Procedimiento : 2018/2527(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0079/2018

Textos presentados :

B8-0079/2018

Debates :

Votaciones :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
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Textos aprobados :

P8_TA(2019)0131

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 168kWORD 51k
5.2.2018
PE614.388v01-00
 
B8-0079/2018

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la situación actual de los derechos humanos en Turquía  (2018/2527(RSP))


Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Matteo Salvini en nombre del Grupo ENF

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación actual de los derechos humanos en Turquía  (2018/2527(RSP))  
B8‑0079/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 6 de febrero de 2018, sobre la situación actual de los derechos humanos en Turquía,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el ejército turco ha lanzado una ofensiva en el norte de Siria, en la zona de la ciudad de Afrin, contra las milicias kurdas locales y contra miembros de las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo; que esta ofensiva amenaza con desestabilizar la región y, según las Naciones Unidas, podría provocar una nueva crisis de refugiados a gran escala que podría afectar también a Europa; que, según informaciones, ya se han desplazado 5 000 personas de la ciudad de Afrin y se encuentran completa y totalmente a merced de los militares turcos; que la comunidad internacional ha expresado su profunda preocupación por esta operación militar;

B.  Considerando que el Gobierno turco está utilizando órdenes de detención internacional para perseguir a opositores del régimen de Erdoğan, y que estas prácticas represivas afectan cada vez más a los países europeos y a sus ciudadanos;

C.  Considerando que el Estado de Derecho quedó efectivamente suspendido desde la instauración del estado de excepción, con lo que se suspendieron las garantías de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se generalizó la falta de garantías en materia de derechos fundamentales, tanto para los ciudadanos turcos como para los extranjeros; que ha tenido lugar una ola completa de detenciones y encarcelamientos de abogados, periodistas y miembros de la sociedad civil a partir del intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016; que según Reporteros sin Fronteras en la actualidad hay más de 100 periodistas encarcelados; que, en más de 100 distritos y 10 centros provinciales, alcaldes electos y funcionarios han sido cesados y sustituidos por personas nombradas por el Ministerio del Interior; que la oposición política, en especial los miembros del Partido Democrático del Pueblo (HDP), se enfrenta a la persecución y el encarcelamiento;

D.  Considerando que la minoría cristiana en Turquía se enfrenta no solo a la represión del Gobierno y sus funcionarios sino también a la persecución; que el patrimonio cultural cristiano ha sufrido daños importantes o ha sido destruido; que, desde la toma de posesión del presidente Erdoğan y su Partido Justicia y Desarrollo (PJD), Turquía se enfrenta a una alarmante radicalización del Islam; que el PJD apoya las ideas y los intereses de los Hermanos Musulmanes;

E.  Considerando que el Gobierno turco todavía no reconoce la soberanía de la República de Chipre cuya parte septentrional se encuentra bajo ocupación turca desde 1974 y no es reconocida por la comunidad internacional; que el patrimonio cultural cristiano en el norte de Chipre ha sido objeto de ataques vandálicos y está gravemente dañado;

F.  Considerando que la Unión ha congelado las negociaciones de adhesión con Turquía; que se aprobó una reforma constitucional en Turquía que supone un claro paso atrás en el desarrollo democrático del país; que la Unión está desarrollando una unión aduanera con Turquía y busca nuevas conversaciones;

1.  Pide a los Estados miembros que sin demora pongan fin de manera definitiva a las negociaciones de adhesión de Turquía a la Unión; pide que se suspendan definitivamente los fondos de preadhesión destinados a este país y se abandonen las negociaciones sobre la unión aduanera entre la Unión y Turquía;

2.  Pide la retirada inmediata de las fuerzas armadas turcas de territorio sirio y un alto el fuego inmediato; subraya que cualquier medida posible debe adoptarse con vistas a evitar una nueva crisis humanitaria; condena firmemente cualquier nueva acción militar en Siria por parte del ejército turco; expresa su preocupación por la situación humanitaria en la región; teme que la ofensiva del ejército turco pueda provocar una nueva crisis de refugiados en la zona, pues en la región ya existen 5 000 personas desplazadas, y que ello también afecte a Europa y a la Unión; recuerda al Gobierno turco que las milicias kurdas locales son un aliado importante contra el Dáesh y otras organizaciones terroristas islamistas;

3.  Recuerda que, desde que el PJD llegó al poder, Turquía se enfrenta a una grave radicalización del Islam, no solo teórica sino también en la práctica;

4.  Recuerda que la existencia de la minoría cristiana en Turquía se ve gravemente amenazada por la represión y la persecución que aplican actualmente el Gobierno turco y sus funcionarios; condena toda forma de persecución, represión o provocación contra los cristianos en Turquía; condena también la destrucción y el deterioro del patrimonio cultural cristiano; manifiesta su preocupación por el hecho de que los bienes culturales cristianos se comercializan en el mercado negro; recuerda que este método también es habitual en la zona de Chipre ocupada por Turquía y ha comportado la casi desaparición del patrimonio cultural cristiano en la región;

5.  Hace hincapié en que el Estado de Derecho en Turquía ha quedado efectivamente suspendido con la aplicación del estado de excepción y que como resultado miles de periodistas, abogados y políticos de la oposición han sido encarcelados o se encuentran en situación de detención arbitraria; condena el despido colectivo de funcionarios y agentes de policía, el cierre masivo de medios de comunicación, las detenciones de periodistas, académicos, jueces, defensores de los derechos humanos, cargos electos y no electos, miembros de los servicios de seguridad y ciudadanos corrientes, así como la confiscación de sus bienes, activos y pasaportes, el cierre de numerosas escuelas y universidades, y la prohibición de viajar impuesta a miles de ciudadanos turcos sobre la base de decretos-ley de emergencia sin decisiones individualizadas y sin posibilidad de un control jurisdiccional oportuno; pide al Gobierno turco que ponga fin a la persecución de periodistas, activistas y opositores, y que libere a todas las personas encarceladas sin un juicio justo y equitativo; recuerda que desde julio de 2016 más de 55 000 personas han sido detenidas;

6.  Pone de relieve que Turquía se enfrenta a una amenaza real de terrorismo; pide que se suspenda toda cooperación con el Gobierno turco en materia de lucha antiterrorista hasta que se modifique en consecuencia la legislación turca en la materia y no se utilice contra la oposición política democrática, la libertad de expresión ni las minorías religiosas;

7.  Recuerda que la violación de la libertad de expresión y de los medios de comunicación no es el único problema estructural en Turquía sino también, entre otros, el trato a los grupos religiosos y otras minorías, la negativa a reconocer la República de Chipre y la ambigüedad respecto de los grupos terroristas en Siria e Irak;

8.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de Turquía.

Última actualización: 6 de febrero de 2018Aviso jurídico