PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre las prioridades del Parlamento Europeo para el Programa de Trabajo de la Comisión para 2016
1.7.2015 - (2015/2729(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 37, apartado 3, del Reglamento y con el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea
Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas, Marisa Matias en nombre del Grupo GUE/NGL
B8-0664/2015
Resolución del Parlamento Europeo sobre las prioridades del Parlamento Europeo para el Programa de Trabajo de la Comisión para 2016
El Parlamento Europeo,
– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Programa de trabajo de la Comisión para 2015 – Un nuevo comienzo» (COM(2014)0910),
– Visto el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea[1], en particular su anexo IV,
– Vista la Comunicación de la Comisión Europea titulada «Legislar mejor para obtener mejores resultados - Un programa de la UE» (COM(2015)0215),
– Visto el artículo 37, apartado 3, de su Reglamento,
A. Considerando que la UE y sus Estados miembros siguen lidiando con la crisis económica y social más profunda desde su fundación; considerando que las economías estancadas, un desempleo elevado, la pérdida de derechos sociales y laborales, así como las crecientes desigualdades socioeconómicas exigen un cambio político fundamental de las políticas que lleva actualmente a cabo la Comisión hacia las políticas que consolidan la Unión Europea y los esfuerzos de los Estados miembros por crear un crecimiento económico sostenible y el pleno empleo, y por combatir la pobreza, la exclusión social y las desigualdades en materia de ingresos;
B. Considerando que la Comisión no ha evaluado adecuadamente las causas profundas de la crisis actual, en especial los errores en el diseño y objetivos de la UEM; considerando que la carga de la deuda que se ha derivado de estos errores es enormemente desproporcionada y algunos países aún sacan provecho de ello mientras que otros se han visto empujados a una depresión grave; considerando que la Comisión sigue persiguiendo políticas neoliberales y orientadas a la austeridad; considerando que esas políticas han desembocado en desempleo, pobreza creciente, profundos recortes salariales, un aumento de la edad de jubilación y menor gasto público en ámbitos como la educación, la cultura y la salud; considerando que esta política continuará reduciendo la demanda y allanando el camino para la introducción de un programa radical de privatizaciones;
C. Considerando que la respuesta de la Comisión a la crisis económica, social y democrática, como el marco de gobernanza económica, ha eliminado permanentemente las opciones políticas de los Gobiernos y Parlamentos nacionales soberanos y democráticamente elegidos, evita el control democrático por parte de los pueblos de Europa y establece la austeridad permanente;
D. Considerando que la incompatibilidad del debate político europeo después de las elecciones generales griegas no tiene en cuenta que la población rechaza los memorandos de la troika de forma democrática; considerando que la decisión tomada por el pueblo griego deben respetarla las instituciones europeas, sin el inaceptable chantaje que se impone, hacia el desarrollo, el crecimiento y la cohesión social, poniendo fin a la política de austeridad contraproducente y socialmente devastadora impuesta por el memorando de la troika;
E. Considerando que el informe de los cinco Presidentes representa un esfuerzo coordinado para institucionalizar la austeridad en la UE y los Estados miembros;
F. Considerando que la respuesta de la Comisión al escándalo «Lux Leaks» es totalmente insuficiente; considerando que aún debe plantearse una importante cuestión de justicia social ante el hecho de que, mientras la población de Europa sufre los programas de austeridad y las reformas estructurales de carácter neoliberal, siguen siendo perfectamente legales los acuerdos fiscales secretos, la evasión fiscal mundial y la transferencia de beneficios a paraísos fiscales;
G. Considerando que los sistemas fiscales están diseñados para favorecer a las grandes empresas y no a los ciudadanos de a pie; considerando que las medidas de austeridad y de estricta disciplina presupuestaria, junto con las grandes pérdidas de ingresos públicos provocadas por la evasión y la elusión fiscales, suponen una presión añadida al presupuesto de los Estados miembros y perjudican a los intereses de los contribuyentes y de los trabajadores de la Unión;
H. Considerando que más de 30 000 personas han muerto en el mar en los últimos veinte años intentando alcanzar las costas europeas; considerando que la UE y sus Estados miembros contribuyen a alimentar el negocio criminal y peligroso de la trata de seres humanos erigiendo vallas y blindando cada vez más sus fronteras exteriores frente a la llegada de migrantes y refugiados sin ofrecer posibilidades para acceder de forma segura y legal a la UE;
I. Considerando que el clima de crisis sigue constituyendo una amenaza para la estabilidad, la salud y las condiciones de vida de las sociedades de todo el mundo, además de para el bienestar animal y la biodiversidad; considerando que la contribución de la Unión a un nuevo acuerdo internacional sobre el cambio climático en la COP 21 es insuficiente; considerando que no se aborda la necesidad de un cambio real del sistema de producción;
J. Considerando que la UE necesita un ambicioso programa de trabajo con el que pueda crear una economía sostenible e integradora que tenga por objeto las políticas de empleo con derechos sociales y laborales, aborde el problema de los millones de desempleados o subempleados de la Unión Europea y proporcione un nivel elevado de servicios públicos, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente;
K. Considerando que las decisiones presupuestarias de la UE no reflejan las prioridades necesarias para estimular un crecimiento sostenible y equilibrado desde el punto de vista social y de la calidad;
L. Considerando que hay una enorme resistencia popular contra las políticas de austeridad y el creciente déficit democrático del procedimiento de toma de decisiones de la UE y de las instituciones de la UE; considerando que, en lugar de respetar las exigencias de la población de modificar radicalmente las políticas neoliberales, la Comisión se adhiere a las fuerzas políticas que continúan imponiendo políticas de austeridad en los Estados miembros;
M. Considerando que es necesaria una mayor transparencia, apertura y democratización, incluida una mayor participación por parte de los ciudadanos;
PARTE 1
PRINCIPALES PRIORIDADES
