Procedimiento : 2018/2770(RSP)
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B8-0321/2018

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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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2.7.2018
PE621.749v01-00
 
B8-0321/2018

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras (2018/2770(RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas en nombre del Grupo GUE/NGL

Resolución del Parlamento Europeo sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras (2018/2770(RSP))  
B8‑0321/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el capítulo 1, artículo 1, párrafo 2, de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, en el que se declara el propósito de «fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal»,

–  Vistos el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los que se afirma que «todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación» y que, «en virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural»,

–  Vista la declaración, de 27 de enero de 2013, realizada en la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión en la que los signatarios reafirmaron su compromiso con todos los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, así como su respaldo a todos los esfuerzos por defender la igualdad soberana de todos los Estados y respetar su integridad territorial y su independencia política,

–  Vista la declaración de Latinoamérica y el Caribe como zona de paz, acordada en las anteriores cumbres de la CELAC,

–  Visto el principio de no intervención establecido en la Carta de las Naciones Unidas,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vista la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961,

–  Vista la declaración de los líderes del G-7 sobre Venezuela, de 23 de mayo de 2018,

–  Vistas las anteriores Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre Venezuela,

–  Vistas las anteriores declaraciones sobre Venezuela de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Venezuela,

–  Vista la decisión de la Conferencia de Presidentes, de 7 de junio de 2018, de enviar una delegación ad hoc para visitar las ciudades de Cúcuta (Colombia) y Boa Vista (Brasil),

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha denunciado en varias ocasiones la injerencia externa, la desestabilización, las campañas de desinformación, la manipulación de la opinión pública y la violencia que promueven algunos sectores de la oposición contra la soberanía, la independencia, la paz y la estabilidad democrática del país y contra el pueblo venezolano;

B.  Considerando que la República Bolivariana de Venezuela ve su paz y su soberanía amenazadas desde dentro y fuera del país en un momento en que Venezuela también debe hacer frente a una guerra económica insólita, que se ha visto agravada recientemente debido al aumento de los precios, al contrabando de bienes y al acaparamiento de productos; que esta situación extraordinaria ha acarreado problemas sociales, económicos, políticos, ecológicos y medioambientales;

C.  Considerando que, en diciembre de 2014, el entonces presidente de los Estados Unidos Barack Obama anunció un proyecto de ley, aprobado por el Senado estadounidense, que imponía sanciones unilaterales y extraterritoriales al pueblo y al Gobierno Bolivariano de Venezuela hasta 2019; que el conjunto de las treinta y tres naciones de América Latina y el Caribe ha condenado y rechazado esas sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos a Venezuela y que, en la declaración de Bruselas de la segunda cumbre UE-CELAC, celebrada los días 10 y 11 de junio de 2015, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión tomaron nota del rechazo por parte de la CELAC de dichas sanciones estadounidenses contra la República Bolivariana de Venezuela; que el Gobierno de Venezuela ha reaccionado anunciando una serie de medidas en aplicación de diversos artículos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas;

D.  Considerando que, el 8 de marzo de 2015, el entonces presidente de los Estados Unidos Barack Obama firmó el Decreto 13692, en el que se consideraba a la República Bolivariana de Venezuela una amenaza excepcional y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos; que dicho Decreto permite a los Estados Unidos emplear recursos nacionales de emergencia para combatir dicha amenaza, como la aplicación de sanciones contra el país en cuestión;

E.  Considerando que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha mantenido la misma estrategia que su predecesor, como se puede ver claramente en los diversos decretos que ha firmado, en particular los de 24 de agosto de 2017, 19 de marzo de 2018 y 21 de mayo de 2018;

F.  Considerando que dichos decretos imponían sanciones adicionales contra Venezuela y prohibían algunas transacciones adicionales en relación con Venezuela, todo ello para responder a la llamada «emergencia nacional» declarada en el Decreto 13692, de 8 de marzo de 2015;

