Procedimiento : 2015/3035(RSP)
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B8-0056/2016

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PV 21/01/2016 - 8.5
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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14.1.2016
PE575.958v01-00
 
B8-0056/2016

tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre las prioridades de la Unión Europea para los periodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en 2016 (2015/3035(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli en nombre del Grupo GUE/NGL

Resolución del Parlamento Europeo sobre las prioridades de la Unión Europea para los periodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en 2016 (2015/3035(RSP))  
B8-0056/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1953,

–  Vistas la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 2000 (A/Res/55/2), y las resoluciones de su Asamblea General,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas,

–  Vistas sus resoluciones urgentes sobre los derechos humanos y la democracia,

–  Visto el próximo 31o periodo de sesiones del CDH, que se celebrará del 29 de febrero al 24 de marzo de 2016,

–  Vistos la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad, el Convenio para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW), el programa de acción de la Conferencia Internacional de Pueblos Indígenas sobre Desarrollo Sostenible (Río + 20) y la Plataforma de Acción de Pekín,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que, sesenta años después de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la lucha contra la discriminación y por el pleno ejercicio de todos los derechos humanos —sociales, económicos, culturales, civiles y políticos— sigue siendo un combate diario;

B.  Considerando que los derechos económicos, sociales y culturales forman parte integrante de los derechos humanos y que su respeto conduce al mínimo necesario para la aplicación en su totalidad de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en particular: acabar con la pobreza en todas sus modalidades y en todo el mundo, erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria, garantizar la buena salud y una educación de calidad, promover un trabajo digno para todos, reducir las desigualdades. lograr la igualdad entre los sexos, tomar urgentemente medidas contra el cambio climático y fomentar la paz y la justicia;

C.  Considerando que, debido a la crisis financiera en los países de la OCDE, el mundo se enfrenta a la peor coyuntura económica desde la década de 1930; que según la OMS, debido a los aumentos que se han producido en el pasado en los productos alimentarios y la energía, más de 100 millones de personas han vuelto a caer en la pobreza; que lo que se denomina habitualmente «la crisis financiera y económica» es en realidad una crisis sistémica a escala mundial que afecta a todos los sectores de la sociedad y que tiene consecuencias en todos los ámbitos: político, social, ambiental, alimentario, energético, etc.;

D.  Considerando que la Unión Europea y sus Estados miembros deberían promover el respeto de los derechos humanos en todas sus políticas, tanto interiores como exteriores, y velar por la coherencia de dichas políticas para reforzar y la posición de la Unión Europea y sus Estados miembros en el CDH y hacer que era creíble;

E.  Considerando que una delegación de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo se desplazará a Ginebra con ocasión del 31o periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), tal como hizo en años anteriores para los precedentes periodos de sesiones del CDH y, anteriormente, para los de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

F.  Considerando que ocho Estados miembros forman parte en la actualidad del Consejo de Derechos Humanos, a saber: Alemania (hasta 2018), Bélgica (hasta 2018), Francia (hasta 2016), Letonia (hasta 2017), los Países Bajos (hasta 2017), Portugal (hasta 2017), el Reino Unido (hasta 2016) y Eslovenia (hasta 2018); que, además, en su sesión de organización celebrada el 8 de diciembre de 2014, el Consejo de Derechos Humanos eligió a los miembros de la Mesa para el noveno ciclo —que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015— y, en particular, al presidente del Consejo, Joachim Rücker (Alemania); que este último ha sido remplazado desde el 1 de enero de 2016 por Choi Kyong-lim (Corea del Sur) y que los Estados miembros de la Unión Europea están representados por dos vicepresidentes miembros de la Mesa: Bertrand de Crombrugghe (Bélgica) y Janis Karklins (Letonia);

G.  Considerando la necesidad de fortalecer el trabajo de la Unión y de sus Estados miembros con el CDH y en su seno, y ello no solo para promover una visión indivisible de los derechos humanos, sino también para tener en mayor consideración las recomendaciones del CDH y aplicarlas mejor en la política de derechos humanos de la Unión, tanto a nivel interno como externo;

Funciones y organización del CDH

1.  Reitera su llamamiento a los Estados miembros de la Unión Europea para que se opongan activamente a cualquier intento de socavar el concepto de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos y animen activamente al CDH a combatir de igual manera todo tipo de discriminación, sea cual sea el motivo en que se base;

2.  Advierte contra la instrumentalización del CDH; destaca la importancia de sus resoluciones sobre países concretos para tratar los casos de violaciones graves de los derechos humanos; destaca la importancia que reviste evaluar la situación de los derechos humanos de forma objetiva, transparente, no selectiva, constructiva, sin buscar la confrontación y sobre la base de información fiable y de un diálogo interactivo, en condiciones de universalidad e igualdad de trato para todos los Estados; pide a los Estados miembros que contribuyan activamente a la aplicación de estos principios acordados con respecto al CDH;

3.  Subraya la importancia de hacer frente a las causas profundas de la inestabilidad política en algunos países mediante políticas de desarrollo acordes con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y otras medidas socioeconómicas, políticas y culturales que puedan crear un entorno propicio para evitar el resurgimiento de conflictos, y destinadas a eliminar la pobreza, fomentar el desarrollo económico, social y cultural, crear capacidades institucionales y administrativas, mejorar la calidad de vida de la población y consolidar el Estado de Derecho por medios únicamente pacíficos;

4.  Observa que Arabia Saudí es miembro del Consejo de Derechos Humanos hasta 2016; condena con firmeza las violaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas por el Reino de Arabia Saudí; condena, en particular, las 47 ejecuciones que se han llevado a cabo recientemente en el país, entre ellas la del jeque Nimr Al-Nimr, y manifiesta su preocupación por la escalada de las tensiones en la región en respuesta a estas ejecuciones; reitera su llamamiento a la abolición universal de la pena de muerte y pide una moratoria inmediata de las ejecuciones en dicho país; condena que Arabia Saudí siga aplicando la pena de muerte por una amplia gama de situaciones que considera delitos, como la homosexualidad, las infracciones en materia de drogas, la apostasía o la brujería; pide encarecidamente a las autoridades saudíes que pongan fin a la ejecución de todo tipo de castigos corporales en el país y que incorporen a la legislación nacional las normas internacionales de derechos humanos; pide igualmente a las autoridades saudíes que pongan en libertad inmediatamente a todos los presos de conciencia, incluido el bloguero Raif Badawi;

