Procedimiento : 2017/2703(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0397/2017

Textos presentados :

B8-0397/2017

Debates :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Votaciones :

PV 14/06/2017 - 8.10
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0264

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.506v01-00
 
B8-0397/2017

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre la situación en la República Democrática del Congo (2017/2703(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé, Igor Šoltes en nombre del Grupo Verts/ALE

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en la República Democrática del Congo (2017/2703(RSP))  
B8‑0397/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la República Democrática del Congo (RDC),

–  Vistos los acuerdos políticos celebrados en la RDC el 31 de diciembre de 2016 y el 18 de octubre de 2016,

–  Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de 15 de junio de 2016, sobre la situación en el período previo a las elecciones y en materia de seguridad en la RDC,

–  Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de 18 de mayo de 2011, sobre los retos para el futuro de la democracia y el respeto del orden constitucional en los países ACP y de la UE,

–  Visto el comunicado de prensa conjunto, de 16 de febrero de 2016, de las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea y la Organización Internacional de la Francofonía,

–  Vistas las Declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de su portavoz sobre la situación en la República Democrática del Congo,

–  Vistas las Declaraciones de la Delegación de la Unión en la República Democrática del Congo sobre la situación de los derechos humanos en el país, sobre el proceso electoral y sobre el llamado diálogo nacional,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 6 de marzo de 2017, 17 de octubre de 2016 y 23 de mayo de 2016, sobre la República Democrática del Congo,

–  Vista la Declaración del equipo de enviados internacionales y representantes para la región de los Grandes Lagos de África sobre las elecciones en la República Democrática del Congo, de 2 de septiembre de 2015,

–  Vistas las Declaraciones del enviado internacional para la Región de los Grandes Lagos, de 15 de agosto y de 2 de noviembre de 2016, sobre la situación en la región y en el este del Congo,

–  Visto el informe intermedio del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre la República Democrática del Congo, de 28 de diciembre de 2016,

–  Visto el comunicado de prensa conjunto, de 12 de febrero de 2015, del relator especial de la Unión Africana para la situación de los defensores de los derechos humanos y del relator especial de la Unión Africana para prisiones y condiciones de detención en África, sobre la situación de los derechos humanos tras los acontecimientos en torno a la modificación de la Ley Electoral en la RDC,

–  Visto el informe de la Oficina Conjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos MONUSCO-ACNUDH relativo a las violaciones de los derechos humanos cometidas en la RDC en el contexto de los hechos del 19 de diciembre de 2016,

–  Visto el informe de investigación preliminar de la Oficina Conjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos MONUSCO-ACNUDH relativo a las violaciones de los derechos humanos y los actos de violencia perpetrados durante las manifestaciones de Kinshasa entre los días 19 y 21 de septiembre de 2016,

–  Visto el informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 27 de julio de 2015, sobre la situación de los derechos humanos y las actividades de la Oficina Conjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la República Democrática del Congo,

–  Visto el Acuerdo Marco de Paz, Seguridad y Cooperación para la RDC y la región, firmado en Adís Abeba en febrero de 2013,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de la UE, de 12 de diciembre de 2016 y 29 de mayo de 2016, sobre las medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo,

–  Visto el Acuerdo de Asociación de Cotonú firmado el 23 de junio de 2000 y modificado el 25 de junio de 2005 y el 22 de junio de 2010,

–  Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, de junio de 1981,

–  Vistas las Declaraciones de Nairobi de diciembre de 2013,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que, según la Constitución de la RDC, deberían haberse celebrado elecciones en 2016;

B.  Considerando que la Constitución establece que el número máximo de mandatos presidenciales es de dos; que, por consiguiente, el actual presidente, Joseph Kabila, no puede presentarse a un tercer mandato;

C.  Considerando que el presidente Kabila ha hecho todo lo posible por retrasar dichas elecciones;

D.  Considerando que el 31 de diciembre de 2016 el partido congoleño AMP, en el poder, y la principal coalición opositora, la Agrupación de Fuerzas por el Cambio Político y Social, firmaron un acuerdo político clave tras las negociaciones arbitradas por la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (CENCO), en el que se esboza una solución política a la crisis electoral; que dicho acuerdo prorroga el mandato del presidente Kabila hasta la elección de un sucesor a más tardar el 31 de diciembre de 2017;

E.  Considerando que no ha habido progresos en la aplicación del acuerdo, y que la CENCO abandonó su papel de mediación a finales de marzo debido a la situación de punto muerto en la aplicación del acuerdo;

F.  Considerando que, incumpliendo el acuerdo de diciembre, el presidente Kabila no procedió a designar un primer ministro de la oposición;

