Procedimiento : 2016/2662(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0491/2016

Textos presentados :

B8-0491/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Votaciones :

PV 28/04/2016 - 4.65
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2016)0201

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0488/2016
20.4.2016
PE582.503v01-00
 
B8-0491/2016

tras la pregunta con solicitud de respuesta oral B8-0361/2016

presentada de conformidad con el artículo 128, apartado 5, del Reglamento


sobre los ataques a hospitales y escuelas, una violación del Derecho internacional humanitario (2016/2662(RSP))


Heidi Hautala, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Jean Lambert en nombre del Grupo Verts/ALE

Resolución del Parlamento Europeo sobre los ataques a hospitales y escuelas, una violación del Derecho internacional humanitario (2016/2662(RSP))  
B8-0491/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos,

–  Vistos los Convenios de Ginebra y otros instrumentos jurídicos en materia de Derecho internacional humanitario,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, de 8 de diciembre de 2009, sobre el fomento de la observancia del Derecho internacional humanitario,

–  Vistas las Directrices actualizadas de la Unión Europea para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario(1),

–  Visto el informe del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre Humanitaria Mundial, titulado «La humanidad: responsabilidad compartida», de 2 de febrero de 2016,

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1998 (2011), de 12 de julio de 2011, y 2143 (2014), de 7 de marzo de 2014, relativas a la protección de los niños afectados por conflictos armados,

–  Vista la Resolución A/RES/64/290 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 9 de julio de 2010, sobre el derecho a la educación en situaciones de emergencia,

–  Vistas la Declaración sobre Escuelas Seguras, de mayo de 2015, abierta a la aprobación en la Conferencia de Oslo sobre Escuelas Seguras organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega en mayo de 2015, y las Directrices conexas para proteger a las escuelas y universidades de la posibilidad de ser usadas con fines militares durante un conflicto armado;

–  Vista la Resolución, de 10 de diciembre de 2015, de la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre el fortalecimiento del cumplimiento del Derecho internacional humanitario,

–  Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2016, sobre la situación humanitaria en Yemen(2),

–  Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2015, sobre la crisis humanitaria en Irak y Siria, en particular en el contexto del Estado Islámico(3),

–  Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2015, sobre la preparación para la Cumbre Humanitaria Mundial: retos y oportunidades para la ayuda humanitaria(4),

–  Vista la pregunta al Consejo sobre los ataques a hospitales y escuelas, una violación del Derecho internacional humanitario (O-000063/2016 – B8-0361/2016),

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el desarrollo y el fortalecimiento del Derecho internacional humanitario a lo largo de los pasados 150 años constituyen un logro fundamental para la humanidad; que la primera Cumbre Humanitaria Mundial se celebrará en Estambul los días 23 y 24 de mayo de 2016; que el secretario general de las Naciones Unidas, en su informe para la Cumbre Humanitaria Mundial, titulado «La humanidad: responsabilidad compartida», llama la atención sobre lo que él denomina «la erosión desvergonzada y brutal del respeto de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho humanitario» en situaciones de conflictos armados, lo que amenaza con provocar la vuelta a la era de las guerras sin límites; que, de acuerdo con el informe, el hecho de no exigir y promover el respeto de nuestras normas compartidas y no apoyar el cumplimiento de la ley ni los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas contribuye a dicha erosión;

B.  Considerando que el Derecho internacional humanitario tiene por objeto aliviar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a las personas que no participan o ya no participan directamente en las hostilidades y regulando los medios y métodos de hacer la guerra;

C.  Considerando que la comunidad internacional ha asistido a la terrible tendencia en los conflictos armados a atentar contra hospitales y escuelas en todo el mundo, cuyos casos más recientes los constituyen Yemen, Afganistán, Siria y los Territorios Palestinos ocupados; que se ha denunciado que las fuerzas sirias y rusas atacan hospitales como estrategia de guerra en el conflicto sirio;

D.  Considerando que los hospitales y el personal médico están protegidos de forma específica en el marco del Derecho internacional humanitario y que el ataque deliberado a civiles y a infraestructuras civiles constituye una violación grave del Derecho internacional humanitario, como en el caso de otras acciones relacionadas con la asistencia sanitaria, incluida la denegación del acceso;

E.  Considerando que, desde el 14 de marzo de 2016, cincuenta y dos Estados —incluidos algunos Estados miembros de la Unión, pero no todos— han respaldado la Declaración sobre Escuelas Seguras, tras la Conferencia de Oslo sobre Escuelas Seguras, celebrada en mayo de 2015;

