Procedimiento : 2014/3017(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0019/2015

Textos presentados :

B8-0019/2015

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Votaciones :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
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Textos aprobados :

P8_TA(2015)0012

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0012/2015
12.1.2015
PE547.442v01-00
 
B8-0019/2015

tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre la situación en Egipto (2014/3017(RSP))


Judith Sargentini, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Eva Joly, Bodil Ceballos, Pascal Durand, Bart Staes, Ernest Maragall en nombre del Grupo Verts/ALE

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Egipto (2014/3017(RSP))  
B8‑0019/2015

El Parlamento Europeo,

–       Vistas sus Resoluciones anteriores relativas a Egipto, en particular la de 14 de julio de 2014,

–       Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE de agosto de 2013 y de febrero de 2014 sobre Egipto,

–       Vistas las recientes declaraciones del Servicio Europeo de Acción Exterior sobre Egipto, así como la declaración sobre las sentencias judiciales de 3 de diciembre de 2014,

–       Vistos el Acuerdo de Asociación UE-Egipto y el Plan de acción en el ámbito de la política europea de vecindad acordado entre la UE y Egipto,

–       Vistas las Directrices de la UE sobre la libertad de expresión y sobre los defensores de los derechos humanos, así como las Directrices de la UE para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI),

–       Visto el examen periódico universal sobre Egipto del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 5 de noviembre de 2014,

–       Vista la Constitución de Egipto, en particular el artículo 65 (libertad de pensamiento y de opinión), el artículo 70 (libertad de prensa), el artículo 73 (libertad de reunión), el artículo 75 (libertad de asociación) y el artículo 93 (carácter vinculante de la legislación internacional sobre derechos humanos),

–       Vista la Ley egipcia 107 de 2013 sobre la regulación del derecho a reuniones públicas, marchas y protestas pacíficas,

–       Vista la Ley egipcia 136 de 2014, consistente en un decreto presidencial que pone a «todos los establecimientos públicos o de vital importancia» bajo jurisdicción militar durante dos años,

–       Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,

–       Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Egipto en 1982,

–       Visto el informe de Human Rights Watch titulado «Todo según lo planeado, la masacre de Raba y la matanza de manifestantes en Egipto», de 12 de agosto de 2014,

–       Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.     Considerando que las libertades de expresión, de asociación y de reunión constituyen los pilares indispensables de una sociedad democrática y pluralista; que el quebrantamiento de estas libertades fundamentales durante la era de Mubarak fue un factor decisivo para su derrocamiento por el pueblo en febrero de 2011; que las libertades fundamentales están consagradas indiscutiblemente en la Constitución egipcia aprobada en 2014;

B.     Considerando que, desde el golpe militar de junio de 2013, las autoridades egipcias han iniciado una represión a una escala jamás observada en la historia moderna del país; que, bajo el mandato del Presidente Abdulfatah al Sisi, la situación de los derechos humanos en Egipto se ha ido deteriorando progresivamente en todos los ámbitos;

C.     Considerando que, al parecer, unas 41 000 personas han sido arrestadas desde el golpe militar de julio de 2013; que muchas de ellas han sido detenidas tan solo en relación con actos pacíficos de protesta o por expresar simplemente opiniones disidentes;

D.     Considerando que miles de presuntos miembros y partidarios de los Hermanos Musulmanes, incluidos todos sus líderes, así como del derrocado presidente Morsi, han sido arrestados y cientos de ellos inculpados y condenados a la pena de muerte, después de juicios masivos, o a largas penas de cárcel tras autos judiciales que, a todas luces, no han respetado las normas básicas de un juicio justo; que, el 2 de diciembre de 2014, un tribunal penal egipcio dictó sentencias provisionales que imponían la pena de muerte a 188 acusados por su presunta participación en un ataque a una comisaría en agosto de 2013;

E.     Considerando que un decreto presidencial promulgado en octubre de 2014 establece las bases para llevar a juicio a centenares de civiles ante tribunales militares, incluso con efectos retroactivos; que los tribunales militares están bajo la autoridad del ministro de Defensa y no aplican un trato diferenciado a menores y adultos;

