Procedimiento : 2016/2885(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-1227/2016

Textos presentados :

B8-1227/2016

Debates :

PV 24/11/2016 - 12
CRE 24/11/2016 - 12

Votaciones :

PV 01/12/2016 - 6.25
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2016)0480

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 195kWORD 59k
16.11.2016
PE593.656v01-00
 
B8-1227/2016

tras la pregunta con solicitud de respuesta oral B8-1809/2016

presentada de conformidad con el artículo 128, apartado 5, del Reglamento


sobre el acceso a la energía en los países en desarrollo (2016/2885(RSP))


Linda McAvan en nombre de la Comisión de Desarrollo

Resolución del Parlamento Europeo sobre el acceso a la energía en los países en desarrollo (2016/2885(RSP))  
B8-1227/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en particular el ODS n.º 7, relativo al acceso a la energía, y los ODS n.º 12 y 13, relativos a la producción y consumo responsables y a la acción por el clima, respectivamente,

–  Vista la iniciativa Energía Sostenible para Todos (SE4ALL) puesta en marcha por las Naciones Unidas en 2011,

–  Vista la iniciativa de la Comisión denominada «Desarrollo energizante», puesta en marcha en 2012 para proporcionar a 500 millones de personas más acceso a energía sostenible en los países en desarrollo en el horizonte 2030,

–  Visto el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que establece que el objetivo principal de la política de la Unión en el ámbito de la cooperación será la reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza,

–  Vistos el artículo 191 del TFUE y la política climática de la Unión,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo(1) (ICD) y, en particular, su anexo I, que incluye disposiciones relativas a la energía sostenible en los programas geográficos, y su anexo II, en el que se recogen disposiciones sobre los aspectos relacionados con la energía sostenible del programa «Restos y bienes públicos mundiales»,

–  Vistos los documentos de programación pertinentes en el marco del ICD y del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), incluidos los programas indicativos nacionales (PIN), que incluyen un ámbito prioritario relacionado con la energía, así como los Programas de Acción Anual (PAA) por los que se aplican los NIP,

–  Vista la iniciativa del Pasillo de energía limpia de África de 2014, que vela por promover el despliegue acelerado de las energías renovables en África y la reducción de las emisiones de carbono y la dependencia de los combustibles fósiles importados;

–  Visto su examen de los proyectos de documentos de programación pertinentes en el marco del ICD y del FED antes de su aprobación por sus comités respectivos,

–  Vistas la 21.ª Conferencia de las Partes (COP 21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC), celebrada en París en diciembre de 2015, y la adopción del Acuerdo de París, el primer acuerdo mundial y universal en materia de clima jurídicamente vinculante,

–  Vista la 22.ª Conferencia de las Partes (COP 22) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC) celebrada en Marrakech del 7 al 18 de noviembre de 2016,

–  Visto el informe de 16 de noviembre de 2000 de la Comisión Mundial sobre Represas titulado «Un nuevo marco para la toma de decisiones»,

–  Vistas sus Resoluciones, de 27 de septiembre de 2011, sobre la financiación destinada al refuerzo de las presas en los países en desarrollo(2), de 2 de febrero de 2012, sobre la cooperación al desarrollo de la UE en apoyo al objetivo de acceso universal a la energía para 2030(3), y de 12 de junio de 2012, sobre cooperar en materia de política energética con socios más allá de nuestras fronteras: una estrategia para un suministro energético seguro, sostenible y competitivo(4) ,

–  Visto el Informe Especial n.º 15/2015 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 12 de marzo de 2015, titulado «El apoyo del Fondo ACP-UE para la Energía a la energía renovable en África oriental»,

–  Vista la pregunta a la Comisión sobre el acceso a la energía en los países en desarrollo (O-000134/2016 – B8-1809/2016),

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Desarrollo,

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el acceso sostenible a una energía asequible, fiable y segura es fundamental para satisfacer de las necesidades y los derechos humanos básicos, en particular el acceso al agua potable, el saneamiento, un entorno seguro y protegido, la atención sanitaria, la calefacción y la educación, que es esencial para prácticamente todo tipo de actividad económica y un motor clave del desarrollo; que también existen aspectos de seguridad y geopolíticos en el acceso a la energía, y que las cuestiones energéticas pueden convertirse en fuente de conflictos;