5.  Se felicita de los informes anuales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); considera, en particular, fundamentales los puntos sobre la crisis económica y sus consecuencias en la población, en particular los que figuran en el informe de 2015: «El aumento de la desigualdad y la exclusión política, económica y social de grupos marginados menoscabaron la dignidad y los derechos de las personas en muchos Estados e impulsaron gran parte de los disturbios y la mayoría de los conflictos comunicados. Los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo se vieron menoscabados por las políticas de austeridad que afectan desproporcionadamente a los pobres y marginados, al igual que la corrupción; no siempre se dio prioridad a los servicios públicos ni se reconoció el derecho de las personas a participar en decisiones que determinan sus vidas. Los migrantes siguieron padeciendo profundos sufrimientos y los últimos acontecimientos ocurridos en el mar demuestran un desprecio despiadado por la vida humana y los derechos humanos.»; solicita a la Unión Europea y a los Estados miembros que ofrezcan recursos humanos, materiales y económicos suficientes para operaciones cuya única finalidad sea el salvamento marítimo; pide a la Unión y a los Estados miembros que abran vías legales para los solicitantes de asilo, en particular mediante un aumento sustancial de las plazas de reasentamiento de refugiados y la concesión de visados humanitarios, y que desarrollen vías de inmigración económica que sean legales;

6.  Rechaza el concepto de «responsabilidad de proteger», ya que viola el Derecho internacional y no ofrece una base jurídica suficiente para justificar la utilización unilateral de la fuerza, a la que en muchos casos se recurre con el fin de cambiar de régimen; denuncia el papel de policía mundial que tienen la intención de atribuirse unilateralmente países poderosos como los Estados Unidos u organizaciones como la OTAN; condena asimismo los supuestos «ataques aéreos contra blancos específicos» y el despliegue de tropas extranjeras por tierra; denuncia el intento de la OTAN de desempeñar tareas de pacificación y estabilización que no le corresponden cuando estas no pueden ejecutarse mediante un amplio consenso en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas; expresa su profunda preocupación ante el número cada vez mayor de niños y jóvenes reclutados; recuerda la necesidad de proteger especialmente a los niños y las mujeres afectados por los conflictos armados;

7.  Condena de nuevo el amplio recurso, en las políticas denominadas «de seguridad», a empresas militares o de seguridad privadas cuando en realidad se trata de competencias soberanas que atañen exclusivamente a la autoridad de los Estados, y pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para acabar con estas prácticas; considera que las empresas militares y de seguridad privadas deben aplicar en este ámbito, bajo la responsabilidad de los Estados, las normas en materia de derechos humanos, en particular en materia de protección de datos y respeto de la vida privada; opina que, puesto que se trata de transferencias de misiones de servicio público, se ha de considerar tanto a los Estados como a las empresas responsables de las violaciones de los derechos humanos y del Derecho humanitario cometidas por el personal de dichas empresas;

8.  Insiste, además, en que la escasa regulación, la opacidad y la inexistencia de controles en lo relativo al comercio de armas han causado sufrimientos humanos, han alimentado los conflictos armados, la inestabilidad y la corrupción, han abortado los procesos de paz y han provocado el derrocamiento de Gobiernos elegidos democráticamente y violaciones del Estado de Derecho, de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario; insiste, por consiguiente, en que esta cuestión se trate durante este periodo de sesiones;

Derechos económicos, sociales y culturales

9.  Se felicita de la importancia otorgada por el CDH a la promoción y a la protección de los derechos económicos y sociales y a la cuestión de la interdependencia de los derechos humanos; destaca una vez más la necesidad de conceder la misma importancia a los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos; insiste en que los elevados índices de desempleo, el aumento de la pobreza y la exclusión social y el acceso cada vez más difícil a servicios públicos asequibles en los ámbitos de la sanidad, la educación, la vivienda, el transporte o la cultura, así como la degradación de la calidad de dichos servicios, constituyen importantes desafíos; destaca que los procesos de privatización y liberalización han contribuido a degradar el acceso a algunos de estos derechos, que es necesario invertir esta tendencia y que una mejor distribución de la riqueza, unos salarios adecuados y empleos de calidad son medios importantes para resolver estos problemas; constata asimismo que los planes de austeridad aplicados tanto por los países miembros de la Unión como por otros países, incluso bajo la presión de la Unión, no han hecho más que acentuar las desigualdades y la pobreza;

10.  Destaca asimismo que la introducción de la democracia (cláusulas de derechos humanos) en los acuerdos de libre comercio firmados por la Unión con terceros países ha resultado un fracaso, no solo porque apenas se han tenido en cuenta, sino porque estos propios acuerdos de libre comercio han abocado a violaciones de los derechos humanos económicos y sociales, al empobrecimiento de las comunidades afectadas y a la monopolización de los recursos por parte de las multinacionales; considera que, además de estas cláusulas, es necesario instaurar nuevas formas de cooperación que faciliten el desarrollo económico y social de los terceros países sobre la base de las necesidades de sus pueblos; estima que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no solo debería analizar y denunciar el impacto de los programas de austeridad en los derechos humanos, sino también el de los acuerdos vigentes de libre comercio;

11.  Observa que, con vistas al Foro Económico Mundial que se reúne todos los años durante el mes de enero en Davos, OXFAM ha afirmado que en 2016 el patrimonio acumulado del 1 % de las personas más ricas del mundo superará al del 99 % restante; precisa que en 2016 el patrimonio mundial en manos del 1 % de las personas más ricas será superior al 50%, frente al 48 % en 2015 y al 44 % en 2009; pone de relieve que la crisis ha confirmado los peligros del sistema económico y político actual y ha acentuado las desigualdades sociales, ya de por sí dramáticas, en beneficio de las mayores rentas, cuyo incremento es vertiginoso en comparación con las rentas medias; considera que una de las principales prioridades de los períodos de sesiones del CDH en 2016 debería ser el reparto de la riqueza en el mundo, ya que es el principal obstáculo para la consecución de los derechos económicos y sociales, y que la delegación de la Unión y sus Estados miembros debería tomar todas las medidas necesarias para el logro de este objetivo;

