Procedimiento : 2015/2973(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-1356/2015

Textos presentados :

B8-1356/2015

Debates :

Votaciones :

PV 17/12/2015 - 9.13
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Textos aprobados :

P8_TA(2015)0474

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.398v01-00
 
B8-1356/2015

tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre la situación en Burundi (2015/2973(RSP))


Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Kateřina Konečná en nombre del Grupo GUE/NGL

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Burundi (2015/2973(RSP))  
B8-1356/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el Acuerdo revisado de Cotonú y su cláusula sobre democracia y derechos humanos,

–  Visto el Acuerdo de Arusha para la Paz y la Reconciliación en Burundi, de 28 de agosto de 2000,

–  Vista la Constitución de Burundi y, en particular, su artículo 96,

–  Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

–  Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,

–  Vista la declaración conjunta sobre Burundi a cargo del vicesecretario general de las Naciones Unidas, Jan Eliasson, del portavoz de la Unión Africana, Nkosazana Dlamini-Zuma, y de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, de 12 de noviembre de 2015,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vistos la Convención de Ginebra de 1951 y su protocolo adicional,

–  Vistos los informes de las misiones y los ámbitos prioritarios de acción de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Burundi, en particular en relación con la lucha contra el hambre y la desnutrición,

–  Vista la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo(1),

–  Visto el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea relativo al principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que Burundi es uno de los países menos desarrollados del mundo; que casi la mitad (45 %) de sus 10,6 millones de habitantes tiene 15 años o menos (y los niños menores de 5 años representan el 19,9 % de la población); que entre 2013 y 2014 Burundi cayó dos puestos, del 178 al 180, en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); que cuatro de cada cinco personas del país viven con menos de 1,25 dólares al día, y que el 66,9 % de la población vive por debajo del umbral de la pobreza;

B.  Considerando que el acuerdo de paz de 2006 puso fin a un conflicto que duró 13 años y que deja por lo menos 300 000 muertos;

C.  Considerando que el acontecimiento político clave del periodo 2013-2015 fueron las elecciones presidenciales celebradas el 21 de julio de 2015, en las que el presidente Pierre Nkurunziza obtuvo un tercer mandato; que ello constituye una violación de los Acuerdos de Arusha, en los que se establece que el presidente de la República podrá ser elegido para un mandato de cinco años, renovable una vez, y que no es posible desempeñar más de dos mandatos como presidente (según el artículo 7, apartado 3); que se está intensificando la represión contra los partidos de la oposición; que por esta razón la Unión Africana (UA) ha renunciado a enviar observadores a las elecciones, la UE ha suspendido su misión electoral a Burundi y la oposición nacional ha decidido boicotear las elecciones;

D.  Considerando que la candidatura del presidente Nkurunziza a un tercer mandato y su consiguiente reelección a raíz de los comicios del 21 de julio de 2015 han hundido al país en su crisis política más profunda desde el final de la guerra civil; que, según Naciones Unidas, por lo menos 250 personas han muerto, miles han resultado heridas y hay más de 200 000 desplazados desde abril de 2015;

E.   Considerando que, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, se han perpetrado en el país violaciones de los derechos humanos con motivaciones políticas, abusos de los derechos humanos y actos de violencia tanto antes como después de las elecciones, tomando como objetivos a activistas de la oposición, ONG, defensores de los derechos humanos y periodistas en particular; que existe una percepción generalizada de que estos actos en su mayoría, si no exclusivamente, están relacionados con las instituciones estatales; que incumbe en primera instancia al Gobierno de Burundi garantizar la estabilidad en el país y proteger a la población burundesa, sobre la base del respeto del Estado de Derecho, los derechos humanos y el Derecho humanitario internacional;

F.  Considerando que el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, en nombre de la Comunidad del África Oriental (EAC), está llevando a cabo una labor de mediación, con el pleno apoyo de la UA, la UE y las Naciones Unidas, con objeto de promover un diálogo interburundés destinado a hallar una solución consensuada y pacífica para la crisis en Burundi;

1.  Se declara especialmente preocupado por la situación en Burundi, y pone de relieve que puede tener consecuencias catastróficas para la región en su conjunto; pide que se respeten el Pacto de seguridad, estabilidad y desarrollo para la región de los Grandes Lagos y el Protocolo de no agresión y defensa mutua en la región de los Grandes Lagos;

2.  Condena los recientes ataques violentos y el creciente número de violaciones de los derechos humanos y abusos, incluidos asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, violaciones de la integridad física de las personas, actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias y arrestos ilegales, y violaciones de la libertad de prensa y de expresión, así como la impunidad generalizada;

3.  Pide que se ponga término de inmediato a la violencia, a las violaciones de los derechos humanos y a la intimidación política de la sociedad civil y de los opositores, y que se proceda de inmediato al desarme de todos los grupos armados aliados de los partidos políticos, de manera estrictamente conforme con el Derecho internacional y los derechos humanos;

4.  Lamenta, en particular, que numerosos jóvenes forman parte de grupos armados que operan en Burundi, y pide, por tanto, a la comunidad internacional que preste especial atención al apoyo a su reintegración y al fomento de su participación en un proceso político pacífico;

5.  Pide que todas las partes en Burundi se abstengan de realizar acciones que pongan en peligro la paz y la seguridad en el país; condena enérgicamente todas las declaraciones públicas de incitación a la violencia o al odio contra diversos grupos de la sociedad burundesa, que pueden agravar las tensiones actuales, y pide a todas las partes que se abstengan de hacer ese tipo de declaraciones;

