Procedimiento : 2016/3001(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-1315/2016

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B8-1315/2016

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PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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28.11.2016
PE593.752v01-00
 
B8-1315/2016

tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre la situación en la República Democrática del Congo (2016/3001(RSP))


Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli en nombre del Grupo GUE/NGL

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en la República Democrática del Congo (2016/3001(RSP))  
B8-1315/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones, en particular las de los días 7 de octubre de 2010, 9 de julio de 2015 y 10 de marzo de 2016, así como las resoluciones de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, en particular la de 15 de junio de 2016,

–  Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

–  Vista la Constitución de la República Democrática del Congo (RDC) y en particular su artículo 56, que estipula que: «Todo acto, acuerdo, convenio, arreglo o cualquier otro tipo de actuación a consecuencia del cual se prive a la nación o a personas físicas o morales de la totalidad o una parte de sus medios de subsistencia obtenidos a través de sus recursos o de sus riquezas naturales, constituirá, sin perjuicio de las disposiciones internacionales en materia de delitos económicos, un delito de saqueo castigado por la Ley»,

–  Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR),

–  Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

–  Vistos el artículo 3 y el Protocolo II de las Convenciones de Ginebra de 1949, que prohíben las ejecuciones sumarias, la violación, el reclutamiento forzoso y otras atrocidades,

–  Vista la Convención internacional sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989,

–  Vista la Resolución n.o 2211 (2015), de marzo de 2015, del Consejo de Seguridad, por la que se prorroga hasta el 31 de marzo de 2016 el mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC (Monusco),

–  Vista la entrega del Premio Sájarov 2014 a Denis Mukwege, un ginecólogo congoleño, por su lucha para proteger los derechos de las mujeres en el Congo,

–  Vista su Posición, aprobada el 20 de mayo de 2015, sobre la certificación de los importadores de ciertos minerales o metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo,

–  Visto el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), de 15 de abril de 2015, sobre la explotación y el comercio ilegales de recursos naturales que benefician a los grupos de delincuencia organizada,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que la proliferación de grupos armados, la desorganización y la inexistencia de un Estado estable, la incapacidad de las Naciones Unidas para dar una respuesta coherente al genocidio y a sus consecuencias, y la complicidad de los países que tienen intereses en la región, como los Estados Unidos y Francia, han provocado una situación dramática que, desde 1996, se ha cobrado probablemente varios centenares de miles o incluso millones de víctimas mortales, en su mayoría civiles, como consecuencia de la malnutrición, las enfermedades y la pobreza tras las guerras de 1996 y 1998; que esta situación sigue teniendo repercusiones hoy en día en el país;

B.  Considerando que, según el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF, entre 2007 y 2014 la mortalidad perinatal se redujo un 30 %, pasando de 148 muertes por cada 1 000 nacimientos en 2007 a 104 en 2014; y que la mortalidad de las madres jóvenes se redujo en un 35 %, pasando de 1 289 por cada 100 000 partos en 2007 a 846 en 2014;

C.  Considerando que desde 2012 reina de nuevo la inseguridad en la República Democrática del Congo, y que los enfrentamientos y las atrocidades han provocado varios miles de víctimas, especialmente en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, en la zona oriental del país; que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), a 31 de julio de 2015 había casi 1 500 000 personas desplazadas dentro del país, es decir, el 7 % de la población total de la nación; que siguen viviendo en el exilio más de 400 000 refugiados congoleños; y que también llegan a la República Democrática del Congo refugiados que huyen de la grave crisis humanitaria en la República Centroafricana vecina;

D.  Considerando que entre las facciones beligerantes figuran las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (milicias hutus), la RCD-Goma (Agrupación Congoleña para la Democracia) apoyada por Ruanda contra el Gobierno de la República Democrática del Congo, el Ejército de Resistencia del Señor (LRA) creado tras una insurrección en Uganda, la milicia Mai-Mai en Katanga, y el Movimiento Popular de Autodefensa (MPA); que, pese a que a partir de 2010 se desmovilizaron algunos grupos que, en algunos casos, se integraron parcialmente en el ejército congoleño (FARDC), continúa la inseguridad; y que la instrumentalización de la «cuestión étnica» en la región ha alimentado en gran medida los conflictos y continúa dividiendo los territorios;