F.     Considerando que, al parecer, unos 1 400 manifestantes han perdido la vida a consecuencia de un uso excesivo y arbitrario de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad desde julio de 2013, y que, el 2 de enero de 2015, las fuerzas de seguridad asesinaron a tiros a dos personas durante la violenta dispersión de una manifestación de simpatizantes de los Hermanos Musulmanes en el barrio Matariya de El Cairo; que el asesinato sistemático y generalizado de por lo menos 1 150 manifestantes partidarios de Morsi a manos de las fuerzas de seguridad egipcias en los meses de julio y agosto de 2013 puede considerarse muy probablemente como un crimen contra la humanidad, según la ONG Human Rights Watch; que esta ONG ha declarado que la masacre de la plaza de Raba constituye una de las mayores matanzas de manifestantes perpetradas en un solo día en la historia reciente; que los agentes de las fuerzas de seguridad responsables de esta matanza han disfrutado de total impunidad hasta ahora y que muy pocos agentes de policía u oficiales militares han tenido que rendir cuentas de otros abusos contra manifestantes; que se considera generalmente que la comisión de investigación creada en diciembre de 2013 no ha logrado llevar a cabo una investigación exhaustiva, fidedigna e imparcial sobre estos hechos; que las autoridades egipcias han denunciado actos de violencia, incluido el uso de armas de fuego, por parte de manifestantes contra las fuerzas de seguridad; que, según las autoridades forenses oficiales, ocho funcionarios de policía perdieron la vida durante la dispersión de la plaza de Raba;

G.     Considerando que el derrocado presidente Mubarak, previamente condenado a cadena perpetua por «no haber protegido a los manifestantes» durante las revueltas de 2011, fue absuelto por un tribunal egipcio junto a sus dos hijos, el ex ministro del Interior Habib al Adli y varios agentes de las fuerzas de seguridad el 29 de noviembre de 2014;

H.     Considerando que las condiciones de seguridad en Egipto siguen deteriorándose, mientras que las fuerzas de seguridad egipcias han intensificado la represión contra los activistas que operan en la península del Sinaí, en particular tras el ataque perpetrado el 24 de octubre de 2014 contra el puesto de control de Karm al Qawadis, que acabó con la vida de veintiocho soldados del ejército egipcio; que los agentes de policía y el personal del ejército son habitualmente el blanco de ataques en todo el país, como en el caso del bombardeo de un edificio de la policía en el norte de Sinaí perpetrado el 5 de enero de 2015 o los tiroteos contra policías en un suburbio al oeste de El Cairo el 4 de enero y en Minya el 6 de enero, en los que perdieron la vida o resultaron heridos; que el Estado ha decretado el desalojo de miles de habitantes de Rafah, ha establecido una zona de seguridad de unos 500 metros a lo largo de la frontera con Gaza y ha impuesto un estado de emergencia de tres meses en varias zonas del Sinaí; que Ansar Beit al Maqdis, un grupo de activistas que opera en el norte del Sinaí, ha jurado lealtad a Estado Islámico; que la frontera de Rafah con Gaza permanece cerrada la mayor parte del tiempo, habiéndose abierto tan solo tres días en diciembre de 2014, lo cual agrava el bloqueo del enclave por parte de sus dos vecinos;

I.      Considerando que la nueva ley de 24 de noviembre de 2013 sobre reuniones públicas, adoptada por decreto, establece la base jurídica para imponer fuertes restricciones al derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión, en particular concediendo al ministro del Interior un amplio poder discrecional para prohibir y dispersar las protestas y detener a los manifestantes; que cientos de destacados intelectuales y periodistas, así como partidos políticos han instado a las autoridades a derogar esta ley represiva de forma inmediata;

J.      Considerando que las organizaciones de la sociedad civil egipcia han manifestado reiteradamente su profunda preocupación acerca del proyecto de ley sobre las ONG, que impondría un control total e injustificado de los grupos cívicos y los subordinaría a los órganos administrativos y de seguridad, además de permitir la imposición de condenas muy severas a los defensores de los derechos humanos; que se ha pospuesto repetidamente el plazo para que las organizaciones de la sociedad civil puedan registrarse en virtud de la Ley  84, que prevé importantes recortes de la independencia y las actividades de las ONG o la inculpación de delitos penales; que un decreto presidencial de 21 de septiembre de 2014 por el que se modifica el Código penal prevé graves penas, incluida la pena de muerte, para las ONG que reciben financiación extranjera con el propósito vagamente formulado de «perjudicar el interés nacional»; que las principales ONG egipcias defensoras de los derechos humanos han declarado que el marco de represión actual ha alcanzado unos niveles que jamás se habían registrado hasta ahora, incluso bajo el régimen autoritario de Mubarak; que los medios de comunicación que controla el Gobierno han lanzado una campaña de difamación sin precedentes contra las ONG de defensa de los derechos humanos independientes de Egipto;

