Procedimiento : 2017/2651(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0274/2017

Textos presentados :

B8-0274/2017

Debates :

Votaciones :

PV 27/04/2017 - 5.69
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0200

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0270/2017
24.4.2017
PE603.719v01-00
 
B8-0274/2017

tras una declaración de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre la situación en Venezuela (2017/2651(RSP))


Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano en nombre del Grupo S&D

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela (2017/2651(RSP))  
B8-0274/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vista la Carta Democrática Interamericana, adoptada el 11 de septiembre de 2001,

–  Vista la Constitución de Venezuela, y en particular sus artículos 72 y 233,

–  Vistas sus resoluciones anteriores sobre la situación en Venezuela, en particular las de 27 de febrero de 2014, sobre la situación en Venezuela(1), 18 de diciembre de 2014, sobre la persecución de la oposición democrática en Venezuela(2), 12 de marzo de 2015, sobre la situación en Venezuela(3), y 8 de junio de 2016, sobre la situación en Venezuela(4),

–  Vistas las declaraciones del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 5 de enero de 2016, sobre la constitución de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela,

–  Visto el Comunicado de Mercosur, de 2 de diciembre de 2015, por el que se notifica la expulsión de Venezuela de esta organización,

–  Vistas las declaraciones del portavoz del SEAE, de 30 de marzo de 2017, sobre los recientes sucesos en Venezuela,

–  Vista la comunicación de la Organización de la Sociedad Civil, de 10 de febrero de 2017, sobre las recientes acciones del Consejo Nacional Electoral (CNE),

–  Visto el informe del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de 14 de marzo de 2017, sobre la situación en Venezuela,

–  Visto el informe del observatorio venezolano Acceso a la Justicia, de julio de 2016, sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por parte de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia,

–  Vista la declaración conjunta del Gobierno y la oposición venezolanos, de 12 de noviembre de 2016, sobre «Convivir en paz»,

–  Vistas la Declaración de los Estados miembros de Mercosur, de 1 de abril de 2017, sobre la República Bolivariana de Venezuela,

–  Vistas las declaraciones de la Acción Mundial de Parlamentarios, de 21 de marzo de 2017, sobre la situación en Venezuela,

–  Vista la Declaración del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 31 de marzo de 2017, sobre la necesidad de mantener espacios democráticos para garantizar la protección de los derechos humanos,

–  Vista la declaración conjunta, de 31 de marzo de 2017, de la mayoría de los miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) por la que condenan la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de asumir poderes legislativos,

–  Vista la declaración conjunta de catorce Estados miembros de la OEA, de 23 de marzo de 2017, sobre Venezuela,

–  Vista la Resolución del Consejo Permanente de la OEA, de 3 de abril de 2017, sobre los recientes acontecimientos en Venezuela,

–  Vistas las declaraciones del portavoz del SEAE de 10 de abril de 2017,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el 6 de abril de 2017 la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela impuso a Henrique Capriles Radonski, gobernador del Estado de Miranda y dos veces candidato a la presidencia, una inhabilitación de quince años para el ejercicio de cargos públicos;

B.  Considerando que las sentencias 155 y 156 de 29 de marzo de 2017 suspendieron la inmunidad parlamentaria de tres diputados de la oposición, transfiriendo los poderes de la Asamblea Nacional a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo; que la Fiscal General de la República ha expresado su preocupación por la «ruptura del orden constitucional» que suponen estas sentencias; que el Tribunal Supremo dictó una nueva sentencia el 1 de abril, por la que se restituyen los poderes a la Asamblea Nacional;

C.  Considerando que el 3 de abril de 2017 diecisiete de los veintiún países del Consejo Permanente de la OEA adoptaron una resolución sobre Venezuela en que expresaron su profunda preocupación por la «alteración inconstitucional del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela» y su «apoyo continuo al diálogo y la negociación para dar lugar a una restauración pacífica del orden democrático»;

D.  Considerando que la no convocatoria de elecciones regionales antes del 16 de diciembre de 2016 y la suspensión de la recogida de firmas antes de alcanzarse el umbral del 20 % necesario para convocar un referéndum revocatorio del mandato presidencial constituyen un revés de extrema gravedad para los derechos políticos del pueblo venezolano y perjudican la integridad electoral del país;

E.  Considerando que el diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolanos patrocinado por UNASUR se inició en el primer semestre de 2016, con la participación de tres antiguos presidentes; que este diálogo prosigue su curso sin que todavía haya arrojado ningún resultado concreto; que en los últimos días algunos países de la región han expresado su deseo de facilitar el proceso de mediación en Venezuela, con la esperanza de un posible avance decisivo;