12.  Destaca la importancia del informe sobre el derecho a una vivienda digna; pide a la delegación de la Unión y de sus Estados miembros que favorezca el derecho fundamental a una vivienda de calidad para todos, sin ningún tipo de discriminación, y que lleve a cabo una evaluación del acceso a la vivienda en la Unión (sobre todo desde el inicio de la crisis y la aplicación de medidas de austeridad), con objeto de llegar a un compromiso que permita resolver este problema endémico que se ha agravado aún más estos últimos años; reafirma, por otra parte, la necesidad de expropiar las viviendas vacías y de congelar los desahucios para hacer frente a la crisis actual en varios Estados miembros;

13.  Se felicita asimismo del informe sobre el derecho a la alimentación; destaca que los países miembros de las Naciones Unidas deberían promover en mayor medida el acceso a los recursos naturales y vitales y a las tierras, así como la soberanía y la seguridad alimentarias como medios para reducir la pobreza y el desempleo; lamenta que un importante número de personas no tenga o haya dejado de tener acceso a determinados recursos, incluidos bienes fundamentales como el agua, debido al acaparamiento de estos recursos por parte de empresas o entidades privadas que pueden recibir el apoyo de las autoridades públicas de los Estados en cuestión, lo que provoca, en particular, penurias alimentarias y el aumento del precio de los productos alimentarios; pide, por tanto, a la delegación de la Unión Europea y de los Estados miembros que tome las medidas necesarias para poner fin al acaparamiento de los recursos, en especial de las tierras, sobre todo por parte de empresas europeas, y que apoye las propuestas presentadas en foros y conferencias internacionales y regionales (Banco Mundial, OMC, UNCTAD, FMI, OCDE, etc.), con vistas al reconocimiento de los bienes públicos fundamentales y su consignación en un convenio específico de las Naciones Unidas; pide, asimismo, a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen la Resolución n° 64/292, de 28 de julio de 2010, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce el agua como un derecho fundamental, y que hagan todo cuanto esté en su mano para que se aplique y sea jurídicamente vinculante;

14.  Destaca la importancia del punto sobre «los efectos de la deuda exterior y de las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados en el pleno ejercicio de todos los derechos humanos» y se alarma de que el pago «de los intereses de la deuda» afecte hoy en día a la mayoría de los países y sirva de excusa para la aplicación de planes de austeridad denominados «planes de ajuste estructural»; reitera su posición, en particular en el actual contexto de crisis económica y social, en favor de la anulación de la deuda del Tercer Mundo, pero también de los países (en especial Estados miembros de la UE) que se enfrentan a un mayor número de dificultades, con el fin de evitar el agravamiento de la crisis y garantizar el disfrute real de los derechos económicos, sociales y culturales;

15.  Considera que, habida cuenta de las responsabilidades de la Unión Europea y de algunos de los Estados miembros en la situación económica, social y política que condujo a los levantamientos populares en los denominados países de la Primavera Árabe, la Unión Europea debe ayudar a las instituciones de esos países a realizar auditorías de sus créditos y, en particular, de los créditos europeos, a fin de identificar la parte ilegítima de esas deudas, que no ha beneficiado a la población, y también debe hacer todo lo que esté en su mano para permitir una anulación rápida de las deudas ilegítimas; insta de nuevo a la Unión y a sus Estados miembros a que hagan nuevos y significativos esfuerzos para facilitar la restitución de los activos desviados por los anteriores regímenes a los pueblos de los países de la Primavera Árabe dentro de un plazo razonable; expresa su preocupación por la continuidad de las directrices de las asociaciones con respecto a los debates anteriormente mantenidos;

Derechos civiles y políticos

16.  Pide a todos los Estados que luchen contra la tortura, en particular en el territorio de los Estados miembros; pide a la delegación de la Unión y de sus Estados miembros que incluya en el debate sobre la tortura y otras penas y tratos inhumanos y degradantes la prohibición del comercio de productos que pueden servir para la comisión de actos de tortura, tanto dentro como fuera de la Unión Europea;

17.  Pide a la delegación de la Unión y de sus Estados miembros que se reafirme en su posición contra la pena de muerte, con vistas a su abolición universal y a la aplicación de una moratoria inmediata en los países en los que todavía está en vigor; le preocupa el hecho de que se hayan reanudado las ejecuciones capitales en algunos países en los que se había suspendido la pena capital, y de que se haya llegado incluso a restablecer la pena de muerte alegando la lucha contra el terrorismo y en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas;

18.  Insiste en la necesidad de que en este periodo de sesiones del CDH se aborde la cuestión de la libertad de asociación y de la lucha contra todas las formas de represión, incluido el asesinato de sindicalistas, activistas políticos y asociativos, artistas y defensores de los derechos humanos;

19.  Toma nota de la importancia concedida en el 31o periodo de sesiones a la libertad de religión o de creencias, y recuerda que esta libertad supone tanto el derecho a creer como a no creer como el de promover creencias religiosas y cambiar de creencias; destaca una vez más su compromiso con el secularismo como rasgo fundamental de determinados Estados y culturas, que se define como la estricta separación entre autoridades políticas y religiosas, lo que implica el rechazo a toda injerencia religiosa en el funcionamiento del gobierno y de toda injerencia política en los asuntos religiosos, salvo cuando se trate de mantener las normas de seguridad y orden público (incluido el respeto a la libertad de los demás, y que garantiza a todos —creyentes, agnósticos y ateos— la misma libertad de conciencia y la expresión pública de sus creencias;

