Procedimiento : 2017/2703(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0402/2017

Textos presentados :

B8-0402/2017

Debates :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Votaciones :

PV 14/06/2017 - 8.10
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0264

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.512v01-00
 
B8-0402/2017

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre la situación en la República Democrática del Congo (2017/2703(RSP))


Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa, Daniel Caspary en nombre del Grupo PPE

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en la República Democrática del Congo (2017/2703(RSP))  
B8‑0402/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la República Democrática del Congo (RDC), en particular las de 10 de marzo de 2016(1), 23 de junio de 2016(2), 28 de noviembre de 2016 y 25 de enero de 2017,

–  Vista la Declaración del portavoz de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 29 de marzo de 2017, sobre el asesinato de expertos de las Naciones Unidas en la RDC,

–  Vista la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/905 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, por la que se aplica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo(3),

–  Visto el comunicado conjunto de la Unión Africana, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización Internacional de la Francofonía, de 28 de marzo de 2017, sobre la situación en las provincias de Kasai (RDC), y su declaración conjunta, de 16 de febrero de 2017, sobre la República Democrática del Congo,  

–  Vistos los informes del secretario general de las Naciones Unidas, de 10 de marzo de 2017, sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC y la aplicación del Marco de Paz, Seguridad y Cooperación para la RDC y la Región,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 17 de octubre de 2016 y de 6 de marzo de 2017, sobre la RDC,

–  Vistas las declaraciones a la prensa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), en las que manifiesta su preocupación ante los desafíos relacionados con la ejecución del acuerdo de 31 de diciembre de 2016 y hace hincapié en la importancia de llevar a cabo investigaciones de los recientes episodios de violencia en Kasai,

–  Vista la Declaración de la vicepresidenta / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, y el comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, de 1 de enero de 2017, sobre la celebración de un acuerdo político en la RDC,

–  Vistas las Resoluciones del CSNU sobre la RDC, en particular la Resolución 2348 (2017), por la que se prorroga el mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC (MONUSCO), y la Resolución 2293 (2016) sobre la prórroga del régimen de sanciones a la RDC y del mandato del Grupo de Expertos,

–  Vista la declaración de la Presidencia del CSNU, en la que celebra la firma, el 31 de diciembre de 2016, de un acuerdo político inclusivo y exhaustivo sobre el calendario electoral en la RDC,

–  Visto el informe intermedio del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, de 28 de diciembre de 2016, sobre la RDC,

–  Vistas las Declaraciones de Nairobi, de diciembre de 2013,

–  Visto el Acuerdo Marco de Paz, Seguridad y Cooperación para la República Democrática del Congo y la Región, firmado en Adís Abeba en febrero de 2013,

–  Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, de junio de 1981,

–  Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

–  Vista la Constitución congoleña, de 18 de febrero de 2006,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que la persistente crisis humanitaria y de seguridad en la RDC ya ha causado la muerte de alrededor de cinco millones de personas;

B.  Considerando que la situación sigue deteriorándose, en particular en la parte oriental del país, donde los grupos armados extranjeros y nacionales, incluidas las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC), continúan perpetrando matanzas esporádicas de civiles, a menudo por motivos étnicos y con total impunidad, y cometiendo violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional, como los ataques dirigidos específicamente contra civiles, la violencia sexual y de género generalizada, el reclutamiento sistemático y abuso de menores para fines militares, y las ejecuciones extrajudiciales;

C.  Considerando que, desde agosto de 2016, la provincia de Kasai ha experimentado una grave escalada de la violencia entre la milicia y las fuerzas gubernamentales; que esto ya ha causado la muerte de cientos de personas y ha obligado a un millón de personas a huir de sus hogares; que los informes de las Naciones Unidas han documentado violaciones masivas de los derechos humanos, incluidas matanzas de civiles, así como la existencia de 40 fosas comunes;

D.  Considerando que la inacción y el silencio del presidente Kabila ante estas atrocidades, supuestamente perpetradas tanto por grupos armados rebeldes como por las fuerzas militares del Estado, es extremadamente preocupante;

E.  Considerando que las mujeres y los niños son las primeras víctimas del conflicto; que la violencia sexual y de género, que a menudo se utiliza como táctica de guerra, es una práctica muy extendida;

F.  Considerando que el 19 de diciembre de 2016 finalizó el mandato constitucional del presidente Kabila; que, desde entonces, ha estado retrasando las elecciones y ha permanecido en el poder, agravando así la tensión política, el malestar social y los actos de violencia en todo el país, lo que ha provocado la muerte de docenas de personas;

G.  Considerando que los grupos de defensa de los derechos humanos están constantemente alertando sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos y de la libertad de expresión y reunión en el país, así como sobre el uso de una fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos y el aumento de los juicios por motivos políticos;

H.  Considerando que el 31 de diciembre de 2016, bajo los auspicios de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (CENCO), se alcanzó un acuerdo inclusivo sobre la transición para permitir que el presidente Kabila permaneciese en el poder a condición de que se celebren elecciones antes de que finalice 2017 y se designe un primer ministro de la coalición opositora; que, hasta la fecha, no se ha realizado ningún progreso en relación con la aplicación del acuerdo y el Gobierno ha dado a entender que no se celebrarán elecciones este año debido a limitaciones financieras;

I.  Considerando que tanto la Unión como los Estados Unidos han adoptado sanciones contra la RDC; que, en mayo de 2017, la Unión amplió sus sanciones a nueve funcionarios y miembros del Gobierno por haber participado en actos que constituyen violaciones graves de los derechos humanos en la RDC;

