Procedimiento : 2018/2711(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0252/2018

Textos presentados :

B8-0252/2018

Debates :

Votaciones :

PV 31/05/2018 - 7.8
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0238

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.637v01-00
 
B8-0252/2018

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la situación en Nicaragua (2018/2711(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en nombre del Grupo EFDD

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Nicaragua (2018/2711(RSP))  
B8‑0252/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la declaración del SEAE, de 15 de mayo de 2018, sobre el establecimiento de un diálogo nacional en Nicaragua,

–  Vista la declaración de la Delegación de la Unión Europea en Nicaragua, de 20 de abril de 2018, sobre la situación en Nicaragua,

–  Vista la declaración del portavoz del SEAR, de 22 de abril de 2018, sobre la situación en Nicaragua,

–  Vista la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Nicaragua y las observaciones preliminares tras dicha visita,

–  Visto el informe preliminar de la CIDH sobre Nicaragua,

–  Vistas las declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas sobre Nicaragua,

–  Vista la posición del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Nicaragua,

–  Vista la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

–  Vistas las peticiones a las autoridades de Nicaragua presentadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que, en noviembre de 2016, Daniel Ortega ganó su tercer mandato como presidente de Nicaragua; que su candidata a la vicepresidencia era su esposa, Rosario Murillo;

B.  Considerando que las protestas se iniciaron en Nicaragua en abril de 2018, tras el anuncio de una ley por la que se incrementaban las cotizaciones a la seguridad social y asimismo se recortaban las pensiones; que la reforma de la seguridad social podría considerarse como solo la punta del iceberg de una lista creciente de quejas contra Ortega, acusado de fraude electoral, negligencia ante catástrofes medioambientales y tentativa de instaurar una dinastía;

C.  Considerando que las manifestaciones pacíficas, dirigidas por estudiantes, recibieron una violenta respuesta del Gobierno y rápidamente se convirtieron en revueltas, con el resultado de al menos 76 personas muertas y varios cientos heridas o detenidas;

D.  Considerando que el Gobierno cerró durante las manifestaciones varios medios de comunicación e impuso la censura sobre medios de comunicación en línea, en un intento de ocultar las protestas;

E.  Considerando que Ortega, ante la presión de las protestas, retiró la reforma el 22 de abril y accedió a entablar un diálogo nacional con varios sectores diferentes;

F.  Considerando que, no obstante el acuerdo de Ortega sobre el inicio de un diálogo, prosiguieron las manifestaciones en demanda de justicia para los asesinados, por el restablecimiento de la democracia, la paz y la justicia, y para reclamar la dimisión de Ortega;

G.  Considerando que el 17 de mayo se inició en Managua un diálogo nacional entre el Gobierno, el sector privado, grupos de la oposición y organizaciones no gubernamentales, con la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua;

H.  Considerando que la CIDH visitó Nicaragua del 17 al 21 de mayo; que documentó detenciones ilegales y arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, censura y ataques a la prensa y otras formas de intimidación, como amenazas, hostigamiento y persecución con ánimo de disolver las manifestaciones e inhibir la participación de los ciudadanos;

I.  Considerando que ahora se ha suspendido el diálogo nacional debido a la falta de acuerdo sobre el orden del día de los debates, y que prosiguen en todo el país los enfrentamientos violentos;

J.  Considerando que el fiscal general de Nicaragua ha anunciado la apertura de una investigación formal de las muertes, y que la Asamblea Nacional de Nicaragua ha establecido una comisión nacional de la verdad para investigar las muertes y las acusaciones de violación de los derechos humanos durante las manifestaciones; que los miembros de esta comisión están vinculados con el Gobierno y hasta la fecha no han actuado en modo alguno;

1.  Condena enérgicamente el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza contra estudiantes, manifestantes y periodistas, con el resultado de al menos 76 muertes y la detención arbitraria de manifestantes; condena asimismo la muerte de dos policías y la agresión contra funcionarios públicos; expresa sus condolencias a las familias de las víctimas y desea una pronta recuperación a los heridos;

2.  Pide al Gobierno de Nicaragua que garantice que no se empleen armas mortales contra manifestantes y recuerda que el uso de la fuerza debe ser acorde en toda circunstancia con los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad y con las normas internacionales relativas al uso de la fuerza por las fuerzas de policía;

3.  Pide al Gobierno de Nicaragua que cese inmediatamente la represión violenta de las protestas y que tome todas las medidas necesarias para garantizar el libre y pleno ejercicio del derecho de manifestación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica y el derecho de participación política de la población;

4.  Recuerda a todas las partes que la violencia es inadmisible y que las diferencias se resuelven exclusivamente mediante un diálogo incluyente; pide a todas las partes que actúen con mesura, pongan fin a la violencia y hagan todo lo posible para distender la situación; insta a las autoridades del Estado a que se abstengan de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a los manifestantes, los defensores de los derechos humanos y los periodistas, y de utilizar los medios de comunicación públicos para desarrollar campañas públicas que podrían incitar a la violencia;

5.  Condena las medidas de censura adoptadas contra la prensa y los medios de comunicación en línea, así como la intimidación y las agresiones a periodistas; reitera que la libertad y la independencia de los medios de comunicación son componentes imprescindibles del derecho a la libertad de expresión y desempeñan un papel fundamental en una sociedad democrática, por lo que deben respetarse siempre;

6.  Pide que se establezca un mecanismo internacional para investigar la violencia y las muertes que se han producido durante las manifestaciones, a fin de identificar a los responsables y obligarlos a rendir cuentas; pide que se concedan indemnizaciones a las víctimas de violaciones de los derechos humanos;

7.  Pide al Gobierno de Nicaragua que facilite las visitas de todos los órganos de derechos humanos del Sistema Interamericano y las Naciones Unidas, así como de otros actores pertinentes de la comunidad internacional;

8.  Acoge con satisfacción el inicio de un diálogo nacional conducido por la Iglesia católica, pero le preocupa que al tratar de fijar un orden del día se haya llegado ya a un callejón sin salida y se hayan suspendido las negociaciones; recuerda a las partes que el diálogo nacional es la única solución posible a la crisis actual, y les pide que inicien el proceso con el propósito de alcanzar un acuerdo satisfactorio;

9.  Cree firmemente que el diálogo es la única vía posible para conciliar las distintas aspiraciones y la única solución a la crisis, pero considera que solo tendrá éxito si es incluyente y todas las partes dan prueba de buena fe y voluntad genuina de llegar a un acuerdo; apoya la idea de constituir una comisión mixta a fin de alcanzar un consenso y superar el punto muerto;

10.  Pide al Gobierno de Nicaragua que adopte y aplique las recomendaciones de la CIDH y se comprometa a adoptar un mecanismo de seguimiento al respecto, y asimismo que adopte una decisión sobre un calendario concreto de nuevas visitas de la CIDH; pide a las autoridades de Nicaragua que protejan a las personas que testificaron ante la CIDH y que se abstengan de tomar represalias contra ellos o de permitirlas;

11.  Reitera que los actos violentos y los ataques contra los defensores de los derechos humanos minan gravemente la función fundamental de la sociedad y el Estado de Derecho; recuerda a las autoridades nicaragüenses que deben velar por que los defensores de los derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin restricciones y sin temor a represalias; deplora, en este contexto, las campañas de difamación contra el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH) y otras asociaciones pro derechos humanos;

12.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de la Organización de Estados Americanos, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, al Parlamento Centroamericano, así como al Gobierno y al Parlamento de la República de Nicaragua.

 

Última actualización: 30 de mayo de 2018Aviso jurídico