1. Insta a la Comisión a que presente un programa de trabajo que aborde los principales retos a que se enfrenta hoy la UE, tales como las economías estancadas, la amenaza de deflación, un desempleo elevado, la pérdida de derechos sociales y laborales, las crecientes desigualdades socioeconómicas y la exclusión social, una deuda pública y exterior elevada, así como la crisis en materia de cambio climático; manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que la Comisión proseguirá las políticas de consolidación presupuestaria, las reformas estructurales y la desregulación; afirma que solo es posible superar la crisis económica, social, climática y política mediante una política radicalmente nueva que se centre en las personas y en el medio ambiente —incluido el bienestar animal— en vez de centrarse en los intereses de los mercados financieros;
2. Subraya que los niveles de la deuda pública y exterior de los países periféricos de la UE figuran entre los más elevados del mundo, lo que es consecuencia del carácter asimétrico del proceso de integración; recuerda que esta deuda ha servido como pretexto para imponer medidas de austeridad cuyas consecuencias reales son un aumento de la pobreza y de la deuda; considera imperativo abordar la carga de la deuda, renegociarla (restructurándola y reduciéndola sustancialmente) y llevarla a niveles sostenibles, como cuestión urgente y de justicia elemental;
3. Rechaza enérgicamente el informe de los cinco Presidentes debido a que no ofrece ninguna solución al discurso de austeridad vigente; propone, en su lugar, profundizar en las políticas actuales, en especial el aumento de la competitividad y la convergencia estructural, mediante la imposición de unas políticas presupuestarias estrictas, y de la austeridad; considera que las propuestas relativas a los indicadores sociales y la cohesión social, así como la rendición de cuentas democrática y la transparencia no son más que un pretexto para hacer que los Estados miembros estén cada vez más vinculados a un modelo para las políticas económicas y presupuestarias;
4. Opina que han de ser anulados el Pacto de Estabilidad, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, la legislación en materia de gobernanza económica, como el «six-pack» y «two-pack» y el Pacto por el Euro Plus; insta a la Comisión a que tome la iniciativa de un cambio radical en la política macroeconómica, con el fin de garantizar la rendición de cuentas democrática, la transparencia y la capacidad de los Estados miembros para aplicar las políticas que atiendan a sus necesidades respectivas, incluidas las medidas de estímulo presupuestario equilibrado desde el punto de vista social;
5. Acoge con satisfacción el compromiso de adherirse a la Carta Social renovada; pide a la Comisión que presente sin demora una propuesta de adhesión a la Carta como un primer paso para mejorar los derechos sociales y laborales;
6. Lamenta profundamente los continuos intentos por parte de las instituciones de la UE de imponer las medidas de austeridad en Grecia en contra de la voluntad del pueblo griego expresada en las elecciones de enero de 2015; insiste en que la decisión tomada por el pueblo griego deben respetarla las instituciones europeas, hacia el desarrollo, el crecimiento y la cohesión social, poniendo fin a la política de austeridad contraproducente y socialmente devastadora impuesta por los memorandos de la troika;
7. Rechaza el acuerdo relativo al FEIE ya que se propone financiar directamente al sector privado con fondos públicos, privatiza los beneficios, socializa los riesgos y carece de control democrático; expresa además su profunda preocupación por el hecho de que el FEIE dará lugar a la continuación de la privatización de los servicios de interés general; subraya que el FEIE debe ser global y ha de ser sustituido por un «Programa Europeo para el desarrollo sostenible, el empleo y la inclusión social» —que pueda ser controlado democráticamente —, con el fin de estimular un crecimiento cualitativo y socialmente equilibrado basado en una distribución más justa de la riqueza; subraya que ningún programa de inversiones puede sustituir a una política de cohesión equilibrada desde el punto de vista social, ecológico y territorial, que refuerce el potencial de la región y promueva cambios estructurales sostenibles;
8. Manifiesta su extrema preocupación por el hecho de que la Comisión presione para recuperar la titulización a través de la denominada Unión de los Mercados de Capitales, entre otras de las pymes; subraya que la desregulación de los mercados financieros es una de las causas principales de la crisis económica; reitera la necesidad de reforzar el papel del sector financiero público, incluida la nacionalización; insiste en que el sector bancario deben promover el desarrollo económico, en particular, apoyar las inversiones productivas y generadoras de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (MPYME) y el sector social y cooperativo;
9. Considera que es necesario mejorar la calidad de la labor legislativa de la UE; insiste, no obstante, en que el programa de mejora de la reglamentación y adecuación no debe socavar el proceso democrático por eludir los derechos del Parlamento Europeo como colegislador, o como excusa para una desregulación que debilite la protección social, la protección del consumidor, las normas medioambientales y de bienestar animal, y el diálogo social; rechaza, por lo tanto, la propuesta del comité de expertos;
10. Insta a la Comisión a que garantice que toda legislación futura se someterá a una evaluación del impacto sobre los derechos sociales y fundamentales, y que incluya cláusulas de extinción para garantizar que la legislación de la UE se revise periódicamente;
11. Insiste en que la Comisión y los Estados miembros demuestren una determinación política real en gravar a los verdaderos propietarios de la riqueza, y en que debe desarrollarse una estrategia global con medidas legislativas concretas y eficaces, como prohibir los paraísos fiscales y los puertos francos, establecer un registro europeo y mundial de la riqueza, reforzar los requisitos de contenido económico, gravar los beneficios en su origen, retirar la licencia de los bancos que siguen facilitando el fraude fiscal o invertir la reducción del tamaño de la administración tributaria;
12. Lamenta que la respuesta de la Comisión al escándalo «Lux Leaks» sea insuficiente; insta a la Comisión a que, como mínimo, incluya en su paquete fiscal la obligación de hacer públicas las decisiones fiscales con el fin de garantizar la transparencia y el control entre países, así como la información entre los países basada en las normas de la DRC IV para los bancos; lamenta que la Comisión debilite aún más la protección de los denunciantes y empleados a través de la Directiva sobre secretos comerciales; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen que los denunciantes cuenten con protección jurídica y material cuando pueda ser razonablemente asumida para proteger intereses públicos;
