Procedimiento : 2018/2891(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0351/2018

Textos presentados :

B8-0351/2018

Debates :

Votaciones :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0436

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 266kWORD 48k
Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0351/2018
22.10.2018
PE624.206v01-00
 
B8-0351/2018

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la situación en Venezuela (2018/2891(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas, Anders Sellström en nombre del Grupo PPE

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela (2018/2891(RSP))  
B8‑0351/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Venezuela, en particular las de 27 de febrero de 2014, sobre la situación en Venezuela(1), de 18 de diciembre de 2014, sobre la persecución de la oposición democrática en Venezuela(2), de 12 de marzo de 2015, sobre la situación en Venezuela(3), de 8 de junio de 2016, sobre la situación en Venezuela(4), de 27 de abril de 2017, sobre la situación en Venezuela(5), de 8 de febrero de 2018, sobre la situación en Venezuela(6), de 3 de mayo de 2018, sobre las elecciones en Venezuela(7), y de 5 de julio de 2018, sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela(8),

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

–  Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI),

–  Vista la declaración, de 8 de febrero de 2018, de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, sobre la iniciación de exámenes preliminares de la situación en Venezuela, y de 27 de septiembre de 2018, sobre la remisión por un grupo de seis Estados parte relativa a la situación en Venezuela,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 15 de octubre de 2018,

–  Vista la declaración realizada el 9 de octubre de 2018 por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre la muerte del concejal Fernando Albán en Venezuela,

–  Vista la declaración realizada el 10 de octubre de 2018 por su Comisión de Asuntos Exteriores y su Subcomisión de Derechos Humanos sobre la muerte de Fernando Albán,

–  Visto el informe de su misión centrada en la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras terrestres con Colombia y Brasil,

–  Vista su decisión de conceder el Premio Sájarov 2017 a la oposición democrática y a los presos políticos de Venezuela,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela sigue deteriorándose gravemente; que Venezuela se enfrenta a una crisis social, económica y humanitaria sin precedentes, como consecuencia de una crisis política, lo que ha provocado un gran número de muertes y la huida de unos 2,3 millones de migrantes y refugiados;

B.  que el 87 % de la población venezolana se ve afectada por la pobreza, con un nivel de pobreza extrema que alcanza el 61,2 %; que la mortalidad materna ha aumentado un 60 % y la mortalidad infantil, un 30 %;

C.  que, a pesar de la buena disposición de la comunidad internacional, el Gobierno venezolano se sigue negando, por desgracia, a recibir abiertamente ayuda humanitaria internacional y facilitar su distribución;

D.  Considerando que, el 8 de octubre de 2018, el político de la oposición venezolana Fernando Albán fue presuntamente torturado y asesinado en los locales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la policía política venezolana; que, a pesar de las peticiones de las Naciones Unidas y de la Unión, las autoridades se han negado a permitir una investigación independiente de las causas de su muerte, incluida una autopsia internacional a cargo de un equipo forense independiente; que el Sr. Albán estaba detenido en los locales del SEBIN; que, en consecuencia, se debe considerar a las autoridades venezolanas responsables de su paradero;

E.  Considerando que, el 13 de octubre de 2018, Lorent Saleh, galardonado con el premio Sájarov 2017, fue liberado, conducido directamente al aeropuerto y expulsado inmediatamente a España en un acto de exilio forzoso; que había permanecido cuatro años en prisión, sin juicio previo y sometido a horribles torturas, retrasándose sus vistas judiciales al menos en 53 ocasiones; que sus testimonios dan fe de los tratos crueles e inhumanos dispensados a los presos políticos en Venezuela;

F.  Considerando que más de doscientos presos políticos siguen encarcelados en el país; que el diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens sigue incomunicado, violándose su inmunidad política de forma permanente e ilegal;

G.  Considerando que Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional y galardonado con el Premio Sájarov 2017, Luisa Ortega Díaz, ex fiscal general, y Zair Mundaray Rodríguez, exfiscal del Ministerio Público de Venezuela, están siendo acusados, de manera infundada, de participar en un intento de asesinato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; que las autoridades venezolanas han emitido a través de Interpol una orden de detención internacional para los tres;

H.  Considerando que en Venezuela existe un clima de violencia creciente y total impunidad, debido a que las autoridades no exigen responsabilidades a los autores de graves violaciones de los derechos humanos, incluidos el asesinato, el uso de una fuerza excesiva contra manifestantes, la detención arbitraria, la tortura y otros tratos degradantes e inhumanos, pero también la violencia criminal;

I.  Considerando que, el 8 de febrero de 2018, la fiscal de la CPI inició exámenes preliminares de la situación en Venezuela; que, el 27 de septiembre de 2018, un grupo de seis Estados parte del Estatuto de Roma de la CPI (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) solicitó que la fiscal abriera una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de Venezuela; que Francia y Costa Rica también apoyaron las peticiones para que se realizaran tales investigaciones; que esto constituye la primera remisión por un grupo de Estados parte relativa a una situación en el territorio de otro Estado parte;