K.     Considerando que un elevado número de defensores de los derechos humanos, figuras de la oposición y jóvenes activistas han sido arrestados, inculpados y condenados arbitrariamente por haber participado en actos pacíficos, en virtud de la ley sobre reuniones públicas; que destacados activistas, como el bloguero Ahmed Douma, los dirigentes del Movimiento 6 de abril Mohamed Adel y Ahmed Maher, y la abogada defensora de los derechos humanos Mahinour el Masry, han sido condenados a tres años de cárcel, presuntamente por haber infringido esta nueva ley; que el bloguero Alaa Abd el Fattah y otros veinticuatro imputados han sido condenados a quince años de cárcel por haber participado en una manifestación sin autorización; que, el 20 de octubre de 2014, veintitrés personas, incluidas las defensoras de los derechos humanos Yara Sallam y Sanaa Ahmed Seif, fueron condenadas a tres años de cárcel por infringir la ley contra las manifestaciones; que estudiantes universitarios han sido detenidos y fuertemente sancionados por haber participado en protestas pacíficas en los campus universitarios y que algunos de ellos han muerto por los disparos de la policía dentro de los recintos de la universidad; que, en todos estos casos, se ha denunciado ampliamente que los procesos judiciales se han basado en motivos políticos y han estado empañados por graves insuficiencias de procedimiento;

L.     Considerando que, según ONG egipcias de defensa de los derechos de la mujer, parece estar recrudeciéndose la violencia contra las mujeres, a pesar de la adopción de una nueva ley sobre acoso sexual, cuya aplicación aún está pendiente; que las mujeres activistas egipcias se encuentran en una situación especialmente vulnerable y son a menudo víctimas de violencia, de agresiones sexuales y de otras formas de trato degradante en relación con sus actividades pacíficas;

M.    Considerando que, el 23 de junio de 2014, los periodistas de Al Yazira Mohamed Fadel Fahmy, Peter Greste y Baher Mohamed fueron condenados a penas de entre siete y diez años de prisión acusados de transmitir «falsas noticias» y de conspirar con los Hermanos Musulmanes; que otros tres periodistas, Sue Turton, Dominic Kane y Rena Netjes, han sido condenados a diez años de cárcel en rebeldía; que el 1 de enero de 2015 el Tribunal de casación egipcio ordenó la celebración de un nuevo proceso; que la ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha denunciado estos procesos judiciales «por estar repletos de irregularidades procesales e infringir el Derecho internacional de los derechos humanos»; que al menos otros catorce periodistas permanecen encarcelados, lo que sitúa a Egipto entre los mayores represores de los medios de comunicación del mundo, según el Comité para la Protección de los Periodistas; que la autocensura se ha incrementado drásticamente desde el verano de 2013;

N.     Considerando que, el 22 de diciembre de 2014, el canal egipcio de Al Yazira suspendió su difusión desde Qatar «hasta que las condiciones fueran favorables» para poder reanudar su trabajo en Egipto; que, en septiembre de 2014, se pidió a siete miembros destacados de los Hermanos Musulmanes que abandonaran Qatar; que ambas decisiones están supuestamente vinculadas al deshielo de las relaciones entre Doha y El Cairo;

O.     Considerando que, el 23 de diciembre de 2014, el conocido humorista egipcio Bassem Youssef fue multado con 50 millones de libras egipcias (5,9 millones de euros) por un órgano de arbitraje con sede en El Cairo, por un conflicto con una cadena de televisión que suspendió su programa después de que se hubiera mofado del gobierno militar egipcio; que su programa, el programa satírico más popular del mundo árabe en términos de audiencia, ha sido suspendido; que la mayoría de los medios de comunicación privados están estrechamente vinculados al régimen de Mubarak y al régimen actual;