13. Insta a la Comisión a que adopte un enfoque verdaderamente holístico para la política de migración y que proponga una nueva política de migración que garantice la seguridad física y cauces legales para acceder a la UE para todas las mujeres, hombres y niños que necesiten protección o busquen la reunificación familiar, así como para los trabajadores migrantes no cualificados, como defendió el ACNUR; toma nota de las propuestas de la Comisión, tanto para la reubicación como para el reasentamiento de los solicitantes de asilo que forman parte de la Agenda Europea de Migración; pide, no obstante, una propuesta más ambiciosa, que incluiría la expedición inmediata de visados humanitarios en las embajadas y oficinas consulares de los Estados miembros en favor de los solicitantes de asilo, así como la introducción de un programa de reasentamiento obligatorio a escala de la UE en vez de las actuales carencias del programa de reasentamiento voluntario;
14. Se opone a los acuerdos ATCI, AECG y ACS, y expresa su profunda preocupación respecto a la orientación general que imprime la Comisión a la política comercial internacional de la UE, en particular su falta de coherencia con los objetivos clave para la UE de crear empleo, luchar contra la pobreza, garantizar una economía sostenible, controlar la especulación (especialmente la especulación con los alimentos), proteger la salud pública, la salud y el bienestar animal, la agricultura sostenible y el medio ambiente, y de velar por la diversidad cultural;
15. Celebra el objetivo de la Comisión de encabezar la revolución digital; subraya, sin embargo, que Internet no es un simple instrumento para aplicar la estrategia para el mercado único; destaca que la digitalización ha cambiado el conjunto de la sociedad —la manera de producir, comunicarse, vivir, dirigir — y todos los sectores, desde los sistemas inteligentes de redes de energía al sistema de atención sanitaria; destaca que la revolución digital plantea también la cuestión política y cultural de cómo la digitalización puede dar lugar a un nuevo modelo democrático basado en el intercambio de conocimientos y la inclusión, en lugar de quedar reducida a un tema de infraestructuras económicas, potencia y manipulación; cree firmemente que la neutralidad de la red, la protección de datos y un sistema común para los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual deben ser los principales puntos de contacto para que la revolución digital sea una revolución democrática;
16. Resalta finalmente que la crisis económica y social actual también es resultado de las políticas neoliberales de la Comisión que fomentan los mercados financieros desregulados, los mercados liberalizados de productos y servicios y la creciente financiarización de la economía, además de reducir la inversión pública y agravar la desregulación del mercado laboral; hace hincapié en la absoluta necesidad de políticas sociales y económicas alternativas que afronten las propias decisiones de los pueblos en materia de desarrollo;
PARTE 2
POSICIONES POLÍTICAS ESPECÍFICAS POR SECTOR RESPECTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PARA 2016
Una política socialmente equilibrada para el empleo, el crecimiento y la inversión
17. Insta a la Comisión a que proponga un «Programa Europeo para el Desarrollo Sostenible, el Empleo y la Inclusión Social» que pueda restablecer una economía sostenible e integradora que tenga por objeto las políticas de empleo con derechos sociales y laborales, y aborde el problema los millones de desempleados o subempleados de la Unión Europea;
18. Pide, en este contexto, a la Comisión que presente sin demora una legislación que permita una inversión pública adicional en la UE de al menos un 2 % del PIB al año, sobre la base de programas nacionales de inversión;
19. Lamenta el enfoque a corto plazo y las medidas a medias que está aplicando la Comisión respecto al desempleo juvenil; pide a la Comisión que intervenga en los vectores a largo plazo del empleo juvenil, centrándose especialmente en la creación de empleos de calidad sostenibles para jóvenes, por ejemplo, a través de un enfoque sólido basado en derechos;
20. Pide a la Comisión que revise las normas en materia de ayudas públicas con miras a permitir la intervención estatal para impulsar proyectos con beneficios sociales y medioambientales, y para ayudar a las pymes y a las industrias en dificultades contribuyendo a reconstruir sus capacidades de producción, afectadas gravemente por la crisis;
21. Subraya que la política regional es un instrumento indispensable para promover la cohesión económica y social, cuyos principales objetivos son reducir las disparidades entre las regiones —en particular las más desfavorecidas y las regiones ultraperiféricas—, promover una convergencia real y estimular el crecimiento y el empleo; rechaza el enfoque de la Comisión que supedita la política de cohesión a la gobernanza económica europea, así como la utilización de la condicionalidad macroeconómica en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento como un requisito para acceder a la política de cohesión y a los fondos de desarrollo regional; insiste en que la política de cohesión no debe utilizarse como instrumento de penalización financiera si una región o Estado miembro rechaza la política de liberalización y privatización;
22. Pide que el Programa de inversión Horizonte 2020 no financie la aplicación del FEIE;
Una política digital que proteja los intereses y los derechos de los ciudadanos
23. Subraya que Internet pertenece al dominio público y que garantizar el principio de neutralidad de la red debe ser parte central de la política de la UE;
24. Señala que la confianza de los ciudadanos en Internet resulta básica para el éxito de la economía y la sociedad digitales; considera que la ciberseguridad es importante, pero que para los ciudadanos reviste la misma importancia no ser objeto de sospechas; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la protección de la intimidad y de los datos privados en Internet frente a organismos públicos y privados;
25. Opina que, habida cuenta de las condiciones laborales cada vez más precarias en la economía digital, la estrategia de la Comisión relativa a la unión digital debe completarse con medidas de salvaguardia a fin de garantizar condiciones de trabajo dignas en este sector; considera que un distintivo de «trabajo justo» para los programas informáticos (como juegos y aplicaciones) podría ser el primer paso en esta dirección;
Una nueva política climática sostenible y una unión de la energía socialmente justa
26. Considera que la crisis climática es el resultado de un sistema de producción defectuoso que consume gran cantidad de energía y que la solución al cambio climático no puede dejarse al mercado, sino que exige un cambio radical de los métodos de producción y consumo; pide a la Comisión que reconsidere su política climática y que la incorpore en todas sus políticas;