E.  Considerando los numerosos crímenes de guerra y de lesa humanidad, las violaciones masivas de los derechos humanos, el recrudecimiento de la represión de los miembros de la oposición, las violaciones masivas de mujeres y jóvenes, así como los desplazamientos masivos de la población; que, oficialmente, desde 1996 han sido víctimas de violaciones en la República Democrática del Congo al menos 200 000 personas y muy probablemente muchas más, dado que muchas violaciones no se han registrado; que la violación es un arma de guerra utilizada por todas la facciones en conflicto, incluidas las fuerzas armadas oficiales; y que el reclutamiento forzoso de combatientes, en particular niños, es algo habitual en la República Democrática del Congo;

F.  Considerando que se acusa con frecuencia al ejército regular (FARDC) de abusos; que en octubre de 2012 el Gobierno aprobó un plan de acción para poner fin al reclutamiento de niños, a la violencia sexual y a otras violaciones graves de los derechos de los niños por las fuerzas armadas y de seguridad; y que, desde entonces, continúan los problemas y sigue reinando la impunidad;

G.  Considerando que el balance de la Monusco (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo), creada en 1999, se resume en un fracaso total, puesto que no ha permitido mejorar la situación de la población civil, muy afectada por la guerra, y que su apoyo al ejército nacional congoleño (FARDC) no ha hecho sino agravar los crímenes cometidos por este; que, tras suspender en febrero de 2015 la cooperación militar entre la Monusco y las FARDC, el 2 de marzo de 2016 las Naciones Unidas decidieron reanudar el apoyo militar prestado a las fuerzas gubernamentales;

H.  Considerando que la Constitución congoleña prevé la celebración de las próximas elecciones presidenciales para diciembre de 2016; que, según la Constitución, el cargo de Presidente de la República Democrática del Congo está limitado a dos mandatos; que el Presidente Joseph Kabila ha querido revisar la Ley electoral para aplazar las elecciones hasta después de 2016, lo cual ha provocado tensiones políticas, manifestaciones y brotes de violencia, que se han saldado con un trágico balance de varias decenas de muertos; y que Joseph Kabila ha decidido organizar un diálogo político nacional que ha sido boicoteado por parte de la oposición, que ha supeditado su participación en el mismo a la condición sine qua non del retorno a una mediación internacional y el respeto escrupuloso de la Constitución;

I.  Considerando que, mediante una Decisión de 17 de octubre de 2016 con la que se pone fin al simulacro de «diálogo político» (ya que no ha contado con la presencia de la oposición), se ha aplazado la fecha de las elecciones hasta abril de 2018;

J.  Considerando que la oposición acusa al Presidente Kabila y a su Gobierno de utilizar los medios administrativos y técnicos para retrasar las elecciones y permanecer en el poder después de concluir su mandato constitucional;

K.  Considerando que varias ONG denuncian la instrumentalización de la justicia congoleña para silenciar a quienes se muestran en desacuerdo con la idea de un tercer mandato del Presidente Kabila;

L.  Considerando que, en los últimos meses, asociaciones de defensa de los derechos humanos han informado reiteradamente del empeoramiento de la situación de los derechos humanos y de la libertad de expresión y de reunión en el país, en particular el recurso excesivo a la fuerza contra manifestantes pacíficos, militantes políticos y defensores de los derechos humanos que se oponen a los intentos de permitir que el Presidente Kabila permanezca en el poder más allá del límite de dos mandatos que establece la Constitución;

M.  Considerando que, al parecer, más de 30 personas resultaron muertas durante las manifestaciones de los días 19 y 20 de septiembre de 2016 en Kinshasa y que otras muchas desaparecieron; que hay miembros del movimiento LUCHA que siguen en situación de detención ilegal en Goma y que han sido cerradas oficinas de prensa, como la de RFI;

N.  Considerando que la República Democrática del Congo es rica en recursos naturales (oro, casiterita, coltán, gas metano, etc.) y que el hecho de que continúen explotándose ilegalmente estos recursos, que especialmente en el este del país siguen estando en muchos casos bajo el control de grupos paramilitares armados, contribuye a financiar y apoyar el conflicto y sigue siendo una fuente de inseguridad para toda la región;