P.     Considerando que, el 7 de diciembre de 2014, veintiséis hombres fueron detenidos por «practicar actos de libertinaje» en una casa de baños pública en El Cairo; que dicha detención fue retransmitida por televisión y presentada como parte de una campaña para castigar las conductas sexuales desviadas; que el 12 de enero de 2015 todos los acusados fueron absueltos; que su detención, con fines deliberados de humillación, debe contextualizarse en el marco de una represión cada vez mayor de la comunidad LBGT del país; que las detenciones del mes de diciembre suponen el mayor arresto colectivo de hombres sospechosos de ser homosexuales desde la era de Mubarak; que, en septiembre de 2014, ocho hombres fueron condenados a tres años de cárcel, acusados de libertinaje sobre la base de un vídeo difundido por internet en el que se mostraba lo que parecía ser una «boda homosexual»; que, en diciembre de 2014, la condena se redujo a un año de cárcel; que, en septiembre de 2014, un tribunal de El Cairo condenó a seis hombres a dos años de trabajos forzados después de que estos anunciaran su hogar como lugar de encuentro para homosexuales en Facebook; que la Iniciativa Egipcia para los Derechos Individuales calcula que al menos 150 personas han sido arrestadas en los últimos dieciocho meses inculpadas de actos de libertinaje;

Q.     Considerando que, a pesar de que la mutilación genital femenina está prohibida en Egipto y que las sanciones por infringir la ley en esta materia se han vuelto más severas, esta sigue siendo una práctica extendida; que el primer juicio por mutilación genital femenina en el país concluyó con la absolución, el 20 de noviembre de 2014, del médico y del padre de una niña de trece años que falleció a causa de esta práctica; que esta sentencia ha sido impugnada por la fiscalía;

R.     Considerando que la UE es el principal socio económico de Egipto y su principal fuente de inversión extranjera; que, de conformidad con la política europea de vecindad revisada tras la Primavera árabe y, en particular, con el enfoque «más por más», el nivel y el alcance del compromiso de la UE con Egipto deben basarse en los progresos realizados en cuanto al cumplimiento por el país de sus compromisos en favor de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos; que, el 21 de agosto de 2013, el Consejo de Asuntos Exteriores encargó a la Vicepresidenta / Alta Representante que reexaminara la asistencia de la UE a Egipto; que el Consejo decidió que la cooperación de la UE con Egipto se reajustaría en función de los acontecimientos que se produjeran sobre el terreno;

S.     Considerando que se prevén elecciones parlamentarias en marzo o abril de 2015; que las condiciones para el envío de una misión de observación electoral de la UE incluyen que los partidos políticos y los candidatos sin lista dispongan del legítimo derecho a participar en el proceso electoral, que la libertad de expresión exista, permitiendo las críticas al Gobierno en el poder, así como la libertad de circulación y de reunión, y que todos los partidos y candidatos de la oposición tengan un acceso razonable a los medios de comunicación;

T.     Considerando que, en sus conclusiones de 21 de agosto de 2013, el Consejo de Asuntos Exteriores declaraba que «los Estados miembros han acordado suspender las licencias de exportación a Egipto de cualquier material que pueda utilizarse para la represión interna y reevaluar las licencias de exportación de los equipos cubiertos por la Posición Común 2008/944/PESC, así como revisar su asistencia de seguridad a Egipto»; que dichas conclusiones fueron reafirmadas por el Consejo de Asuntos Exteriores en febrero de 2014;

U.     Considerando que, el 27 de noviembre de 2014, Francia anunció una serie de contratos de armamento con Egipto, que incluían un contrato por valor de 1 000 millones de euros para suministrar cuatro buques de guerra y la renovación de aviones de caza; que, en junio de 2014, los Estados Unidos desbloquearon 575 millones de dólares estadounidenses en ayuda militar para Egipto, importe que estaba congelado desde el golpe militar; que, en agosto de 2014, el presidente ruso Vladimir Putin abogó por el desarrollo de la cooperación militar y tecnológica con Egipto y que, al parecer, ambos países están ultimando un acuerdo sobre misiles avanzados y aviones de combate por valor de 3 000 millones de dólares estadounidenses;

