Procedimiento : 2017/2703(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0400/2017

Textos presentados :

B8-0400/2017

Debates :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Votaciones :

PV 14/06/2017 - 8.10
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0264

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 259kWORD 52k
Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.510v01-00
 
B8-0400/2017

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre la situación en la República Democrática del Congo (2017/2703(RSP))


Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga en nombre del Grupo ECR

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en la República Democrática del Congo (2017/2703(RSP))  
B8‑0400/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre la República Democrática del Congo (RDC),

–  Vistas las declaraciones de la Delegación de la Unión Europea en la RDC sobre la situación de los derechos humanos en el país,

–  Vistos los acuerdos políticos alcanzados en la RDC el 31 de diciembre de 2016,

–  Vista la Declaración, de 1 de enero de 2017, de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, sobre la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en la RDC,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 17 de octubre de 2016, sobre la RDC,

–  Vistos las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en particular la 2348 (2017), sobre la situación en la RDC,

–  Visto el informe del secretario general de las Naciones Unidas, de 10 de marzo de 2017, sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC (MONUSCO),

–  Vistos los comunicados de prensa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 24 de febrero de 2017, sobre la situación en la RDC,

–  Visto el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en la RDC,

–  Vista la Declaración del presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 4 de enero de 2017,

–  Visto el Programa Indicativo Nacional del 11.º Fondo Europeo de Desarrollo (2014-2020), cuya prioridad es el fortalecimiento de la democracia, de la gobernanza y del Estado de Derecho,

–  Vistas las Resoluciones aprobadas por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de 18 de mayo de 2011, sobre los desafíos para el futuro de la democracia y el respeto del orden constitucional en los países ACP y de la Unión, y de 27 de noviembre de 2013, sobre el respeto del Estado de Derecho y el papel de un poder judicial imparcial e independiente,

–  Vista la Constitución de la República Democrática del Congo,

–  Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, de junio de 1981,

–  Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

–  Vista la Declaración de la Unión Africana sobre los principios que rigen las elecciones democráticas en África, de 2002,

–  Vista la Carta Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que la RDC ha sufrido continuos ciclos de conflicto, violencia entre comunidades y enfrentamientos entre milicias rivales, incluyendo ataques a civiles pacíficos, instituciones religiosas, miembros de la sociedad civil y fuerzas de paz de las Naciones Unidas;

B.  Considerando que el presidente Joseph Kabila no ha aplicado el «acuerdo político inclusivo y exhaustivo» que se alcanzó en Kinsasa el 31 de diciembre de 2016, y en virtud del cual se había comprometido a celebrar elecciones libres y a ceder gradualmente el poder antes de finales de 2017;

C.  Considerando que los obispos católicos del país, que mediaron en el citado acuerdo, han rechazado participar en futuras negociaciones, alegando una falta de voluntad política para priorizar los intereses y la seguridad de la nación;

D.  Considerando que el presidente Kabila sostiene que su Gobierno no puede asumir el coste de 1,6 millones de euros de las elecciones y se sirve de este argumento como excusa para no celebrarlas;

E.  Considerando que en la región de Kasai se han hallado 42 fosas comunes, de las que al menos 30 contienen restos mortales de niños, al parecer asesinados por soldados;

F.  Considerando que en la región de Kasai, en lo que llevamos de año, al menos 500 personas han sido asesinadas, de las cuales 85 eran policías, 39 soldados y 390 rebeldes;

G.  Considerando que desde 2013 más de 2 200 000 personas han huido de sus hogares, la mitad de ellas solo en el año pasado;

H.  Considerando que más de 400 000 niños están al borde de la muerte por inanición, y que UNICEF y la Organización Mundial de la Salud necesitan más fondos para hacer frente a los problemas de la RDC,

I.  Considerando que la RDC se enfrenta a graves epidemias de cólera y ébola; que desde principios de este año se han declarado en la RDC 10 982 casos de cólera, con 349 víctimas mortales, y unas 400 personas reciben tratamiento por ébola;

J.  Considerando que el presidente Kabila ha sido acusado de participar en transferencias bancarias sospechosas y en ventas dudosas de derechos mineros por valor de unos 85 millones de euros destinadas posiblemente a facilitar operaciones de blanqueo de dinero;