O.  Considerando que las empresas transnacionales financian el conflicto armado para seguir explotando el subsuelo congoleño; que este fenómeno ha sido denunciado en repetidas ocasiones en informes publicados por las Naciones Unidas; que Ibrahim Thiaw, director ejecutivo adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), declaró en abril de 2015 que la explotación de los recursos naturales generaba más de mil millones de dólares al año y que la mayoría de los beneficios (hasta el 98 %) va a parar a grupos internacionales, mientras que con el 2 % restante se financian grupos armados internos;

P.  Considerando que, con sus planes de ajuste estructural, las instituciones financieras internacionales han fragilizado aún más el país, convirtiéndolo en un paraíso jurídico y fiscal para las multinacionales, especialmente en el sector minero; que el desmantelamiento de los pilares de la economía congoleña y el despido de miles de trabajadores en concertación con las instituciones internacionales, empezando por el Banco Mundial, han conllevado la privatización de los medios de subsistencia y un agravamiento de las condiciones de vida de la población, beneficiando a los grandes grupos industriales, principalmente occidentales, que han acaparado los recursos y se han hecho con el control de la economía;

Q.  Considerando que el precio de los productos alimenticios ha subido considerablemente desde el inicio del conflicto, lo que exacerba aún más la pobreza y la inseguridad alimentaria de la población local, así como la inestabilidad de la región; que la situación se ha visto agravada por el acaparamiento de tierras por parte de las multinacionales con la complicidad del Gobierno;

R.  Considerando que el aumento del desempleo, la degradación de la situación social y el empobrecimiento de la población son factores determinantes de la inestabilidad de la región;

1.  Condena todo acto de violencia, toda violación de los derechos humanos y toda violencia sexual; expresa su solidaridad con todas las poblaciones afectadas por los años de conflicto; denuncia una vez más la instrumentalización de la «cuestión étnica», que ha provocado millones de víctimas en la región y no sirve sino para dividir a la población;

2.  Manifiesta su especial preocupación por el recrudecimiento de la violencia en vísperas de las elecciones; condena cualquier forma de intimidación y los actos de acoso, incluido el judicial, contra los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los opositores políticos y otras voces independientes o críticas; subraya la necesidad de respetar y proteger el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica;

3.  Pide la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente;

4.  Denuncia la represión orquestada por las fuerzas de defensa y de seguridad; subraya que, de conformidad con los principios básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza, queda terminantemente prohibido utilizar armas letales contra los manifestantes pacíficos y que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no deben utilizar armas de fuego;

5.  Opina que la lucha contra la impunidad en lo referente a las violaciones del Derecho humanitario y los delitos económicos y financieros es una de las condiciones indispensables para restablecer la paz en la República Democrática del Congo;

6.  Comparte la opinión de las Naciones Unidas y de la Unión Africana de que solo un diálogo que englobe a todas las partes y representantes de la sociedad congoleña, con el debido respeto de la Constitución y de los intereses de la población, y que tenga por objetivo la celebración de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles, permitirá atenuar las tensiones políticas en el país;

7.  Se muestra especialmente preocupado por la situación de las mujeres en el país, así como por los delitos y la discriminación de que son víctima; opina que es imprescindible que las autoridades y la comunidad internacional intensifiquen sus esfuerzos para poner fin a las violaciones masivas como táctica de guerra, garantizar el acceso a una atención sanitaria pública y gratuita, en particular a la atención genésica, los anticonceptivos y el aborto, y promover una igualdad de género real;

8.  Considera asimismo que para las autoridades y la comunidad internacional debe ser prioritario poner fin al fenómeno de los niños soldado;

9.  Denuncia que se sacrifiquen sistemáticamente las necesidades básicas de la población congoleña en aras de los intereses económicos y geopolíticos de las multinacionales y las potencias extranjeras;

10.  Considera por ende que la dramática situación en la zona oriental de la República Democrática del Congo solo podrá resolverse de forma duradera si se adoptan medidas para que la población se beneficie por fin de los recursos naturales; destaca que, para ello, el país debe recuperar la soberanía sobre sus recursos naturales estableciendo un control de la actividad de las multinacionales extranjeras y desarrollando infraestructuras nacionales para explotar, transformar y comercializar sus materias primas, lo que supone la revisión y la rescisión de todos los contratos mineros y forestales, de conformidad con el artículo 56 de la Constitución congoleña, a fin de asegurarse de que estos recursos benefician al mayor número posible de personas y no a una minoría;