Lucha contra el terrorismo y respeto de las libertades fundamentales

20.   Toma nota de la importancia concedida en este 31o periodo de sesiones al vínculo que existe entre terrorismo y derechos humanos; condena de nuevo los atentados cometidos por la organización denominada «Estado Islámico» y todas las organizaciones terroristas, y transmite su más sentido pésame a las víctimas de estos crímenes y a sus familias; destaca que la lucha contra el terrorismo no debe servir en ningún caso como pretexto para limitar las libertades individuales y los derechos fundamentales; considera que, lejos de reducir la amenaza terrorista, la respuesta «belicista» de los países occidentales, con la Unión Europea y los Estados Unidos a la cabeza, no hace sino acentuar la espiral de violencia; destaca una vez más la imposibilidad de aplicar un plan eficaz de lucha contra el terrorismo hasta que no se interrumpan las financiaciones a las organizaciones terroristas, en particular suspendiendo todo acuerdo comercial o de asociación con los países que apoyan a estas organizaciones; destaca asimismo la importancia de fortalecer los servicios públicos de información, seguridad y justicia, así como la necesidad establecer programas de prevención y centros financiados por los poderes públicos para detectar de forma proactiva los métodos de reclutamiento de las sectas terroristas, poder acabar con las bandas responsables del reclutamiento y permitir la reinserción de las personas enroladas; recuerda que el derecho a la seguridad y el derecho a la protección son derechos fundamentales, y condena todas las políticas públicas que tengan por objeto discriminar a una parte de su población por motivos de origen o de religión;

21.  Considera extremadamente importante el punto relativo a «la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo»; manifiesta su profunda preocupación por la degradación de los derechos humanos y de las libertades públicas con la excusa de luchar contra el terrorismo y, cada vez más, la delincuencia grave, sin que estos conceptos se encuentren claramente definidos, y ello incluso en el seno de la Unión Europea o en el marco de acuerdos específicos con determinados países en los que no se aplican las normas en materia de derechos humanos; le preocupa especialmente, a este respecto, la violación de las normas relativas a la protección de datos y al respeto de la privacidad;

22.  Considera particularmente importante el informe sobre el derecho a la vida privada en la era digital; lamenta que las tecnologías y los servicios de información y comunicación, en particular los europeos, se utilicen en países terceros para violar los derechos humanos, especialmente mediante la censura y la vigilancia generalizada; condena asimismo el espionaje de millones de personas realizado por la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos; manifiesta su preocupación por la difusión de tecnologías de vigilancia y filtrado, que suponen una amenaza creciente para los defensores de los derechos humanos y, con frecuencia, lesionan el derecho a la intimidad; pide que se tomen en consideración estos motivos de preocupación cuando se trate este punto del periodo de sesiones;

23.  Lamenta que la comunidad internacional aún no haya entablado negociaciones con vistas a la celebración de un acuerdo internacional sobre la protección de los datos personales para el que puede servir de modelo el Convenio nº 108 del Consejo de Europa, y pide a la delegación de la Unión y de los Estados miembros que trabaje en la elaboración de un marco de esta índole en colaboración con sus homólogos internacionales;

24.  Destaca la importancia de proseguir la labor sobre las prácticas mundiales que implican, en particular, el recurso a detenciones secretas en el marco de la lucha contra el terrorismo; pide a los Estados miembros de la Unión Europea que hagan un seguimiento adecuado de los informes existentes, de conformidad con las posiciones adoptadas anteriormente por el Parlamento Europeo sobre este asunto, en especial en sus resoluciones sobre la utilización de países europeos por la CIA para el transporte, la detención ilegal y la tortura de presos; condena asimismo el uso sistemático de la tortura por parte de los Estados Unidos en la base militar de Guantánamo; destaca una vez más que esta base es ilegal; solicita su cierre inmediato y la devolución de todo su territorio a Cuba;

Lucha contra todas las formas de discriminación

25.  Considera esencial la atención prestada en 2016 al refuerzo de la igualdad y a la lucha contra las discriminaciones, con independencia de que estén motivadas por la raza, la pertenencia a una minoría, el sexo, la orientación o la identidad sexual o por la discapacidad; destaca que la Unión Europea y sus Estados miembros también deben aplicar las recomendaciones del ACNUDH en este ámbito; destaca, en particular, la importancia en este 31a período de sesiones del grupo de debate sobre la incompatibilidad entre democracia y racismo;

26.  Se felicita de la importancia concedida al tema del racismo y las discriminaciones en los períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2016; condena una vez más los actos de violencia racistas, antisemitas, homófobos, xenófobos y contra la población migrante, que han alcanzado niveles alarmantes en algunos Estados miembros, a falta de una actuación decidida por parte de las autoridades; manifiesta su alarma ante el creciente ascenso de los discursos de odio y estigmatización de minorías y grupos de personas y su ascendente influencia en los medios de comunicación y en muchos movimientos y partidos políticos, que se recogen al más alto nivel de responsabilidad política en algunos Estados miembros y han conducido en particular a legislaciones restrictivas;

27.  Considera asimismo esencial que en el 32o periodo de sesiones del CDH (del 13 de junio al 1 de julio de 2016) se preste atención a las discriminación de que son víctimas las mujeres y a la eliminación de cualquier tipo de violencia contra ellas; destaca que el acceso universal a la salud y a la atención genésica y reproductiva debe seguir siendo una prioridad política, incluido el libre acceso a la educación sexual, a los métodos anticonceptivos y al derecho al aborto; destaca que la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, así como la lucha contra la explotación sexual y la trata de seres humanos, deben ser prioritarias y tener por objeto lograr la igualdad entre hombres y mujeres; pide, por consiguiente, al CDH y a la comunidad internacional que apliquen los procesos CIPD+20, Pekín+20 y Río+20; destaca asimismo la importancia de que los Estados miembros de la Unión apliquen las recomendaciones del CDH de 2002 sobre la protección internacional en lo que se refiere a persecución relacionada con el sexo, en particular en el marco de las políticas de inmigración;

28.  Celebra la importancia concedida a los derechos del niño en este 31º periodo de sesiones, así como la voluntad, tras la aprobación de la Resolución 25/6, de realizar un seguimiento atento de cuestiones como el tráfico y la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía;

