Procedimiento : 2016/2934(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-1237/2016

Textos presentados :

B8-1237/2016

Debates :

Votaciones :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
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Textos aprobados :

P8_TA(2016)0456

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-1232/2016
16.11.2016
PE593.668v01-00
 
B8-1237/2016

tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre la situación en Bielorrusia (2016/2934(RSP))


Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Jozo Radoš, Pavel Telička en nombre del Grupo ALDE

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Bielorrusia (2016/2934(RSP))  
B8-1237/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Bielorrusia, en particular las de 10 de septiembre de 2015(1), 29 de marzo de 2012(2), 16 de febrero de 2012(3), 15 de septiembre de 2011(4), 12 de mayo de 2011(5), 10 de marzo de 2011(6) y 20 de enero de 2011(7),

–  Vistas las elecciones parlamentarias celebradas el 11 de septiembre de 2016 y las elecciones presidenciales celebradas el 11 de octubre de 2015,

–  Vista la declaración preliminar de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (OSCE/OIDDH), la Asamblea Parlamentaria de la OSCE y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 12 de septiembre de 2016, sobre las elecciones parlamentarias celebradas en Bielorrusia,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Bielorrusia, y en particular las de 16 de febrero de 2016, por las que se suspenden las medidas restrictivas contra ciento setenta personas y tres empresas bielorrusas,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que, en su informe definitivo sobre las elecciones presidenciales celebradas en Bielorrusia en 2015, la OSCE/OIDDH formuló junto con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa una serie de recomendaciones que Bielorrusia debía aplicar antes de las elecciones parlamentarias de 2016;

B.  Considerando que, con el fin de mejorar sus relaciones con Occidente, las autoridades bielorrusas adoptaron algunas medidas que supuestamente debían permitir a los partidos de la oposición democrática registrarse más fácilmente que en elecciones anteriores y otorgar a los observadores extranjeros un mejor acceso al recuento de votos, pero que, en realidad, según la evaluación realizada por la misión internacional de observación electoral dirigida por la OSCE/OIDDH, esas medidas no se tradujeron en un desarrollo adecuado de las elecciones en consonancia con los compromisos asumidos frente a la OSCE y otras obligaciones y normas internacionales;

C.  Considerando que, según la evaluación de las elecciones parlamentarias de 2016 realizada por la OSCE/OIDDH, aún no se han subsanado varias antiguas deficiencias sistémicas, incluidas las restricciones que impone el marco jurídico a los derechos políticos y las libertades fundamentales; que se consideró que las comisiones electorales seguían sin ser independientes puesto que no incluían a representantes de la oposición; que se constataron numerosas irregularidades de procedimiento en relación con la votación, el recuento y la tabulación anticipados, que no fueron transparentes;

D.  Considerando que, según el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, los sistemas jurídico y administrativo que subyacen a las restricciones de los derechos humanos permanecen inalterados, y los dos diputados independientes «simbólicos» no hacen sino poner de relieve la «naturaleza guiada» del proceso;

E.  Considerando que desde 1994 no se han celebrado en Bielorrusia unas elecciones libres y justas en el marco de una legislación electoral acorde con las normas de la OSCE/OIDDH reconocidas internacionalmente;

F.  Considerando que una mejora significativa en materia de libertad de expresión y libertad de los medios de comunicación, el respeto de los derechos políticos de los ciudadanos de a pie y de los activistas de la oposición, y el respeto del Estado de Derecho y los derechos fundamentales son condiciones sine qua non para lograr unas relaciones mejores entre la Unión y Bielorrusia; que la Unión mantiene su firme compromiso de seguir defendiendo los derechos humanos en Bielorrusia, incluida la libertad de expresión y de los medios de comunicación;

G.  Considerando que, en febrero de 2016, la Unión puso fin a cinco años de medidas restrictivas contra Bielorrusia como gesto de buena voluntad para alentar al país a mejorar su historial en materia de derechos humanos, democracia y Estado de Derecho; que se han constatado algunos pequeños esfuerzos destinados a resolver problemas antiguos antes de las elecciones de 2016, pero siguen pendientes de resolución numerosos problemas en relación con el marco electoral jurídico y procedimental;

H.  Considerando que los dos grupos bielorrusos de observación electoral, Defensores de los Derechos Humanos por unas Elecciones Libres y Derecho a Elegir 2016, han condenado las últimas elecciones porque no se ajustan a varias normas internacionales fundamentales y no constituyen un reflejo creíble de la voluntad de los ciudadanos bielorrusos;

I.  Considerando que los grupos bielorrusos de observación electoral recopilaron pruebas concretas de los considerables esfuerzos realizados a escala nacional para inflar la participación total durante el periodo de votación anticipada de cinco días (6-10 de septiembre) y el día de las elecciones (11 de septiembre);

