Procedimiento : 2018/2770(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0319/2018

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B8-0319/2018

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PV 05/07/2018 - 6.13
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P8_TA(2018)0313

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.747v01-00
 
B8-0319/2018

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras (2018/2770(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström en nombre del Grupo ALDE

Resolución del Parlamento Europeo sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras (2018/2770(RSP))  
B8‑0319

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Venezuela, en particular las de 27 de febrero de 2014, sobre la situación en Venezuela(1), de 18 de diciembre de 2014, sobre la persecución de la oposición democrática en Venezuela(2), de 12 de marzo de 2015, sobre la situación en Venezuela(3), de 8 de junio de 2016, sobre la situación en Venezuela(4), de 27 de abril de 2017, sobre la situación en Venezuela(5), de 8 de febrero de 2018, sobre la situación en Venezuela(6), y de 3 de mayo de 2018, sobre las elecciones en Venezuela(7),

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI),

–  Vista la declaración de 8 de febrero de 2018 de la fiscal de la CPI,

–  Vistas las declaraciones del comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, durante su misión oficial a Colombia de marzo de 2018,

–  Visto el informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de 12 de febrero de 2018, titulado «Institucionalidad democrática, Estado de Derecho y derechos humanos en Venezuela», así como la Resolución de la CIDH, de 14 de marzo de 2018,

–  Vista la declaración del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela, de 31 de marzo de 2017,

–  Vista la Nota de orientación del ACNUR sobre el flujo de venezolanos, de marzo de 2018,

–  Vista la declaración de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de 20 de abril de 2018, sobre el agravamiento de la situación humanitaria en Venezuela,

–  Vista la declaración de 23 de abril de 2018 del Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral,

–  Vista la declaración conjunta, de 28 de abril de 2017, de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria,

–  Vistas las declaraciones de 26 de enero de 2018, 19 de abril de 2018 y 22 de mayo de 2018 de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre los últimos acontecimientos en Venezuela,

–  Vista la declaración de los líderes del G-7 de 23 de mayo de 2018,

–  Visto el informe presentado el 29 de mayo de 2018 por el Panel de Expertos Internacionales Independientes designados por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), según el cual existe fundamento suficiente para considerar que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad que se remontan al menos al 12 de febrero de 2014,

–  Vistas las declaraciones del Grupo de Lima de los días 23 de enero de 2018, 14 de febrero de 2018, 21 de mayo de 2018 y 15 de junio de 2018,

–  Visto el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) titulado «Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela», de 22 de junio de 2018,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de los días 13 de noviembre de 2017, 22 de enero de 2018, 28 de mayo de 2018 y 25 de junio de 2018,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela continúa deteriorándose; que Venezuela se enfrenta a una crisis política, social, económica y humanitaria sin precedentes y orquestada desde el Estado, que está resultando en un número creciente de muertes y cada vez más refugiados y migrantes;

B.  Considerando que la actual crisis pluridimensional de Venezuela está ocasionando el mayor desplazamiento de población que se haya conocido en la región; que, según el ACNUR y Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el número de venezolanos que ha abandonado el país ha aumentado espectacularmente, de 437 000 en 2005 a más de 1,6 millones en 2017; que cerca de 945 000 venezolanos salieron del país entre 2015 y 2017; que, en 2018, el número total de personas que han abandonado el país desde 2014 ha superado los dos millones; que se ha producido un incremento del 2 000 % en el número de ciudadanos venezolanos solicitantes de asilo en todo el mundo desde 2014, superando a mediados de junio de 2018 los 280 000;

C.  que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH), Colombia alberga el mayor número de personas desplazadas, con más de 820 000 venezolanos que viven en su territorio; que Cúcuta y Boa Vista, en la frontera con Venezuela, están recibiendo una importante afluencia de personas que a menudo están en unas condiciones de salud y desnutrición dramáticas; que Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Argentina, Guyana, México, Costa Rica y Panamá también se encuentran ante la llegada de grandes cantidades de refugiados; que las rutas marítimas son cada vez más importantes, sobre todo por las islas caribeñas de Aruba, Curaçao, Bonaire y Trinidad y Tobago; que es cada vez mayor la presión a la que se ven sometidos los países de acogida a causa de la asistencia a los recién llegados;

D.  que, según el último informe de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), el número de solicitantes venezolanos de protección internacional en la Unión aumentó en más del 3 500 % entre 2014 y 2017 (de 325 a 11 980), y las solicitudes de asilo en la Unión pasaron de 150 en febrero de 2016 a 985 un año más tarde, para llegar a cerca de 1 400 en febrero de 2018; que el aumento del número de solicitantes de asilo de Venezuela coincide con los problemas políticos y económicos con que se enfrenta el país;

E.  que cada vez son más las personas en Venezuela, en particular los niños, que padecen desnutrición como consecuencia del limitado acceso a servicios sanitarios de calidad, medicamentos y alimentos; que, a pesar de la buena disposición de la comunidad internacional, lamentablemente el Gobierno venezolano persiste en negar el problema y rehúsa recibir abiertamente ayuda humanitaria internacional y facilitar su distribución;