11.  Insiste en la necesidad de que se garantice el derecho de la República Democrática del Congo a la soberanía alimentaria, que incluye el derecho de los agricultores a producir los alimentos para su pueblo, poniendo fin al acaparamiento de tierras y garantizando el acceso de los agricultores y las agricultoras a la tierra, las semillas y el agua;

12.  Pide a la comunidad internacional, y especialmente a los países «acreedores» de la República Democrática del Congo (en particular Bélgica), que eliminen los obstáculos que impiden el desarrollo del país y, por ende, la paz, suprimiendo la deuda y los intereses de la deuda que sigue pagando el país y estableciendo una verdadera cooperación internacional que respete los derechos humanos fundamentales y la soberanía del Estado congoleño, en lugar de acuerdos de libre comercio y planes de ajuste estructural; pide a las autoridades de la República Democrática del Congo que exijan una auditoría de su deuda y la anulación de toda la deuda ilegal con los acreedores extranjeros, con miras a eliminar en su totalidad la deuda y poder atender las necesidades humanas básicas de su población;

13.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que aumenten el apoyo financiero y la ayuda humanitaria con el fin de atender las necesidades urgentes de estas poblaciones; pide que la ayuda de la Unión y de los Estados miembros se facilite en forma de donaciones y no de préstamos, de modo que no se aumente la carga de la deuda; lamenta que muchos Estados miembros de la Unión no hayan cumplido el objetivo de destinar a dicha ayuda un 0,7 % de su PIB y que algunos hayan reducido su porcentaje de ayuda al desarrollo; lamenta la baja participación de los Estados miembros en los programas de ayuda alimentaria; pide encarecidamente que no se instrumentalice la ayuda al desarrollo para limitar o controlar las fronteras o garantizar la readmisión de migrantes; pide que la ayuda proporcionada por la Unión y los Estados miembros en la República Democrática del Congo se destine prioritariamente a resolver los problemas relacionados con la grave desigualdad, la pobreza, la malnutrición crónica, el acceso a la sanidad y los servicios públicos, en particular la atención genésica y reproductiva, así como la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible; pide asimismo que se incremente la ayuda alimentaria y se destine prioritariamente a la compra de alimentos a los agricultores locales;

14.  Insiste en que las actividades de las empresas europeas que operan en países terceros deben respetar plenamente las normas internacionales en materia de derechos humanos; pide, por lo tanto, a los Estados miembros que velen por que las empresas sujetas a su Derecho nacional no incumplan los derechos humanos ni las normas sociales, sanitarias y medioambientales que se les aplican cuando se establecen o llevan a cabo sus actividades en un tercer país; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias contra las empresas europeas que no cumplan estas normas o que no indemnicen adecuadamente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que están directa o indirectamente bajo su responsabilidad;

15.  Pide, especialmente en lo que respecta a la República Democrática del Congo, que se inicie una investigación independiente sobre el respeto de las normas sociales y medioambientales por parte de las empresas europeas, particularmente en el sector de los recursos naturales, y sobre la posible relación de dichas empresas con la financiación de los grupos armados; pide asimismo que se inicie una investigación internacional para esclarecer las acusaciones de complicidad entre los planes de ajuste estructural, el apoyo financiero de las instituciones financieras internacionales y los crímenes cometidos en el país;

16.  Se opone a cualquier intento de externalización de las políticas migratorias de la Unión hacia terceros países; lamenta que el proceso de Rabat, del que es parte la República Democrática del Congo, no permita en ningún caso atajar las causas subyacentes de las migraciones y se limite únicamente a promover las políticas de retorno y readmisión; considera que esas políticas son contrarias al derecho a la libre circulación y al derecho de asilo; pide, a este respecto, que se suspendan de inmediato las negociaciones con la República Democrática del Congo en el marco del proceso de Rabat;

17.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Unión Africana, a los Gobiernos de los países de la Región de los Grandes Lagos, al Presidente, al Primer Ministro y al Parlamento de la República Democrática del Congo, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.

 

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