Propuesta de resolución - B8-1163/2016Propuesta de resolución
B8-1163/2016

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación de los periodistas en Turquía

24.10.2016 - (2016/2935(RSP))

tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento

Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miltiadis Kyrkos en nombre del Grupo S&D

Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-1162/2016

Procedimiento : 2016/2935(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento :  
B8-1163/2016
Textos presentados :
B8-1163/2016
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B8-1163/2016

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los periodistas en Turquía

(2016/2935(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Turquía, en particular su Resolución, de 15 de enero de 2015, sobre la libertad de expresión en Turquía: detenciones recientes de periodistas y directivos de medios de comunicación y presión sistemática contra los medios de comunicación[1],

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 18 de julio de 2016, sobre Turquía,

–  Vistas las declaraciones del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa,

–  Vista la declaración conjunta de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y del comisario de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, de 16 de julio de 2016, sobre la situación en Turquía,

–  Vista la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante y del comisario de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, de 21 de julio de 2016, sobre la declaración del estado de excepción en Turquía,

–  Visto el Diálogo Político de Alto Nivel, de 9 de septiembre de 2016, entre la Unión Europea y Turquía,

–  Visto que el respeto del Estado de Derecho, también de la libertad de expresión, ocupa un lugar central en el proceso de adhesión a la Unión,

–  Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el 15 de julio de 2016 se produjo en Turquía un intento de derrocamiento ilegal del gobierno elegido durante el cual 250 personas fueron asesinadas y más de 2 100 resultaron heridas;

B.  Considerando que, como consecuencia del intento de golpe de Estado de 15 de julio de 2016, la policía turca ha detenido al menos a 99 periodistas y escritores, sin que se hayan presentado cargos contra la mayoría de ellos hasta el momento, lo que eleva al menos a 130, a fecha de 20 de octubre de 2016, la cifra de profesionales de los medios de comunicación detenidos por cargos que se creen relacionados con el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión; que 64 de dichos periodistas detenidos tras el 15 de julio de 2016 han sido liberados;

C.   Considerando que entre los periodistas detenidos se encuentran la conocida novelista Asli Erdogan, que era también miembro del consejo asesor y columnista del diario kurdo Özgür Gündem actualmente cerrado, el intelectual y columnista Mehmet Altan junto con su hermano Ahmet Altan, escritor y antiguo editor del semanario Taraf;

D.  Considerando que la existencia de unos medios de comunicación libres, plurales e independientes es esencial en toda sociedad democrática; que sin libertad de expresión ni libertad de prensa es imposible pensar en una ciudadanía activa y comprometida;

E.  Considerando que, en virtud de las disposiciones del decreto promulgado tras la declaración del estado de excepción, se les ha negado a dichos periodistas detenidos el derecho a la asistencia de letrado durante los cinco primeros días de su detención, el derecho a la elección de abogado durante la detención policial y a la confidencialidad de las relaciones entre cliente y abogado, y se han impuesto restricciones a su derecho a recibir visitas; que algunos periodistas sufren restricciones aún más estrictas;

F.  Considerando que varios de los periodistas detenidos han sido presuntamente maltratados, amenazados, insultados y atacados en prisión; que existen graves acusaciones que indican que Bilir Kaya e Inan Kizilkaya, coeditores en jefe del diario Özgür Gündem, actualmente cerrado, habrían sido torturados en prisión;

G.  Considerando que durante los primeros dos meses y medio desde la declaración del estado de excepción las autoridades clausuraron en torno a 150 medios de comunicación y compañías editoras, lo que ha dejado sin empleo a más de 2 300 periodistas y profesionales de los medios de comunicación;

H.  Considerando que, como consecuencia del intento de golpe de Estado, diversos periodistas han sido objeto de sanciones administrativas, incluidas la confiscación de pasaportes, las restricciones de viajes a los titulares de unos pasaportes «grises» especiales, la retirada de carnets de prensa, y otras restricciones arbitrarias, como las detenciones temporales sin cargos; que el estado de excepción ha suspendido toda posibilidad de interponer recurso legal contra dichas decisiones;

I.  Considerando que, como consecuencia del intento de golpe de Estado, varios familiares de periodistas, pese a no estar ellos mismos bajo investigación, han sido asimismo detenidos y objeto de sanciones administrativas, entre ellas, la confiscación de pasaportes;

J.  Considerando que, tras el intento de golpe de Estado, varios periodistas extranjeros han sido detenidos y deportados fuera de Turquía;

K.  Considerando que más de 150 medios de comunicación han sido clausurados tras el fallido golpe de Estado, incluidos 46 periódicos, 29 cadenas de televisión, 31 emisoras de radio, 3 agencias de noticias, 16 revistas y 28 editoriales; que Zarok TV, un canal de dibujos animados infantiles que se emite en lengua kurda, se halla entre los afectados;

L.  Considerando que, con el reciente cierre violento de las principales cadenas de radio y televisión de la oposición en el transcurso de redadas policiales, incluidas IMC TV, Hayatin Sesi TV y Özgür Radyo, y la detención de sus periodistas, la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión están en grave peligro en Turquía, mientras el pluralismo corre el riesgo de desaparecer y crece enormemente la autocensura;

M.  Considerando que Turquía se encuentra en la posición 151 entre 180 países en la última Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras; que Turquía figura como «no libre» en cuanto a libertad de prensa y solo «parcialmente libre» en cuanto a libertad de internet en la clasificación elaborada por Freedom House sobre la libertad de prensa y de los medios de comunicación;