29.  Pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que den prioridad a las acciones concretas del CDH dirigidas a poner fin a las violaciones de los derechos humanos perpetradas contra la población civil, en particular las mujeres y los niños, en las situaciones de guerra y de conflicto violento; pide en particular que se lleven a cabo acciones prioritarias para acabar con el reclutamiento de niños soldado y para garantizar su protección;

30.  Lamenta que en las conferencias del CDH de 2016 no se aborden las cuestiones relativas a los derechos de las personas del colectivo LGBTI; condena los actos de violencia y las discriminaciones de que son objeto las personas LGBTI en todo el mundo; condena, en particular, la esterilización forzosa de las personas transgénero, que sigue siendo una realidad en varios Estados, también de la Unión, y pide que se ponga fin de manera inmediata a esta violación de los derechos humanos; pide a todos los países del mundo que reflexionen sobre la manera de adaptar su Derecho de familia a la evolución de los modos y los tipos de familias actuales, incluida la posibilidad de unión y de adopción para las personas del mismo sexo; señala que las lesbianas sufren con frecuencia una múltiple discriminación (como mujeres y como lesbianas) y que las acciones en favor de la igualdad de las personas LGBTI deben ir acompañadas de acciones en favor de la igualdad de las mujeres y de las niñas con objeto de lograr la igualdad y la no discriminación; manifiesta su preocupación por el reciente aumento del número de leyes, prácticas y actos de violencia contra las personas en función de su orientación sexual y de su sexo; confirma su apoyo a la continuación de la labor del Alto Comisionado para los Derechos Humanos orientada a promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas LGBTI, concretamente a través de declaraciones, informes y la campaña «Libertad e igualdad»; alienta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas a que prosiga su lucha contra las leyes y prácticas discriminatorias;

Derechos humanos y migraciones

31.  Condena las consecuencias de las políticas de externalización de las fronteras de la Unión, que se traducen en la asunción de unos riesgos cada vez mayores por parte de las personas que intentan buscar refugio en Europa y cuya consecuencia es un aumento del número de muertos, tanto en el mar como en tierra, en el camino hacia Europa; lamenta, en este sentido, la muerte o desaparición hasta la fecha de más de 25 000 personas en el mar Mediterráneo, al menos 3 771 de ellas en 2015, lo que convierte a Europa en la ruta migratoria más peligrosa del mundo según la Organización Internacional para las Migraciones;

32.  Destaca la necesidad de que la Unión Europea base todas las políticas migratorias, incluido el control de las fronteras, en un enfoque coherente y armonizado basado en los derechos humanos, en el respeto de sus compromisos internacionales; condena en este sentido el «Proceso de Jartum», que implica una colaboración con, por ejemplo, los regímenes eritreo y sudanés en lo que se refiere a la «gestión de la migración»; pide de nuevo a los Estados miembros de la Unión Europea que apliquen las cláusulas «democracia y derechos humanos» en todos los acuerdos internacionales, sea cual sea su naturaleza, y que garanticen el respeto de los derechos humanos en sus propias políticas interiores y exteriores, ya que, de no ser así, la posición de la Unión Europea se vería debilitada en el CDH y en cualquier otro foro en el que se aborden los derechos humanos;

33.  Pide a la delegación de la Unión Europea y a sus Estados miembros que alienten a la comunidad internacional para que desarrolle vías de acceso legales y seguras para los migrantes y los solicitantes de asilo, en especial mediante la concesión de visados humanitarios y plazas de reasentamiento; pide a los Estados miembros de la Unión que actúen urgentemente en este sentido;

Derechos humanos y medio ambiente

34.  Considera asimismo extremadamente importante el punto relativo a los derechos humanos y el medio ambiente, y opina que este tema está vinculado intrínsecamente a los derechos de los pueblos a disponer de sus recursos naturales, de tierras y de un sistema medioambiental sostenible; considera, por lo tanto, fundamental la ratificación y aplicación por todas las partes del proceso de Kioto, así como de otros convenios internacionales que permiten el disfrute efectivo de estos derechos;

35.  Comparte la opinión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien compara el cambio climático de origen antropogénico a la acción de un pirómano que incendiase su casa; opina que los acuerdos alcanzados durante la COP 21 celebrada en París son insuficientes para acabar con el cambio climático y garantizar los derechos sociales y medioambientales de los pueblos; pide a la delegación de la Unión y a los representantes de los Estados miembros que apoyen, en el seno del CDH, la propuesta de creación de un tribunal internacional de justicia medioambiental bajo la égida de las Naciones Unidas, y que actúen en favor del establecimiento de un instrumento jurídico vinculante para sancionar a los Estados y las empresas más contaminantes;

36.  Recuerda que en 2014 fueron desplazadas 17,5 millones de personas a raíz de catástrofes provocadas por factores climáticos; recuerda que estos desplazamientos afectan sobre todo a las regiones del Sur, que se ven más expuestas a las incidencias del cambio climático; destaca, en este sentido, que el 85 % de estos desplazamientos se producen en países en desarrollo, principalmente en el interior de un país o entre partes de países; destaca que, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Estados miembros de la Unión se han comprometido a asignar el 0,7 % de su PIB a la financiación de la ayuda para el desarrollo; lamenta que muchos Estados miembros de la UE no hayan cumplido el objetivo de destinar un 0,7 % de su PIB y que algunos hayan reducido su porcentaje de ayuda al desarrollo; lamenta la baja participación de los Estados miembros en los programas de ayuda alimentaria; pide que la ayuda de la Unión y de los Estados miembros se realice en forma de donaciones y no de préstamos, de modo que no se aumente la carga de la deuda; pide encarecidamente que la ayuda al desarrollo no se instrumentalice para cerrar o controlar las fronteras o garantizar la readmisión de migrantes;

