Procedimiento : 2018/2770(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0316/2018

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B8-0316/2018

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PV 05/07/2018 - 6.13
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P8_TA(2018)0313

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.744v01-00
 
B8-0316/2018

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras (2018/2770(RSP))


Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo en nombre del Grupo S&D

Resolución del Parlamento Europeo sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras (2018/2770(RSP))  
B8‑0316/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Venezuela, en particular las de 27 de febrero de 2014, sobre la situación en Venezuela(1), de 18 de diciembre de 2014, sobre la persecución de la oposición democrática en Venezuela(2), de 12 de marzo de 2015, sobre la situación en Venezuela(3), de 8 de junio de 2016, sobre la situación en Venezuela(4), de 27 de abril de 2017, sobre la situación en Venezuela(5), de 8 de febrero de 2018, sobre la situación en Venezuela(6), y de 3 de mayo de 2018, sobre las elecciones en Venezuela(7),

–  Vistas las declaraciones de 26 de enero de 2018, de 19 de abril de 2018 y de 22 de mayo de 2018 de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre los últimos acontecimientos en Venezuela,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 13 de noviembre de 2017, de 22 de enero de 2018, de 28 de mayo de 2018 y de 25 de junio de 2018,

–  Vista la misión oficial del comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, a Colombia, en marzo de 2018,

–  Vista la declaración de 23 de abril de 2018 del Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

–  Vista la declaración realizada el 8 de febrero de 2018 por la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda,

–  Vista la declaración del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela, de 31 de marzo de 2017,

–  Visto el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos titulado «Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela», de 22 de junio de 2018,

–  Vista la declaración conjunta, de 28 de abril de 2017, de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria,

–  Vista la declaración de los líderes del G-7 de 23 de mayo de 2018,

–  Vistas las declaraciones del Grupo de Lima de 23 de enero de 2018, de 14 de febrero de 2018, de 21 de mayo de 2018 y de 2 de junio de 2018,

–  Vista la declaración de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de 20 de abril de 2018, sobre el agravamiento de la situación humanitaria en Venezuela,

–  Visto el informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 12 de febrero de 2018, titulado «Institucionalidad democrática, Estado de Derecho y derechos humanos en Venezuela», así como la Resolución de la CIDH de 14 de marzo de 2018,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela sigue deteriorándose; que cada vez más personas siguen abandonando Venezuela por distintos motivos, entre ellos, la inseguridad y la violencia, las violaciones de los derechos humanos y el deterioro del Estado de Derecho, la falta de alimentos, de medicamentos o de acceso a los servicios sociales esenciales, la pérdida de ingresos y los crecientes índices de pobreza;

B.  Considerando que, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el 87 % de la población venezolana se ve afectada por la pobreza, con un nivel de pobreza extrema que alcanza el 61,2 %; que la mortalidad materna ha aumentado un 60 % y la mortalidad infantil, un 30 %, y el país carece del 80 % de los suministros y equipos médicos básicos; que, en 2017, los casos de malaria aumentaron un 69 % en comparación con el año anterior, lo cual representa el mayor incremento a escala mundial según la OMS; que otras enfermedades como la tuberculosis y el sarampión están a punto de convertirse en epidemias; que, pese a las cifras alarmantes, el Gobierno de Venezuela sigue negando la existencia de una crisis humanitaria y rechaza la ayuda internacional;

C.  Considerando que la situación económica ha empeorado significativamente; que, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, la hiperinflación se disparará en Venezuela en 2018 hasta el 13 000 %, desde el 2 400 % estimado para 2017, lo que se traduciría, por término medio, en una subida de precios cercana al 1,5 % por hora;

D.  Considerando que un informe del ACNUDH publicado el 22 de junio de 2018 destaca que las autoridades venezolanas no reclamaron responsabilidades a los autores de graves violaciones de los derechos humanos, como homicidios, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas; que la impunidad también parece generalizada en favor de oficiales de seguridad sospechosos de ejecuciones extrajudiciales de manifestantes; que estas constataciones demuestran un nuevo agravamiento de la tensa situación reinante en el país;

