Procedimiento : 2018/2770(RSP)
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B8-0318/2018

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PV 05/07/2018 - 6.13
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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2.7.2018
PE621.746v01-00
 
B8-0318/2018

tras una declaración del Vicepresidente de la Comisión / Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras (2018/2770(RSP))


Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Ernest Urtasun en nombre del Grupo Verts/ALE

Resolución del Parlamento Europeo sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras (2018/2770(RSP))  
B8‑0318/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas la misión efectuada los días 25 a 30 de junio de 2018 por una delegación del Parlamento Europeo a las fronteras que Colombia y Brasil comparten con Venezuela, y la situación de los refugiados y migrantes venezolanos que se encuentran en esas zonas,

–  Visto el último informe, de 22 de junio de 2018, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela,

–  Vista la Nota de orientación del ACNUR sobre el flujo de venezolanos, de marzo de 2018,

–  Visto el informe sobre política de refugiados de junio de 2018 por el Defensor del Pueblo de Curazao,

–  Vista la Decisión del Consejo de la Unión Europea, de 25 de junio de 2018, de añadir a 11 venezolanos que ocupan cargos oficiales a la lista de sanciones,

–  Vista la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, aprobada por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de septiembre de 2016,

–  Visto el artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Venezuela,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la actual crisis económica y humanitaria en Venezuela ha dado lugar a un número sin precedentes de migrantes, así como a la fuga de capitales;

B.  Considerando que el número de venezolanos que viven con y sin papeles en los países vecinos varía considerablemente de un país a otro y en función de la fuente, pero sigue siendo extraordinariamente elevada con independencia de la fuente o el país;

C.  Considerando que, de acuerdo con el World Fact Book de la CIA, la tasa de migración neta en Venezuela se estimaba en -1,2 personas por cada 1 000 habitantes en 2017;

D.  Considerando que la absorción de migrantes venezolanos supone un reto en términos de acogida y de obtención de permisos de residencia y de acceso al mercado de trabajo para sus países vecinos, incluidas las regiones europeas de ultramar como los territorios holandeses de Aruba, Bonaire y Curazao, y las regiones francesas de Guadalupe, Martinica y Guayana Francesa. que Europa también se está convirtiendo cada vez más en un destino para los ciudadanos venezolanos que abandonan el país;

E.  Considerando que, según el Defensor del Pueblo de Curazao en su último informe de junio de 2018, la actual política de expulsión de venezolanos que llegan a Curazao por barco o avión constituye una violación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales;

F.  Considerando que una política adecuada de asilo, de migración y de acogida implica medidas que promuevan la integración, el acceso a los permisos de residencia y a las condiciones de acogida tales como el alojamiento a corto plazo y, a largo plazo, la vivienda, la alimentación, los servicios de atención sanitaria y educación, así como el acceso al mercado de trabajo, no solo en las proximidades de las zonas fronterizas, sino también en las zonas urbanas de los países receptores;

G.  Considerando que España ocupa el tercer lugar en la lista de los países que reciben venezolanos; que, según los últimos datos disponibles, en 2017 España concedió el estatuto de refugiado a tan solo 15 venezolanos, es decir, a un 1 % de los solicitantes; que España recibió 10 350 solicitudes de protección internacional de personas procedentes de Venezuela, pero denegó un 99 % de las mismas;

H.  Considerando que, al mismo tiempo, Madrid se está convirtiendo en uno de los principales destinos de los venezolanos ricos que invierten en bienes inmuebles y empresas;

I.  Considerando que las decisiones adoptadas por el Consejo de la Unión Europea de imponer sanciones a funcionarios venezolanos deben complementarse con procedimientos rápidos y sencillos de visados y de asilo para las personas que abandonan el país con el objetivo de alcanzar la seguridad en territorio europeo;

J.  Considerando que la actual actitud política es contraria a la Nota de orientación del ACNUR sobre el flujo de venezolanos de marzo de 2018, en la que se pide a los países de destino y de tránsito que permitan a los venezolanos un acceso seguro y legal a su territorio, y que sigan adoptando medidas de protección apropiadas y pragmáticas;

K.  Considerando que existe un temor generalizado de que la confrontación entre ambas partes impida la adopción de una solución estabilizadora que el país reconozca como democráticamente legítima, a la vez que la Unión no facilita a las personas que huyen de su país un acceso seguro y legal y protección en su territorio;

1.  Se muestra convencido de que el futuro de Venezuela depende de su pueblo, y de que únicamente a través de la negociación pacífica podrán alcanzarse una solución a las múltiples crisis actuales y el logro de la estabilidad política;

2.  Pide a la Unión que apoye firmemente a los países vecinos de Venezuela en sus esfuerzos por ofrecer una acogida adecuada a los migrantes y refugiados procedentes de Venezuela, que responda debidamente a todas las solicitudes de asistencia que estos puedan presentar y, al mismo tiempo, que establezcan canales para un acceso seguro y legal a la Unión de las personas que buscan protección;

3.  Atrae la atención sobre la Decisión del Consejo de la Unión Europea de imponer sanciones a funcionarios de Venezuela, a la vez que señala que España, el Estado miembro de la Unión que actualmente está recibiendo más solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos, ha denegado un 99 % de las mismas; pide a la Unión y a los Estados miembros que adapten con celeridad sus políticas exteriores a sus políticas en materia de migración y de refugiados;

4.  Recomienda encarecidamente que la Unión Europea busque formas y medios para garantizar que las autoridades de las islas de la UE próximas a Venezuela sean capaces de ofrecer una acogida digna a todos los venezolanos que migran a sus territorios;

5.  Pide a todos los actores, tanto de dentro como de fuera de Venezuela que hagan balance de la situación actual en el país y que mantengan la prudencia y la paciencia y se abstengan de todo acto de violencia o llamamiento a la misma, y por supuesto de una intervención militar, pues con ello se agravaría la inestabilidad del país hasta el extremo de llevar a su descarrilamiento;

6.  Reitera su petición de que se impulse y establezca un diálogo nacional auténticamente duradero por cualquier medio pacífico, incluida la participación de todas las fuerzas pertinentes, a fin de llegar a una solución consensuada para todos los intereses en conflicto en Venezuela y de resolver los litigios entre los distintos poderes del Estado en un espíritu de confianza;

7.  Recomienda encarecidamente que este diálogo político incluya un acuerdo nacional relativo a la política económica para estabilizar la situación;

8.  Pide a los agentes políticos del exterior de Venezuela que se abstengan de utilizar la situación del país con fines políticos nacionales;

9.  Está convencido de que la estabilidad política y social de Venezuela es un factor decisivo para salvaguardar la paz en toda la región;

10.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno y las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, y a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.

Última actualización: 4 de julio de 2018Aviso jurídico