37.  Destaca que las Naciones Unidas consideran que de aquí a 2050 habrá 200 millones de personas desplazadas por razones climáticas; destaca la necesidad de un enfoque global que permita resolver los problemas relacionados con el cambio climático, la pobreza, la explotación y el acceso a los recursos, así como la lucha contra el acaparamiento de tierras y riquezas por parte de multinacionales, con objeto de permitir el desarrollo y el acceso de las poblaciones a los bienes, los derechos y los servicios fundamentales; pide a la delegación de la Unión en el seno del CDH y a los representantes de los Estados miembros que participen activamente en el debate sobre el concepto de «refugiado climático», con el fin de elaborar una definición jurídicamente vinculante en el Derecho internacional;

Derecho de los pueblos a la libre determinación y situaciones relacionadas con los derechos humanos a las que el Consejo debe prestar atención

38.  Destaca una vez más el derecho inalienable de los pueblos a la libre determinación y a elegir su orientación política, económica y social sin injerencias exteriores; pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que, con ocasión de los periodos de sesiones del CDH en 2016, promuevan decididamente este derecho abandonando las políticas actuales; rechaza, además, la imposición de sanciones por parte de la Unión Europea y de los Estados Unidos a países terceros con el fin de proteger sus intereses geopolíticos y económicos con independencia de la situación humanitaria;

39.  Expresa de nuevo su preocupación por la degradación de la situación de los defensores, militantes, organizaciones e instituciones que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, así como por la de los periodistas, de forma diferente y a distintos niveles en el mundo entero, también en la Unión Europea;

40.  Destaca la importancia de respetar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y tribales tal y como se definen en el Convenio n.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo;

41.  Está profundamente preocupado por el deterioro de la situación humanitaria y de la seguridad en Siria tras la ocupación de una parte importante del territorio por la organización denominada «Estado Islámico»; condena de nuevo con firmeza las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por las organizaciones terroristas; se muestra asimismo preocupado por los atentados contra los derechos humanos cometidos por el régimen sirio, en particular los atentados contra la libertad de expresión, las detenciones arbitrarias y la represión de que son objeto los defensores de los derechos humanos; destaca que el conflicto se ha visto exacerbado por el comercio y el suministro de armas; condena firmemente las diferentes intervenciones occidentales que se han producido en los últimos años, y que han tenido unas consecuencias dramáticas en la radicalización de las personas, en particular en Oriente Próximo y en los países de la vecindad meridional; condena enérgicamente el apoyo directo o indirecto que los Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y los monarcas del Golfo han prestado o siguen prestando a los grupos terroristas; acoge con beneplácito los esfuerzos en favor de la celebración de un diálogo político bajo los auspicios de las Naciones Unidas para salir de la crisis política en el país, y destaca que, para ser eficaz, también debe incluir a los miembros de la oposición pacífica al régimen sirio;

42.  Constata que la situación de los derechos humanos en Irán sigue siendo preocupante; condena la represión de que son objeto manifestantes y disidentes pacíficos (entre ellos, estudiantes, universitarios o defensores de los derechos humanos), militantes a favor de los derechos de la mujer, juristas, periodistas, blogueros y religiosos, algo habitual en este país; destaca el papel primordial que ha de desempeñar la comunidad internacional para garantizar la paz; se declara preocupado por el número de presos políticos y de opinión, el número todavía elevado de ejecuciones, incluidos menores, la tortura, los juicios injustos, y las sumas exorbitantes que se exigen como fianza, así como las graves restricciones a la libertad de información, de expresión, de reunión, de religión, de educación y de circulación;

43.  Acoge con satisfacción la celebración de elecciones libres el 8 de noviembre de 2015 en Myanmar/Birmania, que representa una etapa importante en la construcción democrática del país; sigue, no obstante, preocupado por el marco constitucional de estas elecciones, que reserva el 25 % de los escaños del Parlamento para los militares; reconoce los avances realizados hasta la fecha en materia de derechos humanos, aunque señala algunas lagunas que todavía persisten, en particular en relación con los derechos de las minorías y la libertad de expresión, asociación y de reunión pacífica; condena la discriminación ejercida contra los rohingya, exacerbada porque esta comunidad no disfruta de un estatuto jurídico y el aumento de la incitación al odio contra los no budistas; pide que se lleven a cabo investigaciones en profundidad, transparentes e independientes de todas las supuestas violaciones de los derechos humanos contra los rohingya, y considera que en las cuatro leyes adoptadas por el Parlamento en 2015 destinadas a «proteger la raza y la religión» se recogen aspectos discriminatorios, en particular en lo que se refiere al sexo; reitera su solicitud de que se autorice a la Mesa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) a establecer una representación en el país;

44.  Expresa su preocupación por las revelaciones que figuran en los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania; condena la violación continua del Derecho internacional y de los derechos humanos por todas las partes en el conflicto en la guerra que se libra en el este del país, incluidas las desapariciones forzosas, las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos infligidos a las personas sospechosas de intrusión contra la integridad, terrorismo, o de ser partidarias de la «República Popular de Donetsk» y de la «República Popular de Lougansk»; expresa su profunda preocupación por el alto grado de impunidad de que disfruta la policía y el personal de seguridad; denuncia firmemente la prohibición del partido comunista de Ucrania por el tribunal administrativo del distrito de Kiev; expresa su profunda preocupación por los ataques contra la libertad de expresión y contra los partidos políticos democráticos de Ucrania; pide a la delegación de la Unión Europea en el CDH y a las representaciones de los Estados miembros que condenen con contundencia este grave ataque contra la democracia en el país; se muestra preocupado por la situación social en Ucrania, donde, según el Ministerio de Política Social, entre el 20 y el 25 % de los hogares han quedado sumidos en la pobreza a causa de la actual política del gobierno;

45.  Expresa su profunda preocupación por el conflicto que se vive en la actualidad en Sudán del Sur; solicita un alto el fuego inmediato entre las dos partes involucradas en el conflicto y se declara partidario de una mediación neutra que permita alcanzar un acuerdo cuanto antes; pide que se incremente la ayuda humanitaria a favor de la población civil atrapada en el conflicto o que huye de la zona; pide a la Unión y a sus Estados miembros que respeten el principio de no devolución y abran sus fronteras a los refugiados que huyen de la crisis que hace estragos en Sudan del Sur; pide asimismo la asunción de un compromiso a escala internacional para poner fin al suministro de armas o de equipamiento militar a Sudán del Sur y que se ponga fin a la exportación de armas a la región;

