PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación en Venezuela
5.3.2015 - (2015/2582(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall en nombre del Grupo Verts/ALE
El Parlamento Europeo,
– Vista la declaración de la portavoz de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante Federica Mogherini sobre la situación en Venezuela,
– Visto el comunicado del Secretario General de Unasur, el expresidente de Colombia Ernesto Samper, sobre la situación en Venezuela,
– Visto el debate mantenido en el Pleno del 25 de febrero de 2015,
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Venezuela,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que la creciente polarización política, la crisis económica y la carestía de productos en Venezuela son motivo de la máxima preocupación y cuestionan seriamente el mantenimiento de la estabilidad y el futuro pacífico del país;
B. Considerando que la violencia, con independencia de su origen, es absolutamente inadmisible para alcanzar objetivos políticos en un Estado democrático; que las tentativas de alterar por medios violentos el orden constitucional de un país violan abiertamente el Estado de Derecho;
C. Considerando que la detención y la reclusión del alcalde mayor electo de Caracas y líder de la oposición Antonio Ledezma y los presuntos casos de intimidación de opositores políticos durante las pasadas semanas son alarmantes y exacerban la ya muy tensa situación del país;
D. Considerando que toda detención, y con más motivo la de un cargo público electo, debe fundarse en una orden judicial clara, debe basarse en acusaciones comprobables y, si se mantiene, debe ir seguida de un proceso con las debidas garantías; considerando que la presunción de inocencia es indispensable para un proceso con las debidas garantías,
E. Considerando que un Estado democrático no debe criminalizar a los líderes de la oposición política y debe garantizar la participación de todos los sectores en la vida política del país y los derechos humanos de quienes declaran formar parte de la oposición, como afirmó Human Rights Watch el 24 de febrero de 2015;
F. Considerando que la acusación de preparar un golpe de Estado, la llamada «operación Jericó» es muy grave y que las autoridades competentes de todo Estado deben aclarar e impedir tales operaciones;
G. Considerando que las investigaciones sobre estas acusaciones de preparar un golpe de Estado tienen que llevarse a cabo con rapidez e imparcialidad y que los culpables deben ser condenados, con independencia del cargo que ocupen y de sus convicciones políticas;
H. Considerando que disturbios callejeros similares que se produjeron a principios de 2014 tuvieron el altísimo coste humano de 43 fallecidos, de los que 33 eran civiles y 10, miembros de la policía, el ejército u otros servicios públicos, y 878 heridos, con una distribución similar entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad u otros servicios públicos;
I. Considerando que Kluivert Roa, adolescente de 14 años de edad que, según su padre, se encontraba presente por casualidad y no estaba ni a favor ni en contra del Gobierno, murió de un disparo en la cabeza el 24 de febrero de 2015 en una manifestación en la ciudad de San Cristóbal, al oeste de Venezuela, siendo la primera víctima mortal de la violencia relacionada con las protestas desde que el Ministerio de Defensa adoptara en enero de la Resolución 8610, que permite que las fuerzas de seguridad, para controlar manifestaciones públicas, usen armas que pueden causar la muerte;
J. Considerando que Unasur, la organización regional más importante, ha acompañado la evolución de la situación en Venezuela y ha anunciado el envío al país de una misión formada por los ministros de Asuntos Exteriores de Brasil, Colombia y Ecuador, seguida por una reunión extraordinaria de los ministros de Asuntos Exteriores de Unasur;
1. Expresa su condolencia y su solidaridad con todas las víctimas de la reciente violencia y polarización política y con sus familiares, así como con las víctimas de la violencia registrada tras el 12 de febrero de 2014 y con sus familiares;
2. Pide una investigación rápida e imparcial de todos los casos no resueltos, en particular en relación con las acusaciones contra el alcalde mayor de Caracas; pide la liberación inmediata de éste si la fiscalía no presenta formalmente una acusación con arreglo a la ley y las acusaciones resultan infundadas o si los cargos no son confirmados en un juicio imparcial y con pleno respeto del Estado de Derecho;
3. Subraya que debe ponerse fin a la espiral de violencia en Venezuela y que la despolarización política, el final del desorden político y la mediación en todos los aspectos de importancia en la actual situación de tensión en Venezuela son esenciales para llegar a una solución pacífica para el país y el conjunto de su población;
4. Reitera que no podrá llegarse a una solución sin mantener el Estado de Derecho y respetar el orden constitucional;
5. Observa que, tras la muerte de Kluivert Roa, un miembro de la policía fue detenido y acusado de homicidio intencional por el fiscal, y pide un juicio justo con las debidas garantías procesales; señala que miembros del Gobierno de Venezuela han condenado el homicidio; subraya que las fuerzas de seguridad nunca deben usar armas que puedan causar la muerte para controlar manifestaciones públicas;
6. Expresa su confianza en la estrecha cooperación de los ministros de Asuntos Exteriores de Unasur y su oferta de abrir nuevos canales de cooperación;
7. Celebra la oferta de mediación hecha por Unasur y los socios regionales de Venezuela; expresa su confianza en la estrecha cooperación y el diálogo constructivo que iniciarán los ministros de Asuntos Exteriores de Unasur y en su oferta de abrir nuevos canales de cooperación; reitera su esperanza de que la fase previa a las elecciones sea pacífica y en que las elecciones se celebren en Venezuela con arreglo a lo previsto a finales de año;
8. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a la República Bolivariana de Venezuela y a la Secretaría de Unasur.