1.      Expresa su honda preocupación por las continuas vulneraciones del Estado de Derecho, de las libertades fundamentales, del pluralismo político y de la sociedad civil en Egipto por parte de las autoridades egipcias desde el golpe militar de junio de 2013; lamenta que este país se aleje implacablemente de las aspiraciones de justicia social, dignidad, libertad y democracia que habían suscitado la revolución del pueblo el 25 de enero de 2011;

2.      Denuncia la persistente brutalidad de las fuerzas policiales y militares, el acoso, las detenciones masivas y los procesos penales por cargos falsos contra centenares de personas, ya sean periodistas, defensores de los derechos humanos, intelectuales, estudiantes, sindicalistas o activistas de la oposición, como respuesta al mero ejercicio pacífico de sus libertades fundamentales; pide a las autoridades egipcias que defiendan rigurosamente las garantías constitucionales inequívocas en vigor en lo que respecta a estas libertades;

3.      Pide, una vez más, la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas tan solo por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, incluidas las defensoras de los derechos humanos Yara Sallam y Sanaa Ahmed Seif; pide la liberación inmediata del activista pro derechos humanos Alaa Abd el Fattah y de la abogada defensora de los derechos humanos Mahinour el Masry, así como la revocación de sus severas penas de cárcel; pide a las autoridades que cancelen la injustificada prohibición del Movimiento 6 de abril y revoquen las penas impuestas a los activistas de dicha organización, incluidos Ahmed Maher y Mohamed Adel;

4.      Sigue estando profundamente preocupado por el deterioro de las condiciones de seguridad en Egipto, con la multiplicación de ataques terroristas y otros actos de violencia, cuya autoría está reivindicada por grupos islamistas radicales; está especialmente preocupado por la situación en el Sinaí y los informes acerca de una creciente radicalización, especialmente entre los jóvenes; expresa su solidaridad con las víctimas; respalda todos los esfuerzos de las autoridades egipcias por hacer frente a la grave amenaza del extremismo islamista de manera coherente con las normas en materia de derechos humanos; expresa su preocupación por la información sobre las duras medidas aplicadas contra las poblaciones locales, como el desalojo de miles de habitantes de Rafah; subraya el hecho de que luchar contra el terrorismo recurriendo a la violencia solo incrementa la violencia por ambos lados y pide a las autoridades egipcias que eliminen las raíces del extremismo mediante la integración de todas las fuerzas políticas en el proceso político; pide a las autoridades egipcias que aborden las quejas antiguas de la población beduina del Sinaí, que son el resultado de la alienación política y de la privación económica; pide que cese la represión de las voces independientes en el Sinaí;

5.      Expresa su gran preocupación por el abuso sistemático del poder judicial como herramienta del régimen egipcio para reprimir cualquier forma de disensión en el país; insta a las autoridades egipcias a que respeten estrictamente la independencia del poder judicial y garanticen efectivamente el derecho a un juicio justo de conformidad con la Constitución y las normas internacionales;

6.      Lamenta la ampliación sin precedentes de la jurisdicción militar a los casos civiles, lo que ha supuesto la comparecencia de centenares de civiles ante tribunales militares, incluso con carácter retroactivo; pide a las autoridades egipcias que deroguen el decreto de octubre de 2014 que establece el fundamento jurídico para dicha práctica y pongan fin a los juicios de civiles por tribunales militares, de conformidad con las normas internacionales y regionales;

7.      Expresa su profunda preocupación por el grave deterioro del entorno de los medios de comunicación; pide la liberación inmediata e incondicional de los periodistas de Al Yazira, cuyo nuevo juicio se decretó el 1 de enero de 2015, y de todos los profesionales de los medios de comunicación y blogueros, condenados simplemente por ejercer sus actividades legítimas, como Mahmoud Abdel Nabi, Mahmoud Abu Zeid, Samhi Mustafa, Ahmed Gamal, Ahmed Fouad y Abdel Rahman Shaheen;

