Procedimiento : 2016/2662(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0488/2016

Textos presentados :

B8-0488/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Votaciones :

PV 28/04/2016 - 4.65
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2016)0201

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 269kWORD 68k
Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0488/2016
20.4.2016
PE579.917v01-00
 
B8-0488/2016

tras la pregunta con solicitud de respuesta oral B8-0361/2016

presentada de conformidad con el artículo 128, apartado 5, del Reglamento


sobre los ataques a hospitales y escuelas, una violación del Derecho internacional humanitario (2016/2662(RSP))


Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Paavo Väyrynen, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Renate Weber en nombre del Grupo ALDE

Resolución del Parlamento Europeo sobre los ataques a hospitales y escuelas, una violación del Derecho internacional humanitario (2016/2662(RSP))  
B8-0488/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos,

–  Vistos los Convenios de Ginebra y otros instrumentos jurídicos en materia de Derecho internacional humanitario,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, de 8 de diciembre de 2009, sobre el fomento de la observancia del Derecho internacional humanitario,

–  Vistas las Directrices actualizadas de la Unión Europea para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario(1),

–  Visto el informe del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre Humanitaria Mundial, titulado «La humanidad: responsabilidad compartida», de 2 de febrero de 2016,

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1998 (2011), de 12 de julio de 2011, y 2143 (2014), de 7 de marzo de 2014, relativas a la protección de los niños afectados por conflictos armados,

–  Vista la Resolución A/RES/64/290 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 9 de julio de 2010, sobre el derecho a la educación en situaciones de emergencia,

–  Vistas la Declaración sobre Escuelas Seguras, de mayo de 2015, abierta a la aprobación en la Conferencia de Oslo sobre Escuelas Seguras organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega en mayo de 2015, y las Directrices conexas para proteger a las escuelas y universidades de la posibilidad de ser usadas con fines militares durante un conflicto armado;

–  Vista la Resolución, de 10 de diciembre de 2015, de la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre el fortalecimiento del cumplimiento del Derecho internacional humanitario,

–  Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2016, sobre la situación humanitaria en Yemen(2),

–  Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2015, sobre la crisis humanitaria en Irak y Siria, en particular en el contexto del Estado Islámico(3),

–  Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2015, sobre la preparación para la Cumbre Humanitaria Mundial: retos y oportunidades para la ayuda humanitaria(4),

–  Vista la pregunta al Consejo sobre los ataques a hospitales y escuelas, una violación del Derecho internacional humanitario (O-000063/2016 – B8-0361/2016),

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que la comunidad internacional ha sido testigo de una horrible oleada de ataques contra hospitales y escuelas en conflictos armados en todo el mundo, como los últimos ataques perpetrados contra los centros sanitarios de Médicos sin Fronteras (MSF) en Kunduz (Afganistán) el 3 de octubre de 2015, en Razah (Yemen) el 10 de enero de 2016 y en las ciudades sirias bajo el control de los rebeldes el 15 de febrero de 2016;

B.  que la primera Cumbre Humanitaria Mundial se celebrará en Estambul los días 23 y 24 de mayo de 2016; que el secretario general de las Naciones Unidas, en su informe para la Cumbre Humanitaria Mundial, titulado «La humanidad: responsabilidad compartida», llama la atención sobre lo que él denomina «la erosión desvergonzada y brutal del respeto de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho humanitario» en situaciones de conflictos armados, lo que amenaza con provocar la vuelta a la era de la guerra sin límites; que, de acuerdo con el informe, el hecho de no exigir y promover el respeto de nuestras normas compartidas y no apoyar el cumplimiento de la ley ni los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas contribuye a dicha erosión;

C.  Considerando que el Derecho internacional humanitario, también denominado Derecho aplicable a los conflictos armados, trata de atenuar los efectos de los conflictos armados protegiendo a quienes no participan en ellos y regulando los métodos y medios de combate;

D.  Considerando que los hospitales y el personal médico están protegidos de forma explícita en el marco del Derecho internacional humanitario; que este prohíbe los ataques deliberados a civiles y a la infraestructura civil, y que dichos ataques se consideran una violación grave de dicho Derecho;

E.  Considerando que, desde el 14 de marzo de 2016, 52 Estados –incluidos varios Estados miembros de la Unión, aunque no todos– han respaldado la Declaración sobre Escuelas Seguras, tras la Conferencia de Oslo sobre Escuelas Seguras, celebrada en mayo de 2015;

F.  Considerando que, al aprobar las Directrices de la Unión Europea para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario, el Consejo de Asuntos Exteriores puso de relieve la importancia de abordar eficazmente las consecuencias de las violaciones graves, respaldando para ello la creación de mecanismos adecuados de asunción de responsabilidad, y destacó el papel crucial que puede desempeñar la Corte Penal Internacional (CPI) en aquellos casos en los que el Estado o los Estados en cuestión no puedan o no quieran ejercer su jurisdicción; que las Directrices de la Unión obligan a «los correspondientes Grupos del Consejo» a llevar a cabo un seguimiento de las situaciones en las que podría ser de aplicación el Derecho internacional humanitario y, en esos casos, hacer las correspondientes recomendaciones para promover la observancia del Derecho internacional humanitario (punto15, letra a));

G.  Considerando que, entre 2012 y 2015, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) organizó un gran proceso de consulta sobre el modo de reforzar la protección jurídica de las víctimas de conflictos armados y mejorar la eficacia de los mecanismos de observancia del Derecho internacional humanitario;