F.  Considerando que, al aprobar las Directrices de la Unión Europea para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario, el Consejo de Asuntos Exteriores puso de relieve la importancia de abordar eficazmente las consecuencias de las violaciones graves, respaldando para ello la creación de mecanismos adecuados de asunción de responsabilidad, y destacó el papel crucial que puede desempeñar la Corte Penal Internacional (CPI) en aquellos casos en los que el Estado o los Estados en cuestión no puedan o no quieran ejercer su jurisdicción; que las Directrices de la Unión obligan a los correspondientes Grupos del Consejo a llevar a cabo un seguimiento de las situaciones en las que podría ser de aplicación el Derecho internacional humanitario y, en esos casos, hacer las correspondientes recomendaciones para promover la observancia del Derecho internacional humanitario; que también las fuerzas armadas de Estados que no son parte de la CPI cometen violaciones del Derecho internacional humanitario;

G.  Considerando que, entre 2012 y 2015, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) organizó un gran proceso de consulta sobre el modo de reforzar la protección jurídica de las víctimas de conflictos armados y mejorar la eficacia de los mecanismos de observancia del Derecho internacional humanitario;

H.  Considerando que los Estados que participaron en la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en diciembre de 2015 no fueron capaces finalmente de alcanzar un acuerdo sobre un nuevo mecanismo propuesto por la Conferencia y el Gobierno suizo para reforzar la observancia del Derecho internacional humanitario; que el nuevo mecanismo propuesto habría implicado la convocatoria de una reunión anual de Estados parte en los Convenios de Ginebra; que los Estados participantes acordaron iniciar un nuevo proceso intergubernamental a fin de encontrar vías para mejorar la aplicación del Derecho internacional humanitario con el fin de presentar los resultados en la próxima Conferencia Internacional, que tendrá lugar en 2019;

1.  Reitera la contribución fundamental del Derecho internacional humanitario a la historia moderna de la humanidad, y pide a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas que aprovechen la oportunidad que supone la Cumbre Humanitaria Mundial de reafirmar la importancia fundamental del Derecho internacional humanitario y la protección que ofrece;

2.  Condena los ataques contra hospitales, escuelas y otros objetivos civiles que se siguen produciendo con una frecuencia alarmante en los conflictos armados de todo el mundo; recuerda a todas las partes que los hospitales y el personal médico están protegidos de forma explícita en el marco del Derecho internacional humanitario y que el ataque deliberado a civiles y a infraestructuras civiles representa un crimen de guerra;

3.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que reconozcan el verdadero alcance de esta situación de emergencia y elaboren sin demora un plan de acción con plazos definidos, que utilicen su influencia para poner fin a tales violaciones y abusos y que apoyen las investigaciones imparciales e independientes sobre todas las presuntas violaciones del Derecho internacional humanitario;

4.  Rinde tributo al coraje y la dedicación admirables del personal médico, educativo y humanitario local e internacional que trabaja en zonas en conflicto;

5.  Reitera la necesidad vital de preservar las instalaciones sanitarias y educativas como espacios neutros y protegidos en las situaciones de conflicto armado; expresa su preocupación por la distinción difusa entre los agentes humanitarios y militares y la utilización de la acción humanitaria para fines militares o políticos, que menoscaba y pone en riesgo las verdaderas operaciones humanitarias, así como a su personal; lamenta, en este sentido, que no se abordase el papel del ejército en relación con la ayuda humanitaria en la Comunicación de la Comisión sobre la Cumbre Humanitaria Mundial;

6.  Destaca la importancia de reforzar los sistemas internacionales judiciales y de investigación, incluida la CPI, como complemento de los marcos nacionales, para poner fin a la impunidad de las violaciones del Derecho internacional humanitario; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que continúen fomentando lar universalidad, preservando la integridad del Estatuto de Roma y apoyando a la CPI y a las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la lucha mundial contra la impunidad;

7.  Lamenta que muchos socios próximos de la Unión y de sus Estados miembros cometan graves violaciones del Derecho internacional humanitario, entre ellos, ataques contra hospitales y escuelas, como puede verse en los recientes ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones de Médicos sin Fronteras en Afganistán, en las operaciones de la coalición militar encabezada por Arabia Saudí en Yemen y en los ataques de Israel contra Gaza en verano de 2014; pide a la Unión que utilice todos los instrumentos bilaterales a su disposición para fomentar de manera eficaz que sus socios respeten el Derecho internacional humanitario, también mediante el diálogo político y, en caso de que tal diálogo no obtenga resultados, valore otras medidas conformes a las Directrices de la Unión para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario; pide, en general, que la Unión apoye iniciativas destinadas a ampliar el conocimiento del Derecho internacional humanitario y las mejores prácticas en su aplicación;