B.  Considerando que 1 200 millones de personas no tienen acceso a la electricidad y que para un número todavía mayor este acceso no puede considerarse fiable; que la mitad de las personas que no tienen acceso a la electricidad viven en África; y que su número está en aumento, ya que en este continente la tasa de crecimiento de la población es superior al ritmo con el que se está ampliando el acceso a la energía;

C.  Considerando que, desde un punto de vista de acceso a la electricidad, la situación en el África Subsahariana es la peor del mundo, pero que la evolución del sector eléctrico de la región hace prever que, para el año 2040, el África Subsahariana consuma la misma cantidad de electricidad que consumían India y América Latina juntas en 2010;

D.  Considerando que más del 70 % del consumo total de energía de África proviene de fuentes renovables, pero que casi toda se obtiene a partir de usos tradicionales de la biomasa; que existen grandes oportunidades para incluir otras fuentes, especialmente en términos de energía solar y eólica;

E.  Considerando que las tendencias demográficas en África incidirán en gran medida en los requisitos del uso de la tierra para la producción de cultivos y en la necesidad de leña;

F.  Considerando que la deforestación mundial supone casi el 20 % de todas las emisiones de CO2; y que la gran dependencia de la biomasa tradicional y los fogones ineficientes ponen en peligro las zonas de bosque y matorral en numerosas regiones del continente africano;

G.  Considerando que 2 300 millones de personas utilizan biomasa tradicional, como el carbón vegetal, para cocinar y que esto a menudo tiene graves repercusiones negativas en la salud y el medio ambiente; que las mujeres soportan de manera desproporcionada las cargas derivadas de este uso, en particular mediante la recogida de leña, que puede requerir una importante inversión de tiempo, además de poner en peligro su seguridad; que la utilización de fogones mejorados reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para la preparación de las comidas;

H.  Considerando que el continente africano posee el mayor potencial para la energía renovable del planeta y que sufre el mayor retroceso en términos de electrificación;

I.  Considerando que la pobreza energética está más extendida en las zonas rurales, pero que la garantía del acceso a la energía en las zonas de expansión de las ciudades en rápido crecimiento también constituye un reto enorme, dada la realidad geográfica, la conectividad y la falta de infraestructuras, y que los países más pobres de África se encuentran entre aquellos con las mayores facturas energéticas;

J.  Considerando que es vital seguir desarrollando los todavía jóvenes mercados de electrificación rural hasta que sean maduros y sostenibles por sí mismos, y continuar apoyando programas centrados en soluciones energéticas renovables, eficientes, a pequeña escala y descentralizadas;

K.  Considerando que la pobreza energética también tiene una dimensión de género; que las consecuencias de la pobreza energética son más negativas para las mujeres;

L.  Considerando que el objetivo de desarrollo sostenible universal n.º 7 consiste en garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna a todas las personas en el horizonte 2030; que el cumplimiento de los compromisos en relación con el clima requiere asimismo esfuerzos vigorosos y juiciosos en el ámbito de la energía, y que, por lo tanto, África se enfrenta a un doble desafío, ya que debe aumentar drásticamente el acceso de sus ciudadanos a servicios energéticos básicos y, al mismo tiempo, cumplir sus compromisos de conformidad con el Acuerdo sobre el cambio climático;

M.  Considerando que el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente titulado «Global Trends in Renewable Energy Investment 2016» (Reporte de la situación mundial de las energías renovables 2016) indica que la inversión anual mundial en nuevas capacidades renovables fue más del doble que la inversión en centrales de carbón y gas en 2015; que el mercado de la energía renovable en 2015 estuvo dominado por la energía solar fotovoltaica y la energía eólica; y que, por primera vez en 2015, las inversiones en energía renovable fueron superiores en los países en desarrollo que en los países desarrollados;

N.  Considerando que en el informe de la Comisión Mundial de Presas de 16 de diciembre de 2000 se concluye que, si bien las presas de gran tamaño no han logrado producir tanta electricidad, facilitar tanta agua o controlar los daños provocados por las inundaciones en la medida prevista, su impacto social y ambiental ha sido enorme, y que el éxito de los esfuerzos desplegados para mitigar estas repercusiones ha sido, en gran medida, limitado;