G.   Considerando que las declaraciones de 6 de abril de 2017 y 15 de febrero de 2018 del almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, prefiguran una agresión contra Venezuela en el marco de la doctrina de la seguridad colectiva regional; que dichas declaraciones tenían por objeto generar incertidumbre e inestabilidad en el país y son parte de una estrategia de intervención en la región contra los Gobiernos progresistas;

H.  Considerando que uno de los componentes del actual proceso de desestabilización en Venezuela ha sido, y sigue siendo, la financiación multimillonaria de organizaciones y partidos políticos antigubernamentales durante más de doce años por parte de agencias estadounidenses tales como USAID y National Endowment for Democracy; que el expresidente de los Estados Unidos Obama autorizó un fondo especial por valor de 5,5 millones de dólares para financiar a grupos opositores al Gobierno venezolano por medio del Departamento de Estado;

J.  Considerando que la Organización de los Estados Americanos (OEA), y en particular su secretario general, continúa centrando su acción política en intervenir en la situación interna de Venezuela y en legitimar por cualquier medio la activación de la Carta Democrática, de modo que sea posible la intervención exterior en el país;

K.  Considerando que el XLVIII período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA estuvo marcado por la amenaza de suspensión de Venezuela de la OEA, solicitada por el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence antes del acto; que, finalmente, lo único que pudieron lograr los Estados Unidos fue una resolución apoyada por 19 de los 24 países necesarios para suspender a Venezuela de la OEA, con 11 abstenciones y 4 votos en contra en la votación nominal de la resolución;

L.  Considerando que Venezuela ha decidido abandonar la OEA; que quedan once meses hasta la retirada formal de Venezuela de la OEA; que la intención de los Estados Unidos es obtener la suspensión de Venezuela para poder continuar la escalada de medidas unilaterales contra Venezuela al margen del Derecho internacional, al tiempo que los aliados de los Estados Unidos endurecen el cerco al país;

M.  Considerando que se impidió ilegalmente que Venezuela asumiera la presidencia pro tempore del Mercosur, con el fin de aislar al país y expulsarlo de esa organización; que existen negociaciones en curso entre la Unión y Mercosur sobre la conclusión de un acuerdo de libre comercio;

N.  Considerando que algunos Gobiernos de la región, el llamado «Grupo de Lima», siguen esta estrategia de desestabilización, aislamiento y presión contra Venezuela, en violación flagrante del Derecho internacional;

O.  Considerando que la Unión ha realizado varias declaraciones y adoptado diversas posiciones en consonancia con las posturas defendidas por sectores minoritarios de la oposición venezolana, con la clara intención de interferir y condicionar la situación interna de Venezuela;

P.  Considerando que el 13 de noviembre de 2017 el Consejo de Asuntos Exteriores adoptó sus Conclusiones sobre Venezuela y acordó sanciones específicas; que el 22 de enero de 2018 el Consejo de Asuntos Exteriores decidió medidas restrictivas para siete personas que ocupan cargos oficiales; que el 28 de mayo de 2018 el Consejo de Asuntos Exteriores acordó en sus Conclusiones actuar rápidamente con el fin de imponer nuevas medidas restrictivas específicas y reversibles contra Venezuela; que el 25 de junio de 2018 el Consejo de Asuntos Exteriores acordó en sus Conclusiones nuevas sanciones adicionales contra Venezuela, aplicando medidas restrictivas a otras once personas con cargos oficiales;

Q.  Considerando que las grandes empresas internacionales de medios de comunicación presentan la situación en Venezuela de forma tendenciosa; que la información está siendo manipulada, con la difusión de rumores y noticias falsas sobre Venezuela sencillamente para justificar una intervención en el país;

R.  Considerando que en veinte años han tenido lugar en Venezuela veinticuatro elecciones;

S.  Considerando que, desde las últimas elecciones a la Asamblea Nacional, algunos sectores de la oposición han desempeñado un papel desestabilizador en el país, utilizando el poder legislativo para ese fin;

T.  Considerando que algunos sectores de la oposición decidieron no participar en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente venezolana ni en las elecciones presidenciales;

