Procedimiento : 2016/2747(RSP)
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B8-0734/2016

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PV 08/06/2016 - 12.18
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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1.6.2016
PE596.900v01-00
 
B8-0734/2016

tras una declaración de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre los alteradores endocrinos: estado de la cuestión tras la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 2015 (2016/2747(RSP))


Sylvie Goddyn en nombre del Grupo ENF

Resolución del Parlamento Europeo sobre los alteradores endocrinos: estado de la cuestión tras la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 2015 (2016/2747(RSP))  
B8-0734/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas(1),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE(2),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión(3),

–  Vista la sentencia del Tribunal General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de diciembre de 2015, en el asunto T-521/14, Suecia/Comisión(4), en el que el Reino de Suecia, con el apoyo de, entre otros, el Parlamento Europeo, inició un procedimiento contra la Comisión Europea por no haber adoptado actos delegados que precisasen los criterios científicos aplicables para determinar la existencia de propiedades de alteración endocrina,

–  Visto el artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistos el artículo 17, apartado 8, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 234 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la carta del Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, de 22 de marzo de 2016, dirigida al Presidente del Parlamento Europeo ((2016)1416502),

–  Vista la propuesta de la Comisión, de noviembre de 2015, relativa a una nueva medida sobre bisfenol A en los materiales en contacto con los alimentos(5),

–  Vista la declaración de la Comisión, de 25 de mayo de 2016, sobre los alteradores endocrinos: estado de la cuestión tras la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 2015,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el Reglamento (UE) n.º 528/2012 se basa en el principio de cautela y persigue el objetivo de garantizar que la producción y comercialización de sustancias activas y biocidas en el mercado no tengan efectos nocivos en la salud humana o animal ni efectos inaceptables en el medio ambiente;

B.  Considerando que, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 528/2012, la Comisión debía adoptar, a más tardar el 13 de diciembre de 2013, actos delegados que precisasen los criterios científicos aplicables para determinar la existencia de propiedades de alteración endocrina de sustancias activas y biocidas;

C.  Considerando que la Comisión no ha adoptado los mencionados actos delegados, ni antes ni después del 13 de diciembre de 2013;

D.  Considerando que el Tribunal General falló, en su sentencia de 16 de diciembre de 2015, que la Comisión tenía una obligación clara, precisa e incondicional de adoptar, a más tardar el 13 de diciembre de 2013, actos delegados que precisasen los criterios científicos mencionados anteriormente;

E.  Considerando que el Tribunal General rechazó un argumento jurídico específico presentado por la Comisión para justificar su inacción y, en el apartado 74 de su sentencia, declara de forma inequívoca que ninguna disposición del Reglamento (UE) n.º 528/2012 requiere una evaluación de impacto de los criterios científicos basados en el riesgo;

F.  Considerando que, en el Pleno del Parlamento del 2 de febrero de 2016, la Comisión, representada por el comisario responsable de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Povilas Andriukaitis, declaró que la evaluación de impacto actúa como una herramienta útil e incluso fundamental para guiar las futuras decisiones sobre el establecimiento de estos criterios y, además, que la intención de la Comisión era presentar, en primer lugar, un reglamento de ejecución que contuviera los criterios que se aplicarían a las sustancias químicas sujetas al Reglamento relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y sujetas al procedimiento de reglamentación con control y, en segundo lugar, un acto delegado que contuviera los criterios aplicables a tenor del Reglamento sobre biocidas;

G.  Considerando que el Presidente Juncker confirmó, en su carta de 22 de marzo de 2016 anteriormente mencionada, dirigida al Presidente del Parlamento Europeo, que la intención de la Comisión era solicitar, primero, el dictamen del Comité de Control Reglamentario sobre la evaluación de impacto, a pesar de que el Tribunal General había manifestado que ninguna disposición del Reglamento (UE) n.º 528/2012 requiere una evaluación de impacto de los criterios científicos basados en el riesgo;

H.  Considerando que tales declaraciones constituyen una confirmación de un incumplimiento continuo, reiterado y repetido del Reglamento (UE) n.º 528/2012 y de la sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2015;

I.  Considerando que el primer párrafo del artículo 266 del TFUE establece que «la institución, órgano u organismo del que emane el acto anulado, o cuya abstención haya sido declarada contraria a los Tratados, estarán obligados a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea»;

