Procedimiento : 2016/2662(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0489/2016

Textos presentados :

B8-0489/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Votaciones :

PV 28/04/2016 - 4.65
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2016)0201

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 186kWORD 73k
Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0488/2016
20.4.2016
PE579.918v01-00
 
B8-0489/2016

tras la pregunta con solicitud de respuesta oral B8-0361/2016

presentada de conformidad con el artículo 128, apartado 5, del Reglamento


sobre los ataques a hospitales y escuelas, una violación del Derecho internacional humanitario (2016/2662(RSP))


Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Anna Záborská en nombre del Grupo PPE

Resolución del Parlamento Europeo sobre los ataques a hospitales y escuelas, una violación del Derecho internacional humanitario (2016/2662(RSP))  
B8-0489/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos,

–  Vistos los Convenios de Ginebra y otros instrumentos jurídicos en materia de Derecho internacional humanitario,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, de 8 de diciembre de 2009, sobre el fomento de la observancia del Derecho internacional humanitario,

–  Vistas las Directrices actualizadas de la Unión Europea para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario(1),

–  Visto el informe del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre Humanitaria Mundial, titulado «Una humanidad: nuestra responsabilidad compartida», de 2 de febrero de 2016,

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1998 (2011), de 12 de julio de 2011, y 2143 (2014), de 7 de marzo de 2014, relativas a la protección de los niños afectados por conflictos armados,

–  Vista la Resolución A/RES/64/290 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 9 de julio de 2010, sobre el derecho a la educación en situaciones de emergencia,

–  Vistas la Declaración sobre Escuelas Seguras, de mayo de 2015, abierta a la aprobación en la Conferencia de Oslo sobre Escuelas Seguras organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega en mayo de 2015, y las Directrices conexas para proteger a las escuelas y universidades de la posibilidad de ser usadas con fines militares durante un conflicto armado,

–  Vista la Nota de orientación sobre los ataques contra escuelas y hospitales, destinada a ayudar a todos quienes participan en actividades de supervisión, comunicación y sensibilización, presentada el 21 de mayo de 2014 por la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados,

–  Vista la Resolución de la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre el fortalecimiento del cumplimiento del Derecho internacional humanitario, de 10 de diciembre de 2015,

–  Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2016, sobre la situación humanitaria en Yemen(2),

–  Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2015, sobre la crisis humanitaria en Irak y Siria, en particular en el contexto del Estado Islámico(3),

–  Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2015, sobre la preparación para la Cumbre Humanitaria Mundial: retos y oportunidades para la ayuda humanitaria(4),

–  Vista la pregunta al Consejo sobre los ataques a hospitales y escuelas, una violación del Derecho internacional humanitario (O-000063/2016 – B8-0361/2016),

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que en la última década la comunidad internacional ha asistido a un aumento de los ataques a hospitales y escuelas en el marco de conflictos armados en todo el mundo, como los perpetrados en Kenia el 2 de abril de 2015, en miles de escuelas del norte de Nigeria entre 2009 y 2015, en Kunduz (Afganistán) el 3 de octubre de 2015, en Razeh (Yemen) el 10 de enero de 2016, y en la provincia de Idlib (norte de Siria) el 15 de febrero de 2016; que se ha considerado que los ataques perpetrados en Kunduz fueron el resultado directo de un error humano involuntario, agravado por fallos en lo tocante a procesos y equipos, y que se han llevado a cabo investigaciones que se han saldado con la imposición de sanciones a los responsables;

B.  Considerando que el número de personas necesitadas ha aumentado más del doble desde 2004 hasta llegar a más de 100 millones personas en 2015; que 250 millones de personas viven afectadas por crisis humanitarias; que el número de desplazados forzosos ha alcanzado su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial, casi 60 millones, de los que casi 40 millones son personas desplazadas dentro de sus propios países; que más de la mitad de los refugiados del mundo son niños;

C.  Considerando que la primera respuesta en las crisis humanitarias proviene de las familias, que proporcionan refugio, alimentos y los cuidados y la solidaridad necesarios a todos los miembros afectados; que el bienestar de los niños y las madres es la prioridad fundamental de todas las familias y que por ella se hacen los mayores sacrificios;

D.  Considerando que, durante los ocho últimos años, los crecientes retos y necesidades, la falta de continuidad en los compromisos y el aumento del coste de la ayuda humanitaria han contribuido a que el actual sistema humanitario haya alcanzado sus límites, y que ello ha obligado a varias organizaciones a suspender temporalmente la ayuda alimentaria y de vivienda y otras operaciones humanitarias fundamentales para la supervivencia;