E.  Considerando que los múltiples aspectos de la actual crisis de origen humano en Venezuela están ocasionando el mayor desplazamiento de población que se haya conocido en la región; que, de acuerdo con las cifras conservadoras del Gobierno proporcionadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de dos millones de ciudadanos venezolanos han abandonado el país desde 2014 y casi un millón de ellos lo hicieron entre 2015 y 2017; que la gran mayoría de los venezolanos que han huido del país —el 84 % según la OIM— se ha trasladado a otros países de América Latina;

F.  Considerando que, según la OIM, Colombia alberga el mayor número de venezolanos (más de 820 000 viven en su territorio), seguida de Perú (casi 350 000), Argentina (95 000) y Brasil (50 000); que 520 000 venezolanos que residen en la región han accedido a formas alternativas de estancia legal; que más de 280 000 venezolanos en todo el mundo han solicitado el estatuto de refugiado; que se estima que más del 60 % de los venezolanos continúa en situación irregular; que las rutas marítimas son cada vez más importantes, sobre todo las de las islas caribeñas de Aruba, Curaçao, Bonaire y Trinidad y Tobago; que es cada vez mayor la presión a la que se ven sometidos los países de acogida a causa de la asistencia a los recién llegados;

G.  Considerando que el ACNUR ha lanzado un llamamiento suplementario para obtener 46,1 millones de dólares estadounidenses a fin de cubrir la respuesta inicial de nueve operaciones suyas centradas en los principales países de acogida: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y el sur del Caribe; que dicho llamamiento también cubre las intervenciones en Venezuela; que, desde el 13 de junio de 2018, solo se ha desembolsado el 44 % de este importe (20,5 millones de dólares), lo cual significa que el déficit de financiación se sitúa actualmente en el 56 %;

H.  Considerando que, el 7 de junio de 2018, la Comisión anunció un paquete de 35,1 millones de euros de ayuda de emergencia y asistencia para el desarrollo para apoyar al pueblo venezolano y a los países vecinos afectados por esta crisis; que esta contribución financiera se añadirá a los 37 millones de euros que la Unión ya se ha comprometido a invertir en proyectos de cooperación y ayuda humanitaria en el país;

I.  Considerando que las elecciones celebradas en Venezuela el 20 de mayo de 2018 no fueron libres ni justas y su resultado carece de toda credibilidad, ya que el proceso electoral no ofrecía las garantías necesarias para resultar inclusivo y democrático;

J.  Considerando que cada mes más de 12 000 venezolanos entran en el Estado brasileño de Roraima y aproximadamente 2 700 de ellos se quedan en la ciudad de Boa Vista; que los venezolanos ya representan más del 7 % de la población de esta ciudad y, de seguir con el ritmo actual, habrá más de 60 000 venezolanos viviendo allí antes de que acabe el año; que esta afluencia demográfica está ejerciendo una enorme presión sobre los servicios públicos de la ciudad, en especial sobre la salud pública y la educación; que Roraima es uno de los estados más pobres de Brasil y presenta un mercado laboral muy limitado y una economía débil, lo cual obstaculiza también la integración de los migrantes y los refugiados;

K.  Considerando que el Parlamento envío una delegación ad hoc a las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil del 25 al 30 de junio de 2018 a fin de evaluar la repercusión de la crisis sobre el terreno;

1.  Expresa su solidaridad con todos los venezolanos que se han visto forzados a huir de su país por carecer de las más elementales condiciones materiales para la vida, como el acceso a alimentos, servicios sanitarios y medicamentos; manifiesta suma inquietud ante la desoladora situación humanitaria de Venezuela, que ha dado lugar a una afluencia sin precedentes de refugiados a los países vecinos y a países más alejados;