O.  Considerando que el objetivo de alcanzar un acceso universal a la energía va de la mano con el objetivo de la justicia climática;

P.  Considerando que la justicia climática vincula los derechos humanos al desarrollo para alcanzar un enfoque centrado en las personas, protegiendo los derechos de las personas más vulnerables y compartiendo las cargas y beneficios del cambio climático y sus efectos de una manera equitativa y justa;

Q.  Considerando que los flujos irregulares de financiación para luchar contra el cambio climático y de transferencia de tecnología en relación con el cambio climático pueden poner en peligro la voluntad de los líderes africanos de desarrollar energías renovables para cumplir el programa de industrialización del continente;

R.  Considerando que el Acuerdo de París subraya la necesidad de promover el acceso universal a una energía sostenible en los países en desarrollo, en particular en África, reforzando el desarrollo de las energías renovables;

S.  Considerando que hay numerosas pruebas y existe un amplio consenso en el sentido de que una producción a pequeña escala y descentralizada de la energía renovable y unas redes locales y soluciones aisladas de la red son a menudo las soluciones más eficientes, y que estas soluciones tienden a reportar las mayores ventajas al desarrollo en general y son las más adecuadas para minimizar o evitar los efectos negativos sobre el medio ambiente;

T.  Considerando que en el Reglamento por el que se establece un ICD se hace hincapié en la producción de energía renovable a escala local y que los programas y proyectos del ICD y del FED en el ámbito de la energía deben diseñarse de manera que reflejen las ventajas de la producción descentralizada de energía renovable;

U.  Considerando que la ayuda al desarrollo de la Unión en el ámbito de la energía ha aumentado considerablemente y que está previsto que este gasto alcance los 3 500 millones de euros en el período 2014-2020; y que 30 PIN, la mitad de ellos referidos a países africanos, incluyen un ámbito prioritario relacionado con la energía;

V.  Considerando que el Fondo ACP-UE para la Energía, creado en junio de 2005, tiene como fin promover el acceso a servicios energéticos modernos para los pobres en zonas rurales y periurbanas, centrándose especialmente en el África Subsahariana y en la energía renovable; y que el Informe Especial n.º 15/2015 del Tribunal de Cuentas Europeo formuló una serie de recomendaciones a la Comisión para seleccionar proyectos de manera más rigurosa, reforzar su seguimiento y aumentar sus perspectivas de sostenibilidad;

W.  Considerando que la Unión ha puesto en marcha recientemente una iniciativa de financiación de la electrificación (ElectriFI) y que en otros acuerdos de financiación se incluyen instrumentos para la combinación de las subvenciones de la Unión con préstamos o capital de fuentes de financiación de titularidad pública y privada (instrumentos de financiación combinada) en relación con diferentes regiones del mundo, las actividades del Banco Europeo de Inversiones en el ámbito de la energía en el marco de su mandato de préstamos exteriores y las operaciones del Fondo fiduciario de la UE para infraestructuras en África en el sector energético;

X.  Considerando que para alcanzar el ODS n.º 7 es necesaria una contribución mayor por parte de la inversión privada; que cualquier decisión de promover el uso de colaboraciones público-privadas mediante la financiación combinada en los países en desarrollo debería fundamentarse en una evaluación exhaustiva de estos mecanismos y en las lecciones aprendidas de las experiencias del pasado; y que deben evitarse en todos los casos las subvenciones a proyectos que ya son viables desde el punto de vista comercial;

Y.  Considerando que la formación de personal local especializado y altamente especializado debe ser una prioridad a fin de garantizar el acceso a la energía en los países en desarrollo y que a ello debe dedicarse una parte considerable de las financiaciones;

Z.  Considerando que las subvenciones a los combustibles fósiles a escala mundial ascienden a unos 500 000 millones de dólares anuales, generan un incremento de los gases de efecto invernadero en vez de su reducción, y tienden a beneficiar a personas relativamente acomodadas más que a los pobres; que estos subsidios deberían eliminarse progresivamente y que, al hacerlo, los gobiernos pueden liberar fondos considerables en favor de políticas sociales mucho más eficientes y para la ampliación del acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna, reduciendo las desigualdades y aumentando la calidad de vida;

