Procedimiento : 2015/2973(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-1353/2015

Textos presentados :

B8-1353/2015

Debates :

Votaciones :

PV 17/12/2015 - 9.13
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Textos aprobados :

P8_TA(2015)0474

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.395v01-00
 
B8-1353/2015

tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre la situación en Burundi (2015/2973(RSP))


Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy, Ramón Luis Valcárcel Siso en nombre del Grupo PPE

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Burundi (2015/2973(RSP))  
B8-1353/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Burundi,

–  Vista Resolución 2248 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 12 de noviembre de 2015, sobre la situación en Burundi,

–  Vista la declaración conjunta sobre Burundi a cargo del vicesecretario general de las Naciones Unidas, Jan Eliasson, del portavoz de la Unión Africana, Nkosazana Dlamini-Zuma, y de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, de 12 de noviembre de 2015,

–  Vistas las decisiones del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA), de 13 de junio, 17 de octubre y 13 de noviembre de 2015, sobre la situación en Burundi,

–  Visto el comunicado de prensa conjunto, de 24 de octubre de 2015, del Equipo de enviados y representantes internacionales sobre la Región de los Grandes Lagos, en apoyo del comunicado del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana sobre Burundi,

–  Vista la declaración local de la UE, de 9 de octubre de 2015, sobre la crisis política y de seguridad en Burundi,

–  Visto el Reglamento (UE) 2015/1755 del Consejo, de 1 de octubre de 2015, relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Burundi(1),

–  Vista la declaración, de 23 de julio de 2015, de la vicepresidenta de la Comisión / alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, tras las elecciones presidenciales celebradas en Burundi,

–  Visto el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, de 7 de julio de 2015, sobre la Misión de Observación Electoral de las Naciones Unidas en Burundi (MENUB),

–  Vista la declaración, de 24 de junio de 2015, de los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria ACP sobre la situación en Burundi,

–  Vista la declaración, de 26 de junio de 2015, del Presidente del Consejo de Seguridad sobre la situación en Burundi,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de marzo, 18 de mayo, 22 de junio y 16 de noviembre de 2015, sobre la situación en Burundi,

–  Vista la declaración de los jefes de Estado de la Comunidad del África Oriental emitida el 31 de mayo de 2015 en Dar es-Salaam (Tanzania),

–  Visto el Acuerdo de Arusha para la Paz y la Reconciliación en Burundi,

–  Vista la Constitución de Burundi y, en particular, su artículo 96,

–  Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú,

–  Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el artículo 96 de la Constitución de Burundi y el artículo 7, apartado 3, del Acuerdo de Arusha para la Paz y la Reconciliación establecen que el presidente solo puede ocupar el cargo durante dos mandatos; que el presidente Pierre Nkurunziza lleva ejerciendo el cargo desde 2005, habiendo salido reelegido en 2010 tras unas elecciones que la oposición boicoteó tras acusar al Gobierno de intimidación;

B.  Considerando que el presidente Nkurunziza anunció el 26 de abril de 2015 su intención de presentarse para un tercer mandato, sumiendo con ello al país en su peor crisis política desde el final de la guerra civil; que la policía usó una fuerza excesiva contras manifestantes pacíficos, lo que ha provocado una gran pérdida de vidas humanas; que el 28 de mayo de 2015 la UE suspendió su misión de observación electoral por no cumplirse las condiciones mínimas aceptables para la celebración de unas elecciones democráticas; que Pierre Nkurunziza resultó reelegido el 26 de agosto de 2015 tras un proceso electoral considerado por la comunidad internacional como no inclusivo y sin credibilidad;

C.  Considerando que, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), desde abril de 2015 han sido asesinadas en Burundi al menos 198 personas, incluidos los nueve civiles ejecutados sumariamente el 13 de octubre de 2015 en el barrio de Ngarara de Bujumbura, presuntamente por fuerzas policiales; que a instancias del Secretario General de las Naciones Unidas el fiscal general de Burundi ha procedido a constituir una comisión de investigación;

