Procedimiento : 2018/2770(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0317/2018

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B8-0317/2018

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Votaciones :

PV 05/07/2018 - 6.13
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Textos aprobados :

P8_TA(2018)0313

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.745v01-00
 
B8-0317/2018

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras  (2018/2770(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Raffaele Fitto en nombre del Grupo ECR

Resolución del Parlamento Europeo sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras  (2018/2770(RSP))  
B8‑0317/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Venezuela, en particular las de 27 de febrero de 2014, sobre la situación en Venezuela(1), de 18 de diciembre de 2014, sobre la persecución de la oposición democrática en Venezuela(2), de 12 de marzo de 2015, sobre la situación en Venezuela(3), de 8 de junio de 2016, sobre la situación en Venezuela(4), de 27 de abril de 2017, sobre la situación en Venezuela(5), de 8 de febrero de 2018, sobre la situación en Venezuela(6), y de 3 de mayo de 2018, sobre las elecciones en Venezuela(7),

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

–  Vista la declaración realizada el 8 de febrero de 2018 por la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda,

–  Vista la declaración del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela, de 31 de marzo de 2017,

–  Visto el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos titulado «Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela», de 22 de junio de 2018,

–  Vista la declaración conjunta, de 28 de abril de 2017, de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, y del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria,

–  Vista la declaración de los líderes del G-7 de 23 de mayo de 2018,

–  Vistas las declaraciones del Grupo de Lima de los días 23 de enero, 14 de febrero, 21 de mayo y 15 de junio de 2018,

–  Vista la declaración de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de 20 de abril de 2018, sobre el agravamiento de la situación humanitaria en Venezuela,

–  Visto el informe de la Secretaría General de la OEA y del panel de expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de los crímenes contra la humanidad en Venezuela, de 29 de mayo de 2018,

–  Visto el informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 12 de febrero de 2018, titulado «Institucionalidad democrática, Estado de Derecho y derechos humanos en Venezuela», así como la Resolución de la CIDH de 14 de marzo de 2018,

–  Vistas las declaraciones de los días 26 de enero, 19 de abril y 22 de mayo de 2018 de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre los últimos acontecimientos en Venezuela,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de los días 13 de noviembre de 2017, 22 de enero de 2018, 28 de mayo de 2018 y 25 de junio de 2018,

–  Vista la declaración del comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, sobre la misión oficial a Colombia de marzo de 2018,

–  Vista la declaración de 23 de abril de 2018 del Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela sigue deteriorándose; que Venezuela se enfrenta a una crisis política, social, económica y humanitaria sin precedentes, que está provocando un número creciente de muertes, refugiados y migrantes;

B.  que cada vez son más las personas en Venezuela, en particular los grupos vulnerables como las mujeres, los niños y las personas enfermas, que padecen desnutrición como consecuencia del limitado acceso a servicios sanitarios de calidad, medicamentos, alimentos y agua; que, a pesar de la buena disposición de la comunidad internacional, el Gobierno venezolano lamentablemente persiste en negar el problema y rehúsa recibir abiertamente ayuda humanitaria internacional y facilitar su distribución;

C.  Considerando que la situación económica ha empeorado significativamente; que, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, la hiperinflación se disparará en Venezuela en 2018 hasta el 13 000 %, desde el 2 400 % estimado para 2017, lo que se traduciría, por término medio, en una subida de precios cercana al 1,5 % por hora;

D.  Considerando que un informe del ACNUDH publicado el 22 de junio de 2018 destaca que las autoridades venezolanas no reclamaron responsabilidades a los autores de graves violaciones de los derechos humanos, como homicidios, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas; que la impunidad en favor de oficiales de seguridad sospechosos de ejecuciones extrajudiciales de manifestantes también parece generalizada; que estas constataciones demuestran un nuevo agravamiento de la tensa situación reinante en el país;

E.  Considerando que las elecciones celebradas el 20 de mayo de 2018 se desarrollaron sin que se cumplieran las normas mínimas internacionales de un proceso digno de crédito y sin que se respetaran el pluralismo político, la democracia, la transparencia ni el Estado de Derecho; que ello hace aún más difíciles los esfuerzos por resolver la crisis política; que la Unión Europea, junto con otros organismos democráticos, no reconoce las elecciones ni las autoridades surgidas de este proceso ilegítimo;

F.  Considerando que los múltiples aspectos de la actual crisis en Venezuela están ocasionando el mayor desplazamiento de población que se haya conocido en la región; que, según el ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el número de venezolanos que ha abandonado el país ha aumentado espectacularmente, de 437 000 en 2005 a más de 1,6 millones en 2017; que cerca de 945 000 venezolanos salieron del país entre 2015 y 2017; que, en 2018, el número total de personas que han abandonado el país desde 2014 ha superado los dos millones; que se ha producido un incremento del 2 000 % en el número de ciudadanos venezolanos solicitantes de asilo en todo el mundo desde 2014, superando los 280 000 a mediados de junio de 2018;

G.  Considerando que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH), Colombia alberga el mayor número de personas desplazadas, con más de 820 000 venezolanos que viven en su territorio; que Cúcuta y Boa Vista, en la frontera con Venezuela, están recibiendo una importante afluencia de personas, que a menudo se encuentran en unas condiciones de salud y desnutrición dramáticas; que Perú, Chile, Argentina, Panamá, Brasil, Ecuador, México, la República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Bolivia y Paraguay también se enfrentan a una afluencia de grandes números de refugiados y migrantes; que las rutas marítimas son cada vez más importantes, sobre todo las que llevan a las islas caribeñas de Aruba, Curazao, Bonaire y Trinidad y Tobago; que los países europeos, en particular España, también se ven cada vez más afectados; que es cada vez mayor la presión a la que se ven sometidos los países de acogida a causa de la asistencia a los recién llegados;