8.      Manifiesta su total rechazo a la imposición de penas de muerte masivas contra partidarios de los Hermanos Musulmanes, después de someterlos a unos juicios tremendamente arbitrarios, como el más reciente del 2 de diciembre de 2014 en el que 188 acusados fueron condenados a muerte; pide que se revoquen estas sentencias y se garantice a los imputados un juicio justo, y se establezca asimismo una moratoria para las sentencias de pena de muerte con vistas a la abolición de esta forma de justicia cruel e inhumana; reitera que la UE mantiene una posición firme y de principio contra la pena de muerte; señala que Egipto es el cuarto país del mundo en cuanto a número de sentencias de pena de muerte;

9.      Está firmemente convencido de que una sociedad verdaderamente pluralista e integradora es el pilar fundamental para una seguridad y una estabilidad a largo plazo en Egipto; pide a las autoridades egipcias que, en este sentido, reconsideren su designación de la principal organización de la oposición, los Hermanos Musulmanes, como grupo terrorista;

10.    Denuncia la represiva ley sobre manifestaciones de noviembre de 2013, que ha sido utilizada en numerosas ocasiones para prohibir cualquier forma de protesta que critique al régimen, y para dispersar a los manifestantes por la fuerza y arrestarlos; insta a las autoridades egipcias a que deroguen o modifiquen esta ley para ajustarla a las normas internacionales sobre derechos humanos;

11.    Expresa su preocupación por la información sobre un proyecto de ley sumamente restrictivo para las ONG e insta a las autoridades a que velen por que la futura legislación respete las garantías constitucionales relativas a la libertad de asociación;

12.    Condena la matanza ilegal de manifestantes pacíficos, en particular de miembros y partidarios de los Hermanos Musulmanes, por parte de las fuerzas de seguridad egipcias desde el golpe militar; pide a las autoridades egipcias que ordenen a las fuerzas de seguridad que apliquen la fuerza contra los manifestantes ajustándose estrictamente a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad; lamenta el clima de casi total impunidad de los agentes de seguridad responsables del uso reiterado y excesivo de la fuerza y de otros graves abusos durante el pasado año;

13.    Expresa su indignación por el recrudecimiento de la represión contra la comunidad LGBT en Egipto, que se acompaña de un número creciente de detenciones, incluso en condiciones de absoluta humillación, y de condenas a severas penas de cárcel contra personas por su orientación sexual; pide a las autoridades egipcias que pongan fin a la campaña de odio contra las personas LGBT; insta a las autoridades egipcias a que cesen la criminalización de las personas LGBT mediante la «ley sobre libertinaje» y a que pongan en libertad a todas las personas LGBT detenidas y encarceladas en virtud de dicha ley;

14.    Lamenta profundamente el resultado del primer juicio celebrado en Egipto por un delito de mutilación genital femenina por el tribunal para delitos menos graves de Agga el 20 de noviembre de 2014 y pide a las autoridades egipcias y al poder judicial que investiguen, procesen y condenen efectivamente a todas las personas implicadas en estos actos crueles y dañinos, de conformidad con la legislación nacional de Egipto;

15.    Pide a las autoridades egipcias que cooperen plenamente con los mecanismos en materia de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluida la aprobación de las solicitudes de visita pendientes de varios relatores especiales de las Naciones Unidas, y que pongan en práctica su compromiso en relación con la apertura de una oficina regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;

16.    Destaca que el nivel de represión sin precedentes alcanzado en Egipto excluye cualquier enfoque de «aquí no pasa nada» por parte de la UE y, en su lugar, justifica una revisión exhaustiva y global de las relaciones de la UE con Egipto; pide que se aprueben rápidamente las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, que deberían contener medidas eficaces y concretas para responder a la situación en el país; se opone a cualquier iniciativa nueva con respecto al compromiso de la UE con las autoridades egipcias, incluido el diálogo a nivel técnico, antes de que se efectúe este proceso de revisión política;

17.    Expresa su consternación por la moderada reacción pública de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de los Estados miembros ante la serie de indignantes sentencias dictadas contra defensores de los derechos humanos, lo cual dista mucho de los compromisos de la UE, concretamente de las Directrices de la UE sobre los defensores de los derechos humanos, y no puede ser visto en El Cairo más que como un respaldo a la actual espiral de represión; espera que la UE y, en particular, la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y la delegación de la UE en El Cairo, aporten una respuesta pública más firme frente a nuevos ataques contra los defensores de los derechos humanos y otras voces de disensión por parte del régimen egipcio, apoyen a aquellos que se encuentran en situación de riesgo o detenidos y sigan detenidamente los juicios contra estos;

