Procedimiento : 2018/2711(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0244/2018

Textos presentados :

B8-0244/2018

Debates :

Votaciones :

PV 31/05/2018 - 7.8
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0238

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.628v01-00
 
B8-0244/2018

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la situación en Nicaragua  (2018/2711(RSP))


Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan en nombre del Grupo PPE

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Nicaragua  (2018/2711(RSP))  
B8‑0244/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Nicaragua, y en particular la de 16 de febrero de 2017(1),

–  Vistas las declaraciones del portavoz de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de los días 22 de abril de 2018 y 15 de mayo de 2018, sobre Nicaragua,

–  Visto el comunicado de prensa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), de 27 de abril de 2018, sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua,

–  Vistas la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), efectuada del 17 al 21 de mayo de 2018 para estudiar la situación en Nicaragua, y su declaración preliminar de 21 de mayo de 2018,

–  Vista la declaración de Liz Throssell, portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 20 de abril de 2018, sobre la violencia en el contexto de las protestas en Nicaragua,

–  Visto el comunicado de prensa de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de 14 de mayo de 2018, sobre la visita para investigar la situación en Nicaragua,

–  Visto el informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, de 20 de enero de 2017, sobre Nicaragua,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que, según algunas informaciones, al menos 76 personas han sido asesinadas, más de 868 han resultado heridas y 438 han sido detenidas como consecuencia de las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018 para oponerse a las reformas de la seguridad social anunciadas por el presidente Daniel Ortega; considerando que la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ha estigmatizado abiertamente a los manifestantes, calificándolos de «vándalos» y acusándolos de «manipulación política»;

B.  Considerando que el elevado número de víctimas evidencia la brutal represión ejercida por las autoridades estatales, violando los principios de necesidad y proporcionalidad que exigen el Derecho internacional y las normas que imponen limitaciones al uso de la fuerza; considerando que la jefa de la Policía Nacional de Nicaragua, Aminta Granera, ha dimitido en respuesta al uso excesivo de la violencia;

C.  Considerando que los medios de comunicación que cubrían las protestas fueron cerrados arbitrariamente por el Gobierno y que los periodistas que expresaron algún tipo de oposición fueron intimidados y detenidos; considerando que la represión de la libertad de expresión por las autoridades nicaragüenses y el acoso contra los líderes de la oposición han sido condenados como un atentado contra las libertades civiles; considerando que el periodista Ángel Gahona fue asesinado a tiros mientras presentaba una retransmisión en directo;

D.  Considerando que el diálogo nacional entre Daniel Ortega y la oposición y grupos cívicos nicaragüenses, con la mediación de la Iglesia Católica, iniciado el 16 de mayo de 2018, ha sido incapaz de encontrar una solución a la crisis y se ha suspendido indefinidamente; considerando que el principal escollo es que Gobierno rechaza unas elecciones anticipadas;

E.  Considerando que, desde el inicio de su mandato en 2007, Daniel Ortega ha sido reelegido en tres elecciones consecutivas, a pesar de que la Constitución de Nicaragua prohibía la reelección consecutiva, lo que demuestra la corrupción y el autoritarismo en los que se ha sumido el Estado; considerando que las elecciones de 2011 y de 2016 fueron objeto de fuertes críticas debido a las irregularidades denunciadas por las instituciones de la UE y la OEA, tras celebrarse sin la presencia de observadores procedentes de ninguna de estas organizaciones ni de otros observadores internacionales creíbles;

F.  Considerando que la corrupción del sector público, incluida la corrupción en la que están implicados familiares de Daniel Ortega, sigue siendo uno de los principales desafíos; considerando que el soborno de funcionarios públicos, las incautaciones ilegales y las evaluaciones arbitrarias por parte de las autoridades aduaneras y fiscales son prácticas muy habituales;

1.  Condena la brutal represión e intimidación de los manifestantes, que se ha saldado con numerosas muertes, desapariciones y detenciones arbitrarias perpetradas por las autoridades nicaragüenses y el grupo de miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional;

2.  Manifiesta sus condolencias y su solidaridad con todas las familias de las víctimas asesinadas y heridas durante las manifestaciones;

3.  Pide a las autoridades nicaragüenses que pongan fin a todos los actos de violencia cometidos contra las personas por ejercer el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión; insta a las autoridades nicaragüenses a que pongan en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente y a que ofrezcan garantías de que no serán perseguidas penalmente;

4.  Pide a las autoridades nicaragüenses que autoricen inmediatamente una investigación internacional transparente, independiente a fin de enjuiciar a los responsables de la represión y de las muertes durante las protestas; acoge con satisfacción la visita de la CIDH a Nicaragua y expresa su preocupación por las conclusiones del informe preliminar; insta a la comunidad internacional a que desempeñe un papel activo a la hora de obligar a los responsables a rendir cuentas ante los tribunales;

5.  Insta a las autoridades nicaragüenses a que presten a todos los agentes de la sociedad, incluidas las fuerzas de la oposición, los periodistas y la sociedad civil, espacio suficiente para operar libremente, en virtud del Derecho internacional, para sentar las bases para que todas las partes enfrentadas debatan sobre la situación en Nicaragua y defiendan los derechos humanos en el país; recuerda que la despolarización del poder judicial, el fin de la impunidad y la pluralidad de los medios de comunicación son factores esenciales para restablecer el orden democrático en el país;

6.  Lamenta el fracaso del diálogo nacional debido a las restricciones impuestas por el Gobierno nicaragüense;

7.  Denuncia las medidas ilegales adoptadas en violación del sistema judicial que han dado lugar a cambios constitucionales para suprimir las limitaciones de los mandatos presidenciales, lo que ha permitido que Daniel Ortega siga ocupando la Presidencia, vulnerando claramente el derecho a unas elecciones democráticas; subraya la necesidad de unas instituciones democráticas sólidas, de la libertad de reunión y de pluralismo político; pide, en este sentido, que se lleve a cabo una reforma electoral con miras a unas elecciones justas, transparentes y creíbles que respeten las normas internacionales, como la forma de resolver la crisis política;

8.  Pide a las autoridades que luchen contra la corrupción generalizada en los círculos políticos de Nicaragua, que perjudica el funcionamiento de todas las instituciones estatales y limita la inversión extranjera; pide la aplicación de la legislación nicaragüense contra la corrupción, incluida la legislación en materia de sobornos, abuso de poder y pagos de facilitación;

9.  Encarga a su presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de la Organización de Estados Americanos, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, al Parlamento Centroamericano, al Grupo de Lima, así como al Gobierno y al Parlamento de la República de Nicaragua.

 

 

(1)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0043.

Última actualización: 30 de mayo de 2018Aviso jurídico