J.  Considerando que, por primera vez, las fuerzas de la oposición bielorrusa de centroderecha presentaron el 18 de noviembre de 2015 un acuerdo de cooperación con la intención de acudir unidas a las elecciones parlamentarias de 2016;

K.  Considerando que, en la actualidad, el Parlamento Europeo no mantiene relaciones oficiales con el Parlamento bielorruso; que la primera visita oficial de la Delegación del Parlamento para las Relaciones con Bielorrusia desde 2002 tuvo lugar los días 18 y 19 de junio de 2015 en Minsk;

L.  Considerando que el Parlamento bielorruso no tiene un estatuto oficial en la Asamblea Parlamentaria Euronest;

M.  Considerando que Bielorrusia desempeñó un papel constructivo a la hora de facilitar un acuerdo de alto el fuego en Ucrania;

N.  Considerando que el conflicto de Ucrania ha exacerbado el temor de la sociedad bielorrusa a la desestabilización de la situación interior tras un cambio en el poder, lo cual no significa ni puede significar, no obstante, que el pueblo bielorruso haya abandonado su esperanza de lograr reformas significativas y una transformación pacífica de su país;

O.  Considerando que la economía bielorrusa lleva más de veinte años paralizada y que los principales sectores siguen siendo propiedad del Estado y sometidos a un sistema de mando y control administrativo; que la dependencia económica de Bielorrusia respecto de la ayuda económica de Rusia sigue aumentando constantemente y que los resultados económicos de Bielorrusia figuran entre los peores de los países de la Unión Económica Euroasiática, con un PIB que en 2015-2016 cayó en más de 30 000 millones de dólares estadounidenses, por ejemplo;

P.  Considerando que Bielorrusia es el único país de Europa que aún aplica la pena capital; que el 4 de octubre de 2016 el Tribunal Supremo de Bielorrusia confirmó la sentencia de muerte dictada contra Siarguéi Vostrykau; que se trata de la cuarta confirmación de una sentencia de muerte por el Tribunal Supremo de Bielorrusia en 2016;

Q.  Considerando que, tal como se afirma en el informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, de 21 de abril de 2016, pese a la notable intensificación de los contactos entre Bielorrusia, la Unión y los Estados Unidos, continúan produciéndose violaciones de los derechos humanos y no se han observado cambios significativos;

R.  Considerando que las organizaciones de defensa de los derechos humanos han puesto de relieve los nuevos métodos de acoso de la oposición y las detenciones de Eduard Palchis, Mijaíl Zhamchuzhny y Uladzímir Kondrus a finales de 2015 y en 2016, y que estos dos últimos son considerados presos políticos por el centro bielorruso de derechos humanos Viasna;

S.  Considerando que Bielorrusia está construyendo actualmente su primera central nuclear en Ostrovets, en la frontera con la Unión; que la construcción de esta central es dirigida y financiada de facto por Rusia y por empresas nacionales rusas que representan a los sectores nuclear y financiero;

1.  Manifiesta una vez más su profunda preocupación ante las deficiencias constatadas por los observadores internacionales independientes durante las elecciones presidenciales de 2015 y las elecciones parlamentarias de 2016; toma nota de las tentativas de progreso, que considera mínimas e insuficientes; observa que el Parlamento elegido recientemente contará con un representante de la oposición y un representante del sector no gubernamental; considera, no obstante, que se trata de nombramientos políticos y no del resultado de las elecciones, dado que esos representantes fueron nombrados por la administración;

2.  Pide a las autoridades bielorrusas que reanuden sin demora los trabajos de reforma exhaustiva del sistema electoral en el marco de un proceso de democratización global y en cooperación con los socios internacionales; destaca la necesidad de introducir las recomendaciones de la OSCE/OIDDH con la debida antelación a las elecciones municipales de marzo de 2018 y de cumplirlas estrictamente en la práctica; destaca que este es un elemento fundamental para aprovechar todo el potencial de las relaciones entre la Unión y Bielorrusia;

3.  Reitera su llamamiento a las autoridades bielorrusas para que garanticen en cualquier circunstancia el respeto de los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales, en consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos, las recomendaciones formuladas en el marco del examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos ratificados por Bielorrusia;

4.  Pide al Gobierno de Bielorrusia que rehabilite a todos los presos políticos liberados y que restablezca plenamente sus derechos civiles y políticos;

5.  Constata con preocupación que en Bielorrusia no se ha registrado ningún partido político nuevo desde 2000; pide a Bielorrusia que suprima todas las restricciones a este respecto;