F.  Considerando que el Gobierno ha anunciado la ampliación de su milicia civil hasta 500 000 efectivos armados; que las Naciones Unidas han condenado esta iniciativa, argumentando que solo servirá para exacerbar las tensiones en el país;

G.  Considerando que se está produciendo actualmente en el país un movimiento de emigración a gran escala;

1.  Expresa una vez más su profunda preocupación por el grave deterioro de la situación de la democracia, los derechos humanos y el contexto socioeconómico en Venezuela, caracterizada por un clima de creciente inestabilidad política y social;

2.  Recuerda que la separación de poderes y la no interferencia entre poderes igualmente legítimos es un principio esencial de los Estados democráticos y del Estado de Derecho;

3.  Toma nota de que el Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias por las que revoca su anterior decisión de transferir los poderes de la Asamblea Nacional a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo y de suspender la inmunidad parlamentaria de diversos diputados;

4.  Insta a los poderes legislativo y ejecutivo a que subsanen, de manera conjunta e inmediata, y en virtud de las obligaciones que les competen, las carencias en relación con la situación de los derechos humanos, como por ejemplo en lo relativo al acceso a la alimentación y a la sanidad; pide que la acción de dichos poderes se ejerza con moderación y que se encuentre la voluntad política necesaria para relanzar el diálogo como única vía para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis;

5.  Observa que la solución a los problemas instituciones y políticos de Venezuela debería pasar por un acuerdo entre el Gobierno y la oposición; recalca que dicha labor debería corresponder a los representantes legítimos de los venezolanos;

6.  Pide a la comunidad internacional y en particular a la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión (AR/VP) que promueva este diálogo y medie entre las dos representaciones políticas e institucionales venezolanas para lograr un acuerdo, que debería abordar las siguientes cuestiones:

a.  La liberación de los representantes políticos encarcelados por sus convicciones políticas o como consecuencia de los problemas con la ley y el orden público surgidos en los últimos años en el país;

b.  Un calendario electoral para las elecciones locales y regionales inicialmente previstas para 2016, y un compromiso de celebración de elecciones presidenciales en las que no se impida o inhabilite a nadie para presentar su candidatura o hacer campaña en total libertad o se le prive de los mismos derechos de que disfrute el resto de candidatos;

c.  El pleno respeto a las competencias democráticas de la Asamblea Nacional y la garantía de que sus funciones legítimas no se cuestionen, limiten ni vulneren;

7.  Pide a los Gobiernos de América Latina, y en particular a las organizaciones internacionales de la región, que promuevan esta mediación internacional y que ejerzan un papel de liderazgo en la defensa del diálogo y de una solución pacífica y democrática al conflicto venezolano; pide a la AR/VP que promueva dicha mediación en colaboración con la comunidad internacional;

8.  Pide a la AR/VP que, en caso de que dicha mediación fracase por falta de voluntad política por parte del Gobierno de Venezuela o porque éste reprima las libertades o vulnere el principio de separación de poderes, las reglas democráticas o el Estado de Derecho, estudie activamente otras posibles medidas de la Unión para lograr la estabilidad democrática y el respeto de los valores constitucionales en Venezuela;

9.  Pide a las autoridades venezolanas que pongan fin a la violenta represión contra los manifestantes y que impidan todo acceso a las armas a los civiles partidarios de cualquier grupo político y en particular a los que actúan en nombre del Gobierno; recuerda su llamamiento al Gobierno para que respete y garantice el derecho constitucional de manifestación pacífica; pide asimismo a los líderes de la oposición que ejerzan sus poderes con responsabilidad; pide a las autoridades venezolanas que garanticen el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de todos los ciudadanos en el marco de la Constitución de Venezuela, y en particular de los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los activistas políticos y las organizaciones no gubernamentales independientes;

10.  Expresa su preocupación por las informaciones recibidas en relación con la ampliación de las milicias civiles armadas prevista por el Gobierno venezolano; insta al Gobierno a paralizar esta iniciativa y a comprometerse a no relanzarla en el futuro, puesto que, de llevarse a cabo, sentaría un precedente sumamente violento y peligroso;

11.  Pide a los Gobiernos europeos que examinen con la máxima generosidad y premura la situación de las solicitudes de residencia en la Unión Europa presentadas por ciudadanos venezolanos;

12.  Reitera su petición para que una delegación del Parlamento Europeo sea enviada a Venezuela y entable lo antes posible un diálogo con todos los sectores implicados en el conflicto;

13.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

(1)

Textos Aprobados, P7_TA(2014)0176.

(2)

Textos Aprobados, P8_TA(2014)0106.

(3)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0080.

(4)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0269.

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