1.  Recuerda que el acceso a la energía acelera el desarrollo; llama la atención sobre la magnitud y las consecuencias de la pobreza energética en los países en desarrollo y la fuerte implicación de la Unión en los esfuerzos por reducir este tipo de pobreza; subraya la necesidad de que los gobiernos, la sociedad civil y otras partes interesadas en los países afectados así como los socios internacionales realicen esfuerzos vigorosos y concertados a fin de reducir la pobreza energética y alcanzar el ODS n.º 7, lo que exige esfuerzos especiales en las zonas rurales remotas, en particular en las regiones aisladas de la red energética; recuerda que las políticas comerciales y en materia de cambio climático deben apoyarse mutuamente para alcanzar el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza de conformidad con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París;

2.  Hace hincapié en la estrecha relación entre la energía y los posibles problemas de seguridad y considera que la gobernanza energética, aun siendo también difícil de aplicar, resulta esencial para el desarrollo económico y humano de los países en desarrollo;

3.  Recuerda que la electrificación se logra gracias al apoyo de los poderes públicos, lo cual precisa una buena gestión de los servicios de distribución de la energía y una capacidad del Estado para ejercer sus funciones ejecutivas;

4.  Pide a la Unión que incluya una dimensión de género en todas sus políticas energéticas, centrándose en las mujeres con necesidades especiales;

5.  Apoya la iniciativa «Desarrollo energizante» de la Comisión para facilitar el acceso a la energía sostenible a 500 millones de personas más en los países en desarrollo en el horizonte 2030 mediante elementos programáticos, como la creación de un mecanismo de asistencia técnica, recurriendo a expertos de la Unión para desarrollar conocimientos especializados técnicos en países en desarrollo y promover la creación de capacidad y la transferencia de tecnología; hace hincapié en el papel de la energía como habilitador para otros muchos ámbitos, como la salud, la educación, el agua potable, la agricultura, así como las telecomunicaciones y la conectividad a internet; destaca que la iniciativa «Desarrollo energizante» debe estar plenamente en consonancia con los objetivos de la política de desarrollo de la Unión establecidos en el Tratado de Lisboa;

6.  Considera que, si bien breves, las disposiciones pertinentes del Reglamento por el que se establece un ICD, adoptado de conformidad con el procedimiento de codecisión entre el Parlamento y el Consejo, representa una base sólida para la ayuda al desarrollo de la Unión en el ámbito de la energía; recuerda que estas disposiciones se centran en el acceso a la energía y hacen hincapié en la energía renovable local y regional y en la garantía del acceso para las personas pobres en las regiones remotas;

7.  Acoge con satisfacción la iniciativa de financiación de la electrificación (ElectriFI), que ofrece una estructura flexible e inclusiva, que permite la participación de distintos socios, como el sector privado, las instituciones públicas y las autoridades locales, los cuales pueden beneficiarse en igual medida de las mismas condiciones basadas en el mercado, teniendo en cuenta debidamente las necesidades y oportunidades en cada país o región objetivo; recuerda que la participación de socios del sector privado local y de organizaciones de la sociedad civil será fundamental para aumentar la eficacia y apropiación de las acciones acometidas;

8.  Pide a la Comisión que informe regularmente en su sitio web sobre los avances realizados en la consecución de los objetivos de su iniciativa «Desarrollo energizante»; que especifique qué porcentaje de las subvenciones totales de la energía en los países en desarrollo se ha dirigido a energías renovables, regiones remotas, formación del personal, creación de conocimientos especializados y competencias locales, y soluciones locales y aisladas de la red; y que explique brevemente pero con la mayor precisión posible la participación de las diferentes partes interesadas en las acciones concluidas y en curso;

9.  Hace hincapié en el elevado potencial de los recursos de energía renovable de África en términos de producción de energía solar y eólica para garantizar el acceso a la energía para todos, especialmente en las zonas rurales; señala que el precio de los equipos de energía fotovoltaica influye de manera fundamental en la explotación real del potencial solar en África; insta, por tanto, a la Unión y a sus Estados miembros a que faciliten la transferencia de tecnología para su despliegue en los países en desarrollo;