F.  que la situación económica ha empeorado significativamente; Considerando que, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, la hiperinflación se disparará en Venezuela en 2018 hasta el 13 000 %, desde el 2 400 % estimado para 2017, lo que se traduciría, por término medio, en una subida de precios cercana al 1,5 % por hora;

G.  Considerando que el alarmante nivel de inseguridad y delincuencia en Venezuela es otra de las causas profundas de la migración;

H.  Considerando que, el 17 de marzo de 2018, la Unión asignó un paquete de ayuda humanitaria por un importe de 31 millones de euros a América Latina y el Caribe, del que 6 millones estaban destinados a Colombia y 2 millones a las personas afectadas por la crisis política, de derechos humanos y socioeconómica de Venezuela; que, el 7 de junio de 2018, la Comisión anunció un paquete de 30,1 millones de euros de ayuda de emergencia y asistencia para el desarrollo para apoyar al pueblo venezolano y a los países vecinos afectados por esta crisis; que, en 2018, el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz asignó 5 millones de euros a actividades de prevención de conflictos en las fronteras de Brasil y Colombia;

I.  Considerando que, según el informe presentado el 29 de mayo de 2018 por el Panel de Expertos Internacionales Independientes designados por el secretario general de la OEA, se han cometido en Venezuela siete crímenes de lesa humanidad, que se remontan al menos a febrero de 2014, y el propio Gobierno es responsable de la peor crisis humanitaria que ha conocido la región; que estos crímenes de lesa humanidad son de asesinato, detención arbitraria de opositores políticos, encarcelamiento, privación de libertad, tortura, tratos inhumanos, castigos, violencia sexual, violación y otras formas de violencia sexual, persecución política, desaparición forzada, crisis humanitaria orquestada desde el Estado, utilización como arma política de la sanidad y los alimentos y rechazo de asistencia humanitaria; que este mismo informe demuestra la enormidad del ataque contra el Estado de Derecho por parte del Gobierno;

J.  Considerando que un informe del ACNUDH, de 22 de junio de 2018, destaca que las autoridades venezolanas no reclamaron responsabilidades a los autores de graves violaciones de los derechos humanos, como homicidios, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas; que la impunidad en favor de oficiales de seguridad sospechosos de ejecuciones extrajudiciales de manifestantes también parece generalizada; que estas constataciones demuestran un nuevo agravamiento de la tensa situación reinante en el país; que la fiscal de la CPI ha anunciado la apertura de una investigación preliminar sobre los presuntos crímenes cometidos en Venezuela desde abril de 2017;

K.  Considerando que, desde 2014, cuando se agravó la crisis política en Venezuela, han sido encarceladas 12 341 personas por motivos políticos y aproximadamente la mitad (7 285) siguen sujetas a restricciones y medidas cautelares que las obligan a presentarse ante los tribunales; que 237 civiles y 79 militares siguen encarcelados en el país por motivos políticos; que el 6 de junio de 2018 fueron liberados 79 presos, pero solo 40 de ellos figuran en la lista de los 316 presos políticos;

L.  Considerando que las elecciones celebradas el 20 de mayo de 2018 se desarrollaron sin que se cumplieran las normas mínimas internacionales de un proceso digno de crédito y no se respetaron el pluralismo político, la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho; que ello hace aún más difíciles los esfuerzos por resolver la crisis política; que la Unión Europea, junto con otros organismos democráticos, no reconoce las elecciones ni las autoridades surgidas de este proceso ilegítimo;

M.  Considerando que en su Resolución sobre la situación en Venezuela, de 8 de febrero de 2018, se recogía la posibilidad de extender las sanciones actuales contra los responsables principales del agravamiento de la crisis política, social, económica y humanitaria, incluido el presidente Nicolás Maduro;

1.  Expresa su profunda consternación y su alarma ante la desoladora situación humanitaria de Venezuela, que ha dado lugar a numerosas muertes y una afluencia sin precedentes de refugiados y migrantes a los países vecinos y a países más alejados; expresa su solidaridad con todos los venezolanos que se han visto forzados a huir de su país por carecer de las más elementales condiciones materiales para la vida, como el acceso a alimentos, servicios sanitarios, medicamentos y agua potable;

2.  Insta a las autoridades venezolanas a que admitan la crisis humanitaria actual, eviten que siga agravándose y promuevan soluciones políticas y económicas para garantizar la seguridad de todos los civiles y la estabilidad del país y la región;

3.  Exige que las autoridades venezolanas permitan el acceso sin restricciones de ayuda humanitaria al país con carácter de urgencia para prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública y en particular para atajar la reaparición de enfermedades como el sarampión, la malaria y la difteria, y que concedan un acceso sin restricciones a las organizaciones internacionales que desean prestar asistencia a sectores afectados de la sociedad; solicita que se ponga en práctica rápidamente una respuesta a corto plazo para combatir la desnutrición en los grupos más vulnerables, como los niños;