46.  Se muestra alarmado por la situación de crisis que se registra en la República Centroafricana desde 2003; reitera sus condolencias a las familias de las víctimas de estos enfrentamientos; reitera su apoyo a la independencia, la unidad y la integridad territorial de la República Centroafricana; reitera una vez más su apoyo al respeto del alto el fuego del acuerdo de Brazzaville, a la puesta en marcha del proceso «Desarme, Desmovilización, Reintegración» (DDR), a la próxima celebración de elecciones legislativas presidenciales pluralistas y transparentes, así como a acciones concretas para la protección de los derechos humanos; recuerda la importancia del derecho de los pueblos a la autodeterminación, y ello sin injerencia externa; pide la rápida retirada de las tropas francesas de la República Centroafricana y el cierre de las bases militares extranjeras permanentes presentes en su territorio; pide que se lleve a cabo un control reforzado de las fuerzas de las Naciones Unidas, así como una investigación en profundidad, imparcial y transparente sobre los supuestos casos de abusos o crímenes cometidos; se muestra particularmente preocupado por las veleidades de algunas empresas transnacionales en la República Centroafricana, en particular empresas dedicadas a la extracción de piedras preciosas y madera; recuerda el derecho inalienable de los pueblos a disponer de sus recursos naturales y la obligación de las empresas a someterse al Derecho internacional; destaca la importancia de que la Unión y sus Estados miembros se comprometan plenamente, en particular en el seno del CDH, en la elaboración por parte de las Naciones Unidas de un instrumento vinculante en contra de las empresas que no respetan los derechos humanos;

47.  Se felicita de la atención particular prestada a Haití en este 31º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos; lamenta la situación humanitaria, que sigue siendo dramática en este país, así como que aún no se hayan reparado los daños causados por los huracanes en 2010; destaca que la situación de extrema pobreza que vive el país ha exacerbado los efectos devastadores de las catástrofes naturales, ocasionando la peor crisis humanitaria desde hace décadas; denuncia de nuevo la deuda y el servicio de la deuda colosal que han impuesto a este país Francia y las instituciones internacionales (sobre todo el Fondo Monetario Internacional), y que son responsables de su subdesarrollo; acoge con satisfacción la solidaridad internacional en ayuda de Haití y, en primer lugar, la solidaridad regional, en particular el envío por Cuba de médicos y personal especializado, que han tratado a decenas de miles de personas enfermas de cólera, el apoyo financiero a través del Fondo Humanitario ALBA para Haití, la continuación del apoyo energético a través de Petrocaribe y la creación de un plan especial para el abastecimiento directo en combustible de los vehículos de asistencia humanitaria, iniciativas agrícolas para el suministro de alimentos y planes de producción, así como la campaña de reforestación; exige que se inicie una investigación sobre la posibilidad de que parte de la ayuda, en particular la de la Unión Europea, nunca haya llegado a Haití, así como sobre la eficacia de la red de distribución de las ayudas; solicita asimismo que se haga un balance de la ayuda efectivamente entregada;

48.  Destaca la importancia de los debates celebrados por el CDH sobre la crisis en Burundi; se declara sumamente preocupado por la situación en el país, y pone de relieve que puede tener consecuencias dramáticas para la región en su conjunto; pide que se respeten el Pacto de seguridad, estabilidad y desarrollo para la región de los Grandes Lagos y el Protocolo de no agresión y defensa mutua; considera que la actual crisis solo puede resolverse mediante un diálogo político en el nivel nacional y regional, y que bajo ningún concepto debe servir de pretexto para una nueva intervención militar en la región; considera que los problemas de Burundi solamente se podrán resolver en el país si se garantizan los mismos derechos a todos los ciudadanos y si se abordan los problemas relacionados con el control de las tierras fértiles de cultivo, el desempleo y la pobreza, si se lucha contra corrupción, la pobreza, las desigualdades y las discriminaciones, así como si se fomentan reformas sociales, políticas y económicas con el fin de crear un Estado libre, democrático y estable;

49.  Lamenta que no se haya incorporado a este debate la situación en América Latina, en particular en Honduras y Paraguay; pide, en este sentido, que se lleve a cabo un seguimiento real de la situación de los derechos humanos en Honduras y Paraguay desde los golpes de Estado, y que se haga todo lo posible por restablecer en ellos la democracia y el Estado de Derecho; pide a la delegación de la Unión Europea y de sus Estados miembros que actúe en favor de la condena de los golpes de Estado, que no reconozca a los Gobiernos de facto y que exija que los culpables sean juzgados; pide, asimismo, que se lleve a cabo una investigación sobre las tentativas golpistas y desestabilizadoras en otros países de América Latina (por ejemplo, en Ecuador o Venezuela) y que se aclaren todas las responsabilidades individuales, incluidas las de terceros países;

50.  Lamenta asimismo que en este periodo de sesiones no se vaya a tratar la cuestión de los derechos humanos en México, cuando se están multiplicando las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales, incluido un gran número de feminicidios, y se ha demostrado la responsabilidad de las autoridades; constata con profunda preocupación la impunidad reinante en México, país en el que han desaparecido más de 22 000 personas, más de la mitad en los últimos años, pero en el que el 98 % de los delitos queda impune; condena la criminalización y la represión de estudiantes, periodistas y militantes sociales, así como de líderes campesinos y sindicalistas en el país, incluidas las desapariciones y los asesinatos; pide que la delegación de la Unión Europea y de los Estados miembros en el 31º periodo de sesiones del CDH respalde la solicitud de diversas ONG de que la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y el Tribunal de La Haya presten una atención particular a los crímenes perpetrados en México y, en su caso, inicien una investigación internacional;