27. Lamenta la falta de ambición por lo que se refiere a objetivos vinculantes mostrada hasta la fecha por los servicios de la Comisión, especialmente en lo que se refiere a la COP 21 en París; considera que es urgentemente necesaria una mayor ambición climática a fin de que la Unión Europea siga liderando las negociaciones relativas al cambio climático, el uso de energías renovables, el fomento de la creación de empleos ecológicos y la contribución en su justa proporción a la acción mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero;
28. Toma nota de la promesa de presentar propuestas legislativas con miras a aplicar el paquete de medidas sobre el clima y la energía para 2030 a más tardar a finales de 2015; recuerda al presidente Juncker su compromiso con la aplicación de un objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 40 %, de un objetivo de eficiencia energética del 30 % y de una cuota del 30 % de energías renovables en la combinación energética;
29. Pide a la Comisión que presente criterios vinculantes de sostenibilidad para el uso de la energía y para la biomasa; pide además a la Comisión que presente propuestas para abordar la emisión de gases de efecto invernadero procedentes de la ganadería intensiva, pues estos tienen un impacto mayor en el cambio climático que otros gases de efecto invernadero;
30. Reitera su oposición a la propuesta para una unión de la energía, ya que fomentará la privatización y aumentará la desigualdad; considera que la energía debe ser un bien público y que el control público es clave para garantizar una revolución verde en el sector de la energía;
31. Toma nota de la promesa de presentar una propuesta legislativa más ambiciosa con respecto al paquete de medidas sobre una economía circular a más tardar a finales de 2015;
32. Destaca el papel de las Directivas «Hábitats» y «Aves», y rechaza cualquier intento de ponerlas en peligro, al tiempo que hace hincapié en que cualquier revisión de la legislación existente debe tener como objetivo actualizarla y reforzarla, no debilitarla;
La protección de los derechos de los trabajadores en un mercado interior equilibrado desde el punto de vista socioeconómico
33. Insta a la Comisión a que aproveche la próxima revisión selectiva de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores como una oportunidad para reforzar los derechos de los trabajadores contra el dumping social;
34. Considera que la movilidad debería ser una elección y no una necesidad; reitera que la Comisión debería centrarse en la creación de empleo de calidad, que incluya los derechos laborales y sociales en los lugares en que viven las personas más que en el aumento de la movilidad; insiste en que el próximo paquete de medidas relativas a la movilidad proteja todos los derechos sociales y laborales de los trabajadores;
35. Condena la intención de la Comisión de retirar la Directiva relativa al permiso de maternidad; lamenta profundamente la decisión de la Comisión de suspender el acuerdo alcanzado por los interlocutores sociales sobre salud y seguridad para los profesionales del sector de la peluquería, ya que ello socava el diálogo social en la UE; insta a la Comisión a avanzar con estas propuestas y actualizar sin demora la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo;
36. Señala que resulta fundamental prestar un mayor apoyo a las cooperativas, a las pymes y a las microempresas con el fin de impulsar sus actividades dentro de un entorno comercial estable, reducir al mínimo los efectos de la posición dominante de grandes empresas y conglomerados en el mercado, y ayudar a la creación y al crecimiento de pymes, microempresas y cooperativas;
37. Pide un enfoque equilibrado desde un punto de vista regional frente a la política industrial con el objetivo de crear una base industrial diversificada en todos los Estados miembros y regiones, algo fundamental para garantizar elevados niveles de empleo y de actividad en toda la UE;
Políticas económicas y monetarias democráticas
38. Está firmemente convencido de que la arquitectura de la gobernanza económica y de la UEM es opaca y antidemocrática; insiste en que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se sustituya por un verdadero Pacto por el Empleo y el Desarrollo basado en criterios sociales y medioambientales que beneficien a todos los ciudadanos de la UE; pide, asimismo, la convocatoria de una conferencia intergubernamental con objeto de revocar el Pacto Presupuestario y aboga por su suspensión inmediata hasta la celebración de dicha conferencia;
39. Considera que la legislación relativa a la unión bancaria responde únicamente a los intereses del gran capital financiero en la UE e infringe los principios democráticos básicos; aboga por la derogación de la legislación relativa a la unión bancaria y afirma que es necesario garantizar un control público y democrático del sistema bancario;
40. Pide un cambio fundamental en el Estatuto y en el mandato del BCE a fin de garantizar su control político y democrático por parte de los Estados miembros en pie de igualdad; considera esencial devolver a los Estados miembros la potestad de decidir las políticas económicas cruciales tales como la política monetaria; considera, además, que es necesario transformar el BCE en un prestamista principal, que pueda actuar como los bancos centrales normales y, por lo tanto, estimular la economía en épocas de deflación y recesión; insiste, en este contexto, en que el BCE y el BEI deben financiar directamente las inversiones públicas a fin de apoyar la economía real en lugar de las nuevas burbujas del precio de los activos;
41. Reitera su llamamiento para el fin inmediato del sistema de la troika en los países en los que todavía está en vigor, ya que carece de legitimidad; pide que la Comisión emprenda una evaluación exhaustiva y transparente de las diversas medidas de gobernanza económica, incluidos los programas de ajuste macroeconómico prescritos por la troika, teniendo en cuenta las críticas que formulan no solo economistas críticos, sino también miembros de la propia troika;
42. Lamenta —y pide que se les ponga fin inmediatamente— las políticas fiscales injustas, incluidos los impuestos sobre el agua, injustos y regresivos, que se imponen en los Estados miembros en virtud de los programas de ajuste presupuestario y que violan el principio de igualdad proporcional y de progresividad de la fiscalidad, pues las familias con bajos ingresos se ven afectadas de forma desproporcionada por estas medidas;
Una nueva política comercial justa
43. Expresa su profunda preocupación respecto a la orientación general que imprime la Comisión a la política comercial internacional de la UE, en particular su falta de coherencia con los objetivos clave para la UE de crear empleo, luchar contra la pobreza, garantizar una economía sostenible, controlar la especulación, especialmente la especulación con los alimentos, proteger la salud pública, la salud y el bienestar animal, la agricultura sostenible y el medio ambiente, y de velar por la diversidad cultural;