8.  Pide a la VP/AR que ponga en marcha una iniciativa destinada a imponer un embargo de la Unión a la venta de armas a los países acusados de violaciones graves del Derecho internacional humanitario, en especial en cuanto a los ataques deliberados contra infraestructuras civiles; hace hincapié en que continuar autorizando la exportación de armas a estos países contraviene la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008(5);

9.  Destaca que actores no estatales, por ejemplo ejércitos privados y empresas de seguridad, pueden ser responsables de violaciones del Derecho internacional humanitario; reitera, en este contexto, su absoluta condena de los ataques recientes contra escuelas y niños perpetrados por grupos terroristas en Nigeria y Pakistán; sugiere que se estudie la posibilidad de aplicar y ampliar la posición común de la Unión sobre la exportación de armas a la transferencia de servicios relacionados con la exportación de armas, como los servicios de consultoría, y a otras actividades en terceros países de empresas militares privadas con sede en la Unión; pide asimismo la adopción de un planteamiento unificado de la Unión sobre la cuestión de los arsenales flotantes;

10.  Reconoce la importancia de las Directrices de la Unión para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario, pero lamenta que su aplicación por parte de las instituciones de la Unión y de los Estados miembros y el nivel de conocimiento entre los funcionarios sigan siendo muy inadecuados;

11.  Pide al Consejo de Asuntos Exteriores y a la VP/AR que revisen la actual distribución de responsabilidades, según la cual la aplicación de las directrices en materia de Derecho internacional humanitario compete principalmente al Grupo de trabajo del Consejo sobre Derecho Internacional Público; hace hincapié, en este contexto, en que las Directrices de la Unión obligan a los grupos del Consejo correspondientes a llevar a cabo un seguimiento de las situaciones en las que podría ser de aplicación el Derecho internacional humanitario y, en esos casos, a recomendar cómo hay que actuar para promover su observancia; pide a los grupos de trabajo del Consejo pertinentes, en especial al Grupo de trabajo del Consejo sobre los Derechos Humanos (COHOM), que utilicen su mandato para abordar la actual crisis de incumplimiento; pide a la Unión y a los Estados miembros que sean más transparentes en cuanto a la aplicación de las Directrices en situaciones concretas de conflicto, en especial en el informe anual de la Unión sobre derechos humanos y democracia;

12.  Recuerda la posición adoptada en las Directrices de la Unión, en el sentido de que puede estudiarse, cuando proceda, acudir a la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta, creada conforme al Protocolo adicional I de los Convenios de Ginebra de 1949, que puede contribuir a fomentar el respeto del Derecho internacional humanitario a través de su capacidad de investigación y de sus buenos oficios; lamenta que no se haya recurrido a los servicios de dicha comisión, e insta al Consejo, a los Estados miembros y al SEAE a que valoren seriamente acudir a ella, por primera vez desde su creación, a fin de abordar los ataques a hospitales y escuelas, como una situación de crisis urgente relativa al respeto de las normas del Derecho internacional humanitario; pide a todos los Estados miembros de la Unión (por tanto, también a Francia y Letonia) que reconozcan las competencias de la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta;

13.  Observa con preocupación el espacio institucional actualmente limitado destinado a que la comunidad internacional aborde problemas comunes relativos a la aplicación del Derecho internacional humanitario; lamenta, en este contexto el fracaso de los Estados que participaron en la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en diciembre de 2015 a la hora de acordar un nuevo mecanismo que podría haber reforzado el sistema de gobernanza del Derecho internacional humanitario;

14.  Celebra el compromiso de la Unión y de sus Estados miembros con el CICR de apoyar firmemente la creación de un mecanismo eficaz de refuerzo de la observancia del Derecho internacional humanitario, pero pide a la VP/AR que informe al Parlamento acerca de sus objetivos y su estrategia en lo relativo al respeto de este compromiso en el futuro proceso intergubernamental; insiste, en este sentido, en la necesidad de un mecanismo internacional para registrar y recopilar datos e informar acerca de las violaciones del Derecho internacional humanitario, comparable con el elaborado sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas; manifiesta, en este contexto, su pleno apoyo a las reuniones públicas y periódicas de las partes de los Convenios de Ginebra, al igual que otros convenios de Naciones Unidas, a fin de evaluar el cumplimiento de las obligaciones de las partes firmantes;