H.  Considerando que los Estados que participaron en la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en diciembre de 2015 no fueron capaces finalmente de alcanzar un acuerdo sobre un nuevo mecanismo propuesto por la Conferencia y el Gobierno suizo para reforzar la observancia del Derecho internacional humanitario; que el nuevo mecanismo propuesto habría implicado la convocatoria de una reunión anual de Estados parte en los Convenios de Ginebra; que los Estados participantes acordaron iniciar un nuevo proceso intergubernamental a fin de encontrar vías para mejorar la aplicación del Derecho internacional humanitario con el fin de presentar los resultados en la próxima Conferencia Internacional, que tendrá lugar en 2019;

1.  Expresa su consternación y su más profunda preocupación ante los ataques mortales contra hospitales y escuelas que se están produciendo con una frecuencia cada vez más alarmante en el contexto de conflictos armados en todo el mundo y que convierten a pacientes, estudiantes, personal médico y docente, trabajadores humanitarios y familiares en objetivos y en víctimas, al tiempo que las condenas internacionales raramente conducen a investigaciones independientes y a la exigencia de verdaderas responsabilidades a los responsables; insta a los Estados miembros, a las instituciones de la Unión Europea y a la Vicepresidenta/Alta Representante a que reconozcan el verdadero alcance de esta emergencia y elaboren sin demora un plan de acción concreto, con plazos claramente definidos, con el fin de utilizar toda la influencia de la Unión Europea y de sus Estados miembros para poner fin a estos abusos y violaciones;

2.  Condena los ataques a hospitales y escuelas, prohibidos por el Derecho internacional, y reconoce que esos actos pueden constituir graves violaciones de los Convenios de Ginebra de 1949 y crímenes de guerra conforme al Estatuto de Roma de la CPI; expresa su convencimiento de que la protección de las instalaciones sanitarias y educativas como espacios neutros y protegidos durante las situaciones de conflicto armado depende del resultado de investigaciones transparentes, independientes e imparciales sobre los brutales ataques que se hayan cometido y de la exigencia efectiva de responsabilidades por los crímenes perpetrados;

3.  Insta a las partes en los conflictos a que respeten los principios fundamentales del Derecho internacional humanitario y se abstengan de atacar deliberadamente infraestructuras civiles; destaca la importancia que reviste la mejora de la seguridad de los trabajadores humanitarios con el fin de reaccionar con mayor eficacia ante los ataques;

4.  Alienta a la Unión y a sus Estados miembros a que respalden el llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas para que todos los Estados miembros de esta organización aprovechen la ocasión que les brinda la Cumbre Humanitaria Mundial para renovar su compromiso de proteger a los civiles y los derechos humanos de todos respetando las normas ya convenidas; destaca la importancia que otorga el secretario general de las Naciones Unidas al refuerzo de los sistemas internacionales judiciales y de investigación, incluida la CPI, como complemento de los marcos nacionales, con objeto de poner fin a la impunidad de las violaciones del Derecho internacional humanitario;

5.  Reconoce la importancia y el carácter único de las Directrices de la Unión para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario, ya que ningún otro Estado u organización ha adoptado un documento equivalente; pide a las instituciones de la Unión Europea y a los Estados miembros que apliquen efectivamente dichas Directrices;

6.  Pide al Consejo de Asuntos Exteriores y a la Vicepresidenta/Alta Representante que velen por que las políticas y actuaciones de la Unión en materia de Derecho internacional humanitario se desarrollen de forma coherente y eficaz y que revisen la actual asignación de responsabilidades, según la cual la aplicación de las Directrices en materia de Derecho internacional humanitario incide ante todo en las competencias del Grupo de trabajo del Consejo sobre Derecho Internacional Público, presidido por la Presidencia del Consejo; hace hincapié, en este mismo contexto, en que las Directrices de la Unión obligan a «los correspondientes Grupos del Consejo» a llevar a cabo un seguimiento de las situaciones en las que podría ser de aplicación el Derecho internacional humanitario y, en esos casos, hacer las correspondientes recomendaciones para promover la observancia del Derecho internacional humanitario (punto15, letra a)); pide a los grupos de trabajo del Consejo pertinentes que utilicen su mandato para abordar la actual crisis de incumplimiento;

7.  Recuerda la posición adoptada en las Directrices de la Unión, en el sentido de que puede estudiarse, cuando proceda, acudir a la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta, creada conforme al Protocolo adicional I de los Convenios de Ginebra de 1949, que puede contribuir a fomentar el respeto del Derecho internacional humanitario a través de su capacidad de investigación y de sus buenos oficios; constata que no se ha recurrido a los servicios de dicha comisión, e insta al Consejo, a los Estados miembros y al Servicio Europeo de Acción Exterior a que valoren seriamente acudir a ella, por primera vez desde su creación, a fin de abordar los ataques a hospitales y escuelas como una situación de crisis urgente relativa al respeto de las normas del Derecho internacional humanitario;

8.  Observa con preocupación el espacio institucional actualmente limitado destinado a que la comunidad internacional aborde problemas comunes relativos a la aplicación del Derecho internacional humanitario; lamenta, en este mismo contexto, el fracaso de los Estados participantes en la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en diciembre de 2015, a la hora de alcanzar un acuerdo sobre un nuevo mecanismo que habría reforzado el sistema de gobernanza del Derecho internacional humanitario por medio de una reunión anual de los Estados para mejorar el diálogo y un sistema de información periódica sobre la conformidad de las normas nacionales con el Derecho internacional humanitario; pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que se esfuercen por conseguir un resultado mejor en el próximo proceso intergubernamental;

9.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, al Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a los Gobiernos de los Estados miembros de las Naciones Unidas.

(1)

DO C 303 de 15.12.2009, p. 12.

(2)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0066.

(3)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0040.

(4)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0459.

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