44. Se opone a los mandatos otorgados por el Consejo a la Comisión para la negociación de acuerdos de libre comercio (ALC), como la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS), que, entre otras cosas, representan una grave amenaza para la seguridad alimentaria, que prevé la inclusión de la resolución de litigios entre inversores y Estados (ISDS); pide a la Comisión que paralice estas negociaciones comerciales internacionales;
45. Recuerda que los estudios de impacto encargados por la Comisión, en especial los relativos a la ACTI, al ACS y al AECG, que prometen empleo y riqueza para todos, presentan deficiencias graves y una falta de credibilidad porque los modelos económicos utilizados son obsoletos; pide a la Comisión que utilice modelos económicos más creíbles y que compruebe los resultados de los acuerdos de libre comercio ya en vigor y los compare con los estudios de evaluación de impacto;
46. Destaca que todos los acuerdos de libre comercio deben estar condicionados a la salvaguardia de los niveles actuales de regulación del trabajo, la protección de los derechos medioambientales y sociales y la salvaguardia en materia de contratación pública y prestación de servicios de interés público, incluido el derecho de los países a adoptar en el futuro medidas más exigentes en estos ámbitos; insiste en que todo mecanismo de resolución de controversias entre inversores y Estados debe quedar excluido de las negociaciones de los acuerdos de libre comercio, con el fin de mantener el control democrático sobre dicha regulación;
47. Rechaza el secretismo en los acuerdos comerciales internacionales, y pide a la Comisión que haga públicos todos los documentos de la negociación a los diputados y a todos los ciudadanos interesados; aboga por un debate público y democrático con todas las partes interesadas pertinentes, en especial sindicatos y representantes de la sociedad civil, a fin de garantizar una adecuada supervisión de las implicaciones del programa de la Comisión en materia de libre comercio;
48. Considera que el lanzamiento precipitado de nuevos acuerdos de libre comercio busca esquivar los planteamientos reales para resolver la crisis, por ejemplo la reducción de las desigualdades económicas en el seno de la UE, la limitación de los abusos cometidos por las sociedades corporativas y los inversores, la auditoría y la reducción de la deuda pública y la necesaria lucha contra la evasión fiscal y la elusión fiscal;
49. Recuerda que, siguiendo la posición de los Estados miembros y el Parlamento, la Comisión aprobó el principio de la «excepción cultural» en el sentido de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Unesco, según el cual la cultura debe ser tratada de forma distinta a otros productos comerciales, y los bienes y servicios culturales deben quedar básicamente excluidos de las negociaciones; considera que aquí deberían incluirse la Directiva de servicios de medios de comunicación audiovisual (AMSD) y las principales cuestiones de la Directiva AMSD, las subvenciones públicas, las obligaciones de financiación para los entes de radiodifusión (especialmente para apoyar las producciones y la distribución de cine europeo), los acuerdos de coproducción, las medidas de política lingüística, el funcionamiento de canales con vocación de servicio público, la existencia de límites de participación en canales y redes, los derechos de propiedad intelectual en el ámbito cultural, periodístico y científico y los sistemas específicos de seguridad social;
Una política real en materia de justicia y derechos fundamentales
50. Pide a la Comisión que desempeñe un papel activo y presione por la adopción de una directiva horizontal contra la discriminación, en consonancia con la posición del Parlamento, y en la lucha contra la discriminación, incluidos los ataques a la población romaní, a los migrantes, a los solicitantes de asilo y a otros grupos vulnerables;
51. Pide a la Comisión que evalúe la aplicación de las estrategias nacionales de integración de la población gitana y la recomendación del Consejo relativa a medidas para favorecer una integración efectiva de este colectivo en los Estados miembros, y que proponga medidas adicionales, si procede, para la inclusión real de la población gitana;
52. Pide a la Comisión que presente un plan de acción para que los Estados miembros mejoren las condiciones de detención, teniendo en cuenta especialmente el uso generalizado de la prisión preventiva, también en los casos de orden de detención europea; insta a la Comisión a que tenga plenamente en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las condiciones de detención;
53. Manifiesta su decepción por la falta de actuación de la Comisión respecto al informe legislativo de propia iniciativa sobre la revisión de la orden de detención europea; pide a la Comisión que presente una nueva propuesta, teniendo en cuenta el informe del Parlamento sobre este asunto y, en especial, la cuestión de las pruebas de proporcionalidad;
54. Lamenta que la Comisión no haya incluido en sus nuevas iniciativas una propuesta renovada y actualizada de acceso público a los documentos, que refleje el acuerdo en primera lectura que alcanzó el Parlamento en 2011;
55. Expresa su profunda decepción por la reciente Agenda Europea de Seguridad de la Comisión, que nuevamente se centra unidimensionalmente en políticas de represión y ampliación de las fuerzas de seguridad;
56. Insta a la Comisión a que responda a las peticiones del Parlamento Europeo formuladas en sus resoluciones sobre presuntas operaciones de la CIA de transporte y detención ilegal de presos en los países europeos, en especial a raíz del informe del Senado de los EE.UU. sobre torturas practicadas por la CIA;
57. Celebra la renovación del compromiso de adherirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH); considera, no obstante, que la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la adhesión de la UE al TEDH constituye un grave retroceso para los derechos humanos;
58. Pide a la Comisión que tenga plenamente en cuenta la sentencia del TJUE en los asuntos combinados C-293/12 y C-594/12 de 8 de abril de 2014; insta a la Comisión, en este contexto, a que se abstenga de proponer más medidas sobre la base de la conservación de oficio de datos;
59. Considera que la sentencia del TJUE sobre la conservación de datos es pertinente para la recopilación de los datos de los registros de nombres de pasajeros a efectos de aplicación de la ley; pide, por tanto, a la Comisión que retire su propuesta de un PNR de la UE; insiste en que la Comisión debería presentar al Parlamento Europeo una evaluación de impacto de la sentencia sobre todas las propuestas jurídicas que incluyen recopilación y almacenamiento generalizado de datos personales;
60. Exhorta a la Comisión a iniciar una labor seria para proteger a los ciudadanos frente a la creciente vigilancia estatal;
Una política sobre migración basada en los derechos humanos