J.  Considerando, por tanto, que dicho incumplimiento reiterado constituye una clara violación de los Tratados;

K.  Considerando que el Reglamento (CE) n.º 1935/2004 se basa en el principio de que cualquier material u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana, o para ocasionar una modificación inaceptable de la composición de los productos alimenticios o una alteración de las características organolépticas de éstos;

L.  Considerando que el artículo 18 del Reglamento (CE) n.º 1935/2004 establece que si, sobre la base de una nueva información o de una nueva valoración de los datos existentes, un Estado miembro tiene razones fundadas para determinar que el empleo de un material u objeto representa un peligro para la salud humana, podrá suspender o limitar provisionalmente la aplicación de las normas específicas de la Unión, como las relativas a los plásticos; que, en virtud de esas mismas normas y después de obtener, si procede, un dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la Comisión tiene la obligación de decidir si estas medidas son necesarias y de emprender acciones para que estas o sean adoptadas o decaigan;

M.  Considerando que, a tenor de estas medidas de salvaguardia, varios Estados miembros han introducido prohibiciones nacionales sobre el uso de sustancias sospechosas de ser alteradores endocrinos en materiales de plástico en contacto con los alimentos, así como en otros materiales como los revestimientos; que Dinamarca y Bélgica han introducido prohibiciones nacionales sobre el uso de bisfenol A en materiales en contacto con los alimentos destinados a lactantes y niños de corta edad, al igual que ha hecho Suecia con respecto a los revestimientos y barnices, únicamente en materiales en contacto con los alimentos destinados a lactantes y niños de corta edad, o Francia con respecto a todos los envases, contenedores y utensilios en contacto con productos alimenticios;

N.  Considerando que la obligación jurídica de la Comisión de emprender acciones se aplica a los Estados miembros que han alegado estos motivos para aplicar el artículo 18, a saber, Francia, Dinamarca y Bélgica; que estos Estados miembros, además de Suecia, han informado sobre sus medidas en la medida en que conciernen materiales para los cuales no existen medidas específicas armonizadas a escala de la Unión, como exige el procedimiento de notificación contemplado en la Directiva 2015/1535;

O.  Considerando que el Reglamento (EC) n.º 1907/2006 se basa en el principio de garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y el medio ambiente;

1.  Destaca la incapacidad de la Comisión de garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente;

2.  Recuerda que la Comisión no ha cumplido con su obligación de adoptar actos delegados conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 528/2012;

3.  Recuerda que la obligación de la Comisión era precisar los criterios científicos aplicables para determinar la existencia de propiedades de alteración endocrina de sustancias activas y biocidas, al tiempo que, según las Directrices para la mejora de la legislación de la Comisión, de 19 de mayo de 2015, la función de la evaluación de impacto es reunir pruebas que permitan determinar si la futura acción legislativa o no legislativa de la Unión está justificada y cuál es la mejor forma de planificar tal acción para conseguir los objetivos políticos deseados;

4.  Considera inaceptable que, incluso tras la condena del Tribunal General en su sentencia de 16 de diciembre de 2015, la Comisión no haya propuesto los actos delegados que precisen los criterios científicos aplicables para determinar la existencia de propiedades de alteración endocrina de sustancias activas y biocidas;

5.  Denuncia la falsedad y la falta de contenido de los intentos de la Comisión de retrasar su propia intervención, así como su intento de justificar la necesidad de adoptar una evaluación de impacto que no exige la legislación, cuando ya es de conocimiento público que se ha dejado influir por los grupos de presión industriales, la OMC y los Estados Unidos de América para no publicar los criterios científicos aplicables para determinar la existencia de propiedades de alteración endocrina;

6.  Destaca otro incumplimiento de los Tratados por parte de la Comisión, en la medida en que la Comisión no ha adoptado todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal General;

7.  Pide a la Comisión que autorice a los Estados miembros a decidir si introducen la prohibición del uso y la importación de los productos que consideren que son alteradores endocrinos;

8.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1)

DO L 167 de 27.6.2012, p. 1.

(2)

DO L 338 de 13.11.2004, p. 4.

(3)

DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.

(4)

Sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2015, Suecia/Comisión (T-521/14, EU:T:2015:976).

(5)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_sante_534_bpa_measure_en.pdf.

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