G.  Considerando que la crisis constitucional sigue acompañada de una violenta represión de la oposición, actos de acoso a los defensores de los derechos humanos, palizas y asesinatos de manifestantes, desapariciones, detenciones en régimen de incomunicación y asfixia de los medios de comunicación;

H.  Considerando que las libertades de expresión y de reunión en el país se encuentran gravemente cercenadas, entre otras vías por el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos, periodistas, dirigentes políticos y todo aquel que se opone a los planes que permitirían al presidente Kabila mantenerse en el poder más allá del límite constitucional de dos mandatos;

I.  Considerando que en la capital congoleña, Kinshasa, las fuerzas de seguridad mataron a tiros como mínimo a veinte manifestantes que exigían en las calles la salida del poder de Kabila al término de su mandato constitucional;

J.  Considerando que las anteriores protestas de septiembre de 2016 contra la permanencia en el poder del presidente Kabila se saldaron con una brutal represión contra manifestantes y fuerzas de la oposición; que las Naciones Unidas informaron de 422 víctimas de violaciones de los derechos humanos en Kinshasa a manos de funcionarios del Estado, lo que incluye 48 muertos y 143 heridos, 296 personas detenidas y encarceladas ilegalmente —entre las cuales ocho periodistas—, y la destrucción de sedes de partidos políticos;

K.  Considerando que la emisora Radio Okapi, apoyada por las Naciones Unidas, y la Radio-Télévision Belge de la Communauté Française (RTBF) han sido temporalmente bloqueadas; que la emisora de Radio France International (RFI) en Kinshasa ha sido clausurada;

L.  Considerando que las Naciones Unidas y diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado un gran número de abusos de los derechos humanos a manos de funcionarios públicos, así como los escasos avances a la hora de llevar a los autores ante la justicia;

M.  Considerando que se ha producido un nuevo conflicto en la región de Kasai Central; que en marzo de 2017 fueron asesinados dos miembros del grupo de expertos de las Naciones Unidas en el Congo y que en ese mismo mes los insurgentes tendieron una emboscada y mataron a 40 agentes de policía; que, según las Naciones Unidas, los combates entre las tropas gubernamentales y los insurgentes se han saldado en al menos 500 muertos y 1 millón de refugiados; que las Naciones Unidas han encontrado 40 fosas comunes; que las fuerzas armadas de la RDC han sido acusadas de uso excesivo de la fuerza en violación del Derecho internacional humanitario;

N.  Considerando que el 8 de marzo de 2017, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió que se creara una comisión de investigación para examinar la violencia en la región de Kasai;

O.  Considerando que la situación de la seguridad en el este del país también sigue siendo motivo de preocupación;

P.  Considerando que la minería informal, o «artesanal», representa hasta un quinto de la producción económica del país y emplea a millones de personas en el este del Congo; que es una fuente de ingresos fácil tanto para los rebeldes como para los corruptos soldados del gobierno, así como para los comerciantes de los países vecinos que operan directamente o a través de aliados armados locales;

Q.  Considerando que en febrero de 2013, como parte del esfuerzo destinado a afrontar las causas que subyacen tras la violencia en el este, el Gobierno de la RDC aprobó, junto con otros diez países y cuatro instituciones regionales e internacionales, un marco para la consolidación de la paz en el país; que los diversos planteamientos adoptados por el Gobierno congoleño y sus socios extranjeros, incluidos el programa de estabilización, los esfuerzos de desmovilización y la reforma del sector de la seguridad, han dado escasos resultados;

1.  Lamenta profundamente el retraso en la organización de las próximas elecciones presidenciales y legislativas en la RDC, lo que constituye una violación grave de la Constitución del país;

2.  Acoge con satisfacción el acuerdo político alcanzado entre las partes congoleñas en el que se esboza una solución a la crisis actual, pero sigue seriamente preocupado por la situación de punto muerto en la aplicación del acuerdo;

3.  Insta, por consiguiente, al presidente Kabila, a que respete los términos del acuerdo y permita la celebración en 2017 de elecciones presidenciales en las que él no sea candidato;

4.  Insta a la Alianza de la Mayoría Presidencial a que negocie de buena fe la aplicación del acuerdo y no recurra a maniobras dilatorias para permitir que el presidente Kabila permanezca todavía más tiempo en el poder;

5.  Insta al Gobierno congoleño a que aborde de inmediato las cuestiones pendientes en relación con las distintas fases del calendario electoral, el presupuesto correspondiente y la actualización del censo electoral con vistas a la celebración de elecciones libres, justas y transparentes en los próximos meses;

6.  Recuerda que la Comisión Electoral Nacional Independiente debe ser una institución imparcial e inclusiva con recursos suficientes para posibilitar un proceso integral y transparente;