2.  Pide que se alcance inmediatamente un acuerdo sobre un plan de acceso de emergencia humanitaria para el país y solicita a las autoridades venezolanas que permitan con carácter de urgencia la entrada sin trabas de ayuda humanitaria y concedan acceso a las organizaciones internacionales que deseen prestar asistencia a la población; solicita que se ponga en práctica rápidamente una respuesta a corto plazo para combatir la desnutrición en los grupos más vulnerables;

3.  Reconoce y elogia la importancia de las medidas adoptadas por varios países de la región para hacer frente a la situación, en particular la regularización del estatuto de los migrantes mediante la concesión de visados y permisos de residencia temporales, así como el reconocimiento de los refugiados en virtud de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984; pide a los Estados miembros de la Unión que proporcionen una respuesta de protección inmediata a los migrantes o refugiados venezolanos en su territorio a través, por ejemplo, de visados humanitarios, disposiciones especiales de estancia u otros marcos migratorios regionales, con las correspondientes garantías de protección;

4.  Pide a la comunidad internacional que establezca una respuesta coordinada, completa y regional a la crisis y que intensifique su asistencia financiera y material a los países beneficiarios, cumpliendo así sus compromisos; recuerda que existe un déficit de financiación de 25,6 millones de dólares con respecto al llamamiento suplementario del ACNUR;

5.  Pide a la Unión que siga prestando apoyo financiero y que lo aumente, si es necesario, en vista del deterioro de la situación y de su incidencia en los flujos de refugiados;

6.  Reitera que la actual crisis humanitaria es producto de una crisis política; recuerda que la única manera de salir de la crisis es a través del diálogo y la negociación; manifiesta su apoyo a una solución política negociada como única manera de lograr una estabilidad duradera en el país que le permita abordar tanto la crisis profunda que está viviendo como las necesidades apremiantes de la población;

7.  Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior que haga cuanto esté en su mano para facilitar la labor de mediación internacional necesaria a fin de abrir espacios para el desarrollo de un diálogo político viable;

8.  Pide a las autoridades venezolanas que pongan fin de inmediato a todas las violaciones de los derechos humanos, en particular a las cometidas contra civiles, y que respeten plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, especialmente la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de reunión; insta a las autoridades venezolanas a que restablezcan el orden democrático, condición indispensable para poner fin a la escalada de la crisis;

9.  Pide que se celebren nuevas elecciones presidenciales conformes con las normas democráticas reconocidas internacionalmente y con el ordenamiento constitucional venezolano; recuerda la necesidad de respetar a todas las instituciones democráticamente elegidas, en particular la Asamblea Nacional, liberar a todos los presos políticos y defender los principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos;

10.  Señala que el objetivo de esta convocatoria de nuevas elecciones debe ser la reelección de las principales instituciones del país, a saber: el presidente y la Asamblea Nacional; recuerda que el Gobierno y la oposición deben acordar las condiciones para estas elecciones en un marco transparente, equitativo y justo que prevea la observación internacional, sin limitaciones en cuanto a partidos políticos o candidatos y dentro del pleno respeto de los derechos políticos de todos los venezolanos;

11.  Apoya el llamamiento del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos relativo al establecimiento de una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela y a una mayor implicación de la CPI; pide a la Unión que desempeñe un papel activo en este sentido;

12.  Reitera su petición para que se envíe una delegación del Parlamento Europeo a Venezuela que entable lo antes posible un diálogo con todos los sectores implicados en el conflicto;

13.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, al Gobierno y al Congreso de la República de Colombia, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos.

 

(1)

DO C 285 de 29.8.2017, p. 145.

(2)

DO C 294 de 12.8.2016, p. 21.

(3)

DO C 316 de 30.8.2016, p. 190.

(4)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0269.

(5)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0200.

(6)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0041.

(7)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0199.

Última actualización: 4 de julio de 2018Aviso jurídico