Procedimiento : 2018/2711(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0253/2018

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B8-0253/2018

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PV 31/05/2018 - 7.8
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 164kWORD 46k
28.5.2018
PE621.638v01-00
 
B8-0253/2018

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la situación en Nicaragua (2018/2711(RSP))


Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou en nombre del Grupo GUE/NGL

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Nicaragua (2018/2711(RSP))  
B8‑0253/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el capítulo 1, artículo 1, párrafo 2, de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, en el que se declara el propósito de «fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal»,

–  Visto el principio de no intervención establecido en la Carta de las Naciones Unidas,

–  Vistos el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los que se afirma que «todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación» y que, «en virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural»,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vista la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961,

–  Visto el Acuerdo de Diálogo político y Cooperación entre América Central y la Unión Europea de 2003,

–  Visto el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países de América Central de 2012, que está vigente con carácter provisional desde agosto de 2013, pero que aún no ha sido ratificado totalmente;

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Nicaragua,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el actual presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, fue elegido democráticamente en noviembre de 2016 con el 72,4 % del total de votos;

B.  Considerando que el partido político Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en el que se sustenta el actual Gobierno nicaragüense, ganó las elecciones municipales —las últimas celebradas en el país— en noviembre de 2017 con el 68,54 % del total de votos;

C.  Considerando que el objetivo de la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) propuesta por el Gobierno consistía en garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social de Nicaragua, evitando la aplicación de las recomendaciones neoliberales propuestas por el FMI;

D.  Considerando que el 19 de abril de 2018 se desencadenó una ola de protestas contra la reforma y que, desde entonces, 76 personas han perdido la vida y más de ochocientas han resultado heridas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH);

E.  Considerando que tras las protestas, el Gobierno nicaragüense retiró la reforma que había propuesto y en estos momentos está trabajando con la sociedad civil y el sector privado en una reforma que garantice la sostenibilidad del INSS sin poner en peligro la protección y los derechos sociales del pueblo nicaragüense;

F.  Considerando que actores de dentro y fuera de Nicaragua han aprovechado las protestas contra las reformas del INSS para extender la desestabilización política, económica y social en el país;

G.  Considerando que la República de Nicaragua tiene una de las tasas de violencia y homicidios más bajas de la región —lejos de países vecinos como Honduras, Guatemala o El Salvador— y uno de los porcentajes más elevados de acceso a la atención sanitaria y a la educación;

H.  Considerando que el crecimiento medio del PIB nicaragüense ha sido del 5,2 % en los últimos cinco años;

I.  Considerando que el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha saludado el inicio de un diálogo nacional en Nicaragua entre grupos cívicos y el Gobierno;

1.  Lamenta profundamente la pérdida de vidas y transmite sus condolencias a las familias de las víctimas de la violencia en Nicaragua;

2.  Pide que respondan de sus actos los responsables de cometer estos crímenes o inducir a ellos; manifiesta su respeto por el sistema judicial de la República de Nicaragua;

3.  Condena todos los actos de violencia en que ha visto inmerso el país, e insta a todos los implicados a abstenerse de recurrir a la violencia para ejercer su derecho legítimo a reunirse y protestar pacíficamente o para mantener el orden público;

4.  Pide a las autoridades nicaragüenses que rechacen e investiguen todo uso desproporcionado de la fuerza en el cumplimiento de su compromiso con las libertades y los derechos democráticos del pueblo nicaragüense;

5.  Saluda el inicio de un diálogo nacional y de las negociaciones en el marco de la Comisión de Mediación y Testigo – Diálogo Nacional, con la participación de representantes de los estudiantes, la patronal, la sociedad civil y el Gobierno;

6.  Lamenta la suspensión de las negociaciones y celebra la constitución de una comisión mixta con el fin de reanudar el diálogo nacional;

7.  Señala que, en el marco del diálogo nacional, todas las partes han respaldado las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en particular la puesta en marcha de un mecanismo de investigación internacional y la creación de una comisión especial para hacer un seguimiento del cumplimiento de esas recomendaciones, que constituyen pasos importantes en pos de la resolución de pacífica de los retos a que se enfrenta Nicaragua;

8.  Condena toda injerencia externa en los asuntos internos de Nicaragua que persiga la desestabilización del país, y rechaza todo intento de hacer caer de forma ilegal el actual Gobierno nicaragüense, que fue elegido democráticamente;

9.  Rechaza todo uso arbitrario de la situación vivida en Nicaragua con fines políticos por parte de la Unión Europea;

10.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y las autoridades de Nicaragua, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y a los organismos regionales latinoamericanos, a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

 

Última actualización: 30 de mayo de 2018Aviso jurídico