U.  Considerando que el 20 de mayo tuvieron lugar en Venezuela elecciones presidenciales, en las que votaron más de ocho millones de ciudadanos venezolanos; que en las elecciones estuvieron presentes más de doscientos observadores internacionales; que en el proceso electoral participaron diferentes candidatos de la oposición; que Nicolás Maduro resultó reelegido presidente;

V.  Considerando que los Estados Unidos, la Unión Europea y algunos Gobiernos de la región cuestionaron por adelantado el proceso electoral y continúan sin reconocer el resultado de las elecciones presidenciales;

W.  Considerando que el Gobierno venezolano y su presidente han pedido varias veces a todos los sectores de la oposición entablar un diálogo y han seguido haciéndolo con la intención de construir la paz en el país;

X.  Considerando que algunos sectores de la oposición apoyados por potencias extranjeras como los Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, el G-7 y el «Grupo de Lima» siguen promoviendo la desestabilización del país;

Z.  Considerando que los Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA y el «Grupo de Lima» son responsables del cerco económico a Venezuela, que tiene efectos dramáticos para su pueblo;

AA.  Considerando que la llamada «ayuda humanitaria» defendida por los Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA y el «Grupo de Lima» es solo un pretexto y una excusa para legitimar una intervención extranjera en el país;

1.  Condena firmemente la injerencia externa constante y la desestabilización política, económica y social dirigida contra la República Bolivariana de Venezuela;

2.  Denuncia la «instrumentalización» espuria de los derechos humanos con fines políticos por parte de la Unión, en particular en el caso de Venezuela;

3.  Insiste en que una estrategia intervencionista persistente contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela está lejos de crear espacios para el diálogo y la paz;

4.  Reafirma el derecho del pueblo venezolano a decidir su futuro de forma soberana y pacífica, libre de interferencias o presiones externas;

5.  Reitera la necesidad de respetar el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, en consonancia con el Derecho internacional;

6.  Condena las acusaciones relativas a una «supuesta crisis humanitaria» en Venezuela, realizadas con la intención de aumentar la injerencia externa y defender una campaña para intervenir en el país;

7.  Lamenta profundamente la decisión de la Conferencia de Presidentes, de 7 de junio de 2018, de enviar una delegación ad hoc para visitar las ciudades de Cúcuta (Colombia) y Boa Vista (Brasil);

8.  Lamenta profundamente las injerencias de la OEA, la Unión Europea, los Estados Unidos o cualquier otro país en los asuntos internos de otros países; recuerda que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, de establecer libremente su condición política y proveer a su desarrollo económico, social y cultural, y pide que se respete este derecho;

9.  Denuncia los objetivos antidemocráticos e insurreccionales de la campaña de desestabilización; destaca los intereses imperialistas de los Estados Unidos al querer garantizarse el acceso a los recursos petroleros de Venezuela y su objetivo político de debilitar a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA);

10.  Condena la decisión de los Estados Unidos y de la Unión de mantener las sanciones contra Venezuela; pide la retirada inmediata de esas sanciones;

11.  Rechaza firmemente cualquier intento de la Unión de aplicar sanciones adicionales y otras medidas contra Venezuela y su pueblo;

12.  Subraya que el diálogo con terceros países no debe dar lugar bajo ninguna circunstancia a la imposición de restricciones al derecho de los pueblos a la libre determinación;

13.  Critica los recientes acontecimientos en la OEA, que muestran la continua falta de democracia de esta organización y su papel intervencionista siempre contra la voluntad soberana de los pueblos de América Latina;

14.  Deplora el papel desempeñado por la mayoría de los medios de comunicación internacionales en la difusión de rumores y la utilización de información falsa con el objetivo de socavar la legitimidad del Gobierno venezolano y generar una atmósfera de violencia; recuerda que la libertad de información es un derecho humano fundamental, y pide a los medios de comunicación internacionales que actúen de forma responsable y que su cobertura de los acontecimientos sea justa, rigurosa y equilibrada, a diferencia de lo que ocurre actualmente;