E.  Considerando que la primera Cumbre Humanitaria Mundial se celebrará en Estambul los días 23 y 24 de mayo de 2016; que el secretario general de las Naciones Unidas, en su informe para la Cumbre Humanitaria Mundial, titulado «Una humanidad: nuestra responsabilidad compartida», pone de relieve lo que denomina «la erosión desvergonzada y brutal del respeto de las normas internacionales de derechos humanos y el Derecho humanitario» en situaciones de conflicto armado, que amenaza con provocar el retorno a una época de guerra sin cuartel; que, de acuerdo con el informe, el hecho de no exigir y promover el respeto de nuestras normas compartidas y de no respaldar los mecanismos vigentes para el cumplimiento de la ley, la vigilancia y la rendición de cuentas contribuye a dicha erosión;

F.  Considerando que todas las partes en conflicto, incluidas las partes armadas estatales y no estatales, deben garantizar al personal humanitario el acceso necesario a las poblaciones civiles vulnerables afectadas por conflictos;

G.  Considerando que el Derecho internacional humanitario, también denominado Derecho aplicable a los conflictos armados, trata de atenuar los efectos de los conflictos armados protegiendo a quienes no participan en ellos y regulando los métodos y medios de combate;

H.  Considerando que los hospitales y el personal médico están protegidos de forma explícita en el marco del Derecho internacional humanitario y que el ataque deliberado a civiles y a infraestructuras civiles se considera una violación grave del Derecho internacional humanitario;

I.  Considerando que algunos grupos armados se oponen a la educación laica y a la educación de las niñas o a que las niñas sean tratadas por personal médico masculino, lo que supone un obstáculo para su acceso a estos servicios; que el clima de inseguridad generalizado que provocan los conflictos también impide a los niños, a los profesores y al personal médico asistir a la escuela u obtener asistencia médica;

J.  Considerando que desde el 14 de marzo de 2016 han aprobado la Declaración sobre Escuelas Seguras 52 Estados, entre ellos trece Estados miembros de la Unión, tras la Conferencia de Oslo sobre Escuelas Seguras celebrada en mayo de 2015;

K.  Considerando que, al aprobar las Directrices de la Unión Europea para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario, el Consejo de Asuntos Exteriores puso de relieve la importancia de abordar eficazmente las consecuencias de las violaciones graves, respaldando para ello la creación de mecanismos adecuados de asunción de responsabilidad, y destacó el papel crucial que puede desempeñar la Corte Penal Internacional (CPI) en aquellos casos en los que el Estado o los Estados en cuestión no puedan o no quieran ejercer su jurisdicción; que las Directrices de la Unión también obligan a «los correspondientes Grupos del Consejo» a llevar a cabo un seguimiento de las situaciones en las que podría ser de aplicación el Derecho internacional humanitario y, en esos casos, hacer las correspondientes recomendaciones, para promover la observancia del Derecho internacional humanitario (punto15, letra a));

L.  Considerando que en las Directrices actualizadas de la Unión Europea para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario se describe una variedad de medios de que dispone la Unión en sus relaciones con terceros países a este respecto, como el diálogo político, las declaraciones públicas de carácter general, las medidas restrictivas, la cooperación con otras organizaciones internacionales, las operaciones de gestión de crisis, la responsabilidad individual, la formación, y el control de la exportación de armamento (punto 16);

M.  Considerando que, entre 2012 y 2015, el Comité Internacional de la Cruz Roja organizó un importante proceso de consulta sobre la manera de reforzar la protección jurídica para las víctimas de los conflictos armados y de mejorar la eficacia de los mecanismos de observancia del Derecho internacional humanitario;

N.  Considerando que los Estados que participaron en la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja celebrada en diciembre de 2015 acordaron poner en marcha un nuevo proceso intergubernamental para encontrar la manera de mejorar la aplicación del Derecho internacional humanitario, y que su intención era presentar los resultados en la próxima conferencia internacional que se celebrará en 2019;

O.  Considerando que el capítulo de ayuda humanitaria de la UE, que contó con 909 millones de euros en 2015, representa menos del 1 % del presupuesto total de la Unión; que una mejor conexión entre la ayuda de emergencia y la asistencia a largo plazo permitiría reducir la discrepancia actual entre las necesidades humanitarias extraordinarias y los recursos disponibles;

1.  Expresa su consternación y su grave preocupación ante los ataques mortales contra hospitales y escuelas que se están produciendo con una frecuencia cada vez más alarmante en el contexto de conflictos armados en todo el mundo y que convierten a pacientes, estudiantes, personal médico y docente, trabajadores humanitarios, niños y familiares en objetivos y víctimas; opina que las condenas internacionales deben ir seguidas de investigaciones independientes y de una verdadera asunción de responsabilidades; pide a los Estados miembros de la Unión y de las Naciones Unidas, a las instituciones de la Unión y a la vicepresidenta / alta representante que reconozcan el verdadero alcance de esta situación de emergencia y utilicen todos los instrumentos de que disponen;