D.  Considerando que unas 200.000 personas habrían abandonado Burundi en busca de refugio en los países vecinos; que en julio de 2015, debido al constante empeoramiento de la situación humanitaria en el país, la UE reforzó su asistencia humanitaria y movilizó 4,5 millones de euros adicionales para atender a los desplazados;

E.  Considerando que las organizaciones de derechos humanos apuntan a la creciente violencia política e impunidad en el país, con el progresivo deterioro de los derechos humanos, ejecuciones sumarias y extrajudiciales, detenciones y encarcelamientos arbitrarios —también de defensores de los derechos humanos—, actos de tortura, amenazas e intimidaciones, principalmente a manos de las autoridades; que ninguno de estos actos se investiga ni tampoco se persigue a sus autores;

F.  Considerando que en las últimas semanas el Gobierno ha intensificado su represión contra los periódicos y medios de comunicación independientes; que varios periodistas han sido gravemente apaleados por fuerzas policiales y acosados judicialmente; que el 23 de noviembre de 2015 el ministro del Interior de Burundi clausuró las actividades de las principales ONG y organizaciones de la sociedad civil;

G.  Considerando que Burundi fue uno de los primeros países en iniciar un ciclo electoral en la Región de los Grandes Lagos, junto con Ruanda y la República Democrática del Congo, y que como tal se esperaba de él que fuese un ejemplo del respeto de los ordenamientos constitucional e internacional que se necesita para la paz, la democratización y el desarrollo sostenibles en la región;

H.  Considerando que la Unión Africana ha puesto en marcha recientemente una investigación de las violaciones de derechos humanos en Burundi y pedido la imposición de sanciones selectivas; que tanto la Unión Europea como los Estados Unidos han aprobado sanciones individuales y selectivas;

I.  Considerando que el 26 de octubre de 2015 la UE solicitó el inicio de consultas en el marco del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú a fin de investigar la ausencia de respeto de los elementos esenciales del acuerdo, concretamente de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho;

J.  Considerando que el bloqueo de la situación política en Burundi, así como el deterioro de la situación en materia económica y de seguridad, están conllevando graves consecuencias para la población, y riesgos para la estabilidad de toda la región;

K.  Considerando que la comunidad internacional desempeña un papel esencial en la región como garante de los Acuerdos de Arusha; que, sin embargo, ninguno de los esfuerzos realizados a escala regional y subregional para hacer frente a la crisis y restablecer el diálogo entre todas las fuerzas políticas ha arrojado de momento los resultados esperados;

L.  Considerando que el 1 de agosto de 2015 diversos miembros de la oposición política y de organizaciones de la sociedad civil se reunieron en Adís Abeba para crear el Consejo Nacional para el Restablecimiento de los Acuerdos de Arusha y del Estado de Derecho;

M.  Considerando que el 23 de septiembre de 2015 el presidente Nkurunziza firmó un decreto por el que se creaba una comisión nacional para el diálogo interburundés encargada de liderar las negociaciones durante seis meses; que la sociedad civil se ha mostrado muy escéptica en cuanto a los logros que pueda alcanzar esa comisión;

N.  Considerando que el 30 de noviembre de 2015, en una carta dirigida al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas solicitando medidas para impedir las atrocidades masivas en Burundi, el Secretario General Ban Ki-moon expuso tres opciones para una intervención en el país, incluida una posible misión de mantenimiento de la paz;

O.  Considerando que la UE aporta una importante contribución al presupuesto anual de Burundi, la mitad del cual, aproximadamente, procede de la ayuda internacional, y ha asignado recientemente 432 millones de euros a Burundi —uno de los países más pobres del mundo— con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo 2014-2020;

P.  Considerando que están aumentando los ataques contra el personal humanitario;

1.  Expresa su profunda preocupación por la gravedad de la situación política y de seguridad en Burundi, así como por el rápido deterioro de la situación humanitaria en este país; pide el fin inmediato de la violencia y de la intimidación política contra los miembros de la oposición y el desarme inmediato de todos los grupos armados vinculados a los partidos políticos; hace extensivas sus condolencias a las familias de todas las víctimas;

