Procedimiento : 2017/2651(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0275/2017

Textos presentados :

B8-0275/2017

Debates :

Votaciones :

PV 27/04/2017 - 5.69
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0200

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0270/2017
24.4.2017
PE603.725v01-00
 
B8-0275/2017

tras una declaración de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (2017/2651(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker en nombre del Grupo ECR

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (2017/2651(RSP))  
B8-0275/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Venezuela y el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, en particular las de 8 de junio de 2016(1), 12 de marzo de 2015(2) y 18 de diciembre de 2014(3),

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Venezuela es signataria,

–  Vista la Constitución de Venezuela, y en particular sus artículos 72 y 233,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el 27 de marzo de 2017 el Tribunal Supremo de Venezuela resolvió atribuirse el derecho a ejercer competencias legislativas hasta la fecha exclusivas de la Asamblea Nacional, así como a limitar la inmunidad parlamentaria de diversos representantes electos, restringiendo con ello las competencias de esta institución democrática elegida, dominada por la oposición y que ha denunciado la acción del Tribunal Supremo como un intento del actual presidente, Nicolás Maduro, de consolidar su poder por medios antidemocráticos;

B.  Considerando que una acción de esta índole tiene precedentes preocupantes en la historia venezolana, particularmente el pronunciamiento de nulidad de las actuaciones de la Asamblea Nacional a través de la sentencia 808, invocada por el Tribunal Supremo el 1 de agosto y el 5 de septiembre de 2016 y por la que se declaraba a la Asamblea en desacato;

C.  Considerando que las normas democráticas y constitucionales venezolanas, en particular el principio de separación de poderes consagrado en la Constitución del país y la obligación legal de los magistrados de preservar la integridad de dicha ley suprema, se ven amenazadas por este tipo de acciones;

D.  Considerando que dichas normas son necesarias para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y defender los principios de la gobernanza democrática y del Estado de Derecho;

E.  Considerando que las presiones internacionales han obligado al presidente Maduro a solicitar al Tribunal Supremo que rectifique las sentencias por las que se declaran nulas las actuaciones de la Asamblea Nacional, de manera que a partir de 1 de abril de 2017 parece haberse restablecido la autoridad de ésta en virtud de nuevas resoluciones pronunciadas por el Tribunal Supremo;

F.  Considerando que la Asamblea Nacional se compone de 167 escaños, 112 de los cuales están actualmente ocupados por la coalición opositora del país, que representa por tanto una mayoría significativa; que el Tribunal Supremo ha impedido la toma de posesión de cuatro representantes electos de la Asamblea —tres de ellos de la oposición—, privando así a esta de su mayoría de dos tercios;

G.  Considerando que el número de presos políticos en Venezuela ha crecido en los últimos días hasta sumar ciento once, tras una oleada de detenciones arbitrarias a raíz de las protestas contra la decisión del Tribunal Supremo; que entre los presos políticos se cuentan líderes opositores como Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos;

H.  Considerando que el Gobierno venezolano ha suspendido la celebración de las elecciones locales y regionales previstas para diciembre de 2016 y ha impedido la celebración de un referéndum revocatorio del mandato del presidente Maduro, pese a su constitucionalidad; que no se percibe señal alguna del posible levantamiento de esta suspensión, sino que, por el contrario, el Gobierno ha amenazado con prolongarla de manera indefinida;

1.  Condena taxativamente la vulneración de la Constitución de Venezuela por el Gobierno del propio país, y denuncia la instrumentalización del Tribunal Supremo por el presidente para atacar a la Asamblea Nacional;

2.  Considera la sentencia del Tribunal Supremo y la declaración de nulidad de las actuaciones de la Asamblea Nacional como una medida política destinada a eliminar a la oposición y a perpetuar al presidente Maduro en su cargo; estima que una resolución judicial de esta índole constituye un ataque frontal a los principios de la democracia, la libertad de expresión y la buena gobernanza;

3.  Considera, de manera similar, que la asunción de competencias propias de la Asamblea Nacional por el Tribunal Supremo es una actuación fundamentalmente antidemocrática que choca frontalmente con la Constitución venezolana;

4.  Pide la inmediata y plena restitución de los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional, e insta al Gobierno venezolano a que reconozca que la separación de poderes y la no interferencia entre autoridades legítimas son elementos fundamentales para la democracia;

5.  Pide la inmediata liberación de todos los presos políticos de Venezuela y reitera que la liberación de los mismos ya ha sido aprobada por la Asamblea Nacional mediante la Ley de Reconciliación Nacional, vetada por el ejecutivo; destaca las escasas posibilidades de dar a largo plazo con una solución pacífica a la situación en Venezuela si los presos políticos continúan formando parte del sistema venezolano de gobernanza;

6.  Pide al Gobierno venezolano que respete su propia Constitución y en particular el derecho constitucional de reunión pacífica, así como la seguridad y la libertad de todos los ciudadanos, en especial los que hasta ahora se han visto más expuestos a intimidaciones, ataques y detenciones arbitrarias, incluidos los defensores de los derechos humanos, los líderes y activistas de la oposición, los periodistas y los miembros de organizaciones no gubernamentales;

7.  Anima al Gobierno venezolano a que suspenda el proceso de concentración antidemocrática de poder asociada al régimen del presidente Maduro y a que levante la suspensión de la celebración de las elecciones locales y regionales, permitiendo el desarrollo de procesos electorales libres, justos y transparentes;

8.  Solicita a las autoridades venezolanas que permitan la entrada al país de ayuda humanitaria, habida cuenta de las graves crisis económica y sanitaria que azotan el país;

9.  Pide al Consejo que considere la posibilidad de imponer sanciones selectivas y otras medidas contra miembros del Gobierno o personas consideradas responsables de la violación de los derechos de manifestantes, miembros de la oposición política o activistas pro derechos humanos;

10.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos.

(1)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0269.

(2)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0080.

(3)

DO C 294 de 12.8.2016, p. 21.

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