Procedimiento : 2018/2770(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0320/2018

Textos presentados :

B8-0320/2018

Debates :

Votaciones :

PV 05/07/2018 - 6.13
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Textos aprobados :

P8_TA(2018)0313

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.748v01-00
 
B8-0320/2018

tras una declaración del Vicepresidente de la Comisión / Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras  (2018/2770(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en nombre del Grupo EFDD

Resolución del Parlamento Europeo sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras  (2018/2770(RSP))  
B8‑0320/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

–  Vistos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la declaración realizada el 8 de febrero de 2018 por la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda,

–  Vista la declaración del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela, de 31 de marzo de 2017,

–  Visto el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) titulado «Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela», de 22 de junio de 2018,

–  Vista la declaración de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de 20 de abril de 2018, sobre el agravamiento de la situación humanitaria en Venezuela,

–  Visto el informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 12 de febrero de 2018, titulado «Institucionalidad democrática, Estado de Derecho y derechos humanos en Venezuela», así como la Resolución de la CIDH de 14 de marzo de 2018,

–  Vistas las declaraciones de 26 de enero, 19 de abril y 22 de mayo de 2018 de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre los últimos acontecimientos en Venezuela,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de los días 13 de noviembre de 2017, 22 de enero de 2018, 28 de mayo de 2018 y 25 de junio de 2018,

–  Vista la misión oficial del comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, a Colombia, en marzo de 2018,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que más de 2 millones de personas han abandonado Venezuela en los últimos años;

B.  Considerando que, según el ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el número de venezolanos que ha abandonado el país se ha disparado, pasando de 437 000 en 2005 a más de 1,6 millones en 2017; que, además, la tendencia apunta a un aumento espectacular, en las próximas semanas y meses, del número de personas que huyen del país;

C.  Considerando que este éxodo sin precedentes se debe a una crisis política, social, económica y humanitaria en Venezuela, donde el Gobierno no está en condiciones de garantizar a sus ciudadanos el disfrute de derechos humanos básicos como el acceso a los alimentos, la salud o los medicamentos, o un empleo digno; que la situación de los derechos humanos en Venezuela continúa deteriorándose;

D.  Considerando que, como consecuencia de ello, cada vez son más las personas en Venezuela, en particular los niños, que padecen desnutrición por el limitado acceso a servicios sanitarios de calidad, medicamentos y alimentos;

E.  Considerando que, lamentablemente, el Gobierno venezolano persiste en negar el problema, evita y prohíbe cualquier referencia a una crisis humanitaria, y rehúsa recibir cualquier tipo de ayuda humanitaria internacional, a pesar de la buena disposición de la comunidad internacional a prestarla;

F.  Considerando que un informe del ACNUDH publicado el 22 de junio de 2018 destaca que las autoridades venezolanas no reclamaron responsabilidades a los autores de graves violaciones de los derechos humanos, como homicidios, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas; que la impunidad de los funcionarios de seguridad sospechosos de ejecuciones extrajudiciales de manifestantes también parece generalizada; que estas constataciones demuestran un nuevo agravamiento de la tensa situación reinante en el país;

G.  Considerando que los múltiples aspectos de la actual crisis en Venezuela están ocasionando uno de los mayores desplazamientos de población conocidos en la historia de la región;

H.  Considerando que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH), Colombia alberga el mayor número de personas desplazadas, con más de 820 000 venezolanos que viven en su territorio;

I.  Considerando que las autoridades nacionales y locales de Colombia están trabajando encomiablemente para permitir a quienes huyen de Venezuela, independientemente de su estatuto, el disfrute de derechos humanos básicos como la educación primaria y los servicios sanitarios básicos; que las mismas autoridades pugnan también por hacer aflorar el trabajo de los migrantes en situación irregular y en favor de la integración de estas personas en la comunidad laboral colombiana, al tiempo que expiden permisos especiales a los que residen en las regiones fronterizas y están dispuestos a desplazarse diariamente de Venezuela a Colombia para trabajar;

J.  Considerando que en Colombia, las comunidades locales, las instituciones religiosas y los ciudadanos corrientes acogen todos ellos fraternalmente a los migrantes venezolanos, demostrando una gran resiliencia y solidaridad; que, pese a ello, estas comunidades se ven sometidas a enormes presiones y a crecientes desafíos debido al enorme número de personas necesitadas que huyen de su país;

K.  Considerando que la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, está recibiendo una importante afluencia de personas que a menudo están en unas condiciones de salud y desnutrición dramáticas; que esta crisis humanitaria está también afectando, en diversa medida, al resto de regiones de Colombia, incluida su capital;

L.  Considerando que Colombia, al tiempo que avanza hacia una situación más estable y pacífica, sigue teniendo sus propios problemas, como la actuación de grupos armados, el tráfico ilícito, el contrabando y la minería ilegal, entre otros; que estos problemas afectan principalmente a las regiones fronterizas; que la crisis humanitaria que aflige a los migrantes venezolanos puede agudizarse y agravar estos problemas, propiciando el deterioro de los derechos humanos en estas regiones;

M.  Considerando que también Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Argentina y Panamá se enfrentan a la llegada de grandes contingentes de refugiados; que es cada vez mayor la presión a la que se ven sometidos los países de acogida a causa de la asistencia a los recién llegados;

N.  Considerando que, el 17 de marzo de 2018, la Unión asignó un paquete de ayuda humanitaria por un importe de 31 millones de euros a América Latina y el Caribe, del que 6 millones estaban destinados a Colombia y 2 millones a las personas afectadas por la crisis en Venezuela; que, el 7 de junio de 2018, la Comisión anunció un paquete de 35,1 millones de euros de ayuda de emergencia y asistencia al desarrollo para apoyar al pueblo venezolano y a los países vecinos afectados por esta crisis; que, en 2018, el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz asignó 5 millones de euros a actividades de prevención de conflictos en las fronteras de Brasil y Colombia;

1.  Expresa su profunda consternación y su alarma ante la desoladora situación humanitaria de Venezuela, que ha dado lugar a numerosas muertes y a una migración sin precedentes tanto a los países vecinos como a otros más alejados; expresa su solidaridad con todos los venezolanos que se han visto forzados a huir de su país por carecer de las más elementales condiciones materiales para la vida, como el acceso a alimentos, servicios sanitarios básicos y medicamentos;

2.  Felicita al Gobierno de Colombia, a las autoridades locales, a la sociedad civil, a las autoridades religiosas y a todo el pueblo colombiano por su rápida reacción y solidaridad y por su ayuda y apoyo constantes en favor de todos los migrantes venezolanos; elogia asimismo el trabajo de los Gobiernos de otros países vecinos y de las organizaciones regionales e internacionales;

3.  Celebra el paquete de ayuda humanitaria de la Unión a América Latina y el Caribe por un importe de 31 millones de euros, incluyendo 6 millones para Colombia y otros 2 millones para los afectados por la crisis en Venezuela, así como los 5 millones asignados en 2018 a través del IEP para actividades de prevención de conflictos en las fronteras de Brasil y Colombia; se congratula asimismo del anuncio por la Comisión de un paquete de 35,1 millones de euros de ayuda de emergencia y asistencia al desarrollo para apoyar al pueblo venezolano y a los países vecinos afectados por esta crisis;

4.  Pide a las autoridades nacionales y locales de los países vecinos que supervisen constantemente la situación con el fin de evitar cualquier tensión entre la población local y los venezolanos que huyen a sus territorios; pide, en particular, que la situación se supervise activamente a fin de evitar una escalada de la xenofobia;

5.  Manifiesta su extrema preocupación por el considerable número de menores no acompañados que cruzan las fronteras, pero celebra los esfuerzos emprendidos por las autoridades colombianas, las organizaciones internacionales y las comunidades religiosas por ofrecerles alimentos y atención sanitaria e integrarlos en el sistema educativo; pide a las autoridades nacionales y locales que redoblen sus esfuerzos en este terreno;

6.  Manifiesta su sentimiento de alarma por la escalada de la esclavitud y la prostitución forzada en algunas regiones fronterizas, y pide a las autoridades colombianas que apliquen medidas sin fisuras para poner fin a estas prácticas y que ofrezcan a los migrantes de Venezuela puestos de trabajo dignos y la plena integración en el mercado de trabajo;

7.  Pide a las autoridades nacionales y locales de los países vecinos que dicten medidas especiales para atender a la situación específica de los pueblos indígenas binacionales residentes en los territorios fronterizos;

8.  Denuncia la agudización de la crisis humanitaria en Venezuela, la reaparición de enfermedades como la malaria, el sarampión y la difteria, la falta de derechos humanos básicos para el pueblo venezolano —como el derecho a la alimentación, el derecho a la educación y el acceso a los servicios sanitarios básicos y a los medicamentos—, y la falta de trabajo digno;

9.  Insta a las autoridades venezolanas a que admitan la crisis humanitaria actual, eviten que esta siga agravándose y promuevan soluciones políticas y económicas para garantizar la seguridad de todos los civiles y la estabilidad del país y la región;

10.  Pide encarecidamente a las autoridades venezolanas que adopten medidas inmediatas para defender los derechos humanos del pueblo venezolano, y en especial el derecho a la alimentación, a la salud y a unas condiciones de vida dignas;

11.  Insta a las autoridades venezolanas a que, con carácter de urgencia, permitan el acceso sin restricciones de ayuda humanitaria al país y concedan un acceso sin restricciones a las organizaciones internacionales que desean prestar asistencia a sectores afectados de la sociedad, con el fin de prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública; pide que se dé rápidamente una respuesta a corto plazo para combatir la desnutrición en los grupos más vulnerables, como los niños;

12.  Recuerda que todas las sanciones que adopte la comunidad internacional deben ser selectivas, reversibles y no perjudiciales para la población venezolana;

13.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, al Gobierno y al Congreso de la República de Colombia, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos.

 

Última actualización: 4 de julio de 2018Aviso jurídico