.  Lamenta, no obstante, que, pese a la actitud constructiva y moderada del Parlamento en el contexto del procedimiento de cooperación reforzada, el Consejo haya mostrado escaso interés en entablar una relación de colaboración formal con el Parlamento antes de solicitar su aprobación del texto negociado final;

4.  Celebra que veintidós Estados miembros estén participando ya en una cooperación reforzada sobre la Fiscalía Europea y recuerda que la Fiscalía Europea tiene carácter inclusivo; anima a los Estados miembros no participantes a que se adhieran a ella lo antes posible con vistas a mejorar su eficacia;

5.  Observa que, una vez terminada la fase de desarrollo de tres años, está previsto que la Fiscalía Europea asuma sus funciones a finales de 2020, por lo que sería prematuro llevar a cabo una evaluación de su aplicación en este momento;

6.  Hace hincapié en que la puesta en marcha de la Fiscalía Europea requerirá una cooperación eficaz y eficiente entre las fiscalías nacionales y la propia Fiscalía Europea, así como con las agencias de la Unión, entre ellas, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y Eurojust;

7.  Está supervisando atentamente todas las medidas adoptadas hasta ahora para la creación de la Fiscalía Europea, incluidas las medidas de ejecución para la selección y el nombramiento del Fiscal General Europeo y de los Fiscales Europeos, así como las medidas presupuestarias;

8.  Pide a la Comisión que informe periódica y exhaustivamente al Parlamento sobre la puesta en marcha y el desarrollo institucional de la Fiscalía Europea, en vista de la posible ampliación de su mandato para incluir la lucha contra el terrorismo transfronterizo;

9.  Se felicita de que dieciocho Estados miembros vayan a participar en una cooperación reforzada sobre los regímenes económicos de los matrimonios y las uniones registradas, aplicable a partir del 29 de enero de 2019; destaca la necesidad de proteger los derechos fundamentales, incluidos el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la no discriminación.

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓNEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

10.1.2019

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

36

6

3

Miembros presentes en la votación final

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Suplentes presentes en la votación final

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

VOTACIÓN FINAL NOMINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

36

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

6

-

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

3

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

Explicación de los signos utilizados

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones

(1)

DO C 346 de 21.9.2016, p. 27.

(2)

DO C 215 de 19.6.2018, p. 18.

(3)

DO C 346 de 27.9.2018, p. 246.


INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓNEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

22.1.2019

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

18

2

2

Miembros presentes en la votación final

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Suplentes presentes en la votación final

Pervenche Berès, Ashley Fox, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Michael Gahler, Jarosław Wałęsa


VOTACIÓN FINAL NOMINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Michael Gahler, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

2

-

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

2

0

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Explicación de los signos utilizados

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones

Última actualización: 8 de febrero de 2019Aviso jurídico