J.  Considerando que los agentes humanitarios calculan que 7,3 millones de personas, de las cuales 4,4 millones son niños, necesitan a día de hoy asistencia y carecen de acceso básico al agua potable, al saneamiento, a los servicios médicos y a la educación; que 5,9 millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria; que el conflicto y las operaciones militares en curso han provocado numerosos desplazamientos forzados, dando lugar a aproximadamente 2,3 millones de desplazados internos y obligando a 450 000 personas a huir a países vecinos;

K.  Considerando que se calcula que estas preocupantes cifras seguirán aumentando y que la situación se deteriorará todavía más mientras continúe el conflicto, especialmente teniendo en cuenta el limitado acceso a las personas afectadas;

L.  Considerando que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) ha denunciado el aumento del número de secuestros y ataques al personal y a los convoyes humanitarios, lo que ha obligado a las organizaciones humanitarias a retrasar la entrega de ayuda y a suspender sus actividades; que, recientemente, dos investigadores de las Naciones Unidas han sido secuestrados y asesinados en la provincia de Kasai;

M.  Considerando que, en lo que llevamos de 2017, la asistencia humanitaria de la Unión en la RDC asciende a 22,7 millones de euros;

N.  Considerando que, en el periodo 2014-2020, el programa indicativo nacional para la RDC, financiado con 620 millones de euros procedentes del 11.º Fondo Europeo de Desarrollo (FED), da prioridad al fortalecimiento de la gobernanza y el Estado de Derecho, incluidas las reformas del sistema judicial, la policía y el ejército;

1.  Sigue profundamente preocupado por la actual situación política, humanitaria y de seguridad en la República Democrática del Congo, que continúa empeorando; condena firmemente todas las violaciones de los derechos humanos y los abusos perpetrados contra civiles, como los secuestros, los asesinatos, las torturas, las violaciones y otros actos de violencia sexual; recuerda al Gobierno que tiene la responsabilidad de garantizar los derechos humanos y proteger a la población civil;

2.  Pide una investigación completa, exhaustiva y transparente de las violaciones masivas y generalizadas de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario que están teniendo lugar en todo el país, y en particular en la región de Kasai, con el fin de identificar a los responsables y llevarles ante la justicia;

3.  Reitera su llamamiento en favor de la pronta y satisfactoria celebración de elecciones que respeten plenamente la Constitución congoleña y la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza, e insiste en la responsabilidad del Gobierno congoleño de garantizar un entorno propicio para celebrar elecciones transparentes, creíbles e inclusivas a finales de este año a más tardar;

4.  Acoge con satisfacción el acuerdo político alcanzado en diciembre de 2016 y elogia los esfuerzos de mediación de la CENCO; expresa su preocupación, no obstante, por la ausencia de progresos en relación con su aplicación, especialmente por parte del presidente y del Gobierno; insta, por consiguiente, a todos los responsables políticos a que lleguen rápidamente a un acuerdo sobre las modalidades prácticas del periodo de transición y a que aceleren los preparativos electorales;

5.  Insiste en el deber del Gobierno de respetar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos; recuerda que la libertad de expresión, asociación y reunión constituye la base de una vida política y democrática dinámica y que debe prohibirse todo recurso a la violencia contra manifestaciones pacíficas;

6.  Acoge con satisfacción la adopción de sanciones específicas por parte de la Unión contra los responsables de cometer violaciones de los derechos humanos y de socavar el proceso democrático en la RDC, entre ellas, la prohibición de viajar y la congelación de activos, y pide que se prorroguen si fuera necesario;

7.  Pide a la delegación de la Unión que siga supervisando de cerca la evolución de la situación en la RDC y que utilice todos los instrumentos y herramientas adecuados para apoyar a los defensores de los derechos humanos y a los movimientos en favor de la democracia;

8.  Recuerda que la paz y la seguridad son condiciones indispensables para unas elecciones satisfactorias y un entorno político estable; celebra, a este respecto, la prórroga del mandato de la MONUSCO y el refuerzo de sus competencias para proteger a los civiles y defender los derechos humanos en el contexto electoral;

9.  Reitera su pleno apoyo a la labor del representante especial del secretario general de las Naciones Unidas en la RDC, así como de la Oficina Conjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la RDC;

10.  Subraya que la situación en la RDC constituye una grave amenaza para la estabilidad de la región de África Central en su conjunto; reitera su apoyo a la Unión Africana como facilitadora del diálogo político en la RDC; destaca el papel fundamental de la Unión Africana en la prevención de una crisis política en la región, y pide que se intensifique su compromiso de garantizar el pleno respeto de la Constitución congoleña; pide a la Unión Africana y a la Unión Europea que garanticen un diálogo político permanente entre los países de la región de los Grandes Lagos con el fin de prevenir una mayor desestabilización;

11.  Lamenta los escasos avances realizados en lo que respecta a la aplicación del Acuerdo Marco y pide a todas las partes que contribuyan activamente a los esfuerzos de estabilización; considera, en este sentido, que el apoyo de la Unión debería centrarse en mayor medida en la democracia y la consolidación del Estado, en concreto, en la profundización de las reformas en el sector de la seguridad y las instituciones públicas;

12.  Reitera su profunda preocupación por la alarmante situación humanitaria en la RDC; pide a la Unión y a sus Estados miembros que mantengan su apoyo a la población de la RDC con vistas a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables y hacer frente a las consecuencias de los desplazamientos, la inseguridad alimentaria, las epidemias y las catástrofes naturales;

13.  Condena todos los ataques contra el personal y las instalaciones de asistencia humanitaria;

14.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Unión Africana, al presidente, al primer ministro y al Parlamento de la RDC, al secretario general de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.

(1)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0085.

(2)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0290.

(3)

DO L 138I de 29.5.2017, p. 6.

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