61. Pide a la Comisión que desarrolle en 2015 propuestas ambiciosas para garantizar la seguridad física y los cauces legales para acceder a la UE de todas las mujeres, hombres y niños que necesiten protección, de modo que nadie tenga que arriesgar su vida en el Mediterráneo o en el desierto para llegar hasta Europa;
62. Acoge con satisfacción la propuesta de Decisión del Consejo relativa al establecimiento de medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de Italia y Grecia como un primer paso; llama, no obstante, a la Comisión Europea a presentar antes de que finalice 2015 una propuesta más ambiciosa que refleje el mayor número de llegadas en 2015 tanto en Grecia como en Italia; recuerda que deberá asignarse el país en función de los lazos familiares, lingüísticos y culturales de los refugiados; pide la suspensión del Reglamento de Dublín;
63. Condena que la Comisión se centre de forma tan extrema en su Agenda Europea de Migración en la prevención y la represión de la migración irregular, también mediante la detención, sin ninguna consideración por el número creciente de solicitantes de asilo que escapan de guerras, persecución y catástrofes climáticas; por ello, condena firmemente la multiplicación de propuestas represivas presentadas por la Comisión Europea en 2014, como la operación EUNAVFOR Med, destinada a los buques de traficantes, el aumento del presupuesto de Frontex, la aceleración de los retornos de migrantes y la incitación a utilizar la coerción y la detención para tomar las huellas digitales de los migrantes; pide a la Comisión Europea que reoriente su financiación hacia actividades de búsqueda y rescate, centros de acogida abiertos, programas de reubicación y reasentamiento e integración;
Un actor mundial pacífico
64. Pide a la Comisión y al Consejo que mejoren la relación de la UE con socios estratégicos en áreas relevantes, como el Mediterráneo, Rusia, China o nuevos actores mundiales y regionales emergentes;
65. Rechaza las políticas PESC y PCSD que siguen ciegamente a la OTAN y las relaciones transatlánticas, que militarizan aún más las relaciones internacionales, abogan por la intervención y apoyan activamente el complejo industrial militar; defiende el respeto del Derecho internacional y la vuelta a los medios diplomáticos y políticos para la resolución de conflictos;
66. Considera prioritario mantener la paz, la estabilidad y los derechos humanos y fundamentales a través de una política exterior pacífica y civil, en consonancia con el Derecho internacional y de forma no discriminatoria, y asumir el liderazgo en la solución diplomática y pacífica de conflictos, incluidas las iniciativas de mediación y los programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas; subraya la importancia de los esfuerzos para mejorar y reforzar el Tratado sobre el Comercio de Armas y el régimen de control de la exportación de armas de la UE, apoyar el régimen del TNP y el desarme nuclear, y de las medidas sobre erradicación de la pobreza, la ayuda humanitaria, el desarrollo sostenible económico y social y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fomentan unas relaciones económicas equilibradas, el comercio justo y la justa distribución de los recursos y la riqueza en la vecindad de la UE y en el mundo;
67. Destaca la importancia y la oportunidad de la revisión de la PEV; subraya que la PEV revisada debería ser capaz de proporcionar una respuesta rápida y adecuada a la situación real, proporcionando al mismo tiempo una visión a largo plazo para el desarrollo de relaciones con los países vecinos y teniendo en cuenta las asimetrías entre las partes; considera que debe establecerse un nuevo marco para las relaciones con los países y regiones de la PEV basado en el estricto respeto al Derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas y en la no injerencia y el respeto a su soberanía, destinado a apoyar el desarrollo de las regiones vecinas y promover el empleo y la educación, en lugar de acuerdos de asociación que únicamente persiguen el establecimiento de zonas de libre comercio que perjudican a los Estados de la PEV y solo benefician los intereses corporativos de la parte europea y a las élites de los Estados de la PEV;
68. Rechaza los planes de acelerar la financiación de misiones civiles y simplificar los procedimientos de toma de decisión y aplicación, pues la naturaleza meramente civil de tales misiones es con frecuencia cuestionable, dado que los aspectos civiles y militares se difuminan y mezclan cada vez más, en particular en el área de la reforma del sector de seguridad y las misiones de formación;
69. Subraya la falta de control parlamentario y sus reservas en relación con las misiones de la PCSD, tanto a escala europea como nacional; insiste en que el enfoque de «puesta en común y uso compartido» y el llamado enfoque global aumentan el déficit democrático, del mismo modo que la estrecha colaboración entre la UE, la OTAN, el mecanismo Athena y el despliegue de agrupaciones tácticas de la UE;
70. Rechaza la ejecución de un proyecto piloto de investigación relacionada con la PCSD emprendido conjuntamente por la Comisión Europea y la AED, en el que se tratan, entre otras cosas, los sistemas de aeronaves pilotadas por control remoto; se opone rotundamente a que fondos procedentes de Horizonte 2020 o del presupuesto de la UE en general se utilicen para la investigación militar, civil-militar o de seguridad en general, y para el desarrollo de aeronaves pilotadas por control remoto en particular;
Reforzar los derechos de los ciudadanos
71. Pide a la Comisión que presente la prometida propuesta de acuerdo interinstitucional sobre un registro de transparencia obligatorio para todas las instituciones; reafirma la necesidad de mejorar la democracia representativa y participativa aplicando los artículos 9 a 12 del Tratado de Lisboa;
72. Pide a la Comisión que presente una propuesta de revisión de la Iniciativa Ciudadana Europea basada en las conclusiones del próximo informe de aplicación del Parlamento Europeo;
73. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de utilizar el veto social de los ciudadanos como un mecanismo capaz de impedir la entrada en vigor de legislación de la UE que pudiera perjudicar a los más pobres, ahondar las desigualdades o disminuir los derechos sociales;
Otras prioridades políticas
Política pesquera
74. Aboga por una política pesquera común (PPC) que fomente la modernización y el desarrollo sostenible del sector pesquero, garantizando su viabilidad socioeconómica, la sostenibilidad de los recursos, el mantenimiento y la creación de empleo y la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores del sector;
75. Pide medidas dirigidas a mejorar el precio de la primera venta de pescado y los ingresos de los trabajadores del sector y a introducir mecanismos de subvención o compensación para los trabajadores afectados por los efectos económicos y sociales de los planes de recuperación, así como sistemas de gestión plurianuales y medidas de protección de los ecosistemas;
