Procedimiento : 2015/2973(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-1355/2015

Textos presentados :

B8-1355/2015

Debates :

Votaciones :

PV 17/12/2015 - 9.13
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2015)0474

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.397v01-00
 
B8-1355/2015

tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre la situación en Burundi (2015/2973(RSP))


Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička en nombre del Grupo ALDE

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Burundi (2015/2973(RSP))  
B8-1355/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Burundi, en particular la de 9 de julio de 2015(1),

–  Visto el Acuerdo de Cotonú revisado, en particular su artículo 96,

–  Visto el Acuerdo de Arusha para la Paz y la Reconciliación en Burundi,

–  Vista la Constitución de la República de Burundi,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP),

–  Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR),

–  Vista la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

–  Vista la declaración preliminar, de 27 de julio de 2015, de la Misión de Observación Electoral de las Naciones Unidas en Burundi (MENUB),

–  Vista la declaración de la Unión Africana de 17 de octubre de 2015,

–  Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

–  Vista la declaración preliminar, de 27 de julio de 2015, de la Misión de Observación Electoral de la Comunidad del África Oriental en las elecciones presidenciales celebradas el 21 de julio de 2015 en la República de Burundi,

–  Vista la decisión de la Mesa de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de 14 de junio de 2015, de suspender la misión de observación electoral de la Asamblea a Burundi debido a la situación en el país,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos y las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión, así como las Conclusiones del Consejo, de 14 de junio de 2014, en las que este se comprometió a trabajar con más ahínco en pro de los defensores de los derechos humanos,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de la UE, de 22 de junio de 2015, sobre Burundi, y la declaración, de 23 de julio de 2015, de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, en nombre de la UE, tras las elecciones presidenciales celebradas en Burundi,

–  Vista la declaración, de 28 de agosto de 2015, del Equipo de enviados y representantes internacionales para la región de los Grandes Lagos sobre la situación en Burundi,

–  Vista la Decisión (PESC) 2015/1763 del Consejo, de 1 de octubre de 2015, relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Burundi(2),

–  Vista la carta aprobada por el Consejo el 26 de octubre de 2015 en la que se invita a Burundi a celebrar consultas de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 96 del Acuerdo de Asociación UE-ACP (Acuerdo de Cotonú) en caso de incumplimiento de los elementos esenciales del Acuerdo, a saber los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de noviembre de 2015, sobre Burundi,

–  Vista la Resolución 2248 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 12 de noviembre de 2015,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el anuncio del presidente Nkurunziza, el 26 de abril de 2015, de su intención de competir por un tercer mandato, ha sumido al país en una crisis y ha desencadenado protestas generalizadas y un fallido golpe de Estado el 13 de mayo de 2015; que varios miembros eminentes de diferentes organismos institucionales, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, el vicepresidente, dos miembros de la Comisión Electoral Nacional Independiente y un juez superior del Tribunal Constitucional huyeron posteriormente del país, alegando todos ellos temor por su seguridad personal; que las tensiones políticas han obligado a cientos de miles de personas a abandonar el país; que la UE suspendió su misión de observación electoral;

B.   Considerando que las elecciones se celebraron sin el menor respeto de los principios democráticos e incumpliendo el espíritu y la letra de los acuerdos de Arusha, por lo que fueron boicoteadas por los partidos de la oposición y la sociedad civil; que Nkurunziza inició su tercer mandato como presidente de Burundi a pesar de las protestas de los donantes internacionales y de la declaración de la Misión de Observación Electoral de las Naciones Unidas en Burundi en el sentido de que las elecciones no fueron ni libres ni creíbles;

C.  Considerando que la represión estatal y las restricciones de la libertad de expresión y de la libertad de reunión se han incrementado significativamente desde las elecciones presidenciales del 21 de julio de 2015; que el 28 de septiembre de 2015 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) informó de un alarmante aumento de los arrestos, detenciones y ejecuciones desde principios de septiembre, e instó a las autoridades del país a que lucharan contra la impunidad; que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad, ha declarado que casi todos los días aparecen cadáveres en las calles de algunos barrios de Buyumbura y que en muchos casos las víctimas parecen haber sido asesinadas por un disparo a quemarropa; que los cuerpos muestran a veces signos de tortura y aparecen habitualmente con las manos atadas a la espalda;