K.  Considerando que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha renovado por un año más el mandato de la MONUSCO de 1 000 millones de euros, en medio de la escalada de violencia en todo el país, aun siendo plenamente consciente de que se trata de la misión de Naciones Unidas más importante y costosa, con cerca de 22 400 soldados y efectivos policiales;

L.  Considerando que en marzo de 2017 dos investigadores de alto nivel de las Naciones Unidas fueron secuestrados y asesinados en la provincia central de Kansai;

1.  Recuerda al Gobierno de la RDC que es responsabilidad básica del Estado proteger a los civiles en su territorio frente a todo acto de violencia, incluidos los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad;

2.  Expresa su profunda preocupación por las atrocidades, los abusos contra los derechos humanos, el reclutamiento de niños soldados, la obstrucción a la ayuda humanitaria y al trabajo de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas y la explotación de los recursos naturales para sostener económicamente a personas involucradas en actividades ilegales e inhumanas;

3.  Alienta al Gobierno de la RDC a que aplique de manera inmediata el «acuerdo político inclusivo y exhaustivo» que se alcanzó en Kinsasa el 31 de diciembre de 2016, y le pide que organice elecciones pacíficas y legítimas garantizando al tiempo una transferencia gradual del poder con arreglo a lo dispuesto en la Constitución de la RDC antes de que concluya 2017;

4.  Reconoce que la inscripción de los votantes en el censo supone un importante reto en la RDC, y acoge con satisfacción las primeras informaciones al respecto, según las cuales el proceso avanza adecuadamente con la asistencia de la MONUSCO; insiste, por consiguiente, en que la cuestión de la inscripción no debe servir al presidente o a su Gobierno de excusa para retrasar los comicios;

5.  Destaca la importancia de unas elecciones libres, justas y bien organizadas, y pide al Gobierno de la RDC y a sus socios regionales que garanticen el desarrollo de las mismas de manera transparente y creíble;

6.  Expresa su preocupación por la posibilidad de que las próximas elecciones se estén utilizando para generar más inestabilidad en la región oriental de la RDC, en parte por actores externos, y estén alimentando la constante extracción ilegal de minerales;

7.  Celebra las decisiones del Consejo, de 12 de diciembre de 2016 y 29 de mayo de 2017, de imponer medidas restrictivas contra dieciséis funcionarios estatales de la RDC directa o indirectamente involucrados en amenazas a la paz y a la seguridad o en acciones contra los procesos democráticos en el país;

8.  Pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que consideren la posibilidad de adoptar más medidas de esta índole contra personas u organizaciones cómplices en la explotación de los recursos naturales de la RDC o instigadoras de la misma o involucradas en la planificación o ejecución de mecanismos de blanqueo de dinero destinados a sostener el Gobierno de Kabila;

9.  Pide a la Unión Africana, a las Naciones Unidas y a otras organizaciones regionales e internacionales que entablen conversaciones sobre la estrategia de «salida» del presidente Kabila;

10.  Condena todas las violaciones del Derecho humanitario internacional perpetradas por las fuerzas armadas de la RDC, la Guardia Republicana, la Policía Nacional y la Agencia Nacional de Inteligencia contra grupos opositores, civiles y organizaciones de la sociedad civil, e insta a todas las partes a que se abstengan de cualquier acto de provocación o violencia;

11.  Exige la inmediata liberación de todos los detenidos ilegalmente, incluidos periodistas, opositores y representantes de la sociedad civil;  

12.  Exige una investigación independiente e inmediata del hallazgo de 42 fosas comunes en la región de Kasai, y pide que los responsables de estas muertes sean procesados con arreglo al Derecho nacional e internacional;

13.  Condena el secuestro y asesinato de dos investigadores de alto nivel de las Naciones Unidas en la región de Kasai en marzo de 2017;

14.  Celebra la prórroga del mandato de la MONUSCO y hace hincapié en su capital importancia para proteger a los civiles frente a la violencia a manos del Gobierno y de las milicias;

15.  Recuerda al Gobierno de la RDC que es parte del Estatuto de Roma y que algunos de los actos que siguen cometiéndose en el país pueden constituir crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad;

16.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Unión Africana, a los presidentes, primeros ministros y Parlamentos de la República Democrática del Congo y de Gabón, al secretario general de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.

Aviso jurídico