76. Solicita medidas destinadas a garantizar la soberanía nacional respecto de las zonas económicas exclusivas de los Estados miembros y de sus recursos pesqueros, permitiendo una gestión de proximidad; considera que deben mantenerse las doce millas como zona de acceso exclusivo para la flota nacional de cada Estado miembro y propone considerar la posibilidad de su ampliación a las zonas adyacentes, en función de las plataformas continentales;
77. Pide que se proteja la biodiversidad en los entornos marinos, garantizando condiciones favorables para que las poblaciones de peces se recuperen; en este sentido, aboga por unas prácticas de gestión sostenible adecuadas, que podrían incluir la instauración de zonas donde esté prohibida la pesca en áreas en las que las poblaciones de peces y la biodiversidad estén amenazadas, de acuerdo con los conocimientos científicos más avanzados;
78. Reafirma la necesidad de que la PPC reconozca las características específicas de la pesca artesanal y costera y analice en qué medida los actuales instrumentos son adecuados para las necesidades del sector, adaptándolos en consecuencia;
79. Pide que el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) apoye la pesca artesanal, aborde de lleno los problemas específicos del sector y apoye la gestión de proximidad, la pesca sostenible y el desarrollo de las comunidades costeras;
80. Lamenta que la PPC aprobada y la organización común de mercados (OCM) queden muy por debajo respecto a las necesidades reales del sector de la pesca, y pide que se revisen estas dos normativas lo antes posible;
81. Critica el daño que los recortes drásticos por exceso de celo practicados en el total admisible de capturas (TAC) pueden causar en el sector, en las condiciones de vida y en las comunidades rurales, y pide a la Comisión que haga cuanto esté en su mano para evitar que esto se repita en el futuro;
Políticas agrícolas
82. Considera que la agricultura europea es uno de los sectores que puede mantener una cierta creación de valor a pesar de los efectos de la crisis; observa, no obstante, que faltan agricultores, en particular jóvenes y mujeres; pide a la UE que analice en profundidad los factores que subyacen a esta escasez, para aplicar medidas sensatas que puedan contrarrestarla; lamenta que este fenómeno ponga en riesgo nuestros patrimonios agrícolas y rurales de importancia mundial, a la vez que las grandes empresas agrícolas amplían sus márgenes e imponen su modelo de un sistema de alimentación mundial que comporta efectos destructivos para el medio ambiente; subraya que los agricultores, y no las grandes empresas, deben ocupar el centro de la política agrícola y alimentaria europea, con objeto de impulsar realmente el crecimiento y el empleo en todas las regiones de la UE; lamenta que las políticas actuales conduzcan a la disminución del número de explotaciones familiares tradicionales en toda la Unión, y con ella a un descenso de la actividad social y económica en las zonas rurales;
83. Destaca que la UE debe trabajar en favor de una justa distribución del derecho a cultivar de los productores y desarrollar instrumentos públicos que adapten la oferta y la demanda, para mantener los niveles de ingresos y producción alimentaria de los agricultores y así protegerlos contra la volatilidad de los precios; aboga, por tanto, por una revisión intermedia sólida y eficaz a la hora de encontrar soluciones a los problemas intrínsecos de la PAC;
84. Subraya que la UE debe dar prioridad a la protección de su tierra agrícola y el acceso a esta y evitar el acaparamiento de tierras, un asunto crucial y de importancia mundial a la hora de defender a los agricultores, la tierra y el medio ambiente;
85. Destaca, con miras a proteger el suelo agrícola a largo plazo, la necesidad de una prevención eficaz del cambio climático y de estrategias de mitigación que se pongan en marcha en toda Europa a fin de descarbonizar el sector agrícola pero, al mismo tiempo, buscando proteger la productividad de las explotaciones europeas;
86. Pide a la Unión que prohíba la autorización, el cultivo y la comercialización de OMG y que asuma un compromiso firme con el sector europeo de la agricultura ecológica, el único que ha crecido en los últimos decenios;
87. Pide a la Comisión que retire sus propuestas sobre clonación y que presente otras que reflejen la posición del Parlamento Europeo, además de permitir la aplicación del procedimiento legislativo ordinario; se opone a la elección del procedimiento de aprobación para la Directiva sobre la introducción en el mercado de alimentos derivados de clones animales, ya que ello privaría al Parlamento de su derecho a modificar la propuesta;
88. Pide que la Unión Europea prohíba cualquier forma de patente sobre las semillas, con objeto de proteger a los agricultores frente a la competencia desleal y la burocracia innecesaria, y que proteja las variedades locales y la biodiversidad, así como nuestro patrimonio genético y cultural;
89. Lamenta que actualmente no se respeten las normas en materia de bienestar animal en la ganadería europea y suplica a la Comisión que garantice que todos los Estados miembros aplican adecuadamente la legislación en vigor sin olvidar el coste que ello supone para los ganaderos, especialmente para las explotaciones pequeñas sin economías de escala; pide además a la Comisión que mejore las normas en materia de bienestar animal en la actual legislación de la UE relativa a la agricultura ecológica y que elimine todas las excepciones en las normas sobre bienestar animal, por ejemplo el uso de razas no adecuadas, la estabulación trabada y la castración innecesaria;
90. Acoge con satisfacción la iniciativa reciente de los Países Bajos, Alemania y Dinamarca de limitar el tiempo máximo de transporte de animales vivos a ocho horas; pide a la Comisión que revise, con carácter urgente, el Reglamento (CE) nº 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas, y que reduzca el tiempo máximo de transporte de animales vivos;
91. Pide a la Comisión que publique su informe sobre la construcción de un sistema alimentario europeo sostenible, que ya ha sido aprobado por tres antiguos comisarios, y que proponga un plan de acción que tenga en cuenta las conclusiones de dicho informe; aboga en este sentido por abandonar la ganadería intensiva en pos de una forma de producción de proteínas justa, sostenible y de origen vegetal para la agricultura de la UE, y por que la Comisión apoye y promueva los mercados locales y el consumo de productos locales, estacionales y ecológicos; pide que se revise y se estimule el sector de la horticultura ecológica en todos los Estados miembros a fin de garantizar que los alimentos nutritivos recorren el mínimo de kilómetros alimentarios;
92. Solicita que se abra el debate para desarrollar una nueva política de la UE en materia de agricultura y alimentación que responda a los intereses de toda la sociedad; en este contexto, pide que se lleve a cabo una consulta pública sobre la soberanía alimentaria y el consumo responsable;