4.  Expresa su profunda inquietud ante las noticias cada vez más frecuentes de que venezolanos que huyen de su país, en particular los pertenecientes a grupos vulnerables, son objeto de discriminación, exclusión social, racismo, xenofobia, trabajo forzado e ilegal (también entre adolescentes), trata de seres humanos, explotación sexual, paso clandestino de migrantes y violencia de género, en particular entre la población indígenas y descendiente de africanos, y ante el número creciente de menores no acompañados;

5.  Encomia los esfuerzos de los países de la región ante la enorme afluencia de refugiados y migrantes que abandonan Venezuela; alaba al Gobierno colombiano por su rápida reacción y por el apoyo que presta a todos los venezolanos que llegan; encomia asimismo el trabajo de Brasil y otros países de la región, en particular Perú, y de organizaciones regionales e internacionales, entidades privadas y públicas y ciudadanos particulares del conjunto de la región, que han ayudado activamente a los refugiados y migrantes venezolanos y les han demostrado su solidaridad;

  Pide a la Comunidad internacional, en particular a la Unión Europea, la OEA y el Grupo de Lima, y a los países y territorios vecinos que establezcan una respuesta coordinada, completa y regional a la situación en Venezuela con el fin de alcanzar una solución regional a los componentes de refugiados y migración de esta crisis;

7.  Acoge favorablemente el propósito de la Unión de aumentar la ayuda humanitaria a las personas que huyen de la crisis humanitaria en Venezuela y pide más apoyo financiero para hacer frente a esta crisis;

8.  Insta a las autoridades venezolanas a que pongan fin de inmediato a todas las violaciones de los derechos humanos, en particular a las cometidas contra civiles, y a que respeten plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, especialmente la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de reunión; insta a las autoridades venezolanas a que restablezcan el orden democrático, condición indispensable para poner fin a la escalada de la crisis;

9.  Pide a las autoridades venezolanas que faciliten y agilicen la expedición y la renovación de documentos de identificación a sus propios nacionales, ya sea en Venezuela o en el extranjero, a fin de prevenir en último extremo la ilegalidad forzosa de los migrantes carentes de la documentación adecuada;

10.  Reitera enérgicamente sus peticiones anteriores a las autoridades venezolanas de que liberen inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos aún privados de libertad y que respeten los órganos elegidos democráticamente, en particular la Asamblea Nacional;

11.  Pide que se celebren nuevas elecciones presidenciales conformes con las normas democráticas reconocidas internacionalmente y plenamente acordes con los criterios de la OEA y con el ordenamiento constitucional venezolano; destaca que el gobierno legítimo que surja de estas elecciones deberá abordar con la mayor urgencia la actual crisis económica y social de Venezuela y trabajar en pro de la reconciliación nacional;

12.  Acoge con satisfacción el embargo de armamento impuesto en noviembre de 2017 y la rápida adopción de nuevas sanciones específicas y reversibles, impuestas con la condición de que no perjudicaran a la población venezolana y que solamente podrán levantarse si son liberados los presos políticos y si el Gobierno de Venezuela realiza progresos tangibles en el terreno de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos; recuerda que estas sanciones se han impuesto a altos funcionarios por violaciones graves de los derechos humanos y por socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela antes, durante y después de las elecciones ilegítimas y no reconocidas internacionalmente del 20 de mayo de 2018, que se celebraron sin un acuerdo sobre la fecha o las condiciones y en unas circunstancias que no permitían la participación de todos los partidos políticos en pie de igualdad; recuerda la posibilidad de extender estas sanciones a los responsables de la creciente crisis política, social, económica y humanitaria, en particular al presidente Nicolás Maduro, de conformidad con su Resolución de febrero de 2018;

13.  Reitera que deben pedirse responsabilidades a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos; apoya plenamente las investigaciones de la CPI sobre los crímenes generalizados y los actos represivos perpetrados por el régimen venezolano; apoya plenamente la petición del Panel de Expertos Internacionales Independientes designados por el secretario general de la OEA y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de que se establezca una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela y de que se profundice la investigación de la CPI; pide a los Estados partes del Estatuto de Roma que soliciten el inicio de una investigación de la CPI sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Gobierno venezolano; pide a la Unión que desempeñe un papel activo en este sentido;

14.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a los Gobiernos y Parlamentos de la República de Colombia, la República de Brasil y la República del Perú, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, al secretario general de la Organización de los Estados Americanos y al Grupo de Lima.

 

 

(1)

DO C 285 de 29.8.2017, p. 145.

(2)

DO C 294 de 12.8.2016, p. 21.

(3)

DO C 316 de 30.8.2016, p. 190.

(4)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0269.

(5)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0200.

(6)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0041.

(7)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0199.

Última actualización: 4 de julio de 2018Aviso jurídico