 

2.  Recuerda a las autoridades de Burundi su obligación de garantizar el respeto de los derechos fundamentales, tal como prevé la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y otros instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos;

3.  Condena firmemente cualquier uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos y desarmados; insta a las autoridades de Burundi a que investiguen las denuncias de violaciones de derechos humanos por agentes policiales y otros funcionarios estatales y que lleven a los responsables ante la justicia; pide a las autoridades de Burundi que adopten las medidas necesarias para la desmilitarización de todos los grupos armados en un contexto de estricto respeto del Derecho internacional y de los derechos humanos; destaca la presencia de numerosos jóvenes dentro de estos grupos armados, por lo que aboga por un enfoque específico al respecto, y pide a la comunidad internacional que ofrezca apoyo a la reintegración de estos jóvenes para promover su participación en un proceso político pacífico;

4.  Pide al Gobierno de Burundi que prosiga el proceso de democratización del país y que respete, proteja y promueva los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos y respete las libertades fundamentales, en particular la de expresión;

5.  Destaca, una vez más, que solo podrá hallarse una solución duradera que satisfaga los intereses de seguridad de todo el pueblo de Burundi a través de un diálogo y consenso que cuente con la participación del Gobierno, la oposición y la sociedad civil de Burundi, dentro del respeto del Acuerdo de Arusha y de la constitución del país; celebra y apoya, por consiguiente, los esfuerzos de mediación que están efectuando la Unión Africana, la Comunidad del África Oriental y las Naciones Unidas, así como el reciente nombramiento de un Consejero Especial de las Naciones Unidas para Chipre; pide a los observadores de los derechos humanos y al mediador que presten atención a la situación de las mujeres y a su inclusión en el diálogo político y en el retorno a la calma;

6.  Recuerda que la asociación de la UE con Burundi se rige por el Acuerdo de Cotonú y que todas las partes están obligadas a respetar y aplicar los términos del Acuerdo, en particular el respeto de los derechos humanos; señala que la activación del mecanismo del artículo 96 demuestra asimismo el compromiso de la UE no solo con los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia sino también con el pueblo burundés;

7.  Acoge con satisfacción el despliegue de observadores de los derechos humanos de la Unidad Africana y de expertos militares para supervisar la situación de los derechos humanos, y destaca la importancia de cooperar con ellos con el fin de facilitar la ejecución de su mandato; pide a la Unión Africana y a las Naciones Unidas que examinen la posibilidad de desplegar una misión de mantenimiento de la paz si la situación en materia de seguridad y derechos humanos en Burundi se sigue deteriorando;

8.  Manifiesta su profunda preocupación por el creciente flujo de refugiados burundeses hacia los países vecinos; reitera su apoyo y solidaridad a todas las organizaciones humanitarias que operan sobre el terreno, así como a todos los países vecinos que acogen a los refugiados; celebra, por consiguiente, que la UE se haya comprometido a incrementar el apoyo financiero y la ayuda humanitaria para abordar las necesidades urgentes de estas poblaciones;

9.  Pide a la Unión Africana y a la UE que consideren seriamente la dimensión regional y eviten cualquier nueva desestabilización de la región, en particular manteniendo un diálogo político permanente entre los distintos países de la región, no solo a nivel estatal sino también entre organizaciones de la sociedad civil y a nivel político y administrativo;

10.  Se reitera en su apoyo a las sanciones selectivas aprobadas por la UE, de conformidad con las decisiones adoptadas por la Unión Africana y las Naciones Unidas, en respuesta al deterioro del Estado de Derecho y de la situación de los derechos humanos en el país;

11.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, al Gobierno de Burundi y a los Gobiernos de los países de la Región de los Grandes Lagos, a la Unión Africana, a la Comunidad del África Oriental, al Secretario General de las Naciones Unidas, a los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al Parlamento Panafricano.

(1)

DO L 257 de 2.10.2015, p. 1.

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