93. Critica enérgicamente la existencia continua de restituciones agrícolas a la exportación de cualquier tipo; exige su inmediata abolición;
Política de desarrollo
94. Insta a la Comisión a desarrollar una estrategia global y un plan de acción con firmes recomendaciones para tratar los flujos ilícitos de capital y la evasión y la elusión fiscales, y para mejorar la cooperación fiscal y la transparencia financiera con vistas a prevenir la evasión y la elusión fiscales por parte de las multinacionales y a impulsar la movilización de recursos internos como fuente previsible de financiación del desarrollo para países en desarrollo;
95. Insta a la Comisión a apoyar, mediante una Comunicación que establezca las bases de una acción concertada de la UE, el proceso actual de elaboración, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, de un instrumento jurídicamente vinculante sobre las corporaciones transnacionales, y que prevea el establecimiento de soluciones eficaces para las víctimas en aquellos casos en los que resulta evidente que la jurisdicción nacional es incapaz de sancionar a esas empresas de forma eficaz;
96. Pide a la Comisión que, en asociación con ONU Mujeres, haga más hincapié en la igualdad entre hombres y mujeres y en la autonomización de las mujeres, habida cuenta de que la igualdad entre hombres y mujeres es un componente esencial de cualquier medida de reducción de la pobreza y promoción del desarrollo sostenible;
97. Pide que los ámbitos políticos que tienen impacto en el desarrollo, en particular el comercio, la migración, la energía, el medio ambiente y el cambio climático, las políticas de agricultura y pesca, respeten el principio de coherencia de las políticas de desarrollo y los objetivos de desarrollo;
98. Subraya que la AOD sigue siendo un instrumento esencial para financiar el desarrollo; insta a la UE y a sus Estados miembros a que vuelvan a comprometerse sin demora a cumplir el objetivo de destinar el 0,7 % de la RNB a la AOD, y que presenten calendarios presupuestarios plurianuales para el aumento de dichos niveles de aquí a 2020, que establezcan un calendario claro para que cumplan sus compromisos sobre eficacia del desarrollo, incluidos los compromisos para desvincular la ayuda, además de fomentar la responsabilización de los países socios, la armonización con las estrategias de desarrollo de los países socios, la rendición de cuentas mutua y la reducción de la fragmentación de la ayuda a través de una mayor coordinación entre los distintos mecanismos de ayuda y los donantes;
99. Pide que se adopte un enfoque de la sostenibilidad de la deuda basado en las necesidades humanas a través de un conjunto de normas en materia de préstamos y endeudamientos responsables, auditorías de deuda y mecanismos de renegociación de la deuda justos, que deben evaluar la legitimidad y la sostenibilidad de la carga de la deuda de los países y la cancelación de la deuda injusta insostenible; insta a la UE a participar de forma constructiva en las negociaciones de las Naciones Unidas tendentes al establecimiento de un marco jurídico multilateral para procesos de restructuración de la deuda soberana, con miras a aliviar la carga de la deuda; insta asimismo a la UE a que impulse la aplicación de los principios de la UNCTAD sobre transacciones de deuda soberana responsables para prestatarios y prestamistas;
100. Reitera que no pueden utilizarse los fondos del ICD y el FED para programas militares y de seguridad, cooperación policial o reforma del Ejército; subraya que todas las acciones humanitarias han de ser puramente civiles;
Derechos de la mujer e igualdad de género
101. Pide a la Comisión y al Consejo que presenten una propuesta de estrategia global de la UE sobre la violencia contra las mujeres, incluyendo legislación sobre normas mínimas contra la violencia contra las mujeres, y considera que no deben existir planes de acción específicos, por ejemplo sobre mutilación genital femenina o violencia doméstica o sexual, sino que todas las diferentes formas de violencia contra las mujeres deben incluirse en una estrategia global y efectiva, basada en una perspectiva de igualdad de género que incluya promover la adhesión de la UE al Convenio de Estambul, firmado en 2011 para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica; pide a la Comisión, en este contexto, que declare 2016 «Año europeo del fin de la violencia contra las mujeres», y que destine recursos importantes a la sensibilización y a acciones de apoyo a todos los niveles, apoyando especialmente a las ONG que luchan por los derechos de las mujeres; pide a la Comisión que adopte y aplique la Estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y hombres 2015-2020;
102. Lamenta la intención de la Comisión de retirar la Directiva sobre el permiso de maternidad en el ejercicio REFIT; pide una iniciativa legislativa para revisar la Directiva del Consejo 92/85/CEE que ofrezca el mismo nivel de protección que se aprobó en la Resolución del Parlamento de 2008, como una acción inmediata para mejorar la salud y la seguridad de las trabajadoras embarazadas o que han dado a luz recientemente o están en periodo de lactancia; pide avances en las disposiciones de la UE sobre el permiso parental, incluyendo disposiciones sobre el permiso por paternidad;
103. Exhorta a la Comisión a controlar su programa de ayuda al desarrollo para asegurarse de que la prestación de ayuda humanitaria por la UE no está sujeta a restricciones impuestas por otros donantes socios con respecto al acceso a los tratamientos médicos necesarios, incluido el acceso al aborto en condiciones de seguridad de las mujeres y las niñas víctimas de violaciones en conflictos armados, de conformidad con el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, que garantiza la prestación de toda la ayuda médica necesaria a los heridos y enfermos; pide asimismo a la Comisión que garantice e incluya el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en todas las áreas políticas relacionadas, en la UE o fuera de ella;
104. Pide a la Comisión que convierta a la igualdad de género y los derechos de las mujeres en un tema central en sus políticas de desarrollo; está convencido de que la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer son fundamentales para alcanzar los objetivos internacionales de desarrollo; pide una política de la UE en materia de desarrollo que sea feminista, antimilitarista y orientada a la paz;
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105. Pide a la Comisión que revise su programa de trabajo en consonancia con la Resolución del Parlamento, incluidas las posiciones específicas por sector que figuran en la parte 2 de la presente Resolución;
106. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
- [1] DO L 304 de 20.11.2010, p. 47.