6.  Insta a todas las partes en conflicto a que creen las condiciones necesarias para reconstruir la confianza y fomentar la unidad nacional, y pide que se reanude inmediatamente un diálogo nacional transparente e inclusivo en el que participen el Gobierno, los partidos de la oposición y representantes de la sociedad civil;

7.  Hace hincapié en que tal diálogo, destinado a lograr la paz, la seguridad y la estabilidad duraderas y a restablecer la democracia y el Estado de Derecho, en interés de los ciudadanos de Burundi, debe basarse en el Acuerdo de Arusha y la Constitución de Burundi;

8.  Manifiesta su extrema inquietud ante el número de víctimas y de casos de graves violaciones de los derechos humanos que se han denunciado desde que se inició la crisis; insta a las autoridades de Burundi a que emprendan una investigación, inmediata y rigurosa, de las circunstancias y los motivos de tales crímenes y que garanticen que los responsables son enjuiciados; reitera que no puede existir impunidad para los responsables de violaciones o de abusos graves de los derechos humanos;

9.  Expresa su profunda preocupación por la situación económica y social en que se encuentra la población de Burundi en su conjunto, en particular los refugiados y las personas desplazadas, cuyo número seguirá aumentando como consecuencia de los problemas de seguridad del país y de las tensiones en los países vecinos; reitera su apoyo a todas las organizaciones humanitarias que operan sobre el terreno y a todos los países vecinos que acogen a los refugiados; insta a la comunidad internacional y a las agencias humanitarias a que sigan proporcionando ayuda a todos los refugiados y desplazados como consecuencia del conflicto; celebra que la UE se haya comprometido a incrementar el apoyo financiero y la ayuda humanitaria para abordar las necesidades urgentes de estas poblaciones;

10.  Pide que se revise el proyecto de ley sobre las ONG a fin de armonizarlo con las normas internacionales y respetar las obligaciones de Burundi, y que se aporten garantías de que se respetará el derecho a manifestarse pacíficamente y que las fuerzas de seguridad y defensa del país harán un uso proporcionado de la fuerza; pide que se derogue el Decreto 530/1597 por el que se suspenden provisionalmente las actividades de diez organizaciones de derechos humanos, y que se interrumpa inmediatamente el bloqueo de sus cuentas bancarias, de manera que dichas organizaciones puedan ejercer libremente sus actividades; denuncia la situación de Pierre Claver Mbonimpa (defensor de los derechos humanos detenido en 2014 por haber criticado que se armara a jóvenes burundeses y se les enviara a seguir adiestramiento militar en la República Democrática del Congo), que recibió disparos y resultó gravemente herido el 3 de agosto de 2015 en Buyumbura, y cuyos hijo y yerno fueron asesinados en octubre de 2015;

11.  Considera que la actual crisis solo puede resolverse mediante un diálogo político en el nivel nacional y regional, y que bajo ningún concepto debe servir de pretexto para una nueva intervención militar en la región; señala que la UE ha solicitado el inicio de consultas en el marco del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú a fin de investigar la ausencia de respeto de los elementos esenciales del acuerdo, en especial los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho, y que tales consultas se iniciaron el 8 de diciembre de 2015;

12.  Insta a la Corte Penal Internacional y a las organizaciones internacionales del ámbito de los derechos humanos a seguir supervisando de cerca la situación a fin de recoger testimonios y pruebas pertinentes;

13.  Está especialmente inquieto ante los graves niveles de discriminación y de criminalización que padecen las personas LGBTI en Burundi; reitera una vez más que la orientación sexual y la identidad de género son cuestiones que se inscriben en la libertad de expresión y en el derecho individual a la intimidad, tal como garantiza el Derecho internacional en materia de derechos humanos, en virtud del cual debe protegerse el principio de igualdad y de no discriminación y debe garantizarse la libertad de expresión; solicita, por lo tanto, a la Asamblea Nacional y al Gobierno de Burundi que deroguen los artículos del Código Penal que afectan negativamente a las personas LGBTI;

14.  Pide a la UE y a sus Estados miembros que liberen los fondos necesarios para hacer frente a la crisis humanitaria en la región de los Grandes Lagos, que colaboren estrechamente con los organismos de las Naciones Unidas y que incrementen la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), siguiendo principios de eficacia del desarrollo acordados en el ámbito internacional, con objeto de combatir los problemas de base de la desigualdad, la pobreza y la malnutrición crónica, y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible recientemente acordados;

15.  Estima que los problemas de Burundi pueden resolverse solo dando a todos los ciudadanos los mismos derechos, resolviendo los litigios relativos al control sobre las tierras de cultivo fértiles y al desempleo y la pobreza, combatiendo la corrupción, la pobreza, la desigualdad económica y la discriminación, garantizando la responsabilidad empresarial y el respeto de las normas ambientales y sociales y los derechos humanos, y fomentando reformas sociales, políticas y económicas con vistas a crear un Estado libre, democrático y estable en el que pueda potenciarse la dignidad de las personas;

16.  Considera que la falta de acceso de la población a los recursos naturales del país, una creciente desigualdad de ingresos, el desempleo en aumento, las cada vez peores condiciones sociales y el empobrecimiento constituyen obstáculos a la estabilidad y deben ser prioridades absolutas en el futuro inmediato;

17.  Pide a la UE y a sus Estados miembros que sigan realmente el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo en todas sus acciones respecto a Burundi, a fin de garantizar que siguen una misma línea y no perjudican al objetivo de reducir la pobreza y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

18.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo ACP-UE, a la Comunidad del África Oriental y a los Gobiernos de sus Estados miembros, a las instituciones de la Unión Africana y al Secretario General de las Naciones Unidas.

(1)

DO L 309 de 25.11.2005, p. 15.

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