15.  Celebra la práctica de la Unión y los Estados miembros de asumir compromisos con motivo de la conferencia del CICR; pide a la VP/AR que informe periódicamente sobre la realización de estos compromisos, en especial a través de la inclusión de una sección detallada en el capítulo sobre Derecho internacional humanitario en el informe anual del Consejo sobre derechos humanos;

16.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que den ejemplo y cumplan sus compromisos de ratificar los principales instrumentos en materia de Derecho internacional humanitario y otros instrumentos jurídicos pertinentes que repercuten en el Derecho internacional humanitario; lamenta, en particular, que siete Estados miembros no hayan ratificado todavía la Convención sobre Municiones en Racimo, que solo doce hayan ratificado la Convención contra las desapariciones forzadas y que un Estado miembro no haya ratificado todavía el Tratado sobre el Comercio de Armas; pide a los Estados miembros que adopten medidas urgentes con miras a corregir esta situación;

17.  Insta a todos los Estados miembros a adherirse sin demora a la Declaración sobre Escuelas Seguras, así como a las recomendaciones formuladas en la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

18.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que respalden una prohibición mundial del uso de fósforo blanco, en especial mediante la celebración de un nuevo protocolo a la Convención sobre ciertas armas convencionales que prohíba el uso de tales armas;

19.  Insta a la VP/AR y a los Estados miembros a que apoyen las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las armas de uranio empobrecido y que elaboren una posición común de la Unión que refleje mejor los llamamientos reiterados del Parlamento en favor de una moratoria mundial preventiva y el desarrollo de un consenso mundial sobre los posibles riesgos para la salud de los civiles, la compleja carga de gestión después del conflicto y los costes financieros asociados a su uso;

20.  Pide a aquellos Estados miembros que aún no hayan introducido una prohibición de las inversiones en empresas que producen, comercian o mantienen tratos comerciales de otro tipo en relación con minas terrestres, que lo hagan con carácter urgente;

21.  Insiste en la importancia de velar por la coherencia de la política exterior de la Unión respecto a situaciones de ocupación o anexión de territorios; recuerda que el Derecho internacional humanitario debe guiar la política de la Unión en relación con estas situaciones, también en casos de ocupación prolongada como los Territorios Palestinos, el Sáhara Occidental o el norte de Chipre, y los múltiples conflictos enquistados en los países de la Asociación Oriental;

22.  Insiste en su preocupación por el uso de drones armados fuera del marco jurídico internacional, y lamenta que su llamamiento al Consejo en pos de la adopción de una posición común de la Unión sobre el uso de drones armados siga sin respuesta; insiste en la necesidad de que la Unión y sus Estados miembros fomenten una mayor transparencia y rendición de cuentas en el uso de drones armados; insta nuevamente al Consejo a que adopte una política que prohíba el uso de sistemas de armas automáticas;

23.  Hace hincapié en que la guerra asimétrica y la lucha antiterrorista no justifican la flexibilización ni el rechazo del Derecho internacional humanitario; lamenta la repercusión negativa de las medidas contra el terrorismo en la acción humanitaria, incluida la intensificación de los procedimientos administrativos de contratación e investigación de los socios, que puede obstaculizar considerablemente la prestación de ayuda a las poblaciones de las zonas donde pueden estar activos grupos armados calificados de terroristas; insiste en que las medidas contra el terrorismo no deben poner en peligro las labores humanitarias y deben cumplir escrupulosamente los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario;

24.  Manifiesta su preocupación ante la falta de transparencia y de información pública en relación con los ataques militares efectuados por Estados miembros de la Unión, o con su participación, en el contexto de coaliciones internacionales, también contra el denominado Estado Islámico en Siria e Irak; pide a los Estados miembros que faciliten información precisa acerca de su implicación militar en dichas coaliciones y de las medidas adoptadas para garantizar el pleno cumplimiento del Derecho internacional humanitario;

25.  Insta a la VP/AR a que modifique y adapte los documentos y directrices pertinentes de planificación y aplicación en el ámbito de las operaciones militares dentro de la política común de seguridad y defensa (PCSD), en especial el Concepto de la Unión sobre el uso de la fuerza; insta a los mandos militares a que formulen reglas de enfrentamiento suficientemente claras y precisas de modo que los soldados puedan observar fácilmente las normas del Derecho internacional humanitario;

26.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, al Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a los Gobiernos de los Estados miembros de las Naciones Unidas.

 

(1)

DO C 303 de 15.12.2009, p. 12.

(2)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0066.

(3)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0040.

(4)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0459.

(5)

DO L 335 de 13.12.2008, p. 99.

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