D.  Considerando que el aumento de la violencia y la inseguridad política en Buyumbura ha desembocado en el asesinato selectivo de miembros del partido de la oposición y de miembros del partido en el poder; que la situación se ha deteriorado conforme figuras de alto nivel de ambos lados han sido víctimas de intentos de asesinato: el general Adolphe Nshimirimana, un estrecho colaborador del presidente Nkurunziza, murió en un ataque con cohetes el 2 de agosto de 2015; Pierre Claver Mbonimpa, defensor de los derechos humanos, fue tiroteado y gravemente herido al día siguiente; el coronel Jean Bikomagu, antiguo jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas, murió por disparos el 15 de agosto de 2015; Patrice Gahungu, portavoz de la opositora Unión para la Paz y el Desarrollo, fue asesinado el 7 de septiembre de 2015; el general Prime Niyongabo, jefe de las fuerzas armadas de Burundi, sobrevivió a un intento de asesinato el 11 de septiembre de 2015; y el cuerpo de D.ª Charlotte Umugwaneza, dirigente de la oposición y activista contra la corrupción, apareció en el río Gikoma el 18 de octubre de 2015, un día después de haberse señalado su desaparición;

E.  Considerando que la violencia estalló de nuevo el 3 de octubre en el norte de la capital, Buyumbura, en los distritos de Mutakura, Cibitoke y Ngagara, conocidos por haber sido el centro de la oposición al tercer mandato del presidente Nkurunziza, provocando la muerte de ocho civiles, y posiblemente más; que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informa de que han sido asesinadas 134 personas y se han registrado centenares de casos de arrestos y detenciones arbitrarias, entre ellos 704 arrestos solo desde principios de septiembre; que 215 000 personas han huido;

F.   Considerando que diversas fuentes como la FIDH, Human Rights Watch y otras han comunicado que la policía ha tomado medidas brutales, han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza e incluso pueden haber cometido ejecuciones sumarias extrajudiciales; que el 2 de octubre de 2015 el CDHNU aprobó una Resolución sobre Burundi en la que se pide el seguimiento de la situación de los derechos humanos del país a partir de ese momento y a lo largo de 2016;

G.   Considerando que el 17 de octubre de 2015 el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana recomendó que se aceleraran sus planes para enviar tropas a Burundi en caso de que empeorara la violencia en el país, pidió que se llevaran a cabo investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos en el país, y anunció la apertura de una investigación exhaustiva sobre las violaciones de los derechos humanos y los actos de violencia cometidos contra la población civil en Burundi;

H.  Considerando que la Unión Africana pide que se establezca rápidamente en Kampala o Addis Abeba un diálogo en el que participen todos los agentes de Burundi, incluidos los que viven fuera del país, y la sociedad civil; que la UE apoya esta solicitud de diálogo integrador y que el secretario general de las Naciones Unidas ha hecho un llamamiento en favor de ese mismo diálogo integrador;

I.  Considerando que las autoridades burundesas afirman estar dispuestas a hablar con la oposición, y que el 23 de septiembre de 2015 el presidente firmó un decreto para la creación de una comisión nacional para el diálogo entre las partes en Burundi; que, no obstante, la mayoría de la oposición o de los actores de la sociedad civil que se oponen al tercer mandato del presidente Nkurunziza son perseguidos por acusaciones de insurrección y complicidad en el intento de golpe de Estado del 13 de mayo de 2015; que el Presidente de la nueva Asamblea Nacional, Pascal Nyabenda, declaró que las personas que intervinieron en la organización y ejecución del golpe de Estado no participarán incluyan en el diálogo;

J.  Considerando que, mientras que los mediadores de Uganda anunciaron que el diálogo se reanudaría en noviembre, las autoridades de Burundi han emitido órdenes de detención internacional contra miembros de la oposición y solicitan su extradición en tres países (Bélgica, los Países Bajos y Ruanda);

K.   Considerando que los esfuerzos regionales para poner fin a la crisis en el país han fracasado hasta ahora en su intento de reunir a la oposición y al Gobierno de Burundi en la mesa de negociación y que se ha impedido a las ONG que hicieran su trabajo; que los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y pistoleros se han convertido en un hecho casi diario y que el espectacular aumento de la violencia puede hacer correr al país el riesgo de hundirse de nuevo en la guerra civil;