51.  Lamenta asimismo que no se haya incluido en el orden del día la cuestión de los derechos humanos en Turquía; condena, en particular, la degradación de la situación de la democracia en este país y la escalada de la represión de que son objeto demócratas, representantes de los ciudadanos y militantes políticos, sindicalistas, periodistas, defensores de los derechos humanos y artistas; constata que esta represión afecta especialmente a los kurdos, en la medida en que el Gobierno turco lleva a cabo una verdadera ofensiva armada no solo en contra de responsables políticos, sino también de la población civil; pide a la delegación de la Unión que vele por que esta cuestión se aborde durante el 31° período de sesiones del CDH y por que se preste un apoyo explícito a la reanudación de las negociaciones sobre el proceso de paz;

52.  Destaca la importancia de que durante uno de los periodos de sesiones del CDH que se celebre en 2016 se trate la cuestión de Yibuti, donde se está intensificando la represión de que son objeto militantes políticos y asociativos, con más de 300 arrestos arbitrarios entre octubre y diciembre de 2015; ruega a la delegación de la Unión y de sus Estados miembros que exija el fin inmediato de la represión y la liberación de todos los presos políticos, en particular la del mayor de todos, Mohamed Ahmed, conocido como Jabha, y la de Omar Ali Ewado, miembro fundador de la Liga Yibutiana de Derechos Humanos (LDDH), y pide el inicio de una investigación internacional, bajo la égida de las Naciones Unidas, sobre las masacres de Buldhuqo (diciembre de 2015) y de Arhiba (diciembre de 1991), así como sobre los demás crímenes masivos cometidos en el país, con objeto de que los responsables sean perseguidos y juzgados;

53.  Se felicita de la atención especial prestada en los últimos años por el CDH a la situación de los derechos humanos en Palestina y en los otros territorios árabes ocupados, en particular en lo que se refiere al derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y la creación de un Estado independiente y viable con arreglo a las fronteras de 1967; insta encarecidamente a la delegación de la Unión a que condene toda forma de colonialismo, en particular en Palestina, tanto en Cisjordania como en Jerusalén Este, donde es algo que está en continuo aumento; condena asimismo la violencia de los colonos contra la población palestina, en especial en Hebrón, y los planes para el desplazamiento forzoso de los beduinos;

54.  Recuerda la importancia del informe de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos, en el que se denuncia que la política de Israel en Cisjordania y en la Franja de Gaza parece conducir al apartheid a causa de la opresión sistemática del pueblo palestino y de la expropiación de facto de sus tierras; denuncia la violación de los derechos fundamentales de los palestinos por parte de las fuerzas armadas israelíes, la limpieza étnica en Jerusalén Este y el intento de las autoridades israelíes de judaizar la ciudad de Jerusalén para apropiarse de ella; lamenta que Israel haya prohibido de forma continua el acceso a los territorios palestinos ocupados al relator especial de las Naciones Unidas, lo que le ha llevado a dimitir en enero de 2016, y pide a la delegación de la Unión Europea en el CDH y a las representaciones de los Estados miembros que hagan presión sobre las autoridades israelíes para que se cumpla el mandato de las Naciones Unidas;

55.  Denuncia la situación de los presos palestinos en las cárceles israelíes; pide al Estado de Israel que ponga fin de inmediato a la práctica de encarcelamiento masivo, que ha seguido aumentando en 2015, con más de 6 000 personas encarceladas, de las cuales una parte importante son menores; condena asimismo las detenciones extrajudiciales, las detenciones administrativas, las transferencias de presos políticos fuera de los territorios ocupados, privándolos así de las visitas familiares, los malos tratos, la tortura y la alimentación forzada de los presos, así como la denegación de un tratamiento médico adecuado y oportuno, acciones todas que constituyen una violación flagrante del Derecho internacional; reitera su condena de todas las formas de tortura y malos tratos; pide a Israel que garantice inmediatamente el respeto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, de la que es parte; denuncia la detención y los malos tratos en el caso de los niños, y exige la liberación inmediata de las mujeres y los niños encarcelados; denuncia el trato dispensado a los niños por los tribunales israelíes; pide asimismo la liberación inmediata de los diputados palestinos encarcelados, en particular Khalida Jarrar y Marwan Barghouti;

56.  Se muestra sumamente preocupado, además, por las restricciones a las libertades civiles y políticas en Israel, en particular por las diferentes leyes que afectan a las ONG, que atentan contra la libertad de asociación, reunión y organización; denuncia asimismo el aumento de la discriminación contra las minorías en el país, en particular la minoría «árabe»;

57.  Lamenta que no se haya incluido en el orden del día de los periodos de sesiones del CDH para 2016 la cuestión del Sáhara Occidental; destaca una vez más que el conflicto en el Sáhara Occidental es una cuestión de descolonización y que, según el Derecho internacional, el Reino de Marruecos no tiene ninguna soberanía sobre el Sáhara Occidental y se le considera una potencia ocupante; condena las violaciones constantes de los derechos fundamentales del pueblo saharaui; pide que se protejan los derechos fundamentales del pueblo del Sáhara Occidental, incluidos la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho de manifestación; exige la liberación inmediata de todos los presos políticos saharauis y, con carácter urgente, la de los miembros del grupo Gdeim Izik condenados por el tribunal militar marroquí; reitera su llamamiento a España para que acepte conceder asilo político al joven saharaui Hassana Aalia, condenado a cadena perpetua al término del proceso; destaca la necesidad de controlar a nivel internacional la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental; pide a Marruecos y al Frente Polisario que prosigan las negociaciones destinadas a encontrar una solución pacífica y duradera al conflicto en el Sáhara Occidental, y reitera el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, lo que debe ser objeto de un referendo democrático, con arreglo a las Resoluciones 34/37 y 35/19 de las Naciones Unidas;

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58.  Encarga a su delegación en los 31o, 32o y 33o periodos de sesiones del CDH que se haga eco de las posiciones expresadas en la presente Resolución; pide que se informe a la Subcomisión de Derechos Humanos al término de su misión, y considera conveniente que se siga enviando una delegación del Parlamento Europeo a los periodos de sesiones del CDH;

59.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, al Presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Grupo de Trabajo UE-Naciones Unidas creado por la Comisión de Asuntos Exteriores.

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