6.  Pide al Gobierno bielorruso que revoque sin demora el artículo 193.1 de su Código Penal, que penaliza la organización de actividades por asociaciones y organizaciones públicas no registradas y la participación en ellas, y que autorice el funcionamiento legal, pleno, libre y sin trabas de las asociaciones y organizaciones públicas; señala a la Comisión que, como consecuencia de la aplicación del artículo 193.1 y de otras medidas restrictivas, más de ciento cincuenta ONG bielorrusas están registradas actualmente en Lituania, Polonia, Chequia y otros países; observa la incoherencia entre los esfuerzos de la Unión por incrementar su ayuda financiera a través de cauces controlados por el Gobierno bielorruso y el hecho de que la ayuda financiera internacional al sector no gubernamental de Bielorrusia siga sometido a una fuerte carga impositiva;

7.  Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a la Comisión que den prioridad a estas preocupaciones en el diálogo sobre derechos humanos en curso entre la Unión y Bielorrusia y que amplíen, en este contexto, la cooperación de la Unión con todos los agentes internacionales, como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la OSCE, sin olvidar la oposición y la sociedad civil independiente de Bielorrusia, en las acciones encaminadas a lograr que las autoridades bielorrusas elaboren un plan de actuación en materia de derechos humanos;

8.  Condena el hecho de que Bielorrusia sea el único país de Europa en el que sigue vigente la pena de muerte, contraria a los valores europeos; pide una moratoria inmediata sobre las ejecuciones y la introducción de modificaciones en el Código Penal con objeto de abolir la pena capital; recuerda que la pena de muerte es un trato inhumano y degradante que no tiene efectos disuasorios demostrados y que convierte los errores judiciales en irreversibles; considera inaceptable que se dictara una sentencia de muerte un día después de que la Unión levantara la mayor parte de sus sanciones contra Bielorrusia;

9.  Pide al SEAE y a la Comisión que prosigan y amplíen su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en Bielorrusia y en el extranjero, en consonancia con la política de la Unión de «cooperación crítica» con Bielorrusia; subraya, en este contexto, la necesidad de respaldar todas las fuentes de información independientes de la sociedad bielorrusa, entre ellas los medios de comunicación que emiten en lengua bielorrusa y desde el extranjero; considera importante que se siga prestando apoyo a los programas y centros educativos que funcionan en el exilio, como la Universidad Europea de Humanidades en Vilna;

10.  Toma nota del inicio, en enero de 2014, de las negociaciones sobre la facilitación de visados destinada a mejorar los contactos entre los ciudadanos y estimular la creación de organizaciones de la sociedad civil; destaca la necesidad de acelerar los progresos en este ámbito;

11.  Constata con especial preocupación los problemas de seguridad que plantea la construcción de una central nuclear bielorrusa en Ostrovets, a menos de 50 kilómetros de Vilna; insta encarecidamente a las autoridades bielorrusas a que entablen una cooperación constructiva con todas las autoridades internacionales competentes y con la Unión y sus Estados miembros, comiencen a respetar estrictamente los Convenios de Espoo y de Aarhus de las Naciones Unidas, y den muestras de voluntad política para dar seguimiento a las evaluaciones del riesgo y la seguridad pos-Fukushima aplicadas por la Unión;

12.  Pide firmemente a la Comisión, en el contexto del diálogo sobre la energía previsto entre la Unión y Bielorrusia, que dé prioridad a la cuestión de la seguridad y transparencia en lo relativo a la central nuclear bielorrusa, y pide a la Comisión que presente al Parlamento y a los Estados miembros, en particular a los países vecinos de Bielorrusia, informes periódicos sobre las acciones emprendidas para garantizar que en la central nuclear que se está construyendo se aplican las normas más estrictas en materia de seguridad nuclear; pide a la Comisión que garantice que no se puedan utilizar, directa ni indirectamente, instituciones y mecanismos financieros de la Unión, como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) o el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, para financiar la central nuclear de Ostrovets, y que evalúe si la garantía de la Unión concedida al BEI a primeros de 2016 es compatible con las sanciones impuestas por la Unión a la Federación de Rusia;

13.  Respalda a la Comisión en su política de «cooperación crítica» con las autoridades bielorrusas y manifiesta su disposición a contribuir a dicha política también por medio de su Delegación para las Relaciones con Bielorrusia; recuerda, no obstante, que la Unión debe permanecer atenta por lo que respecta a la asignación de sus recursos y asegurarse de que contribuyen a mejorar la situación de la oposición y de la sociedad civil;

14.  Reitera su compromiso de trabajar en favor del pueblo de Bielorrusia, apoyar sus aspiraciones e iniciativas en pro de la democracia y contribuir a que el país tenga un futuro estable, democrático y próspero;

15.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, a la OSCE/OIDDH, al Consejo de Europa y a las autoridades de Bielorrusia.

(1)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0319.

(2)

DO C 257 E de 6.9.2013, p. 9.

(3)

DO C 249 E de 30.8.2013, p. 57.

(4)

DO C 51 E de 22.2.2013, p. 140.

(5)

DO C 377 E de 7.12.2012, p. 162.

(6)

DO C 199 E de 7.7.2012, p. 182.

(7)

DO C 136 E de 11.5.2012, p. 57.

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