1.  Expresa su más profunda preocupación por la situación política y humanitaria en Burundi y por sus consecuencias para la estabilidad de toda la subregión; pide a las autoridades de Burundi que eviten nuevas violaciones de los derechos humanos; condena firmemente todos los actos de violencia y abusos, y reitera que los responsables de estos actos de violencia deberán responder de sus actos y comparecer ante la justicia; apoya, en este contexto, la declaración, de 6 de noviembre, de la fiscal del Tribunal Penal Internacional, la Sra. Fatou Bensouda;

2.  Condena el intento de golpe de Estado del 13 de mayo y todo acto de violencia o de perturbación del ordenamiento constitucional, cualquiera que sea su autor, y recuerda que la Unión Africana, la Unión Europea y las Naciones Unidas han declarado que es fundamental que todas las partes en Burundi resuelvan sus discrepancias por medios pacíficos;

3.  Insta al Gobierno de Burundi a que cumpla sus compromisos en materia de derechos humanos internacionales y regionales y que facilite todos los medios para reforzar las actividades de los observadores de derechos humanos de la Unión Africana y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país;

4.  Insta a todas las partes de Burundi (Gobierno, oposición y sociedad civil) a que restablezcan la confianza y entablen un diálogo integrador con el fin de prevenir cualquier nuevo deterioro de la situación en el país; recuerda que solo buscando una solución consensuada mediante negociaciones sustanciales puede alcanzarse un resultado político sostenible en interés de la población de Burundi y de la democracia, con el fin de sacar al país de la actual situación de bloqueo y de impedir que se hunda de nuevo en la guerra civil, evolución que sin duda tendría efectos negativos para la seguridad en la región de los Grandes Lagos en general y podría poner en peligro la celebración de las elecciones en la RDC y Ruanda;

5.  Reitera el punto de vista expresado por la Comunidad del África Oriental y la Unión Africana y en la Resolución 2248 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 12 de noviembre de 2015, de que una solución política duradera en beneficio de la población de Burundi solo puede alcanzarse mediante el diálogo y el consenso, de conformidad con el Acuerdo de Arusha y la Constitución de Burundi;

6.  Pide a la UE y a sus Estados miembros que actúen en apoyo de los esfuerzos de la Comunidad del África Oriental y la Unión Africana para alcanzar una solución política duradera a través del diálogo entre las partes en Burundi; acoge con satisfacción las sanciones adoptadas por el Consejo de la UE en relación con cuatro burundeses cuyas actividades socavan la democracia y obstaculizan los esfuerzos por lograr una solución política a la crisis;

7.  Acoge con satisfacción la iniciativa de la UE de abrir la cláusula de salvaguardia del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú en un clima positivo con vistas a alcanzar un resultado positivo invitando a las autoridades de Burundi a participar en las consultas a fin de encontrar una solución aceptable para todas las partes, abordar el incumplimiento de los derechos humanos y los principios democráticos, así como del Estado de Derecho, y contribuir a alcanzar rápidamente un acuerdo sobre medidas de distensión inicial que puedan preparar el camino para un progreso sustancial hacia el fin de la crisis y la creación de un clima de conciliación, evitando así la guerra;

8.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren la posibilidad de congelar toda la ayuda no humanitaria destinada al Gobierno de Burundi hasta que se ponga fin al uso excesivo de la fuerza y a las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas gubernamentales, comunicados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y se encuentre una solución política derivada de un auténtico diálogo entre las partes en Burundi;

9.  Pide a la UE y a sus Estados miembros que apoyen las nuevas medidas que puedan tomar las Naciones Unidas, incluida una mayor presencia de estas, en caso de que la situación en Burundi se vuelva a deteriorar;

10.  Encarga a su Presidente que trasmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno de Burundi, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos de la región de los Grandes Lagos, a los Gobiernos de la Comunidad del África Oriental, al Secretario General de las Naciones Unidas, a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al Parlamento Panafricano.

(1)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0275.

(2)

DO L 257 de 2.10.2015, p. 37.

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