Procedimiento : 2018/2849(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0384/2018

Textos presentados :

B8-0384/2018

Debates :

Votaciones :

PV 13/09/2018 - 10.9

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0351

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.093v01-00
 
B8-0384/2018

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la amenaza de demolición de Jan al‑Ahmar y otros poblados beduinos (2018/2849(RSP))


Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor, Bodil Valero en nombre del Grupo Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Laura Agea

Resolución del Parlamento Europeo sobre la amenaza de demolición de Jan al-Ahmar y otros poblados beduinos (2018/2849(RSP))  
B8‑0384/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre el conflicto entre Israel y Palestina,

–  Vistas las directrices de la UE sobre Derecho internacional humanitario,

–  Vistas las declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, en especial la de 7 de septiembre de 2018, sobre los últimos acontecimientos en relación con la demolición prevista de Jan al-Ahmar,

–  Visto el informe semestral sobre las demoliciones y confiscaciones de estructuras financiadas por la Unión Europea en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, entre enero y junio de 2018, publicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) el 24 de agosto de 2018,

–  Vistas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el conflicto palestino-israelí, en particular la Resolución 2334, adoptada el 23 de diciembre de 2016,

–  Vistos los convenios sobre derechos humanos de las Naciones Unidas y los tratados de Derecho internacional humanitario de los que Israel, Palestina y los Estados miembros de la Unión son Estados parte,

–  Visto su estudio, de 25 de junio de 2015, sobre la ocupación o anexión de un territorio, el respeto del Derecho internacional humanitario y los derechos humanos y la coherencia de las políticas de la UE,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que, el 5 de septiembre de 2018, el Tribunal Supremo de Israel desestimó las peticiones en última instancia de los residentes de la comunidad beduina de Jan al-Ahmar en Cisjordania, y que el poblado se enfrenta a un riesgo inminente de demolición y al traslado forzoso de sus 180 habitantes, entre ellos, más de 90 niños, por las autoridades israelíes;

B.  Considerando que, después de nueve años de litigio sobre este asunto, el Tribunal israelí concluyó que el poblado de Jan al-Ahmar se había construido ilegalmente y que no existía motivo alguno para intervenir o suspender la ejecución de las órdenes de demolición; que el Estado israelí tiene previsto reubicar a cuatro comunidades de la zona, incluida Jan al-Ahmar, a un emplazamiento situado al suroeste de Jericó, muy cerca de una planta depuradora de aguas residuales; que las comunidades afectadas se han negado a ser desplazadas;

C.  Considerando que los residentes de Jan al-Ahmar son descendientes de beduinos que fueron expulsados del desierto de Negev por Israel en la década de los 50 y reubicados en Cisjordania, en los alrededores de Jerusalén, de donde fueron expulsados repetidamente; que el poblado se sitúa entre dos grandes asentamientos israelíes; que los residentes han sido sometidos a una presión constante por parte de las autoridades israelíes y de los colonos vecinos y sufren unas condiciones de vida duras, incluida la falta de servicios sanitarios, de educación y bienestar y de infraestructuras básicas;

D.  Considerando que la demolición de Jan al-Ahmar sienta un precedente negativo para docenas de otras comunidades beduinas de toda Cisjordania; que, según la ONG israelí B’Tselem, las autoridades israelíes se han negado deliberadamente a expedir permisos de construcción, y que la expulsión forma parte de un plan para eliminar a todas las comunidades palestinas de la zona al este de Jerusalén y a medio camino hacia el río Jordán, creando así una cuña de asentamientos israelíes que dividiría Cisjordania en dos;

E.  Considerando que la VP/AR ha pedido a las autoridades israelíes que reconsideren su decisión de demoler Jan al-Ahmar, y recalcado que la demolición de comunidades palestinas y el posible traslado forzoso de población son ilegales con arreglo al Derecho internacional, y que constituirían hechos muy graves que amenazarían seriamente la viabilidad de una solución de dos Estados;

F.  Considerando que las organizaciones de la sociedad civil locales han indicado que otras comunidades palestinas corren un riesgo inminente de traslado forzoso, como resultado de la apertura de nuevas vías jurídicas que permiten a las fuerzas armadas israelíes llevar a cabo demoliciones aceleradas, del adelanto de varias leyes destinadas a ampliar el control de Israel sobre Jerusalén Este, de un importante aumento de las actividades de asentamiento, y de un cambio marcado en la posición de la administración estadounidense en favor de los asentamientos; que este último hecho se inscribe en un contexto de aumento de las tensiones tras la reciente adopción de la Ley sobre el Estado nación por la Knesset israelí;

G.  Considerando que el traslado forzoso de personas protegidas en un territorio ocupado constituye una violación grave del Cuarto Convenio de Ginebra y equivale a un crimen de guerra de conformidad con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;

H.  Considerando que diplomáticos de la Unión Europea y de los Estados miembros y diputados del Parlamento Europeo han advertido en repetidas ocasiones contra la demolición de Jan al-Ahmar, símbolo de la política israelí de demolición de infraestructuras palestinas y de expansión de los asentamientos en Cisjordania;