2.  Condena los ataques a hospitales y escuelas, prohibidos por el Derecho internacional, y reconoce que esos actos pueden constituir graves violaciones de los Convenios de Ginebra de 1949 y crímenes de guerra conforme al Estatuto de Roma de la CPI; expresa su convencimiento de que debe garantizarse la protección de las instalaciones sanitarias y educativas como espacios neutros y protegidos durante las situaciones de conflicto armado mediante investigaciones transparentes, independientes e imparciales de los brutales ataques que se hayan producido, así como consiguiendo que todas las partes implicadas asuman realmente su responsabilidad por los crímenes cometidos;

3.  Destaca que el derecho a la salud es un derecho humano, y pide a las partes implicadas en conflictos armados que garanticen la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios médicos durante los conflictos armados;

4.  Toma nota de la función que desempeñan las familias a la hora de proteger y cuidar a las personas más vulnerables, especialmente los niños y las mujeres, y reconoce la importancia de implicar a las familias en los esfuerzos por maximizar la pertinencia y eficiencia de la ayuda humanitaria;

5.  Alienta a la Unión y a sus Estados miembros a que respalden el llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas para que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprovechen la ocasión de la Cumbre Humanitaria Mundial para renovar su compromiso de proteger a los civiles y los derechos humanos de todos respetando las normas ya convenidas; destaca la importancia que otorga el secretario general de las Naciones Unidas al refuerzo de los sistemas internacionales judiciales y de investigación, incluida la CPI, como complemento de los marcos nacionales, con objeto de poner fin a la impunidad de las violaciones del Derecho internacional humanitario;

6.  Pide a la Cumbre Humanitaria Mundial que se comprometa a adoptar un enfoque sistemático participativo y basado en los resultados, mediante el establecimiento de indicadores específicos y una metodología de trabajo que los donantes y las agencias encargadas de la ejecución deberán reforzar y compartir, y que trabaje en pro de la institucionalización y la mejora de la supervisión y evaluación del marco de responsabilidad de las Naciones Unidas ante las poblaciones afectadas;

7.  Subraya que para hacer frente a catástrofes y vulnerabilidades nuevas y crónicas es necesario evitar sistemas paralelos, ampliar la base de financiación, disponer de inversiones previsibles a largo plazo y cumplir la nueva agenda de desarrollo sostenible, principalmente promoviendo un enfoque conjunto por parte de los agentes en el ámbito humanitario y de desarrollo en lo que se refiere a la evaluación, planificación y financiación de riesgos y necesidades; subraya que se necesita una mayor complementariedad entre la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo a fin de abordar la eficacia y las carencias de financiación de la ayuda humanitaria, y que esa complementariedad debe ir acompañada de una mayor financiación para la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo; recuerda, a este respecto, el compromiso contraído hace tiempo a escala internacional de cumplir el objetivo del 0,7 % de la RNB;

8.  Reconoce la importancia y el carácter único de las Directrices de la Unión para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario, ya que ningún otro Estado u organización ha adoptado un documento equivalente; pide a los Estados miembros que apliquen efectivamente las Directrices de la Unión;

9.  Pide al Consejo de Asuntos Exteriores y a la vicepresidenta / alta representante que velen por que las políticas y actuaciones de la Unión en materia de Derecho internacional humanitario se desarrollen de forma coherente y eficaz y por que la aplicación de las Directrices en materia de Derecho internacional humanitario sean competencia del Grupo de trabajo del Consejo sobre Derecho Internacional Público, presidido por la Presidencia del Consejo; hace hincapié, en este contexto, en que las Directrices de la Unión obligan a «los correspondientes Grupos del Consejo» a llevar a cabo un seguimiento de las situaciones en las que podría ser de aplicación el Derecho internacional humanitario y, en esos casos, hacer las correspondientes recomendaciones para promover la observancia del Derecho internacional humanitario (punto15, letra a));

10.  Recuerda la posición adoptada en las Directrices de la Unión, en el sentido de que puede estudiarse, cuando proceda, acudir a la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta, creada conforme al Protocolo adicional I de los Convenios de Ginebra de 1949, que puede contribuir a fomentar el respeto del Derecho internacional humanitario a través de su capacidad de investigación y de sus buenos oficios; observa que no se ha acudido a dicha comisión, y pide a todas las partes implicadas que examinen la posibilidad de recurrir a ella;

11.  Solicita un mayor margen institucional para que la comunidad internacional pueda abordar preocupaciones comunes relacionadas con la aplicación del Derecho internacional humanitario, así como un diálogo político reforzado destinado a mejorar la prevención de conflictos y a poner fin cuanto antes a los conflictos armados en todo el mundo; pide a la Unión y a sus Estados miembros que procuren alcanzar mejores resultados en el próximo proceso intergubernamental con el fin de encontrar la manera de mejorar la aplicación del Derecho internacional humanitario, tal como se acordó en la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja celebrada en diciembre de 2015;

12.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, al Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y a los Gobiernos de los Estados miembros de las Naciones Unidas.

(1)

DO C 303 de 15.12.2009, p. 12.

(2)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0066.

(3)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0040.

(4)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0459.

Aviso jurídico