Procedimiento : 2015/2973(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-1357/2015

Textos presentados :

B8-1357/2015

Debates :

Votaciones :

PV 17/12/2015 - 9.13
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2015)0474

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 148kWORD 71k
Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.400v01-00
 
B8-1357/2015

tras una declaración del Vicepresidente de la Comisión / Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre la situación en Burundi (2015/2973(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Agea en nombre del Grupo EFDD

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Burundi (2015/2973(RSP))  
B8-1357/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Acuerdo de Arusha para la Paz y la Reconciliación en Burundi, de 28 de agosto de 2000,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

–  Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos y las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión,

–  Vista la Constitución de Burundi de 2005,

–  Vista la declaración conjunta, de 12 de noviembre de 2015, sobre Burundi a cargo del vicesecretario general de las Naciones Unidas, Jan Eliasson, del presidente de la Unión Africana, Nkosazana Dlamini-Zuma, y de la vicepresidenta / alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini,

–  Visto el comunicado sobre Burundi adoptado por la Unión Africana durante la 515. ª reunión del Consejo de Paz y Seguridad celebrada el 13 de junio de 2015 a nivel de jefes de Estado y de Gobierno,

–  Visto el comunicado sobre la situación en Burundi adoptado por la Comunidad del África Oriental durante la 3. ª Cumbre de jefes de Estado del 6 de julio de 2015,

–  Vista su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre la situación en Burundi(1),

–  Vista la declaración, de 23 de julio de 2015, de la vicepresidenta de la Comisión / alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, en nombre de la UE, tras las elecciones presidenciales celebradas en Burundi,

–  Vista la declaración, de 20 de agosto de 2015, del portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Burundi,

–  Vista la declaración, de 28 de agosto de 2015, del Equipo de enviados y representantes internacionales sobre la Región de los Grandes Lagos sobre la situación en Burundi,

–  Vista la Decisión (PESC) 2015/1763 del Consejo, de 1 de octubre de 2015, relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Burundi(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de octubre de 2015, relativa a la apertura de consultas con Burundi en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Asociación de Cotonú (COM(2015)0500),

–  Vista la declaración, de 9 de octubre de 2015, de la Delegación de la UE a Burundi sobre la crisis política y de seguridad en Burundi,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el 29 de junio y el 21 de julio de 2015 se celebraron en Burundi elecciones legislativas y presidenciales, respectivamente, pese al boicot organizado por diecisiete grupos de la oposición, la retirada de los observadores electorales de la Unión Africana y de la UE, y las declaraciones de la comunidad internacional en el sentido de que no existían las condiciones necesarias para la celebración de unas elecciones libres y justas;

B.  Considerando que Pierre Nkurunziza fue elegido presidente de Burundi para un tercer mandato con el 69,4 % de los votos, y que el partido en el poder obtuvo 77 de los 100 escaños con que cuenta la Asamblea Nacional;

C.  Considerando que el tercer mandato de Pierre Nkurunziza como presidente de Burundi constituye una vulneración del Acuerdo de Arusha para la Paz y la Reconciliación en Burundi, de 28 de agosto de 2000, y, en particular, del artículo 7, apartado 3, del Protocolo II sobre democracia y buena gobernanza, así como de la Constitución de Burundi, en concreto su artículo 96, en el que se dispone que el presidente podrá ser elegido para un mandato de cinco años renovable solo una vez, y que no es posible desempeñar más de dos mandatos como presidente;

D.  Considerando que las organizaciones de la sociedad civil y los partidos de la oposición que han boicoteado las elecciones se han quejado de actos violentos e intimidación por parte de la Imbonerakure (la milicia juvenil del partido en el poder, el CNDD-FDD), una utilización sesgada de las instituciones estatales, la falta de independencia de la Comisión electoral nacional independiente de Burundi y unas estrategias gubernamentales destinadas a reducir la dimensión integradora el proceso electoral;

E.  Considerando que la misión de observación electoral de las Naciones Unidas en Burundi (MENUB) ha declarado que el entorno electoral general no había sido propicio para un proceso electoral integrador, libre y creíble;

F.  Considerando que el Gobierno burundés ha ignorado las decisiones y recomendaciones de la Unión Africana y la Comunidad del África Oriental aprobadas el 13 de junio de 2015 y el 6 de julio de 2015, respectivamente, y cuya plena aplicación habría allanado el camino para la celebración de elecciones creíbles e integradoras;