I.  Considerando que diez Estados miembros de la Unión apoyan programas humanitarios en Jan al-Ahmar, entre ellos, la construcción de una escuela primaria, y que una ayuda humanitaria por un valor estimado de 315 000 euros financiada por la Unión se encuentra ahora en situación de riesgo;

J.  Considerando que, según la Oficina del Representante de la Unión en Palestina, la destrucción y confiscación de bienes palestinos situados en la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este, ha proseguido durante el primer semestre de 2018 y afectado a 197 estructuras de propiedad palestina, lo que ha provocado el desplazamiento de 176 palestinos, incluidos 70 niños, así como un impacto negativo en otras 5 000 personas; que la Oficina de la Unión Europea informó de la demolición durante ese período de 26 estructuras financiadas por la Unión o por Estados miembros de la Unión, por un valor de 60 963 euros; que entre 2009 y 2018 más de 450 estructuras financiadas por la Unión Europea y Estados miembros de la Unión por un importe superior a los 1,3 millones de euros fueron demolidas o confiscadas; que no se han solicitado compensaciones por dicha destrucción; que 36 escuelas de la Zona C y 8 escuelas de Jerusalén Este, la mitad de las cuales han recibido financiación de la Unión o de un Estado miembro, se encuentran a la espera de órdenes de demolición o de paralización de los trabajos; que se estima que más de 13 000 estructuras palestinas de la Zona C están pendientes actualmente de órdenes de demolición debido a la falta de las licencias de obra necesarias;

K.  Considerando que, con arreglo al Derecho internacional, existe la obligación por parte de terceros, incluidos los Estados miembros de la Unión, de no fomentar, ayudar ni apoyar la creación de asentamientos y de hacer todo lo que esté razonablemente a su alcance para evitar la creación de nuevos asentamientos y poner fin a este tipo de prácticas ilegales;

1.  Expresa su profunda preocupación por el riesgo de demolición inminente del poblado beduino de Jan al-Ahmar, e insta a las autoridades israelíes a que no ejecuten ni los planes de demolición ni la expulsión de sus habitantes;

2.  Advierte a las autoridades israelíes, como potencia ocupante, de que la demolición de Jan al-Ahmar y el traslado forzoso de sus residentes constituirían una grave violación del Derecho humanitario internacional equivalente a un crimen de guerra; insiste en que los responsables habrían de rendir cuentas por un delito internacional de este tipo;

3.  Reitera que la respuesta de la Unión Europea ha de ser proporcional a la gravedad de este hecho y coherente con su prolongado apoyo a la comunidad de Jan al-Ahmar; pide a la VP/AR que intensifique firmemente sus contactos con las autoridades israelíes en lo que se refiere al pleno respeto de los derechos de la población palestina en la Zona C, y que presione en favor de una cancelación inmediata de todos los planes de reubicación forzosa y de todas las órdenes de demolición y expulsión de sus residentes;

4.  Acoge con satisfacción el respaldo de la Unión a las comunidades en riesgo de traslado forzoso, y pide nuevas inversiones en la Zona C, en particular en apoyo de la población beduina; pide a la Comisión que garantice que esta ayuda se preste de manera que se revierta la fragmentación, se integre plenamente la dimensión política de la ocupación y respalde de manera eficaz la autodeterminación de Palestina;

5.  Manifiesta su alarma ante la continua destrucción y confiscación de ayuda humanitaria en la Zona C; lamenta la falta de voluntad del SEAE y de la Comisión, puesta de relieve por el Tribunal de Cuentas Europeo, a la hora de obtener reparación y garantías de no repetición por parte de las autoridades israelíes; espera que la Comisión deduzca el equivalente de estas pérdidas de la asistencia bilateral de la Unión a Israel;

6.  Sigue firmemente convencido de que la única solución duradera al conflicto de Oriente Próximo es la de dos Estados democráticos, Israel y Palestina, que convivan en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas, sobre la base de la línea verde de 1967 y con Jerusalén como capital de ambos Estados;

7.  Condena la persistente expansión de los asentamientos israelíes, lo que constituye un incumplimiento flagrante del Derecho internacional humanitario, aviva el resentimiento y la desesperanza de la parte palestina y constituye el único obstáculo importante para la viabilidad y la perspectiva de la solución basada en dos Estados;

8.  Subraya la voluntad de la comunidad internacional, expresada de nuevo por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en diciembre de 2016, de no reconocer ningún cambio en las fronteras de 1967, también con respecto a Jerusalén, que no haya sido acordado por las partes mediante negociación; pide a las autoridades israelíes que interrumpan y reviertan de inmediato su política de asentamientos; pide a la Unión Europea que permanezca firme en la cuestión;

9.  Decide enviar una delegación ad hoc para evaluar la situación sobre el terreno en relación con la destrucción de proyectos financiados por la Unión Europea en la Zona C;

10.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de las Naciones Unidas, al Cuarteto, al Gobierno de Israel, a la Knesset, al presidente de la Autoridad Palestina, al Consejo Legislativo Palestino y a los órganos de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo.

 

Última actualización: 13 de septiembre de 2018Aviso jurídico