7.  Pide a las autoridades congoleñas que ratifiquen cuanto antes la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza;

8.  Condena enérgicamente todos los actos de violencia, las violaciones de los derechos humanos, los encarcelamientos arbitrarios y las detenciones ilegales, la intimidación política de la sociedad civil y de los miembros de la oposición y las violaciones de la libertad de prensa y la libertad de expresión en el contexto de la crisis electoral en la RDC; pide la liberación de todos los detenidos por motivos políticos; considera que su detención constituye una grave violación de los valores fundamentales consagrados en el Acuerdo de Cotonú;

9.  Recuerda que, en virtud del Acuerdo de Cotonú, la RDC se ha comprometido a respetar los principios de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, que comprenden la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, la buena gobernanza y la transparencia en los cargos políticos; insta al Gobierno congoleño a que respete estos principios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11B, 96 y 97 del Acuerdo de Cotonú;

10.  Insta a las autoridades congoleñas a que restablezcan un entorno propicio al libre y pacífico ejercicio de las libertades de expresión, asociación y reunión y a la libertad de prensa;

11.  Considera esta medida de extrema importancia para que las elecciones previstas, en caso de que finalmente se celebren, sean libres y justas;

12.  Pide al Gobierno congoleño que revoque inmediatamente la Orden Ministerial n.° 010 CAB/M-CM/LMO/010/2016, de 12 de noviembre de 2016, sobre la regulación de las emisiones de radio y televisión de entidades extranjeras, puesto que dicha disposición impone restricciones indebidas sobre el derecho de información contemplado en el artículo 24 de la Constitución de la RDC;

13.  Pide a las autoridades congoleñas que garanticen la independencia y la rendición de cuentas de los servicios de seguridad congoleños, incluidas la agencia nacional de inteligencia y la policía; pide, en este sentido, a la Unión Europea que utilice los programas de justicia y seguridad existentes en la RDC como apoyo al diálogo con las autoridades congoleñas en relación con la actual política de represión que aplican las fuerzas de seguridad, y que estudie la posibilidad de poner fin a dichos programas si no se producen avances;

14.  Pide a las autoridades congoleñas que investiguen, persigan judicialmente y sancionen adecuadamente a los funcionarios de las fuerzas de seguridad y de la agencia de inteligencia y a los otros responsables de la represión violenta e ilegal ejercida contra activistas, líderes de la oposición y demás personas contrarias a los planes del presidente Kabila de seguir en el poder;

15.  Pide la liberación inmediata e incondicional de todos los presos encarcelados por motivos políticos y la retirada de todos los cargos presentados contra ellos; recuerda que la liberación de los presos políticos es parte de las medidas de fomento de la confianza previstas en el acuerdo de diciembre;

16.  Manifiesta su preocupación por las recientes informaciones sobre graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario cometidas por las milicias locales en la región de Kasai, incluidos el reclutamiento y la utilización ilegales de niños soldados, así como el asesinato de civiles por miembros de las fuerzas de seguridad de la RDC, violaciones todas que pueden constituir crímenes de guerra en virtud del Derecho internacional; pide una investigación independiente sobre las fosas comunes que se han descubierto y de los acontecimientos y las violaciones de los derechos humanos cometidas;

17.  Observa que las autoridades congoleñas han sido lentas en su plan de desarme, desmovilización y reintegración en el este del país; insta a estas autoridades a que redoblen sus esfuerzos y a la comunidad internacional a que aumente su apoyo a dicho plan;

18.  Celebra los esfuerzos de las autoridades congoleñas por aplicar la legislación por la que se prohíben el comercio y el tratamiento de minerales en las zonas en las que se explotan de forma ilegal como, por ejemplo, las controladas por grupos armados; pide a las autoridades congoleñas que refuercen la aplicación de su legislación para poner fin a la explotación ilegal de sus recursos minerales, e insta a la RDC a que siga esforzándose en cumplir con la iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas;

19.  Lamenta la actitud indulgente de la UE ante la crisis en la RDC, y no comprende por qué la UE todavía no ha iniciado consultas en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, a pesar de las constantes violaciones de las disposiciones fundamentales de dicho acuerdo por las autoridades de la RDC;

20.  Acoge con satisfacción, sin embargo, el hecho de que la UE haya impuesto finalmente sanciones específicas a los responsables de la represión de la oposición y de los retrasos que han sufrido las elecciones, incluidas la prohibición de viajar y el embargo de bienes;

21.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la Unión Africana, al Consejo de Ministros ACP-UE, a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, al secretario general de las Naciones Unidas y al Gobierno y al Parlamento de la República Democrática del Congo.

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