10.  Observa que África cuenta con alrededor del 10 % del potencial teórico de energía hidráulica del mundo; recuerda que el calentamiento global afectará a los regímenes de precipitaciones, por lo que supondrá un desafío creciente en términos de acceso al agua y de seguridad alimentaria; recuerda asimismo que la Comisión Mundial de Presas ha señalado que las personas pobres, otros grupos vulnerables y las generaciones futuras deberán asumir probablemente una carga desproporcionada de los costes sociales y ambientales de los grandes proyectos de presas, sin beneficiarse adecuadamente de sus ventajas económicas; reitera que las presas pequeñas para la producción de energía hidroeléctrica son más sostenibles y viables desde el punto de vista económico que las grandes centrales hidroeléctricas;

11.  Recomienda que los organismos de financiación (organizaciones bilaterales de donantes, bancos multilaterales de desarrollo, agencias de crédito a la exportación, y el BEI) garanticen que todas las opciones de presas para las que se apruebe financiación respetan las directrices de la Comisión Mundial sobre Represas; destaca, en particular, que todos los proyectos de presas deberían evaluarse con arreglo a cinco principios: equidad, eficiencia, toma de decisiones participativa, sostenibilidad y responsabilidad;

12.  Recuerda que la bioenergía es una fuente de energía compleja interconectada con la agricultura, la silvicultura y la industria y que incide en los ecosistemas y la biodiversidad; observa, en particular, que la conversión de biomasa en energía plantea nuevas amenazas en términos de seguridad alimentaria, seguridad de la propiedad de la tierra, deforestación y degradación del suelo, entre otros; recuerda que también debe tomarse en consideración la huella hídrica de la bioenergía, ya que numerosas zonas de África ya están sufriendo escasez de agua y alrededor de un tercio de la superficie productiva africana ya está clasificada como terreno de secano;

13.  Insiste en la necesidad de apoyar los fogones con una gran eficiencia y la transición a combustibles modernos para cocinar, a fin de contrarrestar la rápida sobreexplotación de los recursos de madera;

14.  Se felicita por la existencia de diversas iniciativas a nivel internacional para promover el acceso a la energía sostenible en los países en desarrollo, en particular en África, pero insiste en la necesidad de coordinarlas mejor para incrementar su eficiencia; pide a la Unión y a sus Estados miembros que presten apoyo y asistencia técnica para la aplicación del plan de acción de la iniciativa del Pasillo de energía limpia de África, cuyo objetivo es cubrir la mitad de la demanda total de electricidad a partir de recursos renovables limpios, autóctonos y rentables para el año 2030, reduciendo de este modo las emisiones de dióxido de carbono; pide una mayor coordinación entre los proveedores de fondos, el sector privado y los gobiernos de los países en desarrollo a fin de acelerar la consecución de resultados; insiste en la necesidad de un apoyo al mantenimiento a través de un acceso suficiente al suministro de piezas de recambio y a expertos técnicos formados a escala local;

15.  Apoya el recurso a la financiación combinada cuando suponga el uso más eficaz de los recursos destinados a la ayuda al desarrollo para alcanzar el ODS n.º 7, se centre en proyectos de pequeña escala, y se exija a las empresas participantes que practiquen la responsabilidad social corporativa; pide a la Comisión que evite minuciosamente la concesión de fondos a todo proyecto que sea viable sin estos fondos, incluso cuando los solicite un inversor privado; considera que los principios de eficacia del desarrollo deben respetarse también en las operaciones de financiación combinada y señala la importancia la adaptación a los planes de desarrollo de los países beneficiarios, el refuerzo de la participación de los interesados, la transparencia y la rendición de cuentas, la coordinación y la eficiencia, así como los resultados mensurables y tangibles;

16.  Pide que se eliminen progresivamente los subsidios a los combustibles fósiles y anima a que estos fondos liberados se destinen a políticas y acciones sociales eficaces destinadas a erradicar la pobreza energética en los países en desarrollo;

17.  Hace hincapié en que la única forma de medir verdaderamente el éxito de las acciones de la Unión es la medida en que contribuyen a alcanzar el acceso universal a la energía, con la menor cantidad posible de emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta el principio de la responsabilidad común pero diferenciada;

18.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Secretario General de las Naciones Unidas y al Secretario General del Grupo de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico.

(1)

DO L 77 de 15.3.2014, p. 44.

(2)

DO C 56 E de 26.2.2013, p. 67.

(3)

DO C 239 E de 28.8.2013, p. 83.

(4)

DO C 332 E de 15.11.2013, p. 28.

Aviso jurídico