H.  Considerando que, el 17 de marzo de 2018, la Unión asignó un paquete de ayuda humanitaria por un importe de 31 millones de euros a América Latina y el Caribe, del que 6 millones estaban destinados a Colombia y 2 millones a las personas afectadas por la crisis en Venezuela; que, el 7 de junio de 2018, la Comisión anunció un paquete de 30,1 millones de euros de ayuda de emergencia y asistencia para el desarrollo a medio plazo para apoyar al pueblo venezolano y a los países vecinos afectados por la crisis; que, en 2018, el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz asignó 5 millones de euros a actividades de prevención de conflictos en las fronteras de Brasil y Colombia;

1.  Expresa su profunda consternación y su alarma ante la desoladora situación humanitaria de Venezuela, que ha dado lugar a grandes cantidades de muertos y a una afluencia sin precedentes de refugiados y migrantes a los países vecinos y a países más alejados; expresa su solidaridad con todos los venezolanos que se han visto forzados a huir de su país por carecer de las más elementales condiciones materiales para la vida, como el acceso a alimentos, agua potable, servicios sanitarios y medicamentos;

2.  Insta a las autoridades venezolanas a que admitan la crisis humanitaria actual, eviten que siga agravándose y promuevan soluciones políticas y económicas para garantizar la seguridad de todos los civiles y la estabilidad del país y la región;

3.  Exige que las autoridades venezolanas permitan el acceso sin restricciones de ayuda humanitaria al país con carácter de urgencia para prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública y en particular la reaparición de enfermedades como el sarampión, la malaria, la difteria y la fiebre aftosa, y que concedan un acceso sin restricciones a las organizaciones internacionales que desean prestar asistencia a sectores afectados de la sociedad; solicita que se aplique rápidamente una respuesta a corto plazo para combatir la desnutrición entre los grupos más vulnerables, como las mujeres, los niños y las personas enfermas;

4.  Alaba al Gobierno colombiano por su rápida reacción y por el apoyo que presta a todos los venezolanos que llegan a su territorio; encomia asimismo a Brasil y a otros países de la región, en particular al Perú, y a las organizaciones regionales e internacionales, las entidades privadas y públicas, la Iglesia Católica y los ciudadanos particulares del conjunto de la región, que han ayudado activamente a los refugiados y migrantes venezolanos y les han demostrado su solidaridad;

5.  Pide a la comunidad internacional que establezca una respuesta coordinada, completa y regional a la crisis y que intensifique su asistencia financiera y material a los países beneficiarios, cumpliendo así sus compromisos; acoge con satisfacción la ayuda humanitaria de la Unión asignada hasta la fecha y pide, con carácter de urgencia, ayuda humanitaria adicional, que se libere a través de los fondos de emergencia, a fin de hacer frente al rápido incremento de las necesidades de las personas afectadas por la crisis venezolana en los países vecinos;

6.  Insta a las autoridades venezolanas a que pongan fin de inmediato a todas las violaciones de los derechos humanos, en particular a las cometidas contra civiles, y a que respeten plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, especialmente la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de reunión; insta asimismo a las autoridades venezolanas a que restablezcan el orden democrático, condición indispensable para poner fin a la escalada de la crisis;

7.  Solicita que se celebren nuevas elecciones presidenciales conformes con las normas democráticas reconocidas internacionalmente y con el ordenamiento constitucional venezolano; subraya que el gobierno legítimo que surja de tales elecciones debe hacer frente con urgencia a la actual crisis económica y social en Venezuela y trabajar en favor de la reconciliación nacional;

8.  Acoge con satisfacción la rápida adopción de nuevas sanciones selectivas y revocables que no perjudican a la población venezolana, impuestas con ocasión de la celebración de las elecciones ilegítimas del 20 de mayo de 2018, que no fueron reconocidas internacionalmente y que tuvieron lugar sin un acuerdo sobre la fecha o las condiciones y en circunstancias que no permitieron la participación de todos los partidos políticos en pie de igualdad; recuerda la posibilidad de imponer nuevas sanciones a los responsables por el empeoramiento de la crisis política, social, económica y de humanitaria, en particular al presidente Nicolás Maduro;

9.  Brinda su total apoyo a las investigaciones por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los múltiples delitos y actos de represión perpetrados por el régimen venezolano, y pide a la Unión Europea que desempeñe un papel activo en este sentido; apoya el llamamiento del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos relativo al establecimiento de una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela y a una mayor implicación de la CPI;

10.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a los Gobiernos y Parlamentos de la República de Colombia, la República de Brasil y la República del Perú, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, al secretario general de la Organización de los Estados Americanos y al Grupo de Lima.

 

 

(1)

DO C 285 de 29.8.2017, p. 145.

(2)

DO C 294 de 12.8.2016, p. 21.

(3)

DO C 316 de 30.8.2016, p. 190.

(4)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0269.

(5)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0200.

(6)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0041.

(7)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0199.

Última actualización: 4 de julio de 2018Aviso jurídico