18.    Pide a la UE que apruebe una lista de prisioneros de conciencia egipcios, cuya suerte sirva de elementos fácticos para definir el futuro de las relaciones entre la UE y Egipto;

19.    Subraya el doble rasero flagrante con que la UE mide las masacres de manifestantes en países socios y pone de relieve el contraste entre la falta de respuesta de la UE ante la masacre de Raba en agosto de 2013 y las medidas coercitivas adoptadas por la UE tras la represión de los manifestantes en la plaza Tiananmen de Pekín en 1989 y en Andiján (Uzbekistán) en 2005; pide a los Estados miembros, basándose en la rápida respuesta de la UE frente a la brutal represión de los manifestantes en otro país de la vecindad europea, a saber, Ucrania, que adopte sanciones específicas, incluida la congelación de activos y la prohibición de expedición de visados, contra los responsables de violaciones de los derechos humanos, actos violentos y uso excesivo de la fuerza en Egipto;

20.    Lamenta la continua cooperación en materia de seguridad y los contratos de armas anunciados de algunos Estados miembros, Francia en particular, con Egipto, que son contrarios a la posición común de la UE sobre exportaciones de armas; pide que se prohíba a escala de la UE la exportación de cualquier forma de equipamiento de seguridad y de ayuda militar a Egipto; pide a la Vicepresidenta / Alta Representante que informe sobre el actual estado de la cooperación militar y en materia de seguridad de los Estados miembros con el régimen egipcio, y sobre los resultados de la revisión, por parte de los Estados miembros, de su asistencia a Egipto en materia de seguridad, tal como decidió el Consejo de Asuntos Exteriores en agosto de 2013;

21.    Reitera su llamamiento a la Vicepresidenta / Alta Representante para que precise las medidas específicas adoptadas en respuesta a la decisión adoptada por el Consejo de Asuntos Exteriores en agosto de 2013 de reexaminar la asistencia de la UE a Egipto; solicita a la Comisión que aclare el estado actual de los importantes fondos asignados a los cinco programas de apoyo presupuestario, así como los planes para ejecutar dichos fondos con arreglo a las directrices de apoyo presupuestario de la Comisión y a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas de junio de 2013; pide a la Comisión que concrete las garantías establecidas en los programas financiados a través del Instrumento de Inversión de la Política de Vecindad, en lo que respecta a los riesgos de corrupción y a las entidades económicas y financieras controladas por los militares;

22.    Pide la inmediata suspensión de todos los compromisos con las autoridades egipcias para facilitar el comercio, incluida la congelación de la evaluación de impacto sobre la sostenibilidad del comercio en favor del acuerdo global y exhaustivo de libre comercio previsto;

23.    Expresa serias dudas en lo que respecta a la legalidad, al carácter integrador y a la credibilidad de las próximas elecciones parlamentarias, habida cuenta de los continuos recortes de las libertades fundamentales y del marco electoral revisado, ampliamente criticado por no cumplir las normas democráticas internacionales; insiste en que, en caso de que la UE reciba una invitación para observar dichas elecciones, la Vicepresidenta / Alta Representante debe renunciar a enviar una misión de observación, a tenor de las normas internacionales y europeas de observación electoral; pide a la UE que deje claro a las autoridades egipcias que el desarrollo y los resultados de estas elecciones serán elementos decisivos para el futuro de las relaciones entre la UE y Egipto; lamenta el envío de una misión completa de observación de la UE a las elecciones de observación en mayo de 2004, en contra de las directrices sobre las misiones de observación electoral de la UE, que han empañado su reputación y su credibilidad;

24.    Anima, una vez más, a la Vicepresidenta / Alta Representante a reunir el apoyo de la UE a favor de una resolución de la situación en Egipto en la siguiente sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que permitiría, por ejemplo, iniciar una investigación internacional de las matanzas de manifestantes y de las denuncias de torturas y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad desde el golpe militar;

25.    Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, así como al Presidente y al Gobierno de la República Árabe de Egipto.

 

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