N.  Considerando que el respeto del Estado de Derecho y los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión, constituye el núcleo de los valores de la Unión, con los que Turquía se ha comprometido formalmente a través de su solicitud de adhesión a la Unión y las negociaciones relativas a esta, así como a través de su pertenencia plena al Consejo de Europa;

1.  Condena enérgicamente el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016 en Turquía; apoya las instituciones legítimas de Turquía; lamenta el elevado número de víctimas y manifiesta su solidaridad con las víctimas y sus familiares;

2.  Hace hincapié en que el Gobierno turco tiene el derecho y la obligación de investigar el atroz intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016 y de llevar a los responsables ante la justicia; condena, sin embargo, la represión masiva contra periodistas, escritores y representantes de los medios de comunicación en Turquía, incluidos periodistas de reconocido prestigio como Nazli Ilicak, Sahin Alpay, Asli Erdogan, Murat Aksoy, Ahmet Altan y Mehmet Altan, sin pruebas de su participación individual en un delito;

3.  Reitera que la situación de los periodistas y la libertad de los medios de comunicación se ha deteriorado a lo largo de los últimos años y expresa su preocupación por que, tras la declaración del estado de excepción, se haya producido un nuevo retroceso en lo que se refiere a la libertad de los medios de comunicación en Turquía;

4.  Pide a las autoridades turcas que liberen inmediata e incondicionalmente a todos los periodistas encarcelados, a falta de pruebas contundentes de actividad delictiva; subraya la necesidad de evitar la detención de periodistas sobre la base del contenido de su periodismo o de sus supuestas adscripciones, incluso en los casos en que se haya presentado una acusación en su contra, y de garantizar que la prisión preventiva sigue siendo una excepción;

5.  Reafirma que una prensa libre y plural constituye un elemento esencial de toda democracia; recuerda a las autoridades turcas que deben ser extremadamente cuidadosas cuando traten con los medios de comunicación y los periodistas, ya que las libertades de expresión y de prensa siguen siendo esenciales para el funcionamiento de una sociedad abierta y democrática; alienta al Gobierno turco a proporcionar instrucciones claras a la policía y a los fiscales sobre la importancia de la libertad de los medios de comunicación y a velar por que cualquier decisión acerca de la apertura de procedimientos penales contra periodistas o medios de comunicación se basa en pruebas claras de infracción penal, satisface el criterio de interés público y no socava la libertad de expresión;

6.  Recuerda a las autoridades turcas que los decretos de urgencia no deben servir de pretexto para facilitar violaciones graves de los derechos humanos, silenciar el disenso y cerrar medios de comunicación; reafirma que los derechos humanos y el Estado de Derecho deben defenderse de conformidad con los principios del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre los que se incluyen el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, la presunción de inocencia, la seguridad jurídica, no hay pena sin ley, la individualización de los delitos, las garantías procesales, la independencia judicial, la información amplia y transparente sobre las acusaciones y el pleno acceso a las pruebas inculpatorias;

7.  Pide a las autoridades turcas que anulen las sanciones administrativas contra periodistas, incluidas la retirada de pasaportes y carnets de prensa, las restricciones de viajes a los titulares de pasaportes «grises» especiales y otras restricciones arbitrarias, como las detenciones temporales sin cargos;

8.  Insta a las autoridades turcas a que se abstengan de tratar también a los familiares de periodistas bajo sospecha como potenciales sospechosos y de aplicar contra ellos sanciones administrativas o de otro tipo;

9.  Pide a las autoridades turcas que eviten la violencia, las amenazas o los malos tratos contra los sospechosos y que lleve a cabo una investigación creíble de los casos comprobados; pide al Gobierno turco que investigue las denuncias de tortura de periodistas encarcelados, en particular de los coeditores en jefe del diario Özgür Gündem, actualmente cerrado, Bilir Kaya e Inan Kizilkaya;

10.  Manifiesta su profunda preocupación por el cierre de más de 150 medios de comunicación, incluidos IMC TV y Zarok TV, que emite dibujos animados infantiles en lengua kurda; exige su reapertura, el restablecimiento de su independencia y la readmisión de los empleados despedidos; pide a las autoridades turcas que pongan fin a la práctica de utilizar de un modo incorrecto las disposiciones de su Código Penal con el fin de nombrar administradores en los medios de comunicación privados y que acaben con las interferencias ejecutivas en los medios de comunicación independientes, también sobre las decisiones editoriales, los despidos de periodistas y editores, y las presiones e intimidaciones contra los medios de comunicación y los periodistas críticos;

11.  Insta a Turquía a suavizar el tenso clima político tras el golpe de Estado, que genera un ambiente que coarta la libertad de expresión en los medios de comunicación y en internet;

12.  Subraya que Turquía se enfrenta a una amenaza real del terrorismo; reitera, no obstante, que el amplio margen de la legislación antiterrorista turca no debe emplearse para castigar a los periodistas por ejercer su derecho a la libertad de expresión;

13.  Insta a Turquía a que trabaje en aquellas reformas que establezcan unos mecanismos de control y equilibrios adecuados que garanticen plenamente la libertad, incluidas las de pensamiento, expresión y de los medios de comunicación, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos;

14.  Reitera que debe prestarse una mayor atención a los medios independientes en el marco del Instrumento de Ayuda Preadhesión, y pide a la Delegación de la UE en Turquía que vigile de cerca los próximos juicios contra todos los periodistas y escritores;

15.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de Turquía.