J.  Considerando que, el 13 de noviembre de 2017, el Consejo de la Unión Europea decidió la adopción de un embargo de armas contra Venezuela y la prohibición de material afín que pudiera utilizarse para la represión interna; que, el 22 de enero de 2018, decidió por unanimidad imponer sanciones a siete ciudadanos venezolanos que ocupan cargos oficiales, a través de medidas restrictivas, como la prohibición de viajar o la inmovilización de activos, por haber vulnerado los principios democráticos; que el 25 de junio de 2018 se ampliaron las sanciones a otros once funcionarios venezolanos;

K.  Considerando que la Unión, junto a otros organismos democráticos, no reconoció ni las elecciones presidenciales ni las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, ni a las autoridades nombradas por estos procesos ilegítimos;

L.  Considerando que las conclusiones de la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores del 15 de octubre de 2018 incluyen una referencia a una solución política a la crisis actual, mediante la consideración de la posibilidad de crear un grupo de contacto para facilitar un proceso político;

M.  Considerando que dos intentos de construir un diálogo nacional entre el Gobierno y la oposición, facilitados por el Vaticano y mediadores internacionales, con vistas a encontrar una salida a la crisis, fracasaron a causa de la falta de seriedad de las autoridades venezolanas, que se centraron exclusivamente en intentar ganar tiempo y reconocimiento internacional;

1.  Expresa sus sinceras condolencias a la familia y los amigos de Fernando Albán; condena, a este respecto, los crímenes cometidos por las autoridades venezolanas y pide, en este caso concreto, una investigación inmediata e independiente del Gobierno, incluida una autopsia internacional llevada a cabo por un equipo forense independiente;

2.  Recuerda que dos intentos previos de llegar a una solución política a la crisis en Venezuela con la mediación del Vaticano y mediante un diálogo político nacional en la República Dominicana fracasaron claramente; recuerda, en este sentido, que el papel de la mediación internacional o de un grupo facilitador de contacto debe ser imparcial y ser aceptado por ambas partes;

3.  Pide a la Unión, en concreto al Consejo y la VP/AR, que velen por que toda nueva medida en favor de una solución política incluya los siguientes requerimientos irrenunciables: la liberación inmediata de todos los presos políticos y el fin de la tortura, los malos tratos y el acoso a opositores políticos y defensores de los derechos humanos; un nuevo Consejo Nacional Electoral, elegido por la Asamblea Nacional; la celebración de elecciones libres y justas conformes con las normas internacionales para un proceso digno de crédito que respete el pluralismo político, con la presencia de observadores internacionales democráticos; el reconocimiento de los poderes de la Asamblea Nacional legítima; y la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente;

4.  Apoya plenamente las investigaciones de la CPI sobre los crímenes generalizados y los actos represivos perpetrados por el régimen venezolano; insta a la Unión a que se adhiera a la iniciativa de los Estados Parte de la CPI de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno venezolano en el territorio de Venezuela, con el fin de que los responsables rindan cuentas;

5.  Acoge con satisfacción la rápida imposición por la Unión de sanciones adicionales y reversibles, que no perjudicarán a la población venezolana, por la celebración, el 20 de mayo de 2018, de unas elecciones ilegítimas y no reconocidas internacionalmente; pide que se refuercen estas sanciones si la situación de los derechos humanos y la democracia en el país sigue deteriorándose;

6.  Alaba al Gobierno colombiano por su rápida reacción y por el apoyo que ha prestado a todos los venezolanos que llegan; encomia asimismo la actitud de Brasil y otros países de la región, en particular Perú, y de organizaciones regionales e internacionales, entidades privadas y públicas, la Iglesia católica y ciudadanos particulares del conjunto de la región, que han ayudado activamente a los refugiados y migrantes venezolanos y les han demostrado su solidaridad; pide a los Estados miembros de la UE que se enfrentan a la llegada de venezolanos que les faciliten acceso a servicios básicos y les concedan el estatuto de protección temporal;

7.  Reitera las conclusiones, enormemente preocupantes, de su misión de junio de 2018 a las fronteras terrestres de Colombia y Brasil con Venezuela; pide una vez más a las autoridades venezolanas que, con carácter de urgencia, permitan la llegada sin trabas de ayuda humanitaria al país para evitar el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública;

8.  Pide al Consejo y la VP/AR que movilicen más fondos y ayuda en coordinación con el Representante Especial Conjunto de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas (OIM) para los refugiados y migrantes venezolanos en la región, Eduardo Stein, nombrado recientemente;

9.  Recuerda que Interpol es la organización policial internacional dedicada principalmente a la lucha contra la delincuencia internacional; pide a Interpol que no responda a las peticiones del Gobierno de Venezuela contra el Sr. Borges, la Sra. Ortega Díaz y el Sr. Mundaray Rodríguez, dado que las acusaciones son del todo infundadas y puramente políticas;

10.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a los Gobiernos y Parlamentos de la República de Colombia, la República de Brasil y la República del Perú, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, al secretario general de la Organización de los Estados Americanos y al Grupo de Lima.

 

 

(1)

DO C 285 de 29.8.2017, p. 145.

(2)

DO C 294 de 12.8.2016, p. 21.

(3)

DO C 316 de 30.8.2016, p. 190.

(4)

DO C 86 de 6.3.2018, p. 101.

(5)

DO C 298 de 23.8.2018, p. 137.

(6)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0041.

(7)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0199.

(8)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0313.

Última actualización: 24 de octubre de 2018Aviso jurídico