G.  Considerando que la candidatura del presidente Nkurunziza a un tercer mandato y su posterior reelección han hundido a Burundi en una grave crisis política que se caracteriza por la generalización de la violencia en dicho país; que debido a la crisis se han registrado hasta la fecha más de 240 muertos, miles de heridos y la huida de más de 200 000 burundeses hacia los países vecinos, como ha documentado la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados;

H.  Considerando que, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y otras organizaciones de derechos humanos, en el país se han cometido violaciones de los derechos humanos con motivaciones políticas, abusos de los derechos humanos y actos de violencia tanto antes como después de las elecciones, tomando como objetivos a activistas de la oposición, defensores de los derechos humanos y periodistas en particular, entre ellos Pierre Claver Mbonimpa; que existe una percepción generalizada de que la mayoría de esos actos, aunque no todos, están relacionadas con las instituciones estatales; que incumbe en primera instancia al Gobierno de Burundi garantizar la seguridad en el país y proteger a la población burundesa, respetando debidamente el Estado de Derecho, los derechos humanos y el Derecho humanitario internacional;

I.  Considerando que los refugiados burundeses en los países vecinos han provocado una situación de emergencia humanitaria, concretamente en Ruanda, la República Democrática del Congo y Tanzania, donde, según las informaciones disponibles, se ha registrado un brote de cólera;

J.  Considerando que la Unión Africana ha puesto de relieve que la actual crisis podría tener unas consecuencias catastróficas si no se resuelve pacíficamente, dado que las condiciones de seguridad y la inestabilidad pueden tener una incidencia indirecta en los países vecinos y, en consecuencia, representar una amenaza de primer orden para toda la región;

K.  Considerando que, el 1 de octubre de 2015, el Consejo adoptó restricciones en materia de desplazamientos y la inmovilización de los activos de cuatro personas cuyas actuaciones están socavando la democracia u obstaculizando los esfuerzos en pos de una solución política para la crisis actual en Burundi, en particular mediante actos de violencia, represión o incitación a la violencia, incluyendo actos que constituyen violaciones graves de los derechos humanos; y que la Unión Africana y los EE.UU. han adoptado medidas similares;

L.  Considerando que, el 26 de octubre de 2015, la UE solicitó el inicio de consultas de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 96 del Acuerdo de Asociación UE-ACP en caso de incumplimiento de los elementos esenciales del Acuerdo, a saber, los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho. que las consultas comenzaron el 8 de diciembre de 2015;

M.  Considerando que, mediante el Decreto 530/1597, las autoridades burundesas suspendieron las actividades de diez organizaciones de derechos humanos, a saber, ACAT-Burundi, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, Fontaine-ISOKO, Maison Shalom, PARCEM, RCP y SPPDF, y bloquearon sus cuentas bancarias;

1.  Expresa su honda preocupación a la vista de la crisis que se registra en Burundi, la escalada de la violencia y el empeoramiento de la situación humanitaria en el país; condena enérgicamente todos los actos de violencia, represión, intimidación, violación de los derechos humanos y vulneraciones constitucionales cometidos por cualesquiera partes;

2.  Pide a todos los agentes burundeses que hagan todo lo necesario para restablecer las condiciones imprescindibles para entablar un diálogo con el objetivo de alcanzar una solución política integradora y duradera a través de un proceso interburundés sobre la base del Acuerdo de Arusha; recuerda el papel crucial de la sociedad civil en dicho diálogo;

3.  Insta a la totalidad de las partes interesadas y los líderes políticos a que se pronuncien contra todas las acciones destinadas a incitar o a perpetrar violaciones de los derechos humanos y actos violentos, habida cuenta de que la solución de esta crisis debe ser pacífica y política;

4.  Pide que se ponga término de inmediato a la violencia, a las violaciones de los derechos humanos y a la intimidación política de los opositores, y que se desarme de inmediato a todos los grupos armados aliados de los partidos políticos, dentro del respeto estricto del Derecho internacional y los derechos humanos;

5.  Señala, en particular, que numerosos jóvenes forman parte de los grupos armados que operan en Burundi, y pide a la comunidad internacional que preste especial atención a su reintegración y al fomento de su participación en un proceso político pacífico;

6.  Condena enérgicamente cualquier manipulación de la etnicidad por parte del Gobierno o de la oposición, y particularmente las declaraciones que reproduzcan el lenguaje empleado en Ruanda durante el genocidio de 1994; pide a los agentes políticos que se abstengan de hacer declaraciones que puedan incitar a la violencia o al odio respecto de los distintos grupos de la sociedad burundesa;

7.  Apoya los esfuerzos de medicación de la Comunidad del África Oriental, la Unión Africana y las Naciones Unidas para mejorar el diálogo político sobre todas las cuestiones que provocan división;

8.  Recuerda a las autoridades burundesas su obligación de garantizar la seguridad dentro del territorio de Burundi y los derechos humanos, los derechos civiles y políticos y las libertades fundamentales, tal como se dispone en la Constitución burundesa, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos;

9.  Recuerda que Burundi, en calidad de parte contratante del Acuerdo de Cotonú, ha de cumplir todo lo dispuesto en dicho Acuerdo, incluidos los artículos 8 y 9 relativos al diálogo político y al respeto del conjunto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, los derechos sociales fundamentales y la democracia; celebra que la UE haya decidido solicitar el inicio de consultas sobre los casos de no respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho, tal como se dispone en el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú;

10.  Expresa su profunda inquietud ante el impacto socioeconómico, de seguridad y humanitario de la crisis que se registra en el país y en toda la región, dado que podría poner en peligro la estabilidad regional y provocar una escalada de la violencia y una mayor propagación de las enfermedades infecciosas;

11.  Expresa su seria preocupación ante la difícil situación en que se encuentran los refugiados burundeses que han huido de su país tras el inicio de la crisis; pide a la comunidad internacional que suministre la asistencia humanitaria adecuada;

12.  Pide al Senado burundés que apruebe rápidamente la nueva ley sobre los medios de comunicación que la Asamblea Nacional adoptó por unanimidad el 4 de marzo de 2015, y permita con ello que sea promulgada y ratificada; pide al Gobierno burundés que despenalice los delitos de prensa y garantice la libertad e independencia totales de los medios de comunicación;

13.  Pide que se derogue el Decreto 530/1597 por el que se suspenden provisionalmente las actividades de diez organizaciones de derechos humanos, y que se levante inmediatamente el bloqueo de sus cuentas bancarias, de manera que dichas organizaciones puedan ejercer libremente sus actividades;

14.  Pide que se ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a las personas detenidas por haber ejercido sus derechos políticos y democráticos, incluidos opositores políticos, periodistas y defensores de los derechos humanos;

15.  Acoge positivamente el despliegue de expertos y observadores de los derechos humanos de la UA encargados de supervisar la situación de los derechos humanos, y destaca la importancia que reviste cooperar con ellos para facilitar la ejecución de su mandato; pide además a la Corte Penal Internacional que, dentro de su ámbito de competencia, investigue las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas durante la reciente crisis;

16.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reorienten recursos del presupuesto central en beneficio de Burundi a fin de incrementar el apoyo financiero a la sociedad civil y tratar principalmente los problemas humanitarios y socioeconómicos;

17.  Subraya que las personas implicadas directa o indirectamente en actos violentos y vulneraciones de los derechos humanos deben ser consideradas responsables a título individual y ser llevadas ante un tribunal, evitándose los tratos inhumanos y degradantes; apoya las restricciones en materia de desplazamientos y las medidas de bloqueo de activos decididas por la UE contra personas, entidades u organismos burundeses implicados en la planificación, dirección o ejecución de actos que violen la legislación internacional sobre derechos humanos o el Derecho humanitario;

18.  Reafirma su convicción de que solo gracias al diálogo y al consenso basados en el respeto del Acuerdo de Arusha y de la Constitución de Burundi se podrá hallar una solución política duradera, que garantice la consolidación de la paz y el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho;

19.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo ACP-UE, a la Comisión, al Gobierno de Burundi, a los Gobiernos de la Comunidad del África Oriental, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Unión Africana y al Secretario General de las Naciones Unidas.

 

(1)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0275.

(2)

DO L 257 de 2.10.2015, p. 37.

Aviso jurídico