15.  Reconoce la grave crisis económica a la que se enfrenta Venezuela; reconoce, no obstante, que esta crisis económica tiene su origen principalmente en la injerencia externa, tanto mediante las sanciones impuestas al país como por la caída del precio del petróleo, así como por una estrategia orquestada de desestabilización económica interna dirigida por algunos sectores de la oposición y actores económicos de primer orden del país que controlan la producción y la distribución de bienes, en particular en los ámbitos de la alimentación y los medicamentos; señala que esta estrategia interna ha provocado una escasez de bienes, agravada por las acciones de grupos coordinados por los «bachaqueros», que tienen como objetivo agotar las existencias de los establecimientos comerciales en el momento de su reaprovisionamiento para aumentar los precios de los productos, venderlos en el mercado negro o enviarlos para su falsificación, situación que ha contribuido a las elevadas tasas de inflación que se registran en el país; recuerda que estas estrategias se han desarrollado junto a la retirada sistemática del mercado de los billetes de 100 bolívares, el valor más alto en el país, confirmada por el descubrimiento de, literalmente, toneladas de estos billetes en países como Colombia o Paraguay; recuerda que, a pesar de este grave golpe a la economía, Venezuela ha mantenido sus compromisos internacionales en materia de deuda externa y ha continuado destinando un porcentaje significativo de su presupuesto al desarrollo social, que representa más del 70 % de su presupuesto anual;

16.  Toma nota del respeto de la Constitución mostrado por las instituciones venezolanas, en comparación con el menosprecio permanente y la actitud de confrontación por parte de la Asamblea Nacional y algunos sectores de la oposición;

17.  Apoya los principios contenidos en la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz e insta a toda la comunidad internacional a que respete plenamente esta Proclama en sus relaciones con los países de la CELAC, incluido el compromiso de no intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de cualquier otro Estado y de observar los principios de soberanía nacional, igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos;

18.  Se felicita por la aplicación de políticas de inclusión social en Venezuela basadas en la responsabilidad social y la justicia, la igualdad, la solidaridad y los derechos humanos, que han contribuido a reducir la desigualdad en el país, teniendo en cuenta, en particular, las medidas de desarrollo social y los importantes avances registrados en la reducción de la pobreza o en el ámbito de la educación, incluida la erradicación del analfabetismo en 2005 y el aumento del número de estudiantes de educación superior;

19.  Recuerda la importancia del papel de Venezuela en la creación y la consolidación de un proceso de cooperación e integración en favor de los pueblos de América Latina; destaca los notables progresos alcanzados en el ámbito de la cooperación y la integración regionales en favor de los pueblos de esta región; acoge con satisfacción los importantes logros de la ALBA en los ámbitos de la salud, la educación, la cultura y la cooperación mutuamente beneficiosa;

20.  Reconoce que los países miembros de la ALBA son conscientes de la ardua labor realizada por el Gobierno venezolano en materia de promoción y protección de los derechos humanos, la justicia y la paz para frenar los planes de intervención internacional contra Venezuela, que amenazan no solo la estabilidad de esta nación hermana, sino también la estabilidad de la región;

21.  Acoge con satisfacción las recientes elecciones presidenciales en Venezuela y respeta sus resultados;

22.  Condena todas las acciones destinadas a cuestionar la legitimidad indiscutible de las elecciones venezolanas y pide a los Estados miembros de la Unión que adopten una postura responsable y en consonancia con los principios de no injerencia, que muestre respeto por la independencia y la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y por la voluntad del pueblo de Venezuela expresada en las urnas;

23.  Apoya las iniciativas de diálogo promovidas por el presidente Nicolás Maduro y su Gobierno, respaldadas por diferentes organizaciones y actores internacionales y que las prioridades de este diálogo sean el bienestar de todos los ciudadanos y la relación institucional, la paz, la justicia, la verdad, el fortalecimiento de la economía, la defensa del Estado de Derecho, la democracia y el respeto de la soberanía nacional;

24.  Reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano y su lucha en defensa del proceso bolivariano y los logros sociales alcanzados en los últimos años;

25.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, al Parlamento del Mercosur, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y a los organismos regionales latinoamericanos, incluidos la UNASUR, la ALBA y la CELAC.

